Cedeño Ratifica Señalamientos Contra Exministro Del MEF, En Caso Del PAN

La ex viceministra de Economía Gladys Cedeño se ratificó ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción de sus señalamientos contra Frank De Lima, extitular de Economía y Finanzas.  

Cedeño, en su declaración indagatoria, afirmó que De Lima tomaba las decisiones para asignar las partidas presupuestarias con las que se compraron los granos, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

 

El 11 de mayo pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención preventiva de De Lima por la supuesta comisión del delito de peculado. 

A De Lima y a Cedeño se les investiga por presuntamente haber permitido el fraccionamiento de compras por hasta $4 millones, en contratos menores a $300 mil, de manera que no tuvieran que ser avalados por la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al considerarse menores. 

 

SE DESVINCULA

Tras hacer un amplio recuento de los puestos públicos que ha ocupado, Cedeño dijo a la fiscal Tania Sterling: “quiero aclarar que las decisiones las hacía [tomaba] únicamente el exministro De Lima… yo a su vez tenía que transmitir al área operativa… en todo momento él [De Lima] señalaba que era su responsabilidad”.

—¿A qué decisiones se refiere?, le interrogaron.  Cedeño manifestó que a la asignación de “partidas presupuestarias a solicitud de la entidad solicitante”.

Y volvieron a consultarle: “Diga quién tomó las decisiones sobre la asignación de partidas en el caso del proyecto de granos”. Cedeño, quien dijo no pertenecer a ningún partido político, argumentó: “en este caso tomó la decisión y la autorización el exministro De Lima, como en todos los casos de asignación de partidas”.

Más adelante, Cedeño detalló que “De Lima autorizó la solicitud de partida presupuestaria que solicitó el PAN” a través de su exdirector Rafael Guardia Jaén.

Además, que ella le había indicado a su entonces jefe que debía ir a la Asamblea Nacional a buscar la autorización [para que le aprobaran partidas superiores a $300 mil], pero que entonces el titular del MEF la instruyó para que desglosara los montos “poco a poco”. “Es decir, de forma gradual en división de materia”, argumentó.

COINCIDENCIA

Lo manifestado por Cedeño concuerda con lo que en su momento declaró Guardia Jaén en este mismo caso.

El exdirector del PAN detalló que para obviar el proceso de traslado de partidas superiores a $300 mil, que tiene que ser aprobado por la Asamblea, el MEF hacía un desglose de compras en montos de $299 mil hasta llegar a los $4 millones.

Ayer, al final de la indagatoria, a la que tuvo acceso este medio, Cedeño pidió un cambio de medida cautelar, luego de que el pasado viernes fuera enviada al Centro Femenino de Rehabilitación. Para ello, la ex viceministra argumentó que no tiene nada que ocultar. “Estoy abierta a colaborar”, señaló.

“Mi abogada va a presentar mi declaración jurada de estado patrimonial. Solicito que se verifique en el Registro Público si pertenezco a una sociedad”, destacó. Al final, la fiscalía le cambió la medida de detención preventiva y le otorgó casa por cárcel.

Contraloría Detectó Irregularidades En La Compra De Pinchadora

Falta de controles en el proceso administrativo de la compra –adjudicación y recepción–, ausencia de informes técnicos e inconsistencia en la presentación de la fianza por parte de la empresa proveedora son apenas algunas de las irregularidades que detalla la auditoría forense efectuada por la Contraloría General de la República al proceso de compra del equipo espía por $13.4 millones, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. 

La auditoría fue entregada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción el 4 de este mes, para ser anexada al expediente que tramita esa instancia judicial por la posible comisión de delitos contra la administración pública, tras la compra en 2010 –a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN)–, de la máquina para interceptar comunicaciones.  

De acuerdo con la investigación de la Contraloría, el FIS, entonces a cargo de Giacomo Tamburrelli, no sustentó el proyecto denominado “seguridad tecnológica y suministro de equipo” –compra de la máquina–. También deja en evidencia que la compañía proveedora, la israelí MLM Protection, no presentó la fianza que por ley debe acreditar cualquier contratista con el Estado. Y se establece además que no se halló un informe que evidenciara “la instalación y entrenamiento” en el uso del equipo”. 

El documento, al que tuvo acceso este diario, revela asimismo que se recopiló información del Ministerio de la Presidencia, de Seguros Suramericana S.A. y de la propia Contraloría, que deja en evidencia que el equipo fue recibido por la Policía Nacional mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”. En los mismos –dice la auditoría–, se observa “una firma ilegible” y debajo de ella se lee: Gustavo Pérez, director general de la Policía Nacional.  

A finales de 2014, cuando empezaron a surgir las primeras alertas por el alcance del espionaje instaurado por el gobierno pasado, el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu corroboró a este medio que el equipo “sí existió” y que sí fue usado por el gobierno de Martinelli. “El equipo llegó y estuvo ahí. ¿Qué pasó con ese equipo? No sé. Pero el equipo se compró y se recibió”, manifestó. 

La Contraloría también le indica a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, que en el proceso para la adjudicación del contrato se realizó una invitación directa a MLM Protection sin que esta estuviera inscrita en el registro de proponentes, “por lo que no debía ser invitada a ofertar”.  

Dice, además, que por tratarse de un equipo tecnológico con características especiales, no se observaron informes de análisis que avalaran si la propuesta de la empresa se ajustaba a la calidad, términos y condiciones requeridas, y si eran las más ventajosas. 

LA LESIÓN PATRIMONIAL

Uno de los aspectos principales de la pesquisa que realizaron los auditores es el concerniente a lo que perdió el Estado con la polémica compra.

Argumentan que la desaparición del equipo, al igual que la inexistencia de informes del FIS y del Ministerio de la Presidencia que sustenten la instalación y el entrenamiento brindado, han originado un perjuicio económico al Estado por $10 millones 861 mil 857; es decir, el valor de la máquina, sin tomar en cuenta los $2 millones 613 mil 142 que fueron pagados al tesoro nacional en concepto de ITBMS.

“La no ubicación física del equipo, pese a que fueron obtenidas sendas notas de recibido, conforme y aceptación final, podría ser indicio de una posible lesión patrimonial ”, advierten.

SIN DOCUMENTOS

Uno de los tropiezos que enfrentaron los auditores para realizar su trabajo fue el conseguir documentos. Por ejemplo, fueron a las oficinas del PAN, hoy dirigido por Rafael Stanziola, y no hallaron nada. No había informes que certificaran la entrega del equipo.

Y aseguran también que Edwin Carrasco, jefe de almacén de la entidad, dijo que en la unidad a su cargo “no existen registros de entrada, ni de despacho” del equipo.

También visitaron las oficinas de la Policía Nacional y Omar Pinzón, director de la institución, certificó que dicho bien no reposa en esta.

En la Policía Nacional también dijeron que no hay documentos que sustenten que miembros de la entidad recibieron entrenamiento en el uso de esta máquina; esto, pese a que el equipo fue recibido por la institución mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”, firmados por Pérez, como se dijo.

LOS IMPLICADOS

¿Quiénes tienen responsabilidad en este caso? La Contraloría ligó a nueve personas, entre ellas a Pérez y a Tamburrelli.

En la edición de mañana se informará quiénes son los demás implicados y qué responsabilidad tiene cada uno –según el informe de Contraloría– en la controvertida compra del equipo espía, que sirvió para violar comunicaciones de al menos 150 personas de distintos sectores del país.

Convocarán Reunión Para Escoger Jueces De Garantías En Caso Benavides

Para la tarde de este lunes se podría convocar una reunión para escoger a los tres jueces de garantías de la Subcomisión de Credenciales que estarán al frente en la audiencia contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Benavides, así lo confirmó el presidente de la Comisión de Credenciales Luis Barría en Telemetro.

Barría también indicó que por el momento no se le han notificado formalmente para una audiencia fiscal y que en el transcurso de hoy lunes o el martes le remitirán un informe técnico respecto a la admisión de la denuncia contra Benavides. 

El magistrado Benavides está siendo investigado por los supuestos delitos a la administración pública, la libertad y la integridad sexual.

Frank De Lima No Dejó Rastro Sobre El Uso De $416 Millones En Partidas

Sin una petición formal por escrito ni documento que sustente el traslado de millones de dólares en el presupuesto del Estado [$17.7 millones solo en 2014], el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima autorizó movimientos de partidas a diversas entidades, entre estas, al polémico Programa de Ayuda Nacional (PAN) y a remotas juntas comunales.

Así lo aseguró Horacio Montenegro, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), acompañado por Euribiades Cano, subdirector, y Renaldo Bedoya, jefe de Presupuesto del Gobierno central.

“Principalmente, con las partidas circuitales, el procedimiento era hasta cierto punto verbal. No había nada por escrito; se solicitaban asignaciones de una determinada cantidad para un determinado circuito”, expresó Montenegro.

Ese dinero –explicó– lo solicitaba el ministro o el despacho superior [de la institución] que lo requería, “pero ya le digo, no tenemos constancia de nada, sencillamente se hicieron las cosas”, agregó.

El contralor de la República, Federico Humbert, afirmó hace poco que “el peculado inició el día en que se transfirieron los fondos”, según los resultados de las auditorías preliminares de la entidad.

La mayor cantidad de dinero que se trasladó se hizo bajo la gestión de Frank De Lima, sin “constancia ni de entrega ni instrucción ni de recepción de requerimiento [asignación de partidas]… [los solicitantes decían] mándame tanto para el circuito, o sea, todo verbal”, expuso Montenegro.

En la administración de Ricardo Martinelli, el MEF asignó $416 millones en concepto de partidas circuitales para diputados y $1,200 millones al PAN, que contrataba de forma directa, obviando la Ley de Contrataciones Públicas y con comprobados sobreprecios.

Cuando el MEF asignaba partidas para las diversas juntas comunales  –a donde iban a dar los traslados de partidas– se identificaban con conceptos ambiguos, como “apoyo económico al circuito” o “proyectos de interés social”, indicó.

INCUMPLIÓ SU PAPEL 

Por mandato constitucional, el MEF es el primer filtro para vigilar el buen uso del dinero estatal y, en segundo lugar, la Contraloría, que debe verificar estas asignaciones gestionadas a través del MEF. No obstante, en el MEF a cargo de De Lima, “hubo falla administrativa”, advirtió Montenegro.

¿El MEF tiene responsabilidad por asignar [partidas] sin sustento? 

“¡Claro! Se puede asignar una falla administrativa, que estás haciendo algo indebido, pero no es ilegal”, dijo Montenegro, porque no existe un procedimiento para hacer estas peticiones de traslados al titular del MEF, por lo que actualmente, dijo, preparan un manual.

De Lima, a su turno, se negó a conceder una entrevista para abordar los traslados de partidas y pidió el envío de un cuestionario.

Al exministro se le expuso que en el MEF no hay constancia de las peticiones de las millonarias partidas que le solicitaron en su gestión.

Se le preguntó si así se trabajaba y a qué se debía la falta de documentación que sustentara el traslado de partidas.

Pero De Lima no respondió las preguntas. Se limitó a decir: “El MEF hizo las gestiones para la asignación de partidas de la misma manera durante los cinco años de nuestro gobierno. Al inicio del gobierno, las gestiones de asignación de partida las hizo el ministro Alberto Vallarino y luego me correspondió hacerlas de la misma manera, cuando asumí el cargo de ministro del MEF”.

El exfuncionario describió de forma general el proceso para transferir partidas, pero sus respuestas carecían de detalles.

Su antecesor, Alberto Vallarino, aseguró que en su gestión las dependencias interesadas en el traslado de partidas las sustentaban ante la Dirección de Presupuesto del MEF y luego se tramitaba en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

“Me llama la atención que no existan archivos de dichas solicitudes en el MEF con sus posteriores aprobaciones en la Asamblea”, dijo extrañado Vallarino.

Se contactó una docena de veces, por teléfono y correos a quienes fungieron como director y subdirector de Presupuesto en ese período: Roberto Lugo y Omar Castillo, pero evadieron a este medio.

FUNCIONES DEL MEF

La Ley 97 de 1998 que creó el MEF establece que el ministerio debe llevar la “contabilidad gubernamental de forma integrada”.  

Le corresponde la “asignación periódica, registro, seguimiento y evaluación” de la ejecución presupuestaria, manejo del gasto público y establecer la política de organización administrativa del sector público.

Para el excontralor Carlos Vallarino, la “responsabilidad” sobre el traslado de las partidas está en el MEF, cuya ley orgánica es muy “fuerte” en cuanto al papel de este ministerio. A su juicio, el titular del MEF puede negarse perfectamente a trasladar una partida que no esté bien sustentada.

Se transfirió dinero a juntas comunales, las cuales “deberían justificar su uso, porque hablábamos del [traslado de partidas por el] orden de los $400 millones y, hasta donde yo sé, no se han justificado”, dijo el director de Presupuesto del MEF.

Reveló que en el ministerio indagaron sobre la cantidad asignada y a qué juntas comunales enviaron las partidas, y “al buscar [la documentación], nos encontramos que no había ninguna instrucción de esos traspasos ni solicitud, porque las solicitudes tampoco existían.

ASIGNACIÓN DE PARTIDAS

Al consultarle por correo la manera en que asignó las partidas, De Lima se limitó una vez más a describir el proceso. Previamente, en otra entrevista con La Prensa, se mostró indiferente.

¿Tiene algo que decir de esos traslados de fondos millonarios para bolsas de comida y para partidas circuitales a juntas comunales?

“Se dieron en los cinco años de nuestro gobierno. Yo fui ministro a partir de octubre de 2011. Curioso que La Prensa nunca menciona quién fue ministro desde el 1 de julio 2009 hasta octubre de 2011, cuando hablan del tema de las partidas”, dijo refiriéndose a su antecesor, Alberto Vallarino.

Vallarino comenzó con estas entregas. “Se han dado en todos los gobiernos, incluso se está dando en el gobierno actual. Eso era algo que se daba”, dijo De Lima.

Cuestionado por los exorbitantes montos entregados, De Lima dijo que él mismo detalló las cuantías entregadas a todos los diputados ante los medios.

Y, pese a haber preparado un documento detallado con el monto de cada traslado de partida para cada diputado, ahora alega que no tiene cómo precisar las entregas ni el procedimiento empleado.

La orden para asignar las partidas se debió a “un acuerdo que se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo en su momento, comenzando el gobierno [de Martinelli]”, indicó.

De Lima no se atrevió a contestar si actuó de forma responsable como jefe de las finanzas públicas al autorizar las transferencias de millones de dólares para fines cuestionables.

“Entrando [al Gobierno] se derogó la ley de centralización, y el gobierno nuestro iba enfocado a megaobras, como la línea del Metro. El propósito de esas partidas era que los diputados gestionaran obras pequeñas en las comunidades y por eso se asignaban parte en el PAN, parte dentro de la junta comunal”, simplificó.

Testigos del traslado de partidas

La actual administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura no contar con rastros que expliquen la asignación de partidas.

No obstante, dos funcionarios con altos cargos en la entidad fueron partícipes del cuestionado proceso en el gobierno pasado, pero se niegan a detallar su actuación.

Son Roberto Lugo, exdirector de Presupuesto y actual asesor del despacho del ministro Dulcidio De La Guardia, según el Nodo de Transparencia, y Euribiades Cano, antiguo jefe de Gestión y Pago en la Dirección de Tesorería y actual subdirector de Presupuesto del MEF.

La Prensa indagó cómo los diputados recibían las partidas y relucieron las cartas del MEF, firmadas por Lugo, incluso la aprobación de Omar Castillo, quien fue viceministro de Economía, subdirector de Presupuesto y hoy es diputado del Parlacen.

Con esta carta del MEF (ver facsímil) que llevaban los asistentes de los diputados a las juntas comunales, el representante acudía a la ventanilla única del MEF para la gestión de cobro y se depositaba la partida del diputado en cuentas de la junta comunal respectiva.

La Prensa se comunicó con Castillo. Primero, se excusó diciendo que no podía contestar porque iba conduciendo y luego no respondió. Días después, tras escuchar que una periodista de La Prensa lo llamaba, cerró el teléfono abruptamente y no atendió una decena de llamadas ni mensajes dejados en su buzón de voz. 

Lugo también guardó silencio, aun cuando la actual Dirección de Presupuesto lo designó para esclarecer cualquier duda respecto a una entrevista gestionada por este medio en el MEF sobre las partidas del gobierno pasado.

Se le pidió la intervención al director de Presupuesto, Horacio Montenegro, para obtener respuesta de Lugo, pero esta vez Montenegro no ayudó.

La representante reelecta de Playa Leona, en La Chorrera, Lilia Batista, es una de las que dijo que “todos [en el MEF] sabían lo que había que hacer”.

En Playa Leona depositaron sus partidas los diputados Marcos González (CD), Absalón Herrera (CD), Tito Rodríguez (Molirena) y Rubén Frías (CD).

Las cartas de todos ellos eran iguales, expuso Batista, quien evitó mostrarlas, pero dijo que identificaba los montos de cada uno según el mensajero que se las traía. Cuando el dinero se depositaba en la cuenta de la junta comunal, dijo, que entonces hacía los cheques a nombre de las empresas y beneficiarios de “asistencia social” que cada diputado le indicaba. Pero antes de recibir las cartas y fondos, Batista consultó a Cano en el Departamento de Tesorería al respecto: “Ando investigando, porque yo no me quiero meter en problemas”.

Cano, actual subdirector de Presupuesto, le explicó en 2010 que todo estaba “institucionalizado”. “No tiene que venir acá, vaya a la ventanilla [única]. En ventanilla, el funcionario sabe lo que tiene que hacer”, narró.

En aquel entonces, Cano le dijo “que en los años que tenía de estar ahí sabía que se había hecho con otras juntas comunales y con alcaldías”, y la refirió a asesorarse con la junta comunal de Río de Jesús, en Veraguas, que llevaba años recibiendo fondos de diputados para sus “obras”.

Cinco años después, Cano asegura desconocer de alguna indicación para los traslados de partidas.

Se le preguntó a Cano por correo, con copia al director de Presupuesto, bajo qué parámetro validó este proceso que es investigado, y si las cartas que Lugo firmó reposan en los archivos del ministerio, pero la respuesta fue esquiva: “el MEF está colaborando activamente con los procesos e investigaciones … que se surten ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para deslindar las responsabilidades”.

Diputados Postergan Decisión Sobre Las Sesiones Judiciales

La convocatoria a sesiones judiciales en la Asamblea Nacional tendrá que esperar hasta la próxima semana.

En la sesión de ayer de la Comisión de Credenciales, Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se mostró en desacuerdo con que los diputados principales no se enfrentaran a la decisión de elegir a los jueces de garantías. ‘No puede ser una decisión de los suplentes', aseveró. La diputada Ana Matilde Gómez secundó la moción.

Los diputados principales que no asistieron a la sesión fueron Zulay Rodríguez y Luis Barría. Este último, por motivos de viaje a Beijing, China, habilitó a su suplente.

En la sesión de Credenciales, el diputado Miller sustentó el salvamento de voto en el cual explicó por qué se opuso a que se investigara al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides.

Miller, en el documento leído, sostiene que la carta de Vicente Caballero presentada por la firma de abogados Vega & Álvarez ‘no puede considerarse como prueba válida'.

Caballero remitió una carta a la Comisión de Credenciales en la que se acusa a Benavides por la supuesta venta de fallos y de pedofilia.

Miller argumentó, además, que la decisión adoptada por los ocho comisionados ‘riñe con la Constitución Política'.

DECISIÓN PENDIENTE

Al completar las formalidades de admisión, no será hasta la próxima semana cuando se conocerá cuáles diputados conformarán la comisión de garantías, informó la presidenta encargada de este equipo.

Levy anunció que se enviará el informe técnico al presidente de este órgano del Estado para que convoque a sesiones judiciales al pleno y se inicie el proceso al magistrado Benavides.

Los diputados optaron por esperar la presencia del diputado panameñista y presidente de la Comisión, Luis Barría, quien se encuentra en China.

El artículo 152 de la Constitución faculta al presidente de la Asamblea a convocar al pleno legislativo a sesiones judiciales y en esta etapa designar al fiscal de la causa.

Una vez se elija los miembros de la comisión de garantías, se le comunicará al presidente de la Asamblea, el diputado Adolfo Valderrama, la decisión mediante una resolución para que convoque al pleno y elegir quien será el fiscal de la causa. Se menciona a Jorge Iván Arrocha y Jorge Alberto Rosas como el posible fiscal.

Benavides es el segundo magistrado de la Corte, en menos de un año, que es investigado por la Asamblea.

Ángel Gómez, abogado de Benavides, miembro de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, asegura que la carta de Caballero no es una prueba idónea para procesarlo.

ARCHIVAN EXPEDIENTES

En la misma sesión de ayer, se archivaron expedientes contra magistrados de la Corte Suprema, por no cumplir con los requisitos ordenados por la ley.

La Comisión de Credenciales archivó denuncias contra los magistrados José Ayú Prado, Jerónimo Mejía y declinó ver otros expedientes por falta de competencia.

Exministro Frank De Lima, Detenido Por Lío En El Programa De Ayuda Nacional

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, formuló cargos por la supuesta comisión del delito de peculado al exministro de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima, y ordenó su detención preventiva.

De Lima, acusado en el proceso por supuestas anomalías en la compraventa de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), llegó a la fiscalía cerca del mediodía de ayer, lunes 11 de mayo, en compañía de su abogado, Eduardo Sequeira.

El también dirigente de Cambio Democrático (CD) salió a las 10:30 p.m. del edificio Avesa, sede de la fiscalía, esposado y vigilado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Su abogado defensor no hizo comentarios a los medios de comunicación a su salida de la fiscalía.

La denuncia por posible peculado en la compraventa de granos al PAN fue interpuesta a finales de 2014 por el actual director de la entidad, Rafael Stanziola, quien entonces calculó que el monto del ilícito ascendía a $1.7 millón, tras la negociación de casi $5 millones en granos.

Como parte de las investigaciones del caso permanece bajo detención preventiva el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén, y la fiscalía imputó cargos de peculado a otras 32 personas.

Esta investigación puso al descubierto que Guardia Jaén tenía depósitos en bancos locales y extranjeros, a su nombre y a nombre de sociedades vinculadas con él y su entorno, y otros bienes, por un monto superior a los $18 millones.

LA TRAMPA QUE VINCULA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

En la declaración indagatoria que rindió por este caso, Guardia Jaén explicó que debido a que el presupuesto del PAN no tenía fondos suficientes, el entonces presidente Ricardo Martinelli daba instrucciones al MEF para que transfiriera los fondos para las compras.

Las transacciones tenían que pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, pues todo traslado de partida superior a $300 mil debe tener el visto bueno del Legislativo. Sin embargo, para obviar este trámite se desglosaban las compras en montos de $299 mil hasta llegar a $4 millones, explicó.

Trascendió que por esta práctica del MEF la Fiscalía Primera Anticorrupción formuló cargos de peculado a De Lima.

CÓMO FUE EL NEGOCIO

Según consta en el expediente, los contratos para la compra de granos fueron otorgados entre 2012 y 2014.

Uno de los más cuantiosos –por $4.5 millones– fue adjudicado a la empresa Hialing Corporation, S.A. mediante la Resolución Ejecutiva No. 057-2014 del 27 de marzo de 2014. Esta empresa está ligada al hermano del exgobernante Ricardo Martinelli, el empresario Mario Martinelli, quien, sin embargo, lo niega y afirma que solo fue su financista.

En el caso del arroz, cada quintal fue adquirido por $80 la unidad, cuando el precio era $49 el quintal.

Otro tanto sucedió con las lentejas, que se compraron a $100 el quintal, cuando el precio local era $55. Lo mismo ocurrió con los frijoles chiricanos, que se compraron por $110, pese a que su valor era de $76 el quintal.

Guardia Jaén fue quien reveló a la fiscalía que el modus operandi de la red que estaba detrás de la venta de granos al PAN consistía en lo siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato; en este caso, para la venta de quintales de lentejas, porotos y frijoles.

Incluso, Guardia Jaén admitió que recibió “beneficios” –coimas– por adjudicaciones que otorgó.

Guardia Jaén también reveló la relación de Roberto Brin –jefe de ventas del Súper 99, propiedad de la familia Martinelli– con los proveedores a los que se les adjudicaba las compras. “Él era quien organizaba las empresas con los dignatarios de las mismas empresas a las que se les asignaba estos actos”, añadió.

IMPUTADOS

Entre los 32 imputados por la fiscalía figuran la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Ricardo Martinelli, y Ángel Famiglietti, ex jefe de Nutrición del PAN.

Figuran también, los empresarios Mario Martinelli, Roberto Brin, Desirée Aranda González, Pablo Ruiz Obregón, Práxedis Pinzón, Mara del Carmen Vergara, Aldo Mangravita Fernández Miranda, Félix Fernández Miranda Cerjack, Roberto Pérez, Manuel Ríos Correa, Diego De Ycaza, Harold Acevedo, Edwin Fernández Ramos, José Gutiérrez, Brígida Caballero, Milcíades Guerra, Marcela Pardo, Yolanda Rangel, José Coparropa, Adrián Guardia Chang, Jorge González Sevillano, Maribel Sandoya Romero, Lineth Salazar Him, Ángelo Herrera, Guillermo Burbano Murillo, Zuleika Rodríguez Chérigo, Yulius Chen Castillo, Jennifer Barría Pérez y Vanesa Isabel Ríos.

Katleen Levy Asume Suplencia En Caso Benavides

El diputado Luis Barría, quien es presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, habilitó a la diputada Katleen Levy para que asumiera el cargo, ante su ausencia temporal.

Levy podrá convocar y dirigir cualquier sesión necesaria durante esos días. Explicó que se reunirá con los demás diputados para que entreguen los informes faltantes, posterior a esto, deberá enviarle una nota al presidente de la Asamblea para que convoque al Pleno y escojan al Fiscal de la Causa que llevará el caso contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Victor Benavides.

La diputada panameñista aclaró en un noticiario local, que su asistente recibió la nota que la habilitaba como presidenta de la Comisión el día de ayer.

Oydén Ortega Se Enfrenta Al Reto De Procesar A Martinelli

Investigar al expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto desfalco en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) no es la única tarea sensible que la Corte Suprema de Justicia ha encargado al magistrado de lo civil Oydén Ortega.

Antes de este expediente, en el despacho de Ortega —nombrado en 2006 por el entonces presidente Martín Torrijos— ha reposado un abanico de causas mediáticas, entre ellas la disputa por la herencia millonaria del estadounidense Wilson Lucom, el complicado caso Cemis y el escandaloso fallo contra los periodistas Sabrina Bacal, Justino González y, en general, el ejercicio de la libre prensa.

En función de los complejos expedientes que le han tocado, ahora hay quienes se preguntan si Ortega podrá con Ricardo Martinelli.

Desde octubre de 2010 reposa en el Legislativo una denuncia en su contra. Lo señalan de haber ‘delinquido' al apoyar el cambio del testamento de Lucom, que alcanzaba los $50 millones, entre activos líquidos y propiedades (entre ellas la hacienda Santa Mónica en Coclé).

LA HERENCIA DE TODOS

Los bienes, que en principio debían ser para ‘los niños pobres de Panamá', quedaron a nombre de la viuda de Lucom. Hacienda Santa Mónica —que representa el 80% de la herencia— fue vendida después al primer ministro de Economía de Martinelli, Alberto Vallarino, quien pretendía desde ahí la titulación de la playa de Juan Hombrón, la misma costa que la familia de su compañero de Gabinete Demetrio Papadimitriu pretendía.

El exnotario Mario Velásquez Chizmar aseguraba en la queja —que incluía además a los magistrados Harley Mitchell y Alberto Cigarruista, también firmantes del fallo— que la Corte había violado la voluntad de Lucom, algo sobre lo que no podían decidir.

Entre los políticos creen que, más allá, hubo un ‘golpe de voluntades' desde el poder Ejecutivo, liderado durante esos días por Martinelli. El gobierno no podía solo: para entonces había nombrado apenas a dos de los nueve magistrados de la Corte (Alejandro Moncada y José Abel Almengor), por lo que la mayoría era todavía una utopía.

Los asesores de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional han recomendado a los diputados no admitir la queja de Velásquez Chizmar porque, ‘con fundamento en el artículo 1196 del Código Judicial, los fallos de la Corte no son susceptibles de recurso alguno'.

PROBLEMA ‘MULTIMODAL'

Cuatro años después de la presentación de la denuncia por el caso Lucom, la Corte ponía punto final al escándalo por el soborno de diputados para la aprobación de una ley que permitiría la construcción del Centro Multimodal en Colón, el Cemis.

El caso enredó a la Asamblea Legislativa, al PRD, al panameñismo, al gobierno de Mireya Moscoso y todavía más a Martín Torrijos.

Ortega fue comisionado en 2009 como ponente de este expediente, que para entonces llevaba seis años congelado en la Corte. En 2003 los magistrados decidieron cerrar la investigación sin llamar a juicio a nadie, pero la emisión de un video en el que el exdiputado Manuel de la Hoz implicaba a Torrijos en la trama para el pago de comisiones a legisladores del PRD, los obligó a reabrirla.

Ana Matilde Gómez, como procuradora General de la Nación, hizo la petición al máximo tribunal.

En algunos círculos se cree que el Cemis ha sido utilizado siempre como un banderín para neutralizar el balance mediático. Escándalo mata escándalo, dicen algunos.

La causa, al menos para Torrijos, murió el año pasado, cuando en pleno los magistrados anularon el proceso en su contra y lo sobreyeron, tras cinco años de debate por la inmunidad que le otorgaba ser diputado del Parlacen.

La violación de ese fuero electoral fue lo que precipitó la investigación, según determinó la Corte. Es curioso: se trata de la misma discusión que empantanó la apertura de la causa contra Martinelli. La que ahora Ortega lleva sobre sus hombros.

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AUDIENCIA

Defensa del expresidente intentará frenar caso

El lunes por la tarde, los abogados Sidney Sitton y Rogelio Cruz intentarán que la Corte Suprema de Justicia anule el proceso judicial recién abierto contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Ese día tendrán una cita con el magistrado de garantías del caso, Jerónimo Mejía, al que expondrán los supuestos vicios que llevarían al archivo del expediente.

‘Tenemos suficientes argumentos', insiste Sitton. Uno de ellos sería el supuesto fuero electoral que adquiriría Martinelli al llamar Cambio Democrático a nuevas elecciones. El Tribunal Electoral ya lo había descartado como un obstáculo para la investigación.

Esta es la primera maniobra en el proceso judicial. El martes, la Corte notificó a los defensores de Martinelli sobre dónde y cómo ubicar al magistrado Ortega.

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POSTURAS DEL MAGISTRADO

Ortega es parte de la Sala Primera de lo Civil de la Corte.

CAUSA GÓMEZ

El magistrado salvó su voto en el proceso que se seguía contra la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, y que terminó en su destitución.

ARGUMENTO

Según Ortega, Gómez no había cometido abuso de autoridad al ordenar investigar al fiscal Arquimedes Sáez, acusado de concusión.

CASO EISENMANN

También salvó su voto en la decisión de la Corte de no admitir un amparo de Desarrollo Golf Coronado contra el secuestro que le decretó la DGI. A su juicio, no se cumplió con el debido proceso.

164 Procesos Por Lesión Patrimonial Se Han Presentado En 10 Meses

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó sobre la instrucción de 164 procesos por la posible comisión de delitos contra la administración, que por lo pronto están repartidos en cuatro fiscalías anticorrupción.

Los procesos fueron presentados desde julio de 2014, cuando acabó el gobierno de Ricardo Martinelli y se estrenó el de Juan Carlos Varela.

Eso implica –según una valoración de la propia Porcell– que en cada fiscalía se instruye un promedio de 40 nuevos expedientes, razón por la que hace tres semanas anunció la creación de dos nuevos fiscalías anticorrupción: la quinta, que estará a cargo de Janeth Rovetto, y la sexta, dirigida por Aurelio Vásquez.

Porcell indicó que como parte de algunas investigaciones ya se han ordenado “considerables incautaciones de cuentas y bienes, que están por valorar”, aunque preliminarmente calculó que podrían ascender a $120 millones.

“Vale la pena informar que cuando el Ministerio Público recibe una investigación o denuncia, nosotros practicamos todas las diligencias que podemos realizar hasta un punto, porque ya cuando se requiere la auditoría pues tenemos que esperar a que ese informe llegue”

El pasado martes, el presidente Varela cifró en $100 millones el monto que está en vías de recuperación, identificado hasta ahora, como parte de los procesos que se adelantan por lesión patrimonial contra el Estado. “Y la cifra puede ser mucho más importante”, anticipó Varela.

Hasta ahora, la Procuraduría ha recibido las conclusiones de cuatro auditorías por parte de la Contraloría: la del contrato de alimentos deshidratados a favor de Lerkshore International, por $44.5 millones; la de la compra de la máquina pinchadora a la empresa israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones; la de la adquisición y distribución de bolsas de alimentos, por $33.2 millones, y la del supuesto enriquecimiento injustificado al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, actualmente bajo detención preventiva.

En los tres primeros casos, las compras se realizaron con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Sobre el programa “Piso y Techo” –también financiado por el PAN–, la procuradora contó que la fiscalía solicitó una prórroga para la instrucción del expediente, la cual le fue concedida por un año.

“Eso permitirá que la Contraloría General de la República nos pueda también elaborar la auditoría correspondiente”, señaló.

“Vale la pena informar que cuando el Ministerio Público recibe una investigación o denuncia, nosotros practicamos todas las diligencias que podemos realizar hasta un punto, porque ya cuando se requiere la auditoría pues tenemos que esperar a que ese informe llegue”, agregó.

En cuanto a la compra de granos a la empresa Hialing Corporation, también con dineros del PAN, Porcell mencionó que la fiscalía apeló la fianza de excarcelación que un juzgado otorgó a favor de Mario Martinelli Berrocal –hermano del expresidente– por $2 millones.

“Estamos a la espera si se mantiene ese monto o se aumenta. La investigación continúa. Esos son temas que no paralizan la investigación”, remarcó. 

De todos estos casos, solo se ha completado la vista fiscal sobre el contrato a Lerkshore.

El Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para nueve personas: el exdirector y el exjefe de Nutrición del PAN, Giacomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas); las ex viceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social), y el representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza.

Todos tienen medidas cautelares, ya sea de casa por cárcel o de país por cárcel, salvo De Obarrio, quien no está en el país.

Compras a manos llenas

Solo algunos meses después de que la Dirección General de Ingresos (DGI) contratara, de forma directa, los servicios de Cobranzas del Istmo, S.A. –que durante la gestión de Luis Cucalón facturó $47.1 millones por el cobro de impuestos morosos–, la apoderada de esta compañía, María Alessandra Salerno Gómez, compró al contado lujosos apartamentos y locales comerciales que suman unos $8 millones.

 

Entre octubre de 2010 y diciembre de 2013, Salerno Gómez adquirió, al menos, 20 inmuebles en San Francisco, Punta Pacífica y Parque Lefevre. Curiosamente, todos se compraron a sociedades vinculadas a un empresario: Gabriel Gaby Btesh, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

Btesh no solo es conocido por su vínculo con Martinelli y su socio Felipe Pipo Virzi. Su nombre emergió en escándalos como el terreno del florista en Paitilla, los estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen y acompañó a Martinelli en un costoso viaje de placer a Cerdeña en 2011, pagado con fondos que gestionó Valter Lavítola.

Tal era su cercanía a Martinelli que, en 2013, el hoy presidente, Juan Carlos Varela, lo definió como el arquitecto que arma negocios con el Gobierno y dirige la agenda económica del Estado.

EL VECINO

 

Uno de sus edificios, el H2O, en la avenida Balboa, albergó el call center de Cambio Democrático para atacar a los opositores de Martinelli. Y justo al lado se ubicó un vecino interesante: Cobranzas del Istmo.

 

Esta sociedad obtuvo el contrato de “gestor de cobro” para recuperar la morosidad tributaria el 25 de agosto de 2010, documento que firmaron Luis Cucalón, administrador de la DGI, y Magaly Ramos, representante legal de Cobranzas del Istmo.

Pero la empresa adquirió un local para hacer esta labor semanas después de obtener el contrato, revela la escritura pública 19597 de 14 de septiembre de 2010, registrada en la Notaría Quinta.

Se trata de la compra de un local en el edificio H2O, con una superficie de 712 metros cuadrados, que costó $1.4 millón y –dato relevante– fue el único inmueble adquirido con financiamiento.

La transacción se hizo a través de la sociedad Inmobiliaria H2O E, cuyos directores son Cristóbal Salerno Ballestas, Teresa Arcángel Díaz y Nereida Shaik de Caicedo, y como presidenta María Alessandra Salerno Gómez, hija de Cristóbal Salerno Ballestas.

INCUMPLIMIENTOS

El contrato exigía al proveedor “ser propietario de todo equipo informático (hardware/software) que se requiera para prestar el servicio requerido” y que “el proveedor debe contar con una central telefónica propia”.

Pero no fue hasta el 25 de enero de 2011 que Cobranzas del Istmo solicitó ampliar una línea de crédito que mantenía con Multibank para comprar los equipos.

La petición contó con el aval del banco, que amplió el monto a $500 mil con una condición: “el dinero debe usarse exclusivamente para el equipamiento del centro de llamadas”, dice la escritura pública 1923, registrada en la Notaría Décima de Panamá.

No fue todo. Ese mismo día –el 25 de enero de 2011– Multibank celebró otro contrato de préstamo –cuyo fin se desconoce– de $1.6 millón con la sociedad Inmobiliaria H2O E, dueña del local de Cobranzas del Istmo. Curiosamente, ese local sirvió de garantía del contrato firmado con la DGI.

Publio Cortés, titular de la DGI, pidió secuestrar bienes muebles e inmuebles, cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos y cuentas bancarias de Cobranzas del Istmo y de empresas vinculadas a Salerno Ballestas.

La medida se solicitó tras una auditoría que arrojó indicios de defraudación fiscal en el pago del impuesto sobre la renta en 2012 y 2013 por parte de la compañía. El monto del secuestro asciende a $42.8 millones.

Sin embargo, nada se ha dicho de María Alessandra Salerno Gómez, apoderada de la firma, quien también aparece, desde 2012, como presidenta de Limacri Holding, S.A., accionista principal de Cobranzas del Istmo.

 

FESTIVAL DE COMPRAS

Tras la firma del contrato de Cobranzas del Istmo, Salerno Gómez comenzó a comprar inmuebles. A finales de octubre de 2010, adquirió cuatro apartamentos al contado. Tres en el P.H. Icon Tower, en San Francisco, y uno en el P.H. Sevilla, en Parque Lefevre, por un valor de $555 mil.

Es decir, $55 mil por encima de la primera gestión de cobro que presentó Cobranzas del Istmo a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, y que ascendió a $500 mil. El refrendo se hizo el 8 de septiembre de 2010, dos semanas después de que Cucalón firmara el contrato con Cobranzas del Istmo.

El 27 de mayo de 2013, Salerno Gómez volvió a comprar nueve inmuebles al contado. Esta vez, en el P.H. Oceanía, en Punta Pacífica, también vinculado a Btesh.

Por esos nueve inmuebles Salerno Gómez pagó $4.5 millones. Para entonces, el Estado le había pagado a Cobranzas del Istmo unos $10 millones.

Siete apartamentos adquiridos por Salerno Gómez fueron revendidos casi de inmediato a personas naturales y a un precio mucho más elevado.

Los nuevos propietarios compraron el bien con préstamos de bancos locales y ese dinero era transferido a Salerno Gómez, quien lo cedía a Ilkeston Associates, S.A. que no aparece en el Registro Público.

La Prensa hizo ingentes esfuerzos –a través de abogados que trabajaron para Salerno Gómez– a fin de obtener su versión, pero varios se negaron a dar su número telefónico y otros dijeron no conocerlo.

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El H2O, un edificio con historia

05 may 2015 – 00:05h

El edificio H2O –ubicado frente al mar en la avenida Balboa– cobró notoriedad en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. No solo porque allí operaba el call center de Cambio Democrático y Cobranzas del Istmo, S.A., sino porque fue el refugio de personas vinculadas a escándalos en el pasado.

Una de ellas, Karen De Gracia, expareja del convicto italiano Valter Lavítola; el exsecretario de Seguridad de la Presidencia Rodrigo Sarasqueta

y hasta el periodista Santiago Fascetto. En el H2O también le prometieron un apartamento al florista César Segura, el del escándalo del terreno de Punta Paitilla.