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PRD no avalaría lista corta de aspirantes a magistrados de la CSJ

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) no avalará el proceso de escogencia de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si el Órgano Ejecutivo limita a diez los nombres que enviará al Pacto de Estado por la Justicia.

El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, elogió que el Órgano Ejecutivo haya recapacitado, realizando una convocatoria para escoger a dos nuevos magistrados de la Corte.

No obstante, manifestó que al igual que lo plantearon representantes del Pacto de Estado por la Justicia, ‘no estamos de acuerdo con el mecanismo que se está planteando, es decir, una preselección hecha por el Ejecutivo con una lista cerrada de diez nombres, sin tomar en cuenta a todos los ciudadanos que cumplen el perfil’.

Consideró que el análisis debe ser amplio, ‘y no deben ser diez personas favoritas del Ejecutivo, porque hacerlo de la manera como ellos lo han planteado, sería un engaño con el que no estaremos de acuerdo’, dijo .

González manifestó que cree que el Pacto de Estado por la Justicia hará un análisis profundo de los aspirantes.

El secretario general del PRD y otros dirigentes de esta agrupación política se reunieron ayer con miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para explicarles su propuesta de visión de país a largo plazo e informar sobre la coyuntura política de confrontación que existe entre los poderes del Estado.

ENCUENTROS

Perredistas explican su postura sobre la crisis política

La dirigencia perredista también sostuvo ayer un encuentro con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.

Ya se han reunido con el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.

El presidente de la CCIAP, Inocencio Galindo De Obarrio, en tal sentido, reiteró el llamado al diálogo a las partes para resolver estas disputas y que se puedan llevar estos temas en paz, en especial cuando se está cerca de un proceso electoral.

‘Es importante que este proceso pase sin sobresaltos y tengamos al final del día unas elecciones que sean reconocidas por todos’, señaló.

‘GOBIERNO SUBORDINADO’

González se refirió a las diferencias entre los Gobiernos de Panamá y Venezuela, y aunque señaló que todos los panameños esperan una salida negociada y democrática en el país hermano, ‘no creemos en las injerencias extranjeras y tampoco creemos que la política exterior de Panamá deba subordinarse y supeditarse a los designios de Washington y a complacer a los amos del norte’.

PREOCUPACIÓN

El perredista también comentó sobre la situación que vive Brasil con el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero.

En tal sentido, aseguró que es algo que ya se vive en Panamá. ‘Es el hecho de que se judicialice la política y que se utilice el sistema judicial para favorecer intereses de carácter político. Eso, creo, es lo que está ocurriendo en Brasil’, argumentó el dirigente perredista. Expresó que hay que respetar a las instituciones y el derecho que tiene la población brasileña de manifestarse.

‘Ellos encontrarán una salida al tema, pero sí vemos con preocupación lo que ocurre en Brasil o lo que ocurrió en Honduras hace poco, estamos viendo cómo desde México y Guatemala hasta Argentina y Chile se utiliza este tipo de situaciones para influir en las decisiones políticas de un país’, indicó.

Sostuvo que en Panamá no permitirán que esto ocurra y que el próximo año se realizará un torneo electoral sin las presiones del poder político sobre el sistema judicial en contra de los adversarios del actual gobierno. ‘Esperamos que acá en Panamá no ocurra lo que está viviendo Brasil’, expresó.

 

Gustavo A. Aparicio O.

 

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En duda, ratificación de magistrados en período ordinario

A pesar de que el periodo de postulación para la escogencia de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se inicia hoy, sectores políticos y de la sociedad civil vinculados con este tipo de procesos coinciden en que no habrá tiempo suficiente para analizar a profundidad las hojas de vida de los aspirantes al cargo antes de que culmine, este 30 de abril, el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional.

El Órgano Ejecutivo decidió, el pasado 3 de abril, someter la selección de dos nuevos magistrados de la Corte al Pacto de Estado por la Justicia, pero primero abrió una convocatoria pública para los interesados, quienes deberán enviar sus hojas de vida a la dirección magistrados@presidencia.gob.pa , desde hoy lunes 9 hasta este viernes 13 de abril.

Posterior a este periodo, se elaborará una lista corta de al menos diez candidatos que será sometida a un proceso de consultas con el Pacto de Estado por la Justicia, para que den a conocer observaciones sobre los aspirantes. Luego de las consultas, la lista sería nuevamente evaluada por el Consejo de Gabinete.

‘LOS TIEMPOS NO DAN’

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado a todos los abogados del país que cumplan con los requisitos legales para ser magistrados a que presenten sus hojas de vida para aspirar a esta posición.

Sin embargo, el vicepresidente del CNA, Alfonso Fraguela, expresó que en atención a los últimos acontecimientos no ve que los tiempos para cumplir con la selección de los magistrados de a Corte , sean favorables.

MORA

La Asamblea Nacional y el Ejecutivo, en mora con estos nombramientos.

Los magistrados que designe el Órgano Ejecutivo y ratifique la Asamblea Nacional deberán remplazar a Oydén Ortega y Jerónimo Mejía en las salas Primera de lo Civil y Segunda de lo Penal, respectivamente.

‘Se busca analizar la hoja de vida de los postulados, la recepción de los postulados terminará el viernes, luego habrá un proceso de análisis que no sabemos cuál será el criterio aún para el mismo’, dijo Fraguela.

Expresó que lo indicado será esperar a evacuar todos estos trámites de selección, para luego remitir los nombres al Pacto de Estado y que después retornen al Consejo de Gabinete para ir a la Asamblea.

‘Quiero ser optimista, pero siento que los tiempos no dan. Lo apropiado sería esperar hasta julio, para que un ambiente renovado sea el apropiado para que los diputados realicen la consulta pública. Discutir este tema en sesión extraordinaria sería forzar los tiempos, y lo que el pueblo, y el Colegio Nacional de Abogados desea es un proceso transparente’, enfatizó el directivo de este gremio abogadil.

SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN DUDA

José Luis Varela, diputado y presidente del Partido Panameñista, consideró que por el corto tiempo que resta para concluir el periodo ordinario, la ratificación de estos dos nuevos magistrados se daría después del primero de julio con la nueva Comisión de Credenciales que se instale, tras el inicio del quinto periodo ordinario de sesiones.

Varela manifestó que el presidente de la República no es mucho de llamar a sesiones extraordinarias, mucho menos con la situación actual del no reconocimiento por parte de la bancada panameñista de la actual conformación de la Comisión de Credenciales, por considerar que es ilegal.

ESPERAN DECISIÓN DE LA CORTE

Mientras, el también diputado Luis Eduardo Quirós expresó que la bancada panameñista está en espera del resultado del amparo de garantías constitucionales presentado ante la Corte Suprema, contra la votación en la que se eligió a una nueva Comisión de Credenciales.

‘De ser admitido se suspendería todo lo actuado. Nuestro criterio es que mientras existan dudas sobre la legitimidad de la Comisión de Credenciales, no es oportuno tratar este tema en la Asamblea’, precisó el diputado Quirós.

SOBRA TIEMPO

En tanto, el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático, consideró que tiempo es lo que sobra para el nombramiento y ratificación de estos dos nuevos magistrados.

‘Esto bien se puede hacer, ya sea en periodo ordinario o extraordinario. El tema es que exista la voluntad de salir de esa responsabilidad’, expresó el perredista.

CCIAP SUGIERE AMPLIAR LA LISTA DE DIEZ

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sugirió al Órgano Ejecutivo que la lista de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que presentará al Pacto de Estado por la Justicia para su análisis, sea superior a los diez anunciados inicialmente.

El gremio empresarial consideró que el proceso propuesto por el propio presidente en su plan de gobierno durante la campaña electoral invita a los miembros del Pacto a realizar un análisis a conciencia de los candidatos, y a la sociedad civil a interesarse en el proceso para así exigir la elección y ratificación de las personas más idóneas, con altos estándares morales.

‘Sugerimos y confiamos en que, con miras a alcanzar este objetivo, la lista de candidatos a ser analizada por los miembros del Pacto supere a los diez aspirantes anunciados recientemente’, indica la CCIAP.

Señalan que es importante la participación del Pacto de Estado por la Justicia en este proceso porque contribuye a desactivar las tensiones que han motivado la preocupación generalizada de la sociedad en los últimos meses.

‘Independientemente que el proceso involucra al Pacto de Estado por la Justicia, es el Presidente de la República quien está llamado a ejercer su responsabilidad, la cual es histórica; porque le da la oportunidad de corregir rumbo y dar un paso trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, puesto que muchos de los yerros de nuestra justicia tienen que ver con el desempeño de sus instancias más altas’.

Para el sector empresarial las diferencias que pueden darse de manera necesaria entre poderes públicos se corresponden con las reglas de los contrapesos que mandatan el juego democrático en sociedades tolerantes y respetuosas del disenso participativo.

‘Por tal motivo, también es responsabilidad del Órgano Legislativo la obligación no menor de cumplir su función con apego estricto a la letra y al espíritu de la Constitución’.

 

Gustavo A. Aparicio O.

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Corte Suprema de Justicia quita traba en caso Odebrecht

El Segundo Tribunal Superior quedó sin obstáculos para resolver un recurso que presentó la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore, con la finalidad de completar la compleja investigación de los sobornos de Odebrecht. Esto quedó así, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó ayer un amparo de garantías presentado por Humberto De León, imputado en el caso, contra la decisión del juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, de remitir el recurso de Moore al Segundo Tribunal. En el fallo, con ponencia de la magistrada Ángela Russo, la CSJ confirmó la decisión dictada el 5 de enero pasado por el Primer Tribunal, de negar el amparo a De León, interpuesto por su abogado, Jair Urriola. La decisión de la CSJ deja ahora la vía libre para que el Segundo Tribunal con ponencia de la magistrada María De Lourdes Estrada resuelva el recurso presentado por la fiscal Moore el 7 de noviembre de 2017, concretamente, una apelación al fallo de la jueza duodécima penal suplente, Lania Batista, quien negó adecuar los plazos de la investigación del caso y ordenó al Ministerio Público remitir el expediente con la vista fiscal. En la apelación, la fiscalía sustentó que la jueza Batista incurrió en un “error de derecho” al negar la adecuación de los plazos de la investigación con base en el artículo 2033 del Código Judicial aplicable para causas comunes, a pesar de que desde el 13 de julio de 2017 el proceso había sido declarado complejo y por lo tanto le aplicaba la Ley 121 de 2013, que rige para los casos de delincuencia organizada. En el caso de los sobornos de Odebrecht, la fiscalía ha imputado cargos a 62 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Además, logró la homologación de tres acuerdos de colaboración eficaz y dos acuerdos de pena.  Corte rechaza amparo que dilató caso Odebrecht El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó ayer un amparo de garantías presentado por uno de los imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht.  El amparo, interpuesto por Humberto De León exempleado de Credicorp Bank, atacaba la decisión del juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, de remitir al Segundo Tribunal Superior un recurso de la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore. Moore apeló una decisión dictada el 25 de octubre de 2017 por la jueza duodécima penal suplente, Lania Batista, que negó la adecuación de los plazos de la investigación y ordenó al Ministerio Público remitir el expediente con la vista fiscal. La decisión de la CSJ, en la que según fuentes judiciales se abstuvo el magistrado Jerónimo Mejía, confirmó un fallo del Primer Tribunal Superior, que el 5 de enero pasado había negado el amparo presentado por De León a través de su abogado, Jair Urriola. A pesar de que Urriola apeló ese fallo del Primer Tribunal el 17 de enero pasado, la CSJ señaló que no fue sino hasta el 9 de febrero, a las 4.20 p.m., en la víspera de las festividades del Carnaval, cuando el citado tribunal le remitió el expediente del amparo. Ángela Russo quedó como ponente del caso en el reparto efectuado por la Secretaría General de la Corte el 16 de febrero pasado y siete días después puso a circular su proyecto de fallo, con el propósito de que el resto de sus colegas le hicieran objeciones o no. El pleno se pronunció ayer. Tribunal libre La decisión de la CSJ deja la vía libre para que el Segundo Tribunal con ponencia asignada a la magistrada María De Lourdes Estrada– resuelva la apelación de Moore, interpuesta el 7 de noviembre de 2017. En su apelación, la fiscal recordó que el 6 de junio de 2017 solicitó al Juzgado Duodécimo Penal declarar la investigación de las coimas de Odebrecht como caso de delincuencia organizada y que se aplicara el procedimiento de tramitación compleja. En fallo del 13 de junio de 2017, el juzgado admitió la solicitud de la fiscalía y le otorgó una prórroga hasta tanto se agotará la investigación y contará con “el resultado del total de diligencias puestas en práctica y debidamente diligenciadas”. Eso sí, dejó claro que la prórroga estaría vigente siempre y cuando no hubiera ninguna persona detenida, y que en tal caso comenzaría a correr a partir de dicha detención un plazo de dos meses para remitir el expediente con la correspondiente vista fiscal. De acuerdo con la fiscal, con el fallo del 13 de junio de 2017 la investigación de los sobornos quedó “bajo el esquema proporcionado por la Ley 121 de 2013”, que rige para los casos de delincuencia organizada. Moore también destacó en la apelación que en el fallo del 25 de octubre la jueza Batista incurrió en un “error de derecho”, pues utilizó como fundamento para negar la adecuación de los plazos de la investigación el artículo 2033 del Código Judicial, y no la Ley 121 de 2013. La fiscal alega que la jueza debió aplicar el artículo 3 de la Ley 121 de 2013, según el cual “el juez podrá adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario”.Sustentó que el proceso encaja en la definición de delitos graves, por lo que permite la aplicación de disposiciones especiales de la Ley 121 de 2013, que establece: la “extensión del plazo para concluir la investigación”.

 

Juan Manuel Díaz

 

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Procurador pide la lista completa de aspirantes a magistrados de la Corte

El procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, emplazó ayer al Ejecutivo para que remita a esa instancia la lista de todas las personas que se postulen para convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). González indicó que, a diferencia del proceso de consultas ciudadanas que se llevó a efecto en el año 2015, en esta ocasión el Ejecutivo debe publicar, desde el día uno del proceso, los nombres de las personas que se vayan postulando para ocupar los cargos. El Ejecutivo anunció la noche de este martes que enviará a la Comisión de Estado por la Justicia una lista de 10 aspirantes, que serán preseleccionados por una comisión compuesta por ministros, principalmente. Al respecto, el procurador González solicitó al Ejecutivo que esa lista de preseleccionados sea de más de 10 aspirantes y que también se revelen los criterios que se utilizarán para su escogencia. A partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de abril se abrirá el período de postulaciones para escoger a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema que reemplazarán a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega, a quienes se les venció el período de 10 años el 31 de diciembre de 2017.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia planteó que aunque el método que presentó el Ejecutivo para nombrar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es el que propuso esa instancia, aún se garantiza la participación ciudadana en el proceso. El procurador de la Administración y coordinador de la Comisión, Rigoberto González, indicó que el método que propone el Ejecutivo en esta ocasión es similar al que se utilizó en 2015, y en el que finalmente resultaron nombrados como magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo. González advirtió que a diferencia de 2015, esta vez pedirán al Ejecutivo que presente la lista completa de las personas que aspiren a los dos puestos de magistrados en la CSJ. También dijo el procurador que pedirán al Ejecutivo que amplíe la lista de 10 personas que serán preseleccionadas por una comisión integrada en su mayoría por ministros de Estado. Además, indicó que solicitarán a esa comisión del Ejecutivo que revele los criterios que utilizará para preseleccionar a los abogados que serán los que se sometan a consulta ciudadana en la Comisión de Estado por la Justicia. Sobre la posibilidad de que la Comisión de Estado por la Justicia manifieste, luego de las consultas ciudadanas, qué candidatos son aptos y cuáles no para ocupar las magistraturas en la CSJ, el procurador respondió que esa instancia nunca ha tenido la facultad de decir quién sí y quién no. “No ha habido un método donde la Comisión señale o indique al Ejecutivo quién es apto y quién no”. En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que aunque la metodología que propone el Ejecutivo es la misma que se usó en 2015, todavía se puede obtener una participación ciudadana. “Se puede hacer algo siempre y cuando la ciudadanía participe y la Comisión de Estado haga un buen escrutinio de los candidatos, que al final no es la opinión de la Comisión, sino de la ciudadanía, y es la que tenemos que hacer que salga a flote”, señaló Castillo.

A su juicio, a diferencia del método de 2015, esta vez la Comisión de Estado se debe “atrever” a decir quiénes cumplen y quiénes no con los requisitos éticos y cívicos para ocupar el cargo de magistrados de la CSJ, porque en los momentos que vive el país no es cualquier persona la que puede permitirnos recuperar la confianza en la administración de justicia. En tanto, Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que es positivo el paso que ha dado el Ejecutivo, pero que hubiese sido más interesante que los preseleccionados salieran de la Comisión de Estado. Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, señaló que entre 15 y 30 días tomará la comisión de ministros que hará la preselección de los candidatos. “Todo dependerá del número de postulados que se presenten… estamos pidiendo sus hojas de vida y su intención expresa de participar”. Al consultársele si el Ejecutivo hará públicos los nombres de todos los que  presenten sus hojas de vida, respondió que una de las cosas que aprendieron en las pasadas designaciones es que hay que poner en conocimiento público la lista inmediatamente se van recibiendo los nombres, toda vez que la ciudadanía también participa de forma indirecta en el escrutinio. El funcionario también manifestó que puede darse la posibilidad de que el Ejecutivo envíe a la Comisión de Estado por la Justicia más de 10 nombres de los aspirantes que sean preseleccionados para el cargo de magistrados de la CSJ. El Ejecutivo hará la selección final de los dos candidatos que serán enviados para su ratificación por la Asamblea Nacional. Los nombramientos serán para reemplazar a los magistrados Mejía y Ortega, cuyos períodos vencieron el 31 de diciembre de 2017.

 

Aminta Bustamante

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Aprueban de manera unánime ley sobre imprescriptibilidad

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche de manera unánime en segundo debate el proyecto de ley 514, que busca establecer la imprescriptibilidad para los delitos contra la administración pública en Panamá.

El debate, que se prolongó por cinco horas, se centró en algunos cuestionamientos al establecer de por vida la imprescriptibilidad para estos delitos y en lograr que esta no solo sea aplicable para los funcionarios que participen de estos actos, sino también para las personas jurídicas.

El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó a los panameñistas, a los que recordó que durante la discusión del proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas no se atrevieron a incluir una norma para que las empresas a las que se les compruebe actos de corrupción puedan contratar con el Estado.

COLEGIO DE ABOGADOS

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, avaló el proyecto original.

Consideró prudente un plazo de imprescriptibilidad de 30 años.

Pero avaló el proyecto original, al considerar que la sociedad merece una respuesta de los diputados.

‘Ahora estamos proponiendo alcanzar a aquellas empresas a las cuales se les pudo demostrar que cometieron actos de corrupción en las contrataciones con el Estado. Hay empresas como Odebrecht que siguen contratando con el Estado panameño, al igual que sus filiales y otras empresas nacionales y extranjeras vinculadas a casos de corrupción’, dijo.

Manifestó que con la inclusión de una propuesta para alcanzar a las empresas y empresarios corruptos, ahora sí se puede hablar de imprescriptibilidad no solo para determinadas personas o funcionarios públicos, sino para los beneficiarios de la corrupción que ‘son precisamente los dueños de las empresas’.

En el debate se aprobó una norma para inhabilitar a contratar con el Estado a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva.

RETROACTIVIDAD

Durante el debate el PRD y Cambio Democrático (CD) propusieron que los acuerdos de delación a los que había llegado el Ministerio Público con algunos empresarios vinculados con actos de corrupción fueran publicados en Gaceta Oficial. No obstante, ante el rechazo de los diputados panameñistas, fue sacada de discusión.

El diputado panameñista Adolfo Valderrama manifestó que la norma podría ser catalogada de inconstitucional. Aseguró que se le quería ‘pasar la pelota’ al Ejecutivo.

‘Esa propuesta no tiene sentido, no puede ser retroactiva, porque no es una ley de orden público. A mi juicio quieren darle la vuelta para que no quede constancia de que rechazan este proyecto de ley’, señaló.

El también panameñista José Luis Varela advirtió, por su parte, que con esta propuesta quedarían expuestos quienes participen en un acuerdo de delación, en especial cuando se trate de delitos del crimen organizado.

RETIRAN PROPUESTA

Al inicio del debate de ayer, el diputado Valderrama también cuestionó una propuesta del PRD y del CD para que se procediera a la suspensión de la investigación o proceso en aquellos casos en que el investigado, imputado, acusado, enjuiciado o procesado solicitase a una oficina pública la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida dentro del término de dos meses a solicitud de parte o del Ministerio Público o Tribunal, porque la misma fue deteriorada, destruida, extraviada o se deniegue su entrega.

Uno de los impulsores del proyecto, el estudiante de derecho Juan Diego Vásquez, sostuvo que la propuesta abría las puertas a componendas para que con jueces cuestionados se mantenga la impunidad.

‘Nuestro objetivo es cerrar las puertas a la corrupción, la redacción de esta propuesta es peligrosa’, dijo Vásquez.

Minutos después, a solicitud del diputado Pedro Miguel González, la propuesta fue retirada de la discusión.

Gustavo A. Aparicio O.

 

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PRD reta a oficialistas a aprobar ley de imprescriptibilidad

La discusión en segundo debate del proyecto de ley 514, con el cual se busca la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, entra hoy en una etapa crucial.

El pleno de la Asamblea Nacional se encuentra en sesión permanente desde el pasado martes, y culminada el miércoles la primera ronda de oradores, queda pendiente para hoy una segunda vuelta de intervenciones, la presentación de propuestas de modificación y la votación del documento impulsado por un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) y el Movimiento Independiente (Movin).

RETA EL GOBIERNO

El diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, retó al oficialista Partido Panameñista y al gobierno del presidente Juan Carlos Varela a aprobar y sancionar el proyecto con las modificaciones propuestas por los perredistas y avalada por diputados de Cambio Democrático (CD).

González se refiere a un paquete de modificaciones presentadas el pasado miércoles en el hemiciclo legislativo por miembros de ambas agrupaciones políticas.

Una de las propuestas del PRD y CD busca modificar el Código Penal en el artículo 51 de la Ley 14 de 2007, para que cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delitos, siempre que sea beneficiada por él, sea inhabilitada para contratar con el Estado, directa o indirectamente, de manera permanente.

También presentaron una propuesta de modificación similar a la que busca el proyecto de ley sobre ‘muerte civil’, que se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno.

La propuesta del PRD y CD sugiere ajustes a la Ley 61 de 2017, que modificó la Ley de Contrataciones Públicas, con el fin de que no puedan contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo o financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva.

PROPUESTAS

El panameñista Luis E. Quirós y la diputada Ana Matilde Gómez también sugirieron cambios

DELITOS

Proponen que la acción penal no prescriba cuando se trate de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y fraude en los actos de contratación pública del Título X del Código Penal.

SUSPENSIÓN

Proponen suspender el plazo de la prescripción de la acción penal en los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos mientras cualquiera de los que haya participado en el delito siga desempeñando un cargo público.

El PRD, dijo González, también propondría que no solamente los acuerdos a los que llegue el Ministerio Público se conozcan por virtud de una audiencia, sino que sean publicados en Gaceta Oficial y que queden registrados para la posteridad en todas sus consecuencias, y que además se sepa cuáles fueron los tipos penales de los que fueron exonerados quienes contrataron bajo esas circunstancias en la pasada administración.

‘Queremos que no se les blinde. No porque llegaron a un acuerdo de delación premiada se les exonere de cargos por las contrataciones de la pasada administración y además se le pretenda dar patente de corso en esta y futuras administraciones’, señaló González.

La nueva mayoría legislativa (PRD-CD) redactaría una propuesta de modificación para que quede claro que esa persona cuya empresa fue vinculada a un acto de corrupción y que se probó incluso a través de un acuerdo de pena o un acuerdo extrajudicial, no puedan contratar más con el Estado de por vida.

‘Yo quiero que ustedes los diputados de Cambio Democrático, los diputados del PRD y a ver si los panameñistas se animan; respalden las propuestas que vamos a presentar’, sostuvo el diputado perredista.

‘GONZÁLEZ TEME A ESTA LEY’

El diputado Adolfo Valderrama, del Partido Panameñista, comentó que el PRD proponga y que no le dé más vuelta a este tema.

‘El panameñismo es el único partido comprometido en la lucha contra la corrupción’, dijo.

Precisó que el PRD de seguro está buscando alguna modificación para después el asesor de la Asamblea Nacional ponga una demanda a la ley por inconstitucional. Pedro Miguel González le tiene un miedo enorme a esta ley’, afirmó.

AVALAN PROPUESTAS

Annette Planells, del Movin, avaló gran parte de las propuestas presentadas por el PRD y Cambio Democrático.

‘Ellos proponen inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en tribunales en Panamá o en el extranjero, que es algo por lo que nosotros peleamos durante la discusión de la Ley de Contrataciones Públicas y que algunos PRD se opusieron’, sostuvo Planells .

No obstante, Planells objeta un artículo nuevo impulsado por el PRD y CD para que se proceda a la suspensión de la investigación en aquellos casos en que el investigado, acusado, enjuiciado, imputado o procesado, solicitte la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida en un término de dos meses porque la misma fue deteriorada, extraviada, destruida o se deniegue su entrega.

‘Si bien se busca garantizar el principio de acceso a las pruebas, nos preocupa que la redacción se preste para impedir la investigación’, añadió la representante del Movimiento Independiente.

Gustavo A. Aparicio O.

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MP analiza solicitar la extradición de Gabriel Btesh

El secretario General del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, consideró que es viable solicitar la extradición del empresario Gabriel Btesh y ‘hay que darle trámite a eso’.

ALERTA Y DETENCIÓN

El empresario panameño fue retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos el jueves 22 de marzo

A Btesh se le vincula en la trama de la compra de Epasa con supuestos fondos públicos.

El empresario mantiene otros procesos pendientes en Panamá.

Rodríguez reiteró que el empresario, detenido el pasado jueves en Miami, Estados Unidos, mantiene una alerta roja internacional de la Interpol y que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada lo había requerido ‘en tiempo oportuno y él debe comparecer para responder a la justicia panameña’.

El empresario fue detenido el pasado jueves 22 de marzo por las autoridades migratorias de Estados Unidos al ingresar al país norteamericano ‘sin la debida inspección’. En ese momento, la Cancillería panameña informó que, aunque tenía conocimiento de la detención, no intervenía porque se trataba de un tema migratorio.

Sin embargo, la entidad explicó que el empresario podría ser deportado a Panamá o al último país que selló su pasaporte.

Rodríguez consideró que el fiscal que lleve el proceso contra Btesh tiene que ver cuál es su condición legal en los Estados Unidos.

Btesh mantiene la alerta internacional de la Interpol, solicitada por Panamá, por las investigaciones que se le sigue con el caso New Business relacionado con la compra de la editora Panamá America (Epasa), con supuestos fondos públicos.

El empresario, considerado del círculo cero de Ricardo Martinelli cuando era presidente de Panamá, mantiene abiertos otros procesos relacionados con el delito de corrupción.

Desde su detención, el pasado jueves, se desconoce qué ha pasado con su detención en Miami, Estados Unidos, donde también está detenido el expresidente Martinelli, en espera de que se termine un proceso de extradición solicitado por la Corte Suprema de Justicia por un proceso que le sigue relacionado con los ‘pinchazos’ telefónicos.

 

José Arcia

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TE advierte posibles demandas tras rechazo a nueva ley

En una jornada agitada, diputados de la Asamblea Nacional decidieron ayer no aprobar el proyecto de ley que busca reconfigurar los circuitos electorales, impulsado por el Tribunal Electoral (TE), y por otro lado archivaron seis denuncias presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la canciller y vicepresidenta, Isabel de Saint Malo.

Ambas medidas se dan en medio de la crisis política existente entre diputados del oficialista partido Panameñista y los diputados de la mayoría legislativa conformada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).

En primera instancia, en horas de la mañana el proyecto de ley 605 impulsado por el TE para reconfigurar los circuitos electorales siguiendo un mandato constitucional no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea.

Raúl Pineda, Quibian Panay y Leandro Ávila, del PRD; al igual que Mariela Vega, de CD, se abstuvieron de votar; mientras que Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana, del partido Panameñista, y José Muñoz, del partido Alianza, votaron a favor de la iniciativa.

El documento debía tener cinco votos de respaldo para ser aprobado.

La iniciativa tenía como objetivo cumplir con el mandato del artículo 147 de la Constitución Política, que señala que los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último padrón electoral.

Esta misma norma constitucional , según explicó Osman Valdés, jefe de la Dirección de Organización Electoral del TE, señala que a cada comarca y a la provincia de Darién les corresponderá elegir el número de diputados con que cuentan al momento de entrar en vigencia esta norma

Es decir, que por Constitución, e independientemente del número de pobladores, a la comarca Ngäbe Buglé le corresponden tres curules; a la comarca Guna Yala, dos escaños; y a Darién, otras dos curules.

CHOQUE EN EL PRD

En el debate fueron evidentes las fricciones entre los diputados del PRD. La diputada perredista Rosa Canto, del circuito 8-1 de Arraiján, quien respaldaba la iniciativa, cuestionó a la dirigencia de su partido por negarse a aprobar este proyecto.

La iniciativa buscaba incrementar en el circuito 8-1 de Arraiján de tres a cuatro el número de escaños para diputados a partir de las elecciones de 2019.

‘Ese diputado adicional en el circuito 8-1 lo puede obtener el PRD. Yo lo acabo de llamar (al secretario general del PRD, Pedro Miguel González), no sé cuál es su agenda o la agenda que ellos tienen’, dijo Canto.

El documento también buscaba incrementar un escaño para el circuito 8-10 en Tocumen y reducía una curul en los circuitos 8-7 y 8-8.

ADVIERTEN DEMANDAS

Tras el rechazo de este proyecto, Osman Valdés indicó que para el 2019 regiría la ley que está vigente y que se aplicó en las elecciones generales de 2014.

No obstante, advirtió que los resultados de las elecciones en estos circuitos, al no haberse aprobado este proyecto, y que involucraría a 17 diputados, podrían ser demandados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por inconstitucionales.

ARCHIVAN DENUNCIAS

Por otro lado, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional rechazó admitir una denuncia contra los magistrados de la Corte José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, y otro caso contra el magistrado Cecilio Cedalise. También rechazaron admitir tres documentaciones o quejas contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y una denuncia contra la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.

EXPEDIENTES

Habían quince denuncias en la Comisión de Credenciales.

Tras ser archivadas seis carpetillas, solo quedan pendientes de análisis nueve denuncias, todas contra magistrados de la Corte.

La denuncia contra Ayú Prado y Fábrega fue presentada por la perredista Balbina Herrera y estaba relacionada con algunas acciones asumidas en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Impregilo.

Los diputados consideraron que la prueba aportada no tiene la categoría de prueba sumaria y que no constituye delito, toda vez que se trata de una decisión interna de un órgano del Estado.

La denuncia contra Cedalise presentada por el abogado Florencio Barba Hart estaba relacionada con la presunta pérdida de un expediente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se ventila un proceso de nulidad en contra de un contrato relacionado con una empresa telefónica.

Una de las denuncias archivadas contra el presidente Varela estaba relacionada con una queja del dirigente de los jubilados, Eladio Fernández, sobre las intenciones del mandatario de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Los diputados determinaron que la misma no cumplía las características de una denuncia formal.

En el segundo expediente analizado y presentado por Heraclio Bustamante contra el presidente Varela, se solicitaba el juzgamiento y destitución del gobernante por no cumplir las promesas que hizo en campaña. También se descartó y se archivó por no tener categoría de denuncia.

Una tercera documentación que señala que el presidente incumple una petición de información sobre el paradero de unas aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval, también fue archivada.

De igual manera se archivó una denuncia de Carmen Cecilia Cal de Carles contra la vicepresidenta Isabel De Saint Malo de Alvarado, por algunas opiniones emitidas en ciertos medios de comunicación, en las cuales avaló la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el matrimonio gay, y que la misma es ‘vinculante para Panamá’.

Se determinó que la emisión de estas opiniones no están enmarcadas en ninguna figura delictiva.

Gustavo A. Aparicio O.

 

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Tres exfiscales cuestionan acciones del Ministerio Público

Una investigación por extorsión y otra por trata de personas en la provincia de Herrera tienen varios factores que llaman la atención. Por un lado, se menciona a una empresa; por otra, el despido de dos fiscales y por último, cinco trabajadores extranjeros que pasaron de denunciados a denunciantes.

Esta es la versión de dos fiscales de Herrera y Los Santos, Dalilia Villarreal y Enereida Barría, que fueron separadas de sus respectivos cargos el pasado 8 de marzo, en medio de una investigación por extorsión en contra de la constructora Rodsa y de una denuncia por trata de personas contra la empresa.

Villarreal era fiscal de Circuito y Barría, fiscal Superior. En esta madeja también interviene César Tello, quien era fiscal de ese distrito judicial, pero que fue trasladado a Colón y terminó renunciando.

‘TODAS LAS ACCIONES EN ESTE CASO FUERON AVALADAS POR UN JUEZ DE GARANTÍAS Y EL TRIBUNAL DE APELACIONES’,

ENEREIDA BARRÍA

EXFISCAL SUPERIOR

La trama empezó, narra Tello, cuando su esposa —Katiusca Lee, quien labora como asesora legal de Rodsa— le comentó que dos abogados (Manuel Ávila y Diómedes Corrales) se le habían acercado con la intención de ‘llegar a un acuerdo’ a cambio de no presentar una denuncia por trata de personas en perjuicio de cinco trabajadores extranjeros que laboraban para una empresa subcontratistas de Rodsa en uno de los proyectos que desarrolla.

Los abogados, dice Tello, solicitaron $50,000 por cada extranjero; es decir $250,000 en total, para no presentar la denuncia ante los tribunales.

Esos mismos extranjeros habían presentado una demanda laboral contra Rodsa, pero fue desestimada.

Tello, entonces fiscal, decidió acompañar a su esposa a presentar la denuncia por extorsión, el 10 de agosto. La acción penal fue recibida por Villarreal, en calidad de fiscal de Circuito.

La investigación se inició y Villarreal coordinó con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Panamá y realizó varias diligencias, entre esas seguimientos a las personas, y una operación encubierta con dinero marcado que se realizó el 24 de agosto de 2017. Durante la operación, se aprehendió a los cinco extranjeros y a los dos abogados. ‘Todo se dio en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .

El 26 de agosto se realizó una audiencia ante el juez de garantías que decretó legal la aprehensión, avaló la formulación de cargos y dictó las medidas cautelares de detención preventiva y casa por cárcel.

Al día siguiente de la operación encubierta, el 25 de agosto, se presentó la denuncia por trata de personas, a pesar de que ya estaba preparada desde un mes antes.

Paralelamente, la investigación por extorsión continuó y se inició la de trata de personas.

El 10 de enero de este año, la Fiscalía de Crimen Organizado empezó las primeras diligencias por el delito de trata de personas e hizo entrevistas en la zona.

Habían pasado cinco meses y los extranjeros seguían detenidos. El pleito llegó hasta la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, y luego de varias reuniones con la fiscal Villarreal, entre ambas se decidió solicitar la libertad de los cinco extranjeros con el argumento de que eran víctimas de trata de personas.

‘Eran dos investigaciones separadas y nosotros solo veíamos el caso de la extorsión’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .

El 6 de marzo, Villarreal y Barría se volvieron a reunir con Porcell para hablar del tema y se decidió terminar el proceso. Villarreal avanzó el escrito de acusación contra los dos abogados, pero no lo terminó porque dos días después fue destituida.

El 12 de marzo, el nuevo fiscal de Circuito, Héctor Acevedo, solicitó al juez de garantías sobreseimiento para los cinco extranjeros y los dos abogados.

‘Le han querido hacer ver a la procuradora que se trata de un complot entre nosotros para armar un expediente y favorecer a Rodsa, cosa que no es así’, alegan los exfiscales.

 

José Arcia

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Gasto acelerado del presupuesto de la Asamblea Nacional

En medio de la polémica entre la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo, a la que se suma la intención de la Contraloría General de la República de auditar el uso de las planillas para el nombramiento de personal, La Estrella de Panamá fue informada de que la institución mantiene un uso acelerado del presupuesto asignado para el año fiscal 2018.

NORMA DE PRESUPUESTO

Regulación de los cambios al Presupuesto General del Estado

REGULACIÓN

Las modificaciones a la Ley de presupuesto están regidas por el artículo 295 de la Ley 72.

CAMBIOS

La norma dispone que no es sino hasta el mes de febrero que se puede convocar al pleno de la Comisión para modificar el Presupuesto.

Según se informó, en apenas tres meses transcurridos, la Asamblea Nacional ha utilizado cerca del 50% del presupuesto que se le asignó para el funcionamiento en todo el año fiscal en curso.

Los números indican que como institución la Asamblea ha utilizado $35.7 millones de las partidas que corresponden a funcionamiento, y que en el renglón de inversión se ha hecho uso de $10 millones, lo que ha generado inquietud de la Contraloría y de allí la intención de realizar una auditoría a los fondos asignados, sobre todo en lo concerniente a la Planilla 080, que corresponde a los nombramientos que hacen los diputados para le personal de sus respectivos circuitos electorales.

A la Asamblea Nacional se le asignó para este año un presupuesto de $122 millones, distribuidos en $107 millones para funcionamiento y $14 millones para inversiones.

En el rubro inversiones es donde más se ha utilizado. Del total de $14 millones asignados, ya se ha hecho uso de cerca de $10 millones, en un periodo de tres meses.

LEY DE PRESUPUESTO

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Luis Barría, alega que algunos medios de comunicación social y dirigentes políticos y de la sociedad civil están cuestionando el funcionamiento de esta instancia sin conocer las normas que la rigen.

Barría alega que en algunos canales de televisión cuestionan las fechas en que sesiona la Comisión de Presupuesto o las veces que se han reunido para sesionar, pero no conocen el artículo 295 de la Ley 72, que establece los procedimientos y horarios para las convocatorias de esta instancia.

El diputado Barría explicó que la citada norma jurídica establece que esta comisión, no se puede reunir en enero para aprobar traslados de partidas o créditos extraordinarios, sino hasta el mes de febrero, cuando se pueden hacer estas modificaciones al Presupuesto General del Estado.

 

Carlos Anel Cordero