Tribunal ordena que Fábrega vuelva a prisión

El Segundo Tribunal Superior revocó la medida cautelar de país por cárcel dada al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega y ordenó su arresto.

El tribunal superior concluyó que el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, cometió errores al liberar a Fábrega.

El juez ya giró un oficio a la Dirección de Investigación Judicial, para que detenga a Fábrega.

‘Juzgado cometió errores al liberar a Fábrega’

El juez primero de circuito penal, Rolando Quesada Vallespi, cometió errores al revocar la detención preventiva del exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega.

Así lo concluyó el Segundo Tribunal Superior en resolución del 26 de marzo, que declaró nula la medida cautelar de país por cárcel concedida a Fábrega por el juez Quesada Vallespi el 3 de marzo pasado, y ordenó que el exfuncionario sea detenido nuevamente.

El tribunal manifestó que el juez le dio libertad inmediata a Fábrega, sin haber cumplido con el trámite de solicitar la opinión previa al Ministerio Público y a la parte querellante.

Además, ordenó que la solicitud de fianza de excarcelación o reemplazo de medida cautelar que hizo Fábrega sea devuelta al juzgado hasta el momento en que se debe notificar a la Fiscalía Tercera Anticorrupción y a la SMV, como querellantes.

Fábrega es acusado de corrupción, porque en julio de 2014 supuestamente reveló información confidencial a directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) cuando esta era investigada por anomalías administrativas. Fue detenido en La Chorrera el 26 de febrero y estuvo preso por seis días.

Roy Torres, abogado de Fábrega, declaró: “respetamos la decisión del Segundo Tribunal, aunque nos llama la atención que la apelación fue resuelta en menos de 10 días”.

Torres dijo que no sabe cuándo Fábrega acudirá a notificarse al juzgado.

PERMISO PARA CITAS

En tanto, el Juzgado Segundo Penal dio permiso a la exempleada de FP Mayte Pellegrini, para que asista a tres citas médicas con su hematóloga, para tratarse de la enfermedad de Osler Weber, que padece.

En resolución del 25 de marzo, la jueza segunda suplente, Yorlenni Fruto, dio permiso para que Pellegrini, custodiada por la Policía Nacional, acuda a las citas hoy, 31 de marzo; el 6 de abril y el 18 de junio próximo.

Pellegrini, que está llamada a juicio por delitos financieros en perjuicio de FP, goza de una medida cautelar de arresto domiciliario desde el 29 de enero pasado.

Tribunal de Nápoles confirma ilícito

Valter Lavítola corrompió al gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014) a través de la empresa Impregilo, concluyó la primera Sección Penal del Tribunal de Nápoles, Italia.

Dicha conclusión forma parte de los fundamentos de la sentencia a tres años de prisión dictada contra el otrora intermediario entre el Gobierno panameño y el coloso italiano Finmeccanica.

Confirman corrupción en Panamá

La primera Sección Penal del Tribunal en Nápoles –presidida por el magistrado Francesco Pellecchia y las dos juezas Stefania Daniele y Diana Bottillo– ha confirmado que Valter Lavítola corrompió a través de Impregilo al Gobierno de Panamá.

En las motivaciones jurídicas de la sentencia condenatoria, los jueces ratifican que la promesa de Impregilo de sufragar la construcción de un hospital en Veraguas –por más de $20 millones, a cambio de la adjudicación de las obras del Metro de Panamá– era “un modo enmascarado e indirecto” para ofrecer coimas al expresidente Ricardo Martinelli, a través del empresario de origen cubano Rogelio Oruña, vinculado a otro gran contratista del Estado panameño, IBT Group, empresa que ahora niega toda relación con ese empresario.

En el auto, depositado el pasado 3 de febrero de 2015, se detalla que Lavítola recibió de la empresa Impregilo más de $50 mil con los que pagó unas costosas vacaciones al expresidente Ricardo Martinelli y a otros acompañantes, entre ellos, el empresario Gabriel Gaby Btesh, en la isla italiana de Cerdeña, en agosto de 2011.

Este dinero fue transferido por la empresa italiana de manera oculta y fuera de la contabilidad ordinaria hasta una cuenta en el extranjero de Lavítola para pagar el lujoso viaje. La resolución judicial detalla que la justicia italiana ha adquirido “complejos y variados elementos probatorios que aparecen inequívocamente convergentes” y que estipulan que Lavítola se consolidó como intermediario entre Italia y Panamá a través de “prácticas corruptivas”.

Este proceso por corrupción internacional en Panamá es el primero con condena para Lavítola, pero el menor en grado de importancia. La fiscalía de Nápoles imputó a Lavítola este delito durante el proceso judicial por extorsión a Impregilo, a instancias de Martinelli, por el que Lavítola ha sido sentenciado a tres años de cárcel. Altos exdirectivos de Impregilo admitieron en sede judicial que el expresidente Martinelli exigió reconocimientos económicos para garantizar a la empresa italiana futuras adjudicaciones de obras públicas y, en concreto, la licitación del Metro de Panamá.

El fiscal Vincenzo Piscitelli y la defensa legal del único imputado llegaron a un acuerdo de 11 meses de prisión, lo que se traduce en la práctica en una condena en firme. Según explican los magistrados, la pena base eran dos años de prisión, pero fue finalmente reducida a 11 meses porque se aplicaron atenuantes genéricos y porque se procedió con fórmula judicial de un proceso inmediato.

Valter Lavítola suma dos condenas por extorsión y corrupción internacional de 3 y 11 meses de prisión por casos relacionados con Panamá, pero tiene otros procesos abiertos con la justicia italiana.

En el Tribunal de Roma, por el presunto desvío de $25 millones en coimas en las adjudicaciones a la empresa Finmeccanica, está también imputado el ex director comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere. El juicio está convocado para el próximo 14 de mayo.

También enfrenta una investigación en el Tribunal de Nápoles por corrupción internacional en el proceso seguido por las cárceles modulares que iba a construir el consorcio Svemark.

Se espera que los fiscales pidan llamamiento a juicio en las próximas semanas.

Fiscal de Cuentas cita a los acusados

La Fiscalía de Cuentas abrió un proceso por posible lesión patrimonial al Estado y citó a declarar a todos los imputados por el Ministerio Público por peculado, tras la ejecución con supuestos sobreprecios de un contrato por $44.9 millones para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En tanto, la Fiscalía Segunda Anticorrupción programó indagar hoy al exministro de Obras PúblicasFederico Suárez y a la ex viceministra de Desarrollo Social (Mides) Marta Susana de Varela, acusados la semana pasada junto con la ex viceministra de la Presidencia María Fábrega

También están imputados por este caso Lucy Molinar, exministra de Educación; Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN; y Gioconda Torres de Bianchini, excontralora de la República.

Rubén De Ycaza, propietario de Lerkshore International Limited, empresa a la que se le adjudicó el contrato, también fue sindicado.

“Fueron citados los mismos que están asistiendo al Ministerio Público”, reveló una fuente de la Fiscalía de Cuentas ligada al proceso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la fiscalía, la posible lesión patrimonial en este caso es de más de $30 millones, mientras que la Contraloría General de la República la calcula en $44.9 millones.

Los que hicieron la sopa

Quien se benefició es igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizarán los fondos del Estado, y ambos deben responder por la lesión patrimonial causada al Estado.

A la anterior conclusión llegaron abogados y representantes de la sociedad civil al pronunciarse ayer sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la compra de comida deshidratada –con supuestos sobreprecios–, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De acuerdo con algunos de los consultados, las autoridades deben ordenar la cautelación de bienes de los exfuncionarios vinculados con el contrato –de $44.9 millones–, cuya ejecución supuestamente fraudulenta habría causado una lesión patrimonial al Estado de más de $30 millones.

Hasta ahora, la fiscalía ha imputado cargos por peculado a Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN; Lucy Molinar, exministra de Educación; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; y Gioconda Torres de Bianchini, excontralora.

Iguales cargos formuló y ordenó indagar (hoy) a Federico Suárez, extitular de Obras Públicas; y a Marta Susana de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social.

Todos los anteriores firmaron como miembros de la directiva del PAN, el 10 de diciembre de 2011, el contrato de la comida deshidratada con la empresa Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza, sobre quien pesa una medida cautelar de casa por cárcel.

El expresidente Ricardo Martinelli, aunque no firmó en la directiva del PAN, fue señalado por Tamburrelli como la persona que dio la orden para que se adjudicara el contrato a la empresa Lerkshore International Limited y se fijaran los precios por la nueva comida, destinada a escuelas de bajos estratos socioeconómicos. “Todo fue una pantalla”, declaró Tamburrelli.

De esta manera, el Gobierno llegó a pagar la sopa instantánea más cara del mercado, y el arroz precocido más oneroso. Cada sopa que Lerkshore International le vendió al PAN costó $26.04, cuando el precio regular del producto en cualquier súper del país es de $5.

En el caso de Martinelli, está pendiente que el Tribunal Electoral (TE) autorice o no el levantamiento de su fuero penal, de modo que la Corte Suprema de Justicia proceda a investigarlo.

FISCALÍA DE CUENTAS INVESTIGA

En tanto, la Fiscalía de Cuentas adelanta un proceso tras haber recibido en febrero pasado un informe de la Contraloría, que calcula en $44 millones la lesión patrimonial al Estado.

Una fuente de ese despacho informó que se espera que concluyan las investigaciones del caso, por las que, como se dijo, ya se han citado a declarar a varios de los imputados.

“Se han citado a los mismos que están asistiendo al Ministerio Público”, reveló.

La Fiscalía de Cuentas también hizo un análisis jurídico contable del contrato de la comida deshidratada y basado en este pidió a la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría una auditoría del contrato y los dos desembolsos para su cancelación.

El primer pago se concretó el 2 de marzo de 2011 por 15 millones 582 mil 243 dólares, y el segundo en junio de ese mismo año por 29 millones 411 mil 818 dólares.

CONTRATO LESIVO

Detalles preliminares relacionados con una auditoría que ya efectuó la Contraloría revelan las quejas de los directores de las escuelas, los padres de familia y los estudiantes sobre la mala calidad de la comida, que producía vómitos y diarrea a los chiquillos.

El análisis jurídico que hizo la Fiscalía Segunda Anticorrupción recogió declaraciones de afectados por la ingesta de esta comida y algunas advertencias que se hicieron antes de que se ejecutara el contrato.

En efecto, el Departamento de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación (Meduca) dio en 2010 algunas recomendaciones antes de entregar los alimentos deshidratados.

“Muchos centros educativos en el año 2010 no contaban con agua potable, lo que podía poner en riesgo la inocuidad de los productos, como acontecía en el Colegio Ánimas de Boró (de Veraguas)”.

También se recoge un informe del jefe de Programas de Nutrición del PAN [Ángel Famiglietti, también imputado en el caso], quien advirtió el 7 de septiembre de 2011 sobre la existencia de elementos extraños en los empaques, donde se encontraban los alimentos deshidratados, esto en la Escuela República de Nicaragua, en la provincia de Bocas del Toro. De igual manera, se reportaron productos vencidos y próximos a vencer”.

En la investigación del MP se recoge el testimonio de Lucía Cedeño Gálvez de Brown, funcionaria de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, quien señaló: “estos alimentos que se proporcionaron no contaban con la buena aceptación por los estudiantes, ya que eran muy concentrados y se recibían quejas constantemente por parte de los padres de familia y docentes de las escuelas, de que no les gustaban los alimentos deshidratados”.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

De acreditarse la responsabilidad penal de los involucrados, lo que corresponde según el ordenamiento jurídico es el decomiso de los bienes hasta por un valor que le haga frente al pago total de la lesión patrimonial causada al Estado. La cautelación se mantiene hasta que se resarza la lesión que se hizo, explicó una fuente penal consultada.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez dijo que es legal el proceso a través de la Fiscalía de Cuentas para reparar el daño patrimonial.

Para el actual vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, todos los que resulten condenados por este caso deben ser “solidarios” en el resarcimiento al Estado.

CASTIGO IGUALITARIO

Si la responsabilidad patrimonial debe ser igual para todos, en la penal tampoco debe haber diferencia, indicaron sectores consultados.

Araúz apuntó que “quien se benefició será igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizaran los fondos del Estado”.

En este sentido, Rodríguez agregó que no ve mayor diferencia entre los autores principales y los cómplices primarios, porque el Código Penal establece que ambos reciben la misma pena.

“Para mí no hay diferencia entre quien tomó la decisión de alguna inteligencia y los cómplices y los que de alguna forma se beneficiaron de eso”, advirtió.

LOS AGACHADOS

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, señaló que los nuevos imputados en el caso –Marta Susana de Varela, Federico Suárez y María Fábrega– abren la posibilidad de que se llame a declarar a todos los que fungieron como directivos del PAN entre 2009 y 2014.

Indicó que se debe ampliar las investigaciones hacia el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez, así como al diputado de Cambio Democrático Fernando Carrillo, quien firmó como representante de la Asamblea Nacional. Carrillo ya está señalado en el caso.

Sobre la posible responsabilidad de Carrillo, el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado explicó que una vez mencionado en el sumario, la fiscalía debe remitir el expediente a la Corte para que lo investigue, previo levantamiento del fuero penal por parte del TE.

Se llamó a Roberto Henríquez, Fernando Carrillo, Federico Suárez, Lucy Molinar y Marta Susana de Varela, pero hasta la hora de cierre de esta edición no habían respondido.

Ministerio Público pide investigar a 71 diputados 2009-2014

La semana pasada la fiscal anticorrupción, Vilka Broce, llamó a indagar al exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez. Previamente, lo hizo con la exviceministra de la Presidencia María Fábrega, quien ya rindió indagatoria; también llamó a Marta Susana de Varela, pero las acciones del Ministerio Público no quedan allí: ahora, le toca a los 71 diputados de la administración Ricardo Martinelli.

La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, dispuso compulsar una copia íntegra del expediente a la Corte Suprema a objeto de que se investigue la posible comisión de delitos que hayan incurrido los 71 diputados que conformaron la Asamblea Nacional de julio 2009 a junio de 2014.

Los diputados, por medio del PAN, en el quinquenio pasado, compraron $62.3 millones en bolsas de comida (Ver la lista completa). Esto según el expediente de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

A juicio de la fiscal Morcillo, a los diputados se les visualiza como posibles autores de la comisión de delitos contra la administración pública, que presuntamente perpetraron actos que pudieran transgredir la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Código Penal, para así procurarse ‘importantes beneficios económicos’.

La Fiscalía maneja información proporcionada por el PAN de que en un día se compraba un aproximado de 15 mil bolsas, por un monto de $99,000, por contratos de dos mil a tres mil unidades. Dichas compras eran efectuadas a los mismos proveedores.

El PAN, durante el periodo enero- abril 2014, pleno proceso electoral, adquirió un total 2,231,810 bolsas de comida por un costo que rondaba los $25.

LA OPERACIÓN

Los diputados ya tenían sus proveedores seleccionados. El exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, explicó a la Fiscal, el 29 de enero, (entre otras cosas): ‘Cada vez que me llamaban yo procedía a comprar las bolsas que me decían o me daba la instrucción el señor Adolfo De Obarrio para las compras de las bolsas de comida para ser distribuidas a los distintos diputados, alcaldes y representantes’.

Siguió relatando Guardia, quien está detenido en El Renacer, que ‘estas instrucciones eran impartidas cada vez que la bodega se quedaba sin mercancía y, cuando me hacían la solicitud para los diputados, alcaldes y representantes, tenía que llamar a De Obarrio para que me diera instrucción a quién tenía que comprarle la bolsas de comida’. Una vez impartidas las instrucciones procedía a llamar a los proveedores.

El 2 de febrero, al ampliar su declaración indagatoria, Guardia Jaén sostuvo: ‘… Las empresas venían recomendadas por los distintos diputados y con sus diferentes partidas circuitales; eso era solo seguir instrucciones…’.

El exdirector del PAN, dijo que no todos los proveedores participaban en los procesos de adjudicación… ‘era decisión de los diputados’.

Según consta en el expediente de 61 tomos, iniciado en el 2014, y al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , la Fiscalía Cuarta Anticorrupción ha podido establecer que existen testimonios y documentación que dan cuenta de que los delitos contra la Administración Pública, gravitan sobre conductas desplegadas por miembros de la Asamblea Nacional.

LAS IRREGULARIDADES

Los hechos denunciados revelan que en el PAN, para los años 2010 a 2014, se llevó a cabo el proyecto relacionado a la adquisición de bolsas de comida, en que -dice Morcillo-, se dieron manejos irregulares en la invitación, selección y adjudicación de las empresas proveedoras, que pudieron ocasionar una grave lesión patrimonial al Estado.

En el expediente se establece que ha quedado sentado que ‘no solo los funcionarios del PAN y empresarios, sino también diputados tuvieron injerencias o formaron parte de los actos que provocaron las anomalías’.

Dos de los empresarios que eran beneficiados con la mayoría de los contratos del PAN para bolsas de comida fueron Juan Carlos Marciaga y Carlos Araúz. Afirmaron que los diputados recibieron las bolsas de comida que fueron gestionadas por el PAN.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia definirá si hay o no méritos para investigar a los diputados señalados.

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DECISIÓN DE LOS DIPUTADOS

El PAN manejaba la cuenta de Promoción Cultura y Deportes.

Los diputados solicitaban al PAN la cantidad de bolsas de comida que necesitaban.

Cada uno de los diputados tenía su proveedor seleccionado y el PAN solo tenía que ejecutar las órdenes.

Los nexos entre Salerno, Cucalón, Vallarino y Dulcidio

Cuando Alberto Vallarino fue nombrado como ministro de Economía y Finanzas en 2009, llevó consigo a dos fichas claves: Dulcidio De La Guardia, como viceministro de Finanzas; y a Luis Cucalón, como director General de Ingresos.

La llegada de Cucalón a ese puesto no era casualidad. Vallarino lo mandó a buscar a Colombia, donde ganaba $30 mil mensuales porque ‘el país lo necesitaba’, pero terminó convirtiéndose en el ‘malo de la película’, señaló el exdirector de ingresos a este medio, en una entrevista exclusiva.

Cucalón y Vallarino habían confraternizado en el 2001, como miembros de la junta directiva de ‘IDS Holdings Corporation’, un conglomerado de negocios dedicado a la compra y venta de bienes inmuebles, contratos mercantiles y transacciones comerciales. Como secretario de esa junta directiva fungía también Cristóbal Humberto Salerno, propietario, a su vez, de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A.

Pero esta no era la única empresa en cuya junta directiva Cucalón y Salerno habían coincidido. En la sociedad anónima NBA Store Panamá, S.A., Cucalón había sido presidente cuando Salerno era secretario. Lo mismo había sucedido en International Department Stores (IDS) INC, en cuya junta directiva Salerno fue vicepresidente mientras Cucalón era vocal.

Por su parte, De La Guardia, actual ministro de Economía y Finanzas, desarrolló importantes cargos en el Banco del Istmo, del cual el ingeniero Alberto Vallarino era uno de los principales accionistas. Antes de ser vendido el banco al HSBC, De La Guardia llegó a ser vicepresidente de banca de inversión.

TODOS SE NIEGAN

Vallarino, De La Guardia y Frank De Lima estaban a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuando Cucalón firmó el contrato que permitía a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. actuar como gestor de impuestos morosos.

Para entonces, De La Guardia era el jefe directo del exdirector de ingresos, Cucalón (Ver el organigrama).

Vallarino, por su parte, ha negado cualquier vínculo con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A, que ganó comisiones por $47.1 millones por gestionar los pagos de impuestos morosos.

‘Ni el ingeniero Alberto Vallarino, ni ninguna de sus empresas, tienen o han tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo, o con Cristóbal Salerno, propietario de dicha empresa’, dijo el propio Vallarino, a través de su agencia de comunicaciones.

Cucalón, por su parte, ha manifestado que él no escogió a Cobranzas del Istmo, S.A. El exdirector de ingresos explicó que habían cinco empresas que estaban compitiendo por este contrato directo y que ‘Cobranzas del Istmo, S.A. era la mejor calificada’.

Dulcidio De La Guardia, por su parte, señaló que ‘el MEF presentó una querella contra Cucalón por contratar directamente a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. sin contar con las autorizaciones correspondientes del Consejo Económico y Consejo de Gabinete’.

Cucalón acusó directamente a De La Guardia y a Vallarino de aprobar y revisar el contrato que se le otorgó a Cobranzas del Istmo, S.A.

Frank De Lima estaba a cargo de la junta directiva de Tocumen, S.A., cuando Cobranzas del Istmo facturó y cobró del Estado $21 millones en comisiones por la gestión de los cobros morosos por $72 millones a la empresa estatal.

TODOS DEBEN RESPONDER

A juicio del abogado tributarista, José Javier Rivera, ‘todos son responsables de la lesión patrimonial por haberle otorgado facultades exhorbitantes al exdirector de ingresos. También lo es la Contraloría, que nunca debió haber refrendado el contrato con la empresa’.

Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal señaló que ‘Cucalón, (Ricardo) Martinelli y Vallarino son los artífices de Cobranzas del Istmo, S.A.’

Según Bernal, corresponde ahora a las autoridades determinar el grado de participación, por acción u omisión, de cada uno de los funcionarios ligados a la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), hoy nuevamente DGI.

Rivera concluye que el contrato para tercerizar el cobro moroso de impuestos nunca debió darse. Se trata de una postura compartida por el abogado Miguel Antonio Bernal, quien en su momento pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la nulidad del mismo contrato.

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ACUSACIONES

De La Guardia se defiende

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, salió al paso de las declaraciones del exdirector de ingresos, Luis Cucalón, quien señaló que el funcionario público quería obligarlo a borrar las cuentas morosas de sus clientes.

De La Guardia se defiende de estas acusaciones diciendo que ‘es falso que el suscrito solicitó a Cucalon borrar cuentas de contribuyentes morosos con la Dirección General de Ingresos (DGI)’. El ministro, que se encuentra en Asia, agregó que ‘si el exfuncionario tiene las pruebas, que las presente con la denuncia correspondiente’.

Añadió que el exdirector de ingresos se distinguió por perseguir a los colaboradores de este despacho, destituyendo a cientos de ellos durante su gestión y, además, administro bajo un régimen de terror.

Cucalón, en un entrevista con La Estrella de Panamá, señaló que existía un desgreño administrativo cuando llegó al puesto de director general de ingresos.

‘Los funcionarios redondeaban sus salarios con las coimas que se ganaban’, agregó el exfuncionario.

De La Guardia interpuso una demanda penal a Cucalón por ‘supuestamente’ contratar de forma directa a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., sin contar con las autorizaciones pendientes del Consejo Económico Nacional (CENA) y del Consejo de Gabinete. La demanda fue interpuesta el 16 de enero de 2015 ante el Ministerio Público.

JUNTA DIRECTIVA

Los artífices de Cobranzas del Istmo, S.A.

Detrás de Cobranzas del Istmo, S.A. hay un apellido en común, reconocidos empresarios y cambios constantes en su nómima directiva.

La empresa, que estuvo a cargo de los cobros morosos de impuestos durante la pasada administración de gobierno, facturó comisiones que, se presume, fueron mayores de lo que se establece en el contrato con el Estado.

A través de la escritura pública 5560 de 12 de mayo 2003, certificada en la Notaría Octava del Circuito, se estableció la primera junta directiva de esta empresa: Leopoldo López (presidente), Lilia Aminta de Salcedo (secretaria) y Alva Rosa Chirú (tesorera).

En junio de ese mismo año, la Notaría Primera del Circuito le otorgó poder general a Lilia Kway de Salerno. Pero, cinco meses más tarde, la misma notaría le revocó ese poder para otorgárselo a Cristóbal Humberto Salerno Ballesta.

Con el cambio en el poder general de la empresa, también llegan los cambios en la junta directiva: el 14 de octubre de 2004, Cristóbal Humberto Salerno, (presidente), Diego De La Guardia (secretario) y Abel Velasco (tesorero) asumen la dirección de la empresa gestora de cobros.

Salerno se mantiene en control del poder general de la empresa hasta el 14 de junio de 2007, cuando lo asume Magaly Ramos.

La junta directiva sigue cambiando de forma constante.

El 12 mayo de 2006 se eligen nuevos directivos. Así, Julie Cristina Ruker se convierte en directora presidente; Peter Chatlani, en el director tesorero; y Diego De La Guardia, en el director secretario.

En menos de un mes, el 22 de mayo de 2006, se producen nuevos cambios en la nómina, que esta vez estaría controlada por el apellido Salerno. El 26 de marzo de 2014 se eligen los directores que hasta ahora continúan en los puestos: Magaly Ramos (presidente), Irasema Sánchez (secretaria) y Edgardo González (tesorero).

Por casi ocho años, Ramos se ha mantenido a la cabeza de esta empresa.

Miguel Antonio Bernal

‘Las autoridades deben determinar el grado de participación, por acción u omisión, de cada uno de los funcionarios’,

 

Decisión de caso Finmeccanica, en manos de firma de abogados

El ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera esperará el estudio legal de la firma Tapia, Linares & Alfaro, que les asesora en el caso de los radares que Finmeccanica vendió a Panamá en 2010.

“ Nosotros seguimos trabajando en todos los frentes. Si Finmeccanica no nos hace llegar una propuesta como aparentemente se comprometió… nosotros seguimos adelante”, dijo el titular.

Advirtió que si los abogados de la mencionada firma recomiendan iniciar un proceso legal contra el conglomerado italiano “ eso es lo que haremos”. Las declaraciones del ministro surgen luego de que venciera el plazo para la entrega de la propuesta.

La firma Tapia, Linares & Alfaro es la encargada de evaluar el contrato de la instalación de 19 radares, de los cuales siete presentan “deficiencias”, y que fueron adquiridos en 2010 a través de Selex, filial de Finmeccanica, por $125 millones.

Finmeccanica se comprometió el pasado febrero con el gobierno panameño a presentar en 30 días, una propuesta formal para solventar los problemas registrados con los radares, pero el plazo venció y la moción, a la fecha, no ha sido entregada.

INFORME DE LA FIRMA

Aguilera espera que el estudio u opinión de la firma de abogados Tapia, Linares &Alfaro le sea entregado en las próximas semanas. Explicó que ya los abogados tienen adelantado el documento.

A juicio de Aguilera, las investigaciones que ha emprendido el Estado respecto al caso Finmeccanica “ van a buen ritmo”. “ Los tiempos de los tribunales son distintos a los tiempos de los medios de comunicación… Todo va caminando a buen ritmo”, enfatizó. También planteó que los expedientes están en italiano y hay algunos que tiene como cinco mil folios, situación que demora el análisis.

REUNIONES Y PLAZO

En noviembre pasado, el Estado comenzó las reuniones con la empresa Selex, filial de Finmeccanica. Sin embargo, hace cinco semanas, el número uno del conglomerado italiano, Mauro Moretti, se comprometió en Roma con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a resolver los defectos técnicos de los equipos. Se pusieron como meta un plazo de 30 días.

Tras las quejas del gobierno panameño por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que usan narcotraficantes para transportar la droga, la empresa italiana solicitó en noviembre pasado al Ministerio de Seguridad trazar una hoja de ruta para llegar a un acuerdo.

Los radares fueron adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), con el argumento de que eran necesarios para combatir el tráfico de estupefacientes.

Por el momento, los directivos de la empresa no se han pronunciado al respecto, a pesar de que este diario ha buscado, sin éxito, sus declaraciones.

Blindaje de diputados violaría la ‘Constitución’

Entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo que declara inconstitucional la Ley 55 de 2012, llamada “ley blindaje”, y que establece un mecanismo especial de investigación para los diputados de la Asamblea.

Una fuente judicial informó que el ponente en este caso, el magistrado Hernán De León, puso a circular este fallo, pero falta la firma de dos de los nueve miembros del pleno.

El presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, fue quien en septiembre de 2013 interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, porque estipula 10 días para que el magistrado que ejerza de juez de garantías fije el plazo de finalización solicitado por el imputado.

La ley señala que si el magistrado fiscal no remite al juez de garantías la investigación en ese plazo, se dará por extinguida la acción.Entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo que declara inconstitucional la Ley 55 de 2012, llamada “ley blindaje”, y que establece un mecanismo especial de investigación para los diputados de la Asamblea.

Una fuente judicial informó que el ponente en este caso, el magistrado Hernán De León, puso a circular este fallo, pero falta la firma de dos de los nueve miembros del pleno.

El presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, fue quien en septiembre de 2013 interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, porque estipula 10 días para que el magistrado que ejerza de juez de garantías fije el plazo de finalización solicitado por el imputado.

La ley señala que si el magistrado fiscal no remite al juez de garantías la investigación en ese plazo, se dará por extinguida la acción.

Demandan a Cucalón por pérdidas de $47 millones

Una querella penal interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contra el exdirector de ingresos Luis Cucalón, hace dos meses, hace responsable a este por el pago ilegal de $47.1 millones en comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., por gestionar el cobro de impuestos durante la pasada administración de gobierno.

La denuncia fue interpuesta hace dos meses, antes de conocerse que Cobranzas del Istmo se habría embolsado $21 millones en comisiones por cobrar ilegalmente impuestos morosos a Tocumen, S.A., por un monto de $72.8 millones.

Dulcidio De La Guardia, en calidad de representante legal del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), interpuso la querella contra Cucalón por falsificación ideológica de documentos públicos en perjuicio del Estado, el pasado 16 de enero de 2015.

La demanda podría implicar una sanción de cuatro a ocho años de prisión para el exdirector de ingresos.

La acusación señala que Cucalón insertó una declaración falsa en el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con la cual Cobranzas del Istmo, sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, imagen 1, inició su labor como gestor de la cartera morosa de impuestos.

Este documento omitió trámites expresos en materia de contratación pública, provocando un perjuicio económico al Estado panameño, en concepto de las comisiones pagadas a Cobranzas del Istmo, establece la querella penal. Por esto, el demandante solicita la imposición de una medida cautelar de detención preventiva contra Cucalón.

La querella presentada ante el Ministerio Público plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer contrataciones directas hasta por un monto de $300 mil; mientras que el Consejo Económico Nacional (CENA) puede contratar hasta por $3 millones y el Consejo de Gabinete, cuando supera los tres millones. Sin embargo, el querellante sostiene que el exdirector de ingresos insertó un documento que establece el cumplimiento de estos puntos, ‘lo que es falso’, dice el denunciante.

SIN APROBACIÓN

Tras revisar los archivos del MEF, el representante legal de esta institución dice no haber encontrado un documento que muestre que se haya aprobado la contratación directa de la empresa Cobranza del Istmo, como gestor de cobro.

El CENA tampoco evaluó ni emitió concepto alguno de contratación directa entre el Estado y Cobranzas del Istmo, S.A. La base de datos de la Secretaría Técnica de este organismo tampoco tiene registro de ingreso de dicha contratación.

‘Por ello certificamos que no hemos remitido la referida contratación al Consejo de Gabinete’, dice el representante legal del MEF.

‘Yo no escogí a Cobranzas, ni escogí a ninguna empresa. Es más, yo me oponía a la tercerización del cobro de impuestos’, dijo Cucalón, durante una entrevista exclusiva con este medio de comunicación.

Cucalón agregó que el contrato no fue llevado al Gabinete porque ‘no establecía montos’.

ANTECEDENTES

La contratación de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A. se realizó cuando Dulcidio De La Guardia era el jefe directo de Cucalón.

Más arriba de ellos en el organigrama de la institución se encontraba Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas.

En octubre del año pasado, la Dirección General de Ingresos (DGI) anuló el contrato entre el Estado y Cobranzas del Istmo, alegando que era inconstitucional (artículo 42 de la Constitución) que una empresa privada manejara información sobre los contribuyentes.

La antigua Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) le pagó a esta empresa privada $30 millones por recuperar impuestos morosos en la primera mitad del año pasado.

La cifra representa un aumento de las comisiones de 218% con relación al año 2013, cuando Cobranzas del Istmo obtuvo $9.8 millones.

Cobranzas del Istmo, S.A. adjudicba unas 500 cuentas a cada uno de sus 170 cobradores.

Dado el desgreño administrativo en que se encontraba la DGI cuando el exdirector de ingresos asumió el puesto el trabajo que realizaba Cobranzas del Istmo era ‘bueno’, según Cucalón.

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‘ El contrato con Cobranzas del Istmo no fue aprobado por el suscrito como afirma Cucalón’

DULCIDIO DE LA GUARDIA,

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

‘ Yo me oponía a la ley que permitía tercerizar el cobro moroso de los impuestos’

LUIS CUCALÓN,

EXDIRECTOR DE INGRESOS

Garuz tenía en su residencia información de pinchazos

El ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Alejandro Garuz guardaba en su residencia dispositivos de almacenamiento de datos (USB) con audios e informes y perfiles de activistas políticos y de la sociedad civil cuyas comunicaciones posiblemente fueron interceptadas durante la pasada administración. 

 

Al ampliar ayer su declaración indagatoria ante el despacho adjunto a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada que investiga  

las escuchas ilegales en el gobierno anterior, Garuz confirmó el contenido de los USB, pero debido a la mala calidad de las grabaciones no se distinguen con precisión las voces en algunas de las víctimas, según revelaron fuentes judiciales.

Trascendió que los perfiles de los dirigentes e informes de sus actividades eran suministrados a Garuz diariamente por un grupo de orden público del CSN y por miembros de estamentos de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Dirección de Investigación Policial y agencias privadas.

DEFENSA ACEPTA

Cristóbal Arboleda, quien ejerce la defensa de Garuz, aceptó que su cliente tenía en su poder los perfiles, pero aclaró que eran parte de sus funciones en el CSN.

“Calificar como irregular este tipo de actividades depende, porque para nosotros son actos normales dentro de una estructura de seguridad. Sin embargo, pareciera que la fiscalía le da otra connotación”, dijo.

Los USB fueron encontrados tras un allanamiento realizado por las autoridades en la residencia de Garuz en la madrugada del 12 enero pasado. Desde ese día, el exfuncionario está detenido junto con el también exjefe del CSN Gustavo Pérez.

DILIGENCIA DE 7 HORAS

En la diligencia de ayer se ventilaron detalles sobre dos interceptaciones en las que se escuchan las voces de la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y de la diputada perredista Zulay Rodríguez.

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delincuencia Organizada, Ricardo Muñoz, tomó la ampliación de la declaración indagatoria a Garuz, diligencia que se prolongó durante al menos siete horas y media, entre las 7:30 a.m. y las 2:30 p.m.

Garuz colaboró poco durante la indagatoria, ya que contestaba parcamente ante las preguntas del fiscal, contaron las fuentes. 

Después de escuchar una petición del abogado Ángel Álvarez –defensor de varios afectados por las interceptaciones– para que la fiscalía le aprehendiera sus propiedades y cuentas bancarias, Garuz decidió acogerse al artículo 25 de la Constitución Política que le otorga el derecho a no declarar contra sí mismo.

Álvarez representa en el proceso por las escuchas telefónicas al catedrático Miguel Antonio Bernal, a la diputada Zulay Rodríguez, la dirigente magisterial Yadira Pino y al expresidente Ernesto Pérez Balladares.

CACICA CONDENA

La cacica Silvia Carrera condenó el hecho de que fuese grabada, lo cual, dijo, confirma las denuncias que hizo en cuanto a que el gobierno de Martinelli sabía de antemano todo sobre las protestas indígenas.

“Es claro que se daban las intervenciones a los celulares”, dijo la dirigente indígena al ser entrevistada por este diario.

Martinelli, bajo la lupa del espionaje

Blog Periodismo en las Américas | 25 mar 2015 – 00:05h

El futuro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009–2014) quedará definido hoy, 25 de marzo, cuando el fuero penal electoral con el que cuenta sea retirado oficialmente.

Una vez suceda esto, la justicia podría requerirle que vuelva al país para que responda por los diferentes casos que lo involucran. Una de estas investigaciones tiene que ver con presuntas interceptaciones ilegales y espionaje a periodistas, miembros de la oposición, sociedad civil e incluso a sus propios funcionarios y allegados. El escándalo estalló a finales de 2014, cuando se conoció que la administración de Martinelli gastó más de $13 millones en la compra de equipos y software a una empresa israelí a mediados de 2010 con fondos del Programa de Ayuda Nacional.

Los equipos dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, una entidad que responde directamente a la Presidencia, se encuentran desaparecidos. Se han encontrado grabaciones, transcripciones y vídeos que han permitido adelantar una investigación por parte del Ministerio Público.

“Dulcidio me pedía que borrara cuentas morosas”, Cucalón

Luis Cucalón, director de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), hasta finales de septiembre de 2014, revela ahora cómo resistió la intervención de diferentes sectores del gobierno y de la empresa privada, para evitar el cobro de tributos morosos. Esas solicitudes, dice, generaron tensiones con el propio presidente Ricardo Martinelli y el entonces viceministro de Finanzas, Dulcidio De La guardia, ahora a cargo de la cartera. ‘Él me detesta porque yo lo desprecie, y no le hacía caso cuando me decía que no cobrara a quienes él representaba’, dijo Cucalón a La Estrella de Panamá.

‘No voy a cargar con muertos ajenos’, recuerda Cucalón que le dijo a De La Guardia cuando le decía que ‘borrara cuentas’.

‘Mándamelo por escrito’, le dijo al hoy ministro cuando le pidió cuentas como ‘jefe’, ante lo que Cucalón contestó: ‘pero el que el que va ir preso (si accedo) soy yo’.

También explicó que las múltiples condiciconantes que llegaban desde el gobierno para limitar la modificación de la ley tributaria pusieron techo a la meta acordada de recaudar 3 millones más al año. Cada vez que se identificaba un nuevo impuesto, había alguien cercano al ministerio que estaba afectado, señaló.

‘Yo hice mi trabajo y mi trabajo era cobrar. Yo sabía que iba a ser el malo de la película’, aseguró a Luis Cucalón, sobre los cuestionamientos que se han hecho a su gestión y la vinculación entre Cobranzas del Istmo S. A. y la Autoridad nacional de Ingresos (ANIP) durante su etapa como administrador.

‘No estuve de acuerdo en tercerizar la recaudación de los impuesto. Me opuse desde el principio, fue una idea de (Alberto) Vallarino y Dulcidio (de la Guardia), que además propuso que se hicieran públicas las cuentas morosas y se compartiera la información con la Asociación Panameña de Crédito’, recuerda Cucalón.

‘Les dije que nos iban a demandar y aún así se hizo un concurso en el que participaron cinco empresas. Cobranzas del Istmo resultó la mejor calificada’, sostiene el exdirector de Ingresos.

‘Mi única relación con la gestora de cobros se remonta a los años 90, cuando se creó para liquidar el Grupo Triángulo, proceso en el que también participé’, cuenta, y en el que coincidió como parte afectada, con Cristóbal Salerno, con el que compartió la junta directiva en la desaparecida Sears. ‘Fue la última Junta Directiva y a efectos solo de liquidar la empresa. Nunca tuvimos intereses comunes. Ni con él ni con Vallarino, como también se ha querido decir’, sostiene Cucalón.

Se incorporó a la gestión pública, asegura, a petición de Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas. ‘La patria te necesita, me dijo, y me vine de Colombia, de ganar $30,000 para ser el malo de la película. Hubo un pacto de caballeros y yo entendí que se iba a honrar si hacía bien mi trabajo, pero no me cumplieron. La meta de recaudación, que se marcó fue quinquenal: 16,000 millones y yo conseguí superar los $17,000 millones. Yo hice mi trabajo pero no me cumplieron’, insiste Cucalón, quien da cuenta de su trabajo ‘dentro de la ley’.

‘Cuando llegué al puesto me encontré con un 70% de evasión fiscal y en un escenario como ese, el trabajo de Cobranzas del Istmo fue bueno. Esta gente cobraba su comisión, pero el funcionario que yo me encontré era desordenado y redondeaba su salario con coimas’, explica. Sobre las cuentas a pagar, subrayó que se enviaban a la gestora desde la ANIP, por antiguedad y monto.

Vallarino rechaza relación

Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas cuando se tercerizó el cobro de los impuestos, aseguró a este diario no tener ningún vínculo con la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que cobró comisiones de hasta 30 millones en solo seis meses de 2014, según un contrato pactado con el Estado.

A través de su agencia de comunicaciones, Vallarino explicó que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, ni él ni ninguna de sus empresas tiene o ha tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo, o con el señor Cristóbal Salerno, propietario de dicha empresa.

El exministro negó además tener participación o vínculos con cualquier otra empresa dedicada al cobro de pagos morosos en el sector público o privado. La tercerización del cobro de impuestos, añadió, se enmarca dentro de la Ley 8 de 2010, cuyos méritos fueron ampliamente debatidos en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados en su momento.

DESDE COREA

Dulcidio se defiende

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que no aprobó el contrato de la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., que actuó como gestora de cobros de impuestos morosos del Estado durante la pasada administración y cuyas comisiones se presume superaron lo que correspondía.

Las declaraciones del funcionario del gobierno, que en estos momentos se encuentra en Asia, se dieron luego de que el exdirector de ingresos Luis Cucalón lo señalará como su ‘jefe directo’ en el momento en que se propuso tercerizar el cobro de los impuestos morosos, medida que resultó anticonstitucional y provocó la desarticulación de la Anip.

De La Guardia aseguró que las declaraciones de Cucalón no son más que una ‘estrategia para desviar la atención’.

Como representante legal de la cartera de Economía y Finanzas, De La Guardia interpuso una demanda penal contra el exdirector de ingresos por supuesta falsificación ideológica de documento público, en la procuraduría General de la Nación, el pasado 16 de enero.