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Defensa de Martinelli desiste de audiencia

El abogado Dimas Guevara, que forma parte del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, presentó un desistimiento para la audiencia de control en la que se buscaba analizar una solicitud de fianza de excarcelación a favor del exmandatario.

La audiencia estaba programada para mañana miércoles 7 de febrero a las 10:00 de la mañana y está relacionada con el caso de los ‘pinchazos’.

‘Ante el escrito del desistimiento presentado el pasado 2 de febrero, por el abogado Guevara, la Oficina Judicial dejó sin efecto la realización de dicha audiencia de control ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia’, señala un comunicado del Órgano Judicial.

El expresidente Martinelli es investigado por los posibles delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, entre otros, y está pendiente de un proceso de extradición desde Estados Unidos.

 

José Arcia

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Presidente del PP aboga por cambios a la Constitución Política

El presidente del Partido Popular (PP), el diputado Jorge Arango, aboga por reformas a la Constitución Política, que data de 1972 y que sufrió su quinta reforma en 2004.

Según el diputado Arango, del circuito 8-3, el país se merece un documento constitucional más acorde a los tiempos actuales y con visión de futuro. Sin embargo, reconoció el político, es un tema complicado que requiere una amplia consulta ciudadana.

El diputado recordó que ya existe un documento base redactado por un grupo de profesionales del derecho, a quienes se les puede convocar para que, junto a otros expertos en el tema, lo mejoren e incluyan los puntos necesarios para modernizar el sistema judicial nacional.

‘Es un consenso de país el que se requiere, estamos caminando hacia una descomposición jurídica, donde estamos retrocediendo en temas importantes, como el sector agropecuario, turístico y económico, por lo que urge que se realicen cambios a nuestra Carta Magna’, puntualizó el diputado Arango.

De acuerdo con el diputado, aliado del oficialismo, los cambios a la Constitución deben ser profundos y no se deben hacer más ‘parches’ a la Carta Magna.

La Constitución Política fue redactada en 1972 y reformada por los actos reformatorios Nº 1 y Nº 2 de 1978, por el acto constitucional aprobado en 1983, por los actos legislativos 1 y 2 de 1994 y por el acto legislativo de 2004.

La promesa de campaña de Juan Carlos Varela de redactar una nueva Constitución Política que rija los destinos del Estado panameño cada día está más lejos de ser una realidad.

La reforma a la Constitución es una de las promesas de campaña que Varela ha dejado de lado desde 2015 por considerar que no habían los consensos necesarios, pero que revivió en su discurso a la nación en julio de 2016, cuando aseguró que el 2017 sería ‘el año’ para impulsar el proceso, del que hasta ahora no se han anunciado más detalles.

El Colegio Nacional de Abogados creó una comisión para iniciar el ambiente propicio y reformar la Constitución. La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, en sus mesas de trabajo, creó unas subcomisiones para analizar el tema de la justicia.

Ismael Gordón Guerrel

 

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El puesto de cuatro magistrados de la Corte a cargo de los suplentes

Problemas como la mora judicial y retrasos en la resolución de conflictos judiciales mantendrán una tendencia al alza por falta de los magistrados que completan la Corte Suprema de Justicia.

No hay visos de que en los próximos días o semanas se logre una solución de las diferencias entre la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo que permita la resolución del conflicto.

Por el contrario, la situación parece que se agrava con denuncias de diputados de oposición que aseguran que se están dando destituciones en las instituciones del Estado como represalia por la falta de apoyo a la ratificación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte.

CORTE INCOMPLETA

La máxima corporación de justicia del Estado panameño, la Corte Suprema de Justicia, inició el 2018 incompleta y por el momento no se vislumbra que en las próximas semanas estén los abogados que la completarán.

LA CORTE INCOMPLETA

Actualmente solo hay cinco magistrados principales en propiedad

José Ayú Prado, Hernán De León, Harry Díaz, Ángela Russo y Cecilio Cedalice son principales en propiedad.

El resto de los magistrados son suplentes.

Circunstancias políticas mantienen a la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo enfrentados, lo que provoca que la Corte Suprema de Justicia esté en el medio y esté funcionando sin al menos cinco de los nueve magistrados principales, lo que complica el desempeño de la institución.

A la fecha sólo cinco magistrados ejercen como principales: José Ayú Prado, su presidente, quien renunció al cargo como máximo regente del Órgano Judicial.

Hernán De León, a quien le tocó asumir la presidencia tras la decisión ‘irrevocable’ de Ayú Prado, presentada el pasado 31 de enero, el último día que debía permanecer en el cargo.

Además, están en propiedad Harry Díaz, quien se mantiene en permanente disputa con Ayú Prado.

Se suman Ángela Russo y Cecilio Cedalice, los dos de más reciente data, ambos designados por el presidente Juan Carlos Varela y que tomaron posesión en el año 2016.

Los otros dos magistrados que ejercen como principales, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, están en sus cargos a la espera de sus remplazos.

El término constitucional para el cual fueron designados Ortega y Mejía concluyó el 31 de diciembre de 2017, pero aún no han sido designados sus respectivos remplazos.

El presidente Varela ha informado que no tiene intenciones de designar a estas personas sino hasta después del asueto por carnavales, el cual vence el miércoles 14 de febrero.

En caso de que el Ejecutivo haga las designaciones de los nuevos magistrados, corresponderá a la Asamblea Nacional reiniciar el proceso de ratificación, para lo cual tampoco se ha establecido una fecha.

SUPLENTES COMO PRINCIPALES

Luis Ramón Fábrega se encuentra asistido por su suplente, Efrén Tello, por razones de salud, mientras que Abel Zamorano ejerce desde el 2015 en su papel de suplente de Alejandro Moncada Luna, quien fue condenado a cinco años de prisión luego de que la Asamblea Nacional lo separó del cargo por los delitos que le imputó.

La situación ha ocasionado preocupación entre gremios empresariales como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que se pronunció para urgir a los órganos del Estado a la toma de una decisión. Grupos de la sociedad civil como el Movimiento de Abogados Gremialistas, que preside Raúl Rodríguez, hicieron lo propio.

 

 

Carlos Anel Cordero

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Panama Papers le hace bien a la sociedad’

A juicio del politólogo Manuel Alcántara, el escándalo que destapó la investigación ‘Panama papers’ es ‘saludable’ para la democracia puesto que exige a la población una toma de consciencia sobre la corrupción que empaña al país.

‘El escándalo de Panama Papers es un ejercicio de autoevaluación’, recalcó a La Estrella de Panamá el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quien visitó el istmo para la presentación de sus libros recién publicados.

Las declaraciones de Alcántara surgieron en una entrevista al finalizar el conversatorio ‘Los centros de investigación y su importancia para las democracias’, escenario en el que advirtió que ‘los partidos políticos están siendo golpeados por tres realidades’.

LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA

Según el especialista, la primera realidad que sacude a los colectivos políticos es la de ‘volatilidad’. ‘Las ofertas partidistas cambian a una velocidad impresionante’, detalló el panelista del encuentro, organizado por la Senacyt en Ciudad del Saber.

La segunda idea que fomenta la crisis de los partidos se vincula a la ‘pérdida de identidad’. ‘Durante mucho tiempo pertenecer a un partido político era como pertenecer a una iglesia’, explicó Alcántara. De acuerdo con el autor de La esquina desnuda: La política (2018), en el pasado había una ‘identidad enorme con la ideología del partido’ y configuraba además ‘un proceso de socialización que pasaba de padres a hijos’. ‘Esto hace tiempo que ha desaparecido y los partidos políticos entran en un mundo de ideología líquida’, subrayó el politólogo.

La tercera amenaza para estos colectivos, indicó Alcántara, es la ausencia de disciplina. ‘Los partidos políticos estaban acostumbrados a ser casi unos ejércitos donde el liderazgo señalaba una dirección y todo el partido iba hacia allá pasara lo que pasara. Esto también ha desaparecido’, puntualizó el director de Flacso Internacional.

Estos tres elementos han provocado la pérdida de credibilidad en los partidos políticos. En términos aplicados, se ha producido una ‘licuación de los partidos políticos’, ya que no generan cohesión o algún tipo de arquitectura. Esto, a su vez, nos enfrenta a la ‘banalización de la política’.

Todo esto ocurre sobre el escenario de la revolución digital, que supone el impacto del big data y la inteligencia artificial, además del vaciamiento de la privacidad.

Este ecosistema da luz a la tecnocracia, un elemento que forma parte de la ‘nueva hoja de ruta hacia la democracia’, que incluye retos como el racismo, la lógica antimigración, las políticas de exclusión y la reacción social de los excluidos. A estos se suman el nacionalismo, el negacionismo medioambientalista, la economía antiliberal, el creciente papel de las éticas económicas y los grupos antisistema.

‘Todo ello configura un tramado que permea la realidad europea y latinoamericana y que suponen una nueva hoja de ruta profundamente minada hacia la democracia’, dilucidó el especialista.

ESTUDIAR A LOS POLÍTICOS

La línea de investigación reciente del Dr. Alcántara sebasa en los políticos, una rama que describe como ‘muy complicada’ y para la que nadie quiere destinar fondos o becas, a diferencia de otras ciencias aplicadas.

‘Mi objeto de estudio son los políticos y me preocupa como una cuestión intelectual, pero también como una cuestión social’, recalcó el también catedrático en la Universidad de Salamanca. ‘A la gente le preocupan los políticos porque consideran que son corruptos, inmorales o no son dignos de confianza. Pero, empíricamente y académicamente, ¿qué sabemos de los políticos?’, cuestionó el especialista.

Alcántara catalogó como insólita la inexistencia de un parámetro para prohibir a ciertas personas el ejercicio de una carrera política.

El politólogo hizo hincapié en que ‘sabemos quién es un buen catedrático, quién es buen abogado, quién es un buen piloto de carrera’ porque existen protocolos para comprobarlo. Y cuestionó: ¿Por qué entonces en pleno siglo XXI —la era más letrada de la historia, aclaró— no sabemos cuáles son los criterios para escoger a la gente que pilota esta sociedad?

‘Una cosa es que todos tengamos derecho a mostrar nuestra preferencia pero otra cosa es que todo el mundo tenga derecho a ser elegible’, acentuó el autor de Itinerario confuso .

El tema surgió a raíz de la discusión sobre la importancia de los centros de investigación para mejorar la planificación y la toma de decisiones de un gobierno.

‘Los politólogos, a propósito de la investigación para la acción, deberíamos ser capaces de convencer a la sociedad de que hay que tener debates televisivos’, acotó Alcántara. Y agregó: si un político no discute un tema, está descalificado; si miente en su currículum, está descalificado.

El investigador cuestionó la falta de incentivos para arrancar estas investigaciones del campo político, así como el recelo de la clase política al momento de brindar información.

‘Cuando quiero acceder a los datos políticos me dicen que no, que es un asunto de su vida privada’, reclamó. ‘(Pero) es una vida privada que tiene efectos luego en la gobernanza’, concluyó.

Daniel M. Alarco

 

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Apede y MAG piden a Varela definir tema de magistrados

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo una solicitud formal al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que designe, lo más pronto posible, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que remplazarán a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega.

Mientras, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se encuentra analizando una modificación del proceso de ratificación de los magistrados.

El Órgano Ejecutivo también se ha pronunciado y adelantó que después de los carnavales hará los nombramientos necesarios para llenar las vacantes que se generaron el pasado 2 de enero, con la misma metodología que usó para designar a Ana Lucrecia Tovar y a Zuleyka Moore, que fueron objetadas por los diputados.

SOLICITUD DE LA APEDE

En un comunicado de prensa divulgado ayer, la Apede señaló que ‘dilatar las designaciones no le conviene al país por el clima de zozobra que se genera’.

‘El Ejecutivo debe escuchar el clamor del pueblo y elegir profesionales del derecho con la independencia, probidad y experiencia que requiere la administración de justicia’, agregaron los empresarios en el comunicado de prensa.

POSICIÓN DEL MAG

Por la misma vía de los empresarios, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) exigió al Ejecutivo que, en cumplimiento de la voz del pueblo que fue acertadamente respetada en la Asamblea Nacional, designe a dos personas de reconocida trayectoria profesional y, especialmente, que proyecten efectivamente capacidad, conocimiento, experiencia, independencia e imparcialidad y, en especial, que no estén comprometidos con el actual gobierno, a fin de que garanticen la separación de poderes.

‘EL EJECUTIVO DEBE ESCUCHAR EL CLAMOR DEL PUEBLO Y ELEGIR PROFESIONALES DEL DERECHO CON INDEPENDENCIA’,

HÉCTOR CORTÉS

PRESIDENTE DE APEDE

En una carta firmada por Raúl Rodríguez, presidente electo, y Ariel Corbtt, secretario general electo, instaron a la Asamblea Nacional que mantenga la posición vigilante en defensa del interés nacional, sin involucrar pasiones políticas al momento de hacer ratificaciones correspondientes.

En la nota, los abogados destacan que esperan que en esta ocasión el norte de los partidos políticos de oposición y de gobierno sea el de mejorar la administración de justicia, lo cual se logra votando a favor de abogados con reconocida trayectoria profesional.

‘Instamos a la sociedad civil, a los distintos gremios y a la población en general a permanecer atentos y vigilantes frente a las designaciones que urge hacer’, indicó el comunicado del MAG.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y sus ministros deben reemplazar a los magistrados Oydén Ortega, en la Sala Primera de lo Civil; y Jerónimo Mejía, en la Sala Segunda de lo Penal, cuyo mandato constitucional de diez años en la Corte Suprema de Justicia finalizó en diciembre de 2017.

POSICIÓN DEL EJECUTIVO

El presidente Varela ya adelantó que hará las designaciones después de la fiesta del Carnaval. ‘Estamos prácticamente a ocho días de los carnavales y dejaremos que pase esta época, que se enfríen las cosas un poco y en su momento presentaremos al Gabinete y a la Asamblea Nacional los dos nuevos candidatos o candidatas, pero esto ya quedó a un lado’.

‘EL PERFIL (DE LOS MAGISTRADOS) VA A SER EL MISMO QUE EL DE LAS DOS QUE LAMENTABLEMENTE FUERON RECHAZADAS’,

ÁLVARO ALEMÁN

MINISTRO DE PRESIDENCIA

La actitud asumida por la Asamblea Nacional ya quedó atrás y ‘ahora lo que toca al Ejecutivo es seguir’, fueron las palabras del mandatario al ser abordado por los medios de comunicación en un acto realizado en la provincia d e Darién.

Para reafirmar esta posición, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, afirmó que las personas que sean designadas tendrán las mismas cualidades que las abogadas Tovar de Zarak y Moore, quienes fueron rechazadas por la Asamblea Nacional por 52 votos de los 70 diputados presentes en el pleno el día de la votación.

Según el ministro Alemán, ‘el perfil va a ser el mismo que el de las dos abogadas que lamentablemente fueron rechazadas’.

En este caso, el ministro Alemán, mano derecha del presidente Varela, lamentó que la decisión de la Asamblea Nacional se haya tomado en base a posiciones políticas, porque las dos abogadas ‘son dos profesionales íntegras y competentes, pero no se dieron las ratificaciones simplemente por un tema político’.

ACCIÓN LEGISLATIVA

El actual presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Luis Eduardo Quirós, adelantó la posibilidad de solicitar modificaciones a la resolución que establece el procedimiento para evaluar las designaciones de magistrados en la Corte Suprema.

‘ES UNA POSIBILIDAD PEDIR LOS CAMBIOS ANTE EL PLENO PARA ASÍ AGILIZAR EL PROCESO DE RATIFICACIÓN’,

LUIS EDUARDO QUIRÓS

DIPUTADO OFICIALISTA

Es una posibilidad pedir los cambios ante el pleno para así agilizar el proceso de ratificación, explicó el diputado panameñista.

Para el proceso de ratificación de los funcionarios se sigue el procedimiento establecido en una Resolución de 2009 que ordena la difusión en dos periódicos de circulación nacional; posteriormente, se abre un periodo para recibir comentarios u observaciones sobre los designados, las cuales deben ser sustentadas por cada una de las personas o asociaciones que hayan solicitado voluntariamente participar en el proceso.

La diferencia sería que ahora la Comisión de Credenciales entraría directo a escuchar a los nominados, realizar el periodo de preguntas y respuestas y, posteriormente, pasar a la votación en el pleno legislativo, sin la participación de gremios u organizaciones de la sociedad o ciudadanos que se interesen en emitir sus opiniones sobre las personas que hayan sido designadas para los citados cargos.

Una posición contraria tiene la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien propone que en esta ocasión se amplíe la participación ciudadana, utilizando la Resolución 91 de 2005, que estructuró una comisión evaluadora conformada por trabajadores, sectores empresariales y académicos para que validen, en representación de la ciudadanía, las designaciones que haga el presidente Varela.

‘Creo que nuevamente comete un error político tremendo, porque si el día de hoy no hay magistrados es por responsabilidad del presidente’ de la República, argumentó la diputada Gómez, después de que el mandatario dijera que hará uso de la facultad constitucional y será el Consejo de Gabinete el que recomendará al Legislativo los dos nuevos nombres para magistrados de la Corte Suprema .

Actualmente, la Constitución Política de la República de Panamá dispone que le corresponde al Ejecutivo hacer las designaciones y luego a la Asamblea Nacional de diputados ratificarlas, pero no existe metodología para el proceso.

Ismael Gordón Guerrel

 

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Directiva de la Corte seguirá pendiente de designaciones

La Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el periodo 2018-2020, no se escogerá hasta que lleguen los dos nuevos magistrados, que están pendiente de ser nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo.

DATOS DE LA DIRECTIVA

Hernán de León será el presidente encargado de la Corte.

La Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia es electa cada dos años como lo establece la ley.

La directiva 2018-2020 está pendiente de ser electa por la falta de dos magistrados.

En un pleno extraordinario, ayer, los magistrados decidieron que se escogerá una nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, cuando se cumpla lo más apegado al artículo 74 del Código Judicial.

El pleno de la Corte esperaba la llegada de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore, como magistradas designadas por el Consejo de Gabinete. La Asamblea Nacional rechazó las designaciones realizadas

El Ejecutivo deberá nombrar el remplazo al magistrado Oydén Ortega, en la Sala Primera de lo Civil, y Jerónimo Mejía, en la Sala Segunda que finalizan sus diez años en el mandato.

De acuerdo con Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, ‘la resolución (que establecía la espera de los magistrados para la elección de la directiva) fue para el mes de enero, sin embargo, de no darse las ratificaciones antes que acabe. El criterio fijado por el pleno de la Corte es la llegada de los nuevos abogados designados. Se debe mantener a la espera’.

Para responder, agrega Araúz, hay dos elementos, el artículo 74 del Código Judicial que habla del mes de enero, sin embargo condiciona a que la elección debe ser al día en que tomen posesión los nuevos magistrados, y así el pleno de la Corte lo adoptó en una resolución del 2 de enero indicando que debían esperar.

RENUNCIA AYÚ PRADO

En tanto, el magistrado José Ayú Prado renunció este miércoles a su cargo como presidente de la CSJ.

La decisión de Ayú Prado fue comunicada al magistrado Hernán De León, vicepresidente de la CSJ, a través de misiva en la que indica que su renuncia se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2018.

También aclara que se mantendrá como magistrado de la Sala Penal hasta el 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con el artículo 76 del Código Judicial, el magistrado Hernán De León asumirá el cargo como presidente de la CSJ a partir del 1 de febrero y el magistrado Harry Díaz presidirá la Sala Penal, mientras que el magistrado Abel Zamorano se mantendrá como presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Ismael Gordón Guerrel

 

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Soto admite que ganó con mentiras

Lo que parecía un secreto a voces, ayer fue confirmado en público por uno de los 71 integrantes de la Asamblea Nacional. En este caso, se trata del vicepresidente de la Asamblea, Gabriel ‘Panky’ Soto, quien confesó que llegó al cargo por ‘mentiras y engaños’ a su electorado.

La confesión de Soto, se dio durante su intervención en el pleno de la Asamblea para sustentar la ratificación de las magistradas designada Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar y en la que alegó que el sistema obliga a los políticos ‘a comprometerse en cosas, a sabiendas que no lograrán cumplir’.

‘Después de tres años y medio de estar en la Asamblea tengo que concluir que probablemente yo no llegué a esta curul con la honestidad, porque yo tuve que engañar tal vez a muchas personas para lograr ese voto, pero es el sistema te obliga a conseguir los votos cueste lo que cueste y sea como sea’, dijo Soto, mientras sus colegas los escuchaban atentos.

Al culminar la sesión en el pleno, Soto salió a su defensa y dijo que sus palabras ‘habían sido mal interpretadas’ y lo que quiso decir fue que durante su campaña se había comprometido en algunas cosas, pero estas aún no habían sido cumplidas. Tal es el caso de un hospital en Arraiján, pero hasta ahora solo ha podido gestionar el terreno para la construcción del nosocomio.

‘A eso es lo que yo le llamó engaños, porque tú a veces dices cosas en las comunidades y haces cosas imposibles para poder alcanzar esa respuesta y al final no se logra”.

Las declaraciones de Soto desataron una serie de críticas, una de ellas fue la del abogado Ernesto Cedeño, quien indicó que esta confesión denigra la verticalidad del independiente.

Guadalupe León B.

 

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Asamblea Nacional deja en suspenso proceso de ratificación

El proceso de ratificación de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore hizo trascender nuevas diferencias entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional por el manejo del presupuesto y un aumento en las asignaciones a los diputados.

Ayer, cuando se esperaba que las aspirantes a magistradas fueran presentadas ante el pleno para tomar una decisión con respecto a sus nombramientos, la presidente de la Asamblea, Yanibel Ábrego informó que el tema no se había incluido en el orden del día porque el informe de la Comisión de Credenciales no se había entregado. El anuncio encendió las pasiones y diputados de oposición reclamaron que el tema fuera discutido.

CHOQUE POLÍTICO

Uno de los que hizo uso de la palabra fue el perredista, Pedro Miguel González. Dijo que el oficialismo y el Ejecutivo estaban ‘presionando y chantajeando’ a los diputados para que apoyaran las ratificaciones y una de las maneras de hacerlo era a través de la limitación de los recursos económicos.

González, desde su curul aseguró que hasta el momento a pesar de que el presupuesto está en línea desde el 15 de enero pasado, todavía no se habían transferido los recursos a la Asamblea para el personal circuital, lo cual considera es un ‘chantaje’ a los opositores.

Añadió que algo similar se vivió hace 16 años cuando Mireya Moscoso tenía una Asamblea en contra y utilizó los recursos económicos como ‘chantaje’. Por si fuera poco, no se asignan los recursos al Tribunal Electoral para el subsidio electoral de los partidos políticos. Esta situación, dice González ha llevado a un enfrentamiento innecesario entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

REACCIÓN PANAMEÑISTA

La reacción del diputado José Luis Varela, presidente del partido Panameñista fue inmediata, a través de las redes sociales envió un mensaje en el que dejó en evidencia la asignación de mayor presupuesto a los diputados.

‘No entiendo como Pedro Miguel González puede hablar de chantaje, cuando se subió la planilla de los diputados de $4 mil mensuales a $30 mil y se ha estado pagando puntualmente’.

El diputado Adolfo Valderrama, también se pronunció, dijo que ‘se había creado un escenario de que la votación sería hoy (lunes), pero de acuerdo a lo que se perfila será mañana (martes).

Según Varela (José Luis), el diputado González ha apoyado la gestión del actual gobierno y ahora ‘actúa politiqueramente para aparentar que es oposición’. Dijo que se equivocan al pensar que atacando el nombramiento de los magistrados van a lograr que se les permita designar a un magistrado como lo pretendían.

Se espera que para hoy sea la votación.

MAGISTRADAS, UNA TAREA PENDIENTE

Sin dar mayor justificación, el pleno de la Asamblea Nacional dejó pendiente el inicio de la consideración de los nombramiento de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, se limitó a decir que Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales, no había entregado el informe correspondiente a la Secretaría General para que ésta le diera traslado al pleno legislativo.

Ábrego señaló que mientras que no se reciba la documentación correspondiente, no pueden iniciar con el trámite que les toca y por eso no apareció ayer el orden del día de la sesión plenaria de la fecha.

El incumplimiento del trámite causó indignación entre los diputados de oposición, los cuales reclamaron que se otorgara mayor información a los integrantes del pleno legislativo.

La presidenta la Asamblera volvió a manifestar que no han recibido el documento de parte de Quirós y que por eso no se ha hecho el trámite respectivo.

Ana Matilde Gómez, diputada independiente dijo que por cuestión de transparencia debía incluirse en la página web de la Asamblea Nacional, dónde están los documentos que se tramitan.

Añadió que no se justifica que cuando todo el país está esperando que el pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión con respecto a las abogadas designadas por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, no exista una respuesta clara al respecto.

Carlos Anel Cordero

 

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Encrucijada en el gobierno por ratificación de magistrados

Juan Carlos Varela prometió en campaña que adecentaría la justicia, y muchos le creyeron. A un año y medio de finalizar su mandato, salen a flote opiniones de desencanto por haber faltado a su palabra, situación que ha salido a relucir en el proceso de ratificación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como aspirantes a magistradas de la Corte.

Durante el foro de participación ciudadana que efectuó la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para escuchar opiniones a favor y en contra de la designación del Ejecutivo al puesto de magistradas para la Corte Suprema de Justicia, varias fueron las voces de gremialistas que reprobaron las candidaturas propuestas por el Ejecutivo cuando había empeñado su palabra de un gobierno con transparencia y ética.

No se ha cumplido lo anterior, señaló el abogado Francisco Carreira. ‘El compromiso de Varela era aportar recomendaciones al Pacto de Estado por la Justicia, pero llegado el momento de la designación, se incumple una vez más la promesa’, manifestó el abogado frente a las aspirantes, los nueve diputados de la Comisión de Credenciales y un gran público.

Carreira cuestionó la actuación de la actual fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore en los casos de los cinco jóvenes chorreranos asesinados hace unos años, al igual que en las investigaciones del incendio del Bus 8B-06, y las pesquisas que lideró sobre los sobornos de la constructora Odebrecht.

En este último tema, Carreira no es el único que cuestiona la selectividad con la que Moore indagó y ordenó medidas cautelares o de detención preventiva. También lo hicieron el abogado Sidney Sitton, Juan Guerrero, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados; el abogado Gladiano Martínez, quien laboró como observador de Derechos Humanos en Guatemala y otros juristas.

La abogada litigante Corina Cano también secundó el hecho de que el ‘Ejecutivo prometió un sistema de justicia independiente, pero no lo ha cumplido. Si estamos aquí es porque estamos desesperados’, manifestó Cano.

Otra de las observaciones en que coinciden los participantes es que los designados a suplentes, Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello, personas de Carrera Judicial, gozan de una mejor preparación que los principales. ‘Ellos deberían haber sido designados como principales. Los que tienen la aceptación de la ciudadanía son los magistrados suplentes, quienes enderezarán los entuertos de los principales, eso no es justo con ellos ni con la ciudadanía’, exclamó Cano.

Al Ejecutivo le ha caído una crítica muy ácida con la elección que hizo para el puesto principal. En estos días ha recibido una seguidilla de frases reprobatorias, no todas fundadas en un interés político, que solicitan a los diputados rechazar las designaciones para obligar a Varela a hacer dos nuevas designaciones acorde a los principios de transparencia prometidos.

‘El Ejecutivo se equivocó con la elección porque si hubiera puesto a los suplentes de principales no habría más que aplaudirlos’, manifestó Carreira.

Sobre Tovar también pesan cuestionamientos por su vinculación con el Ejecutivo como activista en la campaña de Varela. Uno de los señalamientos más sensitivos es que siendo una especialista en derecho de autor, tomó el logo del ‘Movimiento pro Familia’ y le puso los símbolos de los LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y lo publicó sin permiso de los primeros. Lo que para Carreira constituyó un hecho reprobable.

Acto que también fue censurado por Cano, quien denunció que Tovar incluyó un arco iris (símbolo de LGBT) en las ilustraciones del movimiento Pro Familia, y añadió que en la Corte aún está por definirse un fallo que podría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por eso pidió ‘ojalá ( Tovar) no llegue a la Corte’.

Gladiano Martínez, abogado, acusó a Moore de discriminación contra los aborígenes. Narró un episodio ocurrido en 2008 mientras ejercía la defensa de un aborigen. Dijo que cuando él se dirigía a su cliente en dialecto, Moore, ‘gritando, llegó y dijo que no podía hablar en dialecto porque se encontraba dentro de un despacho judicial’. El jurista puso una queja ante la Procuraduría que posteriormente fue desestimada. Luego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos donde radica el expediente.

El abogado Sidney Sittón, defensor en varios expedientes que investiga Moore, invitó a sus colegas a presentar las denuncias ante el relator de las Naciones Unidas, especialmente aquellas relacionadas la violación del debido proceso bajo el concepto de imparcialidad. Un plano que, según él, no reúnen las designadas principales pero es requisito indispensable para el nombramiento de administradores de justicia.

Adelita Coriat

 

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La falta de recursos, el tropiezo de la Carrera Judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó su informe de gestión administrativa 2016 – 2017, en el que destacó la falta de recursos para la implementación de la Carrera Judicial.

El magistrado presidente señaló que la implementación de la Carrera Judicial inició en septiembre de 2017, a pesar de que la ley que la regula fue aprobada en 2015.

En la presentación de su informe de gestión, el magistrado argumentó que no se le han asignado los recursos para poner en práctica la Carrera judicial.

En 2016, dijo Ayú Prado, tampoco se le dieron los fondos. Este año, la institución solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobar un presupuesto de $257 millones, pero se le dio $137 millones. Al final, el presupuesto modificado terminó en $137 millones, apuntó Ayú Prado. En 2017, ocurrió lo mismo, dice. Ese año, el Órgano Judicial solicitó $274 millones. Pero, le asignaron $160.8 millones. El presupuesto modificado terminó en $168.8 millones.

La institución tuvo que realizar traslados de partidas que permitieron iniciar el proceso para implementar la Carrera Judicial. Los fondos permitieron iniciar las labores de reestructuración de la Dirección de Recursos Humanos y la instalación de cinco direcciones, Secretaría y Subsecretaria Técnica de Recursos Humanos.

‘En 2018, esperamos nos asignen los recursos adiciones que requerimos’. Según el magistrado, se necesita crear el Tribunal de Integridad, que no solo requiere jueces sino también fiscales y personal de defensa.

Para 2018, el Órgano Judicial pidió $332 millones y le asignaron solo $159 millones, un presupuesto incluso menor del aprobado en 2017. Ayú Prado busca panameñizar el ejemplo del Reino de España en la implementación de la Carrera Judicial, pero todo dependerá de la asignación presupuestaria, remarcó.

En otros aspecto, a la junta directiva, que preside Ayú Prado, también le correspondió la implementación de la última fase del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en el Primer Circuito Judicial.

En esta faceta se procedió a la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento y defensores públicos y de las víctimas y funcionarios de oficinas judiciales. El recurso humano institucional del SPA quedó conformado por 1,030 funcionarios.

Entre 2016 – 2016, la Corte apostó por la modernización tecnológica: digitalización de expedientes, modernización del salón de audiencias de casación, implementación del tarjetero electrónico y equipamiento de varios salones de audiencia del SPA.

En total, son 69 salas que se equiparon con modernos equipos de audio y video con la colaboración y acompañamiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El magistrado destacó que el modelo de gestión del SPA incluía el funcionamiento de los juzgados de liquidación en Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera y Darién, pero que el 2018 se proyecta el cierre de algunos juzgados del sistema penal inquisitivo que han cumplido con su tarea y que el personal será redistribuido para aprovechar el conocimiento de ese recurso humano.

EL BIENIO 2016-2017

El 4 de enero de 2016, José Ayú Prado fue reelecto para un segundo periodo, hasta enero de 2018

José Ayú Prado presentó el 27 de diciembre su informe de gestión administrativa 2016 y 2017.

Ayú prado destacó la implementación de la carrera judicial, el bienestar laboral de los colaboradores, el equipamiento tecnológico, entre otros.

El magistrado presidente destacó los proyectos de infraestructura que se retomaron, como la Unidad Judicial de La Chorrera y de Coclé y los que no se concluyeron, como la nueva planta de la Unidad Judicial de David, en Chiriquí.

La Unidad Judicial de David tiene un 70% de avance.

En infraestructura, también se destaca el desarrollo de los planos, especificaciones técnicas y construcción del Juzgado Municipal de Las Minas, en Herrera, con un 20% de avance.

En la provincia de Herrera también se desarrolla el anteproyecto de construcción del Centro de Capacitación y Entrenamiento, en Santa María.

Otro logro que se atribuye en materia de infraestructura el magistrado presidente es la construcción de un edificio para la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste.

Ayú Prado destacó el otorgamiento de becas para que funcionarios de la institución estudien doctorados en derecho, la puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil para los hijos de los funcionarios, el reforzamiento de la clínica institucional y una cobertura médica de seguro de vida, sin costo para los trabajadores de la institución. Entre sus logros, se apunta un ajuste salarial para el 90% de los funcionarios y el tradicional bono de retiro.

En cuanto a transparencia, Ayú Prado destacó que son los únicos funcionarios que todos los años hacen su declaración jurada de bienes. La del presidente, añadió, está colgada en la página web de la institución para que cualquier persona pueda tener acceso a esa información. Además, destaca la fiscalización del sistema administrativo con 264 auditorías internas y 45 judiciales.

El magistrado hizo énfasis en el 96% de la ejecución del presupuesto de funcionamiento y del 90% en inversión para 2016. Para este año, se logró una ejecución en el presupuesto de financiamiento de $123 millones; para inversiones, se destinaron $21 millones.

Mientras que para 2017, la ejecución del presupuesto de funcionamiento fue del 97% y la de inversión, 96%. En financiamiento se ejecutaron $143.9 millones; en inversiones, $18.9 millones. ‘Ha sido un privilegio dirigir la Corte Suprema. Lo mejor que tiene el Órgano Judicial es su recurso humano’, concluyó Ayú Prado.

En la presentación de su informe de gestión, acompañaron a Ayíu Prado los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano, Ángela Russo, además, de miembros del Órgano Judicial. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea también estuvo presente y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá.

Marlene Testa