MP apela decisión en la investigación por préstamo en la CA

La Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Leyda Sáenz, anunció la apelación de la decisión de la jueza decimoctava de lo penal, Baloisa Marquínez, de no declarar ‘caso complejo’ una investigación por un préstamo de $9 millones que otorgó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas_P&V, para construir el Centro de Convenciones de Amador, que terminó cubriendo parte de un desfalco financiero en la casa de valores Financial Pacific.

La jueza argumentó que ‘no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales’.

La decisión de la jueza será apelada por la fiscal ante el Segundo Tribunal de Justicia en los próximos días, confirmó este medio.

Con la solicitud de declarar ‘caso complejo’, la fiscalía buscaba ganar tiempo para continuar con la investigación que relaciona a exdirectivos del banco estatal y empresarios.

CASO CAJA DE AHORROS

Esta investigación busca determinar un delito de peculado

El proceso busca determinar el uso de un préstamo de $9 millones otorgado por el banco.

El préstamo estaba destinado a la construcción del Centro de Convenciones de Amador, pero sus fondos se desviaron.

Las pesquisas del Ministerio Público (MP) establecieron que los directivos del banco estatal aprobaron un crédito con una ‘urgencia sospechosa’, el 31 de diciembre de 2012, sin la formalidad que exigen los procedimientos del banco.

Según las investigaciones, los empresarios del consorcio que construiría el centro de convenciones solicitaron que la línea de crédito fuera entregada a empresas que no estaban relacionadas con la obra y que luego saldaron sus compromisos con el banco.

COMPRA DE EPASA

Las mismas razones para no declarar ‘caso complejo’ la investigación por el préstamo de la Caja de Ahorros fueron aplicadas a la compra de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa), que agrupa varios medios de comunicación, supuestamente efectuada con fondos procedentes de erario público.

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Janeth Rovetto, pidió declarar este caso ‘complejo’ considerando que se requería de cooperación internacional para sustentar los hechos delictivos.

En este caso, la fiscalía investiga a por lo menos ocho personas por blanqueo de capitales, entre ellos, empresarios, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific y comerciantes vinculados a la pasada administración de gobierno.

Hace un mes, la fiscalía apeló la decisión de la jueza ante el Segundo Tribunal de Justicia. El caso espera fallo.

Marlene Testa

 

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