Humbert ordena suspender pagos de la planilla 080

El contralor general de la República, Federico Humbert, ordenó suspender los pagos al personal que mantienen once diputados de la Asamblea Nacional, de partidos políticos de gobierno y de oposición, y que fueron contratados a través de la polémica planilla 080.

Los diputados a los que suspendió el pago de la planilla son: Aris De Icaza, Carlos Motta, Elías Castillo, Fernando Carrillo, Jaime Pedrol, Juan Serrano, José Luis Varela, Melitón Arrocha, Salvador Real, Athenas Athanasiadis y Jorge Alberto Rosas.

Por medio de una nota fechada el pasado 24 de mayo, el contralor Humbert hizo la comunicación formal de esta decisión a la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego.

En la misiva el contralor detalla que han ‘detectado un grupo de funcionarios que no presentó ninguna sustentación que comprobara haber prestado algún servicio al Estado, según la información suministrada por la entidad a su cargo’.

Estas fallas fueron el resultado de la evaluación concomitante realizada por la Dirección Nacional de Fiscalización respecto a los trámites y controles administrativos a la planilla 080.

SORPRENDIDO

El diputado panameñista Melitón Arrocha, quien actualmente es el embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, se mostró sorprendido de aparecer en esta lista.

ESTUDIO CONCOMITANTE

Planilla 080

60 diputados cumplieron con los requisitos establecidos por la Contraloría, respecto al procedimiento en la contratación en la planilla 080, es decir, un 84%.

Aseguró que hasta febrero de este año solo tenía contratada en la planilla 080 a una persona, su secretaria, quien, asegura, va a trabajar todos los días y registra sus entradas y su salidas. ‘Quiero pensar de buena fe que se trata de un error administrativo que esperamos se subsane’, dijo Arrocha.

En tanto, el también diputado panameñista Jorge Alberto Rosas indicó que las recomendaciones de este estudio, luego de ser remitido a la Asamblea, solo se hizo de conocimiento entre un grupo de diputados de la actual mayoría legislativa.

‘Estuvo limitada a otros diputados, ahora que el contralor ha hecho eso no tenemos ningún problema en cumplir con esos requisitos y que se siga auditando la planilla’, precisó.

El diputado José Luis Varela, a través de su cuenta de Twitter, indicó: ‘Con relación a esta carta que circula en medios aclaro: 1. Respaldo a la Contraloría en solicitar requisitos adicionales para mayor transparencia en las planillas. 2. Estamos solicitando a la Asamblea los documentos que hacen falta con respecto a mi planilla para subsanarlos’.

En tanto el diputado del Partido Revolucionario Democrático Elías Castillo explicó que en su caso se debió a un error involuntario de no adjuntar las listas de asistencia o de registro y control de los funcionarios, las cuales en el día de hoy serán remitidas a la Contraloría.

La Asamblea Nacional informó que trabaja de la mano de la Contraloría General y siguiendo las recomendaciones de este ente fiscalizador para el mejor y más transparente manejo de estos recursos.

De igual manera, se informó que en este momento, los once diputados están atendiendo y subsanando las observaciones y recomendaciones presentadas por la Contraloría.

Se conoció que esta misma semana la presidenta de la Asamblea se reunirá con el contralor Humbert para tratar este tema.

Gustavo A. Aparicio O.

 

TE ordenó archivar cuatro denuncias por violación a la veda electoral

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery no admitió cuatro denuncias presentadas por la Unidad de Medios Digitales del Tribunal Electoral (TE), por la supuesta violación a la veda electoral. Dos son contra políticos de oposición y dos contra un oficialista.

En consecuencia de la no admisión, se ordenó el archivo de los expedientes.

La Unidad de Medios Digitales remitió al pleno del TE cuatro expedientes por la supuesta violación a la veda electoral.

Una de las denuncias investigadas era la supuesta violación a la veda por parte de la cuenta de Facebook del alcalde José Blandón, en la que se promovía el Festival Musical de Panamá, siendo este organizado por el Municipio de Panamá.

La otra denuncia archivada es por la promoción en Facebook de José Blandón Figueroa que consiste en un post referente a los compromisos que adquirió durante la campaña electoral pasada donde se comprometía a emprender a la Alcaldía y garantizar que esta ejerciera su rol como autoridad urbanística de la ciudad.

Las otras dos denuncias son contra figuras del Partido Revolucionario Democrático.

La promoción en Instagram, por parte de Juan Carlos Navarro, de frases de motivación que hace llegar a su audiencia. Además, la publicación estaba acompañada por un video donde aparecen deportistas locales admirados por la población, como Irving Saladino y Román Torres. Figuras que emplea para indicar que Navarro admira al pueblo panameño porque no se rinde a pesar de las dificultades diarias como el tráfico y la falta de dinero.

La cuarta denuncia admitida era contra la cuenta de Instagram de Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco y miembro del Partido Revolucionario Democrático. La denuncia era motivada porque Pérez Herrera, en su cuenta de Instagram, mostraba fotos del trabajo que realiza en conjunto con la Autoridad de Aseo para el bienestar de la comunidad.

Contra el archivo de los expedientes cabe recurso de reconsideración.

En enero, el TE emitió un decreto, mediante el cual faculta a la nueva Unidad de Medios Digitales, adscrita a la Dirección de Comunicación, para que comunique al pleno las violaciones a la veda que detecte en las redes sociales, de manera que se pueda ordenar la suspensión de las pautas contratadas e iniciar la aplicación del debido proceso para sancionar a los responsables.

Para atender esta materia, el pleno, mediante Decreto 3 del 15 de enero de 2018, creó la Unidad de Medios Digitales que tiene la función de monitorear en las plataformas digitales las posibles violaciones a la veda electoral y para servir de apoyo a la nueva Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político.

La norma establece que cuando la violación sea cometida en los medios digitales, identificados en el numeral 2 y 3 del artículo 224 del Código Electoral, el pleno del Tribunal Electoral procederá a ordenar la suspensión provisional inmediata de la propaganda emitida.

El TE suspenderá estas propagandas con base a un informe emitido por la Unidad de Medios Digitales, además de hacerlo por denuncia presentada por cualquier ciudadano o la Fiscalía.

 

Ismael Gordón Guerrel

Presentan otra demanda contra reformas electorales

El abogado Antonio Ardinis De León presentó, a título personal, una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 193 del Código Electoral.

La demanda es específicamente contra dos frases contenidas en el artículo 193. La primera que dice ‘que subsistieron’ contenido el literal A del mencionado artículo y ‘con base al promedio de votos obtenidos por cada uno en las cuatro elecciones (presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento)’.

El artículo 193 del Código Electoral establece la contribución del Estado para los gastos de partidos políticos y de candidatos por la libre postulación. El numero 2 del artículo hace referencia a la entrega de ese subsidio a los partidos que subsistieron.

El abogado Ardines explicó que la frase excluye a los partidos políticos que no lograron subsistir en las pasadas elecciones, como es el caso del Frente Amplio por la Democracia (FAD), cuyos dirigentes tuvieron que volver a inscribir el colectivo.

A juicio del abogado, el subsidio tampoco se le entregaría a los partidos que se conformaron durante este quinquenio.

Ardines alega que la distribución a los partidos políticos -de acuerdo al promedio de votos obtenidos- también genera una inconstitucionalidad, porque establece fuero y privilegio.

Diversas demandas de inconstitucionalidad se han presentado en contra del Código Electoral, que fue reformado mediante la Ley 29 de mayo de 2017.

La diputada Zulay Rodríguez, el economista Juan Jované y el abogado Ernesto Cedeño, entre otros, han presentado demandas.

José Arcia

 

Martinelli acepta su extradición a Panamá

El expresidente Ricardo Martinelli, quien está detenido en en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami, Estados Unidos, ha anunciado la decisión de esperar su extradición a Panamá.

En una carta, redactada a mano por Martinelli, y hecha publica la noche de este miércoles, le pide a sus abogados que informen a todo el mundo que está renunciando a las apelaciones como el habeas corpus en el circuito de Atlanta y que se acogerá a lo que dice el tratada de extradición de 1905 en la cláusula d especialidad.

Martinelli, en la carta, autorizó a su abogado Sidney Sittón y su vocero personal Luis Eduardo Camacho a dar a conocer la información.

Al desistir de los recursos de apelación que actualmente siguen su curso en el Tribunal Federal de Atlanta, el tiempo de retorno quedaría en manos del Ejecutivo norteamericano y del panameño. La decisión, entonces, sería meramente política.

El proceso de extradición detalla que una vez fuera de la esfera judicial, el extraditado queda en potestad del Departamento de Estado, entidad encargada de los arreglos y logística antes de la entrega del requerido. Esto previamente coordinado con el Estado solicitante, quien tiene que enviar una delegación a Estados Unidos para recibir a Martinelli y concretar la entrega.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, solicitó el 28 de septiembre de 2016, la extradición de Martinelli atendiendo una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestos “pinchazos” o escuchas ilegales a 150 personas.

La decisión de Martinelli se conoce después de que el tribunal anunciara que el próximo 29 de julio se celebrará, en Miami, la audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la excarcelación de Martinelli.

Redacción Digital La Estrella

 

MP reactiva causa por blanqueo contra Mossack & Fonseca

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada informó que ordenó nueve diligencias de allanamientos, nueve conducciones y diez indagatorias a quienes se les ha imputado cargos en la investigación que se adelanta contra el bufete de abogados Mossack & Fonseca.

A los imputados se les ha formulado cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por la vinculación de la firma de abogados con el manejo de dinero de procedencia ilícita del extranjero, específicamente Brasil.

‘El Ministerio Público desea reiterar su intención de cumplir con su mandato constitucional y legal de persecución del delito’,

RELACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO PÚBLICO

Hasta este momento, señaló el Ministerio Público, se ha podido ubicar a 8 de las 10 personas vinculadas a los ilícitos. La institución espera que con el apoyo de los estamentos de seguridad se pueda dar con el paradero de los otros dos imputados en caso de que no se encontraban en su domicilio.

A los medios se filtraron los nombres de algunos de los imputados, entre los que se encuentran Sara Montenegro, Ramsés Owens, Rubén Hernández, Katia Solano, Maribel Robles y Sandra Cornejo.

Ayer, a la fiscalía se presentó Edison Teano, empleado del estudio jurídico, quien estaba a cargo de las cuentas bancarias de clientes en el extranjero.

El Ministerio Público aseguró que su intención es cumplir con el mandato constitucional y legal de persecución del delito y reafirma que esta investigación es respaldada por la colaboración internacional del Ministerio Público Federal de la República de Brasil.

El Ministerio Público dijo que la investigación no está dirigida contra los profesionales del derecho ni al buen ejercicio de esta profesión. Añadió que son los elementos acopiados en el expediente los que marcan la línea de investigación.

‘Actuamos con apego a la norma, sin distingo de etnia, posición social o de la profesión a la que se dediquen los que actúen en contra de la ley’, apuntó.

EL CASO

La investigación podría estar relacionada con una serie de hechos que enumeró la Policía Federal de Brasil y que demuestran que la oficina de Mosscak Fonseca en aquel país conspiró como una organización criminal, con estrategias para ocultar la identidad de los beneficiarios de las sociedades offshore , permitiendo que fueran utilizadas con impunidad.

El oficio de la Policía Federal de Brasil, descrito en la operación ‘Lava Jato’, relata la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de operaciones comerciales, financieras, de bienes inmuebles y sociedades offshore , entre las que destaca Milzart Overseas Holdings, incorporada por Renato de Souza, director de servicios de Petrobras y que está domiciliada en Mossack Fonseca Panamá.

Marlene Testa

Corte niega recursos a proyecto hidroeléctrico

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó tres recursos que buscaban frenar la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barriles, en la provincia de Chiriquí.

Hidroeléctrica Barriles, S.A., a través de la firma de abogados Morgan & Morgan, presentó una demanda administrativa de nulidad contra una nota de la Dirección Regional de Chiriquí del Ministerio de Ambiente, en la que solicitó a la Dirección de Calidad Ambiental verificar el estatus del proyecto.

El magistrado de la Sala Tercera, Abel Zamorano, no admite la demanda en un fallo de abril del año pasado al alegar que la nota que emitió la Dirección Regional de Chiriquí ‘no es de los actos’ que se considera demandables. Morgan & Morgan apeló la decisión y la Sala Tercera, en diciembre del año pasado, confirmó el fallo y no admite el proceso.

La firma de abogados presentó un tercer recurso y esta vez pide una aclaración de sentencia que también fue rechazado ‘por improcedente’.

El proyecto hidroeléctrico en Barriles es uno de los 16 cuya concesión de agua para operación decretó prescrita el Ministerio de Ambiente.

Laura Pedreschi, una de las voceras de los residentes que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, se manifestó satisfecha por la decisión de la Corte de no admitir los recursos de la empresa.

José Arcia

 

Aporte de la ATP al Patronato de la Cinta Norteña no se consultó

El aporte que por ley debe entregar la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) al Patronato de la Cinta Norteña, presidido por el diputado del oficialista Partido Panameñista Luis Barría, y que promueve la creación de un espacio público para la recreación y el turismo, denominado Cinta Norteña, ubicada en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en el sector de Villa Zaíta, provincia de Panamá, no fue consultado con esta entidad.

En una nota remitida ayer por la ATP a La Estrella de Panamá , tras haber sido publicada en este medio la información periodística titulada ‘Gobierno traslada partidas a patronato presidido por el diputado Luis Barría ‘, la ATP detalló que a través de la Ley 1 del 7 de enero de 2016, la entidad fue incluida como miembro del Patronato de la Cinta Norteña en la cual se estableció que debe realizar aportes económicos.

LEY QUE CREÓ EL PATRONATO

Ley 1 de 7 de enero de 2016

El artículo 13 de esta ley indica: ‘El Estado, por conducto de las instituciones señaladas en esta Ley, incluirá anualmente en el Presupuesto General del Estado las partidas necesarias para la ejecución de la presente Ley’.

Destaca la nota que en abril del 2017 el patronato solicitó a la ATP un aporte para la adquisición de equipos de oficina, maquinaria y transporte por un monto de $37,650.

La institución regente de la promoción del turismo en el país señala que cumplieron con este aporte, de acuerdo con la ley. ‘La ATP siempre ha estado en la disposición de apoyar a las comunidades organizadas que buscan crear y promover sus productos turísticos’, indicó.

En la nota se afirma que la ATP además ha sido incluida este año en varios patronatos, creados por ley en la Asamblea, a los cuales está dispuesta a apoyar.

No obstante, la institución sugirió ser consultada antes de establecer los montos de los aportes que debe hacer la entidad, ya que el presupuesto de la ATP es limitado y su objetivo principal -por ley- es la promoción del país como destino turístico internacional.

La ley que creó el Patronato de la Cinta Norteña y que fue impulsada por el diputado Barría, quien además preside la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, fijó una directiva de trece miembros, nueve de ellos representan a entidades estatales que están obligadas por ley a hacer aportes económicos a este patronato.

La junta directiva del patronato, además de la ATP, incluye a un representante de la Alcaldía de Panamá, un diputado de la Asamblea Nacional (en este caso, Barría), un miembro de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba, uno del Ministerio de Ambiente, otro del Instituto Panameño de Deportes, uno del Instituto Nacional de Cultura, uno del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, un miembro del Ministerio de Obras Públicas.

También incluye a un miembro de los clubes cívicos, uno del sector privado y dos de la sociedad civil. Uno en representación de la Iglesia católica y otro de las directivas de las comunidades colindantes al proyecto.

El alcalde capitalino, José Blandón, ya había manifestado que previo a la aprobación de esta ley no se le consultó sobre el aporte que debía hacer el municipio a este patronato. ‘Nosotros no intervenimos en eso, nosotros nos enfrentamos a una ley aprobada que dice que la Alcaldía le tiene que pasar plata’, dijo Blandón

El alcalde explicó que el aporte que le correspondió no estaba dentro del presupuesto del municipio, que ya estaba comprometido. ‘Ni lo asigné en el presupuesto ni tenía plata’.

Para afrontar este aporte, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un traslado de partida por $4.6 millones a favor de la Alcaldía para el desarrollo de proyectos en municipalidades y juntas comunales en Panamá Norte, algunos de ellos dentro de la Cinta Norteña.

Gustavo A. Aparicio O.

 

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía

Un caso que ocupó las primeras planas de los medios hace seis años, el desfalco a la casa de valores Financial Pacific, culminó con la fase de alegatos que se escucharon en una audiencia preliminar celebrada el viernes con el fin de determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados.

El juez Johann Barrios se acogió a los 30 días que establece la ley para decidir a quiénes llama a juicio.

La investigación que en 2012 comenzó la Fiscalía Décimo Tercera se vio empañada por las denuncias de una de las principales señaladas de haber desviado $12 millones de la denominada cuenta Kasutai y distribuir el dinero entre varios familiares y sociedades anónimas ajenas a Financial Pacific: Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores. Entonces, ella alertaba sobre una supuesta parcialidad de la Fiscalía a favor de los directivos de la casa de valores y otra serie de supuestas irregularidades, como la compra de acciones de Minera Petaquilla que, aseguraba, se adquirieron con el cobijo de información privilegiada.

La principal acusada, según la fiscal de descarga Aida Castro, es Mayte Pellegrini, quien laboraba en el Departamento de Operaciones de la empresa de inversión (2008-2012). Además, la fiscalía solicitó juicio por el presunto delito contra el orden económico para otras diez personas, entre las que figuran varios familiares de Pellegrini.

Uno de los imputados, Marcial García, firmante en la cuenta Kasutai, de donde se movieron gran parte de los dineros, se encuentra prófugo de la justicia con una alerta roja de Interpol.

A García, de nacionalidad venezolana, la Fiscalía lo identifica como socio de Pellegrini en la venta de bonos de petróleo de Venezuela. La Fiscalía sostiene que por esta cuenta se movieron $18 millones que se diversificaron a terceros.

Este hecho, que se inició a raíz de una querella interpuesta en julio de 2012 por los directivos de la casa de valores, Iván Clare y West Valdés, contabilizó un desfalco de $12 millones que supuestamente fueron a dar a cuentas de terceras personas y empresas ajenas a Financial Pacific.

En la audiencia preliminar los abogados de los imputados interpusieron recursos por prescripción de pena y anulación de la audiencia. En el primer caso, alegaban que el delito había ocurrido en 2009, y que debía aplicarse la prescripción de la acción penal. En el caso de nulidad, alegaban que del expediente se habían extraviado más de mil fojas y que antes de llegar a la audiencia preliminar, se debió celebrar una audiencia con la presencia de las partes para la reposición del expediente.

No obstante, el juez Barrios desestimó ambas situaciones. En la primera, la fiscal alegó que no se trata de un delito consumado, sino continuado, y que la última transacción bancaria se registró el 28 de mayo de 2012. Es decir, que la acción penal sigue vigente.

Con respecto a los incidentes de nulidad, la fiscal señaló que nunca se ha nombrado cuáles son las fojas que hacen falta. El juez indicó que se cercioró de que el expediente estuviera completo, ‘tal vez fueron incorporados en desorden, pero los actos están ahí’, dijo Barrios.

Cuando se dio paso a la audiencia preliminar, varios abogados, entre ellos Kevin Moncada, apoderado de Pellegrini, solicitaron un proceso abreviado, antes anunciando la inocencia de sus clientes, pero el juez desestimó la petición.

ACREDITACIÓN DEL HECHO

La fiscal inició su presentación con la salvedad de que si bien los directivos de Financial Pacific hoy enfrentan acusaciones por manejos irregulares en la empresa, en el caso del desfalco hay evidencias claras que apuntan a una serie de transacciones que se hicieron a favor de familiares de Pellegrini y sociedades que no mantenían relación con Financial Pacific.

Dos auditorías eran parte de sus evidencias. Ambas arrojaron resultados similares. Aunado a una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que de la cuenta Kasutai (una pirámide en la que invirtieron a título personal empleados y directivos de la casa de valores) se giraron cheques sin justificación a nombre de los señalados.

La Fiscalía alega que hubo una triangulación del dinero en perjuicio de los inversionistas de la casa de valores. Se determina que entre 2009-2012 Pellegrini realizó movimientos de fondos no autorizados por Financial Pacific ni por los clientes, desde las cuentas de bancos locales a cuentas no relacionadas por un monto de $6,784,822. En tanto, los egresos contabilizados suman $5,428,692, dando un total de $12,213,515.

No se ha podido determinar quiénes fueron los beneficiados de los $5 millones.

Supuestamente, Pellegrini realizaba un cuadro de control de las transacciones mensuales y mostraba diferencias en su descripción con respecto a lo reflejado en los estados de cuenta.

Alega que creó plazos fijos ficticios para cubrir los faltantes.

La Fiscalía apunta a Pellegrini de haber efectuado las transacciones, mientras que ésta alega que siguió órdenes de sus superiores. La fiscal se pregunta cómo los directivos le ordenarían transferir dinero a sus familiares. La fiscal Castro cuestionó que esos dineros se justificaran como comisiones de Pellegrini y que las mismas se remitieran a cuentas de sus familiares. Un aproximado de $156 mil.

También mencionó que un informe de auditoría halló que Kasutai adquirió dos departamentos a nombre de Good Employe Trainers.

Moncada, defensa de Pellegrini, desechó los alegatos de la Fiscalía. Dijo que se basaba en pruebas falsas. Enumeró que las sociedades anónimas que menciona la fiscalía son el resultado de una búsqueda en el Registro Público de las empresas en las que aparece el nombre de su cliente, pero que algunas ni siquiera tienen cuenta bancaria.

Explicó que Kasutai era una pirámide y cuando la plata se acabó salieron a flote las pérdidas. Dijo que en un principio todos obtuvieron ganancias, se invirtió plata de clientes y los propios ejecutivos de la casa de valores se animaron. Esto último lo respalda con cheques girados por los directivos Valdés y Clare a nombre de Kasutai.

Dijo que era falso que se haya adquirido una casa a nombre de la madre de su cliente.

‘Si bien es cierto se hicieron cosas no morales, no se enmarcan en el delito. Ella, Pellegrini, recibió un aproximado de $3 mil mensuales producto de sus comisiones, y se hicieron a nombre de terceros las transferencias para evitar pagar impuestos’, confesó el abogado.

Se preguntó qué pruebas tenía la Fiscalía para decir que su cliente es responsable de un desfalco por $18 millones. Seguidamente dijo que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) hizo un informe en el que responsabiliza a los directivos de la casa de valores de las irregularidades que ahí ocurrieron.

Añadió que las conciliaciones bancarias que hacía su cliente debían ser revisadas por los directivos, que la autorización de fondos de clientes para cubrir los faltantes de la casa de valores era por orden de los directivos, según informe de perito de la SMV.

También defendió el hecho de que las transacciones por ACH que le endilga la Fiscalía, fueron hechas con la clave de Clare. Por tanto, la duda sobre quién efectuó estos movimientos bancarios debe favorecer a su cliente.

Moncada, así como la defensa de Vivian Villarreal y de Carlos Pellegrini, solicitaron sobreseimiento definitivo para sus clientes.

LOS DINEROS DE FINANCIAL Y LOS TERCEROS

La audiencia preliminar continúa hoy con el resto de los alegatos de la defensa.

La fiscalía señaló que otra de las imputadas, Vivian Villarreal, recibió una transferencia por $106 mil sin tener relación con la casa de valores Financial Pacific. Indicó que no se pudo indagar a la imputada y, por tanto, le fue imposible conocer la razón por la que recibió el dinero.

Sin embargo, su defensa negó que Villarreal no estuviera disponible. ‘Estuvo dos meses detenida y el Ministerio Público nunca la indagó, cómo podemos llamar a juicio a alguien sin haber sido escuchada’, se preguntó el abogado Julio Pinzón.

También se defendió Carlos Pellegrini, hermano de Mayté Pellegrini, a través de su abogado, Sergio Morales.

Entre sus principales argumentos, Carlos Pellegrini indicó que en la auditoría forense se estipulaba que no fue una sola persona la que manejó los dineros de Financial Pacific, y mencionó algunas efectuadas por los directivos Iván Clare y West Valdés. ‘No solo los empleados hicieron movimientos bancarios, por qué no se investiga a todos’, cuestionó Pinzón.

También dejó constancia de que Valdés firmó cheques por arriba de un millón de dólares a favor de Kasutai Group, pero que ambos estaban protegidos por la administración anterior.

La Fiscalía señaló a Carlos Pellegrini como beneficiario de un cheque por $60 mil proveniente de Kasutai. Los fondos transferidos por Mayte Pellegrini eran dineros que, a su vez, se habían traspasado de Financial Pacific.

Cuando Carlos Pellegrini rindió indagatoria, admitió que giraba cheques de la empresa Good Employe Trainers, lo que lo vincula, según la Fiscalía, a la comisión del hecho.

Se trataba de dinero de los inversionistas, según Aida Castro, fiscal de descarga que atendió la audiencia.

Además de los mencionados, la Fiscalía llamó a juicio a Marcial García, Margorie Guerrero, Carmen Puerta, Carlos De León, Hernán Cortés (exejecutivo del banco que abrió la cuenta Kasutai y pasó cuatro años preso), Arturo Donahue y Stefanie de Donahue. Solicitó sobreseimiento provisional para Oscar Rodríguez y Norman Castrellón.

Por su parte, los abogados se opusieron a la solicitud de la Fiscalía, y solicitaron al Tribunal que al momento de emitir su resolución, dicte un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, al considerar que no existen los elementos probatorios que acrediten la conducta delictiva.

Adelita Coriat

 

Culmina hoy fase de entrevistas de los aspirantes a la Corte

La Comisión de Estado por la Justicia culmina hoy el periodo de entrevistas a los veinte aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los abogados Kathia Rojas y Rogelio Saltarín —este último señalado como uno de los ungidos del Órgano Ejecutivo para ser designado en uno de los dos cargos a magistrado— serán entrevistados hoy en la última jornada de este proceso.

Ayer fueron interrogados los abogados Juan Francisco Castillo, magistrado del Segundo Distrito Judicial en Coclé, y Edith Guizado Bonilla, jueza de garantías del SPA en Veraguas.

Durante su sustentación, Castillo sugirió, en futuras reformas constitucionales, considerar extender de dos a cuatro años el periodo del presidente de la CSJ.

Aseguró que, a nivel administrativo, un presidente de la Corte que se desempeña bien no tiene el tiempo suficiente en dos años para implementar su plan de trabajo.

ENTREVISTAS

Primera fase

Hoy desde las 9:00 a.m. será entrevistada Kathia Rojas, jueza del Juzgado Tercero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

Desde las 3:00 p.m. será entrevistado el abogado Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien representa a la Asamblea Nacional en la Comisión de Estado por la Justicia, intervino en la sustentación de Castillo para señalar que así como a un magistrado se le puede extender su periodo por su buen trabajo, se debe fijar un mecanismo para sacarlo del cargo si es malo su desempeño.

En tal sentido, el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien coordina la Comisión de Estado por la Justicia, recomendó un proceso de revocatoria de mandato.

Castillo manifestó que de llegar a ser nombrado como magistrado de la Corte, pedirá la designación de un portavoz judicial, para que de manera constante comunique lo que hace la institución.

En tanto, la jueza Edith Guizado Bonilla, quien aspira a ocupar la magistratura en la Sala Segunda de lo Penal, al ser entrevistada sobre la independencia que debe tener un funcionario judicial manifestó que el juez tiene que ser independiente y seguro en sus decisiones. ‘Cuando va a fallar, el juez tiene diferentes tipos de presiones, pero debe actuar basado en la Constitución y la Ley, utilizando los principios de la igualdad , imparcialidad y actuar con carácter’.

De igual manera, se refirió a la necesidad de hacer algunas modificaciones al Código Procesal Penal, ya algunas de sus normas han quedado en desuso, como los procedimientos especiales.

Guizado Bonilla también se mostró favor de los acuerdos de pena, a pesar de las críticas en la opinión pública. ‘No se pueden medir todas las causas por igual, esa es una salida anticipada de solución pacífica a los conflictos si no son aplicadas, de lo contrario colapsaría el sistema si todo llega a juicio’.

PRÓXIMA FASE

El procurador González calificó como positiva la fase de entrevistas, al hacer visibles a muchos aspirantes que ya son parte del sistema judicial.

Expresó que es importante que cuando se termine hoy con la primera etapa, se tenga claro que la segunda fase de pruebas psicométricas no será pública.

Detalló que estas pruebas, que se inician el lunes 21 de mayo y culminan el 28 de este mes, no serán para medir la conducta humana, sino para medir las cualidades y capacidades de los entrevistados, para tener un perfil más claro y con criterios objetivos.

Añadió que sí habrá un informe final, que será público, en donde se va a indicar, a juicio del Pacto de Estado por la Justicia, quiénes reúnen el mejor perfil para ser magistrado de la Corte Suprema. Este informe sería entregado al Ejecutivo a mediados del mes de junio.

Gustavo A. Aparicio O.

Turbulento escenario ante posible retorno de Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli parece haber tomado una decisión en torno a su situación en el proceso de extradición que se le sigue.

A 27 días de cumplir un año detenido en una prisión federal en Miami, EE.UU., los abogados del exmandatario analizan su posible retorno voluntario a Panamá, desistiendo así de los recursos presentados ante el Tribunal Federal de Atlanta, entre los que se solicitó una revisión de la fianza que había otorgado la jueza Marcia Cooke el 14 de febrero pasado y que está sujeta a la decisión de los magistrados de este Tribunal.

A esto se suma un punto que podría complicar el escenario político y judicial de su caso: el próximo torneo electoral, las primarias del partido Cambio Democrático y la situación de la Corte Suprema de Justicia.

La idea de regresar de manera voluntaria a su tierra podría tomarse como un cálculo político hasta cierto punto riesgoso, tomando en cuenta que no existe una norma que estipule un tiempo definido en que el Departamento de Estado de EE.UU. haga efectiva la entrega de un ciudadano solicitado en extradición.

Al desistir de los recursos de apelación que actualmente siguen su curso en el Tribunal Federal de Atlanta, el tiempo de retorno quedaría en manos del Ejecutivo norteamericano y del panameño. La decisión, entonces, sería meramente política.

El proceso de extradición detalla que una vez fuera de la esfera judicial, el extraditado queda en potestad del Departamento de Estado, entidad encargada de los arreglos y logística antes de la entrega del requerido. Esto previamente coordinado con el Estado solicitante, quien tiene que enviar una delegación a Estados Unidos para recibir a Martinelli y concretar la entrega.

El partido Cambio Democrático, del cual Martinelli es fundador —y presidente, hasta el 21 de enero de 2018— realizará elecciones primarias el domingo 12 de agosto.

Para esta aspiración, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias de Cambio Democrático, Emma Correa, Martinelli podría enviar al colectivo un poder ‘apostillado’ con su abogado o representante, en el que presente su deseo de competir como candidato.

La candidatura lo revestiría con un fuero electoral que impedirá que continúe el proceso penal en la Corte hasta que el Tribunal Electoral lo levante.

FISCAL PIDIÓ VACACIONES

Otro factor a tomar en cuenta es que al volver a Panamá, Martinelli deberá presentarse a una audiencia para que el fiscal de la causa, Harry Díaz, sustente la acusación en su contra.

Cabe señalar que el 8 de mayo pasado, Díaz envió una misiva a sus colegas en la que comunicó que hará uso de 17 días de vacaciones, a partir del 6 de agosto, hasta el día 22 del mismo mes.

En este sentido, Díaz designó como suplente de su despacho al magistrado Wilfredo Sáenz. No obstante, según el magistrado Díaz, su suplente no podrá ocupar su lugar como fiscal acusador en el único caso —de los ocho que están en la Corte—, por el cual se podría juzgar a Martinelli tras su retorno a Panamá, ya que así lo exige el Tratado de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos.

En todo caso, a su llegada a suelo panameño, Martinelli deberá acudir a una audiencia, en la que participarían los nueve magistrados de la Corte, para la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, dependiendo de las consideraciones que se le concedan. Por ejemplo, en razón de su supuesto deterioro de salud, podría solicitar casa por cárcel o detención preventiva en un hospital.

Recordemos que la Corte declaró en rebeldía a Martinelli en octubre de 2017 y el fiscal Díaz lo acusó de los delitos de peculado, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

EL ANUNCIO

En horas de la mañana de ayer, corrieron rumores sobre el regreso voluntario del expresidente Martinelli a Panamá. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, convocó a la prensa nacional e internacional a una conferencia ‘urgente’ a las 4:45 p.m. en un restaurante de la localidad. El anuncio llegó acompañado de un retrato en blanco y negro del rostro del expresidente.

Repentinamente, una hora más tarde, Camacho lanzó un nuevo tuit con la misma urgencia, en el que cancelaba el encuentro: ‘URGENTE: El restaurante en que habíamos anunciado se realizaría la conferencia de prensa de la oficina del expresidente Martinelli nos canceló la reservación por problemas ‘técnicos’, lo cual nos obliga a posponer la conferencia de prensa anunciada; agradecemos su comprensión’.

No se explicaron las razones, pero en un intervalo de una hora algo cambió.

RETORNO VOLUNTARIO

Una de las formas de minimizar los riesgos de espera de extradición, según el abogado internacional Francisco Carreira, ‘es lograr un acuerdo entre las partes: la Fiscalía, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la contraparte panameña, y el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida’.

Si manifiesta que desea retornar voluntariamente, tendrá que desistir de la apelación de fianza, así como de la apelación a la certificación de extradición, que en este momento corren los 30 días que concedió el tribunal a la defensa para presentar sus argumentos.

‘Sus abogados en Estados Unidos tendrán que informar al juez Edwin Torres que su cliente acepta voluntariamente la extradición y éste convocará a una audiencia’, añade Carreira.

‘Esta audiencia tiene como propósito determinar que la decisión de Martinelli es voluntaria, que nadie lo obliga, o lo hace bajo ningún tipo de presión’, explica el jurista.

En la audiencia el juez interrogará a Martinelli. Sería la primera vez que lo haga directamente desde su detención.

Una vez que esté satisfecho de que la decisión es voluntaria, entonces procederá a certifica la extradición y a enviar el expediente al Departamento de Estado para su implementación.

Al pasar a manos del Departamento de Estado, continuará preso Martinelli, hasta que la entidad haga efectiva la entrega.

‘No hay norma que dicte el tiempo que esto puede tardar, es una decisión ejecutiva, puede demorarse o acelerarse. Es el momento en que Martinelli realmente queda en manos de políticos. Corre el riesgo de que Panamá le pida al Ejecutivo norteamericano cuándo enviarlo, puede ser que los norteamericanos no sigan la petición del Ejecutivo panameño’, manifestó Carreira.

La logística se centra también en temas como dónde van a entregar al expresidente, quién lo va a recibir. Todo esto forma parte de la transferencia de la custodia del solicitado.

‘Es un problema policial, el Ejecutivo panameño tendrá que enviar una delegación panameña a Miami a recibirlo y traerlo a Panamá en un vuelo comercial o en un avión especial. Esa es una decisión del Ejecutivo panameño’, apunta Carreira.

Todo esto debe ser explicado al juez para que dé su visto bueno. Los fiscales y el Ejecutivo estadounidense también deberían estar de acuerdo.

Así las cosas, a su regreso, las autoridades tendrán que juzgar a Martinelli únicamente por los cargos que solicitaron su extradición: peculado por la pérdida del equipo Pegasus adquirido en Israel, y por inviolabilidad del secreto por haber escuchado las conversaciones de 150 personas.

En política juegan otros factores. Tal vez Panamá no esté listo para recibir a Martinelli por los tiempos políticos que vive, o que imponga ciertas condiciones para su regreso, que pueden incluir tiempo y lugar donde permanecerá preso a su regreso.

Carreira recuerda que el gobierno puede pedir una nueva extradición por otro delito, lo que podría convertirse en otra carta de negociación ante su regreso.

Al final, el ajedrez permite muchas jugadas; si el gobierno panameño quisiera que Martinelli permanezca en Estados Unidos puede presentar otro caso de extradición.

El 16 de julio está pendiente la audiencia de apelación de la fianza ante el Tribunal Federal de Atlanta, que está programada en Miami, Florida, en la que podría estar presente el Martinelli, aunque no es una práctica muy usual.

Los abogados pueden tener intenciones y hacer anuncios, señala el especialista, ‘pero al final hay que ejecutar la extradición y puede tomar el tiempo que estipulen los dos Ejecutivos’ .

 

Adelita Coriat