Arrestan a Pérez y a Garuz por pinchazos

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.

 

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.

 

‘Todos los caminos conducen a Martinelli’

El pasado 7 de enero, la fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, ingresó al expediente que adelanta en contra del exdirector del Fondo de Inversión Social Giacomo Tamburrelli una solicitud inédita.

La fiscal pide a la Corte Suprema de Justicia investigar al expresidente de la República Ricardo Martinelli por la posible comisión de delitos. Aunque la solicitud, filtrada ayer a los medios de comunicación no tiene la firma, una fuente judicial informó que hoy será enviada a la Corte.

La solicitud va acompañada de la copia del sumario número 323-201, que se le sigue a Tamburrelli por el delito en contra de la administración pública y el patrimonio económico relacionada con sobrecostos en la compra de comida deshidratada para los centros escolares, que sumaron $45 millones.

La solicitud de la fiscal se sustenta en la norma constitucional que determina que la Corte Suprema juzga a los diputados y Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

RESPONSABLE DE ESPIAR

Mientras la Corte decide si investiga o no a Martinelli, distintos sectores piden que el exmandatario también sea juzgado por espionaje telefónico durante su gobierno. Esto, luego de que dos exjefes del Consejo de Seguridad —Alejandro Garuz y Gustavo Pérez— son procesados por escuchas ilegales.

La perredista Balbina Herrera echó mano de un viejo adagio: todos los caminos conducen a Roma y ‘Roma está aquí en Panamá y se llama Ricardo Martinelli’.

Lo que se debe hacer es buscar el mecanismo legal para llegar a él y hacer que responda por el espionaje que se desarrolló durante su gobierno, reitera Herrera,

El Ministerio Público formuló cargos y dictó cárcel preventiva a Pérez y Garuz por los delitos de violación a la intimidad y al secreto. Pero para el abogado y activista de los derechos humanos Miguel Antonio Bernal, ‘mientras Martinelli no sea llevado a las autoridades, no habrá reposo en el país’.

La Fiscalía Auxiliar que lleva el caso de Pérez y Garuz de igual forma tendría que solicitar a la Corte investigar a Martinelli, pero primero debe solicitarle al Parlacen el levantamiento de su inmunidad como diputado. (Ver nota relacionada) .

Sin embargo, Bernal considera que al presidente Juan Carlos Varela lo favorece la Constitución y puede ordenar el arresto de Martinelli. Hace referencia a las atribuciones constitucionales del presidente de la República, específicamente el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución, que dice: ‘Velar por la conservación del orden público’.

A juicio de Bernal, Martinelli perturba el orden público por sus constantes declaraciones públicas y el tono con que las hace.

El exmandatario ha dicho que el equipo para interceptar comunicaciones se encuentra en la Policía Nacional y ha culpado a Varela de interferir en la justicia panameña.

Ayer, Martinelli publicó dos tuit. ‘Puedo asegurarles que en Panamá no se respeta la ley ni el debido proceso. Las arbitrariedades que comete el Ministerio Público son muchas’, afirmó en uno. En el segundo, escribió ‘en el caso Garuz y Pérez decretan detención antes de indagatoria cuando el delito no lo permite. Negarán fianza, habbeas corpus’.

Otro que responsabiliza a Martinelli es el hermano del presidente Varela. El diputado José Luis Varela dice que, como jefe directo del Consejo de Seguridad, Martinelli es el responsable directo de todas las ilegalidades cometidas.

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez también recurre a un adagio para vincular a Martinelli. ‘El pez muere por su propia boca’, comentó al referirse a declaraciones de Martinelli, cuando dijo que ‘conocía el pedigrí de cada uno’. Para la diputada, es hora de que la Corte revise la información que el Ministerio Público ha recabado sobre las escuchas ilegales.

Por el Ministerio Público han pasado dirigentes políticos que adversaron a Martinelli para certificar conversaciones grabadas y que, ahora, son las pruebas contundentes contra Pérez y Garuz.

Silvia Carrera, cacica de la comarca Ngäbe-Buglé, le pone más sal a la herida. Alega que Pérez y Martinelli debieron estar presos desde hace años por las violaciones de los derechos humanos durante las protestas indígenas en Changuinola, Bocas del Todo, y San Félix, Chiriquí. Ahora, Martinelli alega violación de derechos humanos y no se acuerda lo que hizo con ‘nuestro pueblo’, sentenció Carrera.

Los directores de la era Martinelli

Con su mano derecha sobre lo que aparentaban ser carpetas que contienen evidencia del caso, el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, reveló en la mañana de ayer que la información que se ha logrado recabar son “pruebas evidentes” de la implicación de exfuncionarios del Consejo de Seguridad en el caso sobre interceptaciones telefónicas ilegales.

 

“Las pruebas han sido evidentes, han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo de Seguridad. (…) Estamos hablando de exfuncionarios y exsecretarios ejecutivos que estuvieron durante ese período”, destacó Aguilar.

 

El período que menciona el fiscal es el que les compete a los cinco funcionarios que estuvieron al frente del Consejo de Seguridad, en los cinco años de gestión del expresidente Ricardo Martinelli.

 

El primero de ellos en  ocupar el cargo de director de la entidad fue Jaime Trujillo, entre julio y agosto de 2009. Lo  sucedieron Olmedo Alfaro (agosto de 2009 – julio de 2010); Julio Moltó (julio de 2010 – marzo de 2012), Gustavo Pérez (marzo – septiembre de 2012) y Alejandro Garúz (septiembre 2012 – julio 2014).  

 

La designación de Trujillo  se dio a mediados de mayo de 2009. El primer director del Consejo de Seguridad de la era Martinelli llegaba a la institución después de ser jefe de seguridad de la cadena de supermercados 99, propiedad del exmandatario, y de 18 años en el área de seguridad privada. Es egresado de la Academia de Carabineros de Chile.

 

 

En la tarde de ayer, tras los allanamientos realizados a Garuz y Pérez por orden del Ministerio Público, La Prensa intentó conversar con Trujillo sobre el proceso en dos ocasiones.

 

En la primera llamada, atendió una persona que parecía no ser el exfuncionario y con  tono confuso dijo que el número telefónico estaba equivocado. Luego consultó si se quería hablar con el Sr. Jaime Trujillo y colgó la llamada. Después  dejó de responder.

 

En septiembre de 2009, dos meses después de la asunción de Martinelli, Trujillo cambiaría de institución con Olmedo Alfaro, hasta entonces director del Servicio de Protección Institucional (SPI).

 

En los 10 meses que estuvo al frente del Consejo de Seguridad, cuenta Alfaro que nunca se habló de adquirir una máquina pinchadora.

 

Igualmente, antes de presentar su renuncia en julio de 2010 para dedicarse a su antiguo cargo de administrador de la Agencia de Panamá Pacífico (APP), redactó un memorándum para oficiales del consejo,  que en su punto cinco advertía que “solamente se pueden dar intervenciones telefónicas por medio de resoluciones judiciales”.

 

 

“Yo renuncié. Dejé por escrito formalmente y firmados los documentos de prohibición de escuchas. (…) Nunca me enteré ni supe que se estaba comprando un equipo especial”, dice.

 

 

Cuenta que durante su gestión se hizo una fiscalía especial especializada en crimen organizado, el blanqueo de capitales y pandillerismo, que “se encargaba de tramitar con los jueces las órdenes para proceder. (…) Una vez que teníamos esa orden por escrito, pues las telefónicas se volvían un ente cooperante”.

Alfaro es egresado de la Academia Militar de West Point, EU, en ingeniería electrónica.

 

 

Luego que presentara su renuncia y de que sus obligaciones frente al Consejo terminaran el 31 de julio de 2010, Julio Moltó tomaría las riendas de la institución.

 

 

Ingeniero informático de profesión, Moltó estuvo acompañado por Gustavo Chong Hon en la subsecretaría del Consejo.

 

 

Este medio intentó hablar con el exdirector, pero señaló que no podía hablar porque estaba trabajando.

 

Segundo día de indagatoria a Gustavo Pérez en la Fiscalía Auxiliar

El exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, llegó a las 8:10 a.m. de hoy, 13 de enero, a la Fiscalía Auxiliar de la República.  


Pérez fue trasladado en un vehículo pick-up desde la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón, donde pasó la noche.

 

 

Tal como ocurrió ayer, el también exdirector de la Policía Nacional era fuertemente custodiado.

 

A su llegada a la Fiscalía Auxiliar –donde continuará su indagatoria– no dio declaraciones a los medios de comunicación.  

 

Ayer, el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar le formuló cargos a Pérez y a Alejandro Garuz (quien también estuvo al frente del Consejo de Seguridad) por la comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. 

 

Varios allanamientos a las residencias de estos dos exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional se dieron la madrugada de ayer, lunes.  

 

El Ministerio Público dijo que las averiguaciones han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo de Seguridad en los "pinchazos" telefónicos ejecutados en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y que no contaban con una autorización judicial. 

 

 

 

Conducen a Alejandro Garuz y Gustavo Pérez a la DIJ de Ancón

La madrugada de este lunes, la Policía Nacional allanó la residencia de Alejandro Garuz Recuero, exsecretario del Consejo de Seguridad, en la gestión del expresidente Ricardo Martinelli.

 

La orden de allanamiento está autorizada por el Fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar.

 

La información se dio a conocer a través la cuenta de Twitter del exmandarario Ricardo Martinelli, quien escribió  lo siguiente: "Hoy en la madrugada allanan y conducen por persecución política Alejandro Garuz. Esto solo pasaba en dictadura y ahora".

Cortés: Pregúntenle a Papadimitriu sobre pinchazos

La exministra de Trabajo Alma Cortés salió al paso de las denuncias sobre pinchazos telefónicos durante la pasada administración y señaló al exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu para que responda sobre el tema.

Cortés pidió a Papadimitriu comparecer ante la justicia y responder por los "pinchazos" telefónicos e indicó que es el único que puede responder si durante la administración pasada se realizaron escuchas telefónicas.

"Pregúntelen a él, porque era él encargado de manejar el país y porque le dije a Ricardo Martinelli tienes un gobierno paralelo", manifestó. "Siempre sospeché que era Jimmy Papadimitriu quien hacia eso, por lo que le pido que de la cara ante la justicia", manifestó.

De acuerdo a la exfuncionario, ella fue objeto de pinchazos y de un hackeo a su correo, lo cual denunció ante la Procuraduría General de la Nación.

 

Abogado de Garuz culpa a Kenia Porcell de persecución política

El abogado Cristóbal Arboleda, defensa legal de Alejandro Garuz exsecretario del Consejo de Seguridad, manifestó que la procuradora Kenia Porcell era la subdirectora y encargada de asuntos de legal del consejo en el nuevo gobierno que inició el 1 de julio del 2014, por la información que él dispone fue ella la que dentro de la institución hizo las investigaciones y las denuncias que se han presentado.

“Ella pareciera tener un interés emocional en estas situaciones, mi consejo es que es una cosa es cuando usted actúa como representante del consejo y otra cosa cuando es procuradora de la nación, son dos sombreros muy distintos”, adujo Arboleda.

Magistrado Pinilla se somete a la justicia penal

Uno de los anhelos truncados de la exprocuradora Ana Belfon se cumplió tan solo cinco días después de haber abandonado el cargo. El magistrado Erasmo Pinilla accedió voluntariamente a levantarse el fuero penal electoral.

Es así como Pinilla ‘renuncia de manera expresa’ al fuero y accede a ser investigado en por lo menos cinco procesos penales que, por causas diversas, se adelantan en distintas fiscalías del Ministerio Público.

DECISIÓN VOLUNTARIA

El magistrado detalla en las notas enviadas a la Procuraduría de la Nación que al renunciar a esta garantía procesal —el fuero penal electoral—, espera que se continúe con las investigaciones pertinentes.

Durante el proceso electoral, la entonces procuradora Ana Belfon había solicitado, en varias ocasiones, el levantamiento del fuero para adelantar las investigaciones.

Los magistrados del Tribunal Electoral, dedicados entonces a la organización de los comicios, no habían considerado las repetidas solicitudes de Belfon .

El propio Pinilla había restado importancia a las solicitudes y consideró que no era el momento para levantarse el fuero porque no existían las garantías para tomar una decisión como esa.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La decisión de Pinilla fue comunicada el primer día de trabajo regular en el que la nueva procuradora, Kenia Porcell, estuvo al frente del Ministerio Público. Las cinco notas en las cuales se hizo la comunicación oficial, se remitieron a la nueva procuradora el 5 de enero.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a cada una de las notas, las cuales tienen impreso el sello de recibido de la subsecretaría general de la Procuraduría de la Nación y fueron redactadas en papel oficial del Tribunal Electoral.

PERCEPCIÓN DE PINILLA

Según conoció La Estrella de Panamá , el magistrado está confiado de su inocencia y ahora ve a las autoridades judiciales de otra forma y por eso decidió levantarse el fuero.

En las notas entregadas al Ministerio Público, el magistrado Pinilla alega que en el pasado quinquenio, durante el cual estuvo al frente de la nave del Estado el presidente Ricardo Martinelli, fue objeto de un cúmulo de denuncias que considera ‘absurdas’ y que fueron presentadas con claros propósitos ‘políticos intimidatorios’, razones por las que no quiso hacer frente en el medio de la vorágine del proceso electoral que en ese entonces se encontraba en marcha.

MOMENTO DE LA DECISIÓN

En las notas enviadas al Ministerio Público, el magistrado Pinilla detalló que hubiera preferido esperar que se cerrara el proceso electoral, pero con las impugnaciones presentadas tras las últimas elecciones parciales del 21 de diciembre, ‘ese paso se ha alejado’, razón por la que prefiere ‘no esperar más para hacerle frente a las demandas y trámites de los testaferros del poder ocasional’.

DELITOS Y DENUNCIAS

Los procesos que fueron abiertos contra Pinilla son por diversas causas, así mismo el número de denunciantes, pero el magistrado insiste en restarle importancia al considerar que fueron presentadas por ‘testaferros del poder ocasional’, en clara referencia a colaboradores de Martinelli. El magistrado considera que los recursos en su contra no tendrán futuro por ser legalmente ‘absurdos’.

Entre los delitos, se le acusa al magistrado de abuso de autoridad, infracción de servidores públicos, atentar contra la administración pública, así como la seguridad jurídica de los medios electrónicos.

Se le denunció también por atentar contra la personalidad interna y la seguridad colectiva del Estado.

Los delitos se repiten una y otra vez en las denuncias, así mismo los denunciantes coinciden en cada uno de los recursos legales.

Corresponderá al Ministerio Público determinar si las denuncias se acumulan o se analizan por separado.

Honorio Quezada, quien presentó una propuesta para la reelección presidencial en la época de Ricardo Martinelli, es uno de los autores de al menos tres denuncias.

Miembros del movimiento Panamá Avanza, que durante el proceso electoral dieron claras muestras de estar a favor de la candidatura presidencial de José Domingo Arias, postulado por Cambio Democrático, están en la lista de demandantes. Entre ellos, Carlos Zavala y Alfonso Zomora. También hay denuncias presentadas por Ricardo Pinilla y Rafael Ho.

Suspenden aprobación de concesiones mineras

El Ministerio de Comercio e Industrias no aprobará nuevas concesiones mineras hasta que terminen las auditorías a los permisos otorgados por las pasadas administraciones. La Cámara Minera de Panamá propone la moratoria de un año para modificar la legislación actual.

Frenan nuevas minas en el país

El Gobierno de Panamá no pretende aprobar nuevas concesiones mineras mientras culminen las auditorías que realiza el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) a las concesiones otorgadas por las pasadas administraciones.

El anuncio lo hizo el titular del Mici, Melitón Arrocha, durante al acto de designación del superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, y del administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, José Joaquín Riesen Alvarado y Oscar García Cardoze, respectivamente.

Roberto Cuevas, de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), indicó que en reuniones con funcionarios del Mici se les había informado que la institución estaba reorganizando la Dirección de Recursos Minerales, y que durante ese tiempo no se darían nuevos permisos.

Adicional a los cambios estructurales que se hacen en la dirección, también se revisan las concesiones vigentes, en especial la obtenida por la minera canadiense Petaquilla Minerals en 1997 para extraer oro en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Por falta de recursos Petaquilla no ha extraído oro desde finales de 2013 y acumula una deuda de 3.4 millones con extrabajadores.

 

Arrocha no descarta que se ordene la cancelación de la concesión a Petaquilla si la empresa no logra superar su crisis financiera.

En una carta enviada el 22 de diciembre, la minera aseguró al Gobierno panameño que en enero estaría creando un fideicomiso con un grupo panameño por 25 millones de dólares, fondos que le permitirían retomar la extracción de oro, y cumplir con los pagos atrasados a sus trabajadores.

 

El presidente de Camipa indicó que este gremio entregó un documento a la actual administración donde se plasmó el resultado de la mesa del dialogo que se realizó el año pasado, donde participaron la sociedad civil, sector privado y representantes de sector indígenas.

 

En el documento se explicaron los 56 acuerdos que alcanzaron los miembros de la mesa en tres ejes: Cambio de la normativa actual, impacto económico y medioambiente.

 

Cuevas señala que entre las recomendaciones está el fortalecer la vigilancia del Gobierno para que las empresas que tienen concesiones vigentes, y las próximas que entrarán en operación cumplan con el contrato y la legislación nacional.

 

A diferencia del anteproyecto que propuso la diputada independiente Ana Matilde Gómez que establece una moratoria indefinida a la industria minera, la Camipa propone una moratoria de un año, tiempo que debe servir para modificar la legislación actual.

 

Porcell anuncia los primeros cambios en la Procuraduría

La procuradora de la Nación, Kenia Isolda Porcell, hizo cambios en esa institución, tres días después de asumir el cargo.


David Díaz asumirá la subsecretaría general, en reemplazo de Marta Gómez, mientras que Mercedes De León será sustituida por Silvia García en la Dirección de Recursos Humanos.El nuevo secretario general de la entidad Rolando Rodríguez Cedeño -que reemplazó a Ramsés Barrera- anunció que Berta De La Guardia relevará a Indira Ríos de Broce como secretaria administrativa.

 

Delia de Castro será fiscal superior de Litigación, cargo que ocupaba Francisco Rodríguez.

En auditoría fiscal fue nombrado Rómulo Bethancourt.

 

Los cambios no implican, hasta ahora, a las fiscalías, aunque Porcell previamente anunció que revisará las tareas de estos. Esta mañana, en Telemetro Reporta, informó que hará una reestructuración en las cuatro fiscalías anticorrupción.