La falta de recursos, el tropiezo de la Carrera Judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó su informe de gestión administrativa 2016 – 2017, en el que destacó la falta de recursos para la implementación de la Carrera Judicial.

El magistrado presidente señaló que la implementación de la Carrera Judicial inició en septiembre de 2017, a pesar de que la ley que la regula fue aprobada en 2015.

En la presentación de su informe de gestión, el magistrado argumentó que no se le han asignado los recursos para poner en práctica la Carrera judicial.

En 2016, dijo Ayú Prado, tampoco se le dieron los fondos. Este año, la institución solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobar un presupuesto de $257 millones, pero se le dio $137 millones. Al final, el presupuesto modificado terminó en $137 millones, apuntó Ayú Prado. En 2017, ocurrió lo mismo, dice. Ese año, el Órgano Judicial solicitó $274 millones. Pero, le asignaron $160.8 millones. El presupuesto modificado terminó en $168.8 millones.

La institución tuvo que realizar traslados de partidas que permitieron iniciar el proceso para implementar la Carrera Judicial. Los fondos permitieron iniciar las labores de reestructuración de la Dirección de Recursos Humanos y la instalación de cinco direcciones, Secretaría y Subsecretaria Técnica de Recursos Humanos.

‘En 2018, esperamos nos asignen los recursos adiciones que requerimos’. Según el magistrado, se necesita crear el Tribunal de Integridad, que no solo requiere jueces sino también fiscales y personal de defensa.

Para 2018, el Órgano Judicial pidió $332 millones y le asignaron solo $159 millones, un presupuesto incluso menor del aprobado en 2017. Ayú Prado busca panameñizar el ejemplo del Reino de España en la implementación de la Carrera Judicial, pero todo dependerá de la asignación presupuestaria, remarcó.

En otros aspecto, a la junta directiva, que preside Ayú Prado, también le correspondió la implementación de la última fase del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en el Primer Circuito Judicial.

En esta faceta se procedió a la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento y defensores públicos y de las víctimas y funcionarios de oficinas judiciales. El recurso humano institucional del SPA quedó conformado por 1,030 funcionarios.

Entre 2016 – 2016, la Corte apostó por la modernización tecnológica: digitalización de expedientes, modernización del salón de audiencias de casación, implementación del tarjetero electrónico y equipamiento de varios salones de audiencia del SPA.

En total, son 69 salas que se equiparon con modernos equipos de audio y video con la colaboración y acompañamiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El magistrado destacó que el modelo de gestión del SPA incluía el funcionamiento de los juzgados de liquidación en Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera y Darién, pero que el 2018 se proyecta el cierre de algunos juzgados del sistema penal inquisitivo que han cumplido con su tarea y que el personal será redistribuido para aprovechar el conocimiento de ese recurso humano.

EL BIENIO 2016-2017

El 4 de enero de 2016, José Ayú Prado fue reelecto para un segundo periodo, hasta enero de 2018

José Ayú Prado presentó el 27 de diciembre su informe de gestión administrativa 2016 y 2017.

Ayú prado destacó la implementación de la carrera judicial, el bienestar laboral de los colaboradores, el equipamiento tecnológico, entre otros.

El magistrado presidente destacó los proyectos de infraestructura que se retomaron, como la Unidad Judicial de La Chorrera y de Coclé y los que no se concluyeron, como la nueva planta de la Unidad Judicial de David, en Chiriquí.

La Unidad Judicial de David tiene un 70% de avance.

En infraestructura, también se destaca el desarrollo de los planos, especificaciones técnicas y construcción del Juzgado Municipal de Las Minas, en Herrera, con un 20% de avance.

En la provincia de Herrera también se desarrolla el anteproyecto de construcción del Centro de Capacitación y Entrenamiento, en Santa María.

Otro logro que se atribuye en materia de infraestructura el magistrado presidente es la construcción de un edificio para la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste.

Ayú Prado destacó el otorgamiento de becas para que funcionarios de la institución estudien doctorados en derecho, la puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil para los hijos de los funcionarios, el reforzamiento de la clínica institucional y una cobertura médica de seguro de vida, sin costo para los trabajadores de la institución. Entre sus logros, se apunta un ajuste salarial para el 90% de los funcionarios y el tradicional bono de retiro.

En cuanto a transparencia, Ayú Prado destacó que son los únicos funcionarios que todos los años hacen su declaración jurada de bienes. La del presidente, añadió, está colgada en la página web de la institución para que cualquier persona pueda tener acceso a esa información. Además, destaca la fiscalización del sistema administrativo con 264 auditorías internas y 45 judiciales.

El magistrado hizo énfasis en el 96% de la ejecución del presupuesto de funcionamiento y del 90% en inversión para 2016. Para este año, se logró una ejecución en el presupuesto de financiamiento de $123 millones; para inversiones, se destinaron $21 millones.

Mientras que para 2017, la ejecución del presupuesto de funcionamiento fue del 97% y la de inversión, 96%. En financiamiento se ejecutaron $143.9 millones; en inversiones, $18.9 millones. ‘Ha sido un privilegio dirigir la Corte Suprema. Lo mejor que tiene el Órgano Judicial es su recurso humano’, concluyó Ayú Prado.

En la presentación de su informe de gestión, acompañaron a Ayíu Prado los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano, Ángela Russo, además, de miembros del Órgano Judicial. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea también estuvo presente y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá.

Marlene Testa