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Justicia penal, el punto débil de la institucionalidad

La justicia penal ha sido el ‘talón de Aquiles’ de la institucionalidad panameña durante mucho tiempo. Así quedó demostrado en el Índice del Estado de Derecho de 2016, elaborado por Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), que dio una mala evaluación a Panamá en este renglón de la administración de justicia.

El WJP es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de derecho y en su más reciente estudio, que utiliza más de 112,700 encuestas, colocó a Panamá en el puesto 107 de 113 países.

Al resultado de este informe internacional se suman los últimos cuestionamientos sobre el comportamiento a las autoridades judiciales frente a las investigaciones de los casos complejos. La Estrella de Panamá consultó a diferentes expertos sobre este estudio y la realidad nacional en justicia penal.

Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que para cuando se elaboró el índice el país mostraba un nivel de desarrollo bajo en justicia penal por la falta de implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que entró a regir en 2016 en el Primer Circuito Judicial, donde se produce la mayor criminalidad y donde se concentraba la mayoría de los presos sin condena.

Lee agregó que, en materia de justicia penal, perseveraba una mora judicial que ofendía la dignidad humana.

Panamá reportaba la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100,000 habitantes), después de Cuba y El Salvador, según el informe del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios publicado en 2015.

Para esa época, los detenidos esperaban más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito, según el portal Americas Quarterly.

Lee, sin embargo, espera que la justicia penal mejore con el nuevo sistema y que en la evaluación del índice de este año Panamá pueda mejorar su posición en la variable justicia penal. ‘El compromiso del Estado es limpiar todos los despachos y ponerlos al día’, dijo.

Según Lee, con el nuevo sistema los detenidos serán solo los que tienen una condena firme y los periodos de detención preventiva son mucho más cortos. Estos cambios deben reflejarse de forma positiva en una nueva evaluación.

Por su parte, Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), reconoce que el SPA es más ágil. Sin embargo, considera que mientras no se implemente la Carrera Judicial, se cuente con jueces capacitados, independientes e íntegros y un tribunal de ética y disciplina, no se resolverá el rezago judicial.

‘En Panamá estamos sobrediagnosticados’, dice la representante de Movin, al agregar que el Pacto de Estado por la Justicia tiene la hoja de ruta para resolver los principales problemas, pero, a su juicio, ha faltado voluntad en el Órgano Judicial.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz señaló que ‘no hay voluntad política para transformar la justicia’, pues la tardía implementación del SPA reflejó poco compromiso por un sistema colapsado.

Otro factor que impide que Panamá aparezca como un país comprometido en materia de justicia penal es la interinidad de los funcionarios y la coexistencia de dos sistemas procesales.

En este sentido, los magistrados de la Corte dispusieron que a partir del 1 de enero de 2018 todos los procesos se desarrollarán bajo el SPA.

Araúz considera, además, que la falta de recursos económicos también ha afectado al sistema.

A la Procuraduría General de la Nación se le recomendó un presupuesto de $116.6 millones para 2018, mientras que al Órgano Judicial se le recomendaron $159 millones.

Tanto la Procuraduría como el Judicial solicitaron reevaluar las propuestas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de garantizar una mayor efectividad en la administración de justicia.

‘Tenemos un catálogo de causas que nos apartan de una puntuación aceptable’, añade Araúz.

El abogado, especialista en derecho procesal, concluyó que las autoridades no han presentado un catálogo de las carencias del sistema que permitan orientar los esfuerzos a satisfacerlas. ‘Este gobierno va de salida y no se ve su legado en la modernización de la justicia’, dijo.

La desconfianza de la sociedad en el sistema judicial es otro factor a tomar en cuenta. En Panamá, el 55% de las víctimas prefiere no presentar una denuncia, según el Índice de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El documento revela la poca confianza en el desempeño de la justicia. La versión de 2013 de este estudio científico muestra que, en una escala de 0 a 100, los entrevistados le asignan a la justicia una calificación que no llega a 30.

LA CORRUPCIÓN

El Índice del Estado de Derecho también mide la variable ‘ausencia de corrupción’, en la que el país se ganó el puesto 65 de 113 países.

Lee prevé que los escándalos de corrupción relacionados al pago de sobornos de la transnacional Odebrecht en Panamá entre 2009 y 2014, que suman $59 millones, contribuirá negativamente en la próxima evaluación de Panamá, que está en elaboración.

‘Yo creo que allí vamos a estar peor’, adelantó Lee. A su juicio, los estamentos del gobierno no han reflejado un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción.

Como ejemplo, Lee pone la recién aprobada ley de contrataciones en la que, a su criterio, se dejó ventanas abiertas para la corrupción.

En la variable orden y seguridad, Panamá tampoco alcanzó el mejor desempeño. El país se ubicó en el puesto 73 de 113 países. En este caso, Lee recalca que no hay un plan ni una política clara con la seguridad ciudadana.

En 2007, el rubro de seguridad pública tuvo un presupuesto de $185.5 millones y en 2017 fue de $623.3 millones, lo que representa un aumento de $437.8 millones en diez años.

ESTADO DE DERECHO

En cuanto al Estado de derecho, que reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, Panamá se ubicó en el puesto 17 de 30 países de América Latina. Costa Rica ocupó el segundo lugar, solo por debajo de Uruguay.

Entre 113 países, Panamá se ubicó en el puesto 62.

Marlene Testa