juez

Juez de garantías reprograma audiencia a Ventura Ceballos

Por decisión del juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Francisco Carpintero, se reprogramó para el 29 de noviembre a las 10:00 de la mañana la audiencia de Gilberto Ventura Ceballos, que estaba prevista para este martes 14 de noviembre.

La medida se adoptó luego de que el juez de garantías constatara, a través de la oficina judicial, que a pesar de ingentes esfuerzos para lograr la notificación a las partes, fue imposible, por diferentes inconvenientes.

Además, una de las imputadas con la medida cautelar de casa por cárcel no pudo asistir debido a que acaba de dar a luz.

A este acto asistieron en representación del Ministerio Público, el fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza; además de los defensores particulares Emiro Córdoba y Rodolfo Pinzón; y los defensores públicos Carlos Herrera Ruiz, Nora Martínez, Neybi Palma y Carlos Torres, este último a quien el imputado dominicano no aceptó su representación, y designó en el mismo acto al abogado particular Rogelio Cruz, quien ya anteriormente había formado parte de su equipo de defensa.

Cruz informó a La Estrella de Panamá que ha interpuesto un habeas corpus para evaluar la legalidad de la medida de detención preventiva que enfrenta su cliente. El defensor explicó que la norma establece un año como mínimo de detención preventiva, pero su cliente lleva cinco.

Redacción La Estrella de Panamá

 

 

noticia-juezabogadosdepanama

Juez validará nuevas confesiones relacionadas con Odebrecht

Un juzgado panameño validará el próximo jueves las confesiones que un implicado en el caso Odebrecht ofreció a la Fiscalía del país centroamericano y que guardan relación con el pago de sobornos por parte de la multinacional, informaron hoy fuentes judiciales.

El titular del Juzgado Décimo Segundo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, decidirá en una audiencia pública, que se celebrará en una sala del Supremo, si considera válidas las delaciones del implicado, cuya identidad no será desvelada hasta el jueves, y si por tanto reduce la pena o archiva la causa en su contra, indicó el Ministerio Público en una nota.

El pasado 9 de noviembre el magistrado Carrasquilla validó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía panameña y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones y el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

La constructora brasileña se comprometió en el acuerdo a pagar en 12 años los 220 millones, de los cuales ya ha depositado 10 millones, que serán descontados del monto total.

Carrasquilla también validó los testimonios ofrecidos por Andre Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá, y por dos operadores financieros de la firma, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, y archivó las causas en su contra por blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Durante esa audiencia, la fiscal panameña anticorrupción, Zuleyka Moore, desveló que Rabello confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, entre los que se encuentran cerca de 55,8 millones de dólares a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

Rabello, que compareció en la audiencia del pasado jueves en una videoconferencia desde el consulado panameño en Sao Paulo, Brasil, para ratificar los datos ofrecidos por la Fiscalía panameña, también acusó en sus declaraciones a los exministros de Martintelli Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford.

La fiscal Moore explicó que el exdirectivo aseguró en sus delaciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.

En audiencia se ratificaron datos sobre el supuesto pago de los sobornos que habían sido filtrado a la prensa local durante el último año, y que ya han sido rechazados por casi todos los involucrados.

Por el caso de los sobornos de Odebrecht están procesadas 63 personas en Panamá, entre ellas, los dos hijos de Martinelli, sobre quienes hay una orden de búsqueda y captura.

Odebrechet, que llegó a Panamá en 2006 y tiene cerca de 8.000 trabajadores en el país, es la principal contratista del Estado panameño y actualmente ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.

 

EFE

noticia-hijosdemartinelli-odebrecht

Hijos de Martinelli reiteran su disposición a cooperar con investigación en caso Odebrecht

Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli, manifestaron en un comunicado difundido este domingo que han presentado en reiteradas ocasiones su disposición a cooperar con el Ministerio Público (MP), desde que fueron objeto de acusaciones que los vinculan al caso de la constructora brasilera Odebrecht.

Aseguraron estar dispuestos a “dar la cara en iguales condiciones que otras personas nacionales y extranjeras, investigadas también por el Ministerio Público”.

“No pedimos nada diferente, solamente trato igualitario”, manifestaron en la misiva, asegurando que han solicitado el respeto a las garantías constitucionales y que se les negaron las condiciones legales básicas para exponer y sustentar sus aclaraciones.

COOPERACIÓN

Explicaron que aunque desde julio 2006 notificaron a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (FEA) sobre su interés de colaborar con las investigaciones, ello no ha sido posible.

“A pesar de ese escenario desfavorable, nos mantenemos en disposición de entablar un diálogo con el  Ministerio Público a fin de cooperar”, expresaron, asegurando que una vez que las autoridades competentes atiendan a su “insistente” llamado para colaborar y se les concedan las garantías legales que prevé la ley, ofrecerán las aclaraciones que les sean solicitadas.

Port otra parte, los hermanos Martinelli aseguraron desconocer a Luis Eduardo Da Rocha Soares y a Olivio Junior Rodríguez, así como la inexistencia de relaciones comerciales o financieras con Rodrigo Tacla Durán.

El pasado jueves, se celebró la audiencia de validación u homologación del acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y directivos de Odebrecht en la que la lista revelada por la fiscal anticorrupción Zuleika Moore durante la sustentación, figuran los hijos del exmandatario panameño,  varios de sus ministros, su excandidato presidencial José Domingo Arias, así como un bufete de un actual diputado oficialista y otro colaborador del gobernante Partido Panameñista.

Yandira Núñez

 

noticia-abogados-romulo

“Nadie se cree que solo el CD esté metido en Caso Odebrecht”, Roux

El dirigente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, calificó como “muy poco creíble” el que solo se haya señalado a miembros del colectivo de oposición como involucrados en el Caso Odebrecht, tras el acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y la empresa brasileña.

“Lo que sí este pueblo no se cree es que habiendo iniciado operaciones en el 2006, solo resulten miembros del CD supuestamente involucrados”, apuntó Roux.

El ex directivo de Odebrecht en Panamá, André Rabello, señaló a los exministros de Ricardo Martintelli, Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford, de haber cobrado 7, 4, 10 y 1,8 millones de dólares, respectivamente, producto de las operaciones de la empresa en el país.

Al respecto, Roux precisó que ni él, ni el partido Cambio Democrático se han opuesto a que se hagan investigaciones en casos de supuesta corrupción, “porque rechazamos la corrupción venga de donde venga”.

Sin embargo, hizo énfasis en que se requiere que la justicia sea objetiva. “No puede haber selectividad”, señaló Roux, al tiempo que reiteró que debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia.

Además de los ex ministros del gobierno de Martinelli,  fueron señalados otros ex funcionarios, como el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini (1,6 millones de dólares), el excónsul panameño Jaime Lasso (700.000 dólares) y el exdirector del Ministerio de Obras Publicas Carlos Ho (500.000 dólares), así como la firma de abogados Rosas y Rosas (3,4 millones de dólares), propiedad del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas.

Julio Alfaro

 

noticia-odeb-caso

Garantizan transmisión “sin problemas” para audiencia del caso Odebrecht

Desde el punto de vista tecnológico, todo está listo para que se produzca la transmisión de la audiencia de validación de un acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, este jueves en la Corte Suprema de Justicia.

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Irvin Halman, precisó que tras un pedido del Órgano Judicial, se han realizado las pruebas que garanticen que se produzca el enlace para que la audiencia se haga de manera simultánea, con comunicación directa entre Panamá y Brasil.

Halman enfatizó que se envió personal de la AIG a Brasil, a fin de que se tenga debidamente establecido todo lo que tecnológicamente encierra una transmisión continua, y que según el funcionario, “podría extenderse por seis horas”.

Destacó que la AIG ha hado los equipos necesarios al Órgano Judicial, tanto para la recepción y emisión de señal, tanto por la vía del internet como por Skype, sistema que se utilizará para el contacto con quienes intervengan en la audiencia.

“Nuestro personal estará monitoreando los enlaces de internet y la plataforma de Skype, de manera que no haya problemas durante esta diligencia judicial”, apuntó Halman.

Enfatizó que se hicieron múltiples pruebas desde que se le solicitó de parte del Órgano Judicial a la AIG, tanto en equipos como en conectividad dentro de la Sala de Casación, en donde se realizará la audiencia, hasta el Consulado en Brasil, donde se dará la contraparte de la diligencia judicial.

 

 

Julio Alfaro

noticia-rodrigo-sacar

Martinelli reconoce por escrito lealtad de Rodrigo Sarasqueta

Desde una solitaria y pequeña celda en el Centro Federal de Detención de Miami, Estados Unidos, el expresidente Ricardo Martinelli ha tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre aspectos como la lealtad.

En medio de las vicisitudes por las que atraviesa como empresario multimillonario que en la lejanía de su tierra y, de manera especial, por estar confinado en esa cárcel desde el 12 de junio pasado, ha tenido tiempo para la mejor lección de vida que no se encuentra en ningún libro.

Dicen quienes lo frecuentan que de seguro Martinelli ahora sí cree en el pensamiento de Forrest Mars, Jr., magnate de la confitería y la chocolatería que falleció el año pasado: ‘Los verdaderos amigos se encuentran en tres lugares: cuando estás en la cárcel, en el hospital y cuando estás en tu velorio’.

Con más ganas hoy que nunca de vivir y con un estado de salud bastante aceptable para un hombre de 65 años de edad, Martinelli sopesa cada minuto que ha estado encerrado en aquella prisión.

Narran algunos, entre los muy pocos que pueden visitarlo en la penitenciaría de Miami, que al exmandatario que gobernó a Panamá durante el periodo 2009-2014, ahora se le aprecia más reflexivo, cauto y caviloso.

Enjaulado como un criminal común y corriente, hasta que el sistema judicial de Estados Unidos decida final e inapelablemente que permanezca libre en tierras del norte o sea extraditado a Panamá, Martinelli empieza a mostrar las primeras señales por su cautiverio.

La Estrella de Panamá obtuvo, de manera exclusiva, un manuscrito firmado por Martinelli y entregado a quien fuera su colaborador de confianza durante cinco años, Rodrigo Sarasqueta, hoy precandidato presidencial por Cambio Democrático (CD)

Sarasqueta insiste en que el CD es el único y verdadero partido político de oposición al gobierno de Juan Carlos Varela.

Con fecha del pasado 17 de octubre, Martinelli le dice a Sarasqueta que, en caso de ganar las primarias presidenciales de CD, ‘puedes contar con todo mi apoyo’.

‘Gracias por todo lo que haces y has hecho por mí’, añadió en la misiva Martinelli, quien todavía se mantiene como presidente y líder absoluto de CD.

La carta de Martinelli a Sarasqueta concluye con un lapidario ‘yo no olvido eso’ [ver imagen adjunta].

Preguntado sobre el motivo de la curiosa misiva que llegó desde la cárcel de Miami, Sarasqueta, en primer lugar, mostró sorpresa porque, según él, son pocos los que conocen la nota en mención. No obstante, asegura que el documento es genuino.

‘No te puedo precisar el por qué de la carta, pero puedo asegurar que Martinelli, desde la cárcel de Miami, ya se percató de quiénes demuestran lealtad y quiénes no’, comentó.

Inquirido sobre si los otros presidenciales de CD han recibido una comunicación similar, Sarasqueta respondió con un rotundo ‘no’.

‘En estos instantes, Martinelli sabe a la perfección no solo quiénes se mantienen fielmente a su lado, sino también, y de manera principal, quiénes son todos los traidores dentro del partido CD, algunos de manera solapada y otros con un desparpajo olímpico’, indicó Rodrigo Sarasqueta.

Carlos Anel Cordero

 

noti-abo-juaticia

Justicia penal, el punto débil de la institucionalidad

La justicia penal ha sido el ‘talón de Aquiles’ de la institucionalidad panameña durante mucho tiempo. Así quedó demostrado en el Índice del Estado de Derecho de 2016, elaborado por Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), que dio una mala evaluación a Panamá en este renglón de la administración de justicia.

El WJP es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de derecho y en su más reciente estudio, que utiliza más de 112,700 encuestas, colocó a Panamá en el puesto 107 de 113 países.

Al resultado de este informe internacional se suman los últimos cuestionamientos sobre el comportamiento a las autoridades judiciales frente a las investigaciones de los casos complejos. La Estrella de Panamá consultó a diferentes expertos sobre este estudio y la realidad nacional en justicia penal.

Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que para cuando se elaboró el índice el país mostraba un nivel de desarrollo bajo en justicia penal por la falta de implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que entró a regir en 2016 en el Primer Circuito Judicial, donde se produce la mayor criminalidad y donde se concentraba la mayoría de los presos sin condena.

Lee agregó que, en materia de justicia penal, perseveraba una mora judicial que ofendía la dignidad humana.

Panamá reportaba la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100,000 habitantes), después de Cuba y El Salvador, según el informe del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios publicado en 2015.

Para esa época, los detenidos esperaban más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito, según el portal Americas Quarterly.

Lee, sin embargo, espera que la justicia penal mejore con el nuevo sistema y que en la evaluación del índice de este año Panamá pueda mejorar su posición en la variable justicia penal. ‘El compromiso del Estado es limpiar todos los despachos y ponerlos al día’, dijo.

Según Lee, con el nuevo sistema los detenidos serán solo los que tienen una condena firme y los periodos de detención preventiva son mucho más cortos. Estos cambios deben reflejarse de forma positiva en una nueva evaluación.

Por su parte, Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), reconoce que el SPA es más ágil. Sin embargo, considera que mientras no se implemente la Carrera Judicial, se cuente con jueces capacitados, independientes e íntegros y un tribunal de ética y disciplina, no se resolverá el rezago judicial.

‘En Panamá estamos sobrediagnosticados’, dice la representante de Movin, al agregar que el Pacto de Estado por la Justicia tiene la hoja de ruta para resolver los principales problemas, pero, a su juicio, ha faltado voluntad en el Órgano Judicial.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz señaló que ‘no hay voluntad política para transformar la justicia’, pues la tardía implementación del SPA reflejó poco compromiso por un sistema colapsado.

Otro factor que impide que Panamá aparezca como un país comprometido en materia de justicia penal es la interinidad de los funcionarios y la coexistencia de dos sistemas procesales.

En este sentido, los magistrados de la Corte dispusieron que a partir del 1 de enero de 2018 todos los procesos se desarrollarán bajo el SPA.

Araúz considera, además, que la falta de recursos económicos también ha afectado al sistema.

A la Procuraduría General de la Nación se le recomendó un presupuesto de $116.6 millones para 2018, mientras que al Órgano Judicial se le recomendaron $159 millones.

Tanto la Procuraduría como el Judicial solicitaron reevaluar las propuestas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de garantizar una mayor efectividad en la administración de justicia.

‘Tenemos un catálogo de causas que nos apartan de una puntuación aceptable’, añade Araúz.

El abogado, especialista en derecho procesal, concluyó que las autoridades no han presentado un catálogo de las carencias del sistema que permitan orientar los esfuerzos a satisfacerlas. ‘Este gobierno va de salida y no se ve su legado en la modernización de la justicia’, dijo.

La desconfianza de la sociedad en el sistema judicial es otro factor a tomar en cuenta. En Panamá, el 55% de las víctimas prefiere no presentar una denuncia, según el Índice de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El documento revela la poca confianza en el desempeño de la justicia. La versión de 2013 de este estudio científico muestra que, en una escala de 0 a 100, los entrevistados le asignan a la justicia una calificación que no llega a 30.

LA CORRUPCIÓN

El Índice del Estado de Derecho también mide la variable ‘ausencia de corrupción’, en la que el país se ganó el puesto 65 de 113 países.

Lee prevé que los escándalos de corrupción relacionados al pago de sobornos de la transnacional Odebrecht en Panamá entre 2009 y 2014, que suman $59 millones, contribuirá negativamente en la próxima evaluación de Panamá, que está en elaboración.

‘Yo creo que allí vamos a estar peor’, adelantó Lee. A su juicio, los estamentos del gobierno no han reflejado un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción.

Como ejemplo, Lee pone la recién aprobada ley de contrataciones en la que, a su criterio, se dejó ventanas abiertas para la corrupción.

En la variable orden y seguridad, Panamá tampoco alcanzó el mejor desempeño. El país se ubicó en el puesto 73 de 113 países. En este caso, Lee recalca que no hay un plan ni una política clara con la seguridad ciudadana.

En 2007, el rubro de seguridad pública tuvo un presupuesto de $185.5 millones y en 2017 fue de $623.3 millones, lo que representa un aumento de $437.8 millones en diez años.

ESTADO DE DERECHO

En cuanto al Estado de derecho, que reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, Panamá se ubicó en el puesto 17 de 30 países de América Latina. Costa Rica ocupó el segundo lugar, solo por debajo de Uruguay.

Entre 113 países, Panamá se ubicó en el puesto 62.

Marlene Testa

 

noticia-ruso-magistrada

Magistrada Russo salva su voto en polémico caso

El tema de ‘los niños pobres de Panamá’ y una herencia millonaria continúa vigente. El 16 de octubre de 2107, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la casación en el proceso de la demanda presentada el 12 de junio de 2007 ante la Fiscalía Decimocuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá por la firma forense Infante & Pérez Almillano contra Richard San Lehman por los delitos de calumnia e injuria en actuaciones judiciales en perjuicio del abogado Héctor Ernesto Infante.

La Sala de lo Civil condenó a Sam Leham a pagar a favor de Infante & Pérez Almillano a la suma de $1,000 en concepto de daños a raíz de una serie de ataques que el demandado dirigió contra dicho bufete, tanto en Panamá como en otras latitudes, ‘haciendo señalamientos falsos e inescrupulosos contra la imagen, honorabilidad y prestigio del bufete, como de los socios que lo integran’. Las costas, según el fallo de casación, suman $750.

SALVAMENTO DE VOTO

DATOS

La denuncia fue presentada en junio de 2007

El juez Decimoséptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley desestimó las pretensiones de la demandante por la falta de pruebas. La decisión se tomó en septiembre de 2009.

En la decisión se dijo que las costas a cargo de la sociedad civil demandante se fijaban en la suma de $3 millones.

En la casación la magistrada Russo salvó su voto y no apoyó la decisión de sus colegas Harry Díaz y Hernán De León.

En el salvamento de voto, la magistrada presentó su ‘disenso a la resolución adoptada por la mayoría dentro de este proceso’.

‘Tanto las costas como la condena por daño moral por $1,000 frente a una prestación de reclamo de responsabilidad civil por $55 millones es desproporcionada, ya que nada dice la decisión sobre cómo se arribó a esa cifra tendiendo en cuenta que las pruebas periciales tasaban el daño a más de tres millones de dólares. Hay ausencia de motivación en ese sentido, afectando entonces la tutela judicial efectiva’, señaló Russo en el salvamento de voto plasmado en un documento de cinco páginas.

‘Muy respetuosamente, no avalo esta nueva decisión, ya que me mantengo en el primer enfoque que circuló, que llegó a estar en limpio y firmé en un principio. Se fundamentaba en que las pruebas que fueron aportadas al proceso son trasladas y que no cumplieron con las formalidad de los artículos 795 y 923 del Código Judicial’, detalló la abogada en el argumento.

La magistrada sigue detallando en sus argumentos que ‘las pruebas que fueron ‘justipreciadas’ en alzada carecieron de contradictorio y mucho menos de la bilateralidad procesal que debe mantener un proceso. El demandado no tuvo la oportunidad procesal de contradecir los medios de prueba que se mencionan en la sentencia de casación. Esta inferencia daba lugar a confirmar la sentencia de primera instancia’.

La magistrada Russo, que no está de acuerdo con la decisión de los magistrado De León y Díaz, advierte en el escrito que ‘todos los señalamientos dirigidos a su ponderación son descartables. Lo aprobado por la mayoría es soslayar el cumplimiento del derecho de la defensa y el debido proceso, pues se incumplió con los principios del contradictorio y la bilaterialidad del proceso, dando lugar a una violación de garantías constitucionales y derechos humanos consagrados en la convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 32 de la Constitución’.

DECISIONES ANTERIORES

El juez Decimoséptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, desestimó las pretensiones de la firma demandante por la falta de pruebas. La decisión se tomó en septiembre de 2009.

Originalmente se decidió que las costas a cargo de la sociedad demandante se fijaban, por disposición de los artículos 1071 del Código Judicial, en la suma de $3 millones.

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial resolvió confirmar el pronunciamiento habido en sede de apelación, en virtud de sentencia el 24 de junio de 2013.

Ismael Gordón Guerrel

 

noti-abo-mosaac

Primera condena en la trama del caso Mossack & Fonseca

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró un acuerdo de pena con una extrabajadora de un banco por la trama de la firma de abogados Mossack & Fonseca relacionada con el escándalo de Petroecuador.

El acuerdo de pena, a sesenta meses de prisión, fue validado por el Juzgado Decimoctavo de Panamá en una audiencia realizada este martes.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitieron identificar las sociedades utilizadas para ocultar la identidad de los destinatarios del dinero ilícito, las personas naturales utilizadas como firmantes en las cuentas involucradas, la identidad de los propietarios de dichas sociedades y la trazabilidad de las transacciones bancarias, realizadas en territorio panameño, informa un comunicado del Ministerio Público.

Esto, añade el documento, logró desvelar la identidad de los firmantes y beneficiarios finales de las distintas cuentas bancarias utilizadas para recibir y transferir dineros ilícitos procedentes de actos de corrupción de servidores públicos ocurridos en el extranjero, específicamente, relacionado a las investigaciones por corrupción en perjuicio de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador.

En el comunicado de la Procuraduría panameña no menciona el nombre de la persona condenada, como tampoco el banco en el que laboraba y que fue usado para las transferencias.

De esta manera, el Ministerio Público logra la primera condena por el escándalo internacional de Mossack & Fonseca.

Uno de los socios de la firma (Jurgen Mossack) negó, en agosto pasado, cualquier vinculación del bufete con el escándalo de Petroecuador.

 

 

José Arcia

noticia-asamblea-cierra-sesiones

Asamblea cierra las sesiones con varios temas en agenda

La Asamblea Nacional, concluyó ayer el primer periodo de la cuarta legislatura de sesiones ordinarias. Son los primeros cuatro meses de Yanibel Ábrego como presidenta en los cuales hubo proyectos de ley cuestionados, contrataciones polémicas y declaraciones señaladas.

Ábrego, quien pertenece a la bancada de Cambio Democrático, una vez llegó a la presidencia defendió el decreto que pretendió regular las donaciones de los diputados que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional.

Los cuestionamientos de diversos grupos de la sociedad civil organizada obligaron a Ábrego a acatar el mandato de la Corte y tuvo que anunciar la prohibición definitiva para tramitar donaciones a través de los diputados. La diputada devolvió a la Contraloría 514 cheques que estaban pendientes de trámites para diversas donaciones, las cuales ascendían a $2 millones.

Freddy Pittí, representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional y Comisión de Reformas Electorales, recordó cómo la diputada presidenta de la Asamblea Nacional defendió las donaciones, un acto inconstitucional. ‘Nada ha cambiado’, sentenció el joven Pittí, quien agrega que los diputados no están cumpliendo con el mandato de la Constitución.

De acuerdo con Pittí, los diputados no se esfuerzan por hacer lo mejor y es por eso que cada día crece su rechazo.

La primera legislatura de Ábrego será recordada por la actuación del diputado Luis Barría, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Contrario a la Constitución Política, Barría y los demás diputados de la Comisión de Presupuesto modificaron el Presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal de 2018.

La decisión obligó a la Presidencia de la Asamblea a salir a asegurar que en su legislatura se respeta la Constitución y el proyecto de ley que estaba en segundo debate fue devuelto a primer debate para corregirlo.

‘Hemos visto una Asamblea sin agenda propia, sumisa al Ejecutivo, desconectada de los problemas del país, perdida en la discusión de proyectos irrelevantes cuando no está simplemente ratificando los proyectos del gobierno’, reclama el politólogo Richard Morales.

COMPRA DE CINCO AUTOS

En la recta final, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tomó la decisión de comprar cinco autos nuevos de lujo. El costo de los cinco vehículos superaba los $306 mil.

TEMAS POLÉMICOS

Los cuatro meses de Yanibel Ábrego

Al asumir su cargo, la presidenta de la Asamblea intentó ‘darle la vuelta’ a los donativos.

Javier Ortega presentó un proyecto de ley para llamar ‘pindín’ a la música típica.

Luis Barría y diputados de la Comisión de Presupuesto modificaron el presupuesto del Canal.

Se intentó comprar de cinco autos por $306 mil.

El contralor de la República, Federico Humbert, en declaraciones por el rechazo a la acción, informó que se le había recomendado a la Presidencia de la Asamblea Nacional la adquisición de tres autos nuevos, porque el alquiler resulta más costoso para las arcas del Estado, pero no sugirió adquirir cinco autos como se pretendía.

‘Han defendido los privilegios y continuado las prácticas corruptas, los lujos, prebendas, nombramientos, partidas disfrazadas, es una Asamblea atrapada en sus contradicciones, que responde únicamente a la avaricia de los diputados’, reclamó Morales.

Ante las críticas, la presidenta de la Asamblea decidió comprar solamente tres nuevos autos.

La diputada Ábrego, al cerrar la primera legislatura del cuarto periodo. detalló que se aprobaron 55 proyectos de ley en tercer debate, que supera el número de aprobaciones de otros periodos.

La gestión legislativa de estos primeros cuatro meses también incluye la presentación de 82 proyectos de ley, 52 de los cuales son iniciativa de los diputados, 29 del Ejecutivo y uno por parte de otras instituciones.

También se realizaron 66 sesiones plenarias, 63 ordinarias y dos sesiones solemnes.

Ismael Gordón Guerrel