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CNA: urge a resolver crisis institucional que afecta al Estado

Tras reconocer que en el país existe una crisis institucional que afecta el funcionamiento del Estado, el Colegio de Abogados Nacional de Abogados (CNA) pidió a los tres órganos del Estado ponerse de acuerdo para resolver las causas que lo provocan.

Alfonso Fraguela, vicepresidente del CNA, exhortó a los tres órganos del Estado -Asamblea Nacional, Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia- a cumplir con lo establecido en la Constitucional Política de la República en su artículo 2 que señala que el poder solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme a la Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativos, Ejecutivo y Judiciales, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

“Como gremio de abogados, el CNA se ofrece, como actor de esta sociedad, a mediar en los conflictos y diferencias existentes en aras de propiciar un equilibrio y la paz que necesita el país”, destacó Fraguela, quien reconoce la acción de cada órgano del Estado de forma independiente.

El gremio abogadil hizo un llamado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que asigne a los magistrados de la Corte cumpliendo con la Constitución y empleando el Pacto de Estado por la Justicia como esecenario propicio y previo.

“El postergar la designación hasta que se dirama el conflicto en la Asamblea no entorpece y no riñe con la facultad del presidente”, destacó el CNA.

Los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega cumplieron su periodo constitucional en la Corte el 31 de diciembre de 2017.

Tanto Mejía como Ortega fueron nombrados en 2007 por el entonces presidente Martín Torrijos para un periodo de diez años.

El Ejecutivo designó a Zulelyka Moore y Ana Lucrecia Tovar, pero fueron rechazadas por la Asamblea Nacional.

 

Ismael Gordón Guerrel

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‘La Corte de Florida cometió errores al conceder fianza’

Ricardo Martinelli maquina su estrategia legal no sin antes sopesar su devastador encierro o la posibilidad de ser beneficiado con una fianza. De cristalizarse ésta última, podrá esperar en su residencia de Miami la extradición a Panamá y hacer tiempo aprovechando el ocaso del mandato de Juan Carlos Varela.

La primera jugada será responder al escrito de oposición del Gobierno, presentado el pasado 7 marzo en el Tribunal Federal de Atlanta.

ARGUMENTOS

El secretario de Estado de EE.UU. rebatió el fallo de la jueza Marcia Cooke

Ricardo Martinelli sigue siendo un riesgo de fuga considerable.

Es multimillonario, con fácil acceso a aviones privados y lazos con otros países; sin mencionar el tremendo incentivo para huir ante la posibilidad de ser encarcelado por una gran parte del resto de su vida, de ser declarado culpable.

En este texto, el Gobierno considera que la jueza Marcia Cooke, del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, cometió varios ‘errores’ al conceder a Martinelli una fianza -suspendida por el momento- de $1 millón. En este sentido, descalifica la apreciación de la jueza que, entre otros aspectos, consideró que el cargo de expresidente que ostenta Martinelli le daba la condición de caso especial.

‘La Corte erróneamente encontró que Martinelli era un caso especial por haber sido presidente de una nación amiga de largas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, esto no tiene ningún soporte legal fuera de la frase que dice en la orden de la Corte de que estos casos no son muy frecuentes y por lo tanto lo califican como especial. Pero esto es solo en teoría. El Gobierno no está anuente de ningún caso en el que la Corte haya decidido la fianza de un fugitivo exclusivamente porque se trata de un expresidente de la República’, se lee en el documento que consta de 40 páginas.

El recurso, en representación de Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, y Roberto Wilson, director de la Prisión Federal de Miami como apelantes del Estado norteamericano, ataca con puntería el criterio de la jueza por haber considerado que se trata de un caso con circunstancias especiales. Esta situación apela a la discrecionalidad de la Corte para conceder o no una fianza, aunque en procesos de extradición la norma lo prohíbe y solo se concede en ocasiones muy excepcionales.

El Gobierno no ve razón por la que el caso de Martinelli, por ser un expresidente, sea una excusa para considerarlo especial, fundamentalmente cuando su país lo reclama por crímenes que cometió durante su mandato. ‘Un fugitivo no debe ser liberado solo porque tiene poder o porque es rico, cuando otros detenidos, incluyendo a los acusados por delitos graves, permanecen detenidos porque no ostentaron un cargo público del mismo rango. Esto no está contemplado en nuestra legislación, y Martinelli debe ser tratado a la par de otros privados de libertad’, se lee.

LA SALUD DEL POLÍTICO

La Corte concluyó que la avanzada edad del exgobernante y su estado de salud bajo custodia cumplían las condiciones especiales sin hacer averiguaciones sobre la gravedad del deterioro de su salud.

La defensa del exgobernante sostuvo que antes de su arresto, Martinelli tenía 66 años de edad, se sometió a una cirugía gástrica y a una angioplastía. Alega que tiene la presión arterial alta y requiere medicamentos, que toma píldoras para el corazón y que ha ganado más de 20 libras encarcelado, situación que lo ha deteriorado física y mentalmente.

‘Esto es un error’, refuta el Gobierno. Y lo sustenta: ‘La Corte no tenía ninguna base para determinar el estado de salud del expresidente, ya que no proporcionó ninguna evidencia que apoye sus supuestas preocupaciones y no explicó cómo esas afectaciones no podían ser atendidas mientras se encontraba en custodia. Las necesidades de dieta no son una circunstancia especial, así como la ansiedad. De hecho, el Tribunal de extradición encontró que al comienzo del proceso su estado de salud era un modelo en comparación con otros fugitivos en cuyos casos los tribunales se han negado a encontrar circunstancias especiales, entre ellos se compara a detenidos que sufren de cáncer o diabetes’.

Después de ocho meses de haber sido detenido, según el Gobierno, el estado salud del expresidente es muy similar al que se estableció cuando se le detuvo. Está bajo las mismas circunstancias, a pesar de que la defensa alega padecimientos de presión alta, aumento de peso y un deterioro general, pero esto, para el Gobierno, no representa una circunstancia especial.

RIESGO DE FUGA

El Gobierno insiste en que otorgar a Martinelli una fianza sería muy riesgoso para el Estado por la posibilidad de que se fugue en un vuelo privado y evada la justicia dejando en ridículo al sistema norteamericano que se vería imposibilitado de cumplir con el Tratado con Panamá.

Critica el hecho de que la Corte, en la decisión de tres páginas que emitió, lo hizo sin haber efectuado una audiencia sobre la moción del exmandatario para otorgarle una fianza. Además, castiga el hecho de que el tribunal de Distrito no mencionó el riesgo de fuga ni tampoco analizó que ella misma refrendó la certificación de extradición. ‘Esto es un error’, reitera el Gobierno.

Incluso, si el Tribunal hubiera considerado el tema de la extradición, no tenía bases para encontrar que Martinelli no representa riesgo de fuga a pesar de que, cuando la justicia panameña lo investigó por las presuntas irregularidades, no volvió al país aun después de enterarse de la solicitud de extradición.

También argumenta que tiene medios considerables para huir y trasladarse a algún lugar en el extranjero (como lo hizo anteriormente desde Panamá); esto gracias a su increíble riqueza, un avión, dos helicópteros, un yate, pasaportes de múltiples ciudadanías como de un país de la Unión Europea (Italia) y fuertes conexiones con países extranjeros que estableció durante su mandato (2009-2014). Como tercer argumento, el Estado señala que Martinelli tiene una poderosa motivación para fugarse dada su edad y la sentencia potencial a la que sería condenado si fuese encontrado culpable en Panamá.

Desde que Martinelli fue detenido, su riesgo de fuga solo ha aumentado, ya que su extradición se ha vuelto más probable con la certificación de su caso a la espera de la decisión del Secretario y la negación de su petición de habeas. En este sentido, la Corte concedió la fianza sin poder probar que él no representa un serio riesgo de fuga. Debe permanecer detenido sobre esta base. Mientras que la Corte le otorgó una fianza de $1 millón, se ha informado que su patrimonio supera los mil millones. Ese monto representa el 1% de su riqueza, lo que equivaldría a que a una persona con una riqueza de $100 mil se le fijara una fianza de $100, esto no mitiga en nada el riesgo de fuga. Como se dijo antes, ninguna cantidad de dinero podrá responder al daño que se puede hacer a Estados Unidos si la persona que ha sido beneficiada con una fianza se fuga y se imposibilita su entrega’.

EL CASO NO ES ESPECIAL

El Estado esgrime que existe una presunción contra la fianza. La liberación de un detenido antes de ser extraditado es en gran medida antiética; el beneficio debe entregarse solo en el momento más urgente y cuando los requisitos de la justicia son perentorios. El otorgamiento de la fianza en un caso de extradición debe ser examinado para determinar y asegurarse que el desempeño de los deberes de la Corte no sean abortados por el riesgo de fuga. ‘La Corte de distrito cometió un error al fallar inadecuadamente en la búsqueda del riesgo de fuga de Martinelli y al aplicar incorrectamente la ley para concluir que existen circunstancias especiales, garantizando su liberación con una fianza’, reclama el Gobierno ante el Tribunal de Atlanta.

REGRESO VOLUNTARIO DE MARTINELLI

Tiempo en manos del Departamento de Estado

En confinamiento, el expresidente Ricardo Martinelli parece estar listo para retirar la batalla en las Cortes de Estados Unidos y volver a Panamá bajo el principio de exclusividad que establece el Código Penal panameño, y que también contempla en el Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos.

El principio de exclusividad pretende evitar que el gobierno que requiere al fugitivo abuse de los cargos en su contra, o que se agreguen nuevos al paquete de acusaciones por las que está siendo requerido.

No obstante, esta base genera dos corrientes jurídicas, diametralmente opuestas. Francisco Carreira, abogado litigante en Estados Unidos, explica que, por un lado, la defensa de Martinelli se afianza de que a su cliente no le pueden juzgar o procesar por las nueve investigaciones en su contra que esperan en la Corte Suprema de Justicia.

Pero otra corriente abogadil manifiesta que nadie se puede beneficiar de sus actos ilegales o las violaciones de la ley fugándose del país.

No puede agregar más cargos por los cuales se está extraditando, y ahí la interpretación de que los otros procesos por los que se le acusa, quedan en un limbo.

Ahora bien, a pesar de estar viviendo ‘un infierno terrenal’ en la cárcel de Miami, como el propio Martinelli define su detención, el regreso voluntario tal vez no sea tan expedito como él piensa.

Para que esto ocurra, dice Carreira, debe efectuarse una audiencia de voluntariedad. El juez debe estar convencido de que se trata de una decisión sin presiones o coacciones de ningún tipo.

Luego de eso, Martinelli queda bajo el Departamento de Estado, entidad que no tiene un tiempo determinado para ejecutar la extradición. Podrían pasar meses o años, como ocurrió con el exgeneral Manuel Antonio Noriega, hasta que esto suceda.

El regreso de Martinelli no podría anunciarse en un momento más convulsionado. Una Corte acéfala, a la espera del anuncio del Ejecutivo de tres candidatos a magistrados, dos que aguardan a sus relevos después de haber culminado su periodo en diciembre y un suplente que ocupa el cargo de principal.

Aunado a esto, se topa con una Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional confusa, en un aparente limbo de quienes la conforman.

 

Adelita Coriat

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Fiscalía de EEUU reitera rechazo a conceder libertad bajo fianza a Martinelli

La Fiscalía de EE.UU. reiteró en una corte de apelaciones su rechazo a que el expresidente panameño Ricardo Martinelli aguarde en libertad bajo fianza la decisión final sobre su extradición a Panamá, según un documento judicial al que Efe tuvo hoy acceso.

El documento fue presentado el miércoles por la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones del Distrito judicial Undécimo, con sede en Atlanta (Georgia), a la que recurrió por la decisión, ahora en suspenso, de la jueza Marcia G. Cooke de conceder al expresidente la libertad bajo fianza.

Martinelli, que es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que operó durante su Presidencia (2009-2014), lleva preso desde el 12 de junio de 2017.

En un documento de 40 páginas, la Fiscalía señala que “el estatuto deja bastante claro” que el “fugitivo” deberá permanecer bajo custodia una vez la corte ha “certificado” su extradición.

Agrega que la jueza Marcia G. Cooke, de un tribunal federal de Miami, aplicó de forma “impropia” las “circunstancias especiales” que se requieren en casos de extradición al conceder la libertad bajo fianza de Martinelli el pasado 13 de febrero.

La Fiscalía reiteró que el expresidente representa riesgo de fuga y rechazó argumentos esgrimidos por la jueza Cooke como la “posibilidad de éxito” de la apelación de Martinelli, su salud o su “estatus” como expresidente de Panamá.

En unas declaraciones a Efe, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, aclaró hoy que la decisión sobre la libertad bajo fianza “está suspendida (por la jueza Cooke), no derogada”.

Por otro lado, reiteró que quieren “agotar primero este tema de la fianza” y que no hay hasta el momento “ninguna apelación pendiente” sobre el tema de la certificación de la extradición.

Camacho recordó además que a partir de la respuesta de la Fiscalía comenzó a correr el plazo de dos semanas para que la defensa del expresidente conteste y aseguró que lo hará lo más pronto posible

La Fiscalía, que representa al Estado panameño en el juicio de extradición, contará a su vez con siete días más para responder a la argumentación de la defensa.

Después de varias negativas a sus peticiones de libertad bajo fianza, el pasado 13 de febrero la jueza Cook le concedió a Martinelli ese beneficio, pero al día siguiente cambió de parecer y aceptó una moción de urgencia planteada por la Fiscalía para que el exgobernante no fuera excarcelado, por lo que aún sigue preso.

El juez Edwin Torres se pronunció en agosto pasado a favor de su extradición a Panamá y la jueza Cooke corroboró ese parecer en un fallo en enero.

Autor:EFE

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Código Electoral enfrenta nueva demanda en la Corte

El Código Electoral enfrenta una nueva demanda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mario González, en representación de Juan Jované, presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en la que pide se declaren inconstitucionales los artículos 182 y 190-B del Código Electoral, que fueron reformados por los artículos 48 y 51 de la Ley 29 de 29 de mayo de 2017 (reforma al Código Electoral).

Los artículos demandados en la Corte establecen las fórmulas para la distribución del financiamiento público para los partidos legalmente constituidos y los candidatos independientes que sean avalados por el Tribunal Electoral para participar en los procesos electorales.

En la demanda presentada en horas de la mañana de este miércoles, Jované alega que los artículos 181 y 190-B violan los artículos 135 y 141 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Las donaciones deben ser iguales para todos y la norma está redactada de manera contradictoria en el Código Electoral, asegura el profesor Jované, quien explica que en el Código Electoral se establece que el financiamiento electoral será distribuido en 95% para los partidos políticos y el 3.5% para los candidatos independientes.

‘Cómo está el Código Electoral, las elecciones serían ilegítimas porque violan la Constitución’, agregó el economista, quien fue el impulsor de las candidaturas independientes para la Presidencia de la República.

El abogado de Jované comentó que en el Código Electoral se le permite a los partidos políticos recibir donaciones y a los candidatos independientes no.

Argumentó que la Constitución Política establece, en el artículo 19, que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Actualmente en la Corte hay por lo menos tres demandas de inconstitucionalidad contra artículos del Código Electoral.

La Constitución Política establece que son los magistrados de la Corte Suprema los encargados de analizar las demandas de inconstitucionalidad.

El Código Electoral fue reformado por la Ley 29 del 29 de mayo de 2017 y muchos de los cambios se consultaron en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales durante un año en el 2015.

Ismael Gordón Guerrel

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Afinan acuerdo para retomar labor en Credenciales

Las tres principales bancadas de la Asamblea Nacional gestionan un posible acuerdo para lograr que la Comisión de Credenciales pueda retomar lo más pronto posible sus labores con miras a la ratificación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debe designar el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Fuentes legislativas señalan que uno de los puntos de este acuerdo sería que el Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) se distribuyan cada uno tres escaños dentro de esta instancia legislativa; es decir, que el panameñismo estaría dispuesto a ceder una de las cuatro posiciones que mantiene actualmente.

El diputado panameñista Jorge Iván Arrocha confirmó que sí hay un nivel de conversaciones y reconoció que hay otros factores en la agrupación política que se dialogan con las juntas directivas de las otras bancadas.

Manifestó que, en lo que a él respecta, está dedicado más al tema legal que ya existe en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte y las acciones que surjan ante las posturas de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego.

Mientras que el diputado del PRD Crispiano Adames señaló que las conversaciones van dirigidas a tratar de solventar y sobrepasar los obstáculos surgidos tras la no ratificación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak para el cargo de magistradas de la Corte.

‘Es necesario que existan ya los magistrados en posesión de su cargo para afrontar los retos judiciales y de reorganización del sistema de justicia’, precisó Adames.

De darse este acuerdo, los panameñistas quedarían en desventaja numérica en la Comisión de Credenciales, ya que solo tendrían tres miembros, mientras que los opositores PRD y CD sumarían seis votos.

Ni Arrocha ni Adames adelantaron a qué otros arreglos llegarían para que la ratificación de los nuevos magistrados se dé sin contratiempos.

Gustavo A. Aparicio

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Diputados plantean al TE reformas sobre polémica veda electoral

Diputados de diversas bancadas de la Asamblea Nacional comunicaron a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) su interés de presentar reformas al Código Electoral, dirigidas a flexibilizar la norma referente a la veda en materia de propaganda política electoral.

La comunicación se dio el pasado martes 20 de febrero, cuando los magistrados del TE acudieron al pleno de la Asamblea para presentar el proyecto de ley que busca reconfigurar los circuitos electorales, los cuales regirán a partir de las elecciones generales de 2019.

El magistrado del TE Alfredo Juncá, quien acompañó a sus pares Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz a la presentación de este proyecto de ley, no se refirió a estas intenciones, pero expresó que esperarán el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado contra algunos artículos del Decreto 31 del 13 de octubre de 2017 del TE que establece los alcances y limitaciones en la campaña electoral en materia de propaganda electoral.

Este decreto reglamenta la Ley 29 de 29 de mayo de 2017 de reformas al Código Electoral.

El recurso contra los artículos 3, 5 y 7 de este decreto, que fue admitido por la Corte, fue presentado por el abogado y aspirante a la candidatura presidencial independiente Ernesto Cedeño, quien considera que los mismos restringen el ejercicio político de los aspirantes a cargos de elección popular.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, ya tildó de inconstitucionales estos, en una vista fiscal que remitió a la Corte.

CUMPLIRÁN CON LA LEY

Para Juncá, la veda electoral es un concepto novedoso para los panameños que requiere de mucha difusión y entendimiento.

Expresó que al aprobar la Asamblea en 2017 el concepto de la veda electoral, se evidenció lo que la población quería: campañas electorales más cortas en las que la propaganda electoral estuviese restringida.

No obstante, Juncá enfatizó que el Tribunal Electoral hará lo que en derecho corresponde, que es acatar la ley, dependiendo de cómo salga el fallo de la Corte. ‘Vamos a hacer cumplir la ley, pero también vamos a cumplir la ley nosotros’, precisó.

CAJA DE PANDORA

Frente a estas intenciones dentro del Legislativo, Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que una propuesta de este tipo sería totalmente descabellada.

Recordó que fueron los diputados los que aprobaron estos cambios producto de lo avalado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). ‘Sería un retroceso flexibilizar y relajar las normas actuales’, dijo.

Troncoso afirmó además que el proyecto de ley presentado por los magistrados del TE para reconfigurar los circuitos pudiera ser una tentación para que los diputados presenten ajustes al Código Electoral, a un año de las elecciones de 2019.

‘Eso abre una caja de Pandora y una puerta para cambios infinitos, porque donde ellos traten de bajar la intensidad de la veda y lo que allí se prohíbe, van a querer cambiar otros artículos del Código Electoral, como yo sé que tienen interés en hacerlo’, advirtió.

 

Gustavo A. Aparicio O.

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Exigen que uso irregular de partidas no quede impune

Que no haya impunidad. Ese fue el clamor generalizado de representantes de diversos gremios empresariales, obreros y de profesionales del país, luego de que el contralor de la República, Federico Humbert, entregara al Ministerio Público las auditorías e informara sobre irregularidades en el manejo de fondos millonarios asignados a los diputados del periodo pasado (algunos reelectos), manejados a través de juntas comunales y municipios del país.

Incluso, hubo quienes hicieron el paralelismo con la estructura que utilizó la brasileña Odebrecht para el pago de sobornos.

En total fueron $247.5 millones, manejados a través de este mecanismo, de los cuales, según el contralor Humbert, al menos $70 millones fueron usados de manera irregular.

INVESTIGACIÓN EN DUDA

Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), consideró que es positivo que la Contraloría haya concluido las auditorías. Sin embargo, se mostró escéptico de que el Ministerio Público tenga la capacidad humana y tecnológica para la investigación correspondiente.

Esta realidad, dijo Cotes, pone en riesgo las otras investigaciones emblemáticas que adelanta el Ministerio Público -los casos Odebrecht y Blue Apple- relacionadas con actos de corrupción por el uso inadecuado de fondos públicos.

‘NOS PREOCUPA QUE SE HABÍA INSTITUCIONALIZADO UN ‘MODUS OPERANDI’. LOS RESPONSABLES DEBEN PAGAR’,

HÉCTOR COTES

PRESIDENTE APEDE

A esto se suma que es un año preelectoral y que si el proceso continúa el próximo año, va coincidir con las elecciones generales. ‘La sociedad civil y el público en general lo que espera es que se concluya con estas investigaciones para saber quiénes fueron los responsables y que no haya impunidad’, indicó Cotes.

La Contraloría reveló este martes que los fondos eran asignados a los diputados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego consignados en la junta comunal o municipio de elección del ‘padre de la patria’, a los cuales el MEF identificaba con un código alfanumérico para preservar su identidad.

El esquema fue utilizado por 70 diputados de todos los partidos políticos durante el pasado quinquenio. El hallazgo de la Contraloría también vincula a empresas privadas.

‘TODOS A LA CÁRCEL’

Desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la consigna es que todos los involucrados deben ir a la cárcel.

‘LA CRISIS POLÍTICA QUE SE VIVE EN LA ASAMBLEA NACIONAL HARÁ QUE ESAS AUDITORÍAS DUERMAN EL SUEÑO ETERNO’,

DIONICIO RODRÍGUEZ

PRESIDENTE CNA

Pedro Hurtado, quien hasta ayer coordinaba el Conato, indicó que las auditorías de la Contraloría lo que revelaron fue un ‘robo al Estado’.

‘Estamos hablando de más de $200 millones que el Ministerio Público debe investigar para que este atraco no quede impune’, recalcó.

A juicio de Hurtado, los diputados no quieren discutir el proyecto de ley sobre la ‘muerte civil’ porque saben que están involucrados en el uso irregular de esos fondos.

SE AGUDIZARÁ CRISIS

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, aunque ve positivo que se haya entregado las auditorías, vaticina que se agudizará la crisis política en la Asamblea Nacional.

A juicio de Rodríguez, es ‘sospechoso’ que las auditorías se hayan entregado en medio de esta crisis política por la confrontación que hay en la Asamblea Nacional.

La inestabilidad política en el Legislativo y en la Corte Suprema de Justicia por la falta de la designación de dos magistrados harán que esas cajas, que contienen las auditorías, ‘duerman el sueño eterno’.

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Para el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Raúl Rodríguez, el uso de esos fondos no necesariamente implica un delito. El problema sería, dijo, el mal uso que se le pudo haber dado a esos recursos.

‘Es importante determinar en qué consiste la ilegalidad porque manejar partidas no es un delito, es una política gubernamental’, dijo Rodríguez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional.

Además, indicó, que la Contraloría debió fiscalizar el uso de los fondos y si no lo hizo, fue una falla de la entidad.

‘MEDIDA DE EXTORSIÓN’

Para el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, si alguien cometió una falta administrativa o penal tendrá la responsabilidad de responder.

‘ERA MENOS CUESTIONABLE CUANDO YA HUBIÉSEMOS DIRIMIDO EL DIFERENDO SOBRE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES’,

PEDRO M. GONZÁLEZ

DIPUTADO PRD

No obstante, calificó como una coincidencia que los informes fueran entregados esta semana, justo cuando en la Asamblea se está discutiendo si se reconfigura o no la Comisión de Credenciales.

‘Creo que le agrega un elemento más a la ecuación de que pudiera ser interpretado como un mecanismo de presión o de chantaje’, señaló González.

Para el perredista, ‘ahora pareciera que es un mecanismo de presión o de extorsión a los diputados de Cambio Democrático que formaban parte de la mayoría legislativa y que decidieron, junto al PRD, jugar el rol para el que fueron electos como diputados de la oposición’, dijo el líder perredista.

CIFRAS

Al menos 220 cajas de documentos forman parte de las auditorías entregadas al Ministerio Público.

34 diputados reelectos tramitaron fondos a través de juntas comunales y municipios del país.

De los $247.5 millones, manejados con este sistema, $70 millones fueron usados irregularmente.

Por su parte, el diputado de CD Rony Araúz tildó de oportuno que se hayan entregado las auditorías.

‘Esta es la mejor manera de acabar el morbo que hay a nivel nacional. Cada quien tendrá que rendir cuentas por lo que en su momento pudo manejar. Yo estoy bastante tranquilo’, enfatizó.

En tanto, el jefe de la bancada del partido Panameñista, el diputado Miguel Salas, estimó positiva la entrega de estos documentos al Ministerio Público.

Fue enfático en señalar que ahora le tocará al Ministerio Público investigar cada uno de estos procesos. ‘Al que haya incurrido en alguna falla le tocará confrontar la ley con responsabilidad’, advirtió.

El panameñista Juan Miguel Ríos, también diputado reelecto, sostuvo que está dispuesto a cualquier investigación en su contra.

‘Ya yo fui auditado en Herrera, a mí me hicieron áuditos en las dos juntas comunales con las que trabajamos, y salimos bien. Cada uno sabrá responder y justificar cómo manejaron esos recursos, yo estoy claro con mi conciencia’, aseguró.

El veterano diputado Elías Castillo manifestó que quien sea encontrado implicado en alguna irregularidad deberá sustentarla, hacer las aclaraciones pertinentes y demostrar su inocencia.

Detalló que en su caso le asignaron $1.8 millones, de los cuales se ejecutó $1 millón 11 mil, que fueron auditados por la Contraloría del gobierno anterior y la actual. ‘Fueron partidas asignadas a mí, no ejecutadas por mí, y fueron certificadas por un contador público autorizado’, añadió Castillo.

La también perredista Iracema de Dale mostró interés en que todo se investigue. ‘Ese es dinero del pueblo panameño y cuando se tiene un dinero que es ajeno, es un deber dar una explicación de cómo se gasta’, aseguró.

 

Redacción La Estrella de Panamá

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Mossack Fonseca creó estructuras para ocultar dinero, dice la Fiscalía

El sonado caso de los Papeles de Panamá sigue bajo investigación en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, que lidera el fiscal Rómulo Bethancourt.

Ayer, en conferencia de prensa, la entidad ofreció una actualización de tres casos relacionados a la firma de abogados Mossack Fonseca, propiedad de Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, despacho del cual se extrajeron 11.5 millones de documentos que sirvieron de análisis para que las autoridades en distintas jurisdicciones, incluida Panamá, iniciaran pesquisas.

A propósito de la exposición de los documentos, en la conferencia el fiscal Ricaurte González indicó que los hechos apuntan a que la extracción de los papeles de la firma no fue producto de un hackeo, sino que provino de adentro de la firma. ‘No se trata de un delito cibernético, esto al final no es parte de la investigación, pero ya está en fuentes abiertas que en Suiza al famoso operario de la firma no se le pudieron hacer cargos. La teoría de que fue hackeado no tiene sustento’, indicó González.

La investigación de la Fiscalía apunta a que la firma incurrió en actos ilícitos al prestar sus servicios corporativos con fines de licitud y ocultamiento de fondos generados de una multiplicidad de casos en el extranjero que tienen incidencia en el sistema financiero panameño.

Las autoridades enumeraron casos como el de Petro Ecuador, el de Lava Jato -iniciado en Brasil pero que involucra a una sucursal de la firma- y el de los Papeles de Panamá.

La fiscalía reiteró que las pesquisas efectuadas han sido avaladas por los juzgados panameños en tiempo y complejidad de la investigación. También recalcó que están capacitados para elaborar las investigaciones de blanqueo de capitales y se ha hecho uso de herramientas legales como la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, para recaudar información a través de las asistencias judiciales y la cooperación de otras jurisdicciones.

PETRO ECUADOR

En el caso de Petro Ecuador, en este país sureño se activó una investigación luego de la publicación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016. En base a estos datos, apareció un exgerente de la petrolera y otros ecuatorianos vinculados con empresas offshore abiertas en Panamá.

La investigación del Ministerio Público de Panamá indicó que ya existe una condena. Se trata de una exempleada de la firma Mossack Fonseca. Esta persona, aseguran, prestó servicios en entidades bancarias para un servidor público en Ecuador que estaba recibiendo coimas luego de haber garantizado contratos de petróleo.

Esta organización logró la apertura de cuentas en una entidad bancaria en Panamá con el fin de recibir dineros desde Suiza. El fondo era simulado mediante un contrato efectuado por un abogado de la firma Mossack Fonseca, procesado en la investigación. Información que ha sido validada por la jueza 18 del Primer Circuito de Panamá. La persona condenada reconoció la acusación de la Fiscalía teniendo como resultado una pena de 60 meses de cárcel por blanqueo de capitales.

‘Esta modalidad ha permitido al Ministerio Público durante el 2017, presentar el primer caso de condena por el delito de blanqueo por servir una operación financiera en Panamá con dineros ilícitos procedentes del extranjero’, indicó el fiscal.

Según Bethancourt, la pesquisa ha identificado a 34 sociedades anónimas de papel en nueve jurisdicciones. Ha recibido información de Suiza, Estados Unidos, Ecuador, que le ha permitido identificar 27 bancos utilizados durante las operaciones de las distintas sociedades. ‘Además, 27 personas han sido indagadas o se encuentran en proceso, algunas con alertas rojas con búsqueda dentro de Panamá’, añadió el fiscal.

Los individuos que corrompieron al funcionario del Ecuador están siendo buscados en este país. El funcionario público que envió el dinero falsamente como una cuenta de ahorros en Panamá ha sido condenado en Ecuador, lo que, según los fiscales, les permite dar solidez a la investigación panameña.

En Panamá han sido aprehendidos $5.7 millones producto de la coima pagada al funcionario. La jueza ha reconocido que la causa tiene una complejidad excepcional, y ha dado a la fiscalía carta abierta a la investigación que ha sido concluida en la etapa sumarial con el llamamiento a juicio contra las 27 personas identificadas, aunque no todas están detenidas o ubicadas.

CASO LAVA JATO

La investigación iniciada en marzo de 2016 cuenta con 126 tomos que consisten en expedientes bancarios, societarios, contratos, información obtenida en diligencia de allanamiento y una cooperación internacional con el ministerio de Brasil.

La fiscalía panameña informó que cuenta con 35 terabytes de información contenida en dispositivos electrónicos (con datos de correos electrónicos, seguimientos e interceptaciones telefónicas) procedente de Brasil, que permitirán al Ministerio Público ampliar el número de imputados en este caso.

A la fecha hay cuatro personas indagadas, todas abogados, un especialista en fideicomisos, subgerente del área de fideicomiso de la firma Mossack Fonseca, los socios principales y la operadora que gerenciaba la oficina de Brasil. Nueve bancos han sido relacionados, uno de ellos, FP Bank, ya fue cerrado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que se encuentra en investigación dentro del proceso; 34 sociedades anónimas han sido relacionadas a la pesquisa, 73 dispositivos electrónicos han sido revisados ( laptops , memorias usb, celulares) todos contentivos a la firma, y se han dado 21 inspecciones y dos jurisdicciones extranjeras se encuentran relacionadas a la investigación.

PAPELES DE PANAMÁ

La Fiscalía sostiene que la firma Mossack Fonseca prestó servicios para ocultar dineros que se encuentran en investigación en otras jurisdicciones. De acuerdo al fiscal, se ha podido identificar cómo se estructuraba, a través de terceros que prestaban su nombre para la firma, una operación para hacer compras e ingresos de dinero en el sistema panameño.

El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para ingresar dinero a Panamá, abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios. Operaciones que suponían la adquisición, dentro del sistema de blanqueo de capitales, en la colocación de un activo o un inmueble. Esta estructura, según la fiscalía, ‘era proveída por la firma, los dineros correspondían a los clientes y la participación criminal consistía en una prestación de un servicio y la apertura de cuentas’, narró Bethancourt.

El caso de Papeles de Panamá tiene a la fecha relacionadas 206 personas jurídicas, 144 personas naturales que están mencionadas dentro de una multiplicidad de noticias en diversos países con todo el entramado de complejidad que supone; 66 cuentas bancarias están siendo examinadas a la fecha. ‘Han sido remitidas 32 asistencias judiciales dentro de la investigación y contamos con una cooperación reconocida por el grupo de Euro Just luego de que se identificara que Panamá está cooperando con Holanda, Bélgica, Francia, Italia, y otras en Sudamérica’, indicó Bethancourt.

El fiscal no mencionó un monto específico producto del delito de lavado de dinero que se haya movido a través del esquema financiero que supuestamente creó la firma de abogados. Pero describe que ‘existen muchos delitos precedentes al delito de blanqueo de capitales. En el caso de Panamá Papers, no hay un único delito de una sola persona, sino que en Argentina hay un caso de captación masiva de fondos; en Ecuador, un caso de corrupción internacional; en Alemania, otro de estafa masiva y movimientos contra el erario alemán’, indicó.

La multiplicidad de las actividades criminales obliga a efectuar una acusación que permita ser lo suficientemente ‘abarcadores de los distintos niveles de una organización con estructura jerárquica. Dicho así, no hay un solo delito’, concluyó el fiscal.

Adelita Coriat

 

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Corte Suprema definirá tema de Credenciales

Aún se mantiene la incertidumbre por la definición del futuro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, a la cual corresponde analizar la hoja de vida de los dos nuevos nombramientos al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pendientes de realizar por el Órgano Ejecutivo.

Luego de que el pleno legislativo, con votos de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD), aprobara el pasado jueves una resolución para disolver la actual conformación de esta instancia legislativa, se espera que a partir de hoy, lunes, la directiva de este órgano del Estado convoque al pleno para escoger a los nuevos miembros de esta comisión.

Sin embargo, fuentes de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ confirmaron que la advertencia de ilegalidad presentada por la bancada panameñista poco antes de la votación registrada el jueves en el pleno legislativo para desmantelar la Comisión de Credenciales fue remitida a esta instancia judicial por la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, en la mañana del viernes.

Esta acción, según la bancada panameñista, busca suspender el proceso de convocatoria y votación para elegir a los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales, que está previsto para realizarse hoy en el pleno.

Para los oficialistas, el Código Administrativo, en su artículo 173 es claro: el proceso debe ser suspendido.

Parte de este artículo señala que cuando la autoridad advierta o alguna de las partes le advierta que la norma o normas reglamentarias o el acto administrativo que debería aplicar para resolver el proceso tiene vicios de ilegalidad, dentro de los dos días siguientes someterá la consulta respectiva ante la Sala Tercera de la Corte, salvo que la disposición legal o acto haya sido objeto de pronunciamiento de esta Sala.

Destaca la norma que, en este supuesto, ‘la autoridad seguirá tramitando el proceso hasta colocarlo en estado de decisión, pero solo proferirá esta una vez el pleno de la Corte Suprema de Justicia o la Sala Tercera se hayan pronunciado sobre la consulta respectiva’.

Para el diputado panameñista Adolfo Valderrama, luego de remitido este recurso a la Sala Tercera, quedará esperar el pronunciamiento de sus magistrados. ‘Hay que ver qué acción suspenden y qué es lo que deciden’, dijo.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, conformada por los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zambrano y Luis Ramón Fábrega, y se espera que este pronunciamiento lo realicen en las próximas horas.

Se intentó conocer una opinión de la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, en torno a si convocará hoy a votación para escoger a los nuevos miembros de esta comisión. Sin embargo, Ábrego no contestó su celular ni respondió un mensaje de texto que le fue enviado.

El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, manifestó desconocer, por su parte, el envío de esta advertencia de ilegalidad a la Corte.

LA SALA TERCERA DECIDE

Para el abogado Ernesto Cedeño esta advertencia de ilegalidad no suspende absolutamente nada.

‘Esa advertencia ni procede. Es como si fuera un recurso de nulidad y los recursos de nulidad no suspenden nada. Si el sustanciador considera que debe suspender un acto, ya es una decisión del sustanciador’, enfatizó.

Mientras se define esta acción legal, comienzan a surgir algunas recomendaciones al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para normalizar la labor legislativa y el trabajo de la Comisión de Credenciales.

El empresario Roberto Eisenmann posteó en su cuenta de Twitter : ‘Presidente: a su regreso encontrara un tranque institucional que le toca a usted destrancar. ¡La Corte en acefalía! La Asamblea en Com de Credenciales trancada, ademas con recursos a la Corte peligrosos por interferencia interinstitucional. Y ninguna posib nuevos Magistrados suyos(sic)’.

En un segundo tuit, planteó: ‘Presidente: ante tranque, sugiero: 1) instruya su bancada eliminar recursos a la corte y acepte nueva Comision. 2) Recurra a la Comision del Pacto por la Justicia-su unico aliado- incluso puede nombrar de los que quedaron en lista anterior. Asi se destranca institucionalmente el pais!(sic)’.

El presidente Varela se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos para reunirse con empresarios y representantes de fondos de inversión de esa región.

DISPUTA POR CREDENCIALES RELAJA AGENDA LEGISLATIVA

Tras el rechazo de los nombramientos de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y de Zuleyka Moore, como magistradas de la Corte ha sido poco el avance en la labor legislativa, tanto en el pleno como en las comisiones de trabajo.

Desde el pasado 30 de enero, cuando el pleno legislativo desestimó las designaciones de Tovar y Moore, solo se han aprobado tres proyectos de ley en tercer debate.

Uno que crea el escalafón para los médicos veterinarios, el que regula el uso de las sillas de retención en los vehículos y adopta medidas de seguridad vial para menores de edad y el que promueve la actividad del reciclaje.

A la vez, en la Comisión de Presupuesto también se ha visto paralizada su labor. La sesión del pasado lunes 19 de febrero en la que se iban a discutir traslados de partidas por $50 millones, se suspendió a solicitud de los miembros de la bancada del PRD, debido a que acudió un viceministro, en lugar del ministro de Vivienda, Mario Etchelecu.

En la Comisión de Gobierno también se ha dilatado el análisis del proyecto sobre ‘muerte civil’, que inhabilita de manera perpetua para ejercer funciones públicas a personas condenadas a cinco o más años de prisión por delitos contra la administración pública.

Para la diputada independiente Ana Matilde Gómez, las fricciones por el intento de la bancada del PRD por reconfigurar la Comisión de Credenciales no deberían detener al pleno. Sostuvo que ya en comisiones dependerá si el cuórum no lo logran por presión de los que quieren negociar el tema. ‘Nunca es correcto sujetar la asistencia a las conveniencias personales o partidistas’, señaló.

Gustavo A. Aparicio O.

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Magistrados y Comisión de Credenciales se nogociarían por $20 millones

La pugna por control de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional podría tomar otro rumbo en las próximas horas, ante contactos que se hicieron previos y posteriores a la decisión tomada ayer de “desmantelar” esta instancia legislativa.

Ahora el tema iría más allá de la ratificación de los magistrados y apuntaría a la asignación de un mayor presupuesto a la Asamblea Nacional en pleno proceso previo a las elecciones.

Tras el golpe dado ayer por la oposición con la aprobación de la resolución que pondría en jaque al oficialismo, se informó a La Estrella de Panamá, que hasta altas horas de la noche hubo contactos entre ambos sectores en los que salió a relucir una solicitud de voceros de la oposición, Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) por la suma de $20 millones.

El dinero sería asignada al presupuesto de la Asamblea Nacional  para engrosar la planilla de contratos de cada uno de los diputados que está en los partidos de oposición.

De hecho durante el debate previo al asueto por las festividades del carnaval, trascendió que a cada uno de los diputados, sin distingo de partido, se le había asignado un incremento sustancial a las partidas para el nombramiento de personal. El hecho salió a relucir luego que el diputado Pedro Miguel González  reclamó retrasos en el pago de las planillas del personal circuital o de contrato a lo que su colega José Luis Varela respondió que se les pagaba al día y además se les había otorgado un aumento al pasar de $4,000 a $30,000 mensuales.

Se informó que durante este fin de semana, se mantendrán los contactos entre los diputados de ambos bandos, con el fin de encontrar una salida en la cual ninguno de los dos grupos salga como vencido y ninguno resulte como el vencendor.

Incluso se ha mencionado la posibilidad de perfilar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Entre los candidatos a considerar estaría la actual presidenta, Yanibel Ábrego u otro diputado que sea avalado por todas las bancadas, pues le tocaría manejar las nuevas partidas.

En el actual quinquenio, el presidente ha salido siempre producto de acuerdos políticos. Primero Adolfo Valderrama del Panameñismo, luego Rubén De León del PRD, quien repitió dos años y finalmente Yanibel Ábrego del CD.

La Asamblea Nacional debe renovar su junta directiva el próximo 1 de julio. Quien resulte electo será el diputado que tendrá que presidir la junta directiva de este Órgano del Estado en el periodo previo y posterior a las elecciones desde julio 2018 hasta junio 2019 para cerrar el ciclo.

Con la decisión tomada en la sesión de ayer de “desmantelar” la Comisión de Credenciales, el pleno de la Asamblea Nacional tendría que elegir la nueva conformación y directiva de esta comisión.

Aunque la decisión de “desmantelar”  la Comisión de Credenciales se tomó ayer jueves, no será hasta el próximo lunes que se someterá a consideración del pleno la nueva conformación, lo que brinda a los diputados la posibilidad de lograr algún acuerdo entre hoy viernes y el fin de semana,

 

Carlos Cordero