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Martinelli prepara nueva estrategia legal para su regreso

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli cuentan con un abanico de opciones legales que podrían desarticular los procesos en su contra. Su equipo de defensa en Panamá anunció que, muy pronto, Martinelli hará un ‘pronunciamiento importante’ en ese sentido.

Con ayuda de algunos de los letrados que han participado en su defensa, La Estrella de Panamá analiza las posibles actuaciones al alcance del expresidente en caso de volver a Panamá, como se prevé.

El expresidente podría pactar un acuerdo con el Gobierno o llegar a un entendimiento con el fiscal Harry Díaz, quien investiga el caso de las escuchas telefónicas por el que se ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde lleva detenido desde el 12 de junio pasado.

Ante esa situación y sin que se resuelvan a su favor las solicitudes de excarcelación y fianza gestionadas hasta ahora, Martinelli puede volver, en todo caso, por su propia voluntad o alegando algún asunto imperativo, como tratamiento por enfermedad crónica y la necesidad de la atención familiar.

De volver extraditado, se enfrentaría al proceso en la Corte con el Sistema Penal Acusatorio vigente, que es el que está vigente.

RENUNCIAR AL PARLACEN

Si una vez en Panamá Martinelli decide renunciar a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (lo que podría), entonces, el pleno de Corte Suprema de Justicia, puntualmente el fiscal Harry Díaz que inició la investigación en su contra en octubre de 2015, perdería competencia del caso (el de los ‘pinchazos’) y el expediente tendría que ser trasladado al Ministerio Público que lo trataría como a un ciudadano común.

‘Los casos saldrían del Sistema Penal Acusatorio y se investigarían bajo el Sistema Inquisitivo, al dejar de ser diputado las carpetillas se pasan al Ministerio Público que continuaría la investigación’, indicó el exprocurador Rogelio Cruz, que fue parte del equipo de abogados del exmandatario.

El abogado añade que en la legislación hay un vacío. Y explica que ni en el Código Judicial ni en el Procesal Penal está previsto que una persona que es diputado pase a ser un ciudadano común y viceversa. Son tan raros los casos que la ley no contempló esos supuestos, apunta.

‘En el caso de Martinelli, las investigaciones se iniciaron casi hace tres años, en este sentido, deberían fijar un término razonable para que el fiscal a cargo culmine el trabajo y determine ordenar medidas cautelares o, bien, solicitar juicio o sobreseimiento provisional o definitivo’, dice Cruz. Este lapso de tiempo, agrega el abogado, tampoco está establecido. Por tanto, la Fiscalía tendría que pedir un plazo y el juez de circuito penal, fijarlo. El sistema inquisitivo establece un máximo de seis meses para efectuar la investigación. Dado el tiempo transcurrido, el fiscal tendría que solicitar un término para concluir la pesquisa.

Ahora bien, el Ministerio Público, podría continuar la investigación por la cual fue requerido el expresidente, más no del resto de las nueve carpetillas que se mantienen en averiguación en la Corte. Por ser dos sistemas distintos, la Fiscalía prácticamente tendría que empezar la investigación, apunta.

En tal caso, la Fiscalía citaría a Martinelli para que, por primera vez, realice sus descargos y ejerza su defensa. Luego, pasaría el expediente al juez de circuito penal con una petición de llamamiento a juicio o sobreseimiento.

‘El resto de los casos habría que cerrarlos en función de que vino extraditado por un caso en específico y no por el resto’, puntualiza Cruz recordando la doctrina de la especialidad.

El Tratado de Extradición bilateral firmado entre Panamá y Estados Unidos establece -y en esto han coincidido el Gobierno panameño y la defensa de Martinelli- que el Departamento de Estado podrá entregar a cualquier agente del gobierno extranjero para ser juzgado por el delito que se le imputa. El Tratado prohíbe explícitamente que el presidente Martinelli sea juzgado por delitos u ofensas distintas a aquellas por las que se le extradita. Por lo tanto, cualquier audiencia que pretenda celebrarse con nuevas imputaciones al expresidente, según el Tratado, no podrían ventilarse para ser imputado o juzgado.

PIDEN AUDIENCIA

Lo curioso es que el Pleno de la Corte Suprema fijó para el próximo 13 de octubre a las nueve de la mañana, una audiencia de formulación de imputación solicitada por el fiscal Abel Zamorano, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (el caso de los indultos). La programación de la audiencia, según un comunicado del Órgano Judicial, fue autorizada por el magistrado de garantías, José Ayú Prado, y se comunicó a los intervinientes.

Este diario averiguó que, hasta la fecha, la Cancillería no ha solicitado la extradición del expresidente por ningún otro delito además del caso de los pinchazos.

También trascendió que en el caso de los indultos, el fiscal pretende imputar a Martinelli, lo que contradiría la acción del fiscal Harry Díaz, quien acusó (más no imputó) al exmandatario por el caso de las escuchaas telefónicas .

Esta contradicción judicial podría dar al traste con el caso de los ‘pinchazos’ y beneficiaría la tesis que la defensa de Martinelli ha sostenido en los tribunales de Miami, en el sentido de que se debió imputar a su cliente. El fiscal Díaz defiende su acción al establecer que al tratarse de un caso especial, la imputación se adjudica de forma automática en la acusación.

Estas contrariedades entorpecen la claridad de los procesos, o del proceso, que enfrente el expresidente en la Corte Suprema una vez que pise suelo panameño.

ENFERMEDAD CRÓNICA

De comprobarse o de ser acreditada, mediante peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELF), que el expresidente sufre de un mal irreversible o que requiere tratamiento médico para superarlo, la defensa solicitaría una medida cautelar de depósito hospitalario por cárcel, aunque la medida no frenaría el proceso en curso. Hasta la fecha, en la documentación pública del juzgado del Distrito Sur de la Florida, se ha mencionado una afección de bronquitis.

De ser éste el caso, lo natural es que la defensa se aproxime al fiscal de la causa para a ventilar el tema en busca de garantías antes de la extradición. Entonces, la fiscalía podría invocar una revisión médica de un grupo de especialistas, además de un equipo del Instituto de Medicina Legal, para asegurarse del padecimiento.

TRATO

La tesis sobre un posible trato con la Fiscalía parece una de las más remotas. Según declaraciones del magistrado fiscal Harry Díaz a La Estrella de Panamá , no se tiene acuerdo con el expresidente en el proceso 138-15, que corresponde al caso de los pinchazos. Este medio tampoco ha conocido sobre la intención de hacer algún trato entre el Gobierno y el exmandatario, o que su defensa haya manifestado voluntad de hacerlo.

Adelita Coriat

 

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Díaz pide a Ayú Prado separarse de los casos que vinculan a Martinelli

El magistrado Harry Díaz solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y a su colega Luis Ramón Fábrega, a que se separen del cualquier caso que relacione al expresidente de la República y actual diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli.

Díaz hizo la solicitud a través de una misiva en la que también indica que esta petición sea discutida en el Pleno de la CSJ el próximo jueves 12 de octubre.

Actualmente Ayú Pdrado, se encuentra de viaje a España en la que participará en la inauguración del Año Judicial en la sede del Tribunal Superior del Principiado de Asturia, en Oviedo.

“Recordemos que las actuaciones de los magistrados de la CSJ deben ser transparentes e imparciales y debidamente fundamentadas en las garantías, principios y reglas contenidas en este caso en el Código de Procedimiento Penal, por tanto cualquier actuación efectuada en contravención con las mismas deberá ser analizada y corregida”, indica la misiva.

Redacción Digital La Estrella

 

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Asamblea retomará presupuesto del Estado

Concluido con el proceso de discusión en los tres debates correspondientes del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, la Asamblea Nacional, se dispone esta semana a retomar el proyecto de ley que dicta el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2018.

La Comisión de Presupuesto concluyó el 19 de septiembre con el proceso de visitas presupuestarias que se extendió por más de un mes y ahora se debe entrar en el proceso de deliberaciones para definir las recomendaciones al Órgano Ejecutivo.

Una vez se pongan de acuerdo sobre cuáles son las instituciones a las que deben modificar el presupuesto, se harán las recomendaciones al Órgano Ejecutivo para que introduzca las modificaciones a través de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El diputado Luis Barría confirmó que en efecto harán las recomendaciones al Ejecutivo, pues consideran que en la propuesta elaborada por el MEF, hay algunas instituciones a las cuales se les podrían hacer modificaciones a las partidas asignadas.

Barría dijo que se espera que antes de que concluya el octubre se haya aprobado el presupuesto en los tres debates correspondientes, tomando en consideración que es el último día de este mes cuando concluye el actual periodo de sesiones ordinarias del pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2018 aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado ante la Asamblea Nacional asciende a $23,397.1 millones, lo que representa un incremento de 7.9% en relación al presupuesto del año vigente.

Redacción La Estrella de Panamá

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Juristas extranjeros critican fallo de la Corte Suprema de Justicia

El examen del fallo que anuló parte de la investigación del Ministerio Público por la compra de radares a Finmeccanica arrojó resultados que no dejan nada bien a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Transparencia Internacional (TI), alarmada por el controvertido fallo, envió copia a tres juristas  Luis Vargas Valdivia (Perú), Ciro Colombara (Chile) y Hugo Wortman Jofré (Argentina) para su respectivo análisis.

En los tres casos, los abogados internacionales coincidieron en que el fallo adolece de los principios a los que Panamá voluntariamente se ha adherido en el combate a la corrupción. Se referían, específicamente, a las convenciones Interamericana contra la Corrupción y de Naciones Unidas contra la Corrupción, de las que Panamá es suscriptor mediante leyes que las ratifican como parte del derecho interno en materia de corrupción. Estas convenciones establecen un equilibrio a fin de que la impunidad no salga victoriosa en casos, precisamente, como el de Finmeccanica, sin que ello menoscabe el derecho a defensa o debido proceso de los sospechosos. En los tres casos, los abogados coinciden en que nunca la CSJ ha debido anular lo investigado por el Ministerio Público, habiendo alternativas para evitar la impunidad. En la iniciativa también fue parte el capítulo panameño de TI, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

ABOGADOS INTERNACIONALES: FALLO DE LA CSJ NO ES LÓGICO

Fue un fallo controversial. Lleva la firma de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de algunos suplentes de magistrados y uno que decidió abstenerse.

El caso, Finmeccanica; los acusados, el exministro de Seguridad Pública y el exviceministro José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente. Alegaron y el criticado fallo les dio crédito a sus argumentos que la fiscalía, al haberse excedido en el tiempo asignado a la investigación, dio pie para que lo actuado tras la fecha fatal se declarara nulo. De inmediato surgieron las críticas, pues el amparo de garantías que facilitó la nulidad era igual a otro que meses antes firmaron todos esos magistrados  incluida la ponente Ángela Russo pero en dirección diametralmente opuesta: excederse en el plazo no anula lo actuado. Además, habiéndose tomado meses para llegar al fallo excediéndose ellos mismos en el plazo para resolver el amparo le restaron valor moral para exigir lo que ellos mismos no cumplen.

El criticado fallo hará historia, no solo porque sus críticos no cesan de decir que huele a podrido, que promueve la impunidad y que es selectivo, sino porque varios juristas de América del Sur convocados por Transparencia Internacional han llegado a las mismas conclusiones y añaden que los magistrados de la CSJ de Panamá han olvidado que este país ratificó convenciones internacionales que impedirían lo que ellos presumen es claramente impunidad.

El presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, hace la presentación de tres videos divulgados ayer con los testimonios de “destacados juristas de la región”.

Uno de ellos es el peruano Luis Vargas Valdivia, quien cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia sobre los plazos, específicamente del llamado plazo determinado, particularmente en lo tocante al de las investigaciones, a efectos de esclarecer los delitos. “En estos casos, la Corte Interamericana y la doctrina señalan claramente que la consecuencia no es la nulidad de la actuación, sino obligar al órgano

encargado de las investigaciones a emitir pronunciamiento. Esto es, si en el curso de una investigación […] la fiscalía se excede del plazo oportunamente previsto, cualquiera de los justiciables… puede recurrir al órgano jurisdiccional, pero este solo podrá ordenar a la fiscalía que dé por concluida la investigación y emita pronunciamiento. En modo alguno puede ordenar o puede declarar la nulidad de lo actuado”. A su vez, el jurista chileno Ciro Colombara advierte que el fallo “ha provocado alerta internacional de personas y organizaciones preocupadas por la transparencia y el combate a la corrupción”. “Queremos referirnos a esta sentencia desde dos perspectivas: una desde la perspectiva de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y otra desde la perspectiva de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente desde el año 2005 en Panamá”, dijo Colombara. En el primer caso, esta en su preámbulo, dice “que la corrupción tiene, en algunos casos, y este es uno de ellos, trascendencia internacional, y segundo, señala que, para combatir la corrupción, es responsabilidad de los estados la erradicación de la impunidad. Acabamos de decir que en este caso concreto lo que ha habido […] es la impunidad”. A su vez, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aborda medidas relativas al poder judicial y el Ministerio Público, pues ambas son esenciales en la lucha contra la corrupción. “No pretendemos que no se respeten las garantías de los individuos investigados, sino simplemente que se haga de manera equilibrada”. “Los delitos de corrupción transnacional son delitos que requieren mucho tiempo para investigarlos, muchos recursos, porque son excepcionalmente complejos de investigar. Y eso nos lleva a la cuestión del plazo razonable de investigación. Y un plazo de dos años, dos años y medio es un plazo absolutamente razonable, de manera tal que la sentencia de la Corte Suprema de Panamá no tiene una explicación lógica”, añadió.

Por el mismo camino van los argumentos de Hugo Wortman Jofré, jurista argentino, que estaca que la investigación comenzó el 11 de agosto de 2014, “es decir, que a tres años de haber comenzado, de ninguna manera puede interpretarse que se hayan alcanzado los estándares internacionales en materia de violación en abstracto de un plazo razonable, porque el promedio en Latinoamérica e informes de organizaciones no gubernamentales de Argentina hablan de que el promedio son 15 años, con lo cual, 3 años de ninguna manera parece violatorio de ese principio internacional”. Recuerda que Panamá es suscriptor de convenciones internacionales contra la corrupción para adecuar su derecho interno. En el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá se adhiere a estos principios en los artículos 1 y 30, “que establece la necesidad de un equilibrio apropiado entre las prerrogativas judiciales que se le da a los funcionarios, en términos de inmunidad, y la posibilidad de avanzar en las investigaciones contra la corrupción”. Lo que se ve en el fallo, afirma, “justamente es que se ha olvidado este principio… de las convenciones internacionales y no ha sostenido ese equilibrio, priorizando una nulidad por sobre la posibilidad de continuar investigando la corrupción de manera eficaz y eficiente, como lo establecen las convenciones.

Rolando Rodríguez B.

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Abogados cuestionan investigación de la Fiscalía

El denominador común de los abogados de los procesados en el caso ‘El Gallero’ fue el cuestionamiento de la investigación de la Fiscalía Primera Superior en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que las técnicas especiales utilizadas, como las escuchas telefónicas, carecen de elementos de convicción para mantener a sus clientes en detención provisional.

En audiencia, que inició ayer a las 9 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche en el Sistema Penal Acusatorio, la jueza Josefa Monfante escuchó los alegatos de los once juristas que se opusieron a las que calificaron de ‘severas medidas’ contra sus clientes por parte de la Fiscalía que solicitó la detención provisional para cada uno de ellos, excepto de Ernesto Ricardo Bowell, considerando sus 70 años de edad.

Alexander De Gracia, defensa de Manuel Antonio ‘Tony’ Domínguez Walker, a quien la Fiscalía considera el cabecilla de la red, cuestionó la veracidad de las escuchas alegando que la Fiscalía no tenía la capacidad de probar que la voz era la de su cliente, ni que él estuviera en los sitios que señala la autoridad porque no existía un informe de la empresa telefónica que señalara la activación de la antena mientras se escuchaban las conversaciones. Aunado a esto, indicó que el fiscal a cargo Marquel Mora, hizo referencia sobre la imputación de bienes de su cliente, más no confirmó ni uno de ellos en el Registro Público.

‘Tony’ había sido procesado anteriormente por delito de blanqueo de capitales, caso en el que salió absuelto en el 2015. Su abogado tomó esta experiencia para llamar la atención de la jueza y ‘desmentir las afirmaciones del fiscal’. El abogado también reclamó el hecho de que la investigación que se inició en octubre de 2016, y se han abierto otras investigaciones por las incautaciones de droga en otras jurisdicciones nacionales, debieran remitirse a la capital. De Gracia solicitó para su cliente país por cárcel y que acuda a firmar una vez por semana a la oficina que designe la jueza.

‘NO ES POLÍTICA’

Por su parte, la abogada Gladys Quintero apoderada del alcalde de La Villa de Los Santos Eudocio ‘Pany’ Pérez Flores imputado por blanqueo de capitales, reclamó al fiscal Mora la vinculación de su cliente con el delito. Dijo que no estaba claro si es producto del tráfico de drogas o por corrupción. ‘El fiscal lo confunde’, manifestó.

Mientras hablaba la defensora -el alcalde vestido de saco azul y camisa a rayas celestes, con mejor semblante que el primer día que compareció ante la jueza- la miraba y asentaba con la cabeza, luego volteaba a ver a la jueza como si fuera a cerciorarse de que tomara nota de su defensa, de las palabras que podrían exculparlo de las acusaciones de la Fiscalía.

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Quintero preponderó que el alcalde es un hombre de 60 años, con siete hijos, y dos de ellos dependen de manera directa de él. Coincidió, no obstante, con la petición de la Fiscalía de suspenderlo de las funciones públicas para dar tranquilidad a la autoridad de que no destruiría prueba alguna. Narró que su cliente no tiene antecedentes penales y que pertenece a un partido político reconocido, por lo tanto, no tiene peligro de fuga como alegaba el fiscal en sus argumentos. Así, solicitó a la jueza que le conceda país por cárcel en vez de la detención provisional.

El Fiscal Mora refutó a la abogada en el punto del blanqueo. Dijo que la interpretación de las unidades policiales que analizaron las escuchas fue que el dinero que entregó ‘Tony’ al alcalde no era para el Municipio, sino para el funcionario. Dejó saber a la sala que ‘esto no tiene nada que ver con política, yo vine a hacer un trabajo aquí’, reiteró Mora.

LOS DATOS DEL MAYOR

Quizás una de las exposiciones más concisas de las intervenciones de los abogados fue la de Israel Marín, que representa al Mayor de la Policía Luis Omar Álvarez. El mayor está relacionado al caso por aportar a uno de los supuestos miembros de la banda, información sobre la placa de un vehículo.

La llamada, interceptada por las autoridades, se efectuó el 29 de mayo pasado, el mismo día que consta en la resolución que autoriza la interceptación. Esta casualidad llamó la atención del abogado quien puso en duda el proceso efectuado por la Fiscalía para este propósito. Marín explicó que su cliente no entró en la base de datos para obtener la información, tal como lo asegura la Fiscalía. Hecho que da pie al delito de corrupción de funcionarios que pesa sobre el Mayor. El defensor comunicó que el Policía con 24 años de carrera llamó a la Dirección de Investigación Judicial para recabar la información, y retó al fiscal a aportar las pruebas que indican que el Mayor no siguió los procedimientos normales. Incluso dijo que la parte acusadora no tenía certificación de las telefónica de que el número interceptado de Andrés Moreno Zamora (integrante de la red que recibió la información) le pertenezca. Además no se benefició económicamente por haber otorgado al información, dijo el abogado.

El Mayor no aparece en ninguno de los 6 eventos que citó el fiscal como principales que permitieron la operación y no conoce a los miembros de la red. Lo que no explicaron durante la audiencia es cómo, o por qué razón, Moreno Zamora llamó directamente al celular del mayor para reportar la placa de un auto sospechoso, y no a la central de la Policía.

El mayor cuenta con 25 meses acumulados de vacaciones que cumple por orden de sus superiores después de haber sido acusado en una Junta Técnica de varios delitos.

EL AGENTE POLICIAL

Manuel Estéban Salazar, agente de la Policía imputado por delito de tráfico internacional de drogas, estuvo representado por Rigoberto Vergara.

Se le acusa de haber ayudado a hacer un hueco para ocultar droga que había ingresado por la costa de Los Santos. Su defensor alegó que en el Código Procesal Penal no está tipificado el delito de ocultamiento, sino de intentar o de sacar la droga del país. Solicitó a la fiscalía explicar cómo su cliente ayudó a ocultar la droga o sacarla.

Su cliente está vinculado por una llamada entre miembros de la organización que mencionaron el nombre de ‘Manuel’ como uno de los que podría ayudar a hacer el hoyo. El analista, según el letrado, interpretó que se trataba de él por tener el mismo nombre. Ante esto, el fiscal refutó que los actos que se exponen en la carpetilla con respecto al agente son convincentes en cuanto a la relación del mencionado con la organización. ‘El hecho de ocultar la droga es delito en tanto y cuanto a que prestaba ayuda para cometer un delito’, respondió Mora.

El abogado solicitó a la jueza que le otorgue medida de país o casa por cárcel y firmar dos veces por semana.

BRAZO FINANCIERO

Alberto Luis Chávez Chen es catalogado como el brazo financiero de Tony, líder de la banda. El jurista Arquímedes Saez rebatió la postura de la Fiscalía en cuanto a la ausencia de detalles en las actividades que supuestamente practicó su cliente, como dónde, cuándo, etc. Se pregunta qué certeza tiene el fiscal de que su cliente -cuyas comunicaciones telefónicas eran escuchadas por las autoridades- era quien conversaba con Gabriel Ibarra, un joven detenido en uno de los decomisos de droga efectuados a lo largo de la operación Gallero.

Alegó que la petición de la medida de la fiscalía, que solicitó la detención provisional, es más bien un debate jurídico y no un mandato. ‘Hay que convencerla -dijo a la jueza- que si otorga una medida diferente pueda poner en riesgo la comparecencia de mi cliente’. Aunado a esto indicó que las implicaciones de Chávez Chen son por referencia indirecta, pero que el fiscal no cuenta con pruebas que lo comprueben. Solicitó entonces a la jueza imponga impedimento de salida del país, arraigo domiciliario y que comparezca a firmar lunes, miércoles y viernes a la oficina que designe la jueza.

El fiscal Mora rebatió los alegatos de la defensa al decir que Chávez Chen estuvo presente en las tres entregas que se hicieron al alcalde, que además existen en la carpetilla las diligencias donde los tribunales de garantía autorizaron la intervención telefónica y que el brazo financiero de Tony aparece en registros fotográficos en distintos episodios relacionados con los cargos endilgados.

Al final de la sesión, la jueza ordenó arresto domiciliario para el alcalde Eudocio ‘Pany’ Pérez y Roxana Norato.

EL ALCALDE DE LOS SANTOS RECIBIÓ APOYO DE SUS COPARTIDARIOS

A la audiencia celebrada ayer presidida por la jueza Josefa Monfante acudieron miembros del partido Revolucionario Democrático para dar respaldo al alcalde Eudocio Pany Pérez, primer subsecretario de este colectivo. Mitchell Doens, Pedro Miguel González, Doris Zapata, Rosario Turner, y otros simpatizantes mostraron su apoyo moral al alcalde que tuvo ocasión de saludar a algunos de ellos en los recesos convocados por la jueza.

La audiencia estuvo marcada por largas intervenciones de los abogados que iniciaron a la una de la tarde, después de un receso que dio punto final al periodo de imputaciones de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Droga.

La jueza no impuso límite de tiempo a las intervenciones de los juristas, por lo que cada uno se tomó casi una hora para su descargo. Actualmente la carpetilla 2017-1506 consta de 6 tomos, dos de ellos contienen registros de llamadas telefónicas.

Adelita Coriat

 

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Solicitan suspensión de funciones públicas para integrantes de la red “Gallero”

El Fiscal Primero de Delitos Relacionados con Droga, Marquel Mora, insistió a la jueza de Garantías Josefa Monfante del Sistema Penal Acusatorio de que la investigación efectuada, desde el 21 de octubre de 2016, hasta que culminaron los hechos con la aprehensión de las personas imputadas actualmente es categórica y permite solicitar la medida de detención preventiva y suspensión de funciones públicas en los casos que aplica.

En este sentido solicitó para el alcalde de Los Santos, Eudacio Pérez Flores, su asistente Eduardo José Vásquez Vásquez, el mayor de la Policia Nacional Luis Omar Alvarez Martínez, y el agente Manuel Estéban Salazar, la suspensión de las labores públicas, así como la detención preventiva.

Al igual que los anteriores, el Fiscal Mora narró la vinculación de cada uno de los supuestos integrantes de la banda y pidió para todos la detención preventiva, excepto para el señor Ernesto Ricardo Bowell, mayor de 70 años para quien pidió se mantenga en su domicilio.

Mora explicó a la jueza las implicaciones y riesgos que podrían surgir si a los implicados de la banda se les concede una medida distinta a la detención preventiva. Así solicitó que se aplique medida de detención provisional para: Manuel Antonio “Tony” Domínguez Walker (líder de la banda), Andrés Enrique Moreno (colaborador directo de Tony), Alberto Chávez Chen (propietario de uno de los cargamentos), Roxana Lisbeth Norato (participó en varios eventos de droga), Eduardo “Pany” Pérez Flores (alcalde de Los Santos que supuestamente recibió dinero de Tony), Luis Omar Alvarez Martínez (mayor de la Policía Nacional que otorogó información sobre una placa a colaboradores de Tony), Manuel Estéban Salazar (agente de la Policía que ayudó en la confección de un caleto), José Antonio “Toñin” Villareal Hernández (introducción de la droga), Manuel Antonio Domínguez Salazar (testaferro), y para Eduardo José Vásquez Vásquez (asistente del alcalde).

La jueza hizo un receso en la audiencia que se reanudará a la 1 de la tarde para que los abogados puedan solicitar las medidas cautelares de sus clientes.

Adelita Coriat

 

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Aprehendidos en operativo ‘El Gallero’ llegan las instalaciones del SPA

Aproximadamente a las 8:30 am llegó a la instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, el alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pérez, quien llegó esposado para la audiencia pública junto con otras dos de las 11 personas vinculadas al supuesto narcotráfico.

En esta audiencia que inicia a las 11:00 am se prevé que la Fiscalía solicite la legalización de las detenciones e imputaciones de cargos a las personas aprehendidas en este caso.

Rolando Mirones, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y ex director de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), hizo un llamado a que se “respete la presunción de inocencia” de su copartidario y que se den “todas las garantías del proceso para que se conozca la verdad”.

De acuerdo con Pérez, según informaron los abogados de alcalde es que la única vinculación que tiene el funcionario en el caso es “la donación de $15 mil para unos carnavales”.

“Esta donación de $15 mil es de una persona que asumo yo está vinculada al caso, pero no hay nada más”, dijo el perredista.

Eudocio Ernesto Pérez Flores, además de su cargo como acalde de La Villa es miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máxima autoridad del partido y el cargo que ocupa es primer subsecretario del PRD.

Pérez fue en dos ocasiones representante del corregimiento de La Colorada de Los Santos, de igual manera salió reelegido este período como alcalde.

La investigación se inició el 21 de octubre de 2016 y culminó este domingo 24 de septiembre de 2017 con la detención de las once personas, incluyendo el líder de la organización.

Durante el operativo, se decomisaron 18 autos, $1 millón en efectivo y 2.1 toneladas de droga.

Guadalupe León B.

 

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CNA: anteproyecto de ley resta derechos al ejercicio de la abogacía

Luego de una reunión sostenida el 23 de agosto con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), asumió una clara posición frente al anteproyecto de ley para la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Desde su directiva y mediante una comunicación dirigida a Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, con fecha del 18 de septiembre, el CNA manifestó que el anteproyecto de ley busca quitar derechos al ejercicio de la profesión del abogado, “por el solo hecho de ser un agente residente”.

Todo ello, sustentado en que, de acuerdo con el CNA, la normativa forzaría  a los abogados a incrementar sus costos operativos incorporando en su ‘back office’ oficiales de cumplimiento “cuando por definición el agente no se involucra en la administración de las sociedades”.

Por otra parte, el CNA se muestró totalmente renuente a la “elitización” de los servicios relacionados a la incorporación y administración de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y fundaciones de interés privado considerando que establecer un pago único, con obligatoriedad, ocasionará que solo algunas empresas y firmas especializadas puedan ofrecer este servicio y que “amplios sectores de nuestros agremiados estén condenados a perder esta parte de sus ingresos” y convertirse en clientes de los colegas que cuenten con la capacidad de cumplir con los requisitos que son “violatorios” al libre ejercicio de la profesión.

De acuerdo con información publicada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el documento (borrador) en el que se sustenta el anteproyecto de ley,  busca que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, “ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En la misiva, Dionicio Rodríguez, en representación del CNA, afirmó que en los próximos días estarán realizando otras consultas con los agremiados para sentar una posición definitiva frente al proyecto, con un estudio técnico-jurídico del mismo.

Yandira Núñez

 

 

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Analizarán impacto de las normas electorales

¿Cuál será el impacto de las reformas electorales en las elecciones generales de 2019? Es una pregunta que analizará mañana en un foro que organiza Diálogo Connectas Panamá en alianza con el Tribunal Electoral y el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem).

El foro se realizará en el salón de eventos del Tribunal Electorales con los panelistas Maribel Jaén, directora de Justicia y Paz; Roberto Troncoso, foro ciudadano Pro reformas electorales; Harry Brown, especialista de Cidem; Carlos H. Díaz, director del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral; y el diputado Quibian Panay.

El evento, programado para las 10:00 a.m, será gratuito y abierto al público. Entre los temas a discutir está el financiamiento político.

José Arcia

 

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Varela explora acuerdo con Andorra para recuperar dinero de Odebrecht

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunió con su homólogo de Andorra, Antoni Martí, con quien acordó negociar un acuerdo legal que facilitaría la recuperación dinero que está en está en este jurisdicción, producto de la supuesta coima pagada por Odebrecht.

El encuentro bilateral, se registró como parte de su agenda de trabajo en Nueva York, donde participó en la sesión 72 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell reveló en conferencia hace algunas semanas que a través de diligencias judiciales, se logró la cautelación de $12.8 millones que supuestamente eran parte de los pagos de las coimas que se habían recibido de la empresa Odebrecht.

En su encuentro con Martí, el mandatario panameño destacó: “estamos haciendo los esfuerzos para recuperar cientos de millones de dólares desviados, que le pertenecen al pueblo a fin de invertirlos en la gente, poniendo los recursos del Estado al servicio de todos los panameños”.

El Ministerio Público de Panamá cauteló una cuenta millonaria en Andorra. El dinero corresponde a Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

La cautelación de este dinero se logró tras una asistencia judicial que hizo la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a ese país europeo.

Según las investigaciones, el dinero fue desviado por los hermanos Martinelli a través de una serie de transacciones bancarias que concluyeron con el depósito del dinero en Andorra.

Con el encuentro entre ambos mandatarios, se busca la fórmula para que el dinero pueda ser devuelto a Panamá.

Varela también se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes acordaron iniciar negociaciones formales entre las Cancillerías y autoridades de aviación para aumentar la conectividad  aérea entre ambos países, a fin de potenciar el turismo y las inversiones.

En la cita, Varela y su homólogo de Canadá coincidieron en que las relaciones de los dos países se han fortalecido, por lo que asumieron el compromiso de dar el impulso necesario para lograr acuerdos a corto plazo.

El jefe de Estado panameño aprovechó el momento para reunirse con el primer ministro de Curazao, Eugene Rhueggenaath, para fortalecer los lazos en materia de turismo y comercio.

Además del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien dialogó
sobre la próxima Cumbre SICA-Chile sobre el tema de seguridad y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación judicial.

También conversó con su par de Palestina, Mahmoud Abbas, sobre reactivar entendimientos de paz con Israel y mostró su respaldo a la solución pacífica entre los dos Estados.

A las diversas reuniones bilaterales, al presidente Varela lo acompañaron la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; la directora de Política Exterior, Nicole Wong y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Guadalupe León B.