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Diputados aprueban en tercer debate el distrito del Norte

En medio de aplausos y respaldo por parte de los moradores de Panamá Norte a esta iniciativa, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley Nª. 35, que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá.

Esta iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta área. El proyecto consta de 31 artículos.

El diputado proponente, Luis Barría, calificó de conveniente el proyecto porque está basado en la organización para obtener un mejor desarrollo en esas comunidades.

Barría dijo que el primer alcalde del distrito el Norte se eligirá en el 2024, lo que refleja que habrá tiempo para futuras organizaciones alcaldicias. Barría hizo referencia que esta no es una ley improvisada y ha sido plenamente analizada.

El sustento de la propuesta establece que la población residente del sector norte del distrito capital, alcanza un aproximado de 300,000 habitantes, por lo que requiere contar con una alcaldía que preste una atención puntual a los problemas de la comunidad.

En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez afirmó que este proyecto no llenará las verdaderas expectativas en beneficio de la población, y destacó que “cuando se elijen carencias se distribuyen pobrezas”.

El proyecto indica que esta división política que se pretende realizar permitirá la dotación de estructuras públicas, aumentar el desarrollo económico, captación de sumas significativas en concepto de impuestos municipales y generar una actividad económica sólida.

La iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, el cual estará conformado por los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres.

Por otro lado, el diputado Leandro Ávila señaló que es conveniente el proyecto, aunque reconoció que la iniciativa tiene algunas falencias.

Redacción Digital La Estrella

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Martinelli acude a la Corte Suprema de Estados Unidos

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli acudió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para interponer un habeas corpus .

Como un último intento, antes de celebrarse la audiencia de extradición el próximo 3 de agosto, los abogados del exmandatario interpusieron un recurso ante los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el que indican que desde hace 114 años se viola el debido proceso porque se ha interpretado erróneamente el tema de la fianza en los procesos de extradición.

‘LA CORTE HA MALINTERPRETADO DURANTE 114 AÑOS LA FIANZA EN CASOS DE EXTRADICIÓN’,

DEFENSA

RICARDO MARTINELLI

La información, que publicó el diario Miami Herald, explica que el equipo legal de Martinelli argumentó que la Corte malinterpretó erróneamente la petición de Martinelli sobre los paquetes de fianza, y tiene una fuerte predisposición sobre las fianzas en casos de extradición.

La creencia de que esta ‘decisión, o presunción ilegal ha prevalecido en casos de extradición por tantos años, ahora la hace obligatoria en todo el país’, sostienen los abogados David O. Markus y Ricardo Bascuas en la petición para un derecho a un habeas corpus. ‘Solo esta Corte puede resolver la confusión que existe en este momento’, se lee en la nota del Miami Herald .

Francisco Carreira, abogado que tramita casos en juzgados norteamericanos, recuerda que en el ‘caso de Wright vs Henkel, una decisión adoptada en 1903, la Corte determinó que no había fianza en los casos de extradición. Es un caso insignia en la materia que define lo que es el derecho a fianza en la extradición. La defensa de Martinelli ha creado argumentos en vista de que le han negado la fianza (por el juez Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de la Florida) , y es una materia que la Corte Suprema pudiera ver si la considera de emergencia’.

La defensa basa su petición al esgrimir que esta decisión ‘tiene un efecto en el debido proceso y las cortes lo han malinterpretado, ‘esto afecta el debido proceso de su cliente’, explican.

Dos abogados más se sumaron al equipo de defensa de Martinelli, David O. Markus y Ricardo Bascuas. El primero es un abogado penalista reconocido en Estados Unidos que maneja un bufete con reputación de ganar casos criminales difíciles. Es un bufete boutique que acepta pocos casos para dedicarles máxima atención a los clientes. Markus es graduado en Harvard, un jurista con fama de ser ‘un abogado malignamente inteligente y terrífico en la Corte’, según se lee en el portal que anuncia sus servicios. Sus clientes lo definen como un jurista ‘todo en uno’, creativo y tenaz.

Mientras que Bascuas formó parte de la defensa del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, y logró la fianza de su cliente argumentando que no existía un tratado de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos. Arias se encontraba en Estados Unidos y era requerido por el gobierno colombiano por delito de corrupción, pero Bascuas argumentó que el tratado bilateral firmado en 1979 no había sido ratificado.

La mala noticia para Martinelli es que los magistrados están de vacaciones y retornan al trabajo la primera semana de octubre próximo.

En la Corte Suprema de Estados Unidos es necesario que cuatro de los nueve magistrados (que no tienen suplentes) estén de acuerdo con el caso. Esto no significa que, aunque se encuentren de vacaciones, no les notifiquen sobre lo que sucede en sus despachos. Pero, ‘si justifica escuchar el tema, interrumpen el receso’ y atienden el caso, añadió Carreira.

La Corte de Estados Unidos no tiene un término por ley que exija responder en un tiempo definido. Cuando la Corte niega una aplicación, por lo general no emite escrito alguno, pero cuando la acepta, existe al menos una opinión de algún magistrado.

Este proceso no interrumpe la audiencia programada para agosto próximo.

Adelita Coriat

 

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La SIP envía misiva a OFAC preocupada por crisis de GESE

Dirigida directamente a Steven Terner Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), y a John Smith, director de La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una carta para declarar su preocupación por la situación de los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá .

‘LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA CONSIDERA QUE ESTÁ DECISIÓN ES UN CASTIGO DIRECTO A DOS IMPORTANTES PERIÓDICOS’,

CARTA

Según la organización continental, que agrupa y representa a 1,300 medios de comunicación, la decisión de la OFAC de no renovar la licencia de operación para los diarios panameños, que sin ese aval no pueden negociar con ciudadanos ni empresas estadounidenses, “es un castigo” a la libertad de expresión.

“La Sociedad Interamericana de Prensa, una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa y promoción de la liberad de prensa y expresión de las Américas, declara su preocupación ante la decisión de la OFAC de no renovar la licencia al grupo editorial GESE, que publica los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá “, señala la carta, fechada el 21 de julio y a la que tuvo acceso este diario.

“La SIP considera que está decisión es un castigo directo a dos importantes periódicos de los que el embajador (de EE.UU.) John Feeley dijo públicamente que no se encontraban involucrados en ninguna actividad ilícita”, añade la nota.

La sanción de EE.UU., apunta el organismo, “es en detrimento de la libertad de expresión, del derecho del pueblo a tener acceso plural y diverso a la información y a la fuente de ingresos de 240 familias, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la empresa, que en medio de las restricciones económicas que se derivan de esta medida anunció que suspendía sus ediciones de fin de semana”, indica la SIP en alusión a las restricciones de tiraje y publicación adoptadas por GESE.

El grupo también señala que, a sabiendas de la solicitud presentada por los abogados del principal accionista de los diarios, Abdul Waked, el pasado 12 de julio, para que se reconsidere la negativa de la extensión de las licencias de operación con los diarios (Nos. 3A y 3B, caso número FKN-2017 -345492-1), considera “favorable” la intervención del Gobierno de Panamá ante el Departamento del Tesoro de EE.UU., que propone “soluciones alternas” a los denegados permisos, “para que la libertad de prensa y el derecho de los panameños a la información no se vea afectado”.

La SIP reitera lo que ha mantenido en resoluciones, informes, y varias reuniones con oficiales del departamento de Estado sobre la urgencia de resolver este asunto para beneficio de la libertad de prensa en Panamá e insta a una “pronta respuesta” sobre este asunto.

La carta la firman Matt Sanders, presidente y Roberto Rock, director de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que ha anunciado una visita de oficio a Panamá el próximo mes de septiembre para evaluar la situación de los diarios panameños y otros temas de libertad de expresión.

El Siglo y La Estrella de Panamá son propiedad de Abdul Waked, que en mayo de 2016 fue incluido en la denominada “Lista Clinton” que elabora la OFAC contra el lavado de activos producto del narcotráfico, sin que hasta la fecha se haya abierto un proceso en su contra ni en EE.UU. ni en Panamá.

Sobre la operación financiera de los diarios no pesa ninguna sospecha ni son parte de ninguna investigación, según han informado abiertamente las autoridades de EE.UU., pero están sometidos a las mismas restricciones que su principal accionista.

Desde el pasado 13 de julio, cuando expiró la tercera licencia de operación para los diarios emitida por la OFAC durante el último año, el grupo GESE está proscrito para cualquier ciudadano o empresa estadounidense, bajo amenaza de sanción y/o multa.

Redacción La Estrella de Panamá

 

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Dionicio Rodríguez, nuevo presidente del Colegio Nacional de Abogados

Los miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) eligieron hoy  su nueva junta directiva en una reñida elección. Los votos de la provincia de Chiriquí definieron el ganador.

Las nóminas que buscaban el triunfo era la Fuerza Gremial, que apuesta por Juan Carlos Araúz; Alianza,  con Dionisio Rodríguez; Refundación Gremial, liderada por Ariel Corbetti; y Defensa Gremial y Dignidad Nacional, con Santander Tristán.

Dionicio Rodríguez  será el reemplazo de  José Alberto Álvarez en la presidencia del CNA.

Rodríguez se comprometió a regresar al CNA al Pacto de Estado de la Justicia del que se retiró por “inoperante”.

Las votaciones se desarrollaron usando el voto electrónico y estaban habilitados para votar 2,600 abogados.

La Comisión Electoral está conformada por Guillermo Márquez Amado, Javier Ordinola, Nivia Rossana Castrellón, Janina María Small, Edwin Guardia y Ethelbert Mapp.

Ismael Gordón Guerrel

 

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Presidenta de la Asamblea Nacional desmiente asignación de partidas a juntas comunales

Este viernes, mediante declaraciones en señal de televisión abierta, Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, desmintió los presuntos señalamientos sobre la asignación de partidas por parte de la institución, a juntas comunales para beneficiar a diputados.

De acuerdo con Ábrego, en la actualidad la institución no ha hecho “ninguna transferencia de fondos a ninguna junta comunal”, para el beneficio de diputados.

Enfatizó que además de no haberse realizado transferencias ni existir los planes para ello, considera que el motivo de las acusaciones recae en “el manejo político que se da dentro de la institución cuando no es posible complacer a todos los diputados”, agregando que algunos atacan a la institución sin ver el daño que le hacen.

DEVOLUCIÓN

El pasado 10 de julio, Ábrego entregó a la Contraloría General de la República 514 cheques de donaciones que reposaban en la Dirección de Tesorería de la institución, para la respectiva anulación.

Los rumores surgen luego de que en días pasados, Ábrego anunciara que no se darían más donaciones en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que fue decretado inconstitucional el Decreto 441 de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría, mediante el cual se pretendía regular los donativos y subsidios que entregan los diputados con recursos del Órgano Legislativo.

Este informe contempla que no existe norma jurídica alguna que señale que los diputados o las instituciones, tengan entre sus funciones realizar donaciones o entregar subsidios.

Yandira Núñez

 

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TE estudia modelo mexicano para fiscalizar donaciones

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake están en México para conocer cómo el Instituto Nacional Electoral de México (INE) fiscaliza los dineros privados en las campañas políticas.

Uno de los retos que encierra la recién aprobada Ley 29 que reforma el Código Electoral es la fiscalización del uso de los fondos privados por parte de los candidatos para la contienda del 5 de mayo de 2019, dado que todos tienen un tope de gastos establecido.

Se trata de nuevas reglas del juego para la campaña política panameña que el TE debe hacer cumplir y por ello trabaja en la reglamentación de la ley y de forma paralela se estudian modelos de ejecución que aplican en ese sentido organismos electorales de algunos países vecinos.

La agenda de trabajo entre las autoridades y técnicos del INE y los magistrados del TE, se centró en una pasantía denominada ‘Sistema de fiscalización de los recursos de partidos políticos’, sobre la regulación y el control del financiamiento de partidos y campañas electorales, así como explorar opciones de intercambio y colaboración interinstitucional.

La Ley 29 obliga a los partidos políticos y a los candidatos por la libre postulación a llevar un control de sus gastos y donaciones a través de cuentas bancarias que auditará el TE.

Para concretar este proyecto, la institución creará una unidad especializada permanente que se denominará Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, cuya función es velar porque los colectivos políticos y los candidatos cumplan con los requerimientos legales y reglamentarios para recibir fondos públicos y privados.

También los actores políticos quedan obligados a remitir al ente electoral la lista de donantes para su publicación en el sitio web de la institución, todo esto en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Además, los magistrados conocieron el software que usa el INE para monitorear la propaganda.

Por otro lado, el TE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano suscribieron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de estrechar lazos e implementar mecanismos para el intercambio de información.

La justicia electoral de ambos países se fortalece con la firma de un convenio de colaboración para el intercambio de jurisprudencia y capacitación.

Ismael Gordón Guerrel

 

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Ricardo Martinelli dobla la apuesta y pierde

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal está decidido a obtener la libertad bajo fianza. Y por eso, sus abogados en Miami presentaron ayer una moción en la cual señalaron estar dispuestos a aceptar que se le aplicaran a Martinelli las mismas condiciones que un juez federal de Nueva York otorgó a un exdirigente del fútbol detenido por corrupción en el año 2015, a saber: el pago de una fianza de $20 millones, arresto domiciliario permanente y vigilancia electrónica, así como la entrega de sus pasaportes. La propuesta buscaba disuadir el “riesgo de fuga” alegado anteriormente para no otorgar la primera solicitud de fianza. Aunque dicha propuesta incluía aspectos que convertían la residencia de Martinelli “en un lugar de encarcelamiento” según definió su abogado Marcos Jiménez, esta no fue suficiente para convencer al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que la rechazó el mismo día. A lo que el juez sí accedió fue a posponer la fecha de la audiencia de extradición, originalmente pactada para el 25 de julio. La defensa solicitó, por lo menos, dos semanas adicionales, a fin de examinar la “voluminosa” documentación aportada por la fiscalía para sustentar el pedido de extradición a Panamá. Como nueva fecha, Jiménez sugirió el 8 de agosto, pero sucede que el tribunal no estará disponible del 7 al 14 de agosto. Ante la negativa de Martinelli a tener que esperar más allá del 8 de agosto, se acordó finalmente celebrar la audiencia el próximo 3 de agosto a las 9:00 a.m.

No es la primera vez que Torres niega libertad bajo fianza al exgobernante. Ya lo hizo el 7 de julio pasado, pese a que entonces Martinelli proponía abonar el 10% de una fianza de $5 millones respaldada por su esposa, Marta Linares de Martinelli, más otra fianza personal de $2 millones, así como la entrega de la custodia de su avión privado. Para sustentar la nueva solicitud, Martinelli se equiparó a sí mismo con un acaudalado exdirigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), acusado de corrupción como parte el escándalo de los sobornos en el fútbol en 2015, que le costó el puesto al entonces presidente de dicho organismo, Joseph Blatter. Se trata del paraguayo Juan Ángel Napout, detenido en 2015 en Suiza y poco después extraditado a Nueva York para enfrentar cargos por extorsión, lavado de dinero y conspiración. El equipo legal de Martinelli lo describe como un hombre con una riqueza “aparentemente” considerable, dado que estuvo dispuesto a afrontar una fianza de $20 millones, de los cuales la mitad fue pagada en efectivo. El resto fue consignado a través de una carta de crédito por $7 millones suscrita por un banco estadounidenses a favor de Estados Unidos de América y una hipoteca de $3 millones. El juez federal Robert Levy aprobó la propuesta, que incluía además arresto domiciliario, vigilancia electrónica y entregar sus pasaportes. Napout tenía uno paraguayo y otro italiano. Los abogados de Martinelli comunicaron al juez Torres que su cliente estaba dispuesto a aceptar todo eso. En la propuesta se puntualizó que la detención domiciliaria se llevaría a cabo en una residencia previamente revisada por las autoridades federales hasta donde se sabe, Martinelli tiene un apartamento frente al mar en Brickell y una mansión en Coral Gables. El exgobernante aceptaba también la compañía diaria de agentes de seguridad las 24 horas y el restablecimiento de las alertas a Interpol. Estos agentes permanecerían en todos los puntos de entrada de la residencia y lo escoltarían a sus citas médicas y comparecencias judiciales.

“Los costos de ese servicio de seguridad correrán exclusivamente por cuenta del presidente Martinelli, quien también firmará una renuncia y liberación de responsabilidad, que autoriza al servicio de seguridad privada para aprehender al presidente Martinelli si es necesario y notificar inmediatamente al FBI de cualquier desviación no autorizada de su residencia”, señala la propuesta que entregó ayer el abogado del exgobernante. Dicho de otro modo, Martinelli estaba dispuesto a convertir su casa “en un lugar de encarcelamiento”. Aquello era preferible, pese a que el propio juez Torres, en su momento, recordó que el exgobernante tenía la opción de regresar “voluntariamente” a Panamá, donde es requerido por la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato. Con esta nueva propuesta de fianza, la defensa de Martinelli pretendía “eliminar” las preocupaciones del juez Torres, que hace 10 días negó un pedido de fianza por considerar que existe un “alto riesgo de fuga”. Torres no tardó mucho en rechazar la nueva solicitud. Lo hizo ayer mismo, horas después de que la defensa planteara sus argumentos que, salvo por la cantidad de millones, no difieren mucho de lo hasta ahora presentado, ante la oposición de la fiscalía de Miami. Por ahora, Martinelli seguirá en el Centro de Detenciones Federales del centro de Miami, aquel al que ingresó el mismo día de su detención el 12 de junio pasado. Su próxima cita, entonces, será el 3 de agosto.

 

 

Mónica Palm

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Sanción contra La Estrella es un absurdo diplomático’, Fito Duque

Como un ‘nuevo absurdo’ de la diplomacia de Estados Unidos calificó el exvicepresidente de la República Tomás Gabriel ‘Fito’ Altamirano Duque los efectos de la ‘Lista Clinton’ que podrían llevar al cierre de La Estrella de Panamá .

Altamirano Duque, quien fue presidente de la junta directiva y director de este diario por más de 25 años, dice que no puede creer que Estados Unidos sea capaz de cometer tal ‘acto de barbarie’ contra un país al que dice considerar amigo.

‘EL GOBIERNO PANAMEÑO DEBE ACTUAR CON VALENTÍA Y ENTEREZA ANTE ESTADOS UNIDOS’.

AURA FERAUD

EXPROCURADORA

Lamentó que con esta acción se condene a Abdul Waked, principal accionista del diario, sin presentar pruebas en su contra.

Y se pregunta dónde queda todo lo que proclama Estados Unidos de democracia y respeto a las libertades, cuando se atreve a empujar al cierre a un periódico con una actuación que no sustenta en norma legal alguna.

‘Fito’ Duque acudió a La Estrella de Panamá para firmar la ‘Declaración por Panamá’, documento en apoyo a esta empresa editorial.

La familia Duque fue propietaria de La Estrella de Panamá , decana del periodismo istmeño, durante 107 años, de tres siglos consecutivos, antes de venderla empezando la primera década del año 2000.

CUESTIONAMIENTO

Este martes, también visitó la redacción del periódico la exprocuradora de la Administración Aura Feraud, para quien la situación que enfrenta este diario es una muestra más de que un imperio como Estados Unidos quiere acabar con la libertad y la democracia en Panamá.

Pero más que la actuación de Estados Unidos, le resulta ‘cuestionable’ la posición del Gobierno panameño, que coloca al diario en una situación difícil por una sanción de parte de un gobierno extranjero.

Feraud considera que el Gobierno Nacional no ha hecho lo que le corresponde en defensa de la honra y bienestar de sus ciudadanos y de una empresa nacional.

La exprocuradora piensa que el Gobierno debe actuar con más ‘entereza y valentía’, como lo dispone la Constitución. A su juicio, es una escalera en la que La Estrella de Panamá es solo un peldaño, pues los ataques en realidad ‘van dirigidos a acabar con Panamá’, concluyó.

INGRAM APOYA LA CAUSA

El reconocido músico nacional Jaime Ingram, cuya fama ha trascendido fronteras, además exembajador panameño en España, la Santa Sede y Argentina, calificó ayer la agresión contra El Siglo y La Estrella de Panam á como una ‘grosería diplomática’.

A su juicio, las sanciones a las que Estados Unidos somete a las empresas panameñas representan ‘un deshonor muy grande’ que no se puede permitir, sobre todo porque viene de una potencia extranjera.

Estados Unidos ‘se siente dueño del mundo’ y cree que tiene licencia para cometer esta clase de ‘atropellos’, indicó Ingram, que visitó la sede del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) para firmar la ‘Declaración por Panamá’.

CNA, CON GESE

Un grupo representativo de dirigentes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) acudió asimismo a las oficinas de GESE para expresar su preocupación por lo que consideran una violación a la soberanía nacional, a las leyes nacionales y las normas constitucionales locales.

Ariel Corbetti, aspirante a presidir el CNA, declaró que con la actuación de Estados Unidos se ha levantado el velo corporativo que rige la ley de las sociedades anónimas, lo cual se ha hecho sin que exista un proceso en la jurisdicción nacional.

El abogado lamentó que sin que medie un proceso judicial o administrativo, en Panamá se ha levantado el denominado velo corporativo y se ha procedido a sancionar a Abdul Waked, como máximo accionista de GESE, ante la tímida o nula actuación de parte del Gobierno panameño, que no ha cumplido con el mandato constitucional de defender a sus nacionales.

Santander Tristán Donoso, también candidato a la presidencia del CNA, alega que este acto constituye una violación a la soberanía nacional y al debido proceso, porque sin que exista una causa penal se ha procedido a sancionar colateralmente a GESE.

En su opinión, se está provocando un ‘estrangulamiento’ que va dirigido más allá de Waked, contra La Estrella de Panamá , diario custodio de la historia nacional.

A estas las opiniones se sumó el abogado y docente universitario Vicente Archibold, quien considera que se aplica una figura similar a la que rige contra Cuba, que por más de 57 años ha sido sometido a un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, que impide a empresas de otras naciones comerciar con esta nación caribeña bajo amenaza de sanción. Si no se actúa, esta situación provocará la quiebra de la empresa panameña, vaticinó Archibold.

Todos firmaron la ‘Declaración de Panamá’ contra las sanciones de Estados Unidos, que no ha renovado la licencia de operación para los diarios panameños, proscritos para cualquier cliente o proveedor estadounidense, bajo pena de multa y/o cárcel.

La ‘Declaración de Panamá’ aboga por una reconsideración de EE.UU. que permita la operación de los diarios sin ninguna cortapisa.

Redacción La Estrella de Panamá

 

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La Corte pide a la Contraloría nueva auditoría de viáticos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, solicitó a la Contraloría General de la República que practique ‘una correcta’ auditoría de las partidas presupuestarias para la compra de pasajes y viáticos pagados por esta institución durante el periodo que comprende entre enero de 2016 y el mismo mes del año 2017.

Ayú Prado solicitó la revisión de los viáticos por los viajes, tanto al exterior como al interior de la República, que utilizaron los magistrados principales, al igual que los suplentes.

De acuerdo con una nota de la Secretaría de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, divulgada la tarde de ayer, en enero de 2016 el Órgano Judicial solicitó una revisión de la ejecución de estas partidas presupuestarias, para el periodo 2014-2015, y ahora se anexa la solicitud de la revisión de las partidas que corresponden hasta el mes de enero del año fiscal en curso.

A mediados de septiembre de 2016, la Contraloría General de la República informó que con relación a los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Fábrega, no se hallaron elementos que justificaran el inicio de un proceso penal.

Producto de esta investigación, realizada por el equipo de auditoría de la Contraloría de la República, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nación declinó entrar a investigar sendos reclamos que se encontraban pendientes de consideración en esta instancia legislativa que por mandato legal debe investigar las denuncias que se presentan y que por mandato constitucional deben ser consideradas por esta instancia legislativa.

La Comisión de Credenciales se sustentó en base a la posición expresada por la Contraloría General de la República, según la cual no se encontró fundamento legal para las investigaciones, por lo que ordenó el archivo de las denuncias que habían sido interpuestas contra los tres magistrados Ayú Prado, De León y Fábrega.

La Corte informó además que el equipo especial de funcionarios de la Contraloría no ha concluido la auditoría con respecto a los viáticos de los funcionarios judiciales y administrativos.

La solicitud formal de la Corte Suprema de Justicia se hizo mediante una nota que fue dirigida al contralor, Federico Humbert.

 

Guadalupe León B.

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Panamá pierde soberanía ante la OFAC, dicen abogados

La misiva que este jueves envió la Cancillería por valija diplomática a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que solicita a su director, John Smith, considerar la propuesta del empresario Abdul Waked y reconsiderar el una nueva licencia de operación para los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá , tomará dos o tres días en llegar a su destino.

La carta que se envía físicamente tal vez no tenga los resultados que espera la Cancillería. Diversas fuentes con experiencia diplomática advierten que el documento debió estar dirigido al par de la Cancillería en ese país, tal como lo dictan las reglas en esta materia; es decir, al Departamento de Estado y no a la OFAC, como se hizo.

LA CARTA Y LA OFAC

El 13 de julio venció la extensión de la licencia de OFAC

La Cancillería envió por valija diplomática una misiva al director de OFAC en la que solicita reconsiderar la negación de la extensión de la licencia y una propuesta efectuada por Abdul Waked, accionista mayoritario de GESE. La carta se envió el jueves.

Además, la misiva con fecha del 13 de julio del corriente mes , día en que se venció la extensión de la licencia de la OFAC a los periódicos, debió enviarse en español y no en inglés, idioma en que escribió la canciller, según indicó Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante al Organización de Estados Americanos.

Cochez explica que en diplomacia los canales de comunicación se realizan de par a par. Pone como ejemplo la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, que en vez de enviarse directamente al Departamento de Justicia, la Cancillería la presentó a través del Departamento de Estado. De Ejecutivo a Ejecutivo, precisó.

‘La gente de OFAC no hará caso a esa carta, tal vez la echarán para atrás y le pedirán a la canciller que la corrija y la envíe por la vía correcta’, manifestó Cochez.

Y añadió que ‘mientras no le demuestren a Waked, principal accionista del medio, que no ha cometido algún delito en Estados Unidos, el Gobierno panameño debe protegerlo. ‘Que le levanten las restricciones o le muestren las pruebas de las acusaciones. Ya ha pasado más de un año, le podrían haber levantado cargos, pero no se pueden conocer las acusaciones en su contra, eso es contrario a derecho’, expresó.

‘Para mí, añade Cochez, la carta es una forma de decir que el Gobierno de Panamá sí hizo algo, pero a mi juicio no hizo nada’.

Por su parte, el exembajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro reiteró que ‘esa nota no tiene validez alguna por no haberse referido a sus pares’.

Adolfo Linares, abogado de experiencia internacional, calificó la carta como una ‘vergüenza nacional’. ‘No hay otra forma de describirla’, reflexiona. A su criterio, la nota refleja a la perfección el gran complejo de inferioridad que tenemos como nación y reitera que el idioma oficial de Panamá es el español y por lo tanto, toda nota oficial que ‘emita nuestro Gobierno debe ser escrita en nuestro idioma, sobre todo si va dirigida a un funcionario de otro país’.

Linares coincide en que la canciller, al ser ministra de Estado y vicepresidenta de la República, solo debe dirigirse o reunirse oficialmente con funcionarios de su misma jerarquía, siguiendo el principio de la igualdad jurídica de los estados. Por esta misma razón, entre otras más, nunca veremos al presidente Donald Trump, a su vicepresidente o a su secretario de Estado, visitando al director de recursos humanos de cualquier ministerio o autoridad gubernamental u otro funcionario que no sea de jerarquía equivalente.

‘Con el mayor de los respetos, se recomienda que envíe la nota a su par; además, el nivel de pleitesía que demuestra esa carta no está a la altura del cargo de la canciller. Lo digo con mucho dolor, porque la conozco y le tengo mucho aprecio. Si esto no ha derramado la gota del vaso, a la sociedad panameña se le ha olvidado nuestra panameñidad’, puntualiza Linares.

Desde el 5 de mayo de 2016, cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la ‘Lista Clinton’ a Abdul Waked por supuesta vinculación con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, La Estrella de Panamá y su periódico hermano El Siglo sortean restricciones que limitan su fundamental trabajo.

Adelita Coriat