Encrucijada en el gobierno por ratificación de magistrados

Juan Carlos Varela prometió en campaña que adecentaría la justicia, y muchos le creyeron. A un año y medio de finalizar su mandato, salen a flote opiniones de desencanto por haber faltado a su palabra, situación que ha salido a relucir en el proceso de ratificación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como aspirantes a magistradas de la Corte.

Durante el foro de participación ciudadana que efectuó la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para escuchar opiniones a favor y en contra de la designación del Ejecutivo al puesto de magistradas para la Corte Suprema de Justicia, varias fueron las voces de gremialistas que reprobaron las candidaturas propuestas por el Ejecutivo cuando había empeñado su palabra de un gobierno con transparencia y ética.

No se ha cumplido lo anterior, señaló el abogado Francisco Carreira. ‘El compromiso de Varela era aportar recomendaciones al Pacto de Estado por la Justicia, pero llegado el momento de la designación, se incumple una vez más la promesa’, manifestó el abogado frente a las aspirantes, los nueve diputados de la Comisión de Credenciales y un gran público.

Carreira cuestionó la actuación de la actual fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore en los casos de los cinco jóvenes chorreranos asesinados hace unos años, al igual que en las investigaciones del incendio del Bus 8B-06, y las pesquisas que lideró sobre los sobornos de la constructora Odebrecht.

En este último tema, Carreira no es el único que cuestiona la selectividad con la que Moore indagó y ordenó medidas cautelares o de detención preventiva. También lo hicieron el abogado Sidney Sitton, Juan Guerrero, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados; el abogado Gladiano Martínez, quien laboró como observador de Derechos Humanos en Guatemala y otros juristas.

La abogada litigante Corina Cano también secundó el hecho de que el ‘Ejecutivo prometió un sistema de justicia independiente, pero no lo ha cumplido. Si estamos aquí es porque estamos desesperados’, manifestó Cano.

Otra de las observaciones en que coinciden los participantes es que los designados a suplentes, Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello, personas de Carrera Judicial, gozan de una mejor preparación que los principales. ‘Ellos deberían haber sido designados como principales. Los que tienen la aceptación de la ciudadanía son los magistrados suplentes, quienes enderezarán los entuertos de los principales, eso no es justo con ellos ni con la ciudadanía’, exclamó Cano.

Al Ejecutivo le ha caído una crítica muy ácida con la elección que hizo para el puesto principal. En estos días ha recibido una seguidilla de frases reprobatorias, no todas fundadas en un interés político, que solicitan a los diputados rechazar las designaciones para obligar a Varela a hacer dos nuevas designaciones acorde a los principios de transparencia prometidos.

‘El Ejecutivo se equivocó con la elección porque si hubiera puesto a los suplentes de principales no habría más que aplaudirlos’, manifestó Carreira.

Sobre Tovar también pesan cuestionamientos por su vinculación con el Ejecutivo como activista en la campaña de Varela. Uno de los señalamientos más sensitivos es que siendo una especialista en derecho de autor, tomó el logo del ‘Movimiento pro Familia’ y le puso los símbolos de los LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y lo publicó sin permiso de los primeros. Lo que para Carreira constituyó un hecho reprobable.

Acto que también fue censurado por Cano, quien denunció que Tovar incluyó un arco iris (símbolo de LGBT) en las ilustraciones del movimiento Pro Familia, y añadió que en la Corte aún está por definirse un fallo que podría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por eso pidió ‘ojalá ( Tovar) no llegue a la Corte’.

Gladiano Martínez, abogado, acusó a Moore de discriminación contra los aborígenes. Narró un episodio ocurrido en 2008 mientras ejercía la defensa de un aborigen. Dijo que cuando él se dirigía a su cliente en dialecto, Moore, ‘gritando, llegó y dijo que no podía hablar en dialecto porque se encontraba dentro de un despacho judicial’. El jurista puso una queja ante la Procuraduría que posteriormente fue desestimada. Luego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos donde radica el expediente.

El abogado Sidney Sittón, defensor en varios expedientes que investiga Moore, invitó a sus colegas a presentar las denuncias ante el relator de las Naciones Unidas, especialmente aquellas relacionadas la violación del debido proceso bajo el concepto de imparcialidad. Un plano que, según él, no reúnen las designadas principales pero es requisito indispensable para el nombramiento de administradores de justicia.

Adelita Coriat