La corrupción: amenaza de la democracia

La corrupción es sin duda uno de los fenómenos que más polémica genera actualmente en la sociedad internacional. Es un mal que aflige a todos los Estados. No discrimina país, clase social, raza o religión. Recientemente hemos visto que la lucha contra la corrupción se ha convertido en la vanguardia de las acciones judiciales y gubernamentales en un número plural de países en el mundo. Presidentes y vicepresidentes, magistrados, senadores, diputados y funcionarios de todos los niveles han sido enjuiciados, condenados y encarcelados ante la mirada de sorpresa de los que decían que el crimen de cuello blanco ‘Sí paga’ y que en nuestros países ‘No pasa nada’.

Nuestro país no ha escapado de esta corriente de persecución contra los responsables de actos de corrupción de administraciones pasadas. Claro está, es sabido que muchos de dichos actos jamás serán resueltos. En algunos casos, porque el Ministerio Público y sus fiscales no tienen ni la capacidad ni los recursos suficientes para acometer semejante tarea. En otros casos, porque la Contraloría General de la República adolece de los mismos problemas. Igual que los tribunales y juzgados. En el peor de los casos, tampoco existe la decisión de pagar el precio político de ver a miembros de los propios partidos gobernantes tras las rejas.

En el caso de Panamá, las investigaciones del Ministerio Público sobre utilización de fondos públicos en pagos de ‘sobreprecios’ y ‘coimas’, así como en gastos políticos y de campaña electoral, dejaron en evidencia la amplia corrupción institucionalizada del Gobierno anterior. La administración actual inició con sólidas denuncias de los actos corruptos, pesquisas administrativas, y exigencias de rendimiento de cuentas y sanciones para los exfuncionarios involucrados. También se comprometió con la transparencia y la recuperación de la institucionalidad democrática del país. No obstante, aún queda mucho por hacer.

Aquí siempre hemos tenido el concepto de que vivimos en una sociedad donde la corrupción es tolerada como un mal irremediable, llegando al extremo de considerar la política como sinónimo de corrupción; presente en políticos, en los partidos y en la administración del Estado. De hecho perfectamente tolerable para una mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la corrupción es un flagelo moralmente inaceptable, que distorsiona la gestión económica, aumenta los costos de los programas y reduce el crecimiento real de la economía. Por ello, todos seguimos pendientes de que los implicados en los sonados casos de corrupción reciban las sanciones ejemplares correspondientes a sus grados de participación y responsabilidad.

En Panamá existe la percepción casi generalizada de que también es por la corrupción, la lentitud en la ejecución de inversiones, proyectos y programas por parte del Gobierno, especialmente en aquellos ministerios e instituciones que tienen que ver con los servicios básicos, mismos que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es, quizá, lo más preocupante por parte de la población.

Muchos también creen que como consecuencia de la corrupción, del pago de sobreprecios y coimas, no alcanzan los recursos con que hacer frente a los múltiples problemas que nos aquejan, tales como el evidente deterioro de los centros escolares en todo el país; de las precarias condiciones de los hospitales y centros de salud; de la limitación de insumos, medicamentos y la crisis de falta de agua potable permanente, que permitan brindar a los ciudadanos recibir una atención digna y adecuada.

No se trata solo de falta de recursos financieros. Se puede trabajar de manera eficiente y eficaz sin que ello implique sobrecostos o pago de coimas para la ejecución de obras presupuestadas. Las constantes denuncias y evidencias, de las cuales dan cuenta los medios de comunicación social sobre actos de corrupción, obligan a combatirlos firmemente hasta eventualmente eliminarlos.

La corrupción causa descomposición de las bases sociales de solidaridad, credibilidad y legitimidad que sustentan el respeto a las leyes y al sistema democrático. Ello se facilita debido a la impunidad con que actúan los que la promueven y benefician. Así, se pierde la fe en que la Democracia les resuelva sus problemas de pobreza, educación, salud y seguridad.

Cuando la gente sabe que hay soluciones y recursos, piensa que no le llegan por causa de la corrupción. La promoción de la transparencia y la prevención de la misma solo pueden ser efectivas cuando resultan de la aplicación de los principios de eficiencia, probidad, transparencia y la obligación de rendir cuentas por las autoridades. La confianza en nuestras instituciones democráticas depende de ello.

Daniel Delgado-Diamante

ABOGADO