Hay fundamentos en acusación a Martinelli

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyeron que el expediente remitido a esa corporación por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en el que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli, contiene suficientes elementos de convicción para investigar posibles actos ilícitos.

Así está consignado en el fallo que aprobó el pleno de la CSJ el 28 de enero pasado, fundamentado en el testimonio del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, quien afirmó que Martinelli le ordenó formalizar el contrato por $45 millones para la compra de comida deshidratada.

Según Tamburrelli –detenido por anomalías en dicho contrato– la orden vino directamente del expresidente, quien le dijo: “Eso va porque va”.

Tamburrelli habla y delata

Cuando el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén dijo que Adolfo Chichi De Obarrio –secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli– era el que elegía las empresas proveedoras de la institución, pocos pensaron que el exfuncionario tomaría un avión tan rápido como pudo para abandonar el país en medio de acusaciones en su contra.

Después de la declaración de Guardia Jaén, tocó el turno a Giacomo Tamburrelli –también exdirector del PAN– y este no solo dijo que Chichi De Obarrio hacía lo mismo bajo su administración, sino que agregó que también recibía órdenes del propio Martinelli.

Dos días después de esa declaración –el miércoles de la semana pasada– el exgobernante partió hacia Guatemala a una plenaria del Parlamento Centroamericano. Luego viajó a Estados Unidos e Irlanda, aunque su paradero actual es desconocido, pues aunque su avión está en Italia, él no arribó con la aeronave.

INSTRUCCIONES PRECISAS

Al secretario privado de Martinelli le han formulado tres cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia investigará al expresidente por las irregularidades en el PAN, particularmente en el tema de las comidas deshidratadas para estudiantes de escuelas públicas, vendidas al PAN en 45 millones de dólares.

Fue en esta última indagatoria que Tamburrelli reveló quiénes eran los artífices del contrato para comprar comida deshidratada. El “intermediario” entre la Presidencia y el PAN era Javier Pariente, gerente de Ensa (Elektra Noreste, S.A.), afirmó Tamburrelli.

“Él transmitía algunos mensajes del señor presidente de la República Ricardo Martinelli, para que se diera todo tal como lo requería la Presidencia […] todo lo relacionado con la contratación, el enlace del proveedor, inclusive con la compañía directa en Brasil de la comida deshidratada, este señor era quien mediaba en todo”, afirmó Tamburrelli a los fiscales.

El exdirector del PAN declaró que es amigo de Pariente desde hace, al menos, 10 años, cuando él trabajaba en el Súper 99. Pese a que él no era funcionario ni del PAN ni de la Presidencia, transmitía órdenes de Martinelli , recordó Tamburrelli.

Por ejemplo, el exdirector del PAN recordó aquella vez que Pariente le dijo que “acelerara el pago del anticipo a los contratos de comida deshidratada [del 40%]” o esa otra vez en la que le dijo “que recordara que esas eran instrucciones del boss, o sea, Ricardo Martinelli”.

Interviene Martinelli

Si bien Pariente intervenía como intermediador, según Tamburrelli, este también dejó claro que además recibió instrucciones directas del mismo Martinelli de contratar a la sociedad Lerkshore International Limited para comprarle la comida deshidratada. “Fue una llamada telefónica [de Martinelli] que ejecutara el proyecto […] lo más pronto posible”.

Y no solo fue una vez, sino dos veces las ocasiones en las que Martinelli le dio instrucciones sobre la compra de comida deshidratada, afirmó Tamburrelli.

“De igual forma ocurrió para la segunda contratación [para comprar comida deshidratada], cuando me informa el presidente Ricardo Martinelli; yo automáticamente tuve que convocar a la junta directiva [del PAN] por el monto del proyecto, para que fuesen informados y avalaran la contratación…”.

Incluso, a Tamburrelli le sorprendió que Martinelli lo llamara para que “contemplara dar un adelanto del 40%… cuando lo acostumbrado es del 10% y 30%” y que la Contraloría refrendara un contrato de 45 millones de dólares en tan solo 10 días.

“Cabe en lo posible que, así como yo recibí la llamada [de Martinelli] para que se ejecutara el proyecto, no quisiera pensar que la contralora Gioconda Bianchini haya recibido alguna orden muy parecida a lo que a mí me ocurrió para el refrendo del contrato, ya que, reitero nuevamente, se me hizo muy extraño que en corto tiempo fuese refrendado ese contrato por el monto tan alto”, declaró Tamburrelli.

castillo Y de Lima APROBABAN LOS FONDOS

Mientras Martinelli daba órdenes de contratar a la sociedad Lerkshore International Limited, Chichi De Obarrio hacía también lo propio. Tamburrelli dijo que las empresas que se contrataron para la distribución de la comida deshidratada “fueron sugeridas por Chichi De Obarrio […] Él mandó una lista […] con nombres sugeridos de las empresas para la distribución… [de la comida deshidratada]”.

Tamburrelli involucró a ministros de Estado. “La gran mayoría de las cotizaciones y las órdenes de partida presupuestaria del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] ya venían firmadas por el viceministro Omar Castillo y en ocasiones hasta de [el entonces ministro] Frank De Lima […] venían en un fólder, lista para ejecutarlas”.

“Las órdenes presupuestarias –explicó el exdirector del PAN– mantienen un número que ese es el que permite hacer el cheque para cancelar las órdenes de compra o insumos. Con ese número, el MEF automáticamente te acredita la plata en la cuenta del PAN. Sin ese número no hay plata”.

trató de ubicar al extitular del MEF, pero no respondió el mensaje que se dejó en su celular.

Las explicaciones que debe dar Martinelli sobre este asunto, así como su empleado Chichi De Obarrio, tendrán que esperar. Ambos dicen que “no hay condiciones” para regresar al país.

 

Poulett Morales enfrenta cuatro cargos de corrupción en caso de mochilas

La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos y ordenó la indagatoria de la empresaria Poulett Morales, como parte de la investigación que adelanta por supuestas anomalías en la compra de 600 mil mochilas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Fuentes ligadas al proceso informaron de que la resolución tiene fecha del pasado 26 de diciembre de 2014, pero no fue sino hasta ayer cuando se le comunicó la decisión.  

En la resolución se imputa a Morales cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, estafa, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones públicas.

Su abogado, Víctor Almengor, anunció que entre hoy y mañana interpondrá un incidente de controversia contra la indagatoria ordenada por la Fiscalía.

Según Almengor, los cargos contra su cliente son infundados, ya que las mochilas fueron vendidas al Estado a la mitad del precio de mercado y por ende no hubo ningún sobreprecio.

A la vez, detalló que su cliente tenía previsto comparecer ayer ante la Fiscalía, pero solicitó un prórroga, ya que el poder para representarla le fue entregado ayer mismo.

En otro caso, la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó ayer ampliar la indagatoria del exjefe del Departamento de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti, imputado en el proceso que instruye ese despacho por supuestas irregularidades en el contrato por $45 millones para la compra de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.

Según las fuentes consultadas, la diligencia busca esclarecer cómo se otorgó ese contrato en la gestión de Giacomo Tamburrelli.

La semana pasada, la fiscal Vielka Broce ordenó la detención preventiva de Famiglietti por peculado. 

Tamburrelli, por su parte, permanece bajo arresto domiciliario, medida que también fue aplicada al empresario Rubén De Ycaza, quien vendió la comida al Estado. 

Consejo de Seguridad pide investigar a supuesto testigo

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López, pidió a la Procuraduría de la Nación que se investigue las afirmaciones de un supuesto testigo protegido que asegura que en esta institución se utiliza actualmente equipo de espionaje que se compró durante la gestión del expresidente Martín Torrijos (2004- 2009) para perseguir a Ricardo Martinelli.

En una carta dirigida a la procuradora Kenia Porcel, fechada el 29 de enero de 2015 y a la que tuvo acceso a este medio, López recogió las declaraciones del supuesto testigo protegido el día lunes 26 de enero del presente año en el canal de televisión Nextv, al igual que las subsiguientes publicaciones que hicieron eco de dicha entrevista en los diarios Crítica y Panamá América del 27 de enero de 2015.

Indicó que el testigo textualmente señaló que  “actualmente se está utilizando el equipo de espionaje que fue comprado en el gobierno del expresidente de la República Martín Torrijos Espino, para asuntos políticos contra el expresidente Ricardo Martinelli…”.

En la  misiva, López instó a la procuradora a iniciar las investigaciones de estos hechos para que se tomen las medidas respectivas en función de su responsabilidad ciudadana, más aún cuando como administrador y secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional le cabe la obligación de poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la posible comisión de un hecho delictivo para velar por la integridad, credibilidad y moral de la institución y sus colaboradores.

De igual manera, el funcionario dejó claro que al momento en que tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad el 1 de julio de 2014, dentro de  los inventarios levantados no constan los supuestos equipos aludidos en esta entrevista. 

En diciembre pasado López interpuso una denuncia penal contra el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

El recurso fue impulsado tras descubrirse la pérdida de un equipo para interceptar comunicaciones, pertenecientes al Consejo de Seguridad y que fueron adquiridas el 23 de julio de 2010 por el entonces Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L. M. Protection, a un costo de $13.4 millones para captar conversaciones por internet, teléfono y en persona.

En esa denuncia López comunicó que cuando recibió el inventario de bienes del Consejo de Seguridad, detectó que Garuz nunca informó de la existencia de este equipo.

Tanto Garuz como Gustavo Pérez, quien también fue jefe del Consejo de Seguridad, se mantienen detenidos en la cárcel la Gran Joya por delitos contra el secreto y el derecho a la intimidad. El Ministerio Público les formuló estos cargos tras comprobar que en el gobierno de Martinelli  se interceptaron las comunicaciones privadas de miembros de  los partidos políticos, de los medios de comunicación social, la sociedad civil organizada, los sindicatos y las comarcas indígenas. Esta institución ha llamado paulatinamente a las personas que fueron infiltradas para que reconozcan sus archivos.

 

Juan Carlos Marciaga deberá explicar ventas al PAN

Al mismo tiempo que la Fiscalía Segunda Anticorrupción reveló que citará al empresario de Penonomé Juan Carlos Marciaga para que explique su participación en la obtención de múltiples contratos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), un comerciante detalló el modus operandi que usaron muchas compañías para defraudar al fisco.

El comerciante –que se distanció de uno de estos grupos empresariales al enterarse del delito y que pidió no revelar su identidad– explicó que en estas transacciones varias sociedades simularon un margen de ganancia mínimo con el objetivo de no pagar impuestos de las ventas reales.

El informante reveló que estos empresarios constituían sociedades en islas Caimán –en el Caribe– y en Belice, que se encargaban de gestionar las cartas de crédito a China para importar artículos que posteriormente venderían al PAN.

Detalló, por ejemplo, que un abanico adquirido por una de estas sociedades en China por 30 dólares era luego revendido a sociedades panameñas del mismo grupo empresarial en 110 dólares. Estas, a su vez, pactaban con el PAN un precio de venta de 140 dólares, por lo que pagaban impuestos en base una ganancia ficticia de solo 30 dólares.

Sin embargo, su ganancia era de 110 dólares, ya que ni en Belice ni en Islas Caimán pagan impuestos. “Así lograrían esquivar problemas fiscales que pudiesen surgir por estos movimientos”, sostuvo el empresario.

Agregó que todo se puede probar si las autoridades exigen las facturas y cartas de crédito a los dueños de esas compañías que fueron disueltas meses antes de estallar el escándalo en el PAN, cuyos dos exdirectores –Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén– ahora enfrentan procesos judiciales por graves irregularidades en múltiples contrataciones.

OTRA ACUSACIÓN

Justamente, Guardia Jaén, en su declaración indagatoria sobre el negocio de las bolsas con alimentos, señaló que contrataba las compañías del empresario Marciaga –unas 20 que ya fueron disueltas– por instrucciones precisas de Adolfo 'Chichi' De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.

Incluso, reveló más detalles de los negocios de Marciaga. Declaró que este empresario también está vinculado con las compañías Dagmar LTD, S.A. y Contrataciones Lourdes Valle, S.A., constituidas en 2010 y 2011, respectivamente, y cuyos directivos son los mismos. Según documentos que reposan en la Contraloría General, ambas compañías fueron beneficiadas con 20 órdenes de compras por 4.5 millones de dólares para proveer bolsas con comida.

Dagmar LTD, S.A. y Contrataciones Lourdes Valle, S.A. también hicieron negocios con el programa “mi primer empleo”, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, bajo la administración de la exministra Alma Cortés.

El testimonio de Guardia Jaén coincide con lo declararado por un testigo protegido del Ministerio Público (MP), identificado como “Euro-14”, quien también vinculó a Marciaga con ‘Chichi’ De Obarrio.

Según “Euro-14”, Marciaga también está relacionado con el negocio de mejoras y construcción de acueductos rurales que ejecutó el PAN a nivel nacional. 

El testigo informó que para ello, Marciaga usaba a la compañía Voda Solutions, S.A., que inflaba los precios y que el contacto era Félix Ríos, exjefe de mantenimiento del PAN.

De acuerdo con información de la Contraloría, esta compañía fue beneficiada con 14 órdenes de compras directas, que suman un total de 2.6 millones de dólares. Estas transacciones se hicieron entre 2010 y 2014.

Marciaga ha dicho que aportará todas las pruebas a la Fiscalía que probarían que no hubo sobrecostos en ninguno de los negocios que hizo con el PAN a través de múltiples compañías que ya están “inoperativas”.

Así, pues, Marciaga tendrá que explicar cómo unas botas que se consiguen en el mercado local a 10 dólares, las vendió al PAN en 25 dólares a través de la compañía Mister Rooster Corporation, S.A. que ya fue disuelta. Es decir, 150% más caro de lo que se consigue al detal.

No es el único caso. El empresario también vendió lámparas solares fabricadas en China a 150 dólares cada una, cuando el mismo producto fue importado a un costo promedio de 21 dólares, según los registros de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Si cada lámpara fue vendida al PAN en $150 la unidad, ello significaría una ganancia para el importador de más del 600%, o sea, 6 veces más su costo. 

Este último negocio lo hizo con la sociedad Chess Development, que también fue disuelta recientemente. 

 

El 10% de las ganancias del PAN se iba en “apoyo” al CD

El otrora oficialista partido Cambio Democrático —2009-2014— recibió ‘ayuda’ de los negocios del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Así lo afirmó Rafael Guardia Jaén en su última declaración indagatoria, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

La fiscal Ruth Morcillo cuestionó a Guardia sobre cuánto recibían él y los proveedores, y quiénes más se beneficiaron de las comisiones de cheques visibles a fojas 3385 a 3507 en el expediente que lleva la fiscalía por la compra de bolsas de comida.

La respuesta del imputado fue directa: ‘los honorables diputados no recibían comisión de las empresas de (Juan) Marciaga, se manejaban con ‘Chichi’ de Obarrio y éste designaba cuánto me tocaba; de las otras le decía a Carretero que era apoyo al partido del diez por ciento’.

Guardia Jaén, quien está detenido en La Gran Joya, no detalló cuánto le correspondió al partido ni cómo se canalizaba este dinero para la organización que en la pasada campaña electoral hizo gala de exceso abundancia.

‘ARMADOS’

La compra de bolsas de comida, que los diputados repartieron durante la campaña electoral, se hacían dependiendo del área y por provincias, explicó Guardia.

El exjefe del PAN también dejó claro que se fraccionaban los montos para no pasar de $250 mil y no hacer contrataciones, sino órdenes de compra para poder adquirir las bolsas de comida necesarias.

La fiscal Cuarta Anticorrupción pidió a Guardia Jaén explicar por qué se giraron cheques el mismo día a los mismos proveedores, a lo que el imputado respondió que quizá los proveedores estaban suministrando a diferentes diputados bolsas de comida, trámites que se realizaban el mismo día, ya que los diputados recibían sus traslados de partida del Ministerio de Economía y Finanzas y presentaban las solicitudes en la misma fecha.

El exfuncionario asegura desconocer si los diputados y los proveedores se ponían de acuerdo en las compras, ya que los proyectos venían ‘armados’. Él solo tenía que ejecutar las solicitudes que le hacían los diputados, porque eran las partidas que venían del MEF.

El PAN giró cheques a varias empresas. Según Guardia, la mayoría de los empresarios tenían relaciones con el entonces oficialista partido Cambio Democrático.

El imputado aseguró en su declaración indagatoria que los cheques podían provenir de varios diputados de diferentes circuitos.

Según declaró Guardia Jaén, las órdenes de compra se refrendaban de forma que cumplieran con los requisitos del control fiscal. Además, siempre y cuando hubiera los recursos disponibles, se procedía a elaborar el cheque para que él —Guardia Jaén— lo firmara y fueran refrendados por la Contraloría.

Aseguró que el PAN siempre contó con el departamento de control previo y fiscalización para garantizar que ‘todo se hiciera bajo las normas de la ley’.

Aceleran discusión de proyecto de ley de carrera judicial

Tras seis años de mantenerse prácticamente engavetado, finalmente el pleno de la  Asamblea Nacional inició ayer la discusión en segundo debate  del proyecto  de ley 44 que regula  la carrera judicial.

El documento  fue presentado originalmente en 2009 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchel, producto de un consenso entre funcionarios judiciales y sectores de la sociedad civil, sin embargo, a lo largo de estos seis años, su discusión no pasó del primer debate. 

Ayer se le dio lectura al proyecto que  consta de 314  artículos.  El pleno incluso  se declaró en sesión permantente hasta agotar la discusión de esta iniciativa. 

El proyecto establecerá los procedimientos para el ingreso, traslado y ascenso de aspirantes en las vacantes que se produzcan en el sistema judicial. También instituye el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia  a cuyo cargo estará el juzgamiento y aplicación de las sanciones por las  faltas cometidas por los servidores públicos del Órgano Judicial.

 

Pellegrini demandará a West Valdés e Iván Clare

El complicado caso Financial Pacific ha llamado la atención de autoridades extranjeras, asegura Mayte Pellegrini tras salir de la cárcel, donde recibió consultas de representantes diplomáticos.

La exoficial de la casa de valores, quien recibió recientemente arresto domiciliario tras pasar dos años detenida en la cárcel, manifestó que mientras estuvo presa recibió la visita de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y de abogados de ese país, interesados en conocer más detalles sobre el caso.

‘Financial Pacific tenía clientes americanos que podrían estar evadiendo impuestos. También está el caso de Financial Forex —una cuenta en Kaye Bank que hacía de banco intermediario entre Financial Pacific y sus clientes—, uno de cuyos dueños es de nacionalidad americana’, señaló Pellegrini.

Este abanico de posibles delitos podría llamar la atención de distintas entidades, entre ellas, la Securities and Exchange Commission —encargada de proteger a los inversionistas y cerciorarse de la efectividad del funcionamiento del mercado de valores—; el Internal Revenue Service (IRS) —institución que se encarga de la recolección de impuestos— o el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) —que vela por salvaguardar al sistema financiero de actos ilícitos y combate el blanqueo de capitales—.

LOS MOVIMIENTOS

La acusada por desfalcar a la casa de valores por $12 millones asegura que siempre le llamó la atención que de las casi 600 cuentas que tenía Financial Pacific, unas 200 metían dinero y no hacían nada con él, explicó. ‘Si yo voy a abrir una cuenta de inversión es porque quiero ganar, invertir y arriesgarme. Yo no voy a depositar dinero en una cuenta de inversión para dejarlo ahí’, expresó Pellegrini.

En reciente entrevista concedida a La Estrella de Panamá , Pellegrini añadió que en noviembre de 2012, durante una indagatoria, reportó al entonces fiscal Décimo Tercero, Julio Laffaurie, varias cuentas que le parecían anómalas. Sin embargo, según Pellegrini, el fiscal no hizo ninguna investigación al respecto.

La exoficial reveló detalles interesantes sobre los movimientos de Financial Pacific.

‘Hay cuentas que recibían mucho dinero de terceros, dinero que entraba y salía. Era como si Financial Pacific fuera el puente para estos dineros. La plata se recibía hoy y después de tres días se iba para otro lado, muchas veces para cuentas en el Banco Universal, en Panamá’, dijo.

‘Era como lavado de dinero’, puntualiza Pellegrini.

También recordó el episodio en que ‘la cuenta Jal Offshore —probablemente registrada en el extranjero— recibió un cheque por $1.5 millones de Felipe Virzi’. Cuando ella cuestionó la operación, preocupada porque el cheque provenía de un tercero que no aparecía como responsable de la cuenta, le dieron instrucciones de que ‘simplemente aceptara el cheque’, dice Pellegrini.

FALSAS ACUSACIONES

Mayte Pellegrini señala que se le ha acusado injustamente de desfalcar a la casa de valores por $12 millones, cuando ella considera que ese dinero se perdió por los malos manejos de los entonces directivos de la empresa.

Al preguntarle dónde podría estar ese dinero, ella indicó que, en su momento, el dinero estaba repartido de la siguiente manera: ‘$6.8 millones en la cuenta Kasutai; casi $4 millones en la cuenta Jay Investment; un millón en Estados Unidos para comprar oro. Otra parte del dinero estaba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss). El resto que se fue después de mi salida, yo no tengo idea a dónde esté’, expresó.

De acuerdo con la versión de Pellegrini, los responsables de Financial Pacific prestaban altas sumas de dinero tomados de las cuentas de sus clientes, sin el permiso de estos.

Los préstamos variaban en interés, del 0.5% al 1%, dependiendo del monto y se instruían con un e-mail , dijo Pellegrini.

No se especificaba de qué cuenta se tomarían los dineros, ya que en la casa de valores funcionaba una cuenta ‘omnibus’ (una cuenta de valores donde se registran las operaciones de uno o varios clientes).

PENDIENTES LEGALES

El caso de Financial Pacific se encuentra en la Fiscalía Décimo Cuarta, a la espera de un careo entre Iván Clare, West Valdés y Oscar Rodríguez, el contador de Financial Pacific. Fue una diligencia solicitada por la defensa de Pellegrini.

Pero los ojos de Pellegrini y sus abogados están concentrados en una próxima acción legal contra quienes la denunciaron del millonario desfalco: Valdés y Clare.

Pellegrini adelantó que se querellará contra los mencionados por el delito de calumnia e injuria. Sus abogados, Zulay Rodríguez y Kevin Moncada, interpondrán una querella por posible blanqueo de capitales contra ambos por el hecho de que estos dijeron que los $12.2 millones, que sirvieron para capitalizar la casa de valores y su posterior venta al grupo brasileño Mendo Sampaio, ‘fue producto de sus hipotecas y del trabajo de toda su vida, cuando, según nos dimos cuenta, ya estaba todo hipotecado. Entonces, ¿de dónde sacaron el dinero?’.

Pellegrini repite la pregunta: ’¿de dónde salen esos $12 millones? ¿y por qué la Superintendencia del Mercado de Valores, sabiendo que faltaba más que eso, permitió la venta y tapa del desfalco por esa cantidad?’.

CONTRA CALDERÓN

Pellegrini interpuso una querella ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el exdirector del Sistema Penitenciario Ángel Calderón, por supuesto abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.

Según la afectada, el 21 de noviembre, la Fiscalía decidió que la llevarían a la cárcel de mujeres. Pero Calderón, según Pellegrini, contraviniendo esta decisión, la retuvo en la Dirección de Investigación Judicial durante varios meses consecutivos. Fue el 1 de marzo de 2013, cuando tenía que acudir a la Fiscalía para declarar, que Calderón la trasladó ‘a la cárcel de mujeres’.

El 26 de marzo, el día que debía declarar ante el fiscal, ‘Angel Calderón inventó que yo tenía un plan de fuga’, dice Pellegrini, añadiendo que ‘ese informe no aparece y nadie sabe de él’.

 

“Garuz y Pérez no deben estar detenidos”, Rogelio Cruz

Rogelio Cruz, exprocurador y abogado defensor del expresidente Ricardo Martinelli, manifestó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido investigación sin haber cumplido con requisitos de procedibilidad.

Cruz comentó que Martinelli no está en condiciones normales, y que no se están haciendo las cosas respetando el debido proceso.

"La Justicia tiene que ser escrupulosa, lo dice la ley, es decir con transparencia", indicó Cruz.

En cuanto a la compra de los equipos para interceptar las comunicaciones, Cruz aseguró que el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, compró la máquina pinchadora.

Según el abogado Rogelio Cruz, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exdirectores del Consejo de Seguridad, no deben estar detenidos en la Gran Joya.

"En Panamá, hurtarse una vaca es más grave que matar a una persona, explicó Cruz.

Corte Suprema pedirá hoy levantar el fuero electoral a Martinelli

La Corte Suprema de Justicia de Panamá pedirá hoy el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) al Tribunal Electoral. De acuerdo con fuentes judiciales y electorales, la petición formal es un requisito previo para poder investigar a Martinelli, vinculado a al menos ocho demandas o litigios presentados en su contra por diferentes delitos como corrupción y abuso de poder.

El magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Arauz explicó a periodistas que el procedimiento indica que, una vez recibida la petición, esta debe ser notificada al afectado, Martinelli, el cual tendrá 48 horas para hacer sus descargos antes de que los responsables de la instancia electoral analicen a fondo la iniciativa de los jueces supremos.

Mientras tanto, Martinelli, de 62 años y un magnate de los supermercados, se encuentra al parecer desde el domingo en el norte de Italia, según la prensa local, luego que la semana pasada partió de Panamá a Guatemala para participar en una sesión del Parlamento Centroamericano, del que forma parte, y denunciar que se le sigue "una persecución política".

De Guatemala, el avión de Martinelli repostó en Estados Unidos, luego en Canadá y aterrizó en Irlanda el sábado y el domingo se le ubicó en Módena, Italia, de acuerdo con esas fuentes. No obstante, el exgobernante ha dicho que regresará a Panamá luego de su gira para denunciar la supuesta persecución, la que inició el mismo día que la Corte Suprema de Justicia de su país aprobó iniciar una pesquisa para determinar si le abre un proceso, para lo que necesita que se le levante el fuero electoral.

El domingo una fiscal de Panamá ordenó la detención preventiva del exsecretario privado del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Adolfo De Obarrio, y pidió a la Policía Internacional (Interpol) expedir la "circular roja" para lograr su detención porque se encuentra en el extranjero.

La última vez que se supo del ex funcionario era que estaba en un viaje privado en Estados Unidos y su abogada, Edna Ramos, dijo que éste no regresaría a Panamá hasta que no se dieran "garantías" a su cliente.

De Obarrio fue implicado por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, con la supuesta compra con sobrecostos por 45 millones de dólares de comida deshidratada. Tamburrelli, en arresto domiciliario por esta investigación, dijo que el entonces secretario privado de Martinelli era el que le daba "instrucciones" sobre como proceder y cargaba maletines con dinero en efectivo, de acuerdo con las filtraciones de su testimonio publicados en la prensa local.

El exdirector del PAN también señaló a Martinelli de estar detrás de estos supuestos malos manejos de fondos públicos. El PAN, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Panamá, es un programa concebido para atender situaciones de emergencia o a los mas pobres, pero en la administración pasada se usó para desviar fondos de los ministerios a fin de burlar la ley de contratación pública, de acuerdo con el ministro de Economía Dulcidio De la Guardia.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, está preso en una cárcel de Panamá y ya admitió que durante su gestión cobró sobornos y se apropió de recursos del Estado, que se calcula alcanzan 60 millones de dólares, que ha ofrecido devolver, y también ha vinculado a Martinelli y De Obarrio con los malos manejos. Además, dos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, están detenidos por una trama de escuchas ilegales a políticos, periodistas, religiosos, dirigentes cívicos y de los trabajadores, durante el pasado gobierno. 

Claman por justicia y castigo

Con el reclamo de cero impunidad y cárcel para los corruptos, cientos de integrantes de la sociedad civil y miembros de partidos políticos marcharon ayer desde la iglesia del Carmen hasta las cercanías del Ministerio Público y la plaza Porras.

En la marcha ciudadana, que tuvo como lema “por la justicia, la dignidad y contra la impunidad y cárcel para los corruptos”, los manifestantes gritaron consignas contra el expresidente Ricardo Martinelli, justo un día después de que la Corte Suprema de Justicia admitiera una denuncia por peculado en su contra, que guarda relación con la aprobación de contratos por más de $45 millones para la compra, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), de comida deshidratada destinada a escuelas públicas.

“Pan… pan… pan… quién se robó el pan… Martinelli y su clan”; “Martinelli rata… devuélvenos la plata”, coreaban los manifestantes.

 “¿Qué es lo que quiere el pueblo?: justicia”, “Panamá te está esperando, Ricardo, sal del Parlacen”, fueron otras de las consignas.

 Durante la marcha, algunos jóvenes pintaron las paredes con la interrogante ¿Dónde está Vernon Ramos? Ramos era el subdirector

de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y por tanto parte del equipo investigador de la institución en el escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP). Está desaparecido desde el año 2013.

Mientras, miembros del Movimiento Institucionalidad y Justicia desplegaron un cartel con la frase: “Cárcel para los ladrones”.

Durante el recorrido, empresarios, trabajadores y dirigentes de la sociedad civil también portaron pancartas exigiendo una “Constituyente Soberana”.

Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, las denuncias de corrupción son numerosas y por esa razón “el pueblo quiere justicia”.

En tanto, el secretario general del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, sostuvo que la marcha confirmó la “total y absoluta indignación que siente el pueblo panameño por la gestión de gobierno de los últimos cinco años”.

Por su parte, Mitchel Doens, exsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien se vio afectado tras la interceptación de su teléfono en la gestión de Martinelli, expresó que el problema de la corrupción no es exclusivo del gobierno, sino de todos los panameños. “Basta ya a la impunidad en nuestro país”, sentenció.

El empresario Luis Varela, hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela, participó en la caminata. “He salido a la calle a participar de esta marcha, porque creo que la gente lo que quiere es que no siga la impunidad en Panamá.

El pueblo está exigiendo justicia”, agregó.Al final de la marcha se realizó un mitin en la plaza Porras, cerca del Ministerio Público, que instruye varios procesos contra exfuncionarios del gobierno pasado.

En el mitin, el abogado constitucionalista y uno de los organizadores de la convocatoria Miguel Antonio Bernal sostuvo que la ciudadanía exige el fortalecimiento del Ministerio Público, que se devuelva la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a esa institución y se le devuelva su independencia.

“Que los señores de la Corte Suprema de Justicia no traten de engañarnos, porque este pueblo está cansado. Todos sabemos que la mejor justicia que hay para él [Martinelli] es la cárcel”, opinó Bernal.

En tanto, Edgardo Voltier, del Frente Amplio por Colón, manifestó que “todo el dinero robado debe retorna al Estado; todos los que robaron y asesinaron deben ir presos; ese que dijo que el Parlacen era una ‘cueva de ladrones’, debe salir de esa cueva y debe dar la cara y responder ante la justicia”.

APOYO EN EL INTERIOR

En las ciudades de David, Santiago, Chitré, Penonomé y Aguadulce cientos de panameños también salieron a las calles para exigir castigo para los que se robaron el dinero del Estado.

En Aguadulce, provincia de Coclé, la manifestación  partió del parque Rodolfo Chiari. En la protesta estuvieron presentes obreros de la construcción, jubilados y pensionados.

En Penonomé, también en Coclé, un grupo de  ciudadanos marchó por las principales calles de esa ciudad  para unirse al clamor nacional por la justicia y contra la corrupción y la impunidad.

En Chitré, cabecera de Herrera, integrantes de la Alianza Estratégica Nacional, el Frente contra la Corrupción Herrerana, el Comité Salvemos el Río La Villa y del Movimiento Pro Constituyente se congregaron en el parque Unión, para pedir que se castigue a quienes atracaron los recursos del Estado en la pasada administración.

En David, Chiriquí, empresarios, jubilados y universitarios también se unieron a la marcha y con pancartas en mano exigieron cárcel para los corruptos.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí, Abdiel Torres, dijo que apoyó la marcha para velar por el combate a la corrupción y que se haga justicia en Panamá.

En Santiago, Veraguas, unas 300 personas participaron de la marcha que organizó el Comité Anticorrupción de Veraguas y presentaron al Ministerio Público un comunicado, en el que pidieron que todos los casos de corrupción comprobados se investiguen y haya certeza del castigo, sea de donde sea.