El procurador tiene carta abierta para investigar a Porcell

El procurador de la Administración, Rigoberto González, está habilitado para iniciar una investigación contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo, actuando como jueza de garantías en una audiencia de control, no admitió la solicitud de impedimento del procurador González para investigar a Porcell.

MOTIVO DE LA QUERELLA

Abogado que milita en Cambio Democrático denuncia a Kenia Porcell

La procuradora Porcell dijo en enero que había recibido la promesa verbal de Odebrecht de devolver los $59 millones.

El abogado Alejandro Pérez presentó una querella por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

A la Procuraduría de la Administración, por ley, le corresponde investigar a la procuradora de la Nación.

La controversia surge luego de que el abogado Alejandro Pérez presentara una querella contra Porcell ante la Procuraduría de la Administración por el supuesto delito de extralimitación de funciones, abuso de autoridad y contra la administración pública.

Pérez solicitó que el procurador González se declarara impedido para conocer la querella, en vista de la amistad manifiesta entre ambos funcionarios.

La solicitud de impedimento se fundamentó en que González fue secretario general de la Procuraduría de la Nación en el periodo de Ana Matilde Gómez, y Porcell era la subsecretaria.

La ahora procuradora renunció a su cargo en solidaridad con González, quien había presentado su renuncia para hacerle frente a una investigación en ese entonces.

Pérez pretendía que en vez del procurador González, la querella contra Porcell fuera atendida por un suplente.

González dijo a su salida de la audiencia que, en vista de que la magistrada Russo consideró que no hay razón para declararse impedido, realizará la investigación contra Porcell.

La denuncia de Pérez está relacionada con las declaraciones de Porcell el 12 de enero, cuando se refirió a ‘negociaciones’ con la empresa brasileña Odebrecht para que devolviera los $59 millones que había pagado en coimas entre 2010 y 2014.

Por ley, es función de la Procuraduría de la Administración investigar a la procuradora o procurador de la Nación.

‘Lo que reclamamos es que se realice una investigación con transparencia’, dijo Leonardo Paul, quien, al igual que Pérez, es parte del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli.

Ambos abogados y el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, asistieron a la audiencia de control.

A juicio de Camacho, González podría declararse impedido sin necesidad de solicitar a la Corte dirimir la controversia.

González dijo que hizo la solicitud a la Corte para que fuera un juez de garantías el que decidiera.

El abogado Paul aclaró que, aunque acatan la decisión de la magistrada Russo, dudan del procurador González porque ha hecho declaraciones a favor del trabajo que realiza Porcell.

José Arcia

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