El Director General De Ingresos, Publio Cortés, Anunció Ayer Nuevas

Finanzas (MEF), Cobranzas del Istmo no solamente tuvo acceso a la información de todos los contribuyentes, sino que también tuvo en sus oficinas equipos informáticos pertenecientes a la DGI.

Boris Quintero, asesor legal del MEF, dijo que en el allanamiento que se efectuó a Cobranzas del Istmo el pasado 1 de abril, producto de la investigación abierta en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, se detectaron CPU (computadoras de escritorio) y laptops con placas identificativas de la DGI. Las investigaciones de las autoridades deberán determinar cuándo salieron estos equipos de la DGI y en qué circunstancias llegaron a la sede de la empresa.

Consultado ayer al respecto, Luis Cucalón primero negó estas acusaciones y luego remitió a su abogado para cualquier aclaración.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden dijo que Cucalón “abusó de su autoridad. Él permitió que una empresa tuviera una información que era confidencial, cuando tenía que cuidar de esa información. Cucalón era el custodio del dinero y la información de los contribuyentes”.

Nuevas denuncias

Además de las revelaciones sobre cómo se amplió el acceso a la información de los contribuyentes a Cobranzas del Istmo, Cortés anunció ayer que ha presentado cinco nuevas denuncias por otras irregularidades en la gestión anterior.

En el primer caso, la DGI descubrió que se bloqueó el sistema de manera que la declaración estimada de renta no podía contener un monto menor al de la declaración jurada, algo que sí está permitido por la ley.  Además, aseguró, que “la DGI de forma irregular le quitó del sistema o redujeron el monto de declaraciones estimadas a contribuyentes sin que tuvieran derecho”.

El segundo caso está relacionado con una orden de detención preventiva hecha por Cucalón en un proceso de defraudación fiscal contra una empresa de telecomunicaciones. Cortés dijo que “la ley solo autoriza al director de la DGI para ordenar arrestos”. En este caso el contribuyente interpuso un amparo que fue admitido por la Corte, hecho que dejaba el caso en suspenso. Pese a tener este estatus, “Cucalón ordenó un secuestro arriba de $100 millones”, algo para lo que no estaba facultado, según el actual director de Ingresos.

En la tercera denuncia, Cortés señala que se levantó un secuestro de $450,000 a un contribuyente sin que hubiese pagado la deuda y “la única justificación que invocó el juez es que el secuestro se levantaba según autorización del Sr. Luis Cucalón”.

La cuarta se refiere a un secuestro decretado por el juez coactivo a petición de Cucalón. Según Cortés, el secuestro tenía que ser dictado directamente por Cucalón. En este caso, además, se detectó que aunque el contribuyente estuviera al día había un bloqueo en el sistema que no le permitía obtener un paz y salvo.

El quinto caso es referente a una finca de 934 hectáreas en Bocas del Toro que había sido rematada y adjudicada a la Nación en 1971 y tenía un secuestro desde 2008. Cortés dijo que “en julio de 2014, sin mediar justificación alguna, Cucalón ordenó el levantamiento del secuestro” de la finca y meses después un particular inició trámites para traspasar buena parte de la finca. Cortés dijo que tuvieron que hacer “grandes esfuerzos para ubicar el expediente, que estaba escondido” y que finalmente un juez coactivo dejó sin efecto el levantamiento del secuestro.

Casos de Cobranzas

Estos cinco casos se sumarán a otras dos investigaciones que ya están en curso en el Ministerio Público.

En la Fiscalía Primera Anticorrupción reposa el expediente por el supuesto delito de falsedad ideológica cometido por Cucalón en la confección del contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo. El MEF, que presentó la querella el pasado mes de enero, señala que Cucalón incluyó una afirmación falsa en el contrato cuando señaló que contaba con la autorización de la excepción de acto público, cuando esta no se tramitó con ninguna de las entidades facultadas para otorgarla. 

El MEF solicitó en la querella la detención preventiva de Cucalón, algo que todavía no ha decidido la fiscalía. Contra el exfuncionario no se ha girado orden para indagatoria ni tampoco se le han formulado cargos en esta denuncia. Hasta ahora las investigaciones que adelanta la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, se encuentran en la etapa sumarial.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, por su parte, sigue la investigación por otras denuncias previas presentadas por la DGI sobre la gestión misma del contrato, en concreto sobre cómo se asignaron las cuentas a Cobranzas del Istmo y cómo se determinaban las comisiones a cobrar por la empresa en cada caso.  

También está en este expediente el caso de las comisiones pagadas a Cobranzas por la supuesta gestión hecha para recuperar las cuentas morosas de Tocumen, S.A., la entidad estatal que administra el aeropuerto de Tocumen.

La gestora de cobros recibió $21 millones por un trabajo del que funcionarios de Tocumen dicen no tener constancia, como publicó este diario.

 “Por este caso, la Fiscalía debería abrir una investigación ante el posible delito de peculado. El Código Penal habla claramente de este tema”, argumentó Weeden, citando el artículo 338.

En los cuatro años que duró la relación contractual, Cobranzas del Istmo recibió $47.1 millones.

Consultado ayer sobre la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa, Cortés se remitió a la información contenida en el expediente, que data de 2010, cuando se gestó el contrato. En aquel momento, figuraba la sociedad Limacri Holding, S.A. como propietaria de las acciones de Cobranzas de Istmo y María Alessandra Salerno Gómez poseía los títulos de Limacri Holding, S.A.

Sobre los beneficiarios finales de la compañía, Cortés, dijo que “en Panamá, cuando una compañía puede emitir acciones al portador, en el registro público no se encuentra quién es el accionista”. Sí aseguró que al momento de hacer la contratación, Cucalón debió tener certeza de quién estaba detrás porque estaba obligado por la Ley de Contrataciones Públicas.

 

El “Affaire” Benavides Pasa A Manos De La Asamblea

El caso Benavides, el nuevo dolor de cabeza de la Corte Suprema de Justicia, tiene también al poder político en horas complejas. Ayer llegó a la Asamblea Nacional la primera denuncia por los señalamientos de supuesta pedofilia y ‘negociado' de fallos contra el magistrado de lo Contencioso Víctor Benavides, y este jueves se espera otra ante el Ministerio Público contra una ‘red' de abogados que habrían participado de la trama de corrupción en la justicia.

La Secretaría General de la Asamblea Nacional recibió la queja el martes por la tarde, aunque los diputados, paradójicamente, la mantuvieron en un silencio absoluto.

Aducían que, una vez se presentase, empezarían a investigar el caso.

El hecho pone a la Corte en entredicho apenas un mes después de la caída del magistrado Alejandro Moncada Luna, por enriquecimiento injustificado a su paso por la Presidencia del Palacio Gil Ponce.

La denuncia, suscrita por la firma de abogados Vega-Álvarez, se basa en siete artículos del Código Penal y no cita ninguna prueba más que el video en el que el detenido Vicente Caballero (secuestrador de la madre de Benavides y condenado por esa causa a 15 años de prisión) afirma cómo, según él, el magistrado contactaba a menores de edad con la intención de mantener relaciones sexuales. Revela también que recurrentemente depositaba hasta $20 mil en una cuenta en el Banco Nacional, producto del negociado con las decisiones judiciales.

Vega-Álvarez (en el que participa Ángel Álvarez, un jurista que conoce a Caballero) ha partido por delante del Colegio de Abogados y el Frente Anticorrupción, que habían anunciado que buscarían las ‘pruebas idóneas' para que la Asamblea abra un proceso contra Benavides y su colega Jerónimo Mejía, también citado en la supuesta trama de venta de fallos.

EL LADO ORDINARIO DEL ESCÁNDALO

Con una denuncia, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, instará hoy a la Procuraduría General a investigar a tres abogados que, ha dicho, formaron parte del círculo que pactaba los veredictos judiciales.

El activista se reservó los nombres de los juristas, aunque aseguró que trabajan directamente con los magistrados Benavides y Mejía, ambos nombrados durante el último gobierno del PRD.

Montenegro es de los que cree que la manera más práctica de adentrarse en el caso es que el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero sigan la pista de los depósitos que Caballero asegura haber hecho por Benavides, y escarbe en el nombre detrás de la cuenta que recibía los fondos.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, han considerado que la premisa del enriquecimiento ilícito es la más factible para un caso como el que enfrenta la justicia ahora.

El Movimiento Dignidad, liderado por el expresidente del Molirena Jesús Rosas, ha pedido al Colegio de Abogados interceder ante el Ministerio de Gobierno para lograr un permiso de cita con Caballero en la prisión de Santiago, para ‘verificar si son ciertas sus gravísimas acusaciones contra Benavides' y si, tal como había afirmado, tiene las pruebas que avalen sus señalamientos.

La agrupación aspira a que, frente a un notario, Caballero ratifique las denuncias que hizo en un video la semana pasada, cinta que ha generado debate entre los abogados, al considerar que no sería una prueba válida ante el tribunal político que debería formarse en la Asamblea.

EL EFECTO POLÍTICO

El excontralor Alvin Weeden, con un tono menos crítico de lo usual, ha instado a Benavides a salir al paso del affaire , antes de que los ‘juicio de valor, ciertos o falsos' hagan efecto.

‘Esto no lo puede seguir ignorando (…) la Asamblea tiene que escucharlo y determinar si deben abrir un caso o si hay méritos para investigar', advirtió.

Benavides está a siete meses de salir de la Corte Suprema, hecho que levanta suspicacia en su defensor, Ángel Gómez, quien asegura que la denuncia de Caballero responde a su rencilla por no haber sido favorecido en un proceso de casación para revertir su condena de prisión por haber retenido a la madre de Benavides.

El presidente Juan Carlos Varela, tras la caída de Moncada Luna hace mes y medio, pidió que casos como ese no se repitieran, aunque sutilmente adelantó que habría más. ‘Vienen más casos', dijo textualmente. Ahora parece ser el turno de Benavides.

Nuevas Acciones En Caso De Cobranzas Del Istmo

Autoridades del MEF han convocado para hoy a una conferencia de prensa, en la que anunciarán posibles nuevas demandas en el caso y para responder a los señalamientos sobre el contrato que hizo Cucalón el lunes pasado.

Este medio entrevistó a Publio Cortés, actual director de la DGI, para que adelantara las nuevas acciones legales en este caso, pero señaló que hoy se darán los detalles.

Las acciones del MEF se dan luego de que Cucalón declarara que cuando otorgó el contrato a Cobranzas del Istmo en 2010 tenía aval de sus superiores, el titular del MEF, Alberto Vallarino; y el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

También indicó que la iniciativa de tercerizar el cobro de impuesto fue de De La Guardia.

DOS INVESTIGACIONES

Actualmente, en el Ministerio Público se siguen dos procesos a Cucalón, uno de ellos en la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestamente incurrir en el delito de falsedad ideológica en perjuicio del MEF por el contrato otorgado a Cobranzas del Istmo en 2010.

Esta querella penal fue presentada el 19 de enero pasado por el actual titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, quien pidió el arresto preventivo para Cucalón, pero la fiscalía no ha otorgado al exfuncionario ninguna medida cautelar.

La segunda investigación está radicada en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción y se originó tras una denuncia que interpuso el actual jefe de la DGI, Publio Cortés, el pasado 20 de enero.

Esta investigación versa sobre cómo se hizo el contrato y los $47.1 millones que recibió Cobranzas del Istmo en cuatro años por gestionar cuentas morosas al Estado, así como por el pago de $21 millones a la compañía contratante por supuestamente haber gestionado una deuda pendiente con Tocumen, S.A.

ALLANAMIENTOS

Por este último proceso, la fiscal cuarta, Ruth Morcillo, allanó el 1 de abril pasado las oficinas de Cobranzas.

El resultado de esta acción fue la incautación de computadoras que posteriormente fueron remitidas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que peritos de informática realicen una inspección de los equipos respecto a las acciones realizadas por la empresa.

Ese mismo día, la DGI también hizo un allanamiento a Cobranzas del Istmo y decomisó libros notariales que tienen que ver con los registros de cobros realizados a compañías morosas.

DE LA GUARDIA RESPONDE

Al preguntársele a De La Guardia si era cierto queavaló la tercerización del cobro de impuestos, respondió: “son dos temas distintos. Nosotros estamos cuestionando el hecho de que se haya otorgado un contrato sin haber contado con las autorizaciones del Consejo de Gabinete, del Consejo Económico Nacional (Cena) y del Ministerio de Economía y Finanzas. La ley es clara y manda a que los contratos directos tengan autorización del Gabinete, el MEF o el Cena. La tercerización está incluida en el Decreto 109 de 1970, que es de muy vieja data”.

¿Seguirá vigente la figura de la tercerización?

Hemos tomado la decisión de que en esta administración no vamos a tercerizar el cobro de los impuestos.

DEFENSA

Carlos Carrillo, abogado de Cucalón, reiteró ayer que el contrato no establecía ningún monto concreto, puesto que la empresa cobraría de acuerdo al monto recuperado para el Estado. Por lo tanto, al momento de elaborar el contrato no había forma de saber a cuál de las tres entidades se le debía elevar la petición de excepción del acto público.

Reiteró que el contrato tuvo un aval en 2010 y ahora el MEF se contradice con sus demandas en 2015.

 

Panamá Reactiva Negociación Con Venezuela

Una misión oficial encabezada por el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, viajará hoy a Venezuela para comenzar a trabajar, entre otras cosas, en el mecanismo de pago de las deudas que el país sudamericano mantiene con la aerolína Copa Airlines y empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Además, se instalarán mesas de trabajo enfocadas en la agenda social, servicios aéreos, comercio y energía. En este último punto se buscará reactivar los acuerdos existentes entre ambos países.

El encuentro de hoy se concreta una semana después de que la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reuniera con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sobre las deudas que mantiene el Estado venezolano, y que el gobierno panameño intenta encontrarle un método de pago desde 2013, bajo la administración de Ricardo Martinelli, Copa Airlines y compañías de la ZLC esperan por la cancelación de $480 millones y $530 millones, respectivamente.Una misión oficial encabezada por el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, viajará hoy a Venezuela para comenzar a trabajar, entre otras cosas, en el mecanismo de pago de las deudas que el país sudamericano mantiene con la aerolína Copa Airlines y empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Además, se instalarán mesas de trabajo enfocadas en la agenda social, servicios aéreos, comercio y energía. En este último punto se buscará reactivar los acuerdos existentes entre ambos países.

El encuentro de hoy se concreta una semana después de que la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se reuniera con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sobre las deudas que mantiene el Estado venezolano, y que el gobierno panameño intenta encontrarle un método de pago desde 2013, bajo la administración de Ricardo Martinelli, Copa Airlines y compañías de la ZLC esperan por la cancelación de $480 millones y $530 millones, respectivamente.

Cucalón: Vallarino Y Dulcidio Avalaron A Cobranzas Del Istmo

Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia tenían conocimiento de que la empresa que se dedicaría a cobrar las cuentas morosas del Estado se contrataría de forma directa. Esa labor terminaría encomendándose a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 podría haber ganado $47.1 millones en comisiones ilegales.

‘Los documentos (del contrato) pasaron por todos los despachos. Cualquiera podía impugnarlos', declaró el abogado Carlos Carrillo, defensa del exdirector de Ingresos Luis Cucalón, en una conferencia de prensa conjunta realizada ayer en horas de la tarde.

Las declaraciones del abogado del exrecaudador de impuestos se producen tres meses después (16 de enero de 2015) de que el actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, interpusiera una demanda por la supuesta comisión de delito contra la fe pública (falsificación ideológica de documento) para favorecer la contratación de CISA.

De comprobarse la culpabilidad de Cucalón, tendría que enfrentar una pena de entre cuatro a ocho años de prisión.

La defensa del exdirector de recaudación señaló que existe una contradicción legal en la querella penal contra su representado.

De La Guardia señaló que se contrató directamente a esta empresa sin las autorizaciones correspondientes del Consejo Económico y del Consejo de Gabinete.

Pero según Carrillo, el ministro se contradice: el 8 de abril de 2011, en una carta dirigida al procurador encargado, Ramsés Barrera, él mismo señaló que el contrato era ‘lícito, legítimo, de su conocimiento y de contratación directa'.

En esta misiva, que aporta la defensa, el entonces viceministro reconoce que el contrato de CISA estaba enmarcado en la Ley 33 del 30 de junio de 2010 y el Decreto Ejecutivo N° 22 de 17 de marzo de 2010, entre otras normas. El abogado no se explica ahora cómo el hoy titular de Economía y Finanzas lo desconoce.

La nota de De La Guardia al procurador se da en el marco de una denuncia interpuesta por la señora Norma González de De Frías contra el ministro de Economía y Finanzas y el Director General de Ingresos de entonces, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en el procedimiento de contratación directa de CISA.

Carrillo recuerda, además, que cuando se suspendió el contrato a CISA, en octubre de 2014, el ministro reconoció el servicio prestado por el contratista, al amparo del contrato N°100 de 25 de agosto de 2010. El jurista detalló que el contrato fue adjudicado en 2010, después de estudiarse el informe de una comisión evaluadora integrada por un grupo de funcionarios, y de que se fijara el monto de la fianza de cumplimiento y de manejo.

‘Yo no escogí a Cobranzas ni escogí a ninguna empresa. Es más, yo me oponía a la tercerización del cobro de impuestos', aseguró Cucalón a este medio, en una entrevista exclusiva anterior.

Según agregó Cucalón en aquella ocasión, el contrato no fue llevado a Gabinete porque ‘no establecía montos'. El caso de falsedad ideológica ‘no tiene ningún agarradero jurídico, porque el ministro (Vallarino) y la contralora (Torres de Bianchini' admitieron que era imposible ponerle un monto al contrato' cuando se firmó la fianza de cumplimiento y de manejo, el 10 de agosto de 2010, repitió Cucalón en la rueda de prensa.

Quince días después, se procedería a la firma del documento, bajo competencia del exdirector de ingresos, como lo establece el Decreto Ejecutivo N°22 de 17 de marzo de 2010, que reglamenta a los gestores de cobros estatales.

Por instrucción del Ministerio de Economía, La Estrella de Panamá , interesada en conocer la versión del ministro De La Guardia, llamó a su abogado, Boris Quintero, quien no contestó.

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ONEROSAS COMISIONES

Justifican cobros a Tocumen, S.A.

El abogado Carlos Carrilo señaló que Tocumen, S.A., era una sociedad anónima y esto permitía a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), gestionar los cobros de impuestos morosos.

CISA ganó $21 millones en comisiones por cobrar impuestos morosos a Tocumen, S.A., una empresa cuyo único accionista es el Estado.

Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, señaló que el contrato que firmó la empresa con el gobierno no excluía a Tocumen, S.A. del cobro de impuestos morosos.

Sin embargo, parte de las comisiones cobradas por CISA a Tocumen no cumplían con los términos de morosidad impuestos por el contrato, que exigía 30 meses de morosidad para una comisión del 30%.

Carlos Carillo, abogado de Luis Cucalón

‘ En 2011, De la Guardia envió una carta en la que reconocía que el contrato de CISA era lícito, legítimo y de su conocimiento',

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GESTIÓN DE COBROS

CISA facturó y cobró millonarias comisiones al Estado.

$172.9 millones en cuentas morosas recuperó la empresa CISA al Estado entre 2010 y 2014, en virtud de un contrato.

$47.1 millones ganó en comisiones CISA por recuperar una cartera de impuestos morosos del Estado.

 

Millones Amasado Del PAN; Rubén De Ycaza Confiesa Riquezas

La opulencia y derroche del comerciante Rubén De Ycaza podrían haberlo llevado a gastar cifras astronómicas.

De acuerdo con la Fiscalía Segunda Anticorrupción, la lesión patrimonial al Estado se cifra por el momento en el orden de los 30.4 millones de dólares, luego de que una sociedad de este empresario le vendiera 60 millones de dólares en comida deshidratada al Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La fiscalía advierte de que “se deben justificar los fondos con los que se adquirieron” los bienes obtenidos por el imputado entre 2010 y 2011.

Fue a través de dos contratos directos, otorgados a Lerkshore International Limited en 2010, que el PAN comprometió los 60 millones de dólares para la compra de comida deshidratada que se repartiría en escuelas de difícil acceso del país.

Pero de esos dos contratos, la fiscalía solo investiga el último –de 44.9 millones de dólares–, a pesar de que De Ycaza confesó que los bienes que posee proceden de los réditos que le dejaron ambos contratos con el PAN.

El del edificio The Forum se adquirió en 350 mil dólares, según sus papeles en el Registro Público. La hija de De Ycaza pagó 150 mil dólares por adelantado y los otros 200 mil dólares se pagarían a través de un préstamo hipotecario.

“El pecunio que posee Rubén De Ycaza no se justifica si se toman en cuenta los recursos con los que contaba él al momento de contratar con el Estado, y al ser cuestionado sobre estos recursos, manifestó que provienen de dos contratos celebrados con el Estado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli”.

Lo anterior lo expuso en enero pasado la entonces fiscal Anticorrupción Lizzette Chevalier, cuando pidió cautelar los bienes de De Ycaza. Por entonces, se le aprehendieron las fincas donde se construía la mansión en la urbanización Dos Mares, en Betania, registradas bajo la sociedad Grupo Ycamel.

¿ACAUDALADO?

El abogado de De Icaza, Rolado Rodríguez Chong, en entrevista concedida a TVN Noticias la semana pasada, aseguró que su cliente, cuando firmó los contratos con el PAN, era un hombre con recursos, capaz afrontar los contratos por 60 millones de dólares con el PAN.

No mencionó Rodríguez Chong que su cliente vivía en ese entonces en una modesta casa rentada en Camino Real de Betania. Y que, según su propio cliente, sus bienes provienen de los astronómicos beneficios que estos le rindieron.

La versión del abogado defensor riñe también con lo que reveló una fuente vinculada a la Superintendencia de Bancos.

Este informante indicó que ese organismo bancario aprobó en 2012 la venta del Banco Trasatlántico –en el que De Ycaza era accionista minoritario– al Balboa Bank & Trust con la única condición de que el empresario no tuviera ninguna participación accionaria en el Balboa Bank & Trust.

La decisión se debió –según la fuente– a que se detectó que “la única fuente de ingresos que tenía De Ycaza era el contrato con el PAN”.

EL ‘PRÉSTAMO’

Pero De Ycaza no se fue muy lejos del Balboa Bank & Trust.  El 30 de abril de 2014, De Ycaza pidió un préstamo hipotecario de 2.5 millones de dólares a este banco para construir su mansión, según las escrituras del crédito.

El préstamo se desembolsó el mes siguiente, pero un informante dijo estar sorprendido por la solicitud de la hipoteca.

Resulta que la compra de las dos fincas, la elaboración de los planos de la casa y el inicio de su construcción se hizo con el adelanto de 3 millones de dólares que recibió en junio de 2010 De Ycaza por su primer contrato de comida deshidratada con el PAN.

Seis meses después –en diciembre de 2010– Lerkshore International recibió un segundo contrato directo, esta vez por por 44.9 millones de dólares, para venderle al PAN comida deshidratada, contrato que suscribió el entonces director del PAN, Giacomo Tamburrelli, y De Ycaza.

Consultado sobre la hipoteca concedida a De Ycaza, el vicepresidente ejecutivo del Balboa Bank & Trust, Ramón Martínez, respondió que el  

financiamiento se otorgó a De Ycaza antes de revelarse todo este escándalo.

Un testigo, experto en alimentos deshidratados, declaró a la autoridad que el precio del arroz entregado al PAN por Lerkshore fue de 15.85 dólares la unidad, pero el precio en el mercado es de solo 5 dólares la unidad.

¿El préstamo fue concedido a De Ycaza antes de empezar la construcción de la residencia? El vicepresidente ejecutivo del banco evadió una respuesta directa: “…Las fotos publicadas en La Prensa dan cuenta de esto”, refiriéndose al hecho de quebuena parte de la mansión ya estaba construida cuando se concedió la hipoteca.

La imagen de esa casa fue captada por La Prensa el 4  de diciembre de 2014, siete meses después de que el Balboa Bank aprobara el préstamo.

El banquero también evitó hablar de los bienes financiados por el banco a favor de De Ycaza y que ahora están cautelados por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

“La Ley Bancaria nos impide dar esta información, so pena de multa”, resaltó Martínez, aunque aseguró que el financiamiento “cumplía con el debido proceso, las garantías y el respaldo financiero exigido para su repago”.

La fiscalía ha cauteladoinmuebles a De Ycaza, que, curiosamente, tienen en común un préstamo hipotecario con el Balboa Bank, aunque no está incluida la residencia que compró en El Avance (en Betania), donde De Ycaza está confinado.

OTROS BIENES

Dos apartamentos en los PH The Forum y San Francisco Bay también están vinculados a De Ycaza, a través de dos de sus hijos. Los apartamentos se compraron entre marzo y noviembre de 2013.

El del edificio The Forum se adquirió en 350 mil dólares, según sus papeles en el Registro Público. La hija de De Ycaza pagó 150 mil dólares por adelantado y los otros 200 mil dólares se pagarían a través de un préstamo hipotecario.

El garante sería su padre, quien mantenía una cuenta en el Balboa Bank, hoy cautelada. Empresas de bienes raíces describen este edificio como “un exclusivo condominio residencial  con tan solo 42 lujosos apartamentos con diseño arquitectónico, estilo neoclásico, previéndole a sus residentes un ambiente exclusivo y familiar”.

En tanto, el hijo de De Ycaza adquirió un apartamento en 408 mil 500 dólares, de los cuales pagó 118 mil 500 dólares por adelantado. El resto fue desembolsado a través de préstamo hipotecario –también del Balboa Bank & Trust–, pero por un monto superior al que se le debía al vendedor.

Ambos apartamentos fueron aprehendidos provisionalmente por la Fiscalía Anticorrupción y puestos a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas.

La medida la aplicó la fiscal Vielka Broce el pasado 27 de febrero, al señalar que los apartamentos están garantizados con fondos a nombre de De Ycaza, quien –como se dijo– admitió que su patrimonio proviene de los contratos con el PAN.

CONTRATO A LA MEDIDA

La fiscalía cree que las operaciones de De Ycaza con el Estado “han causado una lesión al erario de más de 45 millones de dólares”.

La decisión de aprehender bienes –sustentó la fiscal Broce– es que fueron adquiridos “con dineros que el propio” De Ycaza confirmó que “son producto de los contratos que el Estado a través del PAN otorgó a la sociedad Lerkshore International”, que tiene como representante legal al imputado.

Agregó que, aunado a lo anterior, las fechas de adquisición de fincas y propiedades son posteriores a los contratos otorgados por el Estado.

El monto de la lesión se basa en el valor de cada unidad de comida deshidratada entregada al PAN, la cual fue procesada originalmente por la empresa brasileña Prativita, proveedora de Lerkshore y que luego vendió al PAN.

Un testigo, experto en alimentos deshidratados, declaró a la autoridad que el precio del arroz entregado al PAN por Lerkshore fue de 15.85 dólares la unidad, pero el precio en el mercado es de solo 5 dólares la unidad.

El testigo, de acuerdo con el expediente, destaca que lo mismo ocurrió con los paquetes de sopa instantánea vendidos al PAN en 26.04 dólares la unidad, aunque en el mercado tienen un precio cercano a los 5 dólares, lo que reflejaría un sobrecosto de 19 dólares por paquete.

En la lista de productos ingresados por Lerkshore al PAN por encima de los costos a los que vende Prativita, están los paquetes de frijoles, lentejas, carnes y legumbres.

COMIDA QUE ENFERMA

Lerkshore International, creada en Islas Vírgenes Británicas, fue inscrita en el Registro Público panameño el 25 de marzo de 2010, y dos meses después el Ministerio de la Presidencia anunció el reemplazo de la leche y galleta nutricional por la comida deshidratada.

No bien empezó a distribuirse la comida deshidratada en centros escolares, las quejas empezaron a llover. Padres de familia, en especial de Veraguas y Coclé, reportaron públicamente que sus hijos fueron llevados a centros de salud con vómitos, diarrea y alergias.

Para el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Lucy Molinar, y para el PAN los cuadros de intoxicación no eran provocados por la comida. A pesar de estos cuadros, certificados por centros de salud de esas regiones, se firmó el segundo contrato, en diciembre de 2010.

Fue el 7 de octubre de ese año que la junta directiva del PAN aprobó autorizar la contratación directa de Lerkshore hasta 2014, “en vista de los buenos resultados que hemos tenido con el cuerpo administrativo y los docentes”. Nadie se dio por enterado de los problemas que empezaba a causar la comida en los niños.

El acta de la reunión de la directiva del PAN agrega que “sería riesgoso nuevamente iniciar entre ensayo y errores una nueva contratación”.

Claves Para Entender La Denuncia Contra El Magistrado Benavides

La condena y el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a los implicados por el secuestro de Cecilia Pinilla viuda de Benavides parece ser la clave que conecta a la denuncia pública que se presentó la semana pasada contra el magistrado Víctor Benavides, en la cual se le señala de supuesta "venta" de fallos y pedofilia.

Vicente Caballero, exjefe de seguridad y exescolta del magistrado Benavides, purga una condena de 15 años de prisión por el secuestro y robo en perjuicio de la madre de Benavides.

Por este hecho también fue condenado Edgar Amilkar Caballero, hijo de Vicente Caballero.

Secuestro

Corría la mañana del 13 de octubre de 2010 cuando fue secuestrada la madre del magistrado Víctor Benavides, quien se encontraba en compañía de Silvina Cortés, Evangelina Cáceres y Argelia Benavides, esta última hermana del magistrado. Estas mujeres fueron sometidas por los delincuentes, quienes para hacer ver que era un robo común se llevaron un televisor de la casa, joyas y el dinero. El hecho ocurrió en Santiago, provincia de Veraguas

Pero estos delincuentes, no iban solo por el dinero, sino que cargaron con la señora Cecilia Pinilla, de 95 años de edad y se la llevaron en un auto tipo taxi, con destino a la ciudad de Panamá. No pasó mucho tiempo cuando llamaron al magistrado Benavides para solicitar un rescate por su madre.

Los plagiadores pedían la suma de 60 mil dólares como rescate. Y que adicional dejaran el dinero con su escolta – Vicente Caballero Zamorano– para que él lo entregará a los secuestradores por las inmediaciones del Instituto Nacional.

Por su parte, los autores materiales del secuestro abandonaron a la anciana en un herbazal cercano al cementerio de Pocrí de Aguadulce, en la provincia de Coclé. Habrían recorrido unos 58 kilómetros.

Una fuente indicó que la sospecha recayó sobre Vicente Caballero Zamorano, escolta del magistrado Benavides, cuando los secuestradores pidieron que él fuese el que entregara el dinero del rescate.

Números de teléfonos celulares lo vincularon. El número de celular que utilizaba el escolta para comunicarse con tres mujeres, a las que le unía un lazo sentimental, fue la clave para que se le formularan cargos como autor intelectual delos delitos de robo y secuestro.

Denuncia de corrupción y pedofilia

El pasado viernes se difundió en las redes sociales y en televisión nacional un video en el cual Vicente Caballero, desde la cárcel, acusaba de corrupción y pedofilia al magistrado Benavides.

Esto abrió un número de interrogantes desde la posibilidad de que el magistrado sea investigado por la Asamblea Nacional por la denuncia de “venta” de fallos y pedofilia hasta de medir el valor de las declaraciones de un individuo que, tras las rejas, hace una denuncia pública contra un juez que de alguna forma tuvo que ver con su situación penal. ¿Por qué Vicente Caballero esperó tanto tiempo para hacerla? ¿Tiene la denuncia suficiente peso para que Benavides corra la misma suerte de su excolega, Alejandro Moncada Luna, condenado por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica?

Lo cierto es que el próximo diciembre el magistrado, que pertenece a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, culmina su periodo en este Órgano del Estado tras ser designado en el cargo por Martín Torrijos hace una década.

Magistrado Del TE Asegura Que Hay Una Campaña De Desprestigio

A su juicio, existe una “campaña de desprestigio” contra la entidad que dirigen luego de la divulgación de denuncias de supuesto nombramiento de familiares del magistrado Erasmo Pinilla.

“Los nombramientos en el Tribunal lo hacemos los tres magistrados”, indicó.

Ayer, la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicitó investigar al magistrado Erasmo Pinilla

La directora general de la Antai, Angélica Maytín, indicó que la petición contra Pinilla obedece a que el magistrado supuestamente tendría en la planilla del Tribunal Electoral a ocho de sus familiares.

Sobre esto, Valdés Escoffery adelantó que la próxima semana analizarán en el pleno las denuncias de supuestas prácticas de nepotismo en la institución.

 

Investigan 9 Casos De Nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) analiza nueve casos de nepotismo en entidades del Estado. La directora de Antai también pidió investigar esta mala práctica en el Tribunal Electoral.

Más destituciones por nepotismo

Se han tomado acciones sobre los casos de nepotismo denunciados.

El anterior es el preámbulo de un anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el que comunicó que abrió una serie de investigaciones sobre cada uno de los casos de nepotismo denunciados en la entidad. Prometió también que procederá con las destituciones correspondientes, si se comprueba que violaron “la normativa vigente”.

Las autoridades del MEF también confirmaron, sin precisar nombres, que algunos de los funcionarios involucrados en los casos de nepotismo “ya han presentado sus renuncias”.

El hecho se da dos días después de que este medio revelara que Flor Elizabeth Escudero, subdirectora de Recursos Humanos del MEF, tiene nombrados en esa institución a una hermana y a tres sobrinas.

Escudero logró que se nombrara a su hermana [de madre] Edith Elena Urriola Escudero como administradora de la Dirección Superior de Recursos Humanos, con un salario de mil dólares mensuales.

Asimismo, nombró a tres sobrinas: a Enith Aimee Laguna Urriola en la Dirección de Relaciones Públicas, con un salario de mil 440 dólares; Tania Tamara Arboleda como analista financiera en la sección de Ingresos en La Chorrera, con un salario de 900 dólares; y Ailin Yanela Urriola, asistente del despacho del director de Programación de Inversiones, con mil 500 dólares de sueldo.

Escudero reconoció su error y afirmó que sus familiares “son personas que están trabajando, que se están ganando su sustento, no son botellas (…) además, ya están por renunciar… en mayo no estarán en la institución”, aseguró la funcionaria.

NUEVA DENUNCIA

El MEF también investiga una supuesta relación de pareja entre Agustín Mejía, director de Programación de Inversiones; y Marcela Hernández Fernández, adscrita a la Dirección de Gestión Administrativa, y si por este vínculo se incurre en nepotismo.

Y es que el artículo 41 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, inherente al nepotismo, señala expresamente que los servidores públicos deberán abstenerse de “ejercer la función pública en la misma unidad administrativa o en unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control o fiscalización, y en las que laboren personas incluidas en los mencionados vínculos de parentesco –pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad–, “ya sean originales o sobrevinientes, sin notificar tal situación oportunamente a su superior jerárquico”.

La Dirección de Recursos Humanos del MEF informó este martes a La Prensa que Hernández labora en ese ministerio desde el 6 de enero de 1992 y es funcionaria de carrera administrativa. Asimismo, descartó que haya una relación de pareja entre ambos funcionarios.

EL MIDES INVESTIGA

Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alcibiades Vásquez, confirmó ayer que investiga un caso de supuesto nepotismo denunciado en esa entidad.

La denuncia fue realizada por José Saturnino Álvarez contra Janett Rodríguez de Bravo, directora regional del Mides en Panamá Oeste.

Álvarez señaló que Rodríguez nombró a varios familiares, entre estos a Jorge Marín como analista de sistema y métodos informáticos, con un sueldo de mil dólares mensuales; a Minerva González Castillo, coordinadora de transporte, con el mismo salario; y a Marlin Gutiérrez, administradora I, con mil 200 dólares de salario mensual.

Vásquez informó que en la reunión del Consejo de Gabinete del pasado martes, el presidente Juan Carlos Varela pidió informes sobre los casos de nepotismo en el Mides y el MEF.

El ministro anunció que el lunes podría estar listo el suyo. “A veces es tan difícil determinar quiénes son familia”, alegó.

ANTAI INVESTIGA

Angélica Maytín, directora ejecutiva de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), informó ayer que investiga casos de nepotismo “en más de nueve instituciones”, incluyendo los denunciados en el MEF y el Mides.

Recordó, sin precisar nombres ni entidades, que dos funcionarios fueron destituidos y seis renunciaron.

A su vez, confirmó que solicitó a la Procuraduría de la Administración investigar al presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, por supuestos casos de nepotismo en la entidad.

Otra de las instituciones que está en la mira es la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), donde Ada Romero, directora de la entidad, habría nombrado a una sobrina.

La jefa de Recursos Humanos de la Ampyme, Nilka González, negó ayer en rueda de prensa que allí labore una sobrina de Romero, cuyos parientes, precisó, viven fuera de Panamá.

Vallarino Debe Responder Por El Contrato De Cobranzas Del Istmo

El exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino negó haber estado involucrado en la negociación y adjudicación del contrato que se le otorgó de manera directa a la empresa privada Cobranzas del Istmo, S.A., a la que diferentes testimonios y documentos atribuyen comisiones de al menos $47 millones, no todas acordes al sistema de compensación contemplado en el contrato por su labor como gestora de cobros de impuestos del Estado entre 2010 y 2014.

Los documentos a los que ha tenido acceso La Estrella de Panamá demuestran, sin embargo, que Vallarino estableció personalmente la fianza para contratar la empresa con la que se tercerizaría el servicio y que terminó siendo, en menos de un mes, Cobranzas del Istmo. Los documentos, firmados por el exfuncionario, junto con la excontralora Gioconda Torres, demuestran que conocía el proceso de contratación directa aprobado para encargar el cobro de la cartera morosa del Estado, según decreto ejecutivo número 22 del 17 de marzo de 2010, que firma el expresidente Ricardo Martinelli y Frank De Lima como su subalterno.

La Resolución 183 del 10 de agosto de 2010, firmado por el exministro y la contralora, Gioconda de Bianchini, establece ‘que se llevará a cabo una contratación directa para gestores de cobros de la cartera morosa'.

Ese mismo documento dicta que la empresa deberá consignar una fianza de $450 mil. Ese mismo día, el exministro y la excontralora firmaron la Resolución 184 que reduce la fianza a hasta $50 mil.

Quince días después de la resolución, se firmó el contrato con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

Vallarino responsabilizó directamente a Luis Cucalón de contratar a la empresa, entonces a cargo de la Dirección General de Ingresos, que, sin embargo, respondía directamente al Ministerio de Economía y Finanzas que él dirigía.

El propio Cucalón ha dicho que ‘el funcionario público solo puede hacer lo que está en esta ley' tomando en consideración que el Decreto Ejecutivo 22 del 17 de marzo de 2010 estableció que era el director de ingresos quien debía firmar el contrato con la empresa.

Sí recalcó a este periódico que la decisión no fue suya, sino de un equipo evaluador, que escogió entre las mejores propuestas.

La Estrella de Panamá conoció que el proceso para contratar la empresa empezó en el mes de marzo, cuando se creó el Decreto Ejecutivo 22 del 17 de marzo de 2010, que reglamenta la contratación de los gestores de cobros. En agosto, el proceso culminó con la elección de Cobranzas del Istmo, que al parecer concursó con otras cuatro empresas.

Cucalón, que llegó al puesto de director de ingresos de la mano de Vallarino, precisó, por su parte, que la ley que permitió la tercerización de los cobros morosos fue propuesta por ‘el entonces viceministro de Finanzas Dulcidio De La Guardia, y el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, en 2009'.

VALLARINO RESPONDE

Consultado por este periódico, Vallarino declaró por escrito a La Estrella de Panamá que no ha tenido participación accionaria alguna o intereses económicos en Cobranzas del Istmo ni relación empresarial con Cristóbal Salerno, propietario inicial de dicha empresa.

El exministro agrega que durante su gestión se dedicó a realizar una ‘labor intachable' en la institución a su cargo.

A juicio de José Javier Rivera, abogado tributarista, tanto Cucalón como Vallarino deben responder por la lesión patrimonial que se le ha causado al Estado.

Rivera explicó que Cucalón estaba bajo plena jerarquía de Vallarino.

Esta opinión la comparte el abogado Miguel Antonio Bernal. ‘Él tiene un alto grado de responsabilidad', señaló Bernal.

Es ‘difícil, casi imposible que – a Vallarino – se le investigue, porque forma de los íntimos del poder y esos no pueden ser investigados.', indicó el catedrático.

Según José Javier Rivera, nadie puede creer que Vallarino no estaba al tanto de lo que se estaba haciendo en la Dirección General de Ingresos (DGI) con el contrato de Cobranzas del Istmo cuando él era ministro.

LA EMPRESA

Entre 2010 y 2014, la empresa Cobranzas del Istmo facturó y cobró al Estado panameño comisiones millonarias por tramitar deudas morosas.

Informes de las cuentas de Cobranzas del Istmo a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá revelan que la gestora facturó comisiones del 30% por la gestión de más de 30 cuentas que tenían vencimientos menores a los 30 meses señalados por contrato para controlar su intervención.

El contrato, que también conoce este diario, establece esas comisiones (de hasta un 30%) solo para ‘el cobro de ‘impuestos, tasas o contribuciones de los contribuyentes con morosidad de 30 meses en adelante'.

Publio Cortez, el actual director general de ingresos, señaló que al 29 de marzo de 2010, Cobranzas del Istmo tenía un capital social autorizado de 500 acciones. propiedad de Limacri Holding, S.A.

A esa fecha, cuando se emitió una certificación del contador Omar Luna, que solicita la ley para concursar como empresa gestora de cobros, las acciones estaban a nombre de María Alessandra Salerno Góm ez.

‘ Se desconoce si se ha cambiado la propiedad de las acciones a esta fecha', concluyó Cortez a solicitud de este diario.

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José Javier Rivera

‘ Ambos (Cucalón y Vallarino) deben responder por esta contratación directa que fue en detrimento del fisco',

ABOGADO TRIBUTARISTA

Miguel Antonio Bernal

‘ Es difícil y casi imposible que se le investigue (Vallarino) porque forma parte de los íntimos del poder',

ABOGADO

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COMISIONES OBTENIDAS

Cobranzas del Istmo cobró millonarias comisiones.

$47 Millones ganó en comisiones la empresa por haber gestionado el cobro de impuestos morosos entre 2010 y 2014

$21 Millones ganó la empresa por haber gestionado cobros de impuestos morosos a la estatal Tocumen, S.A.