Gustavo Pérez confirma existencia de grupo para escuchas

Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional y contra quienes pesa una orden de arresto por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, operaban una subestructura dentro de ese organismo que solo respondía al Presidente de la República.

Lo anterior se desprende de las declaraciones que dio el 4 de este mes el ex secretario ejecutivo del Consejo Gustavo Pérez al ampliar su indagatoria ante la fiscalía adjunta del Ministerio Público que investiga las interceptaciones telefónicas durante el gobierno anterior, caso por el que está preso en La Gran Joya.

De acuerdo con Pérez, a pesar de que Rodríguez era un oficial de rango menor y su subalterno, no respondía a sus órdenes y se manejaba con un grupo separado.

“Ellos estaban trabajando por sí solos en un grupo, separados, con otras órdenes”, dijo. “Ya había un modus operandi de trabajo entre Ronny Rodríguez y la Presidencia. Muchas veces solicitaba verlo, pero no podía y lo mismo sucedía con el resto de las unidades del Consejo”, detalló Pérez.

Todos los jefes de seguridad –agregó– teníamos que ver con el Presidente, pero Rodríguez y Pittí se quedaban en la Presidencia hasta tarde en la noche, sin directrices mías.

Pérez también reveló que Rodríguez recibía su salario como capitán de la Policía Nacional (PN) y otros 6 mil dólares directamente de la Presidencia, y que fue ascendido a subcomisionado en la gestión de Julio Moltó al frente de la PN.

GRUPO FIJABA OBJETIVOS

Al ser preguntado sobre las órdenes para seguir a empresarios, políticos y periodistas –que según un funcionario del Consejo de Seguridad interrogado por la fiscalía eran transmitidas por Rodríguez al jefe de grupo y luego a la jefa de Inteligencia, Carmen Salinas, alias La Profe–, Pérez respondió “desconozco”.

Y con esa misma palabra respondió a preguntas relacionadas con las declaraciones de dicho funcionario, según las cuales entre los objetivos de seguimientos y escuchas estaban el empresario Roberto Eisenmann, la ambientalista Raiza Banfield, los miembros del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson, Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Juan Carlos Navarro y Roberto Velásquez; así  como los dirigentes del Suntracs Genaro López y Saúl Méndez; la dirigente magisterial Yadira Pino; y la cacica Silvia Carrera.

Pérez también negó tener conocimiento sobre lo afirmado por el funcionario en cuanto a que los audios y videos producto de los seguimientos eran entregados a la Presidencia en informes, que, más tarde, salían divulgados en noticieros de radio y televisión, en periódicos y redes sociales, en campañas de desprestigio contra las personas objeto de la vigilancia.

Aunque Pérez afirmó desconocer la existencia de estas prácticas, dijo que se trató de labores clandestinas en las que debieron participar varias personas.

Indicó que su teléfono estaba intervenido porque no era “sujeto de confianza”, razón por la cual renunció varias veces hasta que finalmente fue enviado al viceministerio de Gobierno.

Pese a que la fiscalía tiene el registro de su firma, Pérez insistió en que nunca firmó el contrato por $13 millones para comprar uno de los equipos utilizado en las escuchas telefónicas.

A su juicio, en el gobierno anterior existía un gran negociado con la compra de estos equipos, ya que a su despacho llegaban cientos de peticiones y recomendaciones para la adquisición de equipos, pero nunca participó en esas negociaciones.

Interrogado sobre una serie de documentos encontrados en una caja fuerte en su oficina de Panamá Ports, admitió la existencia de informes inherentes a operaciones de seguimiento a narcotraficantes que, sin embargo, nunca consideró como importantes, porque “todo lo pasaba a la Dirección de Investigación Policial (DIP)”.

Aclaró, al mismo tiempo, que las anotaciones manuscritas al reverso de esos documentos, con fechas y detalles, no le  pertenecen.

 

PIDE CASA POR CÁRCEL

Al final, Pérez solicitó al Ministerio Público que le otorgue una medida cautelar de casa por cárcel, ya que dentro de la cárcel La Gran Joya hay narcotraficantes y delincuentes que lo amenazan.

Aseguró que sufre de hipertensión arterial crónica, que debe ser tratada por especialistas, y de claustrofobia, por la que toma medicamentos.

A la vez, opinó que por tratarse de un “reo de alto perfil”, ya que fue director de la Policía Nacional, y debido a que intenta apoyar al Ministerio Público en la investigación de los pinchazos, su seguridad está en peligro, ya que sería muy fácil que atentaran contra él.

Abogada de ‘Chichi’ pide revocar orden de detención

La abogada Edna Ramos, defensa de Aldolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario privado de Ricardo Martinelli, presentó ayer, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un hábeas corpus para revocar la medida de detención preventiva, que ordenó la fiscalía Segunda Anticorrupción, el mes pasado, contra su cliente.

Ramos manifestó que con este recurso procura ‘enderezar los entuertos’ que están cometiendo los fiscales en el Ministerio Público.

En diciembre del año pasado, la abogada había presentado cuatro hábeas corpus, para conocer si habían acusaciones en contra de De Obarrio. Estos fueron declarados no viables en ese momento.

Precisamente, adelantó que va a presentar más de 20 recursos legales tanto en la CSJ como en los juzgados de circuito.

La abogada arguyó, además, que gran parte de las partidas fueron trasladadas al Programa de Ayuda Nacional (PAN) desde otros ministerios, por lo que esos presupuestos no podían utilizarse sin autorización previa de esas entidades.

‘Lo han llamado a responder a solo un día de vencer el término de investigación por cargos de $45 millones, en lo que Adolfo De Obarrio no recibió ni un céntimo’, recalcó.

Recordó las supuestas irregularidades en las que se incurrió en medio de las diligencias ‘violando el debido proceso’, las mismas que la han llevado a presentar las recientes acciones legales a favor de su cliente .

‘En este país debemos aprender a investigar para luego detener, y no detener para luego investigar’, manifestó Ramos en relación a la medida cautelar dictaminada por la fiscal Segunda Vielka Broce.

Reiteró que su defendido no regresará a Panamá, en tanto no existan las garantías constitucionales correspondientes que aseguren un proceso conforme a la ley.

La ruta del PAN a Monte Oscuro

El aparato político de Ricardo Martinelli orquestó una triangulación de dineros para financiar los últimos gastos del partido Cambio Democrático en la campaña electoral. La estrategia fue falsear los contratos de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), reveló a La Estrella de Panamá un testigo protegido que colabora con la Fiscalía Primera Anticorrupción en las investigaciones por corrupción en esta institución.

‘Empresas amigas’ cobraban los cheques del Estado y entregaban dinero en efectivo al hermano del expresidente, quien se encargaba de las operaciones de campaña de Cambio Democrático (CD), según relata la misma fuente.

Las declaraciones revelan una de las formas en las que, aparentemente, el entonces colectivo oficialista nutría la cuenta bancaria con la que se hizo frente a los compromisos económicos durante los meses previos a las pasadas elecciones.

A través de compras ficticias de bolsas de comida se alimentaba la cuenta bancaria del partido, agregó.

Según la fuente, ‘parte de las supuestas órdenes de compra de bolsas de comida no se entregaban en su totalidad; en ocasiones solo se trataba de facturas. Se efectuaba un acto y los protocolos correspondientes, se asignaba la compra y el proveedor depositaba el cheque en su cuenta de banco. Tres días después, cuando se compensaban los fondos, el proveedor entregaba un retorno de entre el 60% y el 70% del total de la compra, en efectivo y por previo acuerdo con el PAN.

Desdel el PAN, el dinero se le hacía llegar a Mario Martinelli en las oficinas del Súper 99 ubicadas en Monte Oscuro’, indicó el testigo.

El informante precisó que el proveedor se quedaba con un 30% de la supuesta venta, para justificar la presunta compra y los temas fiscales de la empresa.

Un día después de recibir el dinero, Martinelli ponía los fondos en la cuenta del partido en el Banco Panamá, para cubrir los gastos de transporte y otras necesidades de logística’, dijo el testigo protegido.

¿Cómo llegaban los dineros a los que se refiere el testigo al Banco Panamá?

Es una pregunta que solo puede responder Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, accionista y vocal del Banco Panamá, y representante de CD en la Junta Nacional de Escrutinio.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Mario Martinelli para conocer su versión, pero no respondió.

La Fiscalía Anticorrupción inició ya una investigación, pero tuvo que ponerla en pausa posteriormente, ya que Martinelli goza de fuero penal electoral por su participación en el proceso.

Ramón Chiari, gerente de Banco Panamá, señaló a La Estrella de Panamá que el banco que él dirige ‘es una entidad responsable, seria, regulada, y como tal se rige bajo las mejores prácticas bancarias locales e internacionales para cumplir con su rol de intermediación financiera, tal cual dicta la normativa y la ley bancaria.

‘Banco Panamá mantiene con todos sus clientes un riguroso apego a la ley bancaria y a las mejores prácticas de manejo de relaciones bancarias. Nosotros seguimos siempre todas y cada una de las normativas y políticas que son conservadoras. Yo no le puedo dar información de cuentas particulares del banco’, añadió.

EL MEF FACILITABA LAS PARTIDAS

El testigo asegura que estas compras representaban altas sumas de dinero, pero que, no obstante, el ‘Ministerio de Economía y Finanzas se encargaba de proveer las partidas del PAN para estos fines’.

‘Entre marzo y abril de 2014 -apuntó- se efectuaron entre 6 y 8 de este tipo de transacciones, cuyas cantidades variaban entre los $220 mil y $600 mil’.

Las supuestas compras de bolsas de comida se hacían principalmente a través de las empresas de ‘Marciaga —Juan Carlos—, quien vendía y entregaba las compras en algunas ocasiones, pero en otras no’, reseña el testigo.

La versión del exdirector del PAN Rafael Guardia, recluido en el centro penitenciario La Gran Joya, a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción coincide en varios puntos con el relato del testigo protegido.

Según Guardia, Marciaga tenía 16 empresas entre las que él escogía cuáles iban a participar en los diferentes actos. Marciaga reportaba directamente a Adolfo De Obarrio, su entonces jefe y secretario del exmandatario, aseguró.

LA CHEQUERA DE CD

Este diario tuvo acceso a cheques y documentos que parecen respaldar las declaraciones del testigo protegido.

El 30 de abril, el CD, entonces favorito del electorado, según las encuestas, giraba los cheques que sufragarían los gastos de la campaña electoral.

Cada uno de los beneficiados retiraba los fondos del Banco Panamá, entidad en la que el colectivo mantenía una cuenta a nombre de ‘Partido Cambio Democrático – Abogados 359’.

De esta cuenta se emitieron cientos de cheques para diputados, candidatos en general, dirigentes y cuadros políticos enlistados en distintas comisiones, que supuestamente rubricaba —al menos a los que tuvo acceso este diario— Mario Martinelli.

Cuatro cheques, fechados el 30 de abril de 2014 —cuatro días antes de las elecciones generales— tienen la firma de Mario Martinelli identificada por el testigo. Sus beneficiarios están relacionados con las actividades de la campaña. Dos de los documentos bancarios muestran como beneficiario a Rufino Bejarano, por $22,625.

El entonces candidato a diputado por el circuito 12-2, comarca Ngäbe-Bugle, aparece en el listado de ‘casos especiales de la comisión de transporte’.

Uno más está a nombre de la hoy diputada Mariela Vega, del circuito 7-2. El cheque es por $1,000 y aparece en la lista de pagos de ‘seguridad de actas’.

En otros dos cheques se lee ‘Edgardo Palacio’. Uno es por $3,500, en concepto de ‘ seguridad de actas’; el otro, de $10,585, ‘por transporte’.

Según el reporte al que tuvo acceso este diario, en la lista de transporte, una de las más abultadas, se desembolsaron fondos por $172,462.

Por otra parte, en el renglón de ‘carros casas’ se leen los nombres del diputado Noriel Salerno, quien logró su reelección por el circuito 2-4 (Aguadulce), y del exalcalde Rubén Darío Campos. Supuestamente cada uno cobró mil dólares.

El testigo protegido espera aportar estos y otros datos a la Fiscalía, cuando ésta lo requiera para judicializar la información.

Las declaraciones que brindó el testigo protegido en el caso del PAN originaron la vinculación de distintos funcionarios que hoy rinden declaración ante la Fiscalía, como Rafael Guardia y Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio.

Contra éste último, la Fiscalía Segunda emitió recientemente una orden de detención preventiva por la supuesta adjudicación irregular de los contratos del PAN. Su abogada, Edna Ramos, ha manifestado que se encuentra fuera del país y que no volverá hasta que se le garantice, según ella, las condiciones para un proceso sin tintes políticos.

Exnotaria de Colón denuncia a Martinelli de persecución política

Nedelka Navas,  exnotaria Primera del Circuito de Colón denunció al expresidente Ricardo Martinellipor supuestamente de ser el causante de su destitución y de montarle una persecución en su contra por no aceptar una solicitud que le hizo.

Navas, explicó en un medio televisivo todo se dio luego que ella rechazó la propuesta del expresidente Martinelli, de denunciar al entonces vicepresidente Juan Carlos Varela (ahora mandatario de la República) y a causa de esto, el exmandatario inició una persecución en su contra donde ocasionó la pérdida de una de una de su bebé  y su destitución, cuando aún ella se encontraba embarazada.

"Me llamaban por teléfonos, me acosaban todos los días para que yo saliera voluntariamente de la notaria, esto ocasionó la pérdida de mi hija, a quien tuve sin vida en mi vientre por  cuatro meses y medio con la otra bebé viva", dijo Navas, quien en ese entonces esperaba un embarazo de gemelas. 

"Mi familia y yo fuimos víctimas de Ricardo Martinelli", reiteró la exfuncionaria, quien ya presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado panameño.

"Mi daño moral y la pérdida de mi bebé. ¿Eso quién me lo va a reparar?. ¿Dónde quedaron los acuerdos internacionales?", añadió la abogada, quien también mencionó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, debido a que este Órgano del Estado no aceptó el recurso que presentó su abogado para el reintegro, debido a que fue destituida cuando ella estaba incapacitada y embarazada.

 

Gustavo Pérez delata a Ronny Rodríguez

Gustavo Pérez, exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que el subcomisionado (retirado) de la Policía Nacional Ronny Rodríguez Mendoza era el encargado de entregar los informes de las escuchas ilegales a la Presidencia de la República.

Una fuente judicial confirmó que Pérez, quien amplió su declaración indagatoria el pasado miércoles, señaló a Rodríguez como el funcionario que conocía de los pinchazos telefónicos y llevaba los informes a sus superiores.

No obstante, Pérez rechazó cualquier tipo de participación en las escuchas y alegó que solo acudía a la Presidencia de la República para firmar documentos.

Ronny Rodríguez y William Pittí, quien también laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen una orden arresto desde el pasado 16 de enero, cuando la Fiscalía Auxiliar empezó la investigación por los pinchazos. 

La investigación revela que unas 150 personas fueron víctimas de escuchas telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Rodríguez –cuyo paradero hoy día es desconocido– ingresó al Consejo de Seguridad Nacional con el rango de teniente en 2009.

En tan solo cinco años fue ascendido a subcomisionado de la Policía Nacional. Con este rango, el gobierno de Martinelli (2009-2014) le otorgó una jubilación especial cuatro días después de las elecciones, aunque esta fue anulada poco después.

 

Detenido trámite en caso contra Martinelli en la Corte Suprema

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, confirmó ayer que la solicitud para despojar del fuero electoral al exmandatario Ricardo Martinelli aún no ha sido enviada al Tribunal Electoral (TE).

Ayú Prado explicó que el documento está en la Secretaría General de la CSJ para las “debidas notificaciones y reconsideraciones” 

El pleno de la institución admitió el pasado 29 de enero el conocimiento de un proceso contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, que guardan relación con supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En relación con los señalamientos que han efectuado grupos de abogados y activistas de la sociedad civil respecto a si el levantamiento del fuero electoral se debió concretar antes o después de la admisión de la denuncia contra Martinelli, Ayú Prado opinó que lo importante es que la CSJ no ha ignorado el tema del fuero electoral.

“Sí, la opinión pública tiene todo el derecho de opinar y cuestionar [pero] la Corte le prestará importancia a que el fuero penal electoral existe y hay que hacer el levantamiento del mismo”, indicó.

En el fallo, aprobado unánimemente por el pleno el 29 de enero pasado, el magistrado Oydén Ortega sustentó la admisión de la denuncia en lo expuesto por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli al rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, como parte del proceso que se le sigue por supuestas anomalías en el contrato de $45 millones para la compra de la comida deshidratada.

Según Tamburrelli, el exgobernante fue quien le ordenó proceder con dicho contrato. “No hubo estudios; eso vino directamente del presidente Ricardo Martinelli, con cantidades y montos”, dijo Tamburrelli, según una de las citas del fallo de la CSJ. “El Presidente me llamó telefónicamente al teléfono de la oficina del PAN y me dijo que ejecutara el proyecto, porque eso va porque va”, precisó.

El magistrado Luis Ramón Fábrega razonó su voto y argumentó que, antes de admitir la denuncia, el pleno debió suspender el proceso hasta que el TE le levantara el fuero a Martinelli.

Ayú Prado, quien también razonó su voto, consideró que no solo se debió suspender el proceso, sino que ni siquiera se debió designar al magistrado fiscal y al juez de garantías hasta que se levantara el fuero.

Los abogados del exgobernante, Rogelio Cruz y Sidney Sittón, se notificaron de la admisión de la denuncia el pasado miércoles y  el mismo día anunciaron que interpondrían un recurso de reconsideraci

Hay fundamentos en acusación a Martinelli

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyeron que el expediente remitido a esa corporación por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en el que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli, contiene suficientes elementos de convicción para investigar posibles actos ilícitos.

Así está consignado en el fallo que aprobó el pleno de la CSJ el 28 de enero pasado, fundamentado en el testimonio del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, quien afirmó que Martinelli le ordenó formalizar el contrato por $45 millones para la compra de comida deshidratada.

Según Tamburrelli –detenido por anomalías en dicho contrato– la orden vino directamente del expresidente, quien le dijo: “Eso va porque va”.

Tamburrelli habla y delata

Cuando el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén dijo que Adolfo Chichi De Obarrio –secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli– era el que elegía las empresas proveedoras de la institución, pocos pensaron que el exfuncionario tomaría un avión tan rápido como pudo para abandonar el país en medio de acusaciones en su contra.

Después de la declaración de Guardia Jaén, tocó el turno a Giacomo Tamburrelli –también exdirector del PAN– y este no solo dijo que Chichi De Obarrio hacía lo mismo bajo su administración, sino que agregó que también recibía órdenes del propio Martinelli.

Dos días después de esa declaración –el miércoles de la semana pasada– el exgobernante partió hacia Guatemala a una plenaria del Parlamento Centroamericano. Luego viajó a Estados Unidos e Irlanda, aunque su paradero actual es desconocido, pues aunque su avión está en Italia, él no arribó con la aeronave.

INSTRUCCIONES PRECISAS

Al secretario privado de Martinelli le han formulado tres cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia investigará al expresidente por las irregularidades en el PAN, particularmente en el tema de las comidas deshidratadas para estudiantes de escuelas públicas, vendidas al PAN en 45 millones de dólares.

Fue en esta última indagatoria que Tamburrelli reveló quiénes eran los artífices del contrato para comprar comida deshidratada. El “intermediario” entre la Presidencia y el PAN era Javier Pariente, gerente de Ensa (Elektra Noreste, S.A.), afirmó Tamburrelli.

“Él transmitía algunos mensajes del señor presidente de la República Ricardo Martinelli, para que se diera todo tal como lo requería la Presidencia […] todo lo relacionado con la contratación, el enlace del proveedor, inclusive con la compañía directa en Brasil de la comida deshidratada, este señor era quien mediaba en todo”, afirmó Tamburrelli a los fiscales.

El exdirector del PAN declaró que es amigo de Pariente desde hace, al menos, 10 años, cuando él trabajaba en el Súper 99. Pese a que él no era funcionario ni del PAN ni de la Presidencia, transmitía órdenes de Martinelli , recordó Tamburrelli.

Por ejemplo, el exdirector del PAN recordó aquella vez que Pariente le dijo que “acelerara el pago del anticipo a los contratos de comida deshidratada [del 40%]” o esa otra vez en la que le dijo “que recordara que esas eran instrucciones del boss, o sea, Ricardo Martinelli”.

Interviene Martinelli

Si bien Pariente intervenía como intermediador, según Tamburrelli, este también dejó claro que además recibió instrucciones directas del mismo Martinelli de contratar a la sociedad Lerkshore International Limited para comprarle la comida deshidratada. “Fue una llamada telefónica [de Martinelli] que ejecutara el proyecto […] lo más pronto posible”.

Y no solo fue una vez, sino dos veces las ocasiones en las que Martinelli le dio instrucciones sobre la compra de comida deshidratada, afirmó Tamburrelli.

“De igual forma ocurrió para la segunda contratación [para comprar comida deshidratada], cuando me informa el presidente Ricardo Martinelli; yo automáticamente tuve que convocar a la junta directiva [del PAN] por el monto del proyecto, para que fuesen informados y avalaran la contratación…”.

Incluso, a Tamburrelli le sorprendió que Martinelli lo llamara para que “contemplara dar un adelanto del 40%… cuando lo acostumbrado es del 10% y 30%” y que la Contraloría refrendara un contrato de 45 millones de dólares en tan solo 10 días.

“Cabe en lo posible que, así como yo recibí la llamada [de Martinelli] para que se ejecutara el proyecto, no quisiera pensar que la contralora Gioconda Bianchini haya recibido alguna orden muy parecida a lo que a mí me ocurrió para el refrendo del contrato, ya que, reitero nuevamente, se me hizo muy extraño que en corto tiempo fuese refrendado ese contrato por el monto tan alto”, declaró Tamburrelli.

castillo Y de Lima APROBABAN LOS FONDOS

Mientras Martinelli daba órdenes de contratar a la sociedad Lerkshore International Limited, Chichi De Obarrio hacía también lo propio. Tamburrelli dijo que las empresas que se contrataron para la distribución de la comida deshidratada “fueron sugeridas por Chichi De Obarrio […] Él mandó una lista […] con nombres sugeridos de las empresas para la distribución… [de la comida deshidratada]”.

Tamburrelli involucró a ministros de Estado. “La gran mayoría de las cotizaciones y las órdenes de partida presupuestaria del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] ya venían firmadas por el viceministro Omar Castillo y en ocasiones hasta de [el entonces ministro] Frank De Lima […] venían en un fólder, lista para ejecutarlas”.

“Las órdenes presupuestarias –explicó el exdirector del PAN– mantienen un número que ese es el que permite hacer el cheque para cancelar las órdenes de compra o insumos. Con ese número, el MEF automáticamente te acredita la plata en la cuenta del PAN. Sin ese número no hay plata”.

trató de ubicar al extitular del MEF, pero no respondió el mensaje que se dejó en su celular.

Las explicaciones que debe dar Martinelli sobre este asunto, así como su empleado Chichi De Obarrio, tendrán que esperar. Ambos dicen que “no hay condiciones” para regresar al país.

 

Poulett Morales enfrenta cuatro cargos de corrupción en caso de mochilas

La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos y ordenó la indagatoria de la empresaria Poulett Morales, como parte de la investigación que adelanta por supuestas anomalías en la compra de 600 mil mochilas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Fuentes ligadas al proceso informaron de que la resolución tiene fecha del pasado 26 de diciembre de 2014, pero no fue sino hasta ayer cuando se le comunicó la decisión.  

En la resolución se imputa a Morales cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, estafa, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones públicas.

Su abogado, Víctor Almengor, anunció que entre hoy y mañana interpondrá un incidente de controversia contra la indagatoria ordenada por la Fiscalía.

Según Almengor, los cargos contra su cliente son infundados, ya que las mochilas fueron vendidas al Estado a la mitad del precio de mercado y por ende no hubo ningún sobreprecio.

A la vez, detalló que su cliente tenía previsto comparecer ayer ante la Fiscalía, pero solicitó un prórroga, ya que el poder para representarla le fue entregado ayer mismo.

En otro caso, la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó ayer ampliar la indagatoria del exjefe del Departamento de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti, imputado en el proceso que instruye ese despacho por supuestas irregularidades en el contrato por $45 millones para la compra de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.

Según las fuentes consultadas, la diligencia busca esclarecer cómo se otorgó ese contrato en la gestión de Giacomo Tamburrelli.

La semana pasada, la fiscal Vielka Broce ordenó la detención preventiva de Famiglietti por peculado. 

Tamburrelli, por su parte, permanece bajo arresto domiciliario, medida que también fue aplicada al empresario Rubén De Ycaza, quien vendió la comida al Estado. 

Consejo de Seguridad pide investigar a supuesto testigo

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López, pidió a la Procuraduría de la Nación que se investigue las afirmaciones de un supuesto testigo protegido que asegura que en esta institución se utiliza actualmente equipo de espionaje que se compró durante la gestión del expresidente Martín Torrijos (2004- 2009) para perseguir a Ricardo Martinelli.

En una carta dirigida a la procuradora Kenia Porcel, fechada el 29 de enero de 2015 y a la que tuvo acceso a este medio, López recogió las declaraciones del supuesto testigo protegido el día lunes 26 de enero del presente año en el canal de televisión Nextv, al igual que las subsiguientes publicaciones que hicieron eco de dicha entrevista en los diarios Crítica y Panamá América del 27 de enero de 2015.

Indicó que el testigo textualmente señaló que  “actualmente se está utilizando el equipo de espionaje que fue comprado en el gobierno del expresidente de la República Martín Torrijos Espino, para asuntos políticos contra el expresidente Ricardo Martinelli…”.

En la  misiva, López instó a la procuradora a iniciar las investigaciones de estos hechos para que se tomen las medidas respectivas en función de su responsabilidad ciudadana, más aún cuando como administrador y secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional le cabe la obligación de poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la posible comisión de un hecho delictivo para velar por la integridad, credibilidad y moral de la institución y sus colaboradores.

De igual manera, el funcionario dejó claro que al momento en que tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad el 1 de julio de 2014, dentro de  los inventarios levantados no constan los supuestos equipos aludidos en esta entrevista. 

En diciembre pasado López interpuso una denuncia penal contra el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

El recurso fue impulsado tras descubrirse la pérdida de un equipo para interceptar comunicaciones, pertenecientes al Consejo de Seguridad y que fueron adquiridas el 23 de julio de 2010 por el entonces Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L. M. Protection, a un costo de $13.4 millones para captar conversaciones por internet, teléfono y en persona.

En esa denuncia López comunicó que cuando recibió el inventario de bienes del Consejo de Seguridad, detectó que Garuz nunca informó de la existencia de este equipo.

Tanto Garuz como Gustavo Pérez, quien también fue jefe del Consejo de Seguridad, se mantienen detenidos en la cárcel la Gran Joya por delitos contra el secreto y el derecho a la intimidad. El Ministerio Público les formuló estos cargos tras comprobar que en el gobierno de Martinelli  se interceptaron las comunicaciones privadas de miembros de  los partidos políticos, de los medios de comunicación social, la sociedad civil organizada, los sindicatos y las comarcas indígenas. Esta institución ha llamado paulatinamente a las personas que fueron infiltradas para que reconozcan sus archivos.

 

Juan Carlos Marciaga deberá explicar ventas al PAN

Al mismo tiempo que la Fiscalía Segunda Anticorrupción reveló que citará al empresario de Penonomé Juan Carlos Marciaga para que explique su participación en la obtención de múltiples contratos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), un comerciante detalló el modus operandi que usaron muchas compañías para defraudar al fisco.

El comerciante –que se distanció de uno de estos grupos empresariales al enterarse del delito y que pidió no revelar su identidad– explicó que en estas transacciones varias sociedades simularon un margen de ganancia mínimo con el objetivo de no pagar impuestos de las ventas reales.

El informante reveló que estos empresarios constituían sociedades en islas Caimán –en el Caribe– y en Belice, que se encargaban de gestionar las cartas de crédito a China para importar artículos que posteriormente venderían al PAN.

Detalló, por ejemplo, que un abanico adquirido por una de estas sociedades en China por 30 dólares era luego revendido a sociedades panameñas del mismo grupo empresarial en 110 dólares. Estas, a su vez, pactaban con el PAN un precio de venta de 140 dólares, por lo que pagaban impuestos en base una ganancia ficticia de solo 30 dólares.

Sin embargo, su ganancia era de 110 dólares, ya que ni en Belice ni en Islas Caimán pagan impuestos. “Así lograrían esquivar problemas fiscales que pudiesen surgir por estos movimientos”, sostuvo el empresario.

Agregó que todo se puede probar si las autoridades exigen las facturas y cartas de crédito a los dueños de esas compañías que fueron disueltas meses antes de estallar el escándalo en el PAN, cuyos dos exdirectores –Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén– ahora enfrentan procesos judiciales por graves irregularidades en múltiples contrataciones.

OTRA ACUSACIÓN

Justamente, Guardia Jaén, en su declaración indagatoria sobre el negocio de las bolsas con alimentos, señaló que contrataba las compañías del empresario Marciaga –unas 20 que ya fueron disueltas– por instrucciones precisas de Adolfo 'Chichi' De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.

Incluso, reveló más detalles de los negocios de Marciaga. Declaró que este empresario también está vinculado con las compañías Dagmar LTD, S.A. y Contrataciones Lourdes Valle, S.A., constituidas en 2010 y 2011, respectivamente, y cuyos directivos son los mismos. Según documentos que reposan en la Contraloría General, ambas compañías fueron beneficiadas con 20 órdenes de compras por 4.5 millones de dólares para proveer bolsas con comida.

Dagmar LTD, S.A. y Contrataciones Lourdes Valle, S.A. también hicieron negocios con el programa “mi primer empleo”, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, bajo la administración de la exministra Alma Cortés.

El testimonio de Guardia Jaén coincide con lo declararado por un testigo protegido del Ministerio Público (MP), identificado como “Euro-14”, quien también vinculó a Marciaga con ‘Chichi’ De Obarrio.

Según “Euro-14”, Marciaga también está relacionado con el negocio de mejoras y construcción de acueductos rurales que ejecutó el PAN a nivel nacional. 

El testigo informó que para ello, Marciaga usaba a la compañía Voda Solutions, S.A., que inflaba los precios y que el contacto era Félix Ríos, exjefe de mantenimiento del PAN.

De acuerdo con información de la Contraloría, esta compañía fue beneficiada con 14 órdenes de compras directas, que suman un total de 2.6 millones de dólares. Estas transacciones se hicieron entre 2010 y 2014.

Marciaga ha dicho que aportará todas las pruebas a la Fiscalía que probarían que no hubo sobrecostos en ninguno de los negocios que hizo con el PAN a través de múltiples compañías que ya están “inoperativas”.

Así, pues, Marciaga tendrá que explicar cómo unas botas que se consiguen en el mercado local a 10 dólares, las vendió al PAN en 25 dólares a través de la compañía Mister Rooster Corporation, S.A. que ya fue disuelta. Es decir, 150% más caro de lo que se consigue al detal.

No es el único caso. El empresario también vendió lámparas solares fabricadas en China a 150 dólares cada una, cuando el mismo producto fue importado a un costo promedio de 21 dólares, según los registros de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Si cada lámpara fue vendida al PAN en $150 la unidad, ello significaría una ganancia para el importador de más del 600%, o sea, 6 veces más su costo. 

Este último negocio lo hizo con la sociedad Chess Development, que también fue disuelta recientemente.