Propuesta De Ley Antiblindaje Enfrenta Boicot Interno En La Asamblea Nacional

A quince días de concluir el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que pretende derogar la denominada ‘ley de blindaje' no ha logrado el consenso entre los diputados.

En lugar del acuerdo, a lo interno del Legislativo ya se habla de grupos que pretenden boicotear el anteproyecto para que no se convierta en ley de la República.

La iniciativa, que fue presentada el 30 de enero por el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, pretende modificar la ‘ley blindaje' que establece que para denunciar a algún diputado, sea necesario incluir la prueba sumaria de parte del demandante.

Además, la Ley 55 establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo de hasta dos meses para investigar a cualquier diputado y, en el caso de que no concluyan las pesquisas en este término, los magistrados se verían obligados a archivar el proceso.

Según trascendió, hay un grupo, entre los cuales estarían los diputados Benicio Robinson, Crispiano Adames, Zulay Rodríguez y Luis Barría, que se oponen a la iniciativa y estarían buscando apoyo para que no se concrete.

A pesar de que el anteproyecto de ley fue presentado hace más de tres de meses, hasta el momento no ha sido siquiera prohijado y se espera que esta semana se retome la discusión.

Ante la falta de apoyo de parte de los diputados, Valderrama había adelantado la posibilidad de flexibilizar el texto y buscar un consenso que podría fijar entre cuatro a seis meses el periodo para la investigación.

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DEROGACIÓN DE LA LEY 55

El 30 de enero se presentó la propuesta que derogaría la Ley

Se eliminaría el plazo de dos meses para que la Corte Suprema investigue a los diputados.

Se eliminaría la exigencia de la prueba sumaria para que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia contra algún diputado

Investigan Nepotismo En El MEF Y El MIDE

La Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) abrió ayer una investigación por los casos de nepotismo divulgados ayer por este diario –con base en denuncias ciudadanas– en los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Desarrollo Social (Mides).

“Se ha solicitado un informe sobre estos casos a los ministros del MEF –Dulcidio de la Guardia– y del Mides –Alcibiades Vásquez–,  

y un informe de árbol genealógico al Tribunal Electoral”, confirmó la vocera de la Antai, Mara Rivera.

De acuerdo con las denuncias divulgadas por La Prensa, Flor Elizabeth Escudero, activista del Partido Panameñista nombrada en este gobierno como subdirectora de Recursos Humanos del MEF, tiene nombrados en esa institución a una hermana y a tres sobrinas.

Concretamente, Escudero logró que se nombrará a su hermana [de madre] Edith Elena Urriola Escudero como administradora  

de la Dirección Superior de Recursos Humanos, con un salario de mil dólares mensuales.

A su vez, nombró a su sobrina Enith Aimee Laguna Urriola en la Dirección de Relaciones Públicas del ministerio, con un salario de mil 440 dólares.

Además, designó a dos sobrinas más: Tania Tamara Arboleda, quien tiene el puesto de analista financiera en la sección de Ingresos en La Chorrera y devenga un salario de 900 dólares; y Ailin Yanela Urriola, asistente del despacho de director de Programación de Inversiones, con un salario de mil 500 dólares.

Escudero aseguró a este diario que su sobrina Enith Aimee trabaja en ese cargo desde la pasada administración del expresidente Ricardo Martinelli.

“Reconozco el error (…) son personas que están trabajando, que se están ganando su sustento, no son botellas (…) además, ya están por renunciar… en mayo no estarán en la institución ”, aseguró la funcionaria.

En tanto, la directora de Recurso Humanos del MEF, Carmen Loxandra Zorita González, aseguró que el caso se está investigando y que se tomarán las medidas que disponga la ley en cuanto concluyan la investigaciones. “Si es destitución, será la destitución”, afirmó.

EN EL MIDES

La denuncia de nepotismo en el Mides llegó a la Antai y en esta se señala a Janett Rodríguez de Bravo, directora regional en Panamá Oeste, por supuestamente contratar a varios familiares en esa dirección.

El denunciante, José Saturnino Álvarez, sin especificar el vínculo familiar, aseguró que los familiares de la directora regional de Panamá Oeste nombrados son: Jorge Marín, analista de sistema y métodos informáticos con un sueldo mensual de mil dólares; Minerva González Castillo, coordinadora de Transporte, quien gana mil dólares; y Marlin Gutiérrez, quien aparece en la planilla estatal con el cargo de administrador I, con un salario de mil 200 dólares mensuales.

Se intentó obtener una versión sobre el caso del titular del Mides, Alcibiades Vásquez, pero no respondió las llamadas.

NUEVA DENUNCIA

Otro supuesto caso de nepotismo en el MEF fue denunciado ante este diario y se refiere a la supuesta relación de pareja entre Aurelio Agustín Mejía, director de Programación de Inversiones; y Marcela Hernández Fernández, adscrita a la Dirección de Gestión Administrativa. Ella gana mil 700 dólares mensuales y él 5 mil dólares al mes.

Consultada sobre esta denuncia, la jefa de Recursos Humanos del MEF afirmó que Hernández labora en el ministerio desde el 6 de enero de 1992 y es funcionaria de carrera administrativa. Descartó que haya una relación de pareja entre ambos funcionarios, pero aseguró que se investigará el caso.

LA LEY

Según al artículo 41 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos: “El servidor público deberá de abstenerse de beneficiar con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional, sostuvo que mientras no se activen los concursos de mérito y no se tenga una real carrera administrativa, el nepotismo va a continuar en el gobierno.

“Lo positivo es que la gente se está atreviendo a realizar las denuncias y las instituciones que tienen que investigar, sancionar y exigir que se adopten medidas, están haciendo los respectivos llamados de atención”, dijo.

El mes pasado, el entonces director del Instituto de Mercadeo Agropecuario Edwin Cárdenas renunció al cargo, tras admitir haber nombrado en la entidad a su suegra, primos y cuñados.

Comercio En La ZLC Continúa En Crisis

Luego de la significativa caída del movimiento comercial en la Zona Libre de Colón (ZLC) en los últimos años, resultados de enero y febrero del presente año señalan una recuperación del 7.2%, según la Contraloría General de la República; sin embargo, la Asociación de Usuarios de la zona franca aseguran que las cifras no son reales.

En los dos primeros meses del año, el movimiento comercial se situó en los $3,578 millones, mientras que a igual periodo del 2014 fueron $3,339 millones.

De los resultados de enero y febrero 2015, unos $1,769 millones corresponden a las importaciones y los $1,809 millones restantes, a reexportaciones.

Luis Germán Gómez, presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC, aseguró que el resultado de las cifras durante este año no revelan la realidad que se vive.

Gómez explicó que las reexportaciones que realiza Puerto Rico, país que no es un socio comercial, suman aproximadamente $300 millones. La isla importa productos farmacéuticos de Suramérica y utiliza la zona franca solo para tránsito.

‘Existe una crisis en la ZLC, producto de la deuda que mantienen los empresarios venezolanos y, hasta que esto no se resuelva, no existirá una real recuperación', dijo Gómez.

Se estima que la deuda que mantienen los empresarios venezolanos con los usuarios de la ZLC asciende a $535 millones.

El pasado martes, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo, realizó una visita de un día a Venezuela para reunirse con el mandatario, Nicolás Maduro.

El objetivo de la visita fue dar seguimiento a las conversaciones sobre la disponibilidad de divisas pendientes por parte de Venezuela con la ZLC y Copa Airlines.

El resultado fue la apertura de cuatro mesas para abordar temas comerciales, de servicio en el transporte aéreo, energía y social, que beneficien a ambos países.

El mandatario venezolano reafirmó el compromiso de su gobierno en avanzar, en el corto plazo, en la búsqueda de mecanismos que lleven a saldar las divisas pendientes.

Del 21 al 23 de abril, el vicecanciller, Luis Miguel Hincapié, estará en el territorio venezolano para dar inicio a las cuatro mesas, que serán simultáneas y presididas por el representante panameño.

Hincapié dijo desconocer cuánto tiempo llevará llegar a un acuerdo en todos los aspectos que se tratarán, pero que se espera que sea lo antes posible.

El funcionario explicó que en la mesa comercial se abordará el tema de disponibilidad de divisas pendientes por parte de Venezuela con la ZLC y Copa Airlines.

En la mesa de servicios de transporte aéreo, se tratarán aspectos comerciales de la relación bilateral en materia aérea, que permita ampliar el marco de los servicios entre compañías venezolanas y panameñas, con miras a fortalecer el mercado y las relaciones comerciales entre ambas naciones. En el tema energía se analizarán acuerdos que mantiene Panamá y Venezuela, que no se están desarrollando, para conocer cuál es viable y provechoso para ambos países.

Por último, en la mesa de aspectos sociales, las autoridades panameñas conocerán los proyectos de vivienda y salud que desarrolla Venezuela para implementarlos en Panamá.

En noviembre 2014, el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, viajó a Venezuela para resolver el pago de la deuda que mantienen los empresarios del país sudamericano con sus homólogos panameños, pero solo logró reinstalar las comisiones de ambos países para tratar el tema, pero la idea se anuló.

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NÚMEROS ROJOS

Los resultados del comercio en los últimos años han sido negativos.

El descenso en el comercio de la ZLC representa un 22% en 24 meses. El 2014 cierra con una caída de más de $3 mil millones, según la Contraloría General.

Cautelan $22 Millones En Efectivo Y Cuentas Bancarias En Caso PAN

El Ministerio Público (MP) informó que ha cautelado $22 millones en efectivo y cuentas bancarias, como parte de las investigaciones por denuncias de irregularidades en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), bajo la administración de Ricardo Martinelli.

Así lo anunció hoy, 13 de abril, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, durante su informe de rendición de cuentas.

Contó además que hay dos nuevas investigaciones sobre los desembolsos realizados por el PAN en la administración pasada: uno relacionado con mensajería y otro, con bolsas de Navidad. No se aportaron más detalles.

Porcell también anunció el nombramiento de dos nuevos fiscales anticorrupción: Janeth Rovetto y Aurelio Vásquez. Ambos trabajan en el Ministerio Público.

Explicó que en enero pasado anunciaron la creación de tres nuevas fiscalías anticorrupción que se sumarían a las cuatro existentes. 

En estos momentos, dijo, analiza el perfil de varios funcionarios para que ocupen el cargo de séptimo fiscal anticorrupción. "En este mes se estaría definiendo [la designación]", dijo. 

El pasado 2 de abril tomaron posesión de sus cargos Rovetto y Vásquez. Y las oficinas de la Fiscalías Quinta y Sexta estarán ubicadas en el edificio Avesa, al igual que el resto de las fiscalías anticorrupción. 

Porcell también informó que solicitó un crédito de $12 millones. De esos, $5 millones son para la equiparación salarial de los funcionarios del MP, entidad que tiene una planilla de casi 3 mil funcionarios.

Dijo que más de 60% de los que allí laboran tienen sueldos que están entre los $400 y $900.

Para las tres nuevas fiscalías anticorrupción destinaron $1.9 millón. Mientras que para la creación de la fiscalía especializada en problemas de pandillerismo designaron $600 mil.

En tanto, $3.4 millones serán para la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. 

Unos $600 mil serán para la compra de transporte, que incluye lanchas y vehículos 4×4 para el interior del país, dijo la procuradora. 

Procuraduría Pedirá Condena Para Pérez Y Garuz Por Pinchazos

martes 14 de abril de 2015 – 12:00 a.m.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó que esta semana se concluirá con la vista fiscal para enviarla al tribunal

Procuraduría Pedirá Condena Para Pérez Y Garuz Por Pinchazos

La vista fiscal de la investigación por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad —en la que están involucrados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo Nacional de Seguridad— estará terminada esta semana.

Así lo informó ayer la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien adelantó que se solicitará condena para los implicados. Además de Pérez y Garuz, están involucrados los exagentes William Pittí y Ronny Rodríguez (actualmente prófugos), a quienes se les formularon cargos.

El 31 de marzo, las autoridades judiciales informaron que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada había cerrado la investigación.

La procuradora Porcell explicó ayer que el fiscal Contra el Crimen Organizado debe remitir su vista fiscal a los tribunales para continuar con las diligencias judiciales. Porcell añadió que en el caso de Pittí y Rodríguez, se seguirán las diligencias judiciales para que comparezcan ante los tribunales.

Pérez y Garuz están detenidos desde el pasado lunes 12 de enero, luego de ser capturados en un operativo simultáneo en sus residencias en horas de la madrugada. En la residencia de Pérez se encontraron armas de uso militar para las cuales no existen permiso de posesión personal.

Los hechos están relacionados con las intervenciones telefónicas y filtración de correos electrónicos durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.

La Procuraduría logró determinar que habían sido pinchadas las comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas empresarios, políticos opositores, dirigentes obreros y de la sociedad civil organizada. Incluso Pérez y Garuz están en la lista de los pinchados. También personas con nombres de origen extranjero y empresas.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a parte de lista que aparece en el expediente en los folios 5851, 5852 y 5853.

No obstante, se informó que la lista variaba de acuerdo con el interés que tuviera el gobierno de Martinelli en determinado momento.

El aparato tenía capacidad para espiar a 150 personas de manera simultánea.

Algunos políticos afectados han presentado denuncias en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia en contra de Martinelli, al considerar que es el principal responsable del espionaje.

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DETENCIÓN PREVENTIVA

Pérez y Garuz fueron capturados en un operativo sorpresa

El 12 de enero, las autoridades allanaron, simultáneamente, las residencia de Pérez y Garuz.

Ambos fueron llevados a la cárcel La Gran Joya. La semana pasada, Pérez fue trasladado a El Renacer.

Bernal ha interpuesto seis amparos ante la Corte

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha prometido volver este lunes a las aulas de Derecho de la Universidad de Panamá (UP) confiado en que interponer un escrito de aclaración a la decisión del Consejo Académico de suspenderlo por cinco años le dará tiempo para salir airoso de la disputa legal que lleva con las autoridades universitarias.

Entre febrero y este mes, Bernal ha interpuesto seis amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, y uno de ellos, asegura, ha sido admitido.

Se trata de un proceso que llevó a la Corte porque la UP no remitió una advertencia de inconstitucionalidad que le hizo justamente en febrero pasado, por el caso que hoy la directiva universitaria lo ha sacado temporalmente.

El caso data de 2004, cuando, según la administración de la UP, Bernal irrespetó al rector Gustavo García de Paredes, quien anunció este año su intención de correr por un sexto período consecutivo en 2016, cuando se convoquen a nuevas elecciones en la institución.

El expediente que la Corte habría acogido está en manos del magistrado Harry Díaz, argumentó Bernal.

Otros cinco amparos están en los despachos de Harley Mitchell, Abel Zamorano y José Ayú Prado.

Tras la negación de su recurso de reconsideración a su expulsión, el docente anunció que interpondrá otro contencioso administrativo contra la decisión de la UP, uno de los caminos que al calor de su expulsión hace dos semanas, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, había recomendado.

Mañana se formalizará un movimiento ‘de dignidad por el rescate de los valores universitarios’, cuya principal demanda será ‘rechazar la persecución a Bernal y el respeto al debido proceso’.

El rector García de Paredes ha anunciado que demandará a Bernal.

 

MP pide a Google datos del correo de los pinchazos

Un nuevo giro toman las investigaciones sobre las escuchas ilegales que se dieron en el gobierno pasado.

Resulta que el correo brad.pty507gmail.com, donde se guardaron datos y conversaciones privadas de más de 150 personas, no fue creado en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Así lo certificó Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, en la respuesta que le envió a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

En virtud de esto, la fiscalía solicitó una asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición del Ministerio Público (MP) de Panamá información relativa a la creación de la cuenta de correo electrónico citada, el historial de los mensajes, la dirección física o geográfica, el equipo tecnológico utilizado, así como los puntos de acceso wi-fi.

Como parte de las investigaciones de este caso, el Ministerio Público ha imputado por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, a los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, actualmente detenidos en el sistema penitenciario.

Además, han sido imputados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos prófugos de la justicia.

Rastrean correo electrónico

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, certificó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que la cuenta de correo brad.pty507@gmail.com, en la cual supuestamente se almacenaron datos privados de más de 150 personas, no fue creada en dicha institución.

En la nota 0436 que López remite a la fiscalía señala que el seudónimo Brad fue asignado a Ismael Pittí, un exfuncionario del CSN.

La respuesta del jefe del CSN fue dada el 23 de marzo tras una solicitud que le envió el pasado 4 de marzo el fiscal adjunto, Ricardo Muñoz, a cargo de las investigaciones por escuchas telefónicas que ocurrieron en la administración de Ricardo Martinelli.

El pedido del fiscal obedeció a que en declaraciones juradas rendidas por funcionarios del CSN se reveló que Ismael Pittí, exmiembro de esa entidad, era el que manejaba el citado correo.

En virtud de la respuesta del CSN, el fiscal emitió un oficio de asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición toda la información del correo brad.pyt507@gmail.com.

La fiscalía solicitó toda la información sobre las generales del creador del correo, ubicación IP, dirección física y geográfica, y equipo tecnológico utilizado para ello.

También requirió todo sobre la ubicación física de cada acceso a la cuenta gmail como frecuencia, reporte de registro de entradas, puntos de acceso wi-fi, antena de telefonía móvil e historial de los correos.

Los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están imputados por los posibles delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad a más de 150 personas, entre ellas políticos, magistrados y dirigentes sindicales.

También están señalados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, actualmente prófugos.

Aumenta presión contra los bancos por lista gris del GAFI

La relación entre los bancos que operan en Panamá y sus corresponsales en el exterior se está tensando más desde la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que un banco de Estados Unidos había cancelado todas sus relaciones de corresponsalía con bancos que operan en Panamá. De La Guardia no especificó el nombre del banco estadounidense ni el de los panameños que perdieron ese servicio.

En la misma línea se manifestó ayer Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, durante su intervención en el primer debate del proyecto de ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Villa dijo que se habían perdido 21 corresponsalías de bancos internacionales y que actualmente 14 bancos que operan en la plaza lo hacen solamente con un corresponsal extranjero.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que para recibir fondos de clientes y hacer pagos a proveedores hacia afuera, los bancos requieren de corresponsales. “Si no los tienes, no puedes acceder al comercio internacional”, puntualizó.

 

Además, buena parte de los fondos que utilizan los bancos panameños están depositados en bancos de Estados Unidos y “en la medida que los corresponsales van cerrando las líneas, igualmente cierran las facilidades de crédito”.

Por su parte, Villa destacó el impacto que esta situación tiene para la economía real. Dijo que si el país sigue en la lista gris o si se empeora la calificación, las transacciones internacionales para las empresas se van a restringir o se harán más onerosas.

Panamá está en la lista gris del GAFI desde junio de 2014 por las debilidades detectadas en el marco legal de la prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Luego de la inclusión, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) exigió a todos los bancos de su país que hicieran una diligencia debida ampliada en las relaciones con los bancos que operan en Panamá.

 

De La Guardia dijo que no está previsto que el presidente Juan Carlos Varela aborde este tema en la reunión bilateral que mantendrá con su homólogo Barack Obama en el marco de la VII Cumbre de las Américas.

Estos problemas desaparecerían con la retirada del país de la lista gris. Para conseguirlo, el Gobierno adelanta un plan de acción, cuya piedra angular es la nueva ley para prevenir el blanqueo. El primer debate de la norma continuó ayer con la participación, entre otros, del MEF y los reguladores de banca, valores y cooperativas. El próximo lunes se reanudará la discusión en la Asamblea.

Agenda Digital Llama La Atención A Empresas Tecnología Del Mundo

Con la participación de los más altos representantes de las principales empresas líderes en tecnología del mundo, se realizó un conversatorio entre estos y el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin A. Halman.

Halman calificó el encuentro como inédito y de crucial importancia para el país por la calidad de invitados que asistieron, en el marco de la II Cumbre Empresarial de las Américas.

El administrador general de la AIG, explicó a los presentes las iniciativas de la Agenda Digital Panamá 4.0 que entre otros proyectos, contempla un rediseño de la Red Nacional de Internet gratuito con mayor capacidad y cobertura, lo que fue bien recibido por empresas como Facebook y Microsoft que han mostrado su disposición de apoyar las iniciativas de conectividad para la inclusión que lleva a cabo el Gobierno panameño.

Microsoft apoyará con la implementación de la tecnología conocida como White Space, que permitirá conectar lugares remotos de nuestra geografía, así como otras empresas participantes mostraron igual interés de colaborar en proyectos que incidirán en la modernización del Estado a través de nuevas tecnologías que ya están al alcance de los gobiernos y de los ciudadanos.

En tanto el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos de América,  Bruce H. Andrews, manifestó su complacencia con este encuentro e instó a los presentes a apoyar con soluciones innovadoras como aliados estratégicos en el desarrollo del ecosistema innovador y las iniciativas que ha propuesto el país.

En este encuentro participaron las siguientes empresas globales de tecnología: Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Twitter, Facebook, Google, Intel, Dell, BlackBerry, Intelsat, Paypal, VMware, Huawei.

Por el Gobierno de Panamá participaron el ministro Consejero y Presidente del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental, Francisco Sierra, así como los viceministros Néstor González, Augusto Arosemena y Eyda de Chinchilla, de Comercio, Presidencia y Economía, respectivamente. Además asistieron el Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnología e Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), entidades que en conjunto con la AIG, están tomando acciones concretas para el desarrollo del sector con miras a establecer un “hub tecnológico” en Panamá.

AMP denuncia a su antiguo administrador y a la empresa Orion

Una auditoría reveló que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a cargo de Roberto Linares, no supervisó los assessment o valorizaciones que otorgó la empresa Orion Maritime Training Center, incurriendo en los presuntos delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y la seguridad jurídica de los medios electrónicos.

También se investiga la posible eliminación intencional de información de la base de datos de la Dirección de Gente de Mar. 

Esta es parte de la conclusión de las actuales autoridades de la AMP después de completar las auditorías en la Dirección de Gente de Mar y las direcciones regionales de la institución ubicadas fuera de Panamá.

Tras completar la investigación, la dirección legal de la AMP presentó el pasado 30 de enero la denuncia ante el Ministerio Público contra Linares y otros exfuncionarios, quienes estuvieron al frente de la institución entre julio de 2009 y junio de 2014.

En la denuncia se incluye a Roberto Vallarino, exdirector de Gente de Mar (2009-2011), y José Rogelio Hernández, exdirector de Gente de Mar (2011-2014); y Jorge Antonio Torres, quien laboró como jefe de la Dirección regional de Documentación de Gente de Mar en Filipinas.

* El llamado plan piloto duró más de tres años, y no fue sino a la par de la culminación del gobierno del presidente Ricardo Martinelli que la AMP lo revocó.

 

También denunciaron a Orion Maritime Training Center, que recibió la licencia exclusiva para aprobar assessment o valorización de las licencias de oficiales de marina del registro naviero panameño, y a Iván Karica, quien laboró en la gerencia de la empresa.

En 2011, Linares aprobó un supuesto plan piloto para que varias empresas pudieran expedir las evaluaciones o assessment a oficiales de marina, pero la única empresa que se mantuvo al frente de este negocio fue Orion hasta finales del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Entre algunas de las pruebas entregadas a las autoridades del Ministerio Público, la AMP presentó copia de las auditorías realizadas en 2014 al plan piloto.

En dicho reporte se trató de determinar el mecanismo utilizado por la empresa para realizar los assestments, y el nivel de cumplimiento con las normas internacionales establecidas en el Convenio Internacional sobre las normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar de 1978, enmendado (Convenio STCW 78, enmendado).

La AMP advierte de que la empresa no fue colaboradora con el equipo auditor, y trató de dilatar el proceso. No obstante, con la evidencia encontrada en el sitio se pudo determinar que se hicieron evaluaciones de manera irregular en muchos casos. La empresa tampoco pudo mostrar registros de todos los assesstments que supuestamente hizo.

Este diario intentó comunicarse con Linares ante la denuncia presentada, pero el exfuncionario no respondió su teléfono móvil. 

Tampoco fue posible contactar a Vallarino, Hernández y Torres, todos exfuncionarios de la AMP. Karica tampoco pudo ser localizado. Las oficinas de Orion permanecen cerradas desde el año pasado (ver documento).

Según la información que aparece en el sistema de la AMP, se calcula que Orion expidió unos 10 mil assessment, pero se presume 

que la cantidad puede ser mayor, considerando que la empresa tenía operaciones fuera de Panamá, desde donde también expedía estos documentos.

Aunque se desconoce cuánto cobraba Orion por evaluación, fuentes del sector aseguran que era entre 5 mil y 6 mil dólares por cada trámite. Con los assessment, Orion certificó a varios extranjeros como oficiales sin haber pasado por una universidad, según denunció la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, lo que ocasionó un grave perjuicio a la profesión.

Paralelamente a la auditoría de la AMP, otro equipo de la entidad revisó la gestión de la Dirección Regional de Documentación de Gente de Mar en Manila, Filipinas, debido a que esta se encargaba de procesar exclusivamente las aplicaciones que se tramitaban, mediante assessments, a la empresa Orion.

El trámite se hacía en el departamento de Titulaciones de la Dirección de Gente de Mar en Panamá cuando fungía como director Roberto Vallarino, la misma persona que autorizó mediante circular 005-2011 la exclusividad de Orion.