Varela no ha designado a magistrados cuyos periodos vencieron
Los adversarios políticos del Gobierno de Juan Carlos Varela lo han caracterizado como el del "tortuguismo", pero el déficit para designar a funcionarios cuyos periodos vencieron desde hace semanas o meses da mucho que pensar sobre esto.
La Estrella de Panamá pudo confirmar que en dos tribunales especializados dos magistrados están listos para decir adiós, pero no pueden retirarse porque desconocen a sus respectivos reemplazos.
En el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) el magistrado Reinaldo Achurra Sánchez debió ser reemplazado desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, ya han pasado más de tres meses y no se vislumbra, desde el Palacio de las Garzas, una decisión para acabar con esta circunstancia irregular.
Se conoció que Achurra Sánchez se llevó todas sus pertenencias personales y solo mantiene un bolígrafo sobre su escritorio. Pese a que este magistrado cobra su quincena de manera periódica, solo ejecuta un mínimo de acciones, lo que retrasa los procesos.
La Ley 8 de 2010, que creó al TAT, establece que dos magistrados deben ser abogados y uno contador público autorizado, que es el caso de Achurra Sánchez. El resto del despacho lo conforman las magistradas Ana Mae Jiménez Guerra e Isis Ortiz Miranda, quienes son abogadas y no conocen nada sobre números.
La falta de designaciones por parte del Gobierno de Varela también llega al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), pues Anabelle Padilla Lozano fue nombrada magistrada durante el gobierno de Ricardo Martinelli y se le venció su término el pasado 4 de febrero. En este caso la funcionaria no ha procedido a retirar del despacho sus objetos particulares.
Desde el 20 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Órgano Ejecutivo el listado con los nombres de los 12 abogados que resultaron elegibles para reemplazar a Padilla Lozano, pero hasta ahora el presidente Varela no ha procedido con la designación.
Padilla Lozano fue también nombrada por Martinelli en el año 2012 para ocupar una de las tres magistraturas de la Sala Quinta de Garantías de la CSJ. Pero ese tribunal fue defenestrado ante la presión de la opinión pública y los disturbios callejeros.
Tanto el TAT como el TACP son tribunales especiales adscritos a la Presidencia de la República. El primero conoce los recursos de apelación en contra de las decisiones que emanan de la Dirección General de Ingresos (DGI) del MEF. El segundo se dedica a atender las reclamaciones de todos aquellos involucrados en contrataciones públicas.