Testimonios apuntan a Martinelli como autor de pinchazos

El fiscal Harry Díaz mostrará en la audiencia intermedia las pruebas que guarda en contra del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas telefónicas ilegales, fraude y malversación de fondos públicos.

No obstante, la audiencia por el caso contra el expresidente Martinelli, contemplada para hoy en el Segundo Tribunal de Justicia, podría suspenderse si el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibe una notificación por escrito del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la que conste el trámite de renuncia del acusado como diputado de este organismo. De no ser así, se dará continuidad a la diligencia.

Unos días después de que el Pleno de la Corte negara la solicitud de cambio de medida cautelar, Martinelli renunció a su condición de diputado del Parlacen, una estrategia a la que apostó su defensa con la intención de remitir el caso al Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal.

LA INTERMEDIA

Es el momento en que se muestra la artillería de cada lado, se validan o anulan las pruebas que serán empleadas en el juicio oral, en la parte final del proceso.

DECLARACIÓN JURADA DE ISMAEL PITTÍ

Ismael Pittí era parte del equipo de funcionarios que escucharon de forma ilegal a cientos de ciudadanos. Esta es su declaración:

‘Desde el 2012 a mayo de 2014 trabajé como analista en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), inicialmente asignado al departamento técnico dedicado a conocer los eventos o información relacionados al orden público del país. Mientras trabajaba ahí, Rony Rodríguez, director de inteligencia conocido en el CSN con el seudónimo de Didier inició una nueva unidad conocida como Servicios Especiales.

Yo me sumé a esa unidad por invitación de Rony, quien una mañana me llamó para que William Pittí y mi persona lo recogiéramos en la Presidencia después de haberse reunido con el presidente Ricardo Martinelli. En el camino, Rodríguez me dijo que el presidente Martinelli le había pedido que formara un equipo en el que ya participaban Rony Rodríguez y William Pittí, pero necesitaban a uno más de confianza, y que yo había sido seleccionado. Rodríguez dijo que las funciones del grupo iban a ser confidenciales, y serían dirigidas directamente por el presidente Martinelli y a él se le harían los reportes.

Dada la confidencialidad de ese grupo, solo nos referíamos al presidente como ‘el jefe’, o RM.

El sistema se usó para violar la intimidad de los ciudadanos. Se conocía información muy privada de blancos que nada tenían que ver con una amenaza a la seguridad nacional. Más bien, respondía a órdenes de Martinelli a través de Rony Rodríguez, quien invariablemente decía: ‘el ‘jefe’ quiere que interceptemos el teléfono de tal o cual’. Toda la información se enviaba directamente al jefe, según Rony Rodríguez, sin la participación de ningún funcionario del CSN.

Así se le entregaba un reporte y a veces un audio, pero personalmente, al presidente. Cuando el presidente salía del país, los informes se guardaban hasta que regresara a Panamá.

Los informes que entregábamos al Presidente se imprimían distinto a los que se hacían mediante una orden de la dirección de inteligencia del CSN, conocidos como los análisis de gobernabilidad.

También, cuando obteníamos un audio particularmente sensacional, ‘el jefe’ nos pedía que lo subiéramos a YouTube. William Pittó lo editaba y lo convertía en video y así se subía de una computadora de un internet café para evitar que se pudiera rastrear el IP de la computadora.

Martinelli era quien determinaba los blancos a intervenir. El sistema se usaba para espiar a gente del Partido Panameñista, del Revolucionario Democrático, miembros del Tribunal Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, gente de las pasadas administraciones, ejecutivos de negocios, competidores de Martinelli, activistas, ciudadanos norteamericanos, diplomáticos, y amigos íntimos de Martinelli’.

En este caso habría un querellante autónomo, Rosendo Rivera, y otros seis que se han adherido a la Fiscalía; es decir, que dependen de las acciones del fiscal Díaz. Por otra parte se sitúa la defensa de Martinelli, y como intermediario en este cruce de evidencias, actuaría el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Rivera tendría contemplados 75 testigos como parte de sus pruebas: el de Jimmy Papadimitriu, el testigo protegido 8430145, Elvin Ortiz, Julio Palacios y Gustavo Pérez. Estas personas señalaron que William Pitty y Rony Rodríguez (exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, con paradero desconocido) respondían y entregaban directamente informes a Martinelli.

El querellante solicitó ocho años de pena para Martinelli. Estos testigos, de ser aprobados, tendrían que declarar durante el juicio oral, para el cual se fijaría fecha en esta audiencia.

Estando las partes presentes, describe el abogado Rodolfo Pinzón, representante de Balbina Herrera, el juez preguntaría si tienen solicitudes que hacer, y cada uno de los intervinientes podría hacer uso de la palabra.

‘La defensa puede pedir que excluyan pruebas alegando que fueron levantadas al margen de la ley’, por ejemplo, reseña Pinzón.

Luego que se resuelven las nulidades, el juez conminaría al fiscal para que sustente la acusación. El fiscal introduciría las pruebas y se correría traslado a los defensores y querellantes para que las objeten. Por ejemplo, ‘algunas son repetitivas, otras inconducentes, es decir, que no están relacionadas con el delito que se juzga. Se da una confrontación entre los querellantes y la defensa’, añade Pinzón.

La defensa podría tratar de anular el proceso.

Saldría a la luz el inevitable debate sobre el tema de la imputación vs. la acusación. ‘La defensa trataría de anular el proceso en base a la no imputación con la presencia del diputado Ricardo Martinelli, porque consideran que la aprehensión de su cliente no fue legal’, adelantó Nicomedes Castillo, del bufete Carreira Pitty, en representación del político Juan Carlos Navarro.

A juzgar por el comportamiento de la defensa en la Corte norteamericana, los abogados de Martinelli buscarían desacreditar la declaración jurada de Ismael Pittí, uno de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que apunta directamente al expresidente como el autor de los pinchazos y quien recibía la información recolectada.

La defensa ha alegado que los cargos por intervención telefónica en contra de su cliente carecen de mérito y que, en el mejor de los casos, han sido nutridos por especulaciones y por una aparente prueba, la delación Pittí, que se basa en una creencia y no forma parte del expediente en Panamá.

Es en la etapa intermedia cuando ‘empieza el tema de las objeciones. La defensa podrá objetar la acusación por tecnicismos, o extracciones de la misma. También podrán proponer conciliaciones o acuerdos de pena, la mediación o conciliación’, explicó Castillo.

Otra opción, menos probable, podría ser proponer acuerdos bajo convenciones probatorias. Según Castillo, es un tema poco ventilado que ocurre cuando la fiscalía y la defensa del imputado acuerdan dar por sentados ciertos hechos y simplifican la audiencia.

Algo importante es que el fiscal no está obligado a revelar las pruebas si el defensor no las solicita. ‘Son los abogados de Martinelli quienes deben pedir el descubrimiento de las pruebas. De lo contrario, el fiscal las puede guardar y mostrar la sorpresa en el juicio’, indicó Castillo. Estas pruebas también podrían ser objetadas por la defensa.

Es en este momento cuando se evaluarán si son permitidas las revelaciones de los testigos protegidos, y si comparecerán en el juicio oral final en forma descubierta o cubierta. Cuando la defensa presente sus pruebas, también los querellantes podrían objetarlas.

REPORTE DE LA PN SOBRE UN DVD

La Policía analizó un DVD proporcionado por un testigo protegido. En él, había 40 minutos de grabación con una imagen distorsionada de una persona no identificada cuya voz, aunque también distorsionada, se comprendía. Decía lo siguiente: ‘Hola estoy haciendo este video porque he sido amenazado y perseguido, estoy asustado por lo que pueda pasar con mi vida y la de mi familia. Todo porque sé de primera mano acerca d ellos trabajos sucios que hicieron en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en la última administración. Por eso hago este video, para que lo envíe a la gente correspondiente para que efectúen un reporte sobre la violación a la privacidad de varios individuos’.

Continúa el reporte policial: ‘Este equipo estaba instalado por los israelíes en el edificio 150, último piso, con el permiso del CSN. No conozco el monto que se pagó, pero escuché que fueron millones’.

Según el testimonio de esta persona, el equipo se utilizaba ilegalmente para espiar, pues carecía de cualquier resolución que pudiera justificar la interpretación de la llamada para fines de seguridad nacional.

La tecnología permitía acceder al teléfono, copiaba todo el directorio, incluido si el nombre tenía alguna foto, todo lo que el teléfono le enseñaba al usuario también lo veía el equipo que lo espiaba; la localización, los mensajes de correos configurados en el teléfono, aunque no tenía acceso a todos los adjuntos, pero sí era capaz de interceptar los mensajes instantáneos de WhatsApp y Blackberry. El sistema podía entrar a las fotos del celular, el registro de llamadas entrantes y salientes, así como la duración de las mismas. Podía escuchar el audio ambiente en el que estaba el blanco; sin embargo, se dejó de escuchar el audio ambiente porque en una ocasión, cuando escuchaban un teléfono, éste se apagó, y dejaron de hacerlo.

Adelita Coriat