Cautelan $22 Millones En Efectivo Y Cuentas Bancarias En Caso PAN

El Ministerio Público (MP) informó que ha cautelado $22 millones en efectivo y cuentas bancarias, como parte de las investigaciones por denuncias de irregularidades en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), bajo la administración de Ricardo Martinelli.

Así lo anunció hoy, 13 de abril, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, durante su informe de rendición de cuentas.

Contó además que hay dos nuevas investigaciones sobre los desembolsos realizados por el PAN en la administración pasada: uno relacionado con mensajería y otro, con bolsas de Navidad. No se aportaron más detalles.

Porcell también anunció el nombramiento de dos nuevos fiscales anticorrupción: Janeth Rovetto y Aurelio Vásquez. Ambos trabajan en el Ministerio Público.

Explicó que en enero pasado anunciaron la creación de tres nuevas fiscalías anticorrupción que se sumarían a las cuatro existentes. 

En estos momentos, dijo, analiza el perfil de varios funcionarios para que ocupen el cargo de séptimo fiscal anticorrupción. "En este mes se estaría definiendo [la designación]", dijo. 

El pasado 2 de abril tomaron posesión de sus cargos Rovetto y Vásquez. Y las oficinas de la Fiscalías Quinta y Sexta estarán ubicadas en el edificio Avesa, al igual que el resto de las fiscalías anticorrupción. 

Porcell también informó que solicitó un crédito de $12 millones. De esos, $5 millones son para la equiparación salarial de los funcionarios del MP, entidad que tiene una planilla de casi 3 mil funcionarios.

Dijo que más de 60% de los que allí laboran tienen sueldos que están entre los $400 y $900.

Para las tres nuevas fiscalías anticorrupción destinaron $1.9 millón. Mientras que para la creación de la fiscalía especializada en problemas de pandillerismo designaron $600 mil.

En tanto, $3.4 millones serán para la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. 

Unos $600 mil serán para la compra de transporte, que incluye lanchas y vehículos 4×4 para el interior del país, dijo la procuradora. 

Procuraduría Pedirá Condena Para Pérez Y Garuz Por Pinchazos

martes 14 de abril de 2015 – 12:00 a.m.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó que esta semana se concluirá con la vista fiscal para enviarla al tribunal

Procuraduría Pedirá Condena Para Pérez Y Garuz Por Pinchazos

La vista fiscal de la investigación por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad —en la que están involucrados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo Nacional de Seguridad— estará terminada esta semana.

Así lo informó ayer la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien adelantó que se solicitará condena para los implicados. Además de Pérez y Garuz, están involucrados los exagentes William Pittí y Ronny Rodríguez (actualmente prófugos), a quienes se les formularon cargos.

El 31 de marzo, las autoridades judiciales informaron que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada había cerrado la investigación.

La procuradora Porcell explicó ayer que el fiscal Contra el Crimen Organizado debe remitir su vista fiscal a los tribunales para continuar con las diligencias judiciales. Porcell añadió que en el caso de Pittí y Rodríguez, se seguirán las diligencias judiciales para que comparezcan ante los tribunales.

Pérez y Garuz están detenidos desde el pasado lunes 12 de enero, luego de ser capturados en un operativo simultáneo en sus residencias en horas de la madrugada. En la residencia de Pérez se encontraron armas de uso militar para las cuales no existen permiso de posesión personal.

Los hechos están relacionados con las intervenciones telefónicas y filtración de correos electrónicos durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.

La Procuraduría logró determinar que habían sido pinchadas las comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas empresarios, políticos opositores, dirigentes obreros y de la sociedad civil organizada. Incluso Pérez y Garuz están en la lista de los pinchados. También personas con nombres de origen extranjero y empresas.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a parte de lista que aparece en el expediente en los folios 5851, 5852 y 5853.

No obstante, se informó que la lista variaba de acuerdo con el interés que tuviera el gobierno de Martinelli en determinado momento.

El aparato tenía capacidad para espiar a 150 personas de manera simultánea.

Algunos políticos afectados han presentado denuncias en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia en contra de Martinelli, al considerar que es el principal responsable del espionaje.

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DETENCIÓN PREVENTIVA

Pérez y Garuz fueron capturados en un operativo sorpresa

El 12 de enero, las autoridades allanaron, simultáneamente, las residencia de Pérez y Garuz.

Ambos fueron llevados a la cárcel La Gran Joya. La semana pasada, Pérez fue trasladado a El Renacer.

MP pide a Google datos del correo de los pinchazos

Un nuevo giro toman las investigaciones sobre las escuchas ilegales que se dieron en el gobierno pasado.

Resulta que el correo brad.pty507gmail.com, donde se guardaron datos y conversaciones privadas de más de 150 personas, no fue creado en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Así lo certificó Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, en la respuesta que le envió a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

En virtud de esto, la fiscalía solicitó una asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición del Ministerio Público (MP) de Panamá información relativa a la creación de la cuenta de correo electrónico citada, el historial de los mensajes, la dirección física o geográfica, el equipo tecnológico utilizado, así como los puntos de acceso wi-fi.

Como parte de las investigaciones de este caso, el Ministerio Público ha imputado por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, a los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, actualmente detenidos en el sistema penitenciario.

Además, han sido imputados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos prófugos de la justicia.

Rastrean correo electrónico

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, certificó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que la cuenta de correo brad.pty507@gmail.com, en la cual supuestamente se almacenaron datos privados de más de 150 personas, no fue creada en dicha institución.

En la nota 0436 que López remite a la fiscalía señala que el seudónimo Brad fue asignado a Ismael Pittí, un exfuncionario del CSN.

La respuesta del jefe del CSN fue dada el 23 de marzo tras una solicitud que le envió el pasado 4 de marzo el fiscal adjunto, Ricardo Muñoz, a cargo de las investigaciones por escuchas telefónicas que ocurrieron en la administración de Ricardo Martinelli.

El pedido del fiscal obedeció a que en declaraciones juradas rendidas por funcionarios del CSN se reveló que Ismael Pittí, exmiembro de esa entidad, era el que manejaba el citado correo.

En virtud de la respuesta del CSN, el fiscal emitió un oficio de asistencia judicial a las autoridades correspondientes de Estados Unidos para que la empresa Google Inc. ponga a disposición toda la información del correo brad.pyt507@gmail.com.

La fiscalía solicitó toda la información sobre las generales del creador del correo, ubicación IP, dirección física y geográfica, y equipo tecnológico utilizado para ello.

También requirió todo sobre la ubicación física de cada acceso a la cuenta gmail como frecuencia, reporte de registro de entradas, puntos de acceso wi-fi, antena de telefonía móvil e historial de los correos.

Los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están imputados por los posibles delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad a más de 150 personas, entre ellas políticos, magistrados y dirigentes sindicales.

También están señalados los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, actualmente prófugos.

Bernal ha interpuesto seis amparos ante la Corte

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha prometido volver este lunes a las aulas de Derecho de la Universidad de Panamá (UP) confiado en que interponer un escrito de aclaración a la decisión del Consejo Académico de suspenderlo por cinco años le dará tiempo para salir airoso de la disputa legal que lleva con las autoridades universitarias.

Entre febrero y este mes, Bernal ha interpuesto seis amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, y uno de ellos, asegura, ha sido admitido.

Se trata de un proceso que llevó a la Corte porque la UP no remitió una advertencia de inconstitucionalidad que le hizo justamente en febrero pasado, por el caso que hoy la directiva universitaria lo ha sacado temporalmente.

El caso data de 2004, cuando, según la administración de la UP, Bernal irrespetó al rector Gustavo García de Paredes, quien anunció este año su intención de correr por un sexto período consecutivo en 2016, cuando se convoquen a nuevas elecciones en la institución.

El expediente que la Corte habría acogido está en manos del magistrado Harry Díaz, argumentó Bernal.

Otros cinco amparos están en los despachos de Harley Mitchell, Abel Zamorano y José Ayú Prado.

Tras la negación de su recurso de reconsideración a su expulsión, el docente anunció que interpondrá otro contencioso administrativo contra la decisión de la UP, uno de los caminos que al calor de su expulsión hace dos semanas, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, había recomendado.

Mañana se formalizará un movimiento ‘de dignidad por el rescate de los valores universitarios’, cuya principal demanda será ‘rechazar la persecución a Bernal y el respeto al debido proceso’.

El rector García de Paredes ha anunciado que demandará a Bernal.

 

Aumenta presión contra los bancos por lista gris del GAFI

La relación entre los bancos que operan en Panamá y sus corresponsales en el exterior se está tensando más desde la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que un banco de Estados Unidos había cancelado todas sus relaciones de corresponsalía con bancos que operan en Panamá. De La Guardia no especificó el nombre del banco estadounidense ni el de los panameños que perdieron ese servicio.

En la misma línea se manifestó ayer Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, durante su intervención en el primer debate del proyecto de ley 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Villa dijo que se habían perdido 21 corresponsalías de bancos internacionales y que actualmente 14 bancos que operan en la plaza lo hacen solamente con un corresponsal extranjero.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que para recibir fondos de clientes y hacer pagos a proveedores hacia afuera, los bancos requieren de corresponsales. “Si no los tienes, no puedes acceder al comercio internacional”, puntualizó.

 

Además, buena parte de los fondos que utilizan los bancos panameños están depositados en bancos de Estados Unidos y “en la medida que los corresponsales van cerrando las líneas, igualmente cierran las facilidades de crédito”.

Por su parte, Villa destacó el impacto que esta situación tiene para la economía real. Dijo que si el país sigue en la lista gris o si se empeora la calificación, las transacciones internacionales para las empresas se van a restringir o se harán más onerosas.

Panamá está en la lista gris del GAFI desde junio de 2014 por las debilidades detectadas en el marco legal de la prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Luego de la inclusión, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) exigió a todos los bancos de su país que hicieran una diligencia debida ampliada en las relaciones con los bancos que operan en Panamá.

 

De La Guardia dijo que no está previsto que el presidente Juan Carlos Varela aborde este tema en la reunión bilateral que mantendrá con su homólogo Barack Obama en el marco de la VII Cumbre de las Américas.

Estos problemas desaparecerían con la retirada del país de la lista gris. Para conseguirlo, el Gobierno adelanta un plan de acción, cuya piedra angular es la nueva ley para prevenir el blanqueo. El primer debate de la norma continuó ayer con la participación, entre otros, del MEF y los reguladores de banca, valores y cooperativas. El próximo lunes se reanudará la discusión en la Asamblea.

Agenda Digital Llama La Atención A Empresas Tecnología Del Mundo

Con la participación de los más altos representantes de las principales empresas líderes en tecnología del mundo, se realizó un conversatorio entre estos y el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Irvin A. Halman.

Halman calificó el encuentro como inédito y de crucial importancia para el país por la calidad de invitados que asistieron, en el marco de la II Cumbre Empresarial de las Américas.

El administrador general de la AIG, explicó a los presentes las iniciativas de la Agenda Digital Panamá 4.0 que entre otros proyectos, contempla un rediseño de la Red Nacional de Internet gratuito con mayor capacidad y cobertura, lo que fue bien recibido por empresas como Facebook y Microsoft que han mostrado su disposición de apoyar las iniciativas de conectividad para la inclusión que lleva a cabo el Gobierno panameño.

Microsoft apoyará con la implementación de la tecnología conocida como White Space, que permitirá conectar lugares remotos de nuestra geografía, así como otras empresas participantes mostraron igual interés de colaborar en proyectos que incidirán en la modernización del Estado a través de nuevas tecnologías que ya están al alcance de los gobiernos y de los ciudadanos.

En tanto el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos de América,  Bruce H. Andrews, manifestó su complacencia con este encuentro e instó a los presentes a apoyar con soluciones innovadoras como aliados estratégicos en el desarrollo del ecosistema innovador y las iniciativas que ha propuesto el país.

En este encuentro participaron las siguientes empresas globales de tecnología: Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Twitter, Facebook, Google, Intel, Dell, BlackBerry, Intelsat, Paypal, VMware, Huawei.

Por el Gobierno de Panamá participaron el ministro Consejero y Presidente del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental, Francisco Sierra, así como los viceministros Néstor González, Augusto Arosemena y Eyda de Chinchilla, de Comercio, Presidencia y Economía, respectivamente. Además asistieron el Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnología e Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), entidades que en conjunto con la AIG, están tomando acciones concretas para el desarrollo del sector con miras a establecer un “hub tecnológico” en Panamá.

AMP denuncia a su antiguo administrador y a la empresa Orion

Una auditoría reveló que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a cargo de Roberto Linares, no supervisó los assessment o valorizaciones que otorgó la empresa Orion Maritime Training Center, incurriendo en los presuntos delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y la seguridad jurídica de los medios electrónicos.

También se investiga la posible eliminación intencional de información de la base de datos de la Dirección de Gente de Mar. 

Esta es parte de la conclusión de las actuales autoridades de la AMP después de completar las auditorías en la Dirección de Gente de Mar y las direcciones regionales de la institución ubicadas fuera de Panamá.

Tras completar la investigación, la dirección legal de la AMP presentó el pasado 30 de enero la denuncia ante el Ministerio Público contra Linares y otros exfuncionarios, quienes estuvieron al frente de la institución entre julio de 2009 y junio de 2014.

En la denuncia se incluye a Roberto Vallarino, exdirector de Gente de Mar (2009-2011), y José Rogelio Hernández, exdirector de Gente de Mar (2011-2014); y Jorge Antonio Torres, quien laboró como jefe de la Dirección regional de Documentación de Gente de Mar en Filipinas.

* El llamado plan piloto duró más de tres años, y no fue sino a la par de la culminación del gobierno del presidente Ricardo Martinelli que la AMP lo revocó.

 

También denunciaron a Orion Maritime Training Center, que recibió la licencia exclusiva para aprobar assessment o valorización de las licencias de oficiales de marina del registro naviero panameño, y a Iván Karica, quien laboró en la gerencia de la empresa.

En 2011, Linares aprobó un supuesto plan piloto para que varias empresas pudieran expedir las evaluaciones o assessment a oficiales de marina, pero la única empresa que se mantuvo al frente de este negocio fue Orion hasta finales del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Entre algunas de las pruebas entregadas a las autoridades del Ministerio Público, la AMP presentó copia de las auditorías realizadas en 2014 al plan piloto.

En dicho reporte se trató de determinar el mecanismo utilizado por la empresa para realizar los assestments, y el nivel de cumplimiento con las normas internacionales establecidas en el Convenio Internacional sobre las normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar de 1978, enmendado (Convenio STCW 78, enmendado).

La AMP advierte de que la empresa no fue colaboradora con el equipo auditor, y trató de dilatar el proceso. No obstante, con la evidencia encontrada en el sitio se pudo determinar que se hicieron evaluaciones de manera irregular en muchos casos. La empresa tampoco pudo mostrar registros de todos los assesstments que supuestamente hizo.

Este diario intentó comunicarse con Linares ante la denuncia presentada, pero el exfuncionario no respondió su teléfono móvil. 

Tampoco fue posible contactar a Vallarino, Hernández y Torres, todos exfuncionarios de la AMP. Karica tampoco pudo ser localizado. Las oficinas de Orion permanecen cerradas desde el año pasado (ver documento).

Según la información que aparece en el sistema de la AMP, se calcula que Orion expidió unos 10 mil assessment, pero se presume 

que la cantidad puede ser mayor, considerando que la empresa tenía operaciones fuera de Panamá, desde donde también expedía estos documentos.

Aunque se desconoce cuánto cobraba Orion por evaluación, fuentes del sector aseguran que era entre 5 mil y 6 mil dólares por cada trámite. Con los assessment, Orion certificó a varios extranjeros como oficiales sin haber pasado por una universidad, según denunció la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, lo que ocasionó un grave perjuicio a la profesión.

Paralelamente a la auditoría de la AMP, otro equipo de la entidad revisó la gestión de la Dirección Regional de Documentación de Gente de Mar en Manila, Filipinas, debido a que esta se encargaba de procesar exclusivamente las aplicaciones que se tramitaban, mediante assessments, a la empresa Orion.

El trámite se hacía en el departamento de Titulaciones de la Dirección de Gente de Mar en Panamá cuando fungía como director Roberto Vallarino, la misma persona que autorizó mediante circular 005-2011 la exclusividad de Orion.

 

Salida de Panamá de lista gris pone en contrareloj a diputados

La Asamblea Nacional tiene el reto de discutir y aprobar en lo que resta de abril, dos proyectos para que Panamá no siga siendo considerado un paraíso fiscal por organismos internacionales.

Se trata de los proyectos de ley N° 167 y N° 183, que adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales y busca adelantar la vigencia del régimen de custodias para las acciones al portador, respectivamente.

Hoy a partir de la 1:00 p.m., la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea discutirá el proyecto que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al menos tres actividades confrontan problemas con el pago a proveedores, además de las dificultades que están teniendo los bancos con sus corresponsales y solo una de ellas, pone en riesgo unos 5,000 empleos, indicó a la agencia de noticias ANPanamá el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia.

El ministro de Economía ha señalado que el proyecto contra el blanqueo de capitales completa un 60% de una serie de medidas que debe poner el país en vigor a más tardar este año para cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De La Guardia ha dicho que espera que el proyecto sea aprobado antes de que terminen las sesiones de la Asamblea el 30 de abril, debido a que el GAFI ha llamado a Panamá a cumplir con una serie de acciones para la plenaria de junio próximo. De lo contrario habría que esperar al nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de julio de 2015.

De ser aprobado el proyecto de ley por la Asamblea y luego por el Ejecutivo, en la plenaria del GAFI se aprobaría enviar una misión para confirmar que Panamá ha adoptado los cambios, y tal vez, en octubre podría ser excluida de la lista gris donde aparece desde junio de 2014.

PROYECTO 167

Busca reforzar los controles y supervisiones en la banca, la actividad bursátil y otros sectores económicos, con el fin de evitar delitos financieros ampliando a 44 el número de sujetos regulados.

Actualmente, son supervisados el sector bancario, seguros y valores y se incluye actividades de las zonas francas, las promotoras y corredoras de bienes raíces, los juegos de azar, las casas de cambio, casas de empeño y de remesas, financieras, proveedores de tarjetas de crédito, compañías que comercializan metales y piedras preciosas, las que se dedican a la compra de automóviles y al ramo de la construcción, correos y telégrafos.

Además de las asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de encomiendas internacionales y la Lotería también deberán establecer controles contra las actividades delictivas de este tipo.

Adicionalmente, serán supervisadas las actividades realizadas por profesionales cuando actúan en nombre de un tercero, como es el caso de los contadores y los abogados. Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas ‘sujetos obligados’ y deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes.

PROYECTO 183

El lunes el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, también presentó un proyecto de ley que busca agilizar la vigencia del régimen de custodia de las accines al portador.

Este proyecto que consta de siete artículos busca modificarían los artículos 4, 5, 23, 25 y 28, de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013.

El artículo 4 y 5 se refieren a la entrega de los certificados de acciones al portador emitidos con anterioridad a la vigencia de la ley y los emitidos con posterioridad a la vigencia de la ley, respectivamente.

El artículo 23 se refiere la suspensión de custodio autorizado y el artículo 25 establece que el período de transición de los certiicados de acciones al portador emitidos antes de la vigencia de la ley tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la ley actual se extendía el plazo hasta enero de 2018.

Finalmente, el artículo 28 señala que la ley entraría a regir en 10 días despú es de su promulgación.

Juzgado rechaza recurso legal a Ignacio Fábrega

El Juzgado Primero Penal rechazó por improcedente un incidente de controversia presentado por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, acusado de corrupción tras supuestamente revelar información confidencial de la casa de valores Financial Pacific (FP), actualmente prófugo.

Fábrega presentó el recurso a través de su abogado, pidiendo que se anulara la inspección ocular que hizo la Fiscalía Tercera Anticorrupción a las computadoras de FP el 28 de enero de 2015.

En resolución del 25 de marzo pasado, el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, rechazó el recurso.

Fábrega fue detenido por este caso el 26 de febrero pasado y al día siguiente la fiscalía pidió su llamamiento a juicio.

Luego, el 3 de marzo, el juez Quesada Vallespi le dio una medida cautelar de país por cárcel y Fábrega fue liberado de inmediato.

El Segundo Tribunal Superior, en resolución del 26 de marzo, anuló la libertad concedida a Fábrega y ordenó que fuese recapturado. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Fábrega es acusado de lavado de dinero y otros tres delitos en otra querella presentada por FP, que está en la Fiscalía Decimocuarta.

Acelerarán vigencia de régimen de custodia

A partir de enero de 2016, las acciones al portador podrían desaparecer. Esto, luego de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentara ayer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que adelantará la entrada en vigencia de la Ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador y reduce el tiempo de transición de las empresas para adaptarse.

La pasada administración aprobó, en agosto de 2013, la norma que terminaría con las acciones al portador tal y como se utilizan hoy día. Las sociedades con acciones emitidas al portador tendrían que entregar los certificados a un custodio autorizado.

El Ejecutivo, que aprobó el proyecto en Gabinete el pasado 31 de marzo, para pasarlo a consideración de la Asamblea Nacional, determinó que la norma comenzará a regir 10 días después de su promulgación.

La regulación también contempla la reducción del periodo de transición que se concedía a las empresas con acciones emitidas al portador para cambiarlas por acciones nominativas o para entregarlas en custodia.

Según la norma original, el periodo de transición sería de tres años, a partir de la entrada en vigor de la ley 47. Y la obligación de inmovilizar las acciones existentes antes de la Ley se aplicaría en el año 2018. El Ejecutivo propone extender el plazo solamente hasta el 31 de diciembre de 2015.