Fiscal Vence refuta fallo del juez Quesada Vallespi
Alexandra Vence, fiscal séptima Anticorrupción, pidió a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia que revoquen la sentencia del Juzgado Primero de lo Penal, que declaró nulo el proceso que el Ministerio Público (MP) le sigue al empresario Fotis Lymberópulos y al exministro Guillermo Ferrufino, entre otros, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico.
EL SUSTENTO
En un documento de 18 páginas, emitido el pasado 4 de enero, la fiscal cuestiona el sustento del juez Rolando Quesada Vallespi para declarar la nulidad del caso, sustenta el delito y enumera cada uno de los bienes que acumuló el exministro durante su gestión en el pasado gobierno, patrimonio que está bajo el escrutinio y que de acuerdo con la investigación fue ocultado mediante distintos instrumentos jurídicos. “Reafirmando que nos encontramos frente a un escenario de corrupción a gran escala, el cual la administración pública cedió su interés al lucro particular con sujetos activos cuya profesionalización, posición e influencia son del más alto nivel (…)”, dice la fiscal. En un fallo del pasado 30 de diciembre, Quesada Vallespi pide la nulidad del proceso alegando doble juzgamiento, al explicar que el proceso se originó de las pesquisas realizadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, sobre el incremento patrimonial de Ferrufino. “Se han instruido dos sumarios por una misma causa y tales hechos se encuentran recogidos en un informe de auditoría, el cual generó dos procesos que se encuentran en los tribunales para su calificación legal”, expuso el juez en su sentencia. En la apelación, Vence refuta este aspecto. “Se desprende de los planteamientos de la resolución judicial que hoy recurrimos una aparente confusión con la estructura del tipo penal del delito de blanqueo de capitales, en el que se tipifica la conducta de recibir, depositar, negociar, transferir o convertir dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que provienen de las actividades de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y otros delitos con el propósito de encubrir o disimular su origen ilícito (…)”, sostiene. También dice que “de ninguna manera” la Fiscalía Séptima Anticorrupción ha pretendido volver sobre la investigación de los hechos ya agotados por las fiscalías Primera y Segunda Anticorrupción, manteniendo “en todo momento una hipótesis independiente y por lo tanto, un tema probatorio distinto (…)”. El fallo de Quesada Vallespi fue objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores de la sociedad civil, luego de que se conociera que tres días después de emitir la sentencia se acogió a ocho meses de vacaciones. Lo reemplaza en el puesto Agueda Rentería Sánchez.
Su hoja de vida en el Órgano Judicial registra polémicos capítulos surgidos de sus controvertidos fallos. Por ejemplo, liberó millones de dólares en cuentas bancarias al comerciante Cristóbal Salerno, imputado por el caso de Cobranzas del Istmo. En marzo de 2015, dictó la excarcelación de Ignacio Fábrega, investigado por el caso Financial Pacific.
Olmedo Rodríguez
