Regateándole a la Justicia

y pasó el término dentro del cual debían incorporarse dos nuevos miembros a la Corte Suprema de Justicia sin que las normas constitucionales y las leyes fueran cumplidas.

Por una parte el presidente se guardó los nombres por tanto tiempo cuanto consideró conveniente como para que los ciudadanos no investigáramos con rigor sus antecedentes, proponiéndolos y llamando a sesiones extraordinarias para considerar su aprobación cuando faltaban apenas 15 días para que se agotara el período por el que fueron nombrados los que debían ser reemplazados, diez años antes. ¿Si no es manipulación, cómo debemos calificar esto?

Por otra, una vez más faltó a su palabra de campaña de consultar a la ciudadanía invocando una excusa de la que él mismo fue causa, al proponer a quienes propuso en 2015 y equivocarse, según ha admitido, dizque porque la sociedad civil los había evaluado y él no lo pudo hacer mejor. Ya no le queda confianza del electorado o, lo que es lo mismo, legitimidad como la entiende la ciencia política; y es la carencia de esta, y no otra cosa, la que lleva a la ingobernabilidad.

La novedosa tesis de que la gobernabilidad es un pacto entre las fuerzas políticas y los partidos puede parecer real, pero solo ocurre temporalmente. La gobernabilidad depende de que las instituciones actúen con legitimidad; esto es que la ciudadanía perciba que se está gobernando en función de los intereses del Estado, que no es el Gobierno, sino la suma de los habitantes, el territorio, el sistema de derecho y la soberanía de Panamá, y hace ya rato que no se gobierna ni en función del bienestar de los ciudadanos, ni de empresas ni de contratistas; ni del territorio nacional crecientemente fragmentado por el hambre política de diputados, alcaldes y representantes; ni con sujeción a las leyes o lo que queda de aquellas redactadas en tiempos en que de alguna manera se aprobaban consultando los intereses de la patria; ni de la soberanía nacional, manoseada y mancillada desde afuera frente a la mirada de coquetería de nuestros gobernantes.

Lo que seguirá, de acuerdo con la Ciencia Política, es un período de sobresaltos y agitación hasta que hallemos entendimientos entre los gobernados, y por su parte los gobernantes sepan acatar esa voluntad en función de sus responsabilidades, la primera de las cuales es comprometerse con el bienestar de la Nación, para lo cual la justicia es virtud indispensable.

La apertura de las elecciones será una válvula de escape para aliviar las tensiones generadas por un Gobierno que no ha sabido hacerlo bien en aquellas cosas que más hacen falta: la justicia y la educación; sin embargo, como tampoco en materia electoral se ha legislado para el bien común, sino para el ventajismo, me temo que esta vez en lugar de ser la vía civilizada para la renovación del Gobierno, será la arena de los gladiadores en que terminarán imponiendo sus voluntades, los más fuertes. Estamos retrocediendo.

La justicia es la herramienta eficaz para incluir a los excluidos, expresar amor por los oprimidos, resistir el poder mezquino y superar la discriminación, siendo la virtud que lleva a dar a cada quien lo que le corresponde; de aquí su principalísimo rol en la sociedad, al punto de que todas las religiones la defienden. Ella ha sido meta ideal predicada por los más grandes entre los grandes, comenzando por el propio Cristo, seguido por otros entre quienes también contamos a Gandhi, Mandela, Bolívar y Justo Arosemena.

Evadir o posponer el deber de que en nuestra sociedad haya justicia tan perfecta como sea posible, es traicionar a la sociedad, a nuestra familia y a nuestros descendientes.

Guillermo Márquez Amado