El Director General De Ingresos, Publio Cortés, Anunció Ayer Nuevas
Finanzas (MEF), Cobranzas del Istmo no solamente tuvo acceso a la información de todos los contribuyentes, sino que también tuvo en sus oficinas equipos informáticos pertenecientes a la DGI.
Boris Quintero, asesor legal del MEF, dijo que en el allanamiento que se efectuó a Cobranzas del Istmo el pasado 1 de abril, producto de la investigación abierta en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, se detectaron CPU (computadoras de escritorio) y laptops con placas identificativas de la DGI. Las investigaciones de las autoridades deberán determinar cuándo salieron estos equipos de la DGI y en qué circunstancias llegaron a la sede de la empresa.
Consultado ayer al respecto, Luis Cucalón primero negó estas acusaciones y luego remitió a su abogado para cualquier aclaración.
Por su parte, el excontralor Alvin Weeden dijo que Cucalón “abusó de su autoridad. Él permitió que una empresa tuviera una información que era confidencial, cuando tenía que cuidar de esa información. Cucalón era el custodio del dinero y la información de los contribuyentes”.
Nuevas denuncias
Además de las revelaciones sobre cómo se amplió el acceso a la información de los contribuyentes a Cobranzas del Istmo, Cortés anunció ayer que ha presentado cinco nuevas denuncias por otras irregularidades en la gestión anterior.
En el primer caso, la DGI descubrió que se bloqueó el sistema de manera que la declaración estimada de renta no podía contener un monto menor al de la declaración jurada, algo que sí está permitido por la ley. Además, aseguró, que “la DGI de forma irregular le quitó del sistema o redujeron el monto de declaraciones estimadas a contribuyentes sin que tuvieran derecho”.
El segundo caso está relacionado con una orden de detención preventiva hecha por Cucalón en un proceso de defraudación fiscal contra una empresa de telecomunicaciones. Cortés dijo que “la ley solo autoriza al director de la DGI para ordenar arrestos”. En este caso el contribuyente interpuso un amparo que fue admitido por la Corte, hecho que dejaba el caso en suspenso. Pese a tener este estatus, “Cucalón ordenó un secuestro arriba de $100 millones”, algo para lo que no estaba facultado, según el actual director de Ingresos.
En la tercera denuncia, Cortés señala que se levantó un secuestro de $450,000 a un contribuyente sin que hubiese pagado la deuda y “la única justificación que invocó el juez es que el secuestro se levantaba según autorización del Sr. Luis Cucalón”.
La cuarta se refiere a un secuestro decretado por el juez coactivo a petición de Cucalón. Según Cortés, el secuestro tenía que ser dictado directamente por Cucalón. En este caso, además, se detectó que aunque el contribuyente estuviera al día había un bloqueo en el sistema que no le permitía obtener un paz y salvo.
El quinto caso es referente a una finca de 934 hectáreas en Bocas del Toro que había sido rematada y adjudicada a la Nación en 1971 y tenía un secuestro desde 2008. Cortés dijo que “en julio de 2014, sin mediar justificación alguna, Cucalón ordenó el levantamiento del secuestro” de la finca y meses después un particular inició trámites para traspasar buena parte de la finca. Cortés dijo que tuvieron que hacer “grandes esfuerzos para ubicar el expediente, que estaba escondido” y que finalmente un juez coactivo dejó sin efecto el levantamiento del secuestro.
Casos de Cobranzas
Estos cinco casos se sumarán a otras dos investigaciones que ya están en curso en el Ministerio Público.
En la Fiscalía Primera Anticorrupción reposa el expediente por el supuesto delito de falsedad ideológica cometido por Cucalón en la confección del contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo. El MEF, que presentó la querella el pasado mes de enero, señala que Cucalón incluyó una afirmación falsa en el contrato cuando señaló que contaba con la autorización de la excepción de acto público, cuando esta no se tramitó con ninguna de las entidades facultadas para otorgarla.
El MEF solicitó en la querella la detención preventiva de Cucalón, algo que todavía no ha decidido la fiscalía. Contra el exfuncionario no se ha girado orden para indagatoria ni tampoco se le han formulado cargos en esta denuncia. Hasta ahora las investigaciones que adelanta la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, se encuentran en la etapa sumarial.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, por su parte, sigue la investigación por otras denuncias previas presentadas por la DGI sobre la gestión misma del contrato, en concreto sobre cómo se asignaron las cuentas a Cobranzas del Istmo y cómo se determinaban las comisiones a cobrar por la empresa en cada caso.
También está en este expediente el caso de las comisiones pagadas a Cobranzas por la supuesta gestión hecha para recuperar las cuentas morosas de Tocumen, S.A., la entidad estatal que administra el aeropuerto de Tocumen.
La gestora de cobros recibió $21 millones por un trabajo del que funcionarios de Tocumen dicen no tener constancia, como publicó este diario.
“Por este caso, la Fiscalía debería abrir una investigación ante el posible delito de peculado. El Código Penal habla claramente de este tema”, argumentó Weeden, citando el artículo 338.
En los cuatro años que duró la relación contractual, Cobranzas del Istmo recibió $47.1 millones.
Consultado ayer sobre la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa, Cortés se remitió a la información contenida en el expediente, que data de 2010, cuando se gestó el contrato. En aquel momento, figuraba la sociedad Limacri Holding, S.A. como propietaria de las acciones de Cobranzas de Istmo y María Alessandra Salerno Gómez poseía los títulos de Limacri Holding, S.A.
Sobre los beneficiarios finales de la compañía, Cortés, dijo que “en Panamá, cuando una compañía puede emitir acciones al portador, en el registro público no se encuentra quién es el accionista”. Sí aseguró que al momento de hacer la contratación, Cucalón debió tener certeza de quién estaba detrás porque estaba obligado por la Ley de Contrataciones Públicas.