Exministro Guillermo Ferrufino y la finca de El Lirio

Moisés Cedeño es el nuevo protagonista de una trama de embargo y subasta de tres fincas en el distrito de La Chorrera, en la que, supuestamente, estuvo detrás el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino.

Ayer, Cedeño rindió declaración jurada ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción y dio detalles de la repentina forma en que perdió sus tierras.  

Hace 15 días, a Cedeño lo visitó personal de la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses de la Contraloría, que adelanta la auditoría sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de Ferrufino.

Esta semana lo contactó la fiscalía para que, junto a su hijo del mismo nombre, rindiera declaración jurada. De acuerdo con Cedeño, el entonces titular del Mides en la administración de Ricardo Martinelli se habría apropiado de las fincas en medio de un proceso legal, cuya génesis se remonta a 2005.

Ese año, Cedeño, expresidente del Patronato de la Feria de La Chorrera, y su hijo, compraron una finca de 2.7 hectáreas a Luis Olmedo Riso Reyes, en $8 mil. 

Luego, en marzo de 2006, adquirió dos globos de terreno más –uno de 13.6 hectáreas, por $35 mil 907, y otro, de 44.1 hectáreas, por $79 mil 665– a la Sociedad Pine Ridge Ranch, Inc.

De acuerdo con el denunciante, la primera de las fincas la obtuvo con fondos propios y las otras con un préstamo del Global Bank, por la suma de $105 mil.

EMBARGO Y DEUDAS

Debido a supuestos incumplimientos de Cedeño con el banco, el Juzgado Cuarto Civil decretó, en julio de 2010, el embargo de los bienes.  

Meses después, específicamente en abril de 2011, el juzgado aprobó el remate, en subasta pública, de las tres fincas, incluyendo una camioneta pick up Toyota Hilux 4×2. La deuda calculada con el banco era de $138 mil 351.

La convocatoria para la subasta de los terrenos fue publicada los días 16, 17 y 18 de marzo de 2011 en el diario Panamá América.

El mejor postor en el acto fue Inversiones Lymber, S.A., que ofreció $260 mil 500 por las tres propiedades. La propuesta superó la oferta inicial del banco, que fue de $92 mil 234.

Inversiones Lymber, S.A. está compuesta por Fotis Georgios Lymberópulos Cossiori (presidente), Panagiotis Jorge Lymberópulos Cossiori (secretario) y Dionisio Jorge Lymberópulos Cossiori (tesorero).

El Juzgado Cuarto de Circuito Civil, que llevó adelante el proceso judicial, aprobó el precio de la subasta a favor del banco.

Una de las fincas subastadas está identificada con el número 162739, tiene 2.7 hectáreas y está ubicada en el corregimiento de El Arado, en La Chorrera. Hoy, en esta propiedad el exministro Ferrufino tiene un establo para el cuidado de sus caballos, de acuerdo con moradores de la zona. 

Las otras fincas se identifican como 138730 y 215002 y están en la comunidad de El Lirio, corregimiento de La Represa, en La Chorrera.

En estas Ferrufino posee, por lo menos, 250 cabezas de ganado, de acuerdo con los residentes.

Los moradores señalaron que, luego de que surgieran los escándalos por el supuesto enriquecimiento injustificado de Ferrufino y que las fiscalías Anticorrupción solicitaran la cautelación de sus bienes, hubo un constante movimiento de ganado en esas fincas.

SOCIEDAD CANCELA

Inversiones Lymber, S.A. consignó el pago de la subasta con un certificado de depósito judicial del Banco Nacional de Panamá, por $13 mil 835 con 14 centésimos, y otro certificado de depósito por $246 mil 664.

Global Bank recibió los $260 mil 500, de los cuales, cobró la suma embargada de $138 mil 351 y devolvió a Cedeño $122 mil 148.

ACCIONES LEGALES

Rogelio Cruz, abogado de Cedeño, denunció una serie de irregularidades previo a la subasta.

Destacó que antes del proceso, a su cliente se le acercó un señor de apellido Samaniego. Este lo puso en contacto con el abogado Jorge Garrido, quien supuestamente le dio aviso de que las fincas serían subastadas al día siguiente.

“Consíguete $11 mil”, le dijo Garrido a Cedeño, quien reunió $8 mil y el abogado puso la diferencia.

Al día siguiente, Garrido informó a Cedeño: “Nos ganaron. Alguien ofreció más, pero te conseguí $100 mil”.

De acuerdo con Cruz, como Cedeño supo que el que adquirió la finca fue el entonces ministro Ferrufino, no se atrevió a reclamar. Pero ahora, con Ferrufino fuera del gobierno, su cliente inició acciones legales para recuperar sus bienes.

FERRUFINO, DETRÁS

A pesar de que los documentos en el Registro Público señalan que Inversiones Lymber, S.A. es propietaria de las fincas, pobladores aseguran que el verdadero dueño es el exministro.

Uno de ellos es el propio Cedeño, quien aseguró que cumplió con los pagos y, a pesar de ello, a la semana comenzaron los embargos, por ejemplo, del carro de su hijo.

“Benjamín Quintero, mi oficial de cuentas en la 24 de Diciembre, me dijo: ‘Eso no puede ser, porque usted está paz y salvo”, afirmó.

Cedeño relató que cuando fue a Global Bank a ver lo que pasaba, habló con Rogelio Biendicho, encargado de asesoría legal.

“Cuando voy allá, le digo que estoy al día y me dice que eso ya lo habían pasado a legal. Hago una carta diciéndole que deseaba pagar finca por finca y que el banco decida cómo pagarla. Biendicho me negó un préstamo agropecuario. Eso jamás se había visto”, planteó.

Cedeño denunció que “el exministro Ferrufino andaba detrás de la finca mía de Santa Cruz, donde tiene los caballos, y la de pasto mejorado, en El Lirio. El que lo ayudó a eso fue el señor Rogelio Biendicho, de asesoría legal”.

En cuanto a que las fincas aparecen registradas a nombre de Inversiones Lymber, S.A., destacó que son los mismos directivos que le hicieron los cheques para comprarle la finca a [Carlos] Crespo.

Moradores de El Lirio también aseguran que el exministro Ferrufino es el dueño de las fincas.

 

Fiscalía Auxiliar iniciará investigación por caso Bosco Vallarino

La Fiscalía Auxiliar de la República iniciará una investigación de oficio luego de conocerse ayer, jueves, de un video relacionado a Bosco Vallarino, exalcalde de la capital, cuando aceptaba un soborno.

En estos momentos el despacho judicial prepara una resolución para empezar las investigaciones. Para ello, tomará como referencia tanto los reportes periodísticos como el video divulgado ayer a través de distintas redes sociales.

Es necesario esperar la confección de dicha resolución para ver qué tipo de delito se investigará. Fuentes del Ministerio Público dijeron a este medio que sería por posibles delitos contra la administración pública.

En la grabación se observa a Ventura Nogueira –amigo personal y vecino de Vallarino– conversar con el exalcalde, antes de entregarle 30 mil dólares. Este dinero se lo enviaban supuestamente empresarios interesados en hacer un negocio de estacionamientos bajo tierra en el parque Belisario Porras.

El objetivo era lograr que el exalcalde de la comuna capitalina cayera en la “trampa”, tal como lo solicitaba el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y lograr su salida de la Alcaldía de Panamá, a fin de que Roxana Méndez lo reemplazara.   

En esta trama participaron  Gabriel De Janon (miembro del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista) y Santiago Fascetto (ex director general asociado del grupo Editora Panamá América–Epasa, informó el brasileño Ventura Nogueira a La Prensa.

Luego de conocer de la divulgación del material, Vallarino admitió que aceptó el dinero (6 mil dólares). “Se ve feo, y le pido disculpas al pueblo panameño, a mi partido, a Dios. Le pido a Dios que me dé perdón y que me oriente”, concluyó el exalcalde, quien por primera vez habla del soborno que recibió.

Audiencia del caso Alejandro Moncada Luna será el próximo 4 de marzo

La audiencia del caso que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, será celebrada el próximo miércoles 4 de marzo del presente año en la Asamblea Nacional, informó anoche en Telemetro Reporta la jueza de la causa, la diputada  Katleen Levy. 

Levy explicó que el procedimiento consiste en que se le pregunta al imputado si reconoce la firma del acuerdo y si sabe lo que conlleva esto. Además, se procede a explicarle la pena. Manifestó que el imputado podría reconocer que firmó el acuerdo o no. 

La jueza de la causa indicó que el acuerdo establece una pena de prisión, pero la defensa podrá argumentar y hacer cambiar de opinión a las juezas por una pena de casa por cárcel o servicio comunitario. 

Adelantó que luego de cerrar el caso Moncada Luna, las juezas de la causa procederán a pedirle al fiscal de la causa, Pedro Miguel González,, que pase copia de la investigación al Ministerio Público. 

El pasado lunes, el abogado de Moncada Luna, Ramiro Jarvis, firmó un acuerdo con González, quien el 20 de febrero había concluido una investigación en su contra y lo iba a acusar por enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, falsedad y corrupción.  

En el acuerdo, Moncada Luna se declaró responsable de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó una condena de cinco años de prisión.

Además de la condena, aceptó el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ.  

Anulan indagatoria que rindió Garuz por la pérdida de equipo de espionaje

El Juzgado Séptimo Penal revocó la declaración indagatoria que rindió el exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, a raíz de la pérdida del equipo que se utilizó para intervenir comunicaciones en el gobierno anterior.

Mediante fallo del 12 de febrero pasado, el juez Felipe Fuentes admitió el incidente de controversia presentado por la defensa de Garuz contra la resolución del 12 de enero de 2015 en el que la Fiscalía ordenó la indagatoria.

La  investigación inició luego que Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, denunciara la pérdida de equipo, que costó $13.5 millones y fue adquirido a una empresa israelí, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El juez argumentó que "no existe en la actualidad procesal del expediente vinculación de Alejandro Garuz con este delito de peculado, pues los testigos señalan a Ronny Rodríguez, William Pitti e Ismael Pitti", todos exfuncionarios del Consejo.

Este es uno de los procesos que enfrenta Garuz. En el otro tiene que responder por la posible comisión de los delitos de inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad por el espionaje masivo a más de 300 políticos, periodistas, empresarios, miembros de la sociedad civil organizada y  opositores al gobierno de Ricardo Martinelli  (2009-2014).

Por este último proceso, Garuz se encuentra detenido preventivamente en La Gran Joya, lo mismo que su antecesor en el cargo, Gustavo Pérez.

Pérez también es investigado en el caso de presunto peculado que maneja la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción apeló la anulación de la indagatoria, por lo que el Segundo Tribunal debe decidir.

 

Contralor ordena investigar a exministro Vergara

Una auditoría forense para determinar el posible enriquecimiento injustificado del exministro de Salud Franklin Vergara ordenó ayer el contralor de la República, Federico Humbert.

La decisión se tomó tras una investigación de La Prensa, que evidenció que el patrimonio del exministro Vergara aumentó en más de $1 millón en apenas 33 meses que dirigió el Ministerio de Salud (Minsa).

Ello, sin contar las propiedades que adquirió su entorno familiar, incluyendo una casa de playa de más de medio millón de dólares.

Humbert instruyó realizar “diligencias tendientes a reunir los elementos que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y llevar a cabo cualesquiera otras pruebas instituidas por la Ley”.

Vergara –que llegó al Minsa con parte de su salario como médico embargado, hecho que omitió en su declaración de bienes patrimoniales– nombró con jugosos salarios a un grupo de amigos del círculo íntimo de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.  

Candidatura de Marta de Martinelli fue inconstitucional

Las primeras damas de la República no pueden postularse como candidatas a la vicepresidencia del país, debido a que son parientes por afinidad de los mandatarios de turno.

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 12 de febrero pasado, que declaró inconstitucional la postulación de Marta Linares de Martinelli como candidata a vicepresidenta de la República en las pasadas elecciones.

Linares de Martinelli, esposa del expresidente Ricardo Martinelli, fue postulada el 1 de febrero de 2014 por el Tribunal Electoral como vicepresidenta de la República por los partidos Cambio Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Fue compañera de fórmula del candidato presidencial de CD y Molirena, José Domingo Arias, y perdió las elecciones del pasado 4 de mayo.

El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Oydén Ortega, fue unánime y resolvió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas el 1 y 2 de abril pasado por el abogado Isaac Mendoza, en representación del ciudadano Raúl Figueroa, y otra de los abogados Mario Galindo y Ramón Arias.

Mendoza demandó la postulación por el Molinera, en tanto que Galindo y Arias hicieron lo propio con la postulación de CD.

El fallo

El documento, al que este medio tuvo acceso, concluye que se violó el artículo 193 de la Constitución, que prohíbe la elección de los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Ortega argumentó que aun cuando en el citado artículo no menciona al cónyuge del que está ocupando la Presidencia, debe entenderse que dicho cónyuge sí está comprendido entre los parientes aludidos.

“Si para tales efectos se mencionan, entre otros, a los parientes dentro del segundo grado de afinidad (suegros y cuñados), evidentemente el cónyuge tiene más afinidad con el Presidente de la República, que aquellos”, señala el documento.

Mencionó además que la Constitución prohíbe que los ministros de Estado tengan parentescos con el Presidente de la República.

“No se registra en la historia republicana el caso en que la esposa de un Presidente haya ocupado el cargo de Ministro de Estado mientras ha durado el período presidencial de su esposo, respetándose esa prohibición”, advirtió.

El magistrado consideró que en una elección donde es candidata a vicepresidenta la esposa del presidente de turno, no se garantiza la honradez del sufragio, que prohíbe el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular.

“La elección debe ser transparente y libre de coacciones, lo que no se logra si se permite el apoyo oficial como podría darse si el candidato a vicepresidente fuera la esposa del presidente en ejercicio”, indica el fallo.

“Si bien es importante el derecho que tiene una persona para ser elegida, tal prerrogativa debe verse en función del derecho del resto de los ciudadanos a elegir a sus funcionarios”, manifestó Ortega.

Ceville, a favor

Las dos demandas fueron acumuladas en un expediente y admitidas el 9 de abril pasado.

En su opinión enviada a la Corte el 25 de abril, el entonces procurador de la Administración Óscar Ceville indicó que la postulación de Linares de Martinelli no era inconstitucional.

Ceville explicó que de acuerdo al Código de la Familia, “los cónyuges entre sí no son parientes por consanguinidad ni por afinidad, lo que significa que entre los esposos no existen ningún tipo de parentesco”.

Agregó que la ex primera dama no tenía ningún impedimento para ser elegida vicepresidenta.

Durante la campaña electoral, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la candidatura de Linares de Martinelli al considerarla “una reelección disfrazada”.

Para defenderse de las críticas, CD divulgó una nota en la que el equipo de Asesoría Legal del Tribunal Electoral manifestó, a solicitud del partido, que los cónyuges no son parientes por afinidad. El fallo está pendiente de notificación.

Alejandro Moncada Luna se declara culpable

Alejandro Moncada Luna, separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), escogió el camino más fácil.

Ayer, lunes, se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional.

La decisión de Moncada Luna quedó establecida en un acuerdo que hizo con el diputado fiscal Pedro Miguel González, que lo investigaba por cuatro delitos: enriquecimiento injustificado, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales.

El acuerdo fue firmado por González, Moncada Luna y su abogado, Ramiro Jarvis, a las 6:00 p.m. en la Asamblea Nacional. Luego de esto, González hizo el anuncio oficial en conferencia de prensa. Este pacto lo permite el artículo 220 del Código Procesal Penal.

Además de la condena, Moncada Luna acepta el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.  

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ. El resto de los bienes que le fueron confiscados, $4.6 millones y 3 autos valorados en $63 mil, quedan liberados.

De haber ido a juicio, Moncada Luna hubiese enfrentado penas que superaban los 12 años de prisión.

González remitió el acuerdo a las juezas de la subcomisión de garantías, Katleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez.

Planteó que el entendimiento se dio en función del respeto a los derechos del imputado y al clamor ciudadano que aspira a que en el país opere la institucionalidad. “Todos los ciudadanos estamos sometidos a derechos”.

Por su parte, Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, dijo que la decisión se tomó basados en la condición de salud del magistrado separado.

Las juezas deben convocar a una audiencia para aprobar y hacer válido el acuerdo. Desde el 20 de octubre pasado, Moncada Luna cumple un arresto domiciliario en el apartamento del Ocean Sky. Todo ese tiempo que ha estado privado de libertad, se le resta de la condena de cinco años.

Esta investigación se inició luego de que el 7 de octubre pasado, el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentaran una denuncia en la Asamblea contra Moncada Luna. La denuncia surgió después que el 30 de septiembre pasado una publicación de La Prensa reveló que Moncada Luna había comprado y cancelado los dos apartamentos en Coco del Mar, San Francisco.

Antes de ingresar a la CSJ en 2010, Moncada Luna manifestó en su declaración patrimonial de bienes que solo tenía un reloj de oro Rolex tipo presidente y una camioneta 4×4 del año 2005. 

“Caneto” Araúz y Carretero fueron detenidos por caso PAN

 


La madrugada de este martes 24 de febrero, fueron detenidos por parte de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los empresarios Carlos "Caneto" Araúz y Roberto Carretero.

Araúz y Carretero son investigados por su presunta vinculación en contratos irregulares para la compra de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Hoy se tiene programada en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, la indagatoria al empresario Juan Carlos Marciaga, por los escándalos del PAN.

Marciaga se encuentra detenido desde el pasado 14 de febrero, en una celda de la Dirección de Investigación Judicial.

 

Panamá se examina ante el Gafi

Panamá pasa esta semana una etapa importante en su camino por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo internacional tiene su reunión plenaria en París entre el 22 y el 27 de febrero.

Desde el pasado mes de junio, Panamá forma parte de la denominada lista gris del Gafi, una institución intergubernamental que establece estándares legales y promueve medidas para mejorar la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación ejecutada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 se revelaron las deficiencias de la estructura legal del país para combatir estos actos ilícitos, lo que dio pie al Gafi para considerar a Panamá dentro de la lista de observación.

Esto sucedió unos meses antes de que saliera a la luz pública la existencia de cuentas millonarias en bancos locales cuyos fondos supuestamente procedían de actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, hechos que refuerzan las tesis del Gafi y el FMI.

Cuando el Gobierno, todavía durante la pasada administración, supo que Panamá entraría en la lista, pactó un plan de acción con el organismo internacional con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado.

A través de la división latinoamericana del Gafi (Gafilat), Panamá presentará en París los avances que ha tenido hasta la fecha en la ejecución de dicho plan.

Representan a Panamá en esta misión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó a este diario que se elevarán al pleno los resultados de la reunión cara a cara que mantuvo el Gobierno de Panamá con el Gafilat el pasado mes de enero en Miami.

Representan a Panamá en Francia la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Ministerio Público, el MEF y la UAF.

Panamá presentará como avances la reestructuración de la UAF y de la comisión presidencial de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. También conocerá el Gafi las reglamentaciones aprobadas por los reguladores de banca y valores para prohibir en sus sectores el uso de sociedades con acciones al portador si estas no están  inmovilizadas.

Aunque su contenido todavía no se ha completado, Panamá también llevará a París el borrador de la nueva ley contra el lavado de capitales. El texto, que fue revisado por el Gafilat, está circulando entre los gremios empresariales de Panamá que, según De La Guardia, tienen hasta el próximo 25 de febrero para hacer sus comentarios al respecto.

La principal novedad de esta norma es que eleva los niveles de control en una serie de actividades económicas para prevenir el lavado de capitales. Además, crea una unidad dentro del MEF que será la encargada de supervisar el cumplimiento de los estándares en estos sectores. Las superintendencias de bancos, valores y seguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo seguirán haciendo esta labor en sus respectivas áreas.

Bajo la supervisión del MEF quedarán actividades como la construcción, los promotores y corredores de bienes raíces, la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, casas de cambio y de empeño, así como los casinos y juegos de azar.

Los controles que se impongan a cada actividad dependerán del nivel de riesgo que conlleve el negocio. “No es igual el control que tiene que tener un banco al que tiene que tener una pequeña casa de empeño”, explicó De La Guardia.

Para determinar las políticas de prevención que se deben aplicar a cada actividad, el Gobierno está elaborando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un plan nacional de riesgo.

“Algunas entidades solamente estarán obligadas a enviar reportes sobre transacciones en efectivo o cuasi efectivo, otras tendrán que tener procesos de cumplimiento, identificar personas políticamente expuestas y hacer una diligencia debida ampliada en función del cliente o de la industria”, añadió.

En algunas situaciones, los controles que ya existen se podrían ver ampliados. Los casinos, que según la norma vigente están obligados a declarar transacciones en efectivo y sospechosas a la Junta de Control de Juegos y la UAF, se podrían ver obligados a establecer oficinas de cumplimiento en función de su tamaño, informó el ministro.

Aunque en la plenaria de esta semana se presente el proyecto de ley antilavado, el Gobierno es consciente de que no será tomado en cuenta hasta que no sea aprobado como ley de la República, algo similar a lo que ocurre con dos proyectos de ley presentados por el Ministerio Público. “Lo único que nos hace falta realmente es que los tres proyectos sean aprobados antes del 30 de abril”, reconoció De La Guardia.

La de febrero es la primera plenaria de las tres que celebra el Gafi anualmente. La segunda será en junio, luego de una nueva reunión en mayo entre Panamá y el Gafilat. En la tercera, que tendrá lugar en octubre, Panamá ya debería haber completado todo el plan de acción, incluyendo la evaluación de riesgos. En ese momento, el país estaría en disposición de solicitar la exclusión de la lista gris.

Además del efecto que tiene para la imagen exterior, el hecho de haber sido señalado como un país con una estructura débil en la lucha contra el blanqueo está teniendo consecuencias para la economía real.

Los bancos de Estados Unidos, por mandato de una dependencia del Departamento del Tesoro, están obligados a hacer una diligencia debida ampliada en el caso de hacer negocios con bancos ubicados en los territorios que figuran en la lista gris. Esta medida dificulta las relaciones de corresponsalía de los bancos panameños, una actividad clave en cualquier transacción internacional. Además, el propio De La Guardia reveló recientemente que empresas panameñas de determinados sectores estaban teniendo dificultades para acceder al sistema financiero estadounidense para hacer transferencias de dinero.

Si Panamá no consigue salir airoso de este proceso, las restricciones podrían acentuarse, afectando otras actividades. Por eso, tanto el Gobierno como gremios empresariales han identificado la inclusión en la lista gris como la principal amenaza para la economía.

 

Moncada Luna pone a prueba las fuerzas políticas legislativas

A partir de esta semana, la suerte del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna entra en una especie de ruleta rusa.

Entre hoy y mañana, Moncada Luna podría optar por llegar a un arreglo con el fiscal de la causa, Pedro Miguel González, antes de que éste entregue su informe de acusación a la subcomisión de garantías, integrada por las diputadas Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy.

De no hacerlo —y por las investigaciones que, según el fiscal, ha hecho—, en las próximas semanas la Asamblea Nacional se declararía en sesiones judiciales por segunda vez desde 1989, año del restablecimiento de la democracia en el país, después de 21 años de dictadura.

Las apuestas dentro y fuera de la Asamblea giran en torno a las dos terceras partes de los votos que por orden constitucional se requieren para condenar a un magistrado de la Corte Suprema. Un juicio donde pesa más la suerte política que las pruebas que confirman los delitos.

Mientras hay diputados que alegan que el fiscal no tiene los votos, en el debate surgen interpretaciones sobre si las dos terceras partes se deben tomar a partir de los 71 diputados que componen la Asamblea Nacional o de los 68 diputados que estarán habilitados para votar en el juicio, sin las juezas de garantías Gómez, Rodríguez y Levy, inahabilitadas según el protocolo del procedimiento.

Tampoco pueden habilitar a sus suplentes porque las reemplazan en la decisión que debe tomar la Comisión de Credenciales de enviar el expediente al pleno.

Para Gómez y Rodríguez, las dos terceras partes se conforman partiendo de los 68 diputados habilitados para votar.

El abogado y defensor de los derechos humanos Miguel Antonio Bernal alega, por su parte, que el pleno lo conforman 71 diputados y se pregunta en base a qué norma o ley solo pueden habilitarse 68 diputados.

Cualquier norma o reglamento que se haya aprobado para que solo puedan votar 68 diputados tiene vicios de inconstitucionalidad, agregó.

La Asamblea Nacional está conformada por 26 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 24 de Cambio Democrático, 16 del Partido Panameñista y tres del Molirena. Además, una diputada independiente (Gómez) y uno del Partido Popular, de la alianza de Gobierno.

De tomar en consideración la cifra de 71 diputados, las dos terceras partes son 47. Ese sería el número de votos necesarios para tomar una decisión —culpabilidad o inocencia—.

En caso de que prevalezca la tesis de los 68, entonces serían 45 los diputados que decidirán el futuro del magistrado separado.

LAS DOS TERCERAS PARTES, EL DILEMA

Las fuerzas políticas están a favor del magistrado separado Alejandro Moncada Luna y todo apunta a los diputados del partido Cambio Democrático, para inclinar la balanza. En caso de un juicio, los panameñistas, con su aliado Partido Popular y los perredés suman 42 votos, tres menos de los 45 y cinco menos de los 47, que hacen las dos terceras partes, respectivamente, de cada una de las dos hipótesis.

De los tres votos del partido Molirena, solo uno estaría dispuesto a favorecer una condena, señaló una fuente legislativa. Aunque los dos diputados se inclinen por una condena, no llegan a las dos terceras partes.

FASE FINAL DE LAS PESQUISAS

El fiscal González entregará a más tardar mañana el informe de la investigación que concluyó el pasado viernes.

González ha dicho que tiene una ‘investigación robusta’ para sustentar la imputación de cuatro delitos a Moncada Luna: enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.

Posteriormente, la subcomisión de garantías debe fijar la fecha de audiencia para sustentar las acusaciones. Hasta esta etapa llega la labor de las juezas de garantías (Gómez, Rodríguez y Levy).

Si la subcomisión de garantías avala el informe del fiscal, el caso pasa a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde el Panameñista y el PRD hacen mayoría. A los diputados de esta Comisión les corresponde decidir si envían el expediente al pleno.

Los diputados que votan en esta Comisión no pueden hacerlo en el pleno y ya hay quienes están pensando habilitar a su suplente para participar en la decisión final.

El diputado Elías Castillo (PRD) dijo que habilitará a su suplente para poder estar presente en el pleno, cuando la Asamblea Nacional se declare en sesiones judiciales.

La diputada Gómez consideró que nada impide que sus colegas habiliten a sus suplentes para actuar en la Comisión de Credenciales. Sin embargo, cuestionó esta práctica al considerar que los suplentes no se deben habilitar por razones de conveniencia políticas, sino por motivos que sustenten la ausencia del principal.

Se espera que en los próximos días se decida si Moncada Luna termina su periodo como magistrado o si será enjuiciado. La votación sobre su caso se prevé secreta.