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Proyecto de ley que crea el ITSE, a la Asamblea

Con el propósito de crear una nueva generación de oportunidades educativas y atender la creciente demanda del sector privado por carreras técnicas y especializadas en las áreas de turismo, logística, finanzas, industria, construcción y aeronavegación, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó ante el Órgano Legislativo, el proyecto de ley que crea el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Este proyecto de ley reconoce la personería jurídica al ITSE, y tendrá autonomía académica, administrativa, económica y financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo.

Alemán señaló que ‘el desarrollo de los sectores productivos del país, demanda una mejora en la pertinencia y calidad de la educación, particularmente en el área técnica profesional’.

Así lo demuestran los resultados de la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo, presentados en el 2014, aun cuando la economía panameña mantiene un crecimiento elevado, persisten algunos desajustes entre la formación y calificación de la fuerza de trabajo panameña y la creciente demanda de las empresas por trabajadores calificados.

Este estudio detalla, que del sistema Educativo egresan anualmente más de 100,000 panameños, de niveles medios, técnicos profesionales y de universidades, sin embargo los empleadores reportan que no encuentran las personas con las competencias técnicas requeridas.

 

 

Redacción La Estrella de Panamá

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Fijan nueva fecha de audiencia para Bosco Vallarino

El Juzgado Undécimo Penal suspendió la audiencia del exalcalde del distrito de Panamá Bosco Vallarino y del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, la cual estaba programada para la mañana de este martes, confirmó el Órgano Judicial en su cuenta de Twitter.

La audiencia se reanudará el próximo 19 de octubre a las 10:00 am. debido a que cambió su defensa

La juez advirtió al nuevo defensor del exalcalde, que de no asistir en fecha indicada será severamente multado y asistido por defensor público.

Bosco Vallarino  está siendo investigado por supuestamente aceptar $6 mil para procesar un contrato de estacionamiento soterrados en el parque Belisario Porras.

El caso salió a la luz pública en mayo de 2015, con la transmisión pública de un vídeo en el que Vallarino acepta el dinero de manos del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira. Sobre Ventura pesa la misma investigación.

Actualmente Vallarino se mantiene con la medida cautelar de país por cárcel.

Vallarino renunció en enero de 2011 al Municipio de Panamá alegó  padecer de una enfermedad que le impedía seguir al frente de la institución y reconoció también haber cometido un error.

Guadalupe León B.

 

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Luis Cucalón acude a audiencia por caso Cobranzas del Istmo

El exdirector General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón llegó a las 8:00 am a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acudir a su audiencia por los a supuestos delitos contra la fe pública y falsedad ideológica, por la adjudicación de contratos de forma directa a la empresa Cobranzas del Istmo, la cual estaba a cargo del empresario Cristóbal Salerno, para recaudar los impuestos del Estado en la pasada administración.

Jueza pone fin a la hospitalización de Luis Cucalón.

Además de Cucalón están citadas otras cinco personas como Cristóbal Salerno y su hija María Alejandra Salerno, Magaly Ramos Edgar González e Irasema Sánchez.

En esta audiencia se determinará si existen los elementos para llamar a juicio a los imputados en una lesión patrimonial que alcanza los $29.5 millones y que supuestamente se produjo mediante el pago irregular de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, SA, encargada entre 2010 y 2014 de recuperar los impuestos morosos.

Por este caso  solo el exfuncionario de la DGI se encuentra con medida cautelar de detención preventiva.

Para esta audiencia se han acomodado 26 asientos que serán repartidos de la siguiente manera: seis para los imputados, cinco para los abogados defensores, dos para el querellante, seis para los familiares de los imputados, uno para la Secretaria de Comunicación de la CSJ, dos para estudiantes de derecho y dos para el público en general. y no hay asientos reservados para los medios de comunicación.

La juez primera Agueda Rentería advirtió que no se permitirán entrevistas a los miembros del Órgano Judicial y que toda información será canalizada a través de la Secretaría de Comunicación de la CSJ.

Guadalupe León B.

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TI pide a Varela nombrar reemplazo de magistrado y dotar de dinero a Justicia

Transparencia Internacional (TI) pidió hoy al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que nombre el reemplazo de un magistrado del Supremo destituido en 2015 y que dote del presupuesto necesario al sistema judicial como muestra de su voluntad de “lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita” en el país.

En un comunicado difundido este viernes, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño del TI, indicó que esas dos acciones puntuales se pueden llevar a cabo en el corto plazo y están dentro de la esfera de acción constitucional del presidente.

TI sustentó su pedido en el hecho de que en las últimas semanas funcionarios del Ejecutivo, incluido Varela, “han hecho declaraciones al favor del cumplimiento de la Justicia, especialmente frente a los casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público y aquellos que ya se encuentran con llamamiento a juicio”.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo para que demuestre su voluntad de lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita con dos acciones puntuales”, como son el nombramiento del reemplazo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna y el otorgamiento de “las partidas presupuestarias necesarias para reforzar la administración de Justicia en todas sus ramas”.

Esto demostraría “a la ciudadanía y a todos los estamentos de la administración de Justicia un compromiso de hechos y no de palabras”, añadió la organización no gubernamental.

Moncada Luna, designado magistrado de la CSJ en 2010, fue sentenciado en marzo de 2015 por la subcomisión de Garantías del Parlamento a cinco años de cárcel por falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito luego de que las partes alcanzaran un acuerdo, y paga su condena en la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital.

El presidente de la CSJ, José Ayú Prado, dijo el jueves en el Parlamento que pidió un presupuesto de 346 millones de dólares para 2018 pero que el Ministerio de Economía y Finanzas le asignó 159 millones de dólares, informaron hoy medios locales.

Por su parte, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) informó el miércoles que solicitó una partida presupuestaria para 2018 de 151,19 millones de dólares pero el MEF recomendó una de 116,66 millones de dólares.

En las últimas semanas el sistema judicial panameño ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su actuación frente a casos de corrupción de alto perfil que involucran a empresarios y a antiguos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Las críticas han recaído tanto en los jueces del Supremo, tras la filtración a la prensa de un fallo de abril pasado que dejó sin efecto parte de la investigación de la compra supuestamente irregular de unos radares a Italia, como en la Fiscalía, por las supuestas fallas en las investigaciones y las extralimitaciones de los fiscales.

El propio presidente Varela denunció el pasado 31 de agosto que en la CSJ se están dando “situaciones muy delicadas” y que así se lo hizo saber a Ayú Prado, a quien exigió que les ponga fin.

Varela habló ese día de la necesidad de que la Corte Suprema “avance a exigir transparencia”, para dejar atrás “todo este tema que se habla de ocho jueces que están pidiendo sean investigados por vender fallos, que se habla de amiguismo, de tráfico de influencias”.

Dos gremios que agrupan a jueces y magistrados de Panamá exigieron el pasado lunes que tanto la independencia del poder judicial como los fallos que emite sean respetados, y expresaron su repudio “al debate mediático” al que son sometidos sonados y polémicos procesos judiciales en el país.

EFE

 

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Rosas renuncia a la subcomisión que analizará el Código Procesal Penal

El diputado del partido Panameñista Jorge Alberto Rosas renunció formalmente a la sub comisión que analizará el proyecto de ley que modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal y determina la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

Rosas considera que “los términos de prescripción en los delitos contra la administración pública deben ser aumentados e incluir que el término de prescripción empiece a correr a partir del momento en que el funcionario deje el cargo Lo anterior, es fundado en que mientras la persona está en funcionamiento se hace difícil la investigación de sus actos”.

De acuerdo con Rosas, también se debe incluir agravantes más fuertes para los particulares que realizan estos actos contra la administración pública reconociendo que es de particular el que con su conducta consigue la aquiescencia del funcionario.

Con relación a la imprescriptibilidad, Rosas es de la opinión que debe ejecutarse a través de un acto legislativo de reforma a la constitución.

Redacción Digital La Estrella

 

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Denuncian complicidad de magistrados con Martinelli

Las diferencias de criterio entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empiezan a carcomer aún más la credibilidad institucional y los casos contra el expresidente Ricardo Martinelli. La pugna se evidencia entre el magistrado Harry Díaz, y los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, los dos últimos presidente y vicepresidente respectivamente de éste órgano.

Hay dos términos que enfrentan a los magistrados, claves en el debido proceso: acusación e imputación.

Los querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos que esperan la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, alertaron a la ciudadanía de una complicidad entre éste, Ayú Prado y Fábrega para desarticular los procesos en su contra.

Éste último, según los quejosos, ‘intenta minar los procesos contra Martinelli a través de sus actuaciones’. Citan como ejemplo la nota firmada por Ayú Prado en la que se intenta notificar a Martinelli (detenido en la cárcel federal de Miami desde el 4 de junio pasado) sobre la fijación de una audiencia de imputación en el caso de la supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo para que construyera el hospital pediátrico en Veraguas a cambio de contratos de otras obras. Por este caso, en Nápoles, Italia, fue condenado Valter Lavítola, enlace entre los expresidentes Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli en los proyectos de construcción que se adjudicaban en Panamá a las empresas italianas.

Fábrega es fiscal de la causa en el caso Impregilo y en cinco ocasiones envió al juez de garantías Harry Díaz, solicitud urgente para fijar fecha de audiencia de imputación en contra de Martinelli en este caso.

En julio de 2016, no obstante, el magistrado Fábrega rechazó de plano la documentación que respaldaba la investigación contra Martinelli en este caso y ordenó su archivo. Su postura fue desestimada por el resto de la Corte y el caso siguió adelante.

LA ESTRATEGIA

Todo forma parte de una estrategia, dicen los querellantes. Si Díaz acepta una fecha de imputación en el caso de Impregilo, se contradiría en su actuar, puesto que acusó a Martinelli en el caso de los pinchazos. Tema de gran debate entre Díaz y la defensa del expresidente que insiste en que se debió imputar a su cliente. El tema seguramente formará parte de los argumentos de los abogados en el Habeas Corpus que están a punto de presentar ante el tribunal superior de Atlanta, Estados Unidos.

‘El riesgo que se corre con estas notificaciones es que se hagan evidentes situaciones que en Panamá tengan un efecto y puedan ser utilizadas en el proceso de extradición que se surte en Estados Unidos’, indicó Francisco Carreira, del equipo de querellantes. Añadió que el interés de los abogados de Martinelli ‘es comprobar este tipo de violaciones, por eso yo creo que el momento en el cual se hace el envío de estas personas a Estados Unidos puede ser utilizado por la defensa dentro del proceso de extradición que va a surtirse en el Habeas Corpus que aún no se presenta’.

Fábrega decidió enviar una delegación a la ciudad de Miami para informar a Martinelli que se le ha solicitado a Díaz (juez de garantías en el caso) ‘se sirva fijar fecha de audiencia para la formulación de imputación en su contra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal (CPP)’ ya que es deber dar conocimiento de tal solicitud de audiencia por requerimiento del magistrado Fábrega’, se lee en la carta firmada por el presidente de la Corte, Ayú Prado, quien firmó la nota del viaje a los funcionarios.

Una clara extralimitación de funciones, según los querellantes, puesto que esta tarea no compete al fiscal de la causa o al presidente de la Corte, sino al magistrado de Garantías, es decir, a Diaz.

FUERON EL 29 DE AGOSTO

Nota en mano, Manuel José Calvo, subsecretario General de la Corte, Aura Tuñón, asistente de la secretaría general y Fermín Bonilla representante de la oficina del magistrado fiscal, arribaron al consulado de Miami el martes 29 de agosto, cuatro días después de que Ayú Prado firmara la nota autorizando el viaje a Estados Unidos y dos días antes de que el juez Edwin Torres emitiera su decisión sobre la extradición.

No obstante, ‘el Consulado envió la nota a la embajada de Panamá en Washington para dar trámite al Departamento de Estado norteamericano, pero esto aún no ha ocurrido’, indicó una fuente oficial a La Estrella de Panamá.

Fábrega pretendía obligar a Díaz a fijar audiencia de imputación contra Martinelli (caso Impregilo) en varias ocasiones. Lo intentó el 8, 22, 24, 25 y 29 de agosto. La última resulta el mismo día en que los funcionarios llegaron al consulado de Miami. Tal vez se trataba de una estrategia de la defensa. Los querellantes dicen que todo tenía un propósito muy bien definido.

‘Nosotros no somos tontos, sabemos de procedimiento y que la intención del magistrado Fábrega, en complicidad con Ayú Prado, era lograr afectar la solicitud de extradición que mediaba a petición del gobierno panameño. La extradición de Martinelli puede afectar todos los procesos, porque una vez se viole el procedimiento en un proceso se pueden caer todos’, indicó el exabogado de Martinelli y querellante en el caso de los pinchazos Rosendo Rivera.

La defensa del expresidente ha recalcado su rechazo a la forma en que procedió el fiscal de la causa de los ‘pinchazos’, Harry Díaz, al acusar -y no imputar- a su cliente.

El Código Procesal Penal indica que una audiencia de imputación no se puede efectuar sin la presencia del señalado. Estando Martinelli preso, sin una fecha concreta de retorno, los querellantes dicen que tienen clara la complicidad entre Ayú, Fábrega y Martinelli.

La defensa de Martinelli ha llevado este argumento a la Corte del Distrito Sur de la Florida esperando que el juez Edwin Torres, entonces encargado de decidir sobre la certificación de extradición de Martinelli, lo considerara como parte de las violaciones al debido proceso.

‘No creemos, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado, que las intenciones de ustedes sean invalidar mediante sus actuaciones el proceso para que luego ustedes mismos declaren la nulidad de actos procesados por su persona’, manifestó Rivera.

El magistrado Ayú Prado o Fábrega decidieron no hacer un prounciamiento al respecto, según comunicó el departamento de comunicación del órgano judicial.

En Panamá, el fallo del juicio es el único caso donde se requieren 6 magistrados para condenar. Con 4 magistrados que estén a favor del exmandatario puede quedar libre.

¿QUIÉN ORDENÓ EL VIAJE A MIAMI?

Los querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en la que solicitan respuestas puntuales sobre el viaje que efectuaron tres funcionarios del órgano judicial a Miami para notificar al expresidente, en la prisión federal de esa ciudad, que se ha solicitado al juez de Garantías una fecha de audiencia.

‘La intención de Ayú Prado la queremos saber, así como aspectos puntuales como qué lograron los funcionarios’, indicó el abogado Rosendo Rivera.

Exigen saber a cuánto ascienden los gastos del viaje y bajo qué partida presupuestaria se hicieron los pagos; quién autorizó el viaje; si se utilizaron los conductos diplomáticos para estos casos, es decir, si contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También desean saber si se confeccionó una carta rogatoria requerida para estos casos en donde se gestiona la notificación de una persona en el extranjero, y que informe si el señor Fermin Bonilla viajó a Miami en representación del despacho del magistrado fiscal o si el mismo acudió en representación de la presidencia o vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los querellantes piden a Ayú Prado que les aclare si Harry Díaz, juez de garantías en el proceso, dio la orden o agendó audiencia alguna dentro de la causa. En cualuier caso, quieren saber quién giró orden a los funcionarios Aura Tuñon, Manuel Calvo y Fermín Bonilla para que comparecieran ante el consulado de Panamá en Miami a fin de notificar al expresidente.

La nota está firmada por Balbina Herrera, Ruben Polanco, Cecilia Torres, Rodolfo Pinzón, Francisco Carreira-Pitti, Osvaldo Galvez, Carlos Herrera Morán y Rosendo Rivera, querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos por la que se investiga al expresidente. La nota está fechada el 11 de septiembre con copia al magistrado Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega y la Cancillería.

DÍAZ NO TIENE COPIA DE LA CARTA

El magistrado Harry Díaz envió varias notas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado y a la Secretaría Judicial, en las que solicitó las comunicaciones efectuadas en el mes de agosto entre Prado y el magistrado Luis Ramón Fábrega, actuando como fiscal en el caso de supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, sobre la solicitud de fijación de fecha de audiencia para formalizar la imputación.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a las notas enviadas por Díaz y a la respuesta de la secretaría de la Corte en la que informa que ‘no reposa copia ni constancia de recibido o relativas a la solicitud de apoyo dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores para efectuar trámite de comunicaciones, relacionado a la causa 627-16 por parte del magistrado Fábrega en calidad de fiscal, ni por parte de Prado como presidente’. Esta nota fechada el 4 de septiembre la firma Yanixsa Yuen, secretaria general de la Corte, en respuesta a la inquietud de Díaz.

‘Para mí -manifestó Rosendo Rivera- las intenciones son claras, dejar minado o viciado el proceso para que luego lavándose la cara, declaren la nulidad de parte o de todo el proceso contra Martinelli’.

En consulta el magistrado Díaz se indicó que prefiere no opinar acerca de las notas o la carta firmada por Ayú Prado en la que autoriza el viaje a tres funcionarios de la Corte para notificar al expresidente Ricardo Martinelli sobre audiencia en su contra por el caso en mención. Díaz señaló que no le ha sido entregada copia de la nota que ya solicitó al presidente de la Corte en la que autorizó el viaje a 3 funcionarios a Miami, Fl, Estados Unidos. Al respecto, indicó que prefiere verificar el contenido del documento y reunirse con los querellantes antes de hacer declaraciones a la prensa.

Adelita Coriat

 

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Abogados reclaman inventario de temas que afectan la justicia

La propuesta de creación de los tribunales constitucionales que está en etapa de consultas en el Pacto de Estado por la Justicia es vista con buenos ojos por algunos abogados consultados por La Estrella de Panamá , que a la vez coinciden en que está incompleta.

‘CUALQUIER PROPUESTA, SIN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, TODO LO QUE SE HAGA, ES FUEGO DE ARTIFICIOS, ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA’,

MIGUEL ANTONIO BERNAL

CATEDRÁTICO Y CONSTITUCIONALISTA

Se refieren a una propuesta de crear tribunales constitucionales que serían parte del Órgano Judicial y que ayudarían a desahogar al pleno de la Corte de Suprema de Justicia de algunos temas como las acciones de habeas corpus , los amparos por derechos fundamentales y los habeas data .

La iniciativa, que está en su etapa de confección y consultas finales, sería entregada por el Pacto de Estado por la Justicia al Órgano Ejecutivo, que a su vez se encargaría de presentarla ante la Asamblea Nacional, que es la instancia que tomaría la decisión final de aprobarla, mediante una ley.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El abogado Ernesto Cedeño, por ejemplo, considera que la propuesta del Pacto de Estado tiene que ir acompañada de unas reformas constitucionales para crear una estructura independiente de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, añade Cedeño, que el nuevo tribunal no solo sea para conocer temas constituciones, sino que tenga otras responsabilidades, como la de juzgar a magistrados y diputados.

‘La propuesta es una excelente idea, pero tendrá cabida con unas reformas constitucionales’, dijo Cedeño.

En estos momentos, la creación de tribunales constitucionales no tendría las responsabilidades que debería tener, como la de juzgar a los diputados y a los magistrados, recalcó el jurista en una conversación con La Estrella de Panamá .

La creación de tribunales constituciones independientes podría incluso revisar fallos de la Corte Suprema de Justicia, alegó el jurista.

‘Esas son las verdaderas funciones de un tribunal constitucional, pero en estos momentos no tendría esa posibilidad porque la Constitución Política de la República de Panamá, vigente desde 1972, no lo permite’, subrayó Cedeño.

La Constitución Política establece que los diputados son juzgados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos, a su vez, por los diputados; es decir, se juzgan mutuamente.

Una de las mayores quejas al sistema de justicia está relacionada con el grado de impunidad que rodea a los diputados acusados de actos de corrupción, pero que nunca son procesados.

De hecho, el abogado Cedeño presentó este lunes ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el contralor general de la República, Federico Humbert, por omisión de funciones por la falta de fiscalización de los fondos del Estado, en referencia al uso de más de $416 millones por los diputados de la pasada administración.

TAREA PENDIENTE

Para Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), para que sea posible concretar cualquier iniciativa que mejore el sistema de justicia, tiene que haber voluntad política.

Si bien es cierto que se trata de una propuesta que podría resultar beneficiosa para la administración de justicia panameña, el momento es propicio para que el Pacto de Estado por la Justicia realice un inventario de los temas abordados en la mesa y que no se han llegado a materializar, lo que hace necesario que de exija voluntad política para que la iniciativa se convierta en una realidad, siempre según lo que necesita el país, indicó el abogado.

De lo contrario, considera Araúz, el Pacto por la Justicia termina siendo una ‘eterna mesa técnica cuyas recomendaciones nunca se ponen en práctica’.

Araúz cita de ejemplo que se han creado, por ley, tribunales que nunca se han puesto en práctica por la falta de presupuesto.

En este caso, le corresponde al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios para que puedan funcionar los tribunales.

El exrepresentante del CNA e xplicó que los estos tribunales constitucionales involucran nuevas estructuras, tanto de personal como de infraestructura, las cuales no serán reales con la situación que se vive actualmente porque la justicia está falta de presupuesto de una manera permanente y entonces no pueden funcionar.

‘Toda justicia especializada siempre será más efectiva que una justicia generalizada’, alega Araúz, y recalca la necesidad de ‘voluntad política’ para llevar la idea a la práctica.

‘NO MÁS CAMBIOS’

Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal está convencido de que el país requiere una nueva Constitución Política y, a partir de allí, entonces establecer los nuevos modelos de administración de la justicia.

‘Están creando un código procesal constitucional en un país donde lo que menos existe es una Constitución’, señala Bernal, al tiempo que, asegura, ‘las autoridades a diario violan la Carta Magna’.

‘Sin una nueva constitución, todo lo que hagan es fuego de artificio, es pan para hoy hambre y para mañana’, alega. Bernal es partidario de crear una corte o tribunal constitucional independiente que se encargue de revisar todas las garantías fundamentales de los ciudadanos y que asuma la responsabilidad de juzgar a los magistrados y a los diputados.

En opinión del conocido estudioso del derecho y catedrático universitario, lo que el país requiere es la convocatoria a una asamblea constituyente que se encargue de la redacción de la nueva constitución que necesita el país, pues la que existe, ‘no aguanta un parche más’ y temas como la justicia ‘deben ser producto de un texto constitucional’.

José Arcia

 

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Demanda contra el Código Electoral

El artículo 246-A del Código Electoral será demandado hoy ante la Corte Suprema de Justicia.

Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma por considerar que viola las garantías constitucionales.

La demanda la presentará a nombre de Evans Loo, quien pretende ser candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación.

El artículo citado establece que en cada proceso electoral solamente podrán postularse tres candidatos por la vía independiente.

Actualmente hay más de veinte personas que han retirado la documentación para presentar su postulación según esa alternativa, aunque solamente tres han sido autorizados formalmente por el Tribunal Electoral para iniciar el proceso de recolección de firmas, tras cumplir con todo el trámite requerido.

Según la norma que es cuestionada, a pesar de la cantidad de ciudadanos que completen la cantidad de firmas para postularse, solamente tres podrán competir.

Redacción La Estrella de Panamá

 

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Pacto por la Justicia pide reunión con el pleno de la Corte

La Comisión del Pacto Estado por la Justicia aprobó durante su sesión semanal, este miércoles, solicitar una reunión urgente con el pleno de la Corte Suprema de Justicia para analizar la crisis que vive la justicia, a raíz de los polémicos fallos que parecen favorecer a exfuncionarios investigados por casos de corrupción.

FALLOS Y CRÍTICAS

La Corte Suprema de Justicia anuló la investigación de la compra de radares

Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado la medida y la consideran un exabrupto.

La Comisión de Estado por la Justicia se sumó a las inquietudes.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que hoy se enviará la misiva a la Corte Suprema para solicitar el encuentro con los nueve magistrados que integran la máxima corporación de justicia.

Las inquietudes que se han estado formulando de ‘manera justificada’ tienen que ser atendidas por la Comisión, mejor conocida como Pacto por la Justicia, ‘y por eso solicitamos una cortesía de sala al pleno de la Corte para plantear este problema para que sea atendido’, señaló el procurador.

‘Hay que prestarle atención a lo que está sucediendo y no es la primera vez que la administración de justicia hace crisis y la ciudadanía requiere repuestas contundentes de las cosas que se deben corregir’, indicó González.

‘No es que no se vuelvan a dar casos como los que han ocurrido en las últimas semanas, pero por lo menos que no sean en la dimensión que se han dado’, insistió.

Para el procurador, ningún sistema judicial es perfecto, pero alertó que no es la primera vez que en Panamá surgen crisis en la administración de justicia.

El procurador precisó que la Comisión deberá definir los puntos concretos que analizará con los magistrados de la Corte. ‘Ya tenemos un borrador de los planteamientos que se harán a la máxima corporación de justicia, el cual fue elaborado hoy (ayer)’, afirmó.

De esta manera, la Comisión de Estado por la Justicia se suma a diversos sectores de la sociedad civil, incluso el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, que han expresado preocupación por fallos de la Corte.

Uno de los más recientes y polémicos fue la admisión de un amparo de garantías que anuló parte de la investigación por el emblemático caso de la compra de 19 radares a la empresa italiana Finmeccanica. Por este caso, se le habían formulado cargos por el supuesto delito contra la administración pública (peculado) al exministro y exviceministro de Seguridad José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente.

El fallo del pasado 6 de abril tuvo la ponencia de la magistrada Ángela Russo y contó con el visto bueno de los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Asunción Alonso, suplente del magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, así como el de la magistrada Gisela Agurto, suplente elegida por sorteo. El magistrado Jerónimo Mejía se abstuvo de votar.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, se quejó recientemente de que cinco emblemáticos casos en los que se investigan actos de corrupción pueden quedar impunes por decisiones del Órgano Judicial. Uno de ellos, es la compra de la Editora Panamá América, conocido como ‘New Business’, al no ser catalogado como caso complejo por el Juzgado Decimoctavo Penal.

La misma suerte puede correr el proceso por la investigación del caso Odebrecht Suiza, Riegos de Tonosí y Financial Pacific.

José Arcia

 

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SIP aboga por la libertad de expresión

La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que viajó a Panamá para atender la ‘preocupante’ situación de dos de sus miembros, Epasa y GESE, cumplió este martes las dos primeras reuniones de su gira para abogar por la libertad de expresión en el país.

Durante la mañana, los comisionados sostuvieron un encuentro, sin acceso a los medios de comunicación, con la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell.

‘ESTE ENCUENTRO HABLA MUY BIEN DE LA DEMOCRACIA PANAMEÑA’,

ROBERTO ROCK

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA SIP

En horas de la tarde, los representantes del organismo que agrupa más de 1,300 medios de comunicación se trasladaron al Palacio de Las Garzas para reunirse, también a puerta cerrada, con el presidente, Juan Carlos Varela.

De la reunión se supo solo lo que transmitió una nota de prensa de Presidencia, en la que se informó que el mandatario reiteró a los miembros de la SIP ‘el respaldo de su Gobierno a la libertad de expresión en el país’.

Según el comunicado, Varela afirmó que en los casos del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) y Editora Panamá América (Epasa), ‘el Gobierno está comprometido en preservar las fuentes de empleo’.

El mandatario reiteró a la SIP que ha realizado esfuerzos diplomáticos ‘que han resultado en varias extensiones de la licencia general a La Estrella de Panamá y El Siglo, otorgando mayor tiempo para que sus directivos puedan realizar las actividades necesarias que permitan la continuidad de sus operaciones comerciales’.

Nada se dijo de que desde el pasado 13 de julio, EE.UU. prohíbe a sus nacionales todo comercio con la empresa panameña, sin que se hayan identificado motivos de ley o presentado cargos en su contra ni en ese país ni en Panamá.

‘Esta administración ha respetado la línea editorial de todos los medios del país’, destacó Varela en la reunión, a decir de la nota.

El mismo comunicado recoge declaraciones de Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien expresó que ‘este encuentro habla muy bien de la democracia panameña’.

También felicitó al Gobierno tras recalcar que para la SIP ‘el libre acceso a los medios permite un país más democrático’.

El 21 de julio pasado, la SIP solicitó al l Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconsiderar la negativa de extender las licencias para proteger la libertad de prensa en Panamá.

LAS DELEGACIONES

Los comisionados de la SIP que plantearon su preocupación por las restricciones a la libertad de prensa e información en el país fueron Ed Seaton, expresidente de la SIP, presidente de Seaton Newspapers, Manhattan, Kansas, Estados Unidos; Raúl Kraiselburd, expresidente de la SIP, director de ‘El Día’, La Plata, Argentina; Danilo Arbilla, expresidente de la SIP, Montevideo, Uruguay; Jorge Canahuati, presidente del Comité Ejecutivo de la SIP, presidente del Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras; Roberto Rock, director de ‘La Silla Rota’, Ciudad de México, México; y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la organización.

Fueron recibidos por los ministros de Presidencia, Álvaro Alemán; Economía, Dulcidio de la Guardia; Gobierno, María Luisa Romero; el secretario de Metas y Portavoz del Gobierno, Jorge González; y el Secretario de Comunicación del Estado, Carlos Estrada.

Redacción La Estrella de Panamá