Aunque muchos de los extranjeros que acudieron a las instalaciones de Atlapa no tenían el dinero para pagar la multa, aun así permanecían en la fila con la esperanza de llegar a un acuerdo con las autoridades de Migración.

Este es el caso de Elena Robles, una nicaragüense que tiene 10 años de estar ilegal en Panamá y que vio en esta moratoria la oportunidad de arreglar sus documentos.

Ella relató que la decisión de salir de su país fue muy difícil, más cuando dejó a sus tres hijas, pero la situación de miseria en la que vivía en Nicaragua la obligó a viajar a Panamá en el 2000.

Entre lágrimas narró que abandonó su patria dejando a sus hijas en casa de un familiar, pues lo poco que ganaba no le alcanzaba ni para pagarles los estudios.

Su propósito era trabajar para mandarles dinero y al mismo tiempo ahorrar para volver a Nicaragua; sin embargo, todo se le ha hecho difícil.

La situación para los extranjeros es bien dura en cualquier lugar, sin documentos aún más, porque los empleadores se aprovechan, afirmó entre sollozos.

Llegó a Panamá sin conocer a nadie y su primer trabajo fue de doméstica, pero por ser indocumentada fue despedida sin derecho a su último salario ni a las prestaciones laborales.