Pese al llamado a diálogo hecho por la Iglesia católica ayer, el país amanece hoy en medio de una huelga nacional de 24 horas declarada por organizaciones populares que demandan la derogatoria de la Ley 30 o “ley chorizo”.

El paro, decretado desde las primeras horas de hoy, involucra a los docentes del país, administrativos y estudiantes de la Universidad de Panamá, a los obreros de la construcción afiliados al SUNTRACS y a miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO).

El presidente Ricardo Martinelli manifestó ayer que el Gobierno mantiene abiertas las puertas del diálogo y reiteró que la huelga es “innecesaria”.

Agregó que el Gobierno garantiza que cumplirá el “Acuerdo de Changuinola” y pidió a los obreros que depongan intereses y busquen juntos soluciones a los problemas del país.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Maestros Independientes, Mario Almanza, indicó que apoyan la huelga para rechazar las “políticas autoritarias” del Gobierno.

Participan de la huelga la Asociación de Profesores de Panamá, la Asociación de Educadores Veragüenses, la Asociación de Educadores Herreranos y Santeños; la Asociación de Educadores Especializados y la Asociación de Maestros Independientes.

Tras la advertencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, de que el docente que no trabaja, no cobrará, Almanza dijo que "después de la huelga se verá".

Mientras, estudiantes, administrativos, docentes y empleados de la Universidad de Panamá también anunciaron su apoyo a la huelga.

Piden diálogo.
Antonio Fletcher, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), solicitó al Gobierno y a los trabajadores agotar las vías de diálogo.

Fletcher se reunió con Guillermo Puga, dirigente del CoNATO y otros sindicalistas, para evaluar el impacto de una huelga general en la economía.

Puga afirmó que no están satisfechos con el acuerdo firmado en Bocas, pues esperan la derogatoria de la “ley chorizo”.

Planteó su disposición a dialogar, pero no considera sincera la convocatoria hecha por el Gobierno. Se negó a detallar la cantidad de trabajadores o empresas que esperan paralizar.