Magistrado Benavides, En Triangulaciones Sospechosas

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En los últimos meses, las acusaciones por corrupción aparecen por montones en los periódicos, pero hay una fórmula de la que poco se habla o no se le presta atención: la triangulación entre las instituciones del Estado.

Para muestra, un botón. Lo que parece suceder entre tres despachos públicos: la Dirección de Contrataciones Públicas, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) y la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Un reciente acto para inaugurar el Centro de Investigación y Documentación de Contrataciones Públicas (Cidcop) —que hasta ahora no pasa de una página web en construcción— levantó las cejas a algunos empresarios que hasta ahora empiezan a tener idea de por qué en la mayoría de los casos pierden los actos públicos.

Los empresarios —que pidieron no ser identificados, según ellos para evitar represalias— fueron advertidos de que el pasado 22 de abril apareció una figura que conecta a las tres oficinas mencionadas: Lizka Pinilla, prima hermana del magistrado de la Corte Víctor Benavides Pinilla (en la fotografía aparece sentada en primera fila, vestida con saco chocolate).

Es el mismo magistrado que está denunciado por supuesta corrupción y pedofilia, caso que procesa la Asamblea Nacional.

En aquella fecha, 22 de abril, el magistrado Manuel Cupas Fernández, presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, encabezó una ceremonia realizada en un salón del hotel El Panamá, para supuestamente inaugurar el Cidcop.

Un grupo de funcionarios acudió al citado evento, principalmente los jefes de compras de oficinas gubernamentales. Durante el acto, muchos pensaron que se cortaría una cinta inaugural y luego se entraría a una oficina física repleta de libros, memorias, computadoras y demás enseres bibliográficos que se encuentran normalmente en un centro de documentación. Pero la mayor parte de la concurrencia no ocultó su sorpresa cuando se percató de que solo se trataba de una página web en construcción, con deficiencias y carente de elementos atractivos (visitar www.cidcop.gob.pa ). ‘Es una plataforma virtual en etapa incipiente de demostración', observó un experto en informática.

Es que desde el año 2012, Lizka Pinilla, la prima hermana del magistrado Benavides Pinilla, fue designada como consultora del Cidcop por la magistrada Anabelle Padilla Lozano, cuando esta fungía como presidenta del TACP. Los emolumentos de Lizka Pinilla son pagados por un préstamo facilitado por un organismo internacional y administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Los empresarios quejosos ahora caen en cuenta de que, cada vez que pierden sus casos en la DGCP, sus apelaciones ante el TACP son rechazadas. Y cuando, como recurso final e inapelable, presentan demandas ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte, esos expedientes son recibidos por el magistrado Benavides Pinilla y finalmente ser objetados de plano.

Hasta hace pocos días, la DGCP estaba a cargo de Jindriska Barakat, quien, desde su posición formal de subdirectora, fungió desde el 1 de julio de 2014 (cuando inició la administración Varela) como directora general ‘encargada'. Jindriska es hermana de Jorge Barakat, actual administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá. Ambos hermanos son miembros del partido Panameñista, actualmente en el poder.

Recientemente, el presidente Juan Carlos Varela designó a Eduardo Corro Pérez como jefe en propiedad de la DGCP mientras Jindriska Barakat estaba de viaje oficial por Estados Unidos.

Los aludidos empresarios entregaron a La Estrella de Panamá una foto tomada el día del acto en mención. Lizka Pinilla está sentada en primera fila flanqueada por su primo hermano, el magistrado Benavides Pinilla, y la magistrada Padilla Lozano, cuyo periodo en el TACP venció en febrero pasado, pero el presidente Varela todavía no se decide —sin explicación alguna— a designar al reemplazo.

‘Esas tres figuras juntas representan las causas permanentes de derrotas y de nuestras permanentes desgracias', precisaron los empresarios.

Durante tres años, Lizka Pinilla ha ejercido esa consultoría mientras únicamente se preparaba una sencilla e insípida página web.

Como parte de su consultoría, Lizka Pinilla ha viajado varias veces a Alicante (al sur de la Comunidad Valenciana, en España), donde presumiblemente se halla una universidad que asesora al TACP.

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VÍCTOR BENAVIDES

Sala de lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia

El magistrado fue denunciado por corrupción y pedofilia.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó acoger la denuncia.

 

 

Ordenan Secuestro A Cobranzas Del Istmo, S.A., Por Defraudación

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), ordenó el secuestro de bienes inmuebles, cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), luego de que una auditoría encontrara indicios de defraudación fiscal en el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 2012 y 2013.

El monto del secuestro a la empresa, contratada por la DGI para gestionar sus impuestos morosos entre 2012 y 2014, asciende a $42.8 millones.

Para fijar esta medida cautelar, la DGI se basó en un informe preliminar del Departamento de Auditoría y Fiscalización, que establece que $4.7 millones es la suma nominal que la empresa ha dejado de pagar en concepto de impuestos durante los dos periodos mencionados.

La diligencia a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá , firmada por el director de ingresos, Publio Cortés, se produjo como resultado de la mencionada auditoría, que determinó que en la declaración de renta de 2012, en la línea ‘‘otros gastos”, se dedujo la suma de $3.7 millones por un supuesto contrato con la sociedad anónima Tierra Securities, LTD, con RUC 404016-1-424872.

La misma fórmula se aplica en la declaración de renta del año 2013, en la que, también dentro de la línea ‘‘otros gastos”, CISA dedujo $12.7 millones, por supuesto contrato con Pomegranate, Corp, con RUC 454610-1-432084.

En ambos casos, la deducción guarda relación con una supuesta pérdida en la venta de una cartera e inversiones.

Dichas deducciones corresponden a la adquisición de cuentas por cobrar, por parte de CISA, a Tierra Securities, LTD y Pomegranate Corp.

Según el documento de la DGI, la gestora de cobros alegó no haber podido recuperar la gran mayoría de las cuentas, por lo que fiscalmente dedujo las pérdidas en inversión por los montos antes señalados.

Lo más curioso es que la auditoría revela que Tierra Securities, LTD ni siquiera se encuentra en el sistema como contribuyente, es decir, que no refleja una operación comercial para los efectos fiscales.

INDICIOS DE SIMULACIÓN

Esto muestra ‘un alto indicio de simulación en la deducción (de gastos) que se aplicó CISA. Resulta muy difícil aceptar la supuesta cuenta por cobrar que Tierra Securities, LTD vendió a CISA', sustenta la orden de secuestro emitida por la DGI.

Estas no fueron las únicas irregularidades que reveló la auditoría. Por ejemplo, CISA emitió cheques de Multibank Inc (cuenta No 10012126453) por $9.4 millones para abonar un préstamo a la empresa Langton International Holding, LTD, la cual tampoco se encuentra registrada como contribuyente.

Pero la DGI aseguró no haber encontrado en los estados financieros del 2013 registros de ningún préstamo por pagar a esta empresa, lo que genera dudas sobre la legitimidad del pago de los $9.4 millones.

La situación se agrava aún más por el vínculo entre CISA y Langton International Holding, LTD, empresa que actuó como garante de la línea de crédito otorgada por Multibank a CISA —por un monto de $500 mil—, y utilizada para la fianza presentada por la empresa como respaldo a su contrato con la DGI.

OTRAS GARANTÍAS

La investigación de la DGI añade que Cristóbal Humberto Salerno Ballesta, propietario original de CISA, puso también otras garantías para las fianzas que respaldan el contrato con el Estado, como es el caso del local E del edificio H20 On The Ocean, propiedad de Inmobiliaria H2O E. S.A.

La auditoría concluye que la defraudación fiscal de CISA durante los años 2012 y 2013 suma $4,762,396.91.

Al respecto, la Ley establece que, de comprobarse la defraudación fiscal, el contribuyente no solo tendrá que pagar la suma defraudada, sino también una multa por un mínimo equivalente a entre 5 y 10 veces la evasión fiscal.

En virtud de lo anterior, se estableció una multa equivalente a ocho veces la evasión fiscal, por $42,861,572.19

La DGI aprobó una medida cautelar de secuestro sobre los bienes inmuebles, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y cualquier cuenta bancaria de CISA, Tierra Securities LTD S.A., Pomegranate Corp, Langton Onternational Holding S.A. y Mezzogramo S.A.

A estas irregularidades se suma que el día en que se allanó la empresa, la DGI constató que alguien estaba destruyendo documentos con una máquina trituradora de papel instalada en la oficina de la gerencia.

Finalmente, dijeron las autoridades de la DGI, se encontró que el 1 de abril de 2015, cuando se allanaron las oficinas de la empresa, CISA canceló su aviso de operaciones No. 4343200308 ante el Ministerio de Comercio e Industrias.

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MONTO DE LA EVASIÓN FISCAL

Entre 2012 y 2013 la empresa busco fórmula para evadir impuestos.

$4.7 millones es el monto estimado que dejó de pagar la empresa en su declaraciones de renta entre 2012 y 2013.

$42.8 millones es el monto que tendría que pagar la empresa por este delito, de acuerdo con lo que establece la ley.

Otro Revés Para Ignacio Fábrega, Exdirectivo De La Superintendencia Del Mercado De Valores

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El Juzgado Primero Penal rechazó un incidente de controversia presentado por la defensa de Ignacio Fábrega, que buscaba dejar sin efecto la indagatoria expedida en su contra por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, rechazó el recurso por extemporáneo y estimó que la fiscalía presentó méritos suficientes para ordenar la indagatoria contra el exdirector de Supervisión de la SMV.

Fábrega, fue denunciado a raíz de que, desde su puesto, presuntamente entregaba información privilegiada a directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP).

De acuerdo con las investigaciones, la fiscalía ha encontrado correos electrónicos en la computadora de Fábrega, en los que alertaba a directivos de FP de la intervención de la SMV, entre otros aspectos.

El juez Quesada Vallespi estimó que la orden de indagatoria emitida por la fiscalía el 2 de octubre de 2014 contiene elementos que comprueban el hecho punible investigado y la probable vinculación de Fábrega con su ejecución.

El pasado 3 de marzo, este mismo juez concedió una medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación los 15 y 30 de cada mes, pero desde esa fecha el exfuncionario está desaparecido.

La libertad de Fábrega fue revocada por el Segundo Tribunal de Justicia, tras determinarse que Quesada Vallespi cometió errores al no pedir opinión a la Fiscalía Tercera Anticorrupción ni a la SMV para otorgar la medida cautelar. Este tribunal también ordenó la detención del exfuncionario.

Mientras que el Juzgado Primero Penal fijó para el próximo 26 de junio la audiencia preliminar a Fábrega, quien, además, mantiene otras denuncias en trámite.

 

Álvarez: “Deben De Actuar Cuanto Antes La Denuncia Contra Benavides”

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"Estamos en una carrera contra el tiempo y es vital que la Comisión de Credenciales admita cuanto antes la denuncia contra el magistrado Víctor Benavides",  indicó el jurista Ángel  Álvarez, quien presentó el pasado 21 de abril ante la Asamblea Nacional una denuncia contra el magistrado Benavides por supuestos delitos a la administración pública, la libertad y la integridad sexual.

Según Álvarez, es de suma urgencia que se esclarezcan los hechos para que se limpie la imagen de la Corte Suprema de Justicia, que está siendo fuertemente cuestionada por la opinión pública y para que él (Víctor Benavides) continúe dictando justicia..

La denuncia que presentó Ángel Álvarez, se basó en un vídeo que fue divulgado por los medios de comunicación donde Vicente Caballero Zamorano, exseguridad del magistrado Benavides lo acusó de supuesta pedofilia y venta de fallos

Víctor Benavides Pinilla, es magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta la fecha el funcionario no ha dado explicaciones ante las acusaciones en su contra.

Ayer se designó una subcomisión conformada por los diputados Elías Castillo, Marylín Vallarino y Ana Matilde Gómez para que analicen la denuncia contra Benavides.

Adolfo De Obarrio Acude Ante La CIDH

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Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue la supuesta violación de sus derechos humanos en los cuatro procesos que se le siguen en el Ministerio Público (MP) por el otorgamiento de contratos con supuestos sobreprecios a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De Obarrio es señalado por su supuesta vinculación con la asignación de contratos a través del PAN para la compra de alimentos deshidratados, bolsas con comida y granos, y el del Programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, todos en el gobierno anterior.

En la petición ante la CIDH, la abogada Edna Ramos denunció que a su cliente se le violaron sus derechos al no permitírsele una defensa adecuada en los referidos procesos penales.

Por ejemplo, advirtió que a la Fiscalía Segunda Anticorrupción se le venció, el 28 de enero pasado, el plazo legal para instruir el expediente de la comida deshidratada, pero a pesar de ello prosiguió con el caso y por eso violó el debido proceso.

Asimismo, denunció que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó indagar a De Obarrio por supuestos sobreprecios en la compra de bolsas con comida, aunque en el expediente no se había consignado un informe de auditoría que justificara dichos presuntos sobrecostos.

En la acción, Ramos solicitó la aplicación de medidas cautelares a favor de De Obarrio, quien se encuentra fuera del país supuestamente en Estados Unidos– desde el 25 de diciembre de 2014.

Chichi De Obarrio no ha comparecido a rendir declaración indagatoria en ninguno de los cuatro expedientes abiertos en las fiscalías anticorrupción.

Flexibilizan Medidas A Imputados En Casos Del PAN

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La Fiscalía Segunda Anticorrupción cambió la medida cautelar de detención preventiva por casa por cárcel a Ángel Famiglietti, exjefe del Departamento de Nutrición del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La medida le fue notificada el pasado viernes, tras una petición hecha por sus abogados.

Famiglietti está imputado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción en las investigaciones por el presunto sobrecosto en el contrato para la adquisición de comida deshidratada a través del PAN, por 45 millones de dólares, otorgado a la empresa Lerkshore International Limited.

Por este caso, Famiglietti era el único que permanecía detenido preventivamente en una celda de la Policía Nacional, en Ancón, desde el mes de diciembre.

Giácomo Tamburrelli, exjefe del PAN, y el empresario Rubén De Ycaza, dueño de Lerkshore, mantienen casa por cárcel.

Con impedimento de salida del país están Lucy Molinar, exministra de Educación; Federico Suárez, extitular de Obras Públicas; María Fábrega, exviceministra de la Presidencia, y Marta Susana de Varela, exviceministra de Desarrollo Social.

En otro proceso, el de supuestos sobrecostos en la venta de granos al PAN, la Fiscalía Primera Anticorrupción también le modificó la detención preventiva por casa por cárcel a favor de Famiglietti.

Además, las fiscalías Primera y Cuarta Anticorrupción impusieron a Edwin Serracín, exjefe de almacenamiento del PAN, la medida de notificarse personalmente cada lunes.

Una fuente ligada al caso informó de que a Serracín se le asignó esta medida por su colaboración con las autoridades judiciales. 

Serracín es acusado de peculado por la Fiscalía Primera Anticorrupción en el expediente por posibles sobrecostos en la venta de granos al PAN; mientras que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción le sigue un proceso por posibles sobrecostos en la compra de bolsas de arroz.

Se Le Acaba El Tiempo A La Asamblea Para Ver Caso Benavides

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Una vez más la Asamblea Nacional está contra el tiempo.

En los próximos cuatro días, la Comisión de Credenciales debe definir si el rumbo que tomarán las denuncias por la venta de fallos y pedofilia contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides se analizará de inmediato o habrá que esperar dos meses.

El pleno de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución Política, entra en receso este jueves 30 de abril.

Los 71 diputados —tal como ocurrió el miércoles 8 de octubre pasado, cuando se nombró a Pedro Miguel González como fiscal del caso Alejandro Moncada Luna— deben escoger quién de ellos actuará como fiscal en una investigación contra Benavides.

Antes de dar el paso del nombramiento del fiscal, la Comisión de Credenciales, que preside el diputado Luis Barría, debe admitir la denuncia presentada contra Benavides y nombrar a los jueces de garantías.

Esta Comisión se reunirá mañana para definir cómo verán otras 55 denuncias que reposan en sus archivos. El caso de Benavides dependerá de esto.

El diputado Barría, quien se opuso a investigar a Benavides, aseveró que la denuncia contra el magistrado será tramitada ‘rápidamente, se verá con la premura que se quiere', dijo.

El presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, denunció que hace más de un mes le pidieron a la Comisión de Credenciales una reunión para ver las denuncias contra los magistrados, pero aún no han recibido respuesta.

Álvarez, uno de los denunciantes en el caso Moncada Luna, adelantó además que ya pidieron al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, confirmar la veracidad de la carta de Vicente Caballero, quien denunció los hechos.

Según explica Álvarez, la carta y el video no son pruebas idóneas. Esperan que el detenido pueda ratificarse mediante un notario.

Para el abogado Silvio Guerra, la mejor ayuda para un acusado es que las pruebas se diluyan y el mejor amigo, el tiempo.

 

El Director General De Ingresos, Publio Cortés, Anunció Ayer Nuevas

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Finanzas (MEF), Cobranzas del Istmo no solamente tuvo acceso a la información de todos los contribuyentes, sino que también tuvo en sus oficinas equipos informáticos pertenecientes a la DGI.

Boris Quintero, asesor legal del MEF, dijo que en el allanamiento que se efectuó a Cobranzas del Istmo el pasado 1 de abril, producto de la investigación abierta en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, se detectaron CPU (computadoras de escritorio) y laptops con placas identificativas de la DGI. Las investigaciones de las autoridades deberán determinar cuándo salieron estos equipos de la DGI y en qué circunstancias llegaron a la sede de la empresa.

Consultado ayer al respecto, Luis Cucalón primero negó estas acusaciones y luego remitió a su abogado para cualquier aclaración.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden dijo que Cucalón “abusó de su autoridad. Él permitió que una empresa tuviera una información que era confidencial, cuando tenía que cuidar de esa información. Cucalón era el custodio del dinero y la información de los contribuyentes”.

Nuevas denuncias

Además de las revelaciones sobre cómo se amplió el acceso a la información de los contribuyentes a Cobranzas del Istmo, Cortés anunció ayer que ha presentado cinco nuevas denuncias por otras irregularidades en la gestión anterior.

En el primer caso, la DGI descubrió que se bloqueó el sistema de manera que la declaración estimada de renta no podía contener un monto menor al de la declaración jurada, algo que sí está permitido por la ley.  Además, aseguró, que “la DGI de forma irregular le quitó del sistema o redujeron el monto de declaraciones estimadas a contribuyentes sin que tuvieran derecho”.

El segundo caso está relacionado con una orden de detención preventiva hecha por Cucalón en un proceso de defraudación fiscal contra una empresa de telecomunicaciones. Cortés dijo que “la ley solo autoriza al director de la DGI para ordenar arrestos”. En este caso el contribuyente interpuso un amparo que fue admitido por la Corte, hecho que dejaba el caso en suspenso. Pese a tener este estatus, “Cucalón ordenó un secuestro arriba de $100 millones”, algo para lo que no estaba facultado, según el actual director de Ingresos.

En la tercera denuncia, Cortés señala que se levantó un secuestro de $450,000 a un contribuyente sin que hubiese pagado la deuda y “la única justificación que invocó el juez es que el secuestro se levantaba según autorización del Sr. Luis Cucalón”.

La cuarta se refiere a un secuestro decretado por el juez coactivo a petición de Cucalón. Según Cortés, el secuestro tenía que ser dictado directamente por Cucalón. En este caso, además, se detectó que aunque el contribuyente estuviera al día había un bloqueo en el sistema que no le permitía obtener un paz y salvo.

El quinto caso es referente a una finca de 934 hectáreas en Bocas del Toro que había sido rematada y adjudicada a la Nación en 1971 y tenía un secuestro desde 2008. Cortés dijo que “en julio de 2014, sin mediar justificación alguna, Cucalón ordenó el levantamiento del secuestro” de la finca y meses después un particular inició trámites para traspasar buena parte de la finca. Cortés dijo que tuvieron que hacer “grandes esfuerzos para ubicar el expediente, que estaba escondido” y que finalmente un juez coactivo dejó sin efecto el levantamiento del secuestro.

Casos de Cobranzas

Estos cinco casos se sumarán a otras dos investigaciones que ya están en curso en el Ministerio Público.

En la Fiscalía Primera Anticorrupción reposa el expediente por el supuesto delito de falsedad ideológica cometido por Cucalón en la confección del contrato entre la DGI y Cobranzas del Istmo. El MEF, que presentó la querella el pasado mes de enero, señala que Cucalón incluyó una afirmación falsa en el contrato cuando señaló que contaba con la autorización de la excepción de acto público, cuando esta no se tramitó con ninguna de las entidades facultadas para otorgarla. 

El MEF solicitó en la querella la detención preventiva de Cucalón, algo que todavía no ha decidido la fiscalía. Contra el exfuncionario no se ha girado orden para indagatoria ni tampoco se le han formulado cargos en esta denuncia. Hasta ahora las investigaciones que adelanta la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, se encuentran en la etapa sumarial.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, por su parte, sigue la investigación por otras denuncias previas presentadas por la DGI sobre la gestión misma del contrato, en concreto sobre cómo se asignaron las cuentas a Cobranzas del Istmo y cómo se determinaban las comisiones a cobrar por la empresa en cada caso.  

También está en este expediente el caso de las comisiones pagadas a Cobranzas por la supuesta gestión hecha para recuperar las cuentas morosas de Tocumen, S.A., la entidad estatal que administra el aeropuerto de Tocumen.

La gestora de cobros recibió $21 millones por un trabajo del que funcionarios de Tocumen dicen no tener constancia, como publicó este diario.

 “Por este caso, la Fiscalía debería abrir una investigación ante el posible delito de peculado. El Código Penal habla claramente de este tema”, argumentó Weeden, citando el artículo 338.

En los cuatro años que duró la relación contractual, Cobranzas del Istmo recibió $47.1 millones.

Consultado ayer sobre la identidad de los verdaderos propietarios de la empresa, Cortés se remitió a la información contenida en el expediente, que data de 2010, cuando se gestó el contrato. En aquel momento, figuraba la sociedad Limacri Holding, S.A. como propietaria de las acciones de Cobranzas de Istmo y María Alessandra Salerno Gómez poseía los títulos de Limacri Holding, S.A.

Sobre los beneficiarios finales de la compañía, Cortés, dijo que “en Panamá, cuando una compañía puede emitir acciones al portador, en el registro público no se encuentra quién es el accionista”. Sí aseguró que al momento de hacer la contratación, Cucalón debió tener certeza de quién estaba detrás porque estaba obligado por la Ley de Contrataciones Públicas.

 

Panamá Se Perfila Como El “Hub” De La Industria De Seguros Y Reaseguros

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Panamá, una economía que crece cada día y un centro internacional de comercio, ahora se perfila como un hub para el desarrollo de la industria de reaseguros, manifestó José Joaquín Riesen Alvarado, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

Riesen informó que Panamá será sede de la XXVII Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas (APF), entre el 26 y el 29 de abril de 2015, evento que tendrá lugar en el hotel Riu Plaza, y que contará con la participación de más de 400 ejecutivos, miembros de distintas compañías aseguradoras, afianzadoras y reaseguradoras de todo el mundo.

Los participantes asistirán a conferencias y talleres para actualizarse sobre el negocio. ‘Habrá una conferencia sobre la forma como la Autoridad del Canal de Panamá maneja las fianzas y las pocas reclamaciones que tiene', mencionó Riesen.

También se abordará el tema del seguro de crédito, que no se ofrece en Panamá actualmente, ‘no contamos con garantías que respalden el riesgo de pago al que está expuesto el exportador', explicó el alto funcionario.

Esperamos que las aseguradoras en Panamá se interesen en este asunto y apoyen la exportación. En una mesa redonda sobre este tema, participará Juan Planells, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, y un representante del viceministerio de Comercio Exterior, quienes ampliarán las ventajas del tema.

En la asamblea de la APF, se trata de incrementar el conocimiento y el interés público sobre el tema de fianzas. ‘Esta reunión es una gran oportunidad de encontrarse e intercambiar ideas con funcionarios y ejecutivos del máximo nivel en la industria provenientes de todo el mundo', finalizó Riesen.

 

El “Affaire” Benavides Pasa A Manos De La Asamblea

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El caso Benavides, el nuevo dolor de cabeza de la Corte Suprema de Justicia, tiene también al poder político en horas complejas. Ayer llegó a la Asamblea Nacional la primera denuncia por los señalamientos de supuesta pedofilia y ‘negociado' de fallos contra el magistrado de lo Contencioso Víctor Benavides, y este jueves se espera otra ante el Ministerio Público contra una ‘red' de abogados que habrían participado de la trama de corrupción en la justicia.

La Secretaría General de la Asamblea Nacional recibió la queja el martes por la tarde, aunque los diputados, paradójicamente, la mantuvieron en un silencio absoluto.

Aducían que, una vez se presentase, empezarían a investigar el caso.

El hecho pone a la Corte en entredicho apenas un mes después de la caída del magistrado Alejandro Moncada Luna, por enriquecimiento injustificado a su paso por la Presidencia del Palacio Gil Ponce.

La denuncia, suscrita por la firma de abogados Vega-Álvarez, se basa en siete artículos del Código Penal y no cita ninguna prueba más que el video en el que el detenido Vicente Caballero (secuestrador de la madre de Benavides y condenado por esa causa a 15 años de prisión) afirma cómo, según él, el magistrado contactaba a menores de edad con la intención de mantener relaciones sexuales. Revela también que recurrentemente depositaba hasta $20 mil en una cuenta en el Banco Nacional, producto del negociado con las decisiones judiciales.

Vega-Álvarez (en el que participa Ángel Álvarez, un jurista que conoce a Caballero) ha partido por delante del Colegio de Abogados y el Frente Anticorrupción, que habían anunciado que buscarían las ‘pruebas idóneas' para que la Asamblea abra un proceso contra Benavides y su colega Jerónimo Mejía, también citado en la supuesta trama de venta de fallos.

EL LADO ORDINARIO DEL ESCÁNDALO

Con una denuncia, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, instará hoy a la Procuraduría General a investigar a tres abogados que, ha dicho, formaron parte del círculo que pactaba los veredictos judiciales.

El activista se reservó los nombres de los juristas, aunque aseguró que trabajan directamente con los magistrados Benavides y Mejía, ambos nombrados durante el último gobierno del PRD.

Montenegro es de los que cree que la manera más práctica de adentrarse en el caso es que el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero sigan la pista de los depósitos que Caballero asegura haber hecho por Benavides, y escarbe en el nombre detrás de la cuenta que recibía los fondos.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, han considerado que la premisa del enriquecimiento ilícito es la más factible para un caso como el que enfrenta la justicia ahora.

El Movimiento Dignidad, liderado por el expresidente del Molirena Jesús Rosas, ha pedido al Colegio de Abogados interceder ante el Ministerio de Gobierno para lograr un permiso de cita con Caballero en la prisión de Santiago, para ‘verificar si son ciertas sus gravísimas acusaciones contra Benavides' y si, tal como había afirmado, tiene las pruebas que avalen sus señalamientos.

La agrupación aspira a que, frente a un notario, Caballero ratifique las denuncias que hizo en un video la semana pasada, cinta que ha generado debate entre los abogados, al considerar que no sería una prueba válida ante el tribunal político que debería formarse en la Asamblea.

EL EFECTO POLÍTICO

El excontralor Alvin Weeden, con un tono menos crítico de lo usual, ha instado a Benavides a salir al paso del affaire , antes de que los ‘juicio de valor, ciertos o falsos' hagan efecto.

‘Esto no lo puede seguir ignorando (…) la Asamblea tiene que escucharlo y determinar si deben abrir un caso o si hay méritos para investigar', advirtió.

Benavides está a siete meses de salir de la Corte Suprema, hecho que levanta suspicacia en su defensor, Ángel Gómez, quien asegura que la denuncia de Caballero responde a su rencilla por no haber sido favorecido en un proceso de casación para revertir su condena de prisión por haber retenido a la madre de Benavides.

El presidente Juan Carlos Varela, tras la caída de Moncada Luna hace mes y medio, pidió que casos como ese no se repitieran, aunque sutilmente adelantó que habría más. ‘Vienen más casos', dijo textualmente. Ahora parece ser el turno de Benavides.