Ley de ‘Blindaje’ legal protege a Martinelli
La Corte Suprema de Justicia está facultada para juzgar a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá y lo mismo puede hacer con los del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El único impedimento para llevarlos a juicio es el fuero que protege a todos los actores del proceso electoral, hasta tres meses después del cierre del torneo. Además lo complicaría la Ley que blinda a los diputados y que promovió el exdiputado, Hernán Delgado.
El proceso electoral permanece abierto hasta que se resuelvan todas las impugnaciones pendientes de reconsideración en el Tribunal Electoral.
Este manto protege a Ricardo Martinelli, quien no se puede ser investigado, a menos que el Tribunal Electoral lo autorice.
Mientras siguen las personas siguen presentándose a la Fiscalía Auxiliar a identificar si sus comunicaciones fueron intervenidas. Reynaldo Rivera es uno de ellos, quien a su salida señaló directamente a Martinelli de estas operaciones. ‘No dudo que esto lo usó con fines comerciales’.
PROCESO MARTINELLI
Hoy, a las 9 de la mañana, será el reparto de expedientes en la Secretaría de la Corte. En el sorteo se conocerá cuál de los magistrado será el encargado de decidir si admite o no el expediente de más de 22 tomos que envió la Fiscalía Segunda Anticorrupción en el que se vincula al exmandatario.
Ésta es una de las formas como puede ingresar un expediente a la Corte para que se investigue a un miembro del parlamento, según refiere al artículo 4 del Código Procesal Penal.
El presidente de la Corte, José Ayú Prado, explica que, según la norma, cualquier autoridad que se percate de que alguna persona involucrada en una investigación tiene la investidura de miembro de la Asamblea Nacional, debe detener el trámite y enviarlo a la Corte.
Martinelli, como diputado del Parlacen, adquiere las mismas prerrogativas que un diputado nacional.
La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga a Giacomo Tamburrelli por delito contra la administración pública, en el que se menciona y se vincula al exmandatario. El magistrado que reciba el expediente tendrá diez días para leer los documentos y evaluar si abre una investigación a Martinelli y solicita al Tribunal Electoral el levantar el fuero.
‘A los miembros del Parlacen se les da el mismo trato que si fuera un miembro de la Asamblea Nacional’, reiteró Ayú Prado, aunque no quiso adelantar conceptos sobre la posibilidad de que algún magistrado se declare impedido en el proceso.
BLINDAJE DEL LEGISLATIVO
La Ley 55 del 2012 —iniciativa del entonces diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado— determina el procedimiento para juzgar a un diputado. La norma, que es catalogada por sectores de la sociedad civil y por el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, como un blindaje, podría proteger al expresidente Martinelli.
La ley agregó el artículo 491-A al Código Procesal Penal y estableció que una vez designado, el magistrado fiscal deberá concluir la investigación en los dos meses siguientes al inicio.
‘En caso de imputación compleja, podrá prorrogarse este plazo hasta por un mes adicional, decisión que adoptará el magistrado que ejerza funciones de Juez de Garantías a requerimiento del magistrado fiscal’.
Sin embargo, el imputado tiene un recurso para evitar la extensión del plazo: solicitar al juez de garantías que le fije un término no mayor de diez días para finalizar la investigación.
‘Si en un término de diez días el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el magistrado fiscal no remite a dicho juez de garantías la investigación, en el plazo fijado, será extinguida la acción penal…’.
En caso de que la Corte determine levantarle el fuero, le correspondería al magistrado fiscal solicitar la acción al Tribunal Electoral.
El problema estriba en que el proceso electoral aún permanece abierto, ante la disputa de las curules de los circuitos 4-5, 4-6 y 9-1. Todos impugnaron los últimos resultados y pidieron una reconsideración al TE.
El periodo de los dos meses podría agotarse entre las solicitudes que deban hacerse entre las distintas instancias de justicia que intervienen en el caso.