La Fiscalía abre proceso contra cuentas de Mario Martinelli

En medio del proceso por supuestas compras con sobreprecios en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Ministerio Público tiene en agenda secuestrar cuentas de las empresas General Mills y Calox Panameña. En ambas compañías figura como accionista Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

Los oficiales del Ministerio Público están en el proceso de determinar el monto en el que Martinelli se pudo ver beneficiado y sobre la base de éste se tomarán acciones legales contra las cuentas en las que aparece como accionista.

Se trata de dos empresas filiales de compañías internacionales dedicadas a la venta y procesamiento de granos, cereales, harina y otros productos alimenticios.

Mario Martinelli, quien representó al partido Cambio Democrático en la Junta Nacional de Escrutinio en las pasadas elecciones, fue señalado por Pablo Ruiz, representante de Hialing Corporation S.A., al momento de rendir declaración en el proceso por sobreprecios.

Según declaró Ruiz al Ministerio Público, Mario Martinelli se encargaba de proveer el financiamiento, además de asesorar los trámites legales, así como lo que correspondía a los actos públicos y, sobre todo, cobrar las cuentas con el Estado. También proveía los productos y los contactos de los proveedores.

Corte ordena auditoría en despacho del juez Quesada

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sesión ordinaria de ayer, ordenó una auditoría judicial al despacho del juez primero de circuito penal, Rolando Quesada Vallespi, informaron fuentes del Órgano Judicial.  

La auditoría fue ordenada, luego de que el juez Quesada Vallespi diera el pasado martes una medida cautelar de país por cárcel al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, acusado de corrupción por dar información confidencial a la casa de valores Financial Pacific (FP).  

Fábrega fue liberado ese mismo día, tras permanecer seis días detenido en las celdas preventivas de la Dirección de Investigación Judicial. 

Las mismas fuentes precisaron que la decisión de auditar a Quesada Vallespi no está sustentada en la medida cautelar de Fábrega. 

Hasta el momento, no se ha iniciado ningún proceso disciplinario contra el titular del juzgado penal. Según las fuentes, para investigarlo debe ser presentada una queja ante el Segundo Tribunal, ente superior jerárquico del juez.  

La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial confirmó que el juez asistió a trabajar ayer. 

Roy Torres, abogado de Fábrega, pidió el pasado viernes 27 de febrero una fianza de excarcelación a favor de su cliente. 

Sin embargo, el juez Quesada Vallespi concedió el martes 3 de marzo una medida cautelar de país por cárcel a Fábrega, quien además debe acudir a firmar los 15 y 30 de cada mes. 

Ni la SMV como querellante ni la Fiscalía Tercera Anticorrupción, como ente investigador, fueron notificados por Quesada Vallespi antes de resolver la petición de fianza de Fábrega. 

La fiscalía y la SMV apelaron la medida cautelar dada al exfuncionario. 

A DISCUSIÓN

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), anunció que en la reunión de junta directiva del próximo martes evaluarán todo lo relacionado con la medida cautelar concedida por el juez Quesada Vallespi a Fábrega.

“Si van a practicar auditorías en ese juzgado, los abogados dirán que hay muchísimos jueces y magistrados que están morosos y habría que practicar auditorías y rendición de cuentas a muchos otros”, dijo.

Álvarez manifestó que aunque la CSJ no es competente para investigar administrativamente al juez, sí puede solicitar al Segundo Tribunal Superior que inicie un proceso disciplinario.

“La Corte puede solicitar al Segundo Tribunal que lo haga (investigar), pero no lo puede hacer”, señaló.

Agregó que esa investigación se puede pedir ahora o después de concluida la auditoría.

La Dirección de Auditoría Interna del Órgano Judicial efectuará la revisión.

El fallo del juez concluyó que Fábrega no representa un peligro, porque no ha sido condenado por delitos graves y tiene 68 años, razón por la cual no se sustenta la aplicación de la detención preventiva.

El 17 de agosto de 2006, la CSJ destituyó a Quesada Vallespi como magistrado suplente del Segundo Tribunal y los suspendió como juez por 30 días. Esta sanción se dio, porque firmó un fallo el 15 de diciembre de 2004, en el que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “Estero” y “Buenaventura”.

VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO

La SMV emitió un comunicado público, en el que dejó claro su asombro y consternación por la actuación del juez Quesada Vallespi, que, a su juicio, violó el debido proceso.

El comunicado explica que el juez, en una resolución del 14 de enero pasado, había anulado una inspección ocular practicada al correo de Fábrega, decisión que está pendiente de apelación y que, pese a ello, la indagatoria quedó vigente.

Calificó de “desafortunada noticia” la medida cautelar dada al exfuncionario de la institución.

“Más sorprendente aún fue que se emitiera el auto de medida cautelar, el cual se hizo efectivo sin haber notificado a la fiscalía ni a los apoderados judiciales de la SMV”, advierte la nota.

La SMV destacó que antes de que esa entidad y la fiscalía se notificaran y anunciaran la apelación, el juez ordenó la inmediata libertad de Fábrega.

Según el comunicado, “la SMV interpondrá todos los recursos que la ley le otorga en derecho para que se respete el debido proceso, el cual consideramos se vulneró”.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió el llamamiento a juicio de Fábrega, acusado de corrupción.

Fiscal electoral suplente toma posesión del cargo

La fiscal suplente, Ceila Peñalba, tomó posesión ante el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.

La nueva fiscal, quien fue designada por el presidente Juan Carlos Varela, reconoció que es una tarea esencial y la llevará a cabo con disposición, buena fe y el principio de lealtad a Dios y respeto al derecho que le asiste a la persona. ‘Tengo muchos retos que estoy dispuesta a asumir’, agregó Peñalba.

La fiscal electoral suplente fue nombrada el 2 de febrero, luego de que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, se acogiera a cuatro meses de vacaciones y designara a José Félix González como fiscal encargado.

La nueva funcionaria destacó que desea que la sociedad panameña tenga fe y confianza nuevamente en una institución que es garante de la jurisdicción electoral y que tiene el deber de vigilar por la libertad, honradez y pureza del sufragio.

El fiscal electoral encargado señaló en una conferencia de prensa que no abandonaría el puesto. ‘Me tienen que sacar con policías de este lugar’, afirmó el funcionario.

El Ministerio Público investiga a Peñaloza por dos denuncias.

 

Alejandro Moncada Luna, entre burlas y juega vivo

Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trató de jugarle vivo, una vez más a la justicia, pero no todo le salió bien y quedó en un callejón con pocas salidas judiciales que se definirán en una nueva audiencia hoy en la Asamblea Nacional que lo investiga por varios delitos.

Luego de la irregular audiencia ayer de la subcomisión de garantías, el magistrado separado tendrá hasta hoy para decidir si acepta o no el acuerdo pactado con el fiscal designado Pedro Miguel González, en el que inicialmente se había declarado culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

En audiencia realizada ayer en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, se esperaba que Moncada Luna acudiera a sustentar su decisión de aceptar o no este arreglo, sin embargo, este se ausentó y a través de su abogado Ramiro Jarvis presentó un certificado de incapacidad por cinco días, desde el martes 3 de marzo al 7 de marzo próximo.

El documento estaba firmado por la especialista en cardiología Paulina Rognoni. Jarvis adujo que el magistrado separado desde hace meses está siendo afectado por problemas de hipertensión.

También remitió un escrito en donde se retractaba del acuerdo aduciendo que su familia estaba siendo expuesta y presionada con procesos legales en su contra.

El certificado de incapacidad generó dudas tanto al fiscal González como a las juezas de garantías Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez. 

Minutos después, la galena especialista en cardiología Paulina Rognoni, afirmó que no había atendido a Moncada Luna el martes 3 de marzo- fecha en que expedió la incapacidad- sino el sábado 28 de febrero y que había emitido el certificado a petición del abogado del imputado.

Las juezas de garantía ordenaron, a petición del fiscal González, que profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc) acudieran a la residencia de Moncada Luna en el PH Ocean Sky, donde cumple reclusión domiciliaria desde el 20 de octubre pasado. Luego fue trasladado con custodias de la Policía Nacional al Hospital Santo Tomás para una serie de evaluaciones médicas.

Tras las pruebas realizadas se determinó que Moncada Luna no tiene mayores complicaciones médicas, por lo que este será conducido hoy al salón de audiencias. El dictamen médico ya fue remitido a la oficina de la sub comisión de garantías.

Según la jueza Levy, los resultados completos del informe médico se conocerán en la audiencia de hoy. “Pero todo parece estar bien”, dijo.

El fiscal González por su parte, dijo tener información por parte de la secretaria judicial de la fiscalía de que el imputado está en condiciones de comparecer a la audiencia.

‘Habrá resultados’

Levy afirmó que las juezas ya tienen la orden para conducir al magistrado separado desde su residencia en San Francisco al Salón Azul para reanudar hoy la audiencia desde las 9:00 a.m.

Detalló que el fiscal tiene que estar preparado para sustentar el acuerdo con Moncada Luna si es que el imputado lo acepta, de lo contrario “el diputado fiscal tiene que estar preparado para presentar la acusación mañana [hoy] mismo”.

Levy advirtió que si ya el magistrado se declaró confeso de dos delitos, “yo creo que las condiciones no pueden seguir iguales”. 

Cárcel para Moncada

Se conoció que dos de las juezas de garantías tienen ya la disposición de avalar un cambio de medida cautelar actual, es decir, reemplazarle al magistrado separado la reclusión domiciliaria por la detención preventiva en un centro penitenciario.

“Las juezas nos sentimos ya un poco burladas por lo que pasó. Además, lo más seguro es que enviaremos al Ministerio Público el comportamiento de la doctora. Las juezas están un poco molestas por ese comportamiento antiético por parte de él [Moncada Luna] y deRamiro Jarvis ”, advirtió Levy.

Fuentes oficiales informaron que en el Centro Penitenciario El Renacer se acondicionaba ayer una de las celdas del centro.

La jueza Zulay Rodríguez, por su parte, dijo que hoy va a haber resultados en este caso. “Se sabrá si [el magistrado] se retracta o no… si se retracta no sé si el fiscal pueda pedir cambios de detención preventiva y nosotros tenemos que resolver”, agregó.

Si no se retracta de firmar el acuerdo, habría que hacerle una serie de cuestionamientos y las juezas pasarían a dictar la sentencia y tendrán que convertirse en juezas de cumplimiento, explicó.

Aceptaría acuerdo

Extraoficialmente se conoció que Moncada Luna estaría reconsiderando aceptar el acuerdo pactado con la fiscalía el pasado 23 de febrero.

En este arreglo Moncada Luna se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional. También aceptó el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ. El resto de los bienes que le fueron aprehendidos por $4.6 millones y 3 autos valorados en $63 mil, quedarían liberados. En el arreglo se excluyeron los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por los cuales también era investigado.

En este sentido, su abogado Jarvis, no confirmó ni negó esta versión.

Aseguró que en el sistema penal acusatorio un acuerdo es validado o no después de que las juezas así lo decidan.

En tanto, el fiscal González manifestó que no se ha hablado en ningún momento de un acuerdo distinto al que fue presentado ante la oficina judicial de la sub comisión de garantías el pasado lunes 23 de febrero.

Expresó que la posibilidad de que Moncada Luna se ratifique hoy del acuerdo es una posibilidad.

“El artículo 220 del Código Procesal Penal señala que a partir de la formulación de la imputación y hasta antes de presentarse la acusación, la fiscalía designada y el imputado podrían llegar a un acuerdo. Pudiera el día de mañana [hoy] retomarse ese acuerdo como bueno. Es lo que más el conviene al país, a la Asamblea y creo que es la mejor salida que tienen el imputado”, sostuvo el fiscal González.

Moncada Luna fue denunciado en la Asamblea Nacional por gremios de la sociedad civil tras aportar pruebas por la compra millonaria de dos apartamentos.

 

Moncada Luna condenado a 5 años de prisión

El magistrado separado del Supremo de Panamá Alejandro Moncada Luna fue sentenciado hoy a una pena de 5 años que cumplirá en una cárcel del país, aún por determinar, en una decisión inédita en la historia panameña.
Moncada fue sentenciado por una subcomisión parlamentaria que quedó facultada para ello porque el magistrado aceptó un acuerdo en el que reconoció ser culpable de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica, dos de los cuatro delitos de corrupción por el que fue investigado.

Moncada Luna a prisión, por la comisión de dos delitos

Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses (5 años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario debe determinar en qué penal es ingresado.

La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional también ordenó el decomiso de dos apartamentos en Coco del Mar propiedad de Moncada Luna y su esposa.

También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años, una vez cumpla su periodo en prisión.

A Moncada Luna se le deberá computar los cuatro meses y medio que ha permanecido en detención domiciliaria.

Son exactamente las mismas penas consignadas en el acuerdo extrajudicial pactado por Moncada Luna y el diputado fiscal Pedro Miguel González. De ese modo, las juezas Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez rechazaron la solicitud de la defensa que, a última hora, pidió prisión domiciliaria para el ya exfuncionario.

Las juezas también ordenaron que se mantenga la aprehensión de las cuentas bancarias que fueron cauteladas como parte del proceso. Ni una está a nombre de Moncada Luna, pero sí recibió beneficios de las mismas, como se probó en la investigación. 

"No podemos acceder a dichas  peticiones. Le corresponderá a las autoridades competentes, en atención a los hechos sustentados en la audiencia por el fiscal", concluyeron las juezas.

Levy, Gómez y Rodríguez sostienen en su escrito de condena que Moncada "desconoció las prohibiciones y limitaciones inherentes a su cargo", ya que como magistrado acumuló un patrimonio que no correspondía con sus ingresos.

Durante la audiencia que se celebró en el Salón Azul de la Asamblea, el imputado dijo que firmó el acuerdo -fechado el 23 de febrero pasado- de manera voluntaria, libre de acuerdo y presiones.

LA AUDIENCIA

La audiencia de hoy inició casi a las 10 am y terminó a las 2:49 pm.

Empezó con la intervención de González, que hizo una sustentación del acuerdo extrajudicial. 

Señaló que la pena de 60 meses (5 años) de prisión es un tercio de la suma de las penas máximas que conlleva cada uno de los delitos admitidos por el  imputado: 8 años por falsedad ideológica y 12 por enriquecimiento injustificado agravado. 

Remarcó que las juezas de garantías no podrán aumentar la pena pactada en el acuerdo, "pero sí pueden disminuirla".

"El tribunal tiene la competencia para hacerlo, tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un derecho punible", señaló.

Advirtió que si las juezas modifican la pena de prisión y deciden rebajarla, Moncada Luna podría cumplirla en su residencia y no en un centro penitenciario, lo que finalmente no sucedió.

González también informó que un informe de la Contraloría General de la República estableció "un diferencial negativo" de 2 millones 94 mil dólares, "con respecto a las capacidades económicas" de Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández, copropietaria de los dos apartamentos cautelados.

"La Contraloría, en su informe, determinó un desbalance en 2 millones 94 mil dólares. Es decir, los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto", indicó.

María del Pilar recibía un salario mensual de $4 mil (sin contar las deducciones) como directora de Planificación y Finanzas del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -coincidentemente- designó a Moncada Luna como magistrado de la CSJ a partir del 1 de enero de 2010, con salario de $10 mil mensual.

Agregó que el valor actual de los dos apartamentos supera "con creces" el desbalance planteado por la Contraloría. El matrimonio desembolsó $1.7 millones por ambos apartamentos.

HABLÓ LA DEFENSA

Ramiro Jarvis pidió clemencia a las juezas. Dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, "ha sido honorable", tiene padecimientos de salud, ha permanecido cinco meses bajo detención domiciliaria en su apartamento de Coco del Mar y no ha dado muestras "de ser un riesgo para nadie".

Señala que su cliente decidió pactar un acuerdo extrajudicial, porque de celebrarse un juicio en el pleno legislativo "la decisión habría estado en manos de 71 diputados, la decisión habría sido política, creando situaciones de angustia para personas que no tienen relación en los hechos".

Jarvis consideró que algunas de las acciones del diputado fiscal podrían ser declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia. 

En la lectura del escrito de condena, las juezas también hicieron un "llamado de atención" a la conducta "procesal" del abogado de la defensa.

Ayer, el abogado presentó un escrito de Moncada Luna en el que éste desistía del acuerdo extrajudicial. Igualmente, entregó un certificado médico que incapacitó a su cliente hasta el próximo sábado, pero un informe forense practicado la tarde de ayer en el Hospital Santo Tomás probó que el imputado está en condiciones de comparecer.

La aceptación del acuerdo y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación, por lo que Moncada Luna no podrá ser proceso por estos mismos ilícitos en la justicia ordinaria.

En la audiencia también estuvieron presentes José María Castillo, Edwin Guardia y Manuel Cedeño, abogados de las sociedades titulares de las cuentas bancarias cauteladas como parte de la investigación. Se trata de 14 cuentas, que totalizan $4.7 millones. Según González, en la investigación se probó que Moncada Luna recibió beneficios de las mismas. La mayoría de estas sociedades obtuvieron contratos con el Órgano Judicial en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió la CSJ.

Los abogados pidieron a las juezas la descautelación de las cuentas. González dijo que no se oponía a ello. Las juezas, finalmente, declinaron esa petición.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar el SPA sin recursos es abrirse a la impunidad”

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) parece entrar forzado en el último circuito judicial del país, y con cientos de interrogantes sobre la eficacia que tendrá en los procesos judiciales.

El presupuesto no es suficiente para ninguna de las entidades que intervienen en el proceso. Tras una alta reunión ayer, en la Corte Suprema de Justicia, las entidades vinculadas con el nuevo sistema concluyeron que por el presupuesto que se le asignó a la justicia este año, quedarán ‘a la deriva' 489 vacantes destinadas para el penal acusatorio. Es decir, recalcan, el 45% de los puestos necesarios.

La crisis empieza en la columna vertebral del SPA: el Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), encargado de proveer las pruebas científicas en los Tribunales. Tiene un déficit de más del 50%. Humberto Mas, su director, asegura que el hueco económico crece todos los años.

Esa entidad solicitó al Ejecutivo $76 millones, para planificarse de cara a la entrada del SPA a la capital, sin embargo, ese Órgano aprobó solamente $35 millones, es decir, 54% menos.

Los encargados de la implementación del SPA, que entrará a regir el próximo dos de septiembre en la capital, alertaron de que se registrará una ‘gran cantidad de impunidad en los procesos', de no contar con un presupuesto adecuado, especialmente en el Imelcf.

Mas explicó que esta institución ‘está encargada de hacer cumplir el sistema, pero prácticamente se le hará imposible con el dinero asignado'.

Otra entidad en horas complejas es la Defensoría Pública. Danilo Montenegro, su director, manifestó su preocupación, ya que la mayoría de las posiciones son de este departamento que es tan importante en este sistema de justicia.

‘FUEGO' EN LA DIJ

En cuanto, a la Dirección de Investigación Judicial, el comisionado Marcos Córdoba resaltó la necesidad de recursos humanos tanto de personal uniformado como civil, y adecuaciones de algunos cuarteles por la mayor participación que se va a tener en los próximos meses.

El magistrado Harry Díaz, dijo que de implementar el SPA sin el presupuesto necesario, se corre el riesgo de que ‘una gran cantidad de casos queden impunes, y esto afectará la convivencia social del país'.

El SPA deberá entrar en vigencia en cuatro meses en los circuitos judiciales de Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, últimas zonas del país en incorporarse.

El asunto es sensitivo, tomando en cuenta que en esa región se movió el año pasado cerca del 55% de los casos judiciales que se registraron en el país, cuatro veces más que en Tercer Distrito Judicial, que comprende Chiriquí, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé.

En la capital se tramitan, por ejemplo, la mayor parte de los escándalos contra la administración pública.

LOS PENDIENTES

Según los balances del Ministerio de Economía y Finanzas y del Órgano Judicial, el SPA tendrá este año cerca de $32 millones, $27 millones menos de lo que se necesitaba. Se arrastra un pendiente de $1.2 millones para la contratación de personal para provincias centrales, $100 mil para el equipamiento y ‘desarrollo de aplicaciones y redes' para el sistema en Coclé y Veraguas, y otros $500 mil para Chiriquí, Bocas y Ngäbe Buglé.

El magistrado Abel Zamorano nsiste en que se requiere de un recurso adecuado para que el sistema sea exitoso. ‘Este es un papel que tenemos como deber y no podemos postergar el sistema, todos somos responsables de que avance como hasta ahora se ha dado con buenos resultados', señaló.

EL EJECUTIVO PROMETE RESPUESTAS

La presión por conseguir los recursos adecuado la sintió el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, quien manifestó que el Órgano Ejecutivo está comprometido para que se ‘implemente el sistema en todo el país'.

En este sentido, anunció que sostendrá reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, para buscar una solución'.

Durante la reunión —en la que también participaron los magistrados José Ayú Prado Canals, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo de Cedeño, Jerónimo Mejía y Cecilio Cedalise, así como los magistrados del Segundo Tribunal Superior Secundino Mendieta y Wilfredo Saenz— se discutió la posibilidad de diferir la implementación para ajustar el presupuesto, tal como lo proponía el magistrado Harry Díaz, sin no fue aceptada.

Aunque se había considerado, los organismos internacionales que manejan el tema le explicaron al Órgano Judicial que ‘no es conveniente'.

Alemán, quien se comprometió a conseguir los recursos que hacen falta, manifestó que' no es factible' dividir la implementación del SPA en su última fase.

El otro inconveniente estaba en lo legal: la moción 48 de 2009 establece que en el Primer Distrito Judicial se deberá implementar el 2 de noviembre de 2016, dos años después de lo originalmente planteado.

Fiscal ordena detención preventiva a Guillermo Ferrufino

La fiscal segunda Anticorrupción Vielka Broce ordenó la detención preventiva contra el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, luego de rendir indagatoria por más de 12 horas en el caso del alquiler irregular de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Ferrufino fue conducido al sistema transitorio de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Este 3 de marzo, la Fiscalía ordenó la conducción del exministro -durante la administración de Ricardo Martinelli-. Sin embargo, su abogado informó que Ferrufino se presentaría este 4 de marzo, lo que en efecto ocurrió.

El exfuncionario se presentó a las 8:05 a.m y se bajó del vehículo sin emitir comentarios.

Durante todo el día estuvo en la Fiscalía, en el edificio Avesa, en Vía España.

A eso de las 9:20 p.m., Luis Carlos Cabeza, abogado del exministro, salió de las oficinas de la Fiscalía, y en tono molesto aseguró que su cliente no ha cometido delito. Ferrufino estuvo, dijo, durante 12 horas rindiendo indagatoria. 

"Hay un terrorismo judicial", aseguró, al tiempo que se quejó que "se pasa información" sobre los casos que maneja a los medios de comunicación primero que a él.

En el despacho de la fiscal segunda Anticorrupción, también hay otra investigación relacionada con Ferrufino. Se trata de la compra de una finca en La Chorrera, que  habría sido pagada con cheques –por un monto de $400 mil – de parte de la compañía Heliflight Panama, S.A., cuyo presidente y gerente general es Fotis Lymberópulos, amigo personal de Ferrufino. 

Esta empresa fue beneficiada con contratos directos –por el orden de los $4 millones– para el traslado de personal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a áreas de difícil acceso para el pago de los programas Red de Oportunidades y ‘100 a los 70’.

 

Fiscal apela fianza concedida a Fábrega

El juez Rolando Quezada Vallespi, del Juzgado Primero del Circuito de lo Penal, ordenó la liberación inmediata de Ignacio Fábrega de Obarrio, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores acusado por el supuesto delito contra la administración pública en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores.

La nota que emanó del Juzgado Primero, dirigida al comisionado Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial, no tiene la firma del juez; sin embargo, cuenta con el sello de recibido de la Policía Nacional, registrado el día de ayer, a las 3:20 de la tarde.

Esta fianza revoca la medida de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que ordenó la detención provisional de Fábrega. El juez Quezada Vallespi dictó otras medidas cautelares contra Fábrega, como la prohibición de salir del país y el deber de presentarse los días 15 y 30 de cada mes en el juzgado.

La decisión del juez fue apelada de inmediato por la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, quien había ordenado el jueves la conducción y detención de Fábrega, que, sin embargo, había desatendido las citaciones de la fiscalía.

La medida a favor de Fábrega originó la inmediata reacción de la diputada y abogada Zulay Rodríguez, quien vinculó a Fábrega en el supuesto asesinato de Vernon Ramos, exsubordinado de Fábrega en la Superintendencia del Mercado de Valores, donde ambos investigaron las anomalías en la casa de valores Financial Pacific.

Según Rodríguez, la excarcelación de Fábrega se ordenó en forma irregular, ya que el juez elaboró el oficio por fianza y sin notificar y sin dar traslado a la parte querellante y a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que había ordenado su detención el jueves por supuestos delitos de corrupción de servidores públicos.

Fábrega fue detenido en La Chorrera, tras lo cual fue conducido a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para responder por presuntamente haber filtrado información privilegiada a los ejecutivos de Financial Pacific mientras trabajaba en la SMV y utilizando su correo electrónico, según aparece en la querella en su contra. Según el documento, Fábrega alertaba a los directivos de la casa de valores de las inspecciones y controles de la SMV.

Según Zulay, esta inesperada decisión judicial pone en peligro su vida , la de su familia y la de su socio Kevin Moncada, en riesgo por las declaraciones contra el acusado. Además, señaló, este tipo de actuaciones del sistema judicial ‘ponen en riesgo el desenlace judicial en el caso Financial Pacific’. ‘Me da miedo que quede impune cuando detrás de él se esconden delitos como lavado de dinero del narcotráfico y el tráfico de armas’, agregó.

La vinculación de Fábrega con el supuesto asesinato de Vernon surge de la declaración, aún sin confirmar por las autoridades, de un testigo protegido, recluido en la cárcel La Joya, que identificó a los autores intelectuales y materiales.

Sobre Fábrega también pesa otra querella por supuesto delito de quiebra, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, interpuesta por el interventor de la casa de valores Financial Pacific en representación de la SMV.

El juez Rolando Quezada Vallespi fue destituido en 2006, como magistrado suplente del Tribunal Superior, por una queja presentada por el ex fiscal Patricio Candanedo. En 2004, había sido señalado por ordenar la liberación de seis presuntos narcotraficantes y cinco millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia señaló en ese momento que se había comprobado ‘la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones’.

 

Moncada Luna ‘desiste’ de acuerdo extrajudicial

El magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, comunicará su decisión de "desistir" del acuerdo extrajudicial en el que se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

El acuerdo fue pactado el pasado 23 de febrero por su abogado Ramiro Jarvis y el diputado Pedro Miguel González -investido fiscal de la causa- y tenía que ser tratado en la audiencia convocada para hoy por la subcomisión de garantías de la Asamblea.

El escrito de desistimiento fue divulgado previamente por los canales de televisión TVN y Telemetro Reporta.

Katleen Levy, presidenta de la subcomisión de garantías, señaló a su llegada a la Asamblea que la audiencia no se suspende y que la defensa deberá explicar los motivos por los cuales desiste del acuerdo. "El proceso va", dijo.

También se conoció que Moncada Luna no concurrirá, ya que la doctora Paulina Rognoni expidió un certificado médico en el que consta que está incapacitado desde las 8 am del martes 3 de marzo (ayer) hasta las 10 pm del sábado 7 de marzo, según contó la propia doctora en Telemetro Reporta.

Según Rognoni, los abogados de Moncada Luna prepararon una “retractación” del acuerdo extrajudicial, documento que será presentado formalmente hoy.

La doctora dijo que su cliente toma medicamentos para la presión arterial y tabletas de (Tafil), y que tiene falta de autoestima, depresión, presión alta y estrés.

Cuando los periodistas le preguntaron a González por esta incapacidad médica, contestó que la misma fue expedida por un médico privado y no por los profesionales de medicatura forense. No hizo mas comentarios al respecto.

El pasado 23 de febrero, el defensor de Moncada Luna, Ramiro Jarvis, y el diputado Pedro Miguel González firmaron un acuerdo en el que el magistrado –separado de sus funciones desde el 20 de octubre pasado- se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos,  pactando una condena de 60 meses de prisión e igual periodo de inhabilitación de funciones públicas.

Igualmente, el imputado se compromete a devolver dos apartamentos en Coco del Mar, valorados en $1.7 millones.

En el acuerdo se desestiman los otros dos delitos que se le imputaban a Moncada Luna: blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.