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El complicado caso Financial Pacific ha llamado la atención de autoridades extranjeras, asegura Mayte Pellegrini tras salir de la cárcel, donde recibió consultas de representantes diplomáticos.

La exoficial de la casa de valores, quien recibió recientemente arresto domiciliario tras pasar dos años detenida en la cárcel, manifestó que mientras estuvo presa recibió la visita de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y de abogados de ese país, interesados en conocer más detalles sobre el caso.

‘Financial Pacific tenía clientes americanos que podrían estar evadiendo impuestos. También está el caso de Financial Forex —una cuenta en Kaye Bank que hacía de banco intermediario entre Financial Pacific y sus clientes—, uno de cuyos dueños es de nacionalidad americana’, señaló Pellegrini.

Este abanico de posibles delitos podría llamar la atención de distintas entidades, entre ellas, la Securities and Exchange Commission —encargada de proteger a los inversionistas y cerciorarse de la efectividad del funcionamiento del mercado de valores—; el Internal Revenue Service (IRS) —institución que se encarga de la recolección de impuestos— o el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) —que vela por salvaguardar al sistema financiero de actos ilícitos y combate el blanqueo de capitales—.

LOS MOVIMIENTOS

La acusada por desfalcar a la casa de valores por $12 millones asegura que siempre le llamó la atención que de las casi 600 cuentas que tenía Financial Pacific, unas 200 metían dinero y no hacían nada con él, explicó. ‘Si yo voy a abrir una cuenta de inversión es porque quiero ganar, invertir y arriesgarme. Yo no voy a depositar dinero en una cuenta de inversión para dejarlo ahí’, expresó Pellegrini.

En reciente entrevista concedida a La Estrella de Panamá , Pellegrini añadió que en noviembre de 2012, durante una indagatoria, reportó al entonces fiscal Décimo Tercero, Julio Laffaurie, varias cuentas que le parecían anómalas. Sin embargo, según Pellegrini, el fiscal no hizo ninguna investigación al respecto.

La exoficial reveló detalles interesantes sobre los movimientos de Financial Pacific.

‘Hay cuentas que recibían mucho dinero de terceros, dinero que entraba y salía. Era como si Financial Pacific fuera el puente para estos dineros. La plata se recibía hoy y después de tres días se iba para otro lado, muchas veces para cuentas en el Banco Universal, en Panamá’, dijo.

‘Era como lavado de dinero’, puntualiza Pellegrini.

También recordó el episodio en que ‘la cuenta Jal Offshore —probablemente registrada en el extranjero— recibió un cheque por $1.5 millones de Felipe Virzi’. Cuando ella cuestionó la operación, preocupada porque el cheque provenía de un tercero que no aparecía como responsable de la cuenta, le dieron instrucciones de que ‘simplemente aceptara el cheque’, dice Pellegrini.

FALSAS ACUSACIONES

Mayte Pellegrini señala que se le ha acusado injustamente de desfalcar a la casa de valores por $12 millones, cuando ella considera que ese dinero se perdió por los malos manejos de los entonces directivos de la empresa.

Al preguntarle dónde podría estar ese dinero, ella indicó que, en su momento, el dinero estaba repartido de la siguiente manera: ‘$6.8 millones en la cuenta Kasutai; casi $4 millones en la cuenta Jay Investment; un millón en Estados Unidos para comprar oro. Otra parte del dinero estaba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss). El resto que se fue después de mi salida, yo no tengo idea a dónde esté’, expresó.

De acuerdo con la versión de Pellegrini, los responsables de Financial Pacific prestaban altas sumas de dinero tomados de las cuentas de sus clientes, sin el permiso de estos.

Los préstamos variaban en interés, del 0.5% al 1%, dependiendo del monto y se instruían con un e-mail , dijo Pellegrini.

No se especificaba de qué cuenta se tomarían los dineros, ya que en la casa de valores funcionaba una cuenta ‘omnibus’ (una cuenta de valores donde se registran las operaciones de uno o varios clientes).

PENDIENTES LEGALES

El caso de Financial Pacific se encuentra en la Fiscalía Décimo Cuarta, a la espera de un careo entre Iván Clare, West Valdés y Oscar Rodríguez, el contador de Financial Pacific. Fue una diligencia solicitada por la defensa de Pellegrini.

Pero los ojos de Pellegrini y sus abogados están concentrados en una próxima acción legal contra quienes la denunciaron del millonario desfalco: Valdés y Clare.

Pellegrini adelantó que se querellará contra los mencionados por el delito de calumnia e injuria. Sus abogados, Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, interpondrán una querella por posible blanqueo de capitales contra ambos por el hecho de que estos dijeron que los $12.2 millones, que sirvieron para capitalizar la casa de valores y su posterior venta al grupo brasileño Mendo Sampaio, ‘fue producto de sus hipotecas y del trabajo de toda su vida, cuando, según nos dimos cuenta, ya estaba todo hipotecado. Entonces, ¿de dónde sacaron el dinero?’.

Pellegrini repite la pregunta: ’¿de dónde salen esos $12 millones? ¿y por qué la Superintendencia del Mercado de Valores, sabiendo que faltaba más que eso, permitió la venta y tapa del desfalco por esa cantidad?’.

CONTRA CALDERÓN

Pellegrini interpuso una querella ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el exdirector del Sistema Penitenciario Ángel Calderón, por supuesto abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.

Según la afectada, el 21 de noviembre, la Fiscalía decidió que la llevarían a la cárcel de mujeres. Pero Calderón, según Pellegrini, contraviniendo esta decisión, la retuvo en la Dirección de Investigación Judicial durante varios meses consecutivos. Fue el 1 de marzo de 2013, cuando tenía que acudir a la Fiscalía para declarar, que Calderón la trasladó ‘a la cárcel de mujeres’.

El 26 de marzo, el día que debía declarar ante el fiscal, ‘Angel Calderón inventó que yo tenía un plan de fuga’, dice Pellegrini, añadiendo que ‘ese informe no aparece y nadie sabe de él’.

 

La Corte Suprema de Justicia de Panamá pedirá hoy el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) al Tribunal Electoral. De acuerdo con fuentes judiciales y electorales, la petición formal es un requisito previo para poder investigar a Martinelli, vinculado a al menos ocho demandas o litigios presentados en su contra por diferentes delitos como corrupción y abuso de poder.

El magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Arauz explicó a periodistas que el procedimiento indica que, una vez recibida la petición, esta debe ser notificada al afectado, Martinelli, el cual tendrá 48 horas para hacer sus descargos antes de que los responsables de la instancia electoral analicen a fondo la iniciativa de los jueces supremos.

Mientras tanto, Martinelli, de 62 años y un magnate de los supermercados, se encuentra al parecer desde el domingo en el norte de Italia, según la prensa local, luego que la semana pasada partió de Panamá a Guatemala para participar en una sesión del Parlamento Centroamericano, del que forma parte, y denunciar que se le sigue "una persecución política".

De Guatemala, el avión de Martinelli repostó en Estados Unidos, luego en Canadá y aterrizó en Irlanda el sábado y el domingo se le ubicó en Módena, Italia, de acuerdo con esas fuentes. No obstante, el exgobernante ha dicho que regresará a Panamá luego de su gira para denunciar la supuesta persecución, la que inició el mismo día que la Corte Suprema de Justicia de su país aprobó iniciar una pesquisa para determinar si le abre un proceso, para lo que necesita que se le levante el fuero electoral.

El domingo una fiscal de Panamá ordenó la detención preventiva del exsecretario privado del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Adolfo De Obarrio, y pidió a la Policía Internacional (Interpol) expedir la "circular roja" para lograr su detención porque se encuentra en el extranjero.

La última vez que se supo del ex funcionario era que estaba en un viaje privado en Estados Unidos y su abogada, Edna Ramos, dijo que éste no regresaría a Panamá hasta que no se dieran "garantías" a su cliente.

De Obarrio fue implicado por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, con la supuesta compra con sobrecostos por 45 millones de dólares de comida deshidratada. Tamburrelli, en arresto domiciliario por esta investigación, dijo que el entonces secretario privado de Martinelli era el que le daba "instrucciones" sobre como proceder y cargaba maletines con dinero en efectivo, de acuerdo con las filtraciones de su testimonio publicados en la prensa local.

El exdirector del PAN también señaló a Martinelli de estar detrás de estos supuestos malos manejos de fondos públicos. El PAN, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Panamá, es un programa concebido para atender situaciones de emergencia o a los mas pobres, pero en la administración pasada se usó para desviar fondos de los ministerios a fin de burlar la ley de contratación pública, de acuerdo con el ministro de Economía Dulcidio De la Guardia.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, está preso en una cárcel de Panamá y ya admitió que durante su gestión cobró sobornos y se apropió de recursos del Estado, que se calcula alcanzan 60 millones de dólares, que ha ofrecido devolver, y también ha vinculado a Martinelli y De Obarrio con los malos manejos. Además, dos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, están detenidos por una trama de escuchas ilegales a políticos, periodistas, religiosos, dirigentes cívicos y de los trabajadores, durante el pasado gobierno. 

El diputado Pedro Miguel González, quien actúa como fiscal en el proceso que se sigue a Alejandro  Moncada Luna en la Asamblea Nacional, aprehendió más cuentas bancarias vinculadas al magistrado separado.

En la audiencia de control celebrada hoy ante la Subcomisión de Garantías, González explicó que se trata de dos cuentas bancarias por casi un millón de dólares, en el Banco Bac, a nombre de las sociedad Omega Ingeniering y PR Solutions, S.A.

Omega Ingeniering,  es –según González- “la sociedad que desarrolla el proyecto más importante contratado por el Órgano Judicial”.

González agregó que, en abril de 2013 –cuando Moncada Luna era presidente de la Corte Suprema  de Justicia (CSJ)-, Omega Ingeniering recibió un adelanto para la construcción de la ciudad judicial en Panamá Oeste, que actualmente se edifica en Chorrera.

El abogado de Moncada Luna, Ramiro Jarvis, rechazó que las cuentas aprehendidas por González tengan relación con su cliente.

“Hay personas que han declarado que son propietarios de esas cuentas. Se está afectando la reputación de personas que nada tienen que ver con este proceso”, señaló.

La presidenta de la Subcomisión de Garantías, la diputada Kathleen Levy, le pidió  a Jarvis que se limitara a defender a su cliente y se abstuviera de intervenir en nombre de las sociedades contratistas de la CSJ.

Hallazgos en la gestión de Cobranzas del Istmo sellan un ciclo de irregularidades en la relación entre el Estado y la compañía a la que el gobierno de Ricardo Martinelli le cedió, de forma directa, la exclusividad en el cobro de los impuestos morosos.

Este diario tuvo acceso a una misiva firmada por Publio Cortés, a cargo de la DGI, en la que da cuenta de cómo la empresa logró facturar millones de dólares sin que se pueda validar su gestión en la recuperación de los impuestos.

La DGI, para ese entonces bajo el liderazgo de Luis Cucalón, habría aprobado el pago de cuantiosas comisiones a favor de la compañía sin que se pueda comprobar que hizo el trabajo para el que fue contratada. Así se lo hizo saber Cortés a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en una carta enviada a su despacho el 26 de enero.

No hay forma de corroborar cómo la DGI segmentaba los pagos realizados por los contribuyentes, de forma voluntaria, para evitar la acreditación de comisiones injustificadas a Cobranzas del Istmo.

La misiva también alerta del pago de “excesivas” comisiones, pasando por encima de lo que dictaba el contrato. 

Cobranzas del Istmo no tenía derecho a cobrar comisión cuando la deuda fuera de hasta 12 meses. Pero se fijó que la empresa se quedaría con un 15% de lo recuperado, al tratarse de tributos morosos de entre 12 meses y 18 meses.

Si la morosidad de los contribuyentes tenía hasta dos años, la compañía se quedaría con un 20%.

El esquema permitía que a medida que se recuperaban cuentas de mayor caducidad fuera en aumento la comisión a favor de Cobranzas del Istmo. Si la deuda tenía vigencia de dos años y medio en adelante, la comisión era de 30%.

Comisiones fuera del contrato

Investigaciones preliminares de la DGI determinaron que se autorizaron pagos de comisiones que no tenían “derecho” a ser cobradas por estar dentro del rango de los 12 meses de morosidad.

Además, se entregó el 30% de lo recaudado sobre casos a los que aplicaban un 15% o 20%.

Correspondencia electrónica de Luis Cucalón revela que este aprobaba directamente el pago de las excesivas comisiones.  

El 25 de mayo de 2011 le escribió a Edmundo Arce, para ese momento jefe de la Unidad de Informática de la DGI, con el propósito de ordenarle hacer los cálculos de los impuestos con el esquema descubierto.

El desembolso irregular ha podido ocasionar una lesión patrimonial de 23.2 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la DGI. 

Ante esta anomalía, la entidad entregó al Ministerio Público todos los cálculos que han hecho y que sustentan la suma. La DGI pide que se “proceda”.

Con esta información en manos del Ministerio Público, el paso a seguir sería una investigación de oficio. Esta es la aspiración de los funcionarios de la DGI.

Consultado sobre el tema, Cucalón, uno de los hombres de confianza del expresidente Martinelli, manifestó que “era imposible acreditar comisiones erradamente. Se hacía de cómputo a cómputo y con los parámetros que utilizan todos los bancos”.

Destacó que “cuando llegué a la DGI habían 7 mil millones de dólares en impuestos vencidos. Y nos costó mucho trabajo. Era mucha desidia. Yo, gracias a Dios, duermo tranquilo. El Banco Interamericano de Desarrollo me envió una carta felicitándome por ser el mejor cobrador que ha tenido Panamá en su historia. Son cosas que el dinero no puede comprar”, señaló el exfuncionario.  

Cucalón firmó, en 2010, el contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo por un período de seis años, el cual podía ser renovado por un plazo de cuatro años.

Las reformas fiscales aprobadas en la administración Martinelli permitieron que el Estado tercerizara el servicio de cobro de impuestos sin llamar a una convocatoria pública. Así se contrató, por la vía directa, a Cobranzas del Istmo.

Cucalón aseguraba que invitaron a varias empresas a participar del proceso y solo Cobranzas del Istmo cumplió con los requisitos. 

El nuevo contratista del Estado era la misma empresa con cuyos representantes Cucalón había tenido vínculos comerciales.

La empresa nació en 2003, y su presidente era Cristóbal Salerno, quien renunció a su cargo, aunque quedaron en la directiva varios de sus familiares. Salerno compartió puestos directivos con Cucalón en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.

Las alertas

 Desde el comienzo de la administración del presidente Juan Carlos Varela, el Ministerio de Economía y Finanzas inició una auditoría de todos los pagos hechos a Cobranzas del Istmo.

La facturación de 2014 fue una luz de alerta para las autoridades recién estrenadas. Reportes de Tesorería del MEF reflejaban que los pagos en comisiones a favor de la empresa totalizaron $9.5 millones en 2013; mientras que en seis meses de 2014 el monto llegó a $30.6 millones.

Cuando los números fueron publicados, Cucalón detalló la fórmula de la que se había valido Cobranzas del Istmo para lograr esa facturación.

“Mire, hay una cosa que ha ayudado mucho a Cobranzas del Istmo. Es que yo estoy secuestrando a todo perro y gato que deba plata. Ya no es como antes, llamaban a la DGI, pagaban 100 dólares y borraban la cuenta. Ahora yo me imagino que ellos [Cobranzas del Istmo] llaman y los contribuyentes tienen miedo de que si no pagan yo les secuestre”, dijo Cucalón.

Ayer Cortés confirmó el resultado de las investigaciones hechas por auditoría interna del MEF y el avance de las investigaciones. 

“Hemos remitido toda la información a la Procuraduría de la Nación y a la Contraloría General de la República”.

Cortés reiteró que no era constante el patrón de los cobros: cuando debía adjudicarse una comisión de 15% se daba el 25%. “Este es un tema que la Contraloría debe revisar a fondo. Esto es grave y delicado, y lo ponemos en conocimiento de la procuradora para que se investigue”, dijo.

Segundo frente para el exdirector

ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 29 ene 2015 – 00:01h

Las acciones que tome la Procuraduría de la Nación tras las denuncias de la Dirección General de Ingresos se convertirían en un 
segundo frente para Luis Cucalón, por supuestas irregularidades vinculadas al contrato que firmó en agosto de 2010 con Cobranzas 
del Istmo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya interpuso una querella penal contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica de documento público”.

De acuerdo con el MEF, el contrato contiene una declaración falsa cuando asegura que se celebró “sobre la base de la excepción de acto público” y con “autorización de contratación directa”.

En una investigación interna, el MEF constató que ni la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del MEF –que aprueba contratos inferiores a $300 mil–, ni el Consejo Económico Nacional –que debe dar el visto bueno para compras entre $300 mil y $3 millones–, ni el Consejo de Gabinete –para compras de más de $3 millones– tramitaron una solicitud de excepción de acto público antes de firmarse el contrato.

Cucalón defendió que la contratación se hizo según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 22 de 17 de marzo de 2010. No obstante, en este decreto consta que “en concordancia con lo establecido en la Ley de Contratación Pública, el director general de Ingresos, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitará a las instancias correspondientes, dependiendo de la cuantía, la excepción de acto público y la autorización para contratar directamente con el gestor de cobro autorizado…”.

Al respecto, Cucalón dijo que como el contrato no establecía un monto fijo, sino que los honorarios de la empresa dependían de los montos recuperados, no se podía determinar a qué instancia solicitar la autorización.

 

Fuentes judiciales revelaron que en la diligencia de ampliación de indagatoria realizada ayer en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli hizo mención del nombre del empresario Javier Pariente, actual gerente de Ensa y exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar (razón social del Súper 99).

Y no es la primera vez que el nombre de Pariente sale a relucir en el tema de la compra que hizo el PAN de comida deshidratada y por la que es investigado Tamburrelli. Pariente ya fue señalado por una fuente vinculada a las negociaciones de dos contratos por la suma de $60 millones para adquirir estos alimentos para el PAN.

“[Javier] Pariente es amigo personal de Rubén De Ycaza, que vendió la comida, y a través de él, se llevó la muestra del producto a la Presidencia”, afirmó el informante, tras indicar que poco después –en enero de 2010– el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, promovía la comida que en menos de tres meses se distribuía en las escuelas.

Cuestionado Pariente sobre estos señalamientos, afirmó escuetamente que “eso no es tan así”. “[De Ycaza] es amigo mío. Lo conozco desde hace más de 40 y pico de años, crecimos juntos”, dijo, pero negó tener algún vínculo con la empresa proveedora de la comida deshidratada –Lerkshore International Limited– que recibió pagos del PAN a través de giros internacionales por sumas millonarias refrendadas por la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, no confirmó ni negó la vinculación que hizo su cliente de Pariente en este escándalo para no perjudicar las investigaciones.

VÍNCULOS Y CONEXIONES

Pariente está estrechamente relacionado con los negocios del expresidente Ricardo Martinelli: es dignatario, junto con familiares del exmandatario, en al menos 40 sociedades anónimas.

Una de esas sociedades es Airmax, S.A., que se dedica a la venta al por mayor de acondicionadores de aire. En esta compañía figuran como directores el expresidente Martinelli; su esposa, Marta Linares, y su hijo Luis Enrique Martinelli Linares.

También aparece Roberto Brin, empleado de Martinelli, y a quien la Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos la semana pasada, luego de que el exdirector del PAN Rafael Guardia –en su declaración indagatoria– reveló que tenía que beneficiarlo con jugosos contratos por instrucciones de Ricardo Martinelli y de su secretario privado, Adolfo Chichi De Obarrio.

Brin se limitó a responder ayer que no es dueño o accionistas de empresas relacionadas con el escándalo del PAN, como Hialing Corporation, S.A. que vendió juguetes y bolsas con comida al despacho de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.

Pariente, además, comparte directiva en sociedades anónimas con Mario Martinelli, hermano del expresidente, que Guardia delató como uno de los empresarios que vendió al PAN arroz con sobreprecios. 

Esa cercanía de Pariente con el expresidente también lo llevó a ocupar, en agosto de 2009, el cargo de director ante la junta directiva de la Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico en representación del Ejecutivo.

CONCESIONES

Pero no fue todo. Pariente fue beneficiado con contratos directos en el aeropuerto de Tocumen bajo la administración de Martinelli.

Por ejemplo, su compañía Propinsa, S.A. recibió más de 4 millones de dólares en contratos, la mayoría relacionados con el suministro, mano de obra e instalación de repuestos de máquinas rayos X, por ser el proveedor exclusivo de la marca Smith Detection, fabricante de las máquinas de rayos X que usa el aeropuerto de Tocumen.

Esta misma compañía también vendió en marzo de 2010 a Tocumen un incinerador, procedente de Estados Unidos, a un precio de 217 mil dólares para darle tratamiento a la basura internacional. Pero ese equipo fue importado a un costo de tan solo 65 mil dólares. 

Propinsa, S.A. está relacionada con la compañía Ingenierías y Gestiones, S.A. (Ingesa), creada en marzo de 2010, para dar servicio de mantenimiento en general y especializado, construcción de apartamentos, remodelaciones e inspecciones a construcciones.

Nada dice de recoger desechos sólidos internacionales. Pero, a pesar de ello, fue contratada por Tocumen para ofrecer ese servicio durante seis meses.

En tanto, la asistente que tiene Pariente en Ensa también aparece como directiva de una compañía de reciente constitución, que recibió una concesión directa en la terminal aérea de Tocumen para vender snacks, bebidas y pizzas. Se trata de Zelideth Tello, quien labora en Ensa y que evitó hablar del tema.

La sociedad es Travel Services Pro, S.A., entre cuyos directivos figura Pedro Martez, cuñado de Pariente; mientras que la abogada que protocolizó el acta de la sociedad es Mariel Jované, abogada de Ensa.

En su momento, Pariente se distanció de estas relaciones y coincidencias. “No tengo nada que ver ni como administrador ni director ni accionista de esa sociedad“. “Sí era de mi conocimiento que un hermano de mi esposa es director, condición que es de su total incumbencia”, dijo.