El 10% de las ganancias del PAN se iba en “apoyo” al CD

El otrora oficialista partido Cambio Democrático —2009-2014— recibió ‘ayuda’ de los negocios del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Así lo afirmó Rafael Guardia Jaén en su última declaración indagatoria, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

La fiscal Ruth Morcillo cuestionó a Guardia sobre cuánto recibían él y los proveedores, y quiénes más se beneficiaron de las comisiones de cheques visibles a fojas 3385 a 3507 en el expediente que lleva la fiscalía por la compra de bolsas de comida.

La respuesta del imputado fue directa: ‘los honorables diputados no recibían comisión de las empresas de (Juan) Marciaga, se manejaban con ‘Chichi’ de Obarrio y éste designaba cuánto me tocaba; de las otras le decía a Carretero que era apoyo al partido del diez por ciento’.

Guardia Jaén, quien está detenido en La Gran Joya, no detalló cuánto le correspondió al partido ni cómo se canalizaba este dinero para la organización que en la pasada campaña electoral hizo gala de exceso abundancia.

‘ARMADOS’

La compra de bolsas de comida, que los diputados repartieron durante la campaña electoral, se hacían dependiendo del área y por provincias, explicó Guardia.

El exjefe del PAN también dejó claro que se fraccionaban los montos para no pasar de $250 mil y no hacer contrataciones, sino órdenes de compra para poder adquirir las bolsas de comida necesarias.

La fiscal Cuarta Anticorrupción pidió a Guardia Jaén explicar por qué se giraron cheques el mismo día a los mismos proveedores, a lo que el imputado respondió que quizá los proveedores estaban suministrando a diferentes diputados bolsas de comida, trámites que se realizaban el mismo día, ya que los diputados recibían sus traslados de partida del Ministerio de Economía y Finanzas y presentaban las solicitudes en la misma fecha.

El exfuncionario asegura desconocer si los diputados y los proveedores se ponían de acuerdo en las compras, ya que los proyectos venían ‘armados’. Él solo tenía que ejecutar las solicitudes que le hacían los diputados, porque eran las partidas que venían del MEF.

El PAN giró cheques a varias empresas. Según Guardia, la mayoría de los empresarios tenían relaciones con el entonces oficialista partido Cambio Democrático.

El imputado aseguró en su declaración indagatoria que los cheques podían provenir de varios diputados de diferentes circuitos.

Según declaró Guardia Jaén, las órdenes de compra se refrendaban de forma que cumplieran con los requisitos del control fiscal. Además, siempre y cuando hubiera los recursos disponibles, se procedía a elaborar el cheque para que él —Guardia Jaén— lo firmara y fueran refrendados por la Contraloría.

Aseguró que el PAN siempre contó con el departamento de control previo y fiscalización para garantizar que ‘todo se hiciera bajo las normas de la ley’.

Aceleran discusión de proyecto de ley de carrera judicial

Tras seis años de mantenerse prácticamente engavetado, finalmente el pleno de la  Asamblea Nacional inició ayer la discusión en segundo debate  del proyecto  de ley 44 que regula  la carrera judicial.

El documento  fue presentado originalmente en 2009 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchel, producto de un consenso entre funcionarios judiciales y sectores de la sociedad civil, sin embargo, a lo largo de estos seis años, su discusión no pasó del primer debate. 

Ayer se le dio lectura al proyecto que  consta de 314  artículos.  El pleno incluso  se declaró en sesión permantente hasta agotar la discusión de esta iniciativa. 

El proyecto establecerá los procedimientos para el ingreso, traslado y ascenso de aspirantes en las vacantes que se produzcan en el sistema judicial. También instituye el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia  a cuyo cargo estará el juzgamiento y aplicación de las sanciones por las  faltas cometidas por los servidores públicos del Órgano Judicial.

 

Pellegrini demandará a West Valdés e Iván Clare

El complicado caso Financial Pacific ha llamado la atención de autoridades extranjeras, asegura Mayte Pellegrini tras salir de la cárcel, donde recibió consultas de representantes diplomáticos.

La exoficial de la casa de valores, quien recibió recientemente arresto domiciliario tras pasar dos años detenida en la cárcel, manifestó que mientras estuvo presa recibió la visita de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y de abogados de ese país, interesados en conocer más detalles sobre el caso.

‘Financial Pacific tenía clientes americanos que podrían estar evadiendo impuestos. También está el caso de Financial Forex —una cuenta en Kaye Bank que hacía de banco intermediario entre Financial Pacific y sus clientes—, uno de cuyos dueños es de nacionalidad americana’, señaló Pellegrini.

Este abanico de posibles delitos podría llamar la atención de distintas entidades, entre ellas, la Securities and Exchange Commission —encargada de proteger a los inversionistas y cerciorarse de la efectividad del funcionamiento del mercado de valores—; el Internal Revenue Service (IRS) —institución que se encarga de la recolección de impuestos— o el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) —que vela por salvaguardar al sistema financiero de actos ilícitos y combate el blanqueo de capitales—.

LOS MOVIMIENTOS

La acusada por desfalcar a la casa de valores por $12 millones asegura que siempre le llamó la atención que de las casi 600 cuentas que tenía Financial Pacific, unas 200 metían dinero y no hacían nada con él, explicó. ‘Si yo voy a abrir una cuenta de inversión es porque quiero ganar, invertir y arriesgarme. Yo no voy a depositar dinero en una cuenta de inversión para dejarlo ahí’, expresó Pellegrini.

En reciente entrevista concedida a La Estrella de Panamá , Pellegrini añadió que en noviembre de 2012, durante una indagatoria, reportó al entonces fiscal Décimo Tercero, Julio Laffaurie, varias cuentas que le parecían anómalas. Sin embargo, según Pellegrini, el fiscal no hizo ninguna investigación al respecto.

La exoficial reveló detalles interesantes sobre los movimientos de Financial Pacific.

‘Hay cuentas que recibían mucho dinero de terceros, dinero que entraba y salía. Era como si Financial Pacific fuera el puente para estos dineros. La plata se recibía hoy y después de tres días se iba para otro lado, muchas veces para cuentas en el Banco Universal, en Panamá’, dijo.

‘Era como lavado de dinero’, puntualiza Pellegrini.

También recordó el episodio en que ‘la cuenta Jal Offshore —probablemente registrada en el extranjero— recibió un cheque por $1.5 millones de Felipe Virzi’. Cuando ella cuestionó la operación, preocupada porque el cheque provenía de un tercero que no aparecía como responsable de la cuenta, le dieron instrucciones de que ‘simplemente aceptara el cheque’, dice Pellegrini.

FALSAS ACUSACIONES

Mayte Pellegrini señala que se le ha acusado injustamente de desfalcar a la casa de valores por $12 millones, cuando ella considera que ese dinero se perdió por los malos manejos de los entonces directivos de la empresa.

Al preguntarle dónde podría estar ese dinero, ella indicó que, en su momento, el dinero estaba repartido de la siguiente manera: ‘$6.8 millones en la cuenta Kasutai; casi $4 millones en la cuenta Jay Investment; un millón en Estados Unidos para comprar oro. Otra parte del dinero estaba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss). El resto que se fue después de mi salida, yo no tengo idea a dónde esté’, expresó.

De acuerdo con la versión de Pellegrini, los responsables de Financial Pacific prestaban altas sumas de dinero tomados de las cuentas de sus clientes, sin el permiso de estos.

Los préstamos variaban en interés, del 0.5% al 1%, dependiendo del monto y se instruían con un e-mail , dijo Pellegrini.

No se especificaba de qué cuenta se tomarían los dineros, ya que en la casa de valores funcionaba una cuenta ‘omnibus’ (una cuenta de valores donde se registran las operaciones de uno o varios clientes).

PENDIENTES LEGALES

El caso de Financial Pacific se encuentra en la Fiscalía Décimo Cuarta, a la espera de un careo entre Iván Clare, West Valdés y Oscar Rodríguez, el contador de Financial Pacific. Fue una diligencia solicitada por la defensa de Pellegrini.

Pero los ojos de Pellegrini y sus abogados están concentrados en una próxima acción legal contra quienes la denunciaron del millonario desfalco: Valdés y Clare.

Pellegrini adelantó que se querellará contra los mencionados por el delito de calumnia e injuria. Sus abogados, Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, interpondrán una querella por posible blanqueo de capitales contra ambos por el hecho de que estos dijeron que los $12.2 millones, que sirvieron para capitalizar la casa de valores y su posterior venta al grupo brasileño Mendo Sampaio, ‘fue producto de sus hipotecas y del trabajo de toda su vida, cuando, según nos dimos cuenta, ya estaba todo hipotecado. Entonces, ¿de dónde sacaron el dinero?’.

Pellegrini repite la pregunta: ’¿de dónde salen esos $12 millones? ¿y por qué la Superintendencia del Mercado de Valores, sabiendo que faltaba más que eso, permitió la venta y tapa del desfalco por esa cantidad?’.

CONTRA CALDERÓN

Pellegrini interpuso una querella ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el exdirector del Sistema Penitenciario Ángel Calderón, por supuesto abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.

Según la afectada, el 21 de noviembre, la Fiscalía decidió que la llevarían a la cárcel de mujeres. Pero Calderón, según Pellegrini, contraviniendo esta decisión, la retuvo en la Dirección de Investigación Judicial durante varios meses consecutivos. Fue el 1 de marzo de 2013, cuando tenía que acudir a la Fiscalía para declarar, que Calderón la trasladó ‘a la cárcel de mujeres’.

El 26 de marzo, el día que debía declarar ante el fiscal, ‘Angel Calderón inventó que yo tenía un plan de fuga’, dice Pellegrini, añadiendo que ‘ese informe no aparece y nadie sabe de él’.

 

“Garuz y Pérez no deben estar detenidos”, Rogelio Cruz

Rogelio Cruz, exprocurador y abogado defensor del expresidente Ricardo Martinelli, manifestó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido investigación sin haber cumplido con requisitos de procedibilidad.

Cruz comentó que Martinelli no está en condiciones normales, y que no se están haciendo las cosas respetando el debido proceso.

"La Justicia tiene que ser escrupulosa, lo dice la ley, es decir con transparencia", indicó Cruz.

En cuanto a la compra de los equipos para interceptar las comunicaciones, Cruz aseguró que el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, compró la máquina pinchadora.

Según el abogado Rogelio Cruz, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exdirectores del Consejo de Seguridad, no deben estar detenidos en la Gran Joya.

"En Panamá, hurtarse una vaca es más grave que matar a una persona, explicó Cruz.

Corte Suprema pedirá hoy levantar el fuero electoral a Martinelli

La Corte Suprema de Justicia de Panamá pedirá hoy el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) al Tribunal Electoral. De acuerdo con fuentes judiciales y electorales, la petición formal es un requisito previo para poder investigar a Martinelli, vinculado a al menos ocho demandas o litigios presentados en su contra por diferentes delitos como corrupción y abuso de poder.

El magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Arauz explicó a periodistas que el procedimiento indica que, una vez recibida la petición, esta debe ser notificada al afectado, Martinelli, el cual tendrá 48 horas para hacer sus descargos antes de que los responsables de la instancia electoral analicen a fondo la iniciativa de los jueces supremos.

Mientras tanto, Martinelli, de 62 años y un magnate de los supermercados, se encuentra al parecer desde el domingo en el norte de Italia, según la prensa local, luego que la semana pasada partió de Panamá a Guatemala para participar en una sesión del Parlamento Centroamericano, del que forma parte, y denunciar que se le sigue "una persecución política".

De Guatemala, el avión de Martinelli repostó en Estados Unidos, luego en Canadá y aterrizó en Irlanda el sábado y el domingo se le ubicó en Módena, Italia, de acuerdo con esas fuentes. No obstante, el exgobernante ha dicho que regresará a Panamá luego de su gira para denunciar la supuesta persecución, la que inició el mismo día que la Corte Suprema de Justicia de su país aprobó iniciar una pesquisa para determinar si le abre un proceso, para lo que necesita que se le levante el fuero electoral.

El domingo una fiscal de Panamá ordenó la detención preventiva del exsecretario privado del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Adolfo De Obarrio, y pidió a la Policía Internacional (Interpol) expedir la "circular roja" para lograr su detención porque se encuentra en el extranjero.

La última vez que se supo del ex funcionario era que estaba en un viaje privado en Estados Unidos y su abogada, Edna Ramos, dijo que éste no regresaría a Panamá hasta que no se dieran "garantías" a su cliente.

De Obarrio fue implicado por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, con la supuesta compra con sobrecostos por 45 millones de dólares de comida deshidratada. Tamburrelli, en arresto domiciliario por esta investigación, dijo que el entonces secretario privado de Martinelli era el que le daba "instrucciones" sobre como proceder y cargaba maletines con dinero en efectivo, de acuerdo con las filtraciones de su testimonio publicados en la prensa local.

El exdirector del PAN también señaló a Martinelli de estar detrás de estos supuestos malos manejos de fondos públicos. El PAN, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Panamá, es un programa concebido para atender situaciones de emergencia o a los mas pobres, pero en la administración pasada se usó para desviar fondos de los ministerios a fin de burlar la ley de contratación pública, de acuerdo con el ministro de Economía Dulcidio De la Guardia.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, está preso en una cárcel de Panamá y ya admitió que durante su gestión cobró sobornos y se apropió de recursos del Estado, que se calcula alcanzan 60 millones de dólares, que ha ofrecido devolver, y también ha vinculado a Martinelli y De Obarrio con los malos manejos. Además, dos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, están detenidos por una trama de escuchas ilegales a políticos, periodistas, religiosos, dirigentes cívicos y de los trabajadores, durante el pasado gobierno. 

Claman por justicia y castigo

Con el reclamo de cero impunidad y cárcel para los corruptos, cientos de integrantes de la sociedad civil y miembros de partidos políticos marcharon ayer desde la iglesia del Carmen hasta las cercanías del Ministerio Público y la plaza Porras.

En la marcha ciudadana, que tuvo como lema “por la justicia, la dignidad y contra la impunidad y cárcel para los corruptos”, los manifestantes gritaron consignas contra el expresidente Ricardo Martinelli, justo un día después de que la Corte Suprema de Justicia admitiera una denuncia por peculado en su contra, que guarda relación con la aprobación de contratos por más de $45 millones para la compra, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.

“Pan… pan… pan… quién se robó el pan… Martinelli y su clan”; “Martinelli rata… devuélvenos la plata”, coreaban los manifestantes.

 “¿Qué es lo que quiere el pueblo?: justicia”, “Panamá te está esperando, Ricardo, sal del Parlacen”, fueron otras de las consignas.

 Durante la marcha, algunos jóvenes pintaron las paredes con la interrogante ¿Dónde está Vernon Ramos? Ramos era el subdirector

de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y por tanto parte del equipo investigador de la institución en el escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP). Está desaparecido desde el año 2013.

Mientras, miembros del Movimiento Institucionalidad y Justicia desplegaron un cartel con la frase: “Cárcel para los ladrones”.

Durante el recorrido, empresarios, trabajadores y dirigentes de la sociedad civil también portaron pancartas exigiendo una “Constituyente Soberana”.

Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, las denuncias de corrupción son numerosas y por esa razón “el pueblo quiere justicia”.

En tanto, el secretario general del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, sostuvo que la marcha confirmó la “total y absoluta indignación que siente el pueblo panameño por la gestión de gobierno de los últimos cinco años”.

Por su parte, Mitchel Doens, exsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien se vio afectado tras la interceptación de su teléfono en la gestión de Martinelli, expresó que el problema de la corrupción no es exclusivo del gobierno, sino de todos los panameños. “Basta ya a la impunidad en nuestro país”, sentenció.

El empresario Luis Varela, hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela, participó en la caminata. “He salido a la calle a participar de esta marcha, porque creo que la gente lo que quiere es que no siga la impunidad en Panamá.

El pueblo está exigiendo justicia”, agregó.Al final de la marcha se realizó un mitin en la plaza Porras, cerca del Ministerio Público, que instruye varios procesos contra exfuncionarios del gobierno pasado.

En el mitin, el abogado constitucionalista y uno de los organizadores de la convocatoria Miguel Antonio Bernal sostuvo que la ciudadanía exige el fortalecimiento del Ministerio Público, que se devuelva la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a esa institución y se le devuelva su independencia.

“Que los señores de la Corte Suprema de Justicia no traten de engañarnos, porque este pueblo está cansado. Todos sabemos que la mejor justicia que hay para él [Martinelli] es la cárcel”, opinó Bernal.

En tanto, Edgardo Voltier, del Frente Amplio por Colón, manifestó que “todo el dinero robado debe retorna al Estado; todos los que robaron y asesinaron deben ir presos; ese que dijo que el Parlacen era una ‘cueva de ladrones’, debe salir de esa cueva y debe dar la cara y responder ante la justicia”.

APOYO EN EL INTERIOR

En las ciudades de David, Santiago, Chitré, Penonomé y Aguadulce cientos de panameños también salieron a las calles para exigir castigo para los que se robaron el dinero del Estado.

En Aguadulce, provincia de Coclé, la manifestación  partió del parque Rodolfo Chiari. En la protesta estuvieron presentes obreros de la construcción, jubilados y pensionados.

En Penonomé, también en Coclé, un grupo de  ciudadanos marchó por las principales calles de esa ciudad  para unirse al clamor nacional por la justicia y contra la corrupción y la impunidad.

En Chitré, cabecera de Herrera, integrantes de la Alianza Estratégica Nacional, el Frente contra la Corrupción Herrerana, el Comité Salvemos el Río La Villa y del Movimiento Pro Constituyente se congregaron en el parque Unión, para pedir que se castigue a quienes atracaron los recursos del Estado en la pasada administración.

En David, Chiriquí, empresarios, jubilados y universitarios también se unieron a la marcha y con pancartas en mano exigieron cárcel para los corruptos.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí, Abdiel Torres, dijo que apoyó la marcha para velar por el combate a la corrupción y que se haga justicia en Panamá.

En Santiago, Veraguas, unas 300 personas participaron de la marcha que organizó el Comité Anticorrupción de Veraguas y presentaron al Ministerio Público un comunicado, en el que pidieron que todos los casos de corrupción comprobados se investiguen y haya certeza del castigo, sea de donde sea.

 

Cautelan nuevas cuentas bancarias vinculadas a Alejandro Moncada Luna

El diputado Pedro Miguel González, quien actúa como fiscal en el proceso que se sigue a Alejandro  Moncada Luna en la Asamblea Nacional, aprehendió más cuentas bancarias vinculadas al magistrado separado.

En la audiencia de control celebrada hoy ante la Subcomisión de Garantías, González explicó que se trata de dos cuentas bancarias por casi un millón de dólares, en el Banco Bac, a nombre de las sociedad Omega Ingeniering y PR Solutions, S.A.

Omega Ingeniering,  es –según González- “la sociedad que desarrolla el proyecto más importante contratado por el Órgano Judicial”.

González agregó que, en abril de 2013 –cuando Moncada Luna era presidente de la Corte Suprema  de Justicia (CSJ)-, Omega Ingeniering recibió un adelanto para la construcción de la ciudad judicial en Panamá Oeste, que actualmente se edifica en Chorrera.

El abogado de Moncada Luna, Ramiro Jarvis, rechazó que las cuentas aprehendidas por González tengan relación con su cliente.

“Hay personas que han declarado que son propietarios de esas cuentas. Se está afectando la reputación de personas que nada tienen que ver con este proceso”, señaló.

La presidenta de la Subcomisión de Garantías, la diputada Kathleen Levy, le pidió  a Jarvis que se limitara a defender a su cliente y se abstuviera de intervenir en nombre de las sociedades contratistas de la CSJ.

Comisiones, sin justificación

Hallazgos en la gestión de Cobranzas del Istmo sellan un ciclo de irregularidades en la relación entre el Estado y la compañía a la que el gobierno de Ricardo Martinelli le cedió, de forma directa, la exclusividad en el cobro de los impuestos morosos.

Este diario tuvo acceso a una misiva firmada por Publio Cortés, a cargo de la DGI, en la que da cuenta de cómo la empresa logró facturar millones de dólares sin que se pueda validar su gestión en la recuperación de los impuestos.

La DGI, para ese entonces bajo el liderazgo de Luis Cucalón, habría aprobado el pago de cuantiosas comisiones a favor de la compañía sin que se pueda comprobar que hizo el trabajo para el que fue contratada. Así se lo hizo saber Cortés a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en una carta enviada a su despacho el 26 de enero.

No hay forma de corroborar cómo la DGI segmentaba los pagos realizados por los contribuyentes, de forma voluntaria, para evitar la acreditación de comisiones injustificadas a Cobranzas del Istmo.

La misiva también alerta del pago de “excesivas” comisiones, pasando por encima de lo que dictaba el contrato. 

Cobranzas del Istmo no tenía derecho a cobrar comisión cuando la deuda fuera de hasta 12 meses. Pero se fijó que la empresa se quedaría con un 15% de lo recuperado, al tratarse de tributos morosos de entre 12 meses y 18 meses.

Si la morosidad de los contribuyentes tenía hasta dos años, la compañía se quedaría con un 20%.

El esquema permitía que a medida que se recuperaban cuentas de mayor caducidad fuera en aumento la comisión a favor de Cobranzas del Istmo. Si la deuda tenía vigencia de dos años y medio en adelante, la comisión era de 30%.

Comisiones fuera del contrato

Investigaciones preliminares de la DGI determinaron que se autorizaron pagos de comisiones que no tenían “derecho” a ser cobradas por estar dentro del rango de los 12 meses de morosidad.

Además, se entregó el 30% de lo recaudado sobre casos a los que aplicaban un 15% o 20%.

Correspondencia electrónica de Luis Cucalón revela que este aprobaba directamente el pago de las excesivas comisiones.  

El 25 de mayo de 2011 le escribió a Edmundo Arce, para ese momento jefe de la Unidad de Informática de la DGI, con el propósito de ordenarle hacer los cálculos de los impuestos con el esquema descubierto.

El desembolso irregular ha podido ocasionar una lesión patrimonial de 23.2 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la DGI. 

Ante esta anomalía, la entidad entregó al Ministerio Público todos los cálculos que han hecho y que sustentan la suma. La DGI pide que se “proceda”.

Con esta información en manos del Ministerio Público, el paso a seguir sería una investigación de oficio. Esta es la aspiración de los funcionarios de la DGI.

Consultado sobre el tema, Cucalón, uno de los hombres de confianza del expresidente Martinelli, manifestó que “era imposible acreditar comisiones erradamente. Se hacía de cómputo a cómputo y con los parámetros que utilizan todos los bancos”.

Destacó que “cuando llegué a la DGI habían 7 mil millones de dólares en impuestos vencidos. Y nos costó mucho trabajo. Era mucha desidia. Yo, gracias a Dios, duermo tranquilo. El Banco Interamericano de Desarrollo me envió una carta felicitándome por ser el mejor cobrador que ha tenido Panamá en su historia. Son cosas que el dinero no puede comprar”, señaló el exfuncionario.  

Cucalón firmó, en 2010, el contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo por un período de seis años, el cual podía ser renovado por un plazo de cuatro años.

Las reformas fiscales aprobadas en la administración Martinelli permitieron que el Estado tercerizara el servicio de cobro de impuestos sin llamar a una convocatoria pública. Así se contrató, por la vía directa, a Cobranzas del Istmo.

Cucalón aseguraba que invitaron a varias empresas a participar del proceso y solo Cobranzas del Istmo cumplió con los requisitos. 

El nuevo contratista del Estado era la misma empresa con cuyos representantes Cucalón había tenido vínculos comerciales.

La empresa nació en 2003, y su presidente era Cristóbal Salerno, quien renunció a su cargo, aunque quedaron en la directiva varios de sus familiares. Salerno compartió puestos directivos con Cucalón en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.

Las alertas

 Desde el comienzo de la administración del presidente Juan Carlos Varela, el Ministerio de Economía y Finanzas inició una auditoría de todos los pagos hechos a Cobranzas del Istmo.

La facturación de 2014 fue una luz de alerta para las autoridades recién estrenadas. Reportes de Tesorería del MEF reflejaban que los pagos en comisiones a favor de la empresa totalizaron $9.5 millones en 2013; mientras que en seis meses de 2014 el monto llegó a $30.6 millones.

Cuando los números fueron publicados, Cucalón detalló la fórmula de la que se había valido Cobranzas del Istmo para lograr esa facturación.

“Mire, hay una cosa que ha ayudado mucho a Cobranzas del Istmo. Es que yo estoy secuestrando a todo perro y gato que deba plata. Ya no es como antes, llamaban a la DGI, pagaban 100 dólares y borraban la cuenta. Ahora yo me imagino que ellos [Cobranzas del Istmo] llaman y los contribuyentes tienen miedo de que si no pagan yo les secuestre”, dijo Cucalón.

Ayer Cortés confirmó el resultado de las investigaciones hechas por auditoría interna del MEF y el avance de las investigaciones. 

“Hemos remitido toda la información a la Procuraduría de la Nación y a la Contraloría General de la República”.

Cortés reiteró que no era constante el patrón de los cobros: cuando debía adjudicarse una comisión de 15% se daba el 25%. “Este es un tema que la Contraloría debe revisar a fondo. Esto es grave y delicado, y lo ponemos en conocimiento de la procuradora para que se investigue”, dijo.

Segundo frente para el exdirector

ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 29 ene 2015 – 00:01h

Las acciones que tome la Procuraduría de la Nación tras las denuncias de la Dirección General de Ingresos se convertirían en un 
segundo frente para Luis Cucalón, por supuestas irregularidades vinculadas al contrato que firmó en agosto de 2010 con Cobranzas 
del Istmo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya interpuso una querella penal contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica de documento público”.

De acuerdo con el MEF, el contrato contiene una declaración falsa cuando asegura que se celebró “sobre la base de la excepción de acto público” y con “autorización de contratación directa”.

En una investigación interna, el MEF constató que ni la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del MEF –que aprueba contratos inferiores a $300 mil–, ni el Consejo Económico Nacional –que debe dar el visto bueno para compras entre $300 mil y $3 millones–, ni el Consejo de Gabinete –para compras de más de $3 millones– tramitaron una solicitud de excepción de acto público antes de firmarse el contrato.

Cucalón defendió que la contratación se hizo según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 22 de 17 de marzo de 2010. No obstante, en este decreto consta que “en concordancia con lo establecido en la Ley de Contratación Pública, el director general de Ingresos, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitará a las instancias correspondientes, dependiendo de la cuantía, la excepción de acto público y la autorización para contratar directamente con el gestor de cobro autorizado…”.

Al respecto, Cucalón dijo que como el contrato no establecía un monto fijo, sino que los honorarios de la empresa dependían de los montos recuperados, no se podía determinar a qué instancia solicitar la autorización.

 

La Corte investigará a Martinelli por las compras del PAN

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) deberá responder por las supuestas irregularidades en las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) cometidas durante su gestión.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el miércoles, en sesión extraordinaria y de manera unánime, admitir "el conocimiento de la causa penal" contra Martinelli, por los supuestos delitos contra la administración pública.

Como magistrado fiscal actuará Oydén Ortega, ponente del fallo que favoreció la admisión de la querella. El magistrado Jerónimo Mejía actuará como juez de garantías.

El exmandatario de Panamá viajó a Guatemala para participar en las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano ( Parlacen). 

Tras llegar en la mañana de hoy a Guatemala, Martinelli hizo una consulta sobre sus inmunidades y privilegios.

Ayer, miércoles, los magistrados fueron convocados a una sesión extraordinaria del pleno, para las 2:00 p.m., exclusivamente para tratar la posible investigación a Martinelli. Fuentes en el órgano Judicial informaron que concurrieron los nueve magistrados principales.

El pasado 7 de enero, el economista y excandidato presidencial por la vía independiente, Juan Jované, presentó una querella penal basado en que el exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, declaró en su indagatoria que el exmandatario fue quien le ordenó aprobar la compra de alimentos deshidratados por un monto de hasta $45 millones.

Una semana después, la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de la investigación a Tamburrelli, envió copia autenticada de los 22 primeros tomos del expediente.

El órgano Judicial, a través de un boletín de prensa, informó que el pleno decidió no reconocer a Jované como querellante.

Martinelli será investigado bajo  los procedimientos que dicta el Sistema Penal Acusatorio.

Los magistrados también emplazan a sus colegas del Tribunal Electoral (TE) a que levanten el fueron penal electoral del que goza Martinelli, por su condición de presidente y representante legal del partido Cambio Democrático (CD). Tamburrelli, por cierto, fue secretario general de dicho colectivo.

Por anomalías en las contrataciones del PAN están procesados Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, quien también dirigió la entidad en el gobierno de Martinelli.  Sobre ambos pesan medidas cautelares: Tamburrelli está  bajo arresto domiciliario y Guardia Jaén está bajo detención preventiva en la cárcel La Gran Joya, ubicada en Pacora.

 

‘Mi jefe era el señor De Obarrio’

Adolfo Chichi De Obarrio, ese joven que gastó una fortuna en su ostentosa boda en el Trump Ocean Club a principios de 2013, llegó a la Presidencia de la República en 2009 como secretario privado del mandatario Ricardo Martinelli.

A partir de entonces, su estilo de vida pasó de ser el de un funcionario al de un millonario… en tan solo cinco años.

Y aunque sus funciones en papel eran el de un asistente, en la práctica era el jefe de una institución que manejó, de acuerdo con las últimas cifras, miles de millones de dólares: El Programa de Ayuda Nacional (PAN), cuyos dos exdirectores –Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén– son objeto de una investigación. Ambos apuntaron su dedo índice hacia Chichi De Obarrio –y Ricardo Martinelli– cuando respondían preguntas sobre quién tomaba las decisiones en el PAN.

Guardia Jaén, en la ampliación de su indagatoria de la semana pasada –cuando decidió cooperar y decir todo lo que sabía de los negociados en el PAN– dejó mal parado a De Obarrio cuando, al contestar la primera pregunta, dejó claro que los proveedores de esta institución no eran elegidos por él, sino que “seguía instrucciones del señor Chichi De Obarrio”.

De Obarrio pertenece a un pequeño grupo de jóvenes que se podría decir que son parte de un “círculo cero” de los hijos del expresidente Martinelli (Ricardo Rica Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares). Varios de ellos ocuparon cargos en el servicio exterior panameño o en instituciones del Estado, donde también se registraron escándalos.

La influencia de De Obarrio fue notoria. Prueba de ello es que Guardia Jaén contó a la fiscalía que él llegó a ser director del PAN porque fue recomendado “con ayuda del señor Chichi De Obarrio, quien, a su vez, me recomendó con el Presidente para que asumiera dicha posición y ya por esta situación yo seguía sus instrucciones”.

Guardia Jaén dijo que conoció a De Obarrio en 2008, en la campaña política en la que él corrió, sin éxito, para ser diputado, cargo que le habría quedado pequeño a juzgar por el volumen de sus negocios en el PAN, que le permitió amasar una fortuna en efectivo, bienes e inmuebles que suman decenas de millones de dólares.

EL JEFE y EL ‘INSTRUMENTO’

Si bien el PAN contaba con una junta directiva que formalmente debía autorizar todas las compras superiores a los 300 mil dólares, en la práctica, fueron pocos los contratos adjudicados por esa vía. La mayoría de las veces, las compras eran fraccionadas y, de esta forma, centenares de millones de dólares eran manejados con total discreción entre Martinelli, De Obarrio y Guardia Jaén, de acuerdo a lo que se desprende de las indagatorias de este último y de las que ha hecho Giacomo Tamburrelli.

Según Guardia Jaén, su superior jerárquico era el ministro de la Presidencia, pero en la práctica, su autoridad “era casi nula, porque él no manejaba la institución. Esta era dirigida por [De] Obarrio porque del que yo recibía instrucciones directas era de Adolfo De Obarrio, no del Ministro [pues] nunca le comenté nada a este último porque eran instrucciones de la Presidencia” (ver facsímil).

El método para administrar el PAN era muy abreviado comparado con los procesos estándares del Estado. De acuerdo con Guardia Jaén, “yo solo recibía instrucciones de dos personas para casos específicos para este tipo de programas [compra de granos]: del señor Presidente y del señor De Obarrio. La modalidad era que Chichi De Obarrio me llamaba, me pasaba al Presidente y este me decía: ‘Haz lo que te dice Chichi De Obarrio”. Así de simple.