MP pide a Google datos del correo de los pinchazos

Un nuevo giro toman las investigaciones sobre las escuchas ilegales que se dieron en el gobierno pasado.

Resulta que el correo brad.pty507gmail.com, donde se guardaron datos y conversaciones privadas de más de 150 personas, no fue creado en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Así lo certificó Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, en la respuesta que le envió a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

En virtud de esto, la fiscalía solicitó una asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición del Ministerio Público (MP) de Panamá información relativa a la creación de la cuenta de correo electrónico citada, el historial de los mensajes, la dirección física o geográfica, el equipo tecnológico utilizado, así como los puntos de acceso wi-fi.

Como parte de las investigaciones de este caso, el Ministerio Público ha imputado por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, a los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, actualmente detenidos en el sistema penitenciario.

Además, han sido imputados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos prófugos de la justicia.

Rastrean correo electrónico

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, certificó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que la cuenta de correo brad.pty507@gmail.com, en la cual supuestamente se almacenaron datos privados de más de 150 personas, no fue creada en dicha institución.

En la nota 0436 que López remite a la fiscalía señala que el seudónimo Brad fue asignado a Ismael Pittí, un exfuncionario del CSN.

La respuesta del jefe del CSN fue dada el 23 de marzo tras una solicitud que le envió el pasado 4 de marzo el fiscal adjunto, Ricardo Muñoz, a cargo de las investigaciones por escuchas telefónicas que ocurrieron en la administración de Ricardo Martinelli.

El pedido del fiscal obedeció a que en declaraciones juradas rendidas por funcionarios del CSN se reveló que Ismael Pittí, exmiembro de esa entidad, era el que manejaba el citado correo.

En virtud de la respuesta del CSN, el fiscal emitió un oficio de asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición toda la información del correo brad.pyt507@gmail.com.

La fiscalía solicitó toda la información sobre las generales del creador del correo, ubicación IP, dirección física y geográfica, y equipo tecnológico utilizado para ello.

También requirió todo sobre la ubicación física de cada acceso a la cuenta gmail como frecuencia, reporte de registro de entradas, puntos de acceso wi-fi, antena de telefonía móvil e historial de los correos.

Los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están imputados por los posibles delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad a más de 150 personas, entre ellas políticos, magistrados y dirigentes sindicales.

También están señalados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, actualmente prófugos.

Bernal ha interpuesto seis amparos ante la Corte

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha prometido volver este lunes a las aulas de Derecho de la Universidad de Panamá (UP) confiado en que interponer un escrito de aclaración a la decisión del Consejo Académico de suspenderlo por cinco años le dará tiempo para salir airoso de la disputa legal que lleva con las autoridades universitarias.

Entre febrero y este mes, Bernal ha interpuesto seis amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, y uno de ellos, asegura, ha sido admitido.

Se trata de un proceso que llevó a la Corte porque la UP no remitió una advertencia de inconstitucionalidad que le hizo justamente en febrero pasado, por el caso que hoy la directiva universitaria lo ha sacado temporalmente.

El caso data de 2004, cuando, según la administración de la UP, Bernal irrespetó al rector Gustavo García de Paredes, quien anunció este año su intención de correr por un sexto período consecutivo en 2016, cuando se convoquen a nuevas elecciones en la institución.

El expediente que la Corte habría acogido está en manos del magistrado Harry Díaz, argumentó Bernal.

Otros cinco amparos están en los despachos de Harley Mitchell, Abel Zamorano y José Ayú Prado.

Tras la negación de su recurso de reconsideración a su expulsión, el docente anunció que interpondrá otro contencioso administrativo contra la decisión de la UP, uno de los caminos que al calor de su expulsión hace dos semanas, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, había recomendado.

Mañana se formalizará un movimiento ‘de dignidad por el rescate de los valores universitarios’, cuya principal demanda será ‘rechazar la persecución a Bernal y el respeto al debido proceso’.

El rector García de Paredes ha anunciado que demandará a Bernal.

 

Aumenta presión contra los bancos por lista gris del GAFI

La relación entre los bancos que operan en Panamá y sus corresponsales en el exterior se está tensando más desde la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que un banco de Estados Unidos había cancelado todas sus relaciones de corresponsalía con bancos que operan en Panamá. De La Guardia no especificó el nombre del banco estadounidense ni el de los panameños que perdieron ese servicio.

En la misma línea se manifestó ayer Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, durante su intervención en el primer debate del proyecto de ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Villa dijo que se habían perdido 21 corresponsalías de bancos internacionales y que actualmente 14 bancos que operan en la plaza lo hacen solamente con un corresponsal extranjero.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que para recibir fondos de clientes y hacer pagos a proveedores hacia afuera, los bancos requieren de corresponsales. “Si no los tienes, no puedes acceder al comercio internacional”, puntualizó.

 

Además, buena parte de los fondos que utilizan los bancos panameños están depositados en bancos de Estados Unidos y “en la medida que los corresponsales van cerrando las líneas, igualmente cierran las facilidades de crédito”.

Por su parte, Villa destacó el impacto que esta situación tiene para la economía real. Dijo que si el país sigue en la lista gris o si se empeora la calificación, las transacciones internacionales para las empresas se van a restringir o se harán más onerosas.

Panamá está en la lista gris del GAFI desde junio de 2014 por las debilidades detectadas en el marco legal de la prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Luego de la inclusión, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) exigió a todos los bancos de su país que hicieran una diligencia debida ampliada en las relaciones con los bancos que operan en Panamá.

 

De La Guardia dijo que no está previsto que el presidente Juan Carlos Varela aborde este tema en la reunión bilateral que mantendrá con su homólogo Barack Obama en el marco de la VII Cumbre de las Américas.

Estos problemas desaparecerían con la retirada del país de la lista gris. Para conseguirlo, el Gobierno adelanta un plan de acción, cuya piedra angular es la nueva ley para prevenir el blanqueo. El primer debate de la norma continuó ayer con la participación, entre otros, del MEF y los reguladores de banca, valores y cooperativas. El próximo lunes se reanudará la discusión en la Asamblea.

Agenda Digital Llama La Atención A Empresas Tecnología Del Mundo

Con la participación de los más altos representantes de las principales empresas líderes en tecnología del mundo, se realizó un conversatorio entre estos y el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin A. Halman.

Halman calificó el encuentro como inédito y de crucial importancia para el país por la calidad de invitados que asistieron, en el marco de la II Cumbre Empresarial de las Américas.

El administrador general de la AIG, explicó a los presentes las iniciativas de la Agenda Digital Panamá 4.0 que entre otros proyectos, contempla un rediseño de la Red Nacional de Internet gratuito con mayor capacidad y cobertura, lo que fue bien recibido por empresas como Facebook y Microsoft que han mostrado su disposición de apoyar las iniciativas de conectividad para la inclusión que lleva a cabo el Gobierno panameño.

Microsoft apoyará con la implementación de la tecnología conocida como White Space, que permitirá conectar lugares remotos de nuestra geografía, así como otras empresas participantes mostraron igual interés de colaborar en proyectos que incidirán en la modernización del Estado a través de nuevas tecnologías que ya están al alcance de los gobiernos y de los ciudadanos.

En tanto el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos de América,  Bruce H. Andrews, manifestó su complacencia con este encuentro e instó a los presentes a apoyar con soluciones innovadoras como aliados estratégicos en el desarrollo del ecosistema innovador y las iniciativas que ha propuesto el país.

En este encuentro participaron las siguientes empresas globales de tecnología: Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Twitter, Facebook, Google, Intel, Dell, BlackBerry, Intelsat, Paypal, VMware, Huawei.

Por el Gobierno de Panamá participaron el ministro Consejero y Presidente del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental, Francisco Sierra, así como los viceministros Néstor González, Augusto Arosemena y Eyda de Chinchilla, de Comercio, Presidencia y Economía, respectivamente. Además asistieron el Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnología e Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), entidades que en conjunto con la AIG, están tomando acciones concretas para el desarrollo del sector con miras a establecer un “hub tecnológico” en Panamá.

AMP denuncia a su antiguo administrador y a la empresa Orion

Una auditoría reveló que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a cargo de Roberto Linares, no supervisó los assessment o valorizaciones que otorgó la empresa Orion Maritime Training Center, incurriendo en los presuntos delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y la seguridad jurídica de los medios electrónicos.

También se investiga la posible eliminación intencional de información de la base de datos de la Dirección de Gente de Mar. 

Esta es parte de la conclusión de las actuales autoridades de la AMP después de completar las auditorías en la Dirección de Gente de Mar y las direcciones regionales de la institución ubicadas fuera de Panamá.

Tras completar la investigación, la dirección legal de la AMP presentó el pasado 30 de enero la denuncia ante el Ministerio Público contra Linares y otros exfuncionarios, quienes estuvieron al frente de la institución entre julio de 2009 y junio de 2014.

En la denuncia se incluye a Roberto Vallarino, exdirector de Gente de Mar (2009-2011), y José Rogelio Hernández, exdirector de Gente de Mar (2011-2014); y Jorge Antonio Torres, quien laboró como jefe de la Dirección regional de Documentación de Gente de Mar en Filipinas.

* El llamado plan piloto duró más de tres años, y no fue sino a la par de la culminación del gobierno del presidente Ricardo Martinelli que la AMP lo revocó.

 

También denunciaron a Orion Maritime Training Center, que recibió la licencia exclusiva para aprobar assessment o valorización de las licencias de oficiales de marina del registro naviero panameño, y a Iván Karica, quien laboró en la gerencia de la empresa.

En 2011, Linares aprobó un supuesto plan piloto para que varias empresas pudieran expedir las evaluaciones o assessment a oficiales de marina, pero la única empresa que se mantuvo al frente de este negocio fue Orion hasta finales del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Entre algunas de las pruebas entregadas a las autoridades del Ministerio Público, la AMP presentó copia de las auditorías realizadas en 2014 al plan piloto.

En dicho reporte se trató de determinar el mecanismo utilizado por la empresa para realizar los assestments, y el nivel de cumplimiento con las normas internacionales establecidas en el Convenio Internacional sobre las normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar de 1978, enmendado (Convenio STCW 78, enmendado).

La AMP advierte de que la empresa no fue colaboradora con el equipo auditor, y trató de dilatar el proceso. No obstante, con la evidencia encontrada en el sitio se pudo determinar que se hicieron evaluaciones de manera irregular en muchos casos. La empresa tampoco pudo mostrar registros de todos los assesstments que supuestamente hizo.

Este diario intentó comunicarse con Linares ante la denuncia presentada, pero el exfuncionario no respondió su teléfono móvil. 

Tampoco fue posible contactar a Vallarino, Hernández y Torres, todos exfuncionarios de la AMP. Karica tampoco pudo ser localizado. Las oficinas de Orion permanecen cerradas desde el año pasado (ver documento).

Según la información que aparece en el sistema de la AMP, se calcula que Orion expidió unos 10 mil assessment, pero se presume 

que la cantidad puede ser mayor, considerando que la empresa tenía operaciones fuera de Panamá, desde donde también expedía estos documentos.

Aunque se desconoce cuánto cobraba Orion por evaluación, fuentes del sector aseguran que era entre 5 mil y 6 mil dólares por cada trámite. Con los assessment, Orion certificó a varios extranjeros como oficiales sin haber pasado por una universidad, según denunció la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, lo que ocasionó un grave perjuicio a la profesión.

Paralelamente a la auditoría de la AMP, otro equipo de la entidad revisó la gestión de la Dirección Regional de Documentación de Gente de Mar en Manila, Filipinas, debido a que esta se encargaba de procesar exclusivamente las aplicaciones que se tramitaban, mediante assessments, a la empresa Orion.

El trámite se hacía en el departamento de Titulaciones de la Dirección de Gente de Mar en Panamá cuando fungía como director Roberto Vallarino, la misma persona que autorizó mediante circular 005-2011 la exclusividad de Orion.

 

Salida de Panamá de lista gris pone en contrareloj a diputados

La Asamblea Nacional tiene el reto de discutir y aprobar en lo que resta de abril, dos proyectos para que Panamá no siga siendo considerado un paraíso fiscal por organismos internacionales.

Se trata de los proyectos de ley N° 167 y N° 183, que adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales y busca adelantar la vigencia del régimen de custodias para las acciones al portador, respectivamente.

Hoy a partir de la 1:00 p.m., la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea discutirá el proyecto que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al menos tres actividades confrontan problemas con el pago a proveedores, además de las dificultades que están teniendo los bancos con sus corresponsales y solo una de ellas, pone en riesgo unos 5,000 empleos, indicó a la agencia de noticias ANPanamá el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia.

El ministro de Economía ha señalado que el proyecto contra el blanqueo de capitales completa un 60% de una serie de medidas que debe poner el país en vigor a más tardar este año para cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De La Guardia ha dicho que espera que el proyecto sea aprobado antes de que terminen las sesiones de la Asamblea el 30 de abril, debido a que el GAFI ha llamado a Panamá a cumplir con una serie de acciones para la plenaria de junio próximo. De lo contrario habría que esperar al nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de julio de 2015.

De ser aprobado el proyecto de ley por la Asamblea y luego por el Ejecutivo, en la plenaria del GAFI se aprobaría enviar una misión para confirmar que Panamá ha adoptado los cambios, y tal vez, en octubre podría ser excluida de la lista gris donde aparece desde junio de 2014.

PROYECTO 167

Busca reforzar los controles y supervisiones en la banca, la actividad bursátil y otros sectores económicos, con el fin de evitar delitos financieros ampliando a 44 el número de sujetos regulados.

Actualmente, son supervisados el sector bancario, seguros y valores y se incluye actividades de las zonas francas, las promotoras y corredoras de bienes raíces, los juegos de azar, las casas de cambio, casas de empeño y de remesas, financieras, proveedores de tarjetas de crédito, compañías que comercializan metales y piedras preciosas, las que se dedican a la compra de automóviles y al ramo de la construcción, correos y telégrafos.

Además de las asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de encomiendas internacionales y la Lotería también deberán establecer controles contra las actividades delictivas de este tipo.

Adicionalmente, serán supervisadas las actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como es el caso de los contadores y los abogados. Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas ‘sujetos obligados’ y deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes.

PROYECTO 183

El lunes el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, también presentó un proyecto de ley que busca agilizar la vigencia del régimen de custodia de las accines al portador.

Este proyecto que consta de siete artículos busca modificarían los artículos 4, 5, 23, 25 y 28, de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013.

El artículo 4 y 5 se refieren a la entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la ley y los emitidos con posterioridad a la vigencia de la ley, respectivamente.

El artículo 23 se refiere la suspensión de custodio autorizado y el artículo 25 establece que el período de transición de los certiicados de acciones al portador emitidos antes de la vigencia de la ley tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la ley actual se extendía el plazo hasta enero de 2018.

Finalmente, el artículo 28 señala que la ley entraría a regir en 10 días despú es de su promulgación.

Juzgado rechaza recurso legal a Ignacio Fábrega

El Juzgado Primero Penal rechazó por improcedente un incidente de controversia presentado por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, acusado de corrupción tras supuestamente revelar información confidencial de la casa de valores Financial Pacific (FP), actualmente prófugo.

Fábrega presentó el recurso a través de su abogado, pidiendo que se anulara la inspección ocular que hizo la Fiscalía Tercera Anticorrupción a las computadoras de FP el 28 de enero de 2015.

En resolución del 25 de marzo pasado, el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, rechazó el recurso.

Fábrega fue detenido por este caso el 26 de febrero pasado y al día siguiente la fiscalía pidió su llamamiento a juicio.

Luego, el 3 de marzo, el juez Quesada Vallespi le dio una medida cautelar de país por cárcel y Fábrega fue liberado de inmediato.

El Segundo Tribunal Superior, en resolución del 26 de marzo, anuló la libertad concedida a Fábrega y ordenó que fuese recapturado. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Fábrega es acusado de lavado de dinero y otros tres delitos en otra querella presentada por FP, que está en la Fiscalía Decimocuarta.

Acelerarán vigencia de régimen de custodia

A partir de enero de 2016, las acciones al portador podrían desaparecer. Esto, luego de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentara ayer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que adelantará la entrada en vigencia de la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador y reduce el tiempo de transición de las empresas para adaptarse.

La pasada administración aprobó, en agosto de 2013, la norma que terminaría con las acciones al portador tal y como se utilizan hoy día. Las sociedades con acciones emitidas al portador tendrían que entregar los certificados a un custodio autorizado.

El Ejecutivo, que aprobó el proyecto en Gabinete el pasado 31 de marzo, para pasarlo a consideración de la Asamblea Nacional, determinó que la norma comenzará a regir 10 días después de su promulgación.

La regulación también contempla la reducción del periodo de transición que se concedía a las empresas con acciones emitidas al portador para cambiarlas por acciones nominativas o para entregarlas en custodia.

Según la norma original, el periodo de transición sería de tres años, a partir de la entrada en vigor de la ley 47. Y la obligación de inmovilizar las acciones existentes antes de la Ley se aplicaría en el año 2018. El Ejecutivo propone extender el plazo solamente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Trabajadores del Metrobús declaran paro indefinido de labores

A partir de las 12:01 de la madrugada de este lunes 6 de abril se iniciará un paro de labores indefinido de los operadores del Metrobús, informó el secretario general del Sindicato de Operadores del Metrobús, Antenor Guadamuz.

El dirigente transportista dijo que la decisión se tomó porque la empresa MiBus no ha cumplido con los acuerdos de indemnizaciones y pagos de horas extras a los trabajadores. "El día 30 de marzo se cumplió el pazo de 30 días acordados. Por la Semana Santa les dimos una semana para reflexionar, pero no hemos tenido respuesta", añadió. 

Guadamuz manifestó que no levantarán la huelga de brazos caídos hasta que la empresa les pague sus respectivas indemnizaciones. 

El dirigente dijo recientemente que la empresa MiBus está intimidando a los trabajadores con la presencia de agentes policiales en los diferentes patios e incumpliendo con el pago de seguro social.

"No entendemos como se está protegiendo a una empresa que está incumpliendo con el Estado, los usuarios y robando a los trabajadores", refutó.

La Prensa intentó contactar al asesor legal de la Presidencia, Francisco Sierra; a Samuel Rivera, secretario general del Mitradel y Milton Heríquez, ministro de Gobierno, pero no respondieron sus teléfonos. 

El secretario de comunicación del Estado, Manuel Domínguez, tuiteó la noche de este domingo que el Gogierno acordó garantizar todas las prestaciones de los operadores y que en febrero pasado se cumplió con la entrega del cálculo de sus prestaciones que oscilan en los 12 millones de dólares. 

Agregó que ese dinero se pagará "30 días después de que "se complete la adquisición de la empresa operadora por parte del Estado".

Se pagan comisiones inexplicables a favor de Cobranzas del Istmo

Tocumen, S.A. pagó en el ejercicio 2013 de manera voluntaria los impuestos morosos que tenía pendientes desde la creación de la empresa estatal. 

En el seno de la entidad que administra el principal aeropuerto del país no se entiende por qué la Dirección General de Ingresos (DGI) pagó una comisión de más de $21 millones a Cobranzas del Istmo, la empresa contratada por el anterior director general de Ingresos, Luis Cucalón, para la gestión de cobros de impuestos morosos.  

Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A., explicó que a finales de 2013 la entidad se dispuso a hacer una emisión de bonos por $650 millones para costear el muelle sur, la ampliación del aeropuerto que se construye en la actualidad.

En ese momento hubo un acuerdo entre la administración de Tocumen, S.A. y la extinta Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) para pagar todos los impuestos pendientes.  

Así consta en el prospecto de la emisión de bonos, documento público que se puede consultar en la Bolsa de Valores de Panamá: “La administración [de Tocumen, S.A.] ha identificado omisiones en reconocimiento de pasivos relacionados con impuestos… incurridos desde su creación como sociedad anónima. De acuerdo a las normas fiscales vigentes, no existe fundamento legal que exonere al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. del pago de dichos impuestos, como sociedad de capital estatal”.  

De los $650 millones que se obtendrían en la emisión, se calculó preliminarmente que $100 millones estarían destinados a cubrir esos impuestos.  

“Por eso es que Tocumen, S.A. paga $72 millones en el año 2013. Esto se pagó al Tesoro Nacional. Nosotros no pagamos a Cobranzas del Istmo. Aquí no hubo gestión de cobro de nadie”, recalcó Rosas, que concedió una entrevista a este diario junto a la gerente de Asesoría Legal de Tocumen, S.A., Rosana Serrano de Sanjur.  

Rosas dijo que si la empresa privada hubiera hecho alguna gestión de cobro, habría registros, “pero no tenemos constancia de que hubo gestión. Aparece que todo el trámite se hizo directamente con la ANIP”. 

En la misma línea se manifestó Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas y presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A. cuando se produjeron los pagos de impuestos pendientes. “Como presidente de la junta directiva de Tocumen S.A., nunca tuve conocimiento del pago de 

comisiones a Cobranzas del Istmo. Nuestro deber fue dar las aprobaciones para que Tocumen, S.A. se pusiera al día con lo que adeudaba al fisco”, apuntó el exministro, 

De Lima insistió: “La junta directiva de Tocumen, S.A., y me incluyo a mí, no tenía idea de que se iba a pagar una comisión sobre esos pagos morosos”. 

Consultado sobre la constancia de gestiones de cobro por las cuentas de Tocumen, S.A. en la DGI, su actual director Publio Cortés contestó que “no nos consta que se haya hecho tal gestión. De todos modos, esperamos que la Contraloría General de la República, como ente independiente, verifique todo y nos acogemos a sus resultados”. 

Según Cortés, en términos generales el trámite de pago de las comisiones estaba basado en un cálculo que hacía el sistema de la DGI con base a las cuentas asignadas a Cobranzas del Istmo.  

“Luego, la empresa presentaba una gestión de cobro que el anterior director refrendaba, posteriormente presentaban dicha gestión de cobro ante la Dirección de Tesorería de la Nación del MEF para que allá le pagaran. Eso es lo que hemos visto”, explicó. 

En una conversación anterior, y sin referirse concretamente a las cuentas de Tocumen, SA., Cortés cuestionó la falta de fiscalización de la administración anterior para verificar, antes de aprobar el pago de comisiones, que las gestiones de cobro presentadas por Cobranzas del Istmo habían sido realizadas efectivamente. 

La Prensa contactó al exdirector de la DGI, Luis Cucalón, para que ofreciera su versión sobre cómo manejó el contrato firmado en 2010, pero dijo que no hablaría hasta una próxima rueda de prensa. 

También se escribieron correos electrónicos a la representante legal de Cobranzas del Istmo, Magaly Ramos, pero no se obtuvo respuesta. 

La relación entre la DGI y Cobranzas de Istmo comenzó en agosto de 2010 con la firma de un contrato que convertía a la empresa en gestora de cobros de impuestos morosos. Aunque el contrato no establecía exclusividad, Cobranzas del Istmo fue la única compañía autorizada por la DGI para prestar el servicio. 

En el contrato se pactó que cuanto mayor fuera la antigüedad de las cuentas recuperadas, mayor sería la comisión, hasta un máximo de un 30%. 

Una auditoría encargada por la nueva administración del MEF determinó que la empresa recibió comisiones por $47.1 millones entre 2011 y la primera mitad de 2014. De esa cantidad, más de $21 millones corresponderían a comisiones al 30% ganadas por gestionar supuestamente los pagos morosos de Tocumen. S.A. 

Publio Cortés puso estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, que tienen abiertas investigaciones al respecto. 

El pasado miércoles, funcionarios de la DGI y de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción allanaron la sede de Cobranzas del Istmo, donde se incautaron de libros contables y de equipos informáticos. 

La Prensa quiso conocer más detalles sobre estas pesquisas y sobre el allanamiento, pero Cortés dijo que no podía hablar al respecto. 

En los últimos meses Cobranzas del Istmo ya no estaba haciendo gestiones de cobro para el Estado porque el contrato fue primero anulado por la DGI y luego declarado en suspenso por la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe adoptar una decisión final sobre el mismo.