Un año del SPA en Panamá

El pasado 2 de septiembre Panamá celebró el primer año de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, con el que completó su entrada en vigencia en todo el país. Con esa decisión política, Panamá se unió a muchos países latinoamericanos que transformaron sus sistemas de justicia penal con el objetivo de consolidar sus democracias y Estados de derecho. Esfuerzo que respondió a la decisión transversal de autoridades políticas, judiciales y operadores. El hacer este camino de manera gradual permitió además evaluar y hacer correcciones para llegar mejor preparados a esta última fase. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha colaborado técnicamente en este proceso a través de la evaluación de la implementación en los distritos judiciales Segundo y Cuarto, y una preevaluación de la implementación en el 3°. Participamos en discusiones públicas, seminarios, conversatorios de alto nivel y reuniones con los actores del nuevo sistema, siempre queriendo contribuir con el sello CEJA. Es decir, una mirada de política pública integral, en que sumado al cambio normativo, se requiere integrar factores presupuestarios, culturales, de gestión, de infraestructura, de coordinación interinstitucional, de difusión, entre muchos, como elementos tan relevantes que si fallan pueden obstaculizar e incluso impedir su instalación definitiva. Las cifras oficiales muestran avances importantes: la duración promedio de los procesos bajó desde casi 300 días en el sistema inquisitorio, a 42, en el acusatorio; desde 2014 a junio pasado se ha resuelto el 82% de las causas ingresadas por los diversos mecanismos resolutivos. Han disminuido las detenciones provisionales. Comparando la situación un año antes de comenzar el SPA en cada uno, vemos que el 1° Distrito, que comenzó en 2016, disminuyó en un 52.2% las detenciones provisionales; el 2° (2011), en un 64.,6%; el 3° (2015), en un 43.3 %; y el 4° (2012), en un

60.9%. Son resultados que invitan a reforzar el trabajo y a seguir evaluando su funcionamiento, de cara a los nuevos desafíos. Por eso es importante una perspectiva regional que enriquezca el análisis y aporte a su mejora permanente. Por ejemplo, en materia de política de persecución, creemos que en Panamá y en la región los Ministerios Públicos (MP) deben avanzar hacia el análisis delictual y al enfoque en los fenómenos delictuales, más que en casos individuales. Esto contribuye a una definición estratégica de la persecución penal, focalizando esfuerzos sobre ciertos delitos u organizaciones criminales, dando mayor efectividad el impacto en los resultados y en la confianza ciudadana. Panamá ya hizo una reestructuración organizacional del MP. Ahora debe avanzar hacia una organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

que responda a los requerimientos de una persecución penal estratégica. Las medidas alternativas deben emplearse con intensidad. Pero, como recomendamos desde CEJA en nuestro informe, se requiere contar con una oficina especializada de control. Esto es vital para aportar información técnica a fiscales, defensores y jueces al tomar decisiones; y para garantizar que las medidas son cumplidas debidamente, incentivando su uso efectivo.

En el Informe CEJA propusimos cambios en la organización judicial: profesionalizar la gestión administrativa, fortalecer la plataforma informática, reestructurar el área de mediación, entre otros.

Un desafío común a los operadores del SPA es mejorar las destrezas de los jueces en la dirección de audiencias, y de fiscales y defensores en litigación, para contribuir a soluciones prontas y efectivas de los conflictos. Así se podrá obtener información de calidad, mediante su depuración a través de un verdadero contradictorio, facilitando la adopción de decisiones de calidad. La defensa debe avanzar hacia estándares técnicos que faciliten la entrega y control de un servicio que asegure la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, legitimando la sanción impuesta o la absolución decretada, cuando proceda.  Esperamos que Panamá siga avanzando en este camino de construcción, aprendiendo de la experiencia de los distritos judiciales previos. Ahora es tiempo de evaluar la operación del 1° Distrito Judicial, de modo que, aprovechando la experiencia acumulada y las buenas prácticas comparadas de otros países, se pueda cimentar la instalación de un sistema de justicia protector de garantías de imputados y víctimas, efectivo en la persecución penal y en la n identificación de las soluciones más adecuadas para los conflictos específicos, en beneficio de todas las panameñas y panameños.

Jaime Arellano