El Código Judicial No Permite Excarcelación En Caso De Drogas

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado de atención a los jueces o administradores de justicia en el sentido de que sus decisiones deben estar basadas en el estricto derecho y apegadas a las leyes.

La reacción del CNA se da por la medida de excarcelación que otorgó el juez suplente Octavo Penal, Luis Arturo Vergara Ortega, a las hermanas guatemaltecas Claudia y Erika Ramírez Godoy, acusadas por tráfico de drogas. Esto, a pesar de que el numeral 2 del artículo 2181 del Código Judicial Penal no lo permite ( Ver infografía ).

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA, dijo que la ciudadanía debe estar alerta ante las decisiones judiciales por las irregularidades que a diario se denuncian, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia.

‘Los jueces deben procurar que sus actos o medidas no vulneren las normas', recalcó Araúz.

Las hermanas Ramírez fueron detenidas junto al colombiano Fernando Dizzett y el venezolano con residencia en Panamá Nicolás Pertuz, en un allanamiento en la exclusiva zona Costa Sur, en Juan Díaz.

El allanamiento lo realizó, en enero de 2014, la Fiscalía Primera de Drogas, a cargo de Javier Caraballo, en el que se encontró 102 kilogramos de cocaína.

El 4 de julio de 2014, el juez suplente Luis Arturo Vergara Ortega otorgó la medida de excarcelación, que fue confirmada por el juez titular Raúl Eduardo Vergara Ortega. Ahora, los hechos salen a relucir por una denuncia que presentó Alfonso Rudas Pérez contra los jueces y el fiscal Caraballo en el Ministerio Público (MP).

La oficina de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia informó que Luis Arturo Vergara Ortega, quien era el secretario Judicial del Juzgado Octavo Penal, ya no labora en el Órgano Judicial y que no emitirían ninguna opinión sobre el caso del juez Raúl Vergara Ortega, toda vez que ya hay una denuncia ante el MP.

El abogado Víctor Martínez explicó que si bien el nuevo Código Procesal Penal deja abierta la posibilidad para aplicar medidas cautelares en todos los delitos, los jueces deben ser celosos en otorgar excarcelaciones en delitos relacionados con drogas, sobre todo cuando hay extranjeros involucrados.

El fiscal Caraballo enfrenta una auditoría que ordenó la procuradora, Kenia Porcell, por la pérdida del primer tomo de un expediente que se inició en marzo pasado. ‘En este proceso los abogados fijaron hábeas corpus, unos incidentes y solicitud de fianza, por lo que existe sospecha de componenda', señala un comunicado del MP.

Una fuente de la entidad dijo que la auditoría verificará lo ocurrido con el caso de las guatemaltecas.

Casa Por Cárcel Para Cristóbal Salerno, Tras Indagatoria En Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la medida cautelar de casa por cárcel al comerciante Cristóbal "Tobín" Salerno, tras ser indagado por su vinculación a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., antigua gestora del cobro de los impuestos morosos.

Salerno fue indagado ayer y, posteriormente, conducido escoltado a su residencia, en el edificio Bellagio, en Punta Pacífica. Se le favoreció con la medida de casa por cárcel dada su edad: 71 años. El artículo 2129 del Código Judicial prohíbe la detención preventiva de una persona mayor de 65 años de edad.

Se conoció que también se giró orden de indagatoria para el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y María Alejandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno. De Lima actualmente está detenido en la Dirección de Investigación Policial (DIP) en Ancón, pero por otra investigación: el desglose de partidas presupuestarias para evadir los controles, en las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La Fiscalía desea determinar si en las operaciones que realizaba Cobranzas del Istmo, S.A. se incurrió en supuesta comisión de delitos contra la fe pública.

A comienzos del mes de abril funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Fiscalía realizaron un allanamiento en las supuestas oficinas de Cobranzas del Istmo, en el edificio H2O, en Avenida Balboa.

En esa oportunidad se incautaron de equipos y archivos que se encontraban en la empresa.

En las fiscalías Primera y Cuarta se realizan investigaciones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

Abogados De Ferrufino Y Guardia Jaén Solicitan Casa Por Cárcel Para Sus Defendidos

La defensa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y la del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén solicitaron que a sus defendidos se les otorgue la medida de casa por cárcel mientras son investigados.

En el caso de Ferrufino, su abogado Eduardo Sequeira solicitó al juez 15 de Circuito Penal, Leslie Loaiza, el cambio de medida.

De acuerdo a la ley vigente, en las próximas horas el juzgado deberá informar a la Fiscalía Segunda, a cargo de Vielka Broce, sobre esta petición. Una vez la fiscal emita su opinión, el juez Loaiza deberá tomar la decisión.

La fiscalía segunda investiga a Ferrufino por el caso del alquiler de helicópteros en el Ministerio de Desarrollo Social durante la administración de Ricardo Martinelli. El alquiler supuestamente fue con sobrecostos a través del Programa de Ayuda Nacional. 

GUARDIA HACE LA MISMA PETICIÓN

Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, informó esta tarde que pidió casa por cárcel para su defendido. 

La petición de la defensa del exdirector del PAN fue realizada a la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, y se basa en que su cliente ha cooperado durante la investigación.

Guardia Jaén se encuentra detenido en la cárcel El Renacer y Ferrufino en la sede de la Policía Nacional de Ancón.

En la actualidad, los siguientes exfuncionarios tienen medida de casa por cárcel mientras son investigados por diferentes causas: la ex viceministra de Economía Gladys Cedeño, el exalcalde de Panamá Bosco Vallarino y el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli.

Esta medida también la tienen los empresarios Roberto Carretero, Rubén de Ycaza y Carlos Caneto Araúz.  

El Fiscal De Drogas Y Jueces Son Denunciados Por Posible Actos De Corrupción

Claudia y Erika Ramírez Godoy, acusadas de tráfico de drogas, recibieron medidas de excarcelación a pesar de que la ley no lo permite.

El caso se remonta a enero de 2014, cuando la Fiscalía Primera de Drogas, a cargo de Javier Caraballo, realizó un allanamiento en la casa número 11 de la barriada Sunset Coast, del lujoso sector Costa Sur, en Juan Díaz, en la que se encontraron 92 paquetes con 102 kilogramos de cocaína y $629,940 en efectivo.

En la vivienda, además de las hermanas Ramírez Godoy (de nacionalidad guatemalteca), se encontraban Fernando Dizzett (colombiano) y Nicolás Pertuz (venezolano con residencia en Panamá).

El caso, ahora, es objeto de una denuncia ante el Ministerio Público por posible corrupción, en vista de que el Juzgado Octavo Penal otorgó la medida de excarcelación a las mujeres investigadas, una de ellas casada con el principal señalado, Dizzett, según la documentación del proceso de investigación de la Fiscalía Primera de Drogas.

Alfonso Rudas Pérez presentó la denuncia contra el fiscal Caraballo, el juez Raúl Eduardo Vergara Ortega y el secretario Judicial, Luis Arturo Vergara Ortega, esté último otorgó la medida de excarcelación en condición de juez suplente.

La vinculación de Caraballo, según el denunciante, es porque no se opuso a la solicitud de excarcelación que presentó la abogada Losiram Arias, a favor de las hermanas Ramírez Godoy, que se encontraban detenidas en el Centro Femenino de Rehabilitación.

El Juzgado Octavo Penal otorgó una fianza de $50,000 por cada una de las implicadas, que se hizo efectiva a través de una garantía de una finca de la sociedad Reforestadora San Cristóbal, S.A., con un valor de $400,000. Sin embargo, según Rudas Pérez, el valor del inmueble es inferior, por lo que se incurrió en fraude.

Además, señala el recurso legal, el Juzgado Octavo Penal ya había negado una solicitud de excarcelación. Incluso, el auto de fianza número 24 del 4 de julio de 2014, que firma el juez suplente Luis Arturo Vergara, mediante el cual concedió la medida de excarcelación, señala ‘que se ha presentado una nueva solicitud de libertad condicional…'.

Luis Arturo Vergara Ortega, 12 días después de su fallo (16 de julio) emite un informe como secretario Judicial, en el que señala que la Fiscalía Primera de Drogas había sido notificada de la fianza de excarcelación y este informe fue certificado por el juez titular Raúl Eduardo Vergara Ortega.

En la denuncia presentada ante el MP, Rudas Pérez pide investigar el parentesco familiar entre Luis y Raúl, toda vez que ambos comparten el apellido paterno y materno.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

La solicitud de excarcelación que presentó la abogada Arias se fundamenta en que Dizzett, el principal implicado, aceptó los cargos y que su esposa (Claudia) y su cuñada (Erika) no tenían conocimiento de los hechos delictivos.

La abogada también apelaba a que el juez considerara que Claudia y Dizzett tienen una hija de dos años y que estaba siendo afectada por la situación.

En cuanto a Erika, el argumento fue que tenía pocos días de haber llegado al país para ayudar a su hermana en los cuidados de la menor.

Sin embargo, en el informe de la Fiscalía Primera de Drogas se señala que durante el allanamiento se encontraron paquetes de droga en la recámara principal, en la cocina, el garaje y en un auto estacionado en la residencia.

El fiscal Caraballo ordena la detención de las cuatro personas alegando que todos ‘tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas…', en vista de que había paquetes de droga en lugares que son de uso común, como la cocina.

Además, que el dinero en efectivo encontrado estaba en la recámara usada por Claudia Ramírez y la casa había sido alquilada por su esposo Dizzett.

El abogado Víctor Martínez considera que el fiscal Caraballo debe ser investigado porque él debió apelar la medida de excarcelación.

‘Resulta muy sospechoso que el fiscal no haya apelado la medida', recalcó.

Otro aspecto que le llama la atención a Martínez, y que debe ser investigado, es el de los apellidos comunes que comparten el juez y el secretario Judicial, Raúl Eduardo y Luis Arturo, respectivamente.

VISTA FISCAL

El pasado 24 de marzo, Caraballo emitió su vista fiscal en la que pide llamamiento a juicio en contra de Dizzett, Pertuz y las hermanas Ramírez Godoy, estas dos últimas se declararon inocentes de los cargos ante la Fiscalía Primera de Drogas.

Sin embargo, la investigación determinó que ambas enviaron miles de dólares a Guatemala, a pesar de que no se logró comprobar una fuente de ingreso.

Dizzett aceptó los cargos y Pertuz argumentó que se encontraba en la residencia al momento del allanamiento, porque le hacía trámites de autos a Dizzett, pero éste no tenía ningún vehículo a su nombre. Además, argumentó que se dedicaba a actividades comerciales en la Zona Libre de Colón, pero no logró comprobar sus actividades empresariales.

LA AUDITORÍA Y LA VISTA DE LA PROCURADORA

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ordenó una auditoría a la Fiscalía Primera de Drogas y realizó, recientemente, una visita a la oficina del fiscal Caraballo.

Una fuente del Ministerio Público dijo que durante la visita se logró comprobar la pérdida de un tomo de uno de los expedientes que instruye el fiscal, aunque desconocía si estaba relacionado con el caso de las guatemaltecas.

Rudas, en su denuncia, pide que Caraballo y los jueces sean llamados a declarar. También a funcionarios que fueron despedidos ‘injustamente' por el Juzgado Octavo y la Fiscalía Primera de Drogas ‘para tratar de justificar todas estas irregularidades'.

Dictan Medida Cautelar A Favor De Bosco Vallarino

Después de tres meses de confesar en televisión que recibió un soborno, la Fiscalía Auxiliar dictó ayer la medida cautelar de casa por cárcel en beneficio del exalcalde Bosco Vallarino.

La medida se dio tras una indagatoria de cinco horas en la Fiscalía Auxiliar.

Como si se hubieran puesto de acuerdo con la defensa, cuando el exalcalde terminó la diligencia y salió del Ministerio Público —a las 10:00 p.m.— los funcionarios de la Fiscalía no permitieron que se le tomaran fotos.

Cedeño Ratifica Señalamientos Contra Exministro Del MEF, En Caso Del PAN

La ex viceministra de Economía Gladys Cedeño se ratificó ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción de sus señalamientos contra Frank De Lima, extitular de Economía y Finanzas.  

Cedeño, en su declaración indagatoria, afirmó que De Lima tomaba las decisiones para asignar las partidas presupuestarias con las que se compraron los granos, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

 

El 11 de mayo pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención preventiva de De Lima por la supuesta comisión del delito de peculado. 

A De Lima y a Cedeño se les investiga por presuntamente haber permitido el fraccionamiento de compras por hasta $4 millones, en contratos menores a $300 mil, de manera que no tuvieran que ser avalados por la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al considerarse menores. 

 

SE DESVINCULA

Tras hacer un amplio recuento de los puestos públicos que ha ocupado, Cedeño dijo a la fiscal Tania Sterling: “quiero aclarar que las decisiones las hacía [tomaba] únicamente el exministro De Lima… yo a su vez tenía que transmitir al área operativa… en todo momento él [De Lima] señalaba que era su responsabilidad”.

—¿A qué decisiones se refiere?, le interrogaron.  Cedeño manifestó que a la asignación de “partidas presupuestarias a solicitud de la entidad solicitante”.

Y volvieron a consultarle: “Diga quién tomó las decisiones sobre la asignación de partidas en el caso del proyecto de granos”. Cedeño, quien dijo no pertenecer a ningún partido político, argumentó: “en este caso tomó la decisión y la autorización el exministro De Lima, como en todos los casos de asignación de partidas”.

Más adelante, Cedeño detalló que “De Lima autorizó la solicitud de partida presupuestaria que solicitó el PAN” a través de su exdirector Rafael Guardia Jaén.

Además, que ella le había indicado a su entonces jefe que debía ir a la Asamblea Nacional a buscar la autorización [para que le aprobaran partidas superiores a $300 mil], pero que entonces el titular del MEF la instruyó para que desglosara los montos “poco a poco”. “Es decir, de forma gradual en división de materia”, argumentó.

COINCIDENCIA

Lo manifestado por Cedeño concuerda con lo que en su momento declaró Guardia Jaén en este mismo caso.

El exdirector del PAN detalló que para obviar el proceso de traslado de partidas superiores a $300 mil, que tiene que ser aprobado por la Asamblea, el MEF hacía un desglose de compras en montos de $299 mil hasta llegar a los $4 millones.

Ayer, al final de la indagatoria, a la que tuvo acceso este medio, Cedeño pidió un cambio de medida cautelar, luego de que el pasado viernes fuera enviada al Centro Femenino de Rehabilitación. Para ello, la ex viceministra argumentó que no tiene nada que ocultar. “Estoy abierta a colaborar”, señaló.

“Mi abogada va a presentar mi declaración jurada de estado patrimonial. Solicito que se verifique en el Registro Público si pertenezco a una sociedad”, destacó. Al final, la fiscalía le cambió la medida de detención preventiva y le otorgó casa por cárcel.

Contraloría Detectó Irregularidades En La Compra De Pinchadora

Falta de controles en el proceso administrativo de la compra –adjudicación y recepción–, ausencia de informes técnicos e inconsistencia en la presentación de la fianza por parte de la empresa proveedora son apenas algunas de las irregularidades que detalla la auditoría forense efectuada por la Contraloría General de la República al proceso de compra del equipo espía por $13.4 millones, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. 

La auditoría fue entregada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción el 4 de este mes, para ser anexada al expediente que tramita esa instancia judicial por la posible comisión de delitos contra la administración pública, tras la compra en 2010 –a través del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN)–, de la máquina para interceptar comunicaciones.  

De acuerdo con la investigación de la Contraloría, el FIS, entonces a cargo de Giacomo Tamburrelli, no sustentó el proyecto denominado “seguridad tecnológica y suministro de equipo” –compra de la máquina–. También deja en evidencia que la compañía proveedora, la israelí MLM Protection, no presentó la fianza que por ley debe acreditar cualquier contratista con el Estado. Y se establece además que no se halló un informe que evidenciara “la instalación y entrenamiento” en el uso del equipo”. 

El documento, al que tuvo acceso este diario, revela asimismo que se recopiló información del Ministerio de la Presidencia, de Seguros Suramericana S.A. y de la propia Contraloría, que deja en evidencia que el equipo fue recibido por la Policía Nacional mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”. En los mismos –dice la auditoría–, se observa “una firma ilegible” y debajo de ella se lee: Gustavo Pérez, director general de la Policía Nacional.  

A finales de 2014, cuando empezaron a surgir las primeras alertas por el alcance del espionaje instaurado por el gobierno pasado, el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu corroboró a este medio que el equipo “sí existió” y que sí fue usado por el gobierno de Martinelli. “El equipo llegó y estuvo ahí. ¿Qué pasó con ese equipo? No sé. Pero el equipo se compró y se recibió”, manifestó. 

La Contraloría también le indica a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, que en el proceso para la adjudicación del contrato se realizó una invitación directa a MLM Protection sin que esta estuviera inscrita en el registro de proponentes, “por lo que no debía ser invitada a ofertar”.  

Dice, además, que por tratarse de un equipo tecnológico con características especiales, no se observaron informes de análisis que avalaran si la propuesta de la empresa se ajustaba a la calidad, términos y condiciones requeridas, y si eran las más ventajosas. 

LA LESIÓN PATRIMONIAL

Uno de los aspectos principales de la pesquisa que realizaron los auditores es el concerniente a lo que perdió el Estado con la polémica compra.

Argumentan que la desaparición del equipo, al igual que la inexistencia de informes del FIS y del Ministerio de la Presidencia que sustenten la instalación y el entrenamiento brindado, han originado un perjuicio económico al Estado por $10 millones 861 mil 857; es decir, el valor de la máquina, sin tomar en cuenta los $2 millones 613 mil 142 que fueron pagados al tesoro nacional en concepto de ITBMS.

“La no ubicación física del equipo, pese a que fueron obtenidas sendas notas de recibido, conforme y aceptación final, podría ser indicio de una posible lesión patrimonial ”, advierten.

SIN DOCUMENTOS

Uno de los tropiezos que enfrentaron los auditores para realizar su trabajo fue el conseguir documentos. Por ejemplo, fueron a las oficinas del PAN, hoy dirigido por Rafael Stanziola, y no hallaron nada. No había informes que certificaran la entrega del equipo.

Y aseguran también que Edwin Carrasco, jefe de almacén de la entidad, dijo que en la unidad a su cargo “no existen registros de entrada, ni de despacho” del equipo.

También visitaron las oficinas de la Policía Nacional y Omar Pinzón, director de la institución, certificó que dicho bien no reposa en esta.

En la Policía Nacional también dijeron que no hay documentos que sustenten que miembros de la entidad recibieron entrenamiento en el uso de esta máquina; esto, pese a que el equipo fue recibido por la institución mediante “sendos documentos” identificados como “carta de recibido” y “carta de aceptación final”, firmados por Pérez, como se dijo.

LOS IMPLICADOS

¿Quiénes tienen responsabilidad en este caso? La Contraloría ligó a nueve personas, entre ellas a Pérez y a Tamburrelli.

En la edición de mañana se informará quiénes son los demás implicados y qué responsabilidad tiene cada uno –según el informe de Contraloría– en la controvertida compra del equipo espía, que sirvió para violar comunicaciones de al menos 150 personas de distintos sectores del país.

Convocarán Reunión Para Escoger Jueces De Garantías En Caso Benavides

Para la tarde de este lunes se podría convocar una reunión para escoger a los tres jueces de garantías de la Subcomisión de Credenciales que estarán al frente en la audiencia contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Benavides, así lo confirmó el presidente de la Comisión de Credenciales Luis Barría en Telemetro.

Barría también indicó que por el momento no se le han notificado formalmente para una audiencia fiscal y que en el transcurso de hoy lunes o el martes le remitirán un informe técnico respecto a la admisión de la denuncia contra Benavides. 

El magistrado Benavides está siendo investigado por los supuestos delitos a la administración pública, la libertad y la integridad sexual.

Frank De Lima No Dejó Rastro Sobre El Uso De $416 Millones En Partidas

Sin una petición formal por escrito ni documento que sustente el traslado de millones de dólares en el presupuesto del Estado [$17.7 millones solo en 2014], el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima autorizó movimientos de partidas a diversas entidades, entre estas, al polémico Programa de Ayuda Nacional (PAN) y a remotas juntas comunales.

Así lo aseguró Horacio Montenegro, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), acompañado por Euribiades Cano, subdirector, y Renaldo Bedoya, jefe de Presupuesto del Gobierno central.

“Principalmente, con las partidas circuitales, el procedimiento era hasta cierto punto verbal. No había nada por escrito; se solicitaban asignaciones de una determinada cantidad para un determinado circuito”, expresó Montenegro.

Ese dinero –explicó– lo solicitaba el ministro o el despacho superior [de la institución] que lo requería, “pero ya le digo, no tenemos constancia de nada, sencillamente se hicieron las cosas”, agregó.

El contralor de la República, Federico Humbert, afirmó hace poco que “el peculado inició el día en que se transfirieron los fondos”, según los resultados de las auditorías preliminares de la entidad.

La mayor cantidad de dinero que se trasladó se hizo bajo la gestión de Frank De Lima, sin “constancia ni de entrega ni instrucción ni de recepción de requerimiento [asignación de partidas]… [los solicitantes decían] mándame tanto para el circuito, o sea, todo verbal”, expuso Montenegro.

En la administración de Ricardo Martinelli, el MEF asignó $416 millones en concepto de partidas circuitales para diputados y $1,200 millones al PAN, que contrataba de forma directa, obviando la Ley de Contrataciones Públicas y con comprobados sobreprecios.

Cuando el MEF asignaba partidas para las diversas juntas comunales  –a donde iban a dar los traslados de partidas– se identificaban con conceptos ambiguos, como “apoyo económico al circuito” o “proyectos de interés social”, indicó.

INCUMPLIÓ SU PAPEL 

Por mandato constitucional, el MEF es el primer filtro para vigilar el buen uso del dinero estatal y, en segundo lugar, la Contraloría, que debe verificar estas asignaciones gestionadas a través del MEF. No obstante, en el MEF a cargo de De Lima, “hubo falla administrativa”, advirtió Montenegro.

¿El MEF tiene responsabilidad por asignar [partidas] sin sustento? 

“¡Claro! Se puede asignar una falla administrativa, que estás haciendo algo indebido, pero no es ilegal”, dijo Montenegro, porque no existe un procedimiento para hacer estas peticiones de traslados al titular del MEF, por lo que actualmente, dijo, preparan un manual.

De Lima, a su turno, se negó a conceder una entrevista para abordar los traslados de partidas y pidió el envío de un cuestionario.

Al exministro se le expuso que en el MEF no hay constancia de las peticiones de las millonarias partidas que le solicitaron en su gestión.

Se le preguntó si así se trabajaba y a qué se debía la falta de documentación que sustentara el traslado de partidas.

Pero De Lima no respondió las preguntas. Se limitó a decir: “El MEF hizo las gestiones para la asignación de partidas de la misma manera durante los cinco años de nuestro gobierno. Al inicio del gobierno, las gestiones de asignación de partida las hizo el ministro Alberto Vallarino y luego me correspondió hacerlas de la misma manera, cuando asumí el cargo de ministro del MEF”.

El exfuncionario describió de forma general el proceso para transferir partidas, pero sus respuestas carecían de detalles.

Su antecesor, Alberto Vallarino, aseguró que en su gestión las dependencias interesadas en el traslado de partidas las sustentaban ante la Dirección de Presupuesto del MEF y luego se tramitaba en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

“Me llama la atención que no existan archivos de dichas solicitudes en el MEF con sus posteriores aprobaciones en la Asamblea”, dijo extrañado Vallarino.

Se contactó una docena de veces, por teléfono y correos a quienes fungieron como director y subdirector de Presupuesto en ese período: Roberto Lugo y Omar Castillo, pero evadieron a este medio.

FUNCIONES DEL MEF

La Ley 97 de 1998 que creó el MEF establece que el ministerio debe llevar la “contabilidad gubernamental de forma integrada”.  

Le corresponde la “asignación periódica, registro, seguimiento y evaluación” de la ejecución presupuestaria, manejo del gasto público y establecer la política de organización administrativa del sector público.

Para el excontralor Carlos Vallarino, la “responsabilidad” sobre el traslado de las partidas está en el MEF, cuya ley orgánica es muy “fuerte” en cuanto al papel de este ministerio. A su juicio, el titular del MEF puede negarse perfectamente a trasladar una partida que no esté bien sustentada.

Se transfirió dinero a juntas comunales, las cuales “deberían justificar su uso, porque hablábamos del [traslado de partidas por el] orden de los $400 millones y, hasta donde yo sé, no se han justificado”, dijo el director de Presupuesto del MEF.

Reveló que en el ministerio indagaron sobre la cantidad asignada y a qué juntas comunales enviaron las partidas, y “al buscar [la documentación], nos encontramos que no había ninguna instrucción de esos traspasos ni solicitud, porque las solicitudes tampoco existían.

ASIGNACIÓN DE PARTIDAS

Al consultarle por correo la manera en que asignó las partidas, De Lima se limitó una vez más a describir el proceso. Previamente, en otra entrevista con La Prensa, se mostró indiferente.

¿Tiene algo que decir de esos traslados de fondos millonarios para bolsas de comida y para partidas circuitales a juntas comunales?

“Se dieron en los cinco años de nuestro gobierno. Yo fui ministro a partir de octubre de 2011. Curioso que La Prensa nunca menciona quién fue ministro desde el 1 de julio 2009 hasta octubre de 2011, cuando hablan del tema de las partidas”, dijo refiriéndose a su antecesor, Alberto Vallarino.

Vallarino comenzó con estas entregas. “Se han dado en todos los gobiernos, incluso se está dando en el gobierno actual. Eso era algo que se daba”, dijo De Lima.

Cuestionado por los exorbitantes montos entregados, De Lima dijo que él mismo detalló las cuantías entregadas a todos los diputados ante los medios.

Y, pese a haber preparado un documento detallado con el monto de cada traslado de partida para cada diputado, ahora alega que no tiene cómo precisar las entregas ni el procedimiento empleado.

La orden para asignar las partidas se debió a “un acuerdo que se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo en su momento, comenzando el gobierno [de Martinelli]”, indicó.

De Lima no se atrevió a contestar si actuó de forma responsable como jefe de las finanzas públicas al autorizar las transferencias de millones de dólares para fines cuestionables.

“Entrando [al Gobierno] se derogó la ley de centralización, y el gobierno nuestro iba enfocado a megaobras, como la línea del Metro. El propósito de esas partidas era que los diputados gestionaran obras pequeñas en las comunidades y por eso se asignaban parte en el PAN, parte dentro de la junta comunal”, simplificó.

Testigos del traslado de partidas

La actual administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura no contar con rastros que expliquen la asignación de partidas.

No obstante, dos funcionarios con altos cargos en la entidad fueron partícipes del cuestionado proceso en el gobierno pasado, pero se niegan a detallar su actuación.

Son Roberto Lugo, exdirector de Presupuesto y actual asesor del despacho del ministro Dulcidio De La Guardia, según el Nodo de Transparencia, y Euribiades Cano, antiguo jefe de Gestión y Pago en la Dirección de Tesorería y actual subdirector de Presupuesto del MEF.

La Prensa indagó cómo los diputados recibían las partidas y relucieron las cartas del MEF, firmadas por Lugo, incluso la aprobación de Omar Castillo, quien fue viceministro de Economía, subdirector de Presupuesto y hoy es diputado del Parlacen.

Con esta carta del MEF (ver facsímil) que llevaban los asistentes de los diputados a las juntas comunales, el representante acudía a la ventanilla única del MEF para la gestión de cobro y se depositaba la partida del diputado en cuentas de la junta comunal respectiva.

La Prensa se comunicó con Castillo. Primero, se excusó diciendo que no podía contestar porque iba conduciendo y luego no respondió. Días después, tras escuchar que una periodista de La Prensa lo llamaba, cerró el teléfono abruptamente y no atendió una decena de llamadas ni mensajes dejados en su buzón de voz. 

Lugo también guardó silencio, aun cuando la actual Dirección de Presupuesto lo designó para esclarecer cualquier duda respecto a una entrevista gestionada por este medio en el MEF sobre las partidas del gobierno pasado.

Se le pidió la intervención al director de Presupuesto, Horacio Montenegro, para obtener respuesta de Lugo, pero esta vez Montenegro no ayudó.

La representante reelecta de Playa Leona, en La Chorrera, Lilia Batista, es una de las que dijo que “todos [en el MEF] sabían lo que había que hacer”.

En Playa Leona depositaron sus partidas los diputados Marcos González (CD), Absalón Herrera (CD), Tito Rodríguez (Molirena) y Rubén Frías (CD).

Las cartas de todos ellos eran iguales, expuso Batista, quien evitó mostrarlas, pero dijo que identificaba los montos de cada uno según el mensajero que se las traía. Cuando el dinero se depositaba en la cuenta de la junta comunal, dijo, que entonces hacía los cheques a nombre de las empresas y beneficiarios de “asistencia social” que cada diputado le indicaba. Pero antes de recibir las cartas y fondos, Batista consultó a Cano en el Departamento de Tesorería al respecto: “Ando investigando, porque yo no me quiero meter en problemas”.

Cano, actual subdirector de Presupuesto, le explicó en 2010 que todo estaba “institucionalizado”. “No tiene que venir acá, vaya a la ventanilla [única]. En ventanilla, el funcionario sabe lo que tiene que hacer”, narró.

En aquel entonces, Cano le dijo “que en los años que tenía de estar ahí sabía que se había hecho con otras juntas comunales y con alcaldías”, y la refirió a asesorarse con la junta comunal de Río de Jesús, en Veraguas, que llevaba años recibiendo fondos de diputados para sus “obras”.

Cinco años después, Cano asegura desconocer de alguna indicación para los traslados de partidas.

Se le preguntó a Cano por correo, con copia al director de Presupuesto, bajo qué parámetro validó este proceso que es investigado, y si las cartas que Lugo firmó reposan en los archivos del ministerio, pero la respuesta fue esquiva: “el MEF está colaborando activamente con los procesos e investigaciones … que se surten ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para deslindar las responsabilidades”.

Diputados Postergan Decisión Sobre Las Sesiones Judiciales

La convocatoria a sesiones judiciales en la Asamblea Nacional tendrá que esperar hasta la próxima semana.

En la sesión de ayer de la Comisión de Credenciales, Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se mostró en desacuerdo con que los diputados principales no se enfrentaran a la decisión de elegir a los jueces de garantías. ‘No puede ser una decisión de los suplentes', aseveró. La diputada Ana Matilde Gómez secundó la moción.

Los diputados principales que no asistieron a la sesión fueron Zulay Rodríguez y Luis Barría. Este último, por motivos de viaje a Beijing, China, habilitó a su suplente.

En la sesión de Credenciales, el diputado Miller sustentó el salvamento de voto en el cual explicó por qué se opuso a que se investigara al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides.

Miller, en el documento leído, sostiene que la carta de Vicente Caballero presentada por la firma de abogados Vega & Álvarez ‘no puede considerarse como prueba válida'.

Caballero remitió una carta a la Comisión de Credenciales en la que se acusa a Benavides por la supuesta venta de fallos y de pedofilia.

Miller argumentó, además, que la decisión adoptada por los ocho comisionados ‘riñe con la Constitución Política'.

DECISIÓN PENDIENTE

Al completar las formalidades de admisión, no será hasta la próxima semana cuando se conocerá cuáles diputados conformarán la comisión de garantías, informó la presidenta encargada de este equipo.

Levy anunció que se enviará el informe técnico al presidente de este órgano del Estado para que convoque a sesiones judiciales al pleno y se inicie el proceso al magistrado Benavides.

Los diputados optaron por esperar la presencia del diputado panameñista y presidente de la Comisión, Luis Barría, quien se encuentra en China.

El artículo 152 de la Constitución faculta al presidente de la Asamblea a convocar al pleno legislativo a sesiones judiciales y en esta etapa designar al fiscal de la causa.

Una vez se elija los miembros de la comisión de garantías, se le comunicará al presidente de la Asamblea, el diputado Adolfo Valderrama, la decisión mediante una resolución para que convoque al pleno y elegir quien será el fiscal de la causa. Se menciona a Jorge Iván Arrocha y Jorge Alberto Rosas como el posible fiscal.

Benavides es el segundo magistrado de la Corte, en menos de un año, que es investigado por la Asamblea.

Ángel Gómez, abogado de Benavides, miembro de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, asegura que la carta de Caballero no es una prueba idónea para procesarlo.

ARCHIVAN EXPEDIENTES

En la misma sesión de ayer, se archivaron expedientes contra magistrados de la Corte Suprema, por no cumplir con los requisitos ordenados por la ley.

La Comisión de Credenciales archivó denuncias contra los magistrados José Ayú Prado, Jerónimo Mejía y declinó ver otros expedientes por falta de competencia.