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Bernal presenta solicitud para candidatura independiente

El catedrático y constitucionalista, Miguel Antonio Bernal presentará este martes su solicitud ante el Tribunal Electoral para iniciar los trámites a candidatura independiente a la Presidencia de la República para el 2019.

Bernal labora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Los aspirantes deben de recolectar una cuota de 18 mil 542 firmas para convertirse en candidatos independientes. La cifra corresponde al 1% de los votos emitidos para el cargo en la pasada elección.

Hasta el momento el TE ha registrado cinco aspirantes a la candidatura presidencial independiente: Gerardo Barroso, Ricardo Lombana, Ernesto Cedeño, Ana Elena Porras y Ana Matilde Gómez. A esta lista se le sumaría Miguel Antonio Bernal.

 

 

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Fiscalía de Cuentas tramita 27 expedientes de ‘alto perfil’

El más reciente informe del Tribunal de Cuentas detalla que la entidad tramita 27 expedientes catalogados de ‘alto perfil’ en los que se estima una presunta lesión patrimonial de $214.7 millones, hasta julio de 2017.

Entre los casos administrativos que son investigados por manejo de los fondos del Estado están: la compra de comida deshidratada (1 y 2), máquina pinchadora, adquisición de mochilas, Cobranzas del Istmo, alquiler de servicios de helicópteros, el fallido contrato del Sistema de Riego de Tonosí, compra de bolsas de comida y de llantas a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Programa Piso y Techo, entre otros.

En el ramo penal, las investigaciones de estos casos han vinculado a ministros, directores de entidades y funcionarios de la pasada administración de gobierno (2009 – 2014).

El caso de mayor cuantía que adelanta este despacho es por un monto de $45 millones y corresponde a la compra irregular de comida deshidratada, durante la pasada administración.

El expediente de menor cuantía que se instruye al momento de este informe asciende a $9,469 y es por las compras efectuadas por el PAN (hoy Dirección de Asistencia Social – DAS) para Techos de Esperanza. En esta investigación se vincula al actual director de la institución, Rafael Stanziola.

En este nuevo informe, se reportan cinco casos de la Universidad de Panamá en los que se adelanta una posible lesión patrimonial por al menos $13.7 millones.

Un informe del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indica que después de monitorear veinte casos de corrupción la lesión patrimonial podría ascender a $357.3 millones hasta julio de 2017.

Según el análisis de Transparencia Internacional, con esa suma se podrían fortalecer los mecanismos anticorrupción, como la Carrera Judicial a la que la Corte Suprema de Justicia ha asignado $1.5 millones para su implementación.

Este monto también podría cubrir el presupuesto de la Corte, que asciende a $332 millones, según la petición de su presidente, el magistrado José Ayú Prado.

FISCALÍA DE CUENTAS

La Fiscalía General de Cuentas, creada mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, es el ente encargado de instruir la investigación patrimonial por las irregularidades que detecte la Contraloría General de la República.

Esta Fiscalía le aplica sanciones por el mal uso de los fondos y bienes públicos.

Marlene Testa

 

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Martinelli, reprendido, pide cambio de cárcel

Con una hora y más de retraso que él mismo provocó, se celebró esta semana en Miami la tercera audiencia para definir si Ricardo Martinelli vuelve a Panamá en calidad de preso.

El expresidente panameño se presentó en la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de la Florida con su uniforme de presidiario, esposado de manos y pies, sin barba, y con unos lentes que usaba de cuando en vez para leer documentos. Quienes estuvieron presentes dicen que parecía ‘apagado’, que no cruzó mirada con nadie y caminaba taciturno. Parecía entre ‘aterrado, enojado y frustrado’. La comparecencia acabó con el único anuncio de una nueva fecha, el 22 de agosto, para analizar un punto específico, si la Convención contra el Cibercrimen, de la que Panamá es signataria desde 2014, puede ser retroactiva para aplicarla en este caso, ya que los delitos que involucran la investigación se inician en 2012. Esta duda la logró sembrar la defensa en el juez Edwin Torres, que presidió la audiencia y que solicitó a Adam Fels, fiscal del caso, investigar si ha ocurrido un hecho similar en otras ocasiones para documentarlo y tomarlo como base.

El tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos firmado en 1904 no contemplaba ni siquiera un perfil de delito similar, teléfonos móviles o computadoras.

La defensa ya había presentado un documento en la Corte en el que respondía a un memorándum que resumía las pruebas presentadas contra el expresidente y rechazaba la mayor parte de los cargos, como, por ejemplo, que Martinelli haya dirigido a los exfuncionarios del Consejo de Seguridad para que espiaran o vigilaran a su criterio y sostiene que su cliente es un perseguido político.

También acusaron a Gustavo Pérez y a Giacomo Tamburrelli de la compra de los equipos para el espionaje, y del control de los reportes.

‘En Panamá se han iniciado numerosas investigaciones, hay un fiscal de la causa que admite que no hay independencia judicial y que la Corte es corrupta, donde manda el dinero y se efectuó una orden ‘defectuosa’ de detención contra Martinelli. Por lo tanto, la solicitud de extradición enviada a esta Corte contiene mentiras que fueron vertidas bajo declaraciones juradas’, cita el documento presentado por la defensa.

El debate se concentró en la adquisición de las máquinas, por la supuesta malversación de fondos o peculado del que también se acusa a Martinelli, además de que las máquinas y/o software no aparecen.

Se discutió, asimismo, el tema de las escuchas, las víctimas que fueron afectadas y cuyas conversaciones privadas se difundieron. Pero la defensa trató de separar el tema de las escuchas y/o la data obtenida por los ‘pinchazos’. Aunque, al final, la Fiscalía dijo que de cualquier forma se trataba de una violación a la privacidad.

Al parecer la estrategia de la defensa se centra en establecer que, en Panamá, Martinelli es un perseguido político, por lo que espera la protección de Estados Unidos, país del que demostró ser ‘buen amigo’ cuando era presidente.

La audiencia sirvió además para que la defensa presentara una solicitud de traslado para Martinelli, que ha protagonizado un inciente con uno de los guardas de la prisión en la que está recluido desde el 12 de junio y donde le han reprendido por faltas de conducta.

 

 

Adelita Coriat

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Expresidente de Panamá Martinelli ante juez en Miami

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli comparecerá este jueves, en una nueva audiencia judicial en Miami, la tercera desde su detención, en la que se espera que el juez Edwin Torres determine si es viable o no su extradición a Panamá.

Martinelli, que está detenido desde el 12 de junio en un centro de reclusión cercano a los tribunales federales de Miami, es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente (2009-2014) y por peculado (malversación de fondos estatales).

El juez Torres ha denegado en dos ocasiones a Martinelli la libertad bajo fianza, con el argumento principal de que la Justicia de EE.UU. muy rara vez concede ese beneficio a personas requeridas en extradición, y la defensa del expresidente ha recurrido al margen de este juicio a la Corte Suprema de EE.UU. por ese motivo.

Según publicó ayer la Corte Suprema en su página web, el juez Clarence Thomas, en quien recayó la petición de urgencia presentada por los abogados de Martinelli, denegó la libertad bajo fianza.

Queda pendiente de respuesta un recurso de amparo presentado también por los abogados del expresidente ante la Corte Suprema estadounidense, en este caso un documento de mayor calado con el que busca un cambio en la política de concesión de la libertad bajo fianza a personas requeridas por la justicia de ahora en adelante.

En la actualidad se rige por un estatuto de 1903 que contempla la concesión de la libertad bajo fianza como algo reservado para casos extremadamente especiales.

El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, señaló este martes a Efe que el expresidente está “preparado mentalmente” para un proceso largo, de como mínimo un año, y para pasar todo ese tiempo en prisión.

El exgobernante panameño, uno de los empresarios más acaudalados de Panamá, está radicado en Miami desde el año 2015 y tiene planteada desde entonces una solicitud de asilo, aun no respondida, en la que alega que es un perseguido político de Juan Carlos Varela, el actual presidente de Panamá y quien fue vicepresidente de Martinelli.

Entre los últimos documentos legales incorporados al expediente está una declaración jurada firmada por Harry Díaz, quien actúa como “magistrado fiscal” del proceso a Martinelli en la Corte Penal de su país por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, así como los delitos contra la Administración Pública.

Estos últimos tienen que ver con la adquisición, el uso y la apropiación de los equipos y sistemas utilizados para las interceptaciones de comunicaciones de periodistas, miembros de la oposición y otros, señala en la declaración.

Díaz hace hincapié en que Martinelli no goza de inmunidad como exjefe de Estado ni como diputado del Parlamento Centroamericano y que los delitos por los que se solicita su extradición no son “políticos” sino comunes, porque no tienen que ver con “traición, espionaje y sedición”.

La defensa ha alegado desde la captura de Martinelli, declarado en “rebeldía” por la Corte Suprema de Panamá, que hay numerosas irregularidades procesales en la causa del expresidente y también ha apuntado tanto al hecho de que fue durante su gestión un “aliado” de EE.UU. como a la supuesta persecución a la que está sometido.

La Fiscalía, que representa al Estado panameño en el proceso de extradición y reporta al Departamento de Estado, en quien recae la decisión final sobre la extradición, ha tratado de desestimar los argumentos “políticos” de la defensa, además de defender las tesis de la Corte Suprema de Panamá.

EFE

 

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Corte de EE.UU. deniega fianza a Martinelli

Cuando su defensa preparaba los argumentos con los que solicita la excarcelación del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido desde el 12 de junio a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición, la Corte Suprema de EE.UU. denegó la petición, ratificando la decisión del juez Edwin Torres, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, que lleva el caso.

LOS PINCHAZOS

El expresidente es investigado por las escuchas ilegales durante su gobierno

150

personas, entre políticos, empresarios, periodistas y funcionarios públicos fueron víctimas del espionaje por el que se procesa a Martinelli

El anuncio se hizo en Washington, en un escueto comunicado del que dieron cuenta las agencias de noticias.

Una portavoz de la Corte, máxima instancia judicial de EE.UU., confirmó a la Agencia Efe que la solicitud fue denegada por el juez Clarence Thomas, uno de los magistrados más conservadores del tribunal.

La petición había sido presentada ante el Supremo con carácter de urgencia por los abogados de Martinelli, al que se requiere en Panamá para que declare en un caso por escuchas ilegales.

Según los abogados del expresidente, Martinelli no presenta ningún riesgo de fuga, para lo que presentaron además una oferta de fianza cuantiosa y el aval de ciudadanos estadounidenses que atestiguaron sobre su buena conducta.

La defensa de Martinelli pidió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia la audiencia para evaluar la legalidad de las condiciones de detención y encarcelamiento del expresidente y se detuviera el proceso de extradición que enfrenta en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Su objetivo era invalidar los argumentos que ha esgrimido el juez Torres para denegarle la libertad bajo fianza en dos ocasiones, fundamentalmente un antecedente de 1903 que establece que ese beneficio muy rara vez se concede a personas requeridas en extradición.

El juez supremo Clarence Thomas, encargado de responder el recurso ya denegado, fue nombrado en 1991 por George H.W. Bush.

LA PROPUESTA RECHAZADA

Los abogados propusieron que la esposa del expresidente, Marta Linares de Martinelli, entregara al juez de Florida una fianza de $500,000 y que el exmandatario fuera recluido en su mansión de Miami, bajo estrictas condiciones de vigilancia y con restricciones para que no pueda viajar en botes o aviones.

Esas condiciones, defendieron los abogados en su petición, ‘eliminan cualquier riesgo de fuga’.

‘Es un sobreviviente, un luchador que no se amilana ante la adversidad, sino que enfrenta la situación’, afirmó a la Agencia Efe desde Miami Eduardo Camacho sobre Martinelli, a quien ha visitado en calidad de ‘visitante especial’.

Según el relato de Camacho, Martinelli pidió desde el principio de su detención estar acompañado y comparte celda con un detenido haitiano.

‘Los dominicanos, puertorriqueños y mexicanos detenidos en el mismo lugar (un centro de detención aledaño a los tribunales federales del centro de Miami) le llaman ‘presidente” o ‘tío’. Se han hecho amigos y él ayuda a los que no hablan inglés’, afirmó el portavoz a Efe .

Según Camacho, el expresidente está al tanto de lo que sucede en Panamá y desea regresar a su país cuando termine el proceso.

LA EXTRADICIÓN

Para la audiencia fijada mañana 3 de agosto, tanto el equipo de abogados del expresidente, como la Fiscalía que defiende los intereses del Estado panameño en el caso de extradición de Martinelli actualizaron sus argumentos y los testimonios que avalan sus posturas.

Según los abogados defensores, Martinelli es un perseguido político que merece asilo en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, ha demostrado su integración a la comunidad. Además es un inversor solvente con importantes propiedades en el país, como la lujosa vivienda a las afueras de Miami donde fue detenido.

Los fiscales, a su vez, presentan el caso por el que se le han presentado cargos en Panamá al expresidente y constatan que se sigue el debido proceso.

Además, describen cómo la investigación en Panamá ha concluido que utilizó fondos del Estado para recabar información confidencial que utilizó para su beneficio económico y político.

El propósito de los fiscales es conseguir que el juez Torres declare ‘extraditable’ a Martinelli y que con esa condición el Departamento de Estado dé su visto bueno para que se inicie el proceso.

Ana Cerrud

 

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GESE anuncia reducción de personal

Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella (GESE) anunció la tarde de este martes una reducción de personal de 49 colaboradores.

Quirós detalló que la medida es producto de las sanciones impuestas por del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra los rotativos, cuyo principal dueño fue incluido en la “Lista Clinton”.

El presidente de GESE anunció medidas adicionales para seguir cumpliendo con los compromisos de los lectores. Plan de ahorro interno y la suspensión de las revistas Mia y Portada son parte de estas medidas.

Quirós también expresó que los directivos han donado quince días de trabajo de las vacaciones como aporte para sostener la empresa.

El líder del grupo agradeció a proveedores, anunciantes, lectores y panameños en general por el apoyo demostrado a La Estrella y El Siglo.

La licencia para que ciudadanos y empresas norteamericanas realizaran transacciones con GESE venció el 13 de julio y la propuesta que presentó el accionista mayoritario de los medios aún no ha sido aceptada por la OFAC.

Redacción Digital La Estrella

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Auditoría de ‘Techos de Esperanza’, en manos del MP

La auditoría para determinar si hubo división de materia y afectación al erario público en las compras efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), para el programa Techos de Esperanza, ya concluyó.

El documento fue remitido a la Procuraduría General de la Nación desde abril de 2017 y es a las autoridades de investigación a las que corresponde determinar si hubo o no afectación a los fondos del Estado.

La información se desprende de una nota enviada por el secretario General de la Contraloría, Carlos García, a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín .

La nota fechada el 24 de julio último responde a una solicitud de la ‘zarina’, quien está interesada en conocer el estatus de las auditorías solicitadas por su despacho.

‘Nos satisface que se haya concluido con la auditoría y se haya remitido al MP (…), ya que desde nuestro punto de vista sí hubo división de materia’, dijo Maytín.

EL CASO

Ahora es el MP el que debe decidir, según los resultados de la auditoría, si continúa o no el proceso de investigación iniciado de oficio en enero de 2016.

La Antai identificó facturaciones irregulares que, según su directora, merecían la destitución del actual administrador de la ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola.

El sistema registró la facturación sistemática de productos de un mismo proveedor, en la misma fecha, y en ocasiones, con cifras iguales, para atender un programa gubernamental.

A juicio de la ‘zarina’ anticorrupción, esta práctica es calificada como ‘división de materia’ y está encaminada a reducir los montos de las facturas para evadir controles administrativos y la fiscalización del caso.

LA LEY

Según el artículo 23 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, ‘no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos para que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda’.

‘En caso de existir división de materia, la adjudicación sería nula, y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes’, añade.

En el MP, la investigación, según conoció previamente este medio, era adelantada por la Subsecretaría General de la Procuraduría, bajo el Sistema Penal Acusatorio.

Este proceso se inició por una denuncia anónima interpuesta el 26 de diciembre de 2014, en la Antai, que se refería a irregularidades en la selección de proveedores de equipo pesado para ser usados por el Miviot.

Las compras realizadas a través del extinto PAN eran por ‘invitación de proveedores’. Pero, según la denuncia, nunca se informó quién hacía las compras ni a qué precio, y mucho menos se entregó información del beneficiado. La denuncia señaló a Airco, S.A. como beneficiario.

En sus conclusiones, la Antai consideró que se obvió la convocatoria a una licitación pública en el proyecto Altos de la Torre por $1,044,534 que se dividieron en siete actos de menos de $300,000, que fueron aprobados por el director del PAN y refrendados por Contraloría. También, señaló la Antai, se impidió que otros proveedores presentasen sus ofertas en igualdad de condiciones.

Según las conclusiones de Antai, hubo tiempo suficiente para convocar a una licitación formal.

El proceso de compra de equipo pesado no cumplió con el concepto de ‘condición de urgencia’ bajo la cual se escudaron las instituciones para hacerlas.

Entre noviembre de 2014 y abril de 2015, el Miviot otorgó al menos $15.3 millones en contrataciones a través del PAN, para comprar equipos y materiales para su programa Techos de Esperanza.

Las contrataciones fueron repartidas entre las empresas Royal Construccion Panamá, Airco, S.A. y Fiorazio de Panamá. El representante de Airco, S.A. era Pedro Vallarino, quien al momento era miembro de la directiva de la Caja de Ahorros.

OSCURO PASADO DEL PAN

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue un foco de corrupción de la pasada administración gubernamental. Su exdirector Rafael Guardia estuvo detenido por cargos que van desde peculado hasta blanqueo de capitales por las contrataciones hechas a través del programa social.

En campaña, Juan Carlos Varela prometió eliminar este programa, pero terminó cambiándole el nombre. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 775, el PAN ‘resucitó’ como Dirección de Asistencia Social (DAS), y será la encargada de dar respuesta a situaciones de urgencia y de necesidad pública.

Marlene Testa

 

 

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CEN del PRD advierte que las instituciones deben cumplir con la justicia

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reiteró su exigencia de que las autoridades judiciales inicien una investigación detallada “sin selectividad de ninguna clase”.

El CEN del PRD reaccionó de esta manera ante las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, reconocido operador financiero de la empresa Odebrecht en las que señala al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de haber recibido favores y sobornos de dicha empresa brasileña, así como de obstaculizar junto al Ministerio Público panameño las investigaciones de este caso.

La cúpula del PRD rechaza las declaraciones de Varela, con las que intenta minimizar la gravedad de los señalamientos y tomar distancia de los mismos, en lugar de asumir un rol de liderazgo que promueva el esclarecimiento de los hechos señalados en el diario El País de España.

El presidente Varela, detalla el CEN del PRD en un comunicado, debe honrar el cargo que ostenta y respaldar las investigaciones de este caso, “caiga quien caiga”.

Desde que estalló el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, recordó el PRD que advirtió la necesidad de que se tomaran las medidas necesarias para llevar adelante una investigación seria e imparcial en relación a los hechos.

“El PRD reclama, responsabilidad en la investigación, transparencia y enérgicas sanciones”, detalla el comunicado.

Resulta lamentable que por más de tres años, las autoridades judiciales panameñas, destaca el CEN del PRD, no hayan sido eficaces para perseguir la corrupción y las lesiones patrimoniales al Estado y que en determinados casos solo se reaccione en base a informaciones publicadas por medios internacionales.

“Nuestras instituciones competentes, deben responder al pueblo panameño y cumplir con la justicia, el pueblo exige claridad en las investigaciones, el Ministerio Público ya ha dicho que tiene nombres y la sociedad está esperando los resultados.

La procuradora está en la obligación de asumir el rol que le corresponde o de lo contrario ceder el espacio a quien sí esté dispuesto a cumplir con esta misión”, sigue señalando el comunicado.

Así mismo, el PRD considera que nadie está por encima de la ley y si las investigaciones corroboran la vinculación del presidente de la República con estos hechos de corrupción, la Asamblea Nacional deberá actuar con firmeza y determinación, tal como lo exige la sociedad panameña.

Reiteramos que la corrupción castiga a los humildes, a los que más necesitan la atención responsable del Estado y equivale a quitarle a cada panameño, sobre todo a los sectores más vulnerables, recursos que bien han podido destinarse a la solución de los problemas más agobiantes de nuestra sociedad.

Por eso reafirman su compromiso de combatir este flagelo que atenta contra el desarrollo económico con la  equidad que promueven.

 

Redacción Digital La Estrella

 

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Odebrecht recalca que colabora con autoridades en investigación de su operación

Rodrigo Tacla Durán, que entrevistado por el diario El País dijo revelar nuevos detalles sobre el esquema de sobornos de Odebrecht, “era un operador financiero que tuvo participación en actividades ilícitas ya informadas” por la empresa, señaló hoy la constructora en un comunicado.

“Odebrecht está colaborando con las autoridades para esclarecer todos los hechos revelados y reafirma su compromiso con la verdad y con una actuación ética, íntegra  y transparente, en Brasil y en todos los mercados donde la empresa actúa”, añade el escrito.

Rodrigo Tacla, “al contrario de lo que afirma en su entrevista, no ha actuado nunca como abogado en cualquiera empresa del grupo Odebrecht”, precisa la constructora.

La entrevista de Tacla fue publicada ayer en la versión digital del diarios español El País, donde se señala que la constructora “apostó” en las elecciones de 2014 por los candidatos favoritos, Juan Carlos Varela, hoy presidente, y José Domingo Arias, del CD, partido del entonces gobernante Ricardo Martinelli.

Redacción Digital La Estrella

 

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Varela y Martinelli en la trama Odebrecht

Las más recientes revelaciones sobre el caso Odebrecht, esta vez de boca de un antiguo abogado de la constructora brasileña, han abierto la caja de Pandora cuya llave panameña parecía tener solo el Ministerio Público.

La denuncia se ha hecho una vez más en los medios, ante la aparente demora de las autoridades judiciales de los países implicados en el escándalo internacional, al menos doce, entre los que se encuentra Panamá.

‘LA FIRMA CORRIÓ CON LOS GASTOS DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS DE LAS ELECCIONES GENERALES PANAMEÑAS DE 2014′,

RODRIGO TACLA

ABOGADO

Ha sido una exclusiva del periódico español El País , que entrevistó a un abogado hispano brasileño vinculado a Odebrecht entre 2011 y 2016, el que ha removido el escenario político e institucional nacional, implicando de un plumazo al expresidente Ricardo Martinelli, su candidato en las pasadas elecciones, José Domingo Arias, y al presidente Juan Carlos Varela.

Según Rodrigo Tacla Durán, en entrevista con El País , los tres recibieron favores de la cuestionada empresa brasileña que confesó haber pagado sobornos a políticos y funcionarios en los países en los que tenía intereses comerciales para asegurarse obras públicas.

Tacla, abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, reveló a José María Irujo y Joaquín Gil, periodistas de El País , que la constructora ‘transfirió fondos’ a Michelle Lasso, ‘una persona próxima’ al ahora presidente de Panamá.

‘Odebrecht organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje…’, indica Tacla, en libertad provisional y pendiente de juicio por lavado de dinero, entre otros delitos.

Según El País , Tacla sostiene que la constructora abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de la familia de Varela. ‘El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong’, dice.

También apunta que la Fiscalía de Panamá se puso en contacto con su homóloga española para interesarse por su declaración judicial. ‘Cuando pedí que la colaboración con Panamá fuera oficial, ya no me volvieron a llamar’, añade el abogado, que identifica el ‘cambio de actitud’ de la Fiscalía panameña con ‘la amistad’ del presidente Varela y André Rabello, exdirector de Odebrecht en este país. ‘Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy’, agregó.

En 2014, añade, la constructora intentó regalarle un avión al expresidente Ricardo Martinelli, pero el político lo rechazó. ‘La empresa quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido José Domingo Arias, del oficialista Cambio Democrático, que concurría a las elecciones generales’ de ese año, publica El País .

Sobre los sobornos reconocidos por Odebrecht, $59 millones solo a representantes y allegados al Gobierno de Panamá entre 2010 y 2014, Tacla sostiene que ‘la cantidad es mayor’ y que la empresa ‘corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones 2014: José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente Varela. Apostó por los dos’.

VARELA NIEGA IMPLICACIONES DE ABOGADO BRASILEÑO

El presidente Juan Carlos Varela rechazó las implicaciones que vierten de una entrevista publicada por el diario español El País , en la que un antiguo abogado de Odebrecht sostiene que la constructora depositó dineros a una persona próxima al ahora gobernante y a su empresa familiar.

‘La investigación sobre Odebrecht está en el Ministerio Público, yo no voy a opinar, porque sería una irresponsabilidad’, dijo Varela al conocerse la noticia, que han recogido todos los medios locales.

Según el presidente, la información sobre sus donaciones de campaña es pública y las aseveraciones de Tacla sobre la empresa de su familia, Varela Hermanos, ‘son totalmente falsas’.

También rechazó cualquier complicidad con la Procuraduría en el caso Odebrecht, como indicó el antiguo abogado de la constructora, y recalcó que ‘hay que confiar en las autoridades del país, que son las que tienen que dar con los responsables (de recibir los sobornos), recuperar patrimonio y que se sepa toda la verdad’.

En la entrevista del diario español, Rodrigo Tacla apunta que la constructora abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de la familia de Varela. ‘El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong’, precisa.

Y añade que la Odebrecht transfirió fondos a Michelle Lasso, ‘una persona próxima’ al presidente Varela.

Asimismo, establece que la Fiscalía de Panamá se puso en contacto con su homóloga española para interesarse por su declaración judicial. ‘Cuando pedí que la colaboración con Panamá fuera oficial, ya no me volvieron a llamar’, apunta en la entrevista, en la que vincula el cambio de actitud de la Fiscalía panameña con ‘la amistad’ entre André Rabello, exdirector de Odebrecht en este país, y el presidente Varela.

‘Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy’, añade Tacla en su declaraciones a El País .

La constructora brasileña confesó haber pagado sobornos en doce países

$59 millones pagó la empresa a funcionarios públicos y allegados en Panamá, entre 2010 y 2014.

Ana Cerrud