Felipe ‘Pipo’ Virzi: Martinelli Decía Cómo Repartir Los Pagos

El exvicepresidente y empresario Felipe Alejandro Pipo Virzi fue decidido a la ampliación de su indagatoria ante la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, el 16 de junio pasado, y dispuesto a cambiar la actitud que tuvo en su primer encuentro con la jefa de ese despacho 13 días antes.

“No estaba preparado el día que vine a la citación anterior, ni idea”, declaró Virzi antes de comenzar a responderle a la fiscal, que le ha imputado cargos por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, por los pagos que recibió de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Virzi, acompañado de su abogada Guillermina McDonald, relató que entró al proyecto del sistema de riego de Tonosí por una “invitación” que le hizo Porfirio Ellis, “para apoyar a que [el proyecto] se realizara”. Ellis, férreo defensor de la gestión de Ricardo Martinelli, fue candidato a diputado de Cambio Democrático en las pasadas elecciones.

Luego, Virzi explicó que fue a la Presidencia de la República para hablar con Martinelli “para explicarle el interés que yo tenía para que se realizara el proyecto…. yo tenía la empresa que podía hacerlo”.

EL CONTRATO

El empresario, vinculado a la política y al ganado, contó a la fiscal que contrató al licenciado Luis Vargas “para que negociara en mi representación con la empresa Hidalgo & Hidalgo (H & H), los constructores número uno en el Ecuador, la empresa más importante en el Ecuador”.

Informó que Vargas obtiene “de manera profesional y beneficiosa para mí” un contrato de servicios profesionales con H&H. Seguido, la compañía se ganó el contrato en 2012.

El contrato fue firmado en 2012, a nombre del Estado, por el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio, detenido por estas investigaciones. Por H&H lo hizo Marco Albán Crespo, también detenido en este caso.

El acuerdo fue suscrito por $155 millones, a pesar de que no había tierras para la ejecución de la obra, que ayudaría a la agricultura y ganadería de la región de Azuero.

Pese a los pocos avances en el proyecto, la empresa recibió desembolsos del Estado por $37.4 millones, entre 2012 y mayo de 2014.

PRIMER PAGO, PRESIONES Y MARTINELLI

Virzi, exvicepresidente en el mandato de Ernesto Pérez Balladares (1994–1999), contó a la fiscal que una vez se hizo el primer pago acordado en el contrato suyo con H&H, empiezan las presiones y sus molestias.

“Inmediatamente después [del primer pago] empieza a darme instrucciones el presidente Ricardo Martinelli, de cómo distribuir mi pago”. Virzi habría obtenido de H&H, el 9 de agosto de 2012, un cheque por $5 millones.

Indicó que una vez recibió las instrucciones de Martinelli “me molesté y le reclamé”.

No obstante, dijo a la fiscal que si no seguía las instrucciones de Martinelli “podría afectar mis empresas y proyectos y hasta mis relaciones con él [Martinelli].

Virzi se refería a sus negocios relacionados con la ganadería, agricultura, inmobiliaria y proyectos turísticos, entre otros.

Virzi indicó que el primer cheque que recibió de H&H ni siquiera “lo endosé, sino que dispusieron de él y lo depositaron en Summer [Venture Inc.] y que Ricardo ‘Ricky’ Calvo se encargaba de la distribución del dinero”.

Destacó que en el segundo pago de H&H, a través de una transferencia, “inmediatamente empieza la presión para que hiciera la distribución [ del dinero]”.

Virzi, según las investigaciones de la Fiscalía, recibió una transferencia de H&H por otros $5 millones, que también se depositan a la cuenta de Summer Venture Inc. en el Banco Universal, propiedad de su familia y que hoy está bajo control administrativo de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Otra vez mencionó que Calvo fue el que le dio, por escrito, las instrucciones bancarias a las que iban los depósitos y que él las tenía que firmar. 

Calvo, supuestamente fuera del país, es socio de Virzi. “Es como un hijo para mi”, así lo identificó ante la fiscal.

REPREGUNTAS

La fiscal formuló una serie de cuestionamientos a Virzi sobre los señalamientos que hizo del expresidente Martinelli y de Calvo.

¿Diga el indagado a qué se refiere usted cuando indica que recibió instrucciones del presidente Ricardo Martinelli ?

Virzi respondió: “las instrucciones eran que de mi pago, de mi trabajo, tenía que repartir según instrucciones de él [Martinelli], cuando la empresa me pagó los dos pagos. Me mandó una lista de las personas que debía repartir el dinero que me había ganado yo por mi contrato”.

Agregó que la lista se la daba Ricardo Calvo.

Se hace una breve pausa en la indagatoria por el estado de salud de Virzi, quien pide un vaso con agua y después dice que podía continuar.

Al describir con detalles la situación, Virzi declaró: “el presidente le mandaba la lista y [le enviaba] las instrucciones a mi oficina y las recibía Ricardo Calvo para que se encargara, porque yo estaba molesto, sentido y me iba al interior”.

Agregó que “estaban enterados de todo y cada vez que iba a salir el pago y venían las presiones, me iba al interior porque me sentía presionado y ni contestaba la nota siquiera. Ricardo Calvo se encargaba”.

En su indagatoria, Virzi dio detalles de la sociedad Summer Venture Inc., en la cual se depositó el dinero que recibió de H&H. Usó una cuenta de la sociedad en el Banco Universal.

Virzi trató de desvincularse de la sociedad y dijo a la fiscal que “en esa cuenta de Summer Venture soy firmante, pero nunca he firmado ni he ordenado instrucciones de esa cuenta. En realidad yo no tengo esa cuenta y tengo las pruebas hoy”.

Reveló que Calvo es el dueño de la cuenta de Summer y el que ordenaba todo lo relacionado con la sociedad.

“La cuenta era de él [Calvo] es verdad, lo puedo probar y yo soy firmante como en otros montones de cuentas, hasta de cuentas firmantes como de primos y como de socios”.

Preguntado por la fiscal de cómo llega a ser firmante de la cuenta de Summer Venture Inc., contestó que lo hizo porque Calvo “me lo pidió y firmé el papel”.

Summer Venture Inc. es mencionada en otros escándalos, como el proceso al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, por la compra de dos apartamentos por $1.7 millón.

Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión por la subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

Recientemente, se conoció que esta sociedad fue inhabilitada, desde octubre de 2014, por el Registro Público de Islas Vírgenes Británicas por falta de pagos de su tasa única.

La sociedad había sido incorporada al Registro Público de Islas Vírgenes Británicas en 2006.

MEA CULPA DE VIRZI

El empresario dijo que ahora se percata de que lo que hizo por su trabajo con H&H “no me queda nada y no puede hacer nada”. 

“Señora fiscal, tengo 71 años sirviendo a mi país, mucho trabajo, no tengo por qué poner en riesgo esta trayectoria para caer en blanqueo de capitales…. y le solicitó un cambio de medida cautelar”, declaró.

El empresario tiene medida de detención preventiva desde el 3 de junio pasado.

“Si por alguna actuación mía, de ir a hablar con el presidente Martinelli, cometí un delito, me siento arrepentido”, señaló al recordar la visita que le hizo a Martinelli para contarle del proyecto de riego. 

Hace dos días, Virzi depositó $5 millones a la cuenta única del Tesoro Nacional de los pagos que recibió. “Estoy consignando todas las pruebas”, sentenció.

LOS BENEFICIARIOS

Como pruebas, Virzi entregó a la fiscal los documentos denominados “Solicitud de compra”. Dos con fechas del 14 de agosto de 2013, uno del 19 de julio de 2013 y otro del 22 de julio de 2013.

En ellos, Virzi deja constancia de las personas que recibieron pagos por instrucción de Martinelli, producto de su contrato con H&H. 

Investigaciones judiciales adelantadas por este caso revelan que parte del círculo cero de Martinelli fueron l os beneficiarios.

Gabriel 'Gaby' Btesh recibió $360 mil; el candidato a diputado de Cambio Democrático, Porfirio Ellis, obtuvo $319 mil. La promotora de Desarrollo Los Andes, S.A. recibió $500 mil. Esta sociedad está vinculada con el expresidente Martinelli.

Abdiel Atencio, exdirector Nacional de Ingeniería Rural y Riego del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, obtuvo otros $20 mil de Virzi.

Martinelli, Calvo y Btesh están fuera del país.

De acuerdo con disposiciones constitucionales, correspondería a la fiscal Moore remitir este expediente en el que se menciona a Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, para que sea considerado por la Corte Suprema de Justicia.

 

Denuncian A 13 Bancos Por Blanqueo

El abogado Rosendo Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos panameños por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para delinquir.

Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).

Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.

SUSTENTO

El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.

‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado', expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares'.

Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional'.

LAS PUBLICACIONES

Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana' una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.

 

Rosas Solicitará Separación Y Arresto Domiciliario De Benavides

Existen “suficientes evidencias”  que vinculan al magistrado Víctor Benavides con la posible comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, y corrupción de funcionarios, según el diputado Jorge Rosas, quien actúa como fiscal en la causa abierta por la Asamblea Nacional.

Hoy, a las 2:30 p.m., la subcomisión de garantías –que integran los diputados Héctor Valdés Carrasquilla, Katleen Levy y Ana Matilde Gómez- recibió una nota del diputado fiscal en la que pide se convoque a una audiencia  para imputar los cargos y solicitar la aplicación de las medidas cautelares “reales y personales”. Posteriormente, se comunicó que la audiencia se celebrará el martes 23 de junio, a las 9:00  a.m.

Benavides fue denunciado por Ángel Álvarez, abogado de Vicente Caballero, exescolta de Benavides, actualmente cumpliendo condena por el secuestro de la madre del magistrado, hace cinco años.

Caballero declaró que, cuando trabajó para Benavides, le correspondió realizar varios depósitos en efectivo en el BNP, en cuentas vinculadas al magistrado.

La denuncia original era por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y contra la libertad e integridad sexual. La semana pasada, Rosas entrevistó en Santiago, Veraguas, a cuatro supuestos testigos; todos negaron tener alguna vinculación con los actos denunciados, informó el propio fiscal, por lo que finalmente no se le imputarían dichos cargos en la audiencia del próximo martes.

Benavides fue designado magistrado de la Sala Tercera por el expresidente Martín Torrijos. Su mandato, de 10 años, culmina el 31 de diciembre próximo.

 

El Paso A Paso Del Millonario Desfalco De Financial Pacific

 

El caso Financial Pacific se ha convertido en uno de los escándalos financieros más enmarañados que ha registrado el sector. Lo que empezó como una denuncia de desfalco por parte de los entonces directivos de la casa de valores, destapó una serie de irregularidades. El hallazgo no ocurrió precisamente por la labor de las autoridades de turno que debían encargarse de descifrar cómo se había provocado el hueco financiero, sino por las declaraciones de una empleada de la casa de valores a quien culpaban de apropiarse de $12 millones.

Las palabras de esta mujer ante la Fiscalía Decimotercera destaparon una olla que guardaba sigilosa los vínculos de poder, corrupción, posible blanqueo de capitales y otros delitos que hoy son materia de investigación en Panamá y por agencias norteamericanas y canadienses.

Mientras transcurría el quinquenio de Ricardo Martinelli, una serie de hechos delataron la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público con el fin de evitar que se conocieran, entre otros asuntos, los movimientos de una cuenta a través de la que se transaban acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd. El poder también paralizó las investigaciones que debía realizar el regulador, la SMV, a la casa de valores.

Hoy el escenario es muy distinto al pasado. Las investigaciones se enrumban hacia los responsables de las estrategias financieras que, en violación a la Ley de Valores, tomaron a su favor, en forma impune, la forma para blanquear millones de dólares, como apuntan las pesquisas.

 

Felipe ‘Pipo’ Virzi Ampliará Indagatoria

El exvicepresidente de la República y empresario Felipe Pipo Virzi ampliará hoy su indagatoria ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción por su supuesta vinculación con pagos irregulares provenientes de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de sistema de riego de Tonosí, Los Santos.

Su abogada Guillermina McDonald informó que su cliente llevará una serie de documentos para poder "probar la veracidad" de su versión.

Sostuvo que su defendido solo es un accionista del Banco Universal, entidad financiera que cuenta con gerentes. "El banco tiene funcionarios de manejo", dijo McDonald al tiempo que desvinculaba a Virzi de las decisiones tomadas por el banco.

Hidalgo & Hidalgo giró el 9 de agosto de 2012 un cheque a favor de Pipo Virzi por la suma de $5.2 millones, tras ser favorecida por el millonario contrato.

El empresario también recibió una transferencia de $5 millones de Hidalgo & Hidalgo, compañía a la que se le desembolsaron en el gobierno pasado $37.4 millones, a pesar de que no contaba con las tierras para ejecutar el proyecto.

Posteriormente, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de particulares y de sociedades, entre ellas, una vinculada al expresidente Ricardo Martinelli.

Algunos de esos beneficiarios fueron el empresario Gabriel Gaby Btesh, que recibió $360 mil; el candidato a diputado por Cambio Democrático Porfirio Ellis, que obtuvo $319 mil; y Promotora de Desarrollo Los Andes, S.A., medio millón de dólares.

Para concretar estas transacciones, Virzi usó una cuenta bancaria de la sociedad Summer Venture Inc. –con cuenta en el Banco Universal– en la que, además de él, tiene firma Ricardo Ricky Calvo.

 

Cobranzas Del Istmo Obtuvo $54 Millones En Comisiones

ministerio, en julio de 2014, se le habían emitido pagos adicionales a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que durante la administración de Ricardo Martinelli había recibido $47 millones en concepto de comisiones por el cobro de impuestos morosos.

Tras pensarlo unos segundos, el ministro contestó, sin dar mayor importancia ni detalles: ‘Es posible que sí' .

Solo después de que el propietario de CISA, Cristóbal Salerno, fuera llamado a declarar ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el 20 de mayo de 2015, se pudo conocer que los pagos a la empresa se habían retomado desde noviembre de 2014. Y el último de ellos se había entregado tres meses antes de la entrevista que le hizo este diario a De la Guardia.

En total, la nueva administración había pagado ya a CISA más de $7 millones, elevando hasta los $54 millones el pago de comisiones por la gestión de cobros entre los años 2010 y 2014.

Contrario a lo que se había pensado hasta el momento, que CISA había recibido $47 millones por su gestión, ahora dos auditorías internas del MEF dejan en evidencia que en realidad fueron $54 millones.

La Estrella de Panamá pudo constatar que según consta en el expediente hay un informe denominado ‘Auditoría Especial N° 111-OAyFl-2014', del 27 de octubre de 2014, confeccionado por instrucción directa del ministro De la Guardia, los pagos del MEF se iniciaron en 2011, cuando se le emitieron a CISA cheques por $829 mil. Al año siguiente, en 2012, las comisiones aumentaron a $6 millones; en 2013, sumaban $9.6 millones. Y entre enero y abril de 2014, en pleno proceso electoral, se le pagaron a CISA $30.6 millones más.

Además, posteriormente este diario tuvo acceso a otro informe denominado ‘Resumen de transferencias electrónicas realizadas a Cobranzas del Istmo S.A.' elaborado por el Departamento de Auditoría Interna del MEF en el cual se detallan los pagos realizados a CISA en la administración de Juan Carlos Varela, el cual evidencia el pago por $7 millones.

Lo que nadie sospechaba era que, en momentos en que ya se discutía la inconstitucionalidad del contrato, los pagos continuarían. El 19 de noviembre de 2014, el MEF hizo una transferencia bancaria a CISA por $475 mil. En diciembre de ese mismo año, fueron tres transferencias, por $454 mil, $631 mil y $1.9 millones. El último pago, en enero de 2015, fue de $3.6 millones, bajo la gestión del actual contralor, Federico Humbert Arias.

Los dos últimos pagos, hechos en diciembre de 2014 y en enero de 2015 (que suman $5.5 millones) se hicieron efectivos mientras el ministro imponía una querella contra el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, por presunta falsificación de documentos para favorecer de manera directa a la empresa de Salerno.

Paralelamente, desde el MEF se solicitaba a la Contraloría que se auditara el Contrato 100 del 25 de agosto de 2010, entre CISA y el Estado, por presuntas irregularidades, detectadas a través de auditorías internas.

Si la tramitación de estos pagos se había iniciado antes del cambio de gobierno, lo que no se explica es la razón por la que, finalmente, estos fueron aprobados, dadas todas las sospechas que recaían sobre la contratación de la empresa.

‘Nadie tiene la potestad para suspender un pago refrendado por la Contraloría', señaló De la Guardia en respuesta a esta interrogante.

Pero las dudas con relación a los pagos no terminan allí. En su declaración jurada del 25 de mayo de 2015 ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, Cucalón aseguraba que durante su administración a CISA sólo se le pagaron $39 millones. ¿Y los restantes $15 millones?

La defensa de Cucalón pedirá a la fiscal Cuarta Anticorrupción que se remita un informe de los últimos pagos para que adjuntarlo al expediente.

En su declaración jurada del 25 de mayo pasado, Cucalón también explicó que hubo presiones para que los pagos a CISA fueran express .

‘El contrato decía que había que pagar en cinco días a la empresa, por ideas de la contralora y de no me acuerdo de quién del MEF', relató Cucalón en su indagatoria.

El exdirector fue señalado por Salerno por, supuestamente, haberle solicitado $6.8 millones para agilizar los trámites para el cobro de las comisiones que se ganaba Cobranzas del Istmo, S.A.

Cucalón, que se encuentra en prisión preventiva por presunto delito contra la administración pública, aceptó el pago de ese dinero, pero se excusó diciendo que era por una deuda atrasada.

¿QUIÉN VELÓ POR EL ESTADO?

Otro de los puntos que salieron a relucir en el testimonio de Cucalón fueron los pocos esfuerzos que se hicieron por velar por los intereses del Estado, en relación a la ejecución del Contrato 100 del 25 de agosto de 2015.

Según la cláusula Décimo Primera del documento, se debía establecer un cómite de seguimiento que supervisara la ejecución del contrato. El comité debía dar constancia escrita de su labor de fiscalización.

Pero, durante la indagatoria, el mismo Cucalón confesó que no hubo reuniones periódicas de este comité y que tampoco se dieron los informes escritos. ‘En eso fallé', reconoció.

El departamento de Auditoría Interna del MEF, llamado a desempeñar un papel fundamental, ‘auditaba al azar y lo reportaba al ministro y al viceministro del MEF. Dudo que haya hecho informe formal; solo enviaba correos', dijo Cucalón.

Al departamento de informática, a cargo de Edmundo Arce, y posteriormente a Gustavo Cheri, les correspondía realizar el cálculo de las comisiones.

Pero en un correo electrónico enviado por Cucalón el 25 de mayo de 2011, increpaba al jefe de cómputo por la falta de rigor en el cálculo de las comisiones.

‘Él cambiaba el método de las comisiones, un mes para un lado y un mes para otro lado. Yo le dije que parara el relajo. Tú fuiste banquero. Sabes que eso no es así', decía Cucalón.

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SOLICITUD

Harry Díaz pide derecho a réplica

A través de una carta dirigida a la dirección de este medio, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz solicitó una réplica para aclarar que él no ha sido imputado, involucrado ni ha sido beneficiado con el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A.

‘La defensa del exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, me solicita en calidad de testigo', añadió.

El magistrado aseguró que no estuvo de acuerdo con la tercerización de los impuestos morosos efectuada durante la pasada administración de gobierno.

Aunque reconoce que la intención de reducir la morosidad del fisco era buena , él considera que este sistema creaba una ventana que facilitaría la corrupción, ‘como aparentemente ha sido el caso', añade.

El magistrado, además, hace referencia a que sólo era coordinador del despacho jurídico del viceministro de Finanzas (Dulcidio De La Guardia) cuando se procedía a la contratación de la empresa gestora de cobros.

En esas funciones solo se limitó a revisar, como parte de la comisión evaluadora, los requisitos para la contratación del gestor de cobros del Estado. ‘Asesoraba, pero no me competía decisión alguna', manifestó.

 

Los Extraños Movimientos Del Plazo Fijo De Benavides

La cuenta de plazo fijo 05343 que el magistrado Víctor Benavides mantiene en el Banco Nacional de Panamá (BNP) deja las primeras pistas del supuesto enriquecimiento injustificado por el cual la Asamblea lo investiga.

Un informe que ha presentado la defensa del juez a la oficina del fiscal Jorge Alberto Rosas revela renovaciones que podrían ser consideradas excesivas si se le compara con los ingresos que recibió en concepto de salario, la jubilación y una entrada que percibe el magistrado Benavides por el alquiler de un apartamento en Chanis.

Por ejemplo, entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, el magistrado de la Sala Tercera incrementó su cuenta en $40 mil, con un promedio mensual de $6,600. En ese periodo recibió $7,754.98 por mes en salarios. Es decir: tendría que haber ahorrado cerca del 85% de su salario para poder haber hecho esos aportes a la cuenta de plazo fijo.

¿Cómo podía hacerlo? es la pregunta del millón. Según el informe patrimonial firmado por el magíster Saúl Tejada, para entonces el magistrado Benavides no percibía dinero por la renta de un apartamento que posee en Chanis –y del cual se mudó en 2010, al adquirir otro en Obarrio, hipotecado aún—. El magistrado tampoco estaba jubilado. Es decir, que no contaba con estos ingresos adicionales a su salario.

Sin embargo, al cabo de esos seis meses su plazo fijo quedó en $150 mil, $70 mil más de los que tenía cuando abrió la cuenta en 2005.

REBASANDO EL UMBRAL DE LOS $300 MIL

Pero lo más llamativo vino después: entre mayo del 2012 y mayo del 2013, la cuenta duplicó sus activos. De $150 mil pasó a $304 mil, en ese período el magistrado reconoce haber ganado intereses por $655.

Para llegar a ese monto en un año el magistrado debía ahorrar en promedio $12,800 mensuales. Es decir, $5 mil más de lo que la Corte le pagaba.

Su defensa alega que para entonces tenía más ingresos: $2,500 mensuales por jubilación (desde 2013) y $700 por alquilar su propiedad en el barrio de Chanis. Esto, sin embargo, no logra que las cuentas cuadren. Por la renta percibió $8,400 y por su retiro, a mayo de 2013, apenas $2,500.

Es decir, entre mayo de 2012 y 2013, el magistrado incrementó su plazo fijo en $154 mil, cuando sus ingresos sumaron $103,948. Quedan sin justificar $46 mil.

EL ÚLTIMO PARAJE

En el 2014 las cosas fueron más drásticas. Entre mayo y agosto el plazo fijo aumentó de $364 mil a $424 mil; es decir, $60 mil por mes.

Para entonces. El magistrado percibió $1,950 de alquiler, a razón de $650 por mes (lo abarató en $50).

También percibió $7,500 en jubilación. Ganó $10,900 por mes, $50 mil menos de lo que ahorró.

Con este monto el fiscal decretó su aprehensión. La subcomisión de garantías lo aceptó. Rosas sostiene que hubo, incluso, manejo de dinero en efectivo.

El exseguridad de Benavides, Vicente Caballero, ha develado que hasta 2010 él hizo los abonos, siempre en billetes. El dinero, explica, salía de una red de venta de fallos judiciales.

Diputados Tienen 59 Denuncias En La CSJ

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reposan 59 expedientes relacionados con denuncias y querellas contra actuales diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), revela un informe del Órgano Judicial.

Un total de 46 expedientes son denuncias a diputados de la Asamblea y 13 a miembros del Parlacen.

Ricardo Martinelli, exmandatario y actual diputado del Parlacen, es el que más denuncias tiene, con nueve. Le sigue Carlos Tito Afú, diputado en la Asamblea Nacional por Cambio Democrático, con cuatro.

En total, son 43 diputados de la Asamblea y 5 del Parlacen con denuncias.

Martinelli, exmandatario y actual diputado del Parlacen, es el que más denuncias tiene.

Uno de los procesos más adelantados en la Corte es el referente al diputado suplente Samuel Bennett, a quien la semana pasada el fiscal de la causa, el magistrado José Ayú Prado, le imputó cargos por supuesto blanqueo de capitales.

Sobre este informe, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, abogó por cambios en la Constitución para modificar “el proceso político actual”, de que los magistrados investigan a los diputados y estos a los integrantes de la máxima corporación de justicia.

Expresó que la propuesta de su agrupación es que se cree una jurisdicción independiente especial para investigar y juzgar a los diputados y a los magistrados de la CSJ.

 

 

Auditorías De La Contraloría Revelan Lesión Por $115.9 Millones

Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta de que a la fecha la posible lesión producto de irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante la administración pasada asciende a $115.9 millones.

Desde inicio de este año, la Contraloría ha remitido una serie de auditorías al Ministerio Público (MP), en la que determina perjuicios económicos millonarios.

En febrero pasado remitió el informe de Auditoría Especial No. 004-003-15 en el que estableció que la compra de alimentos deshidratados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) generó una lesión patrimonial por $44.9 millones.

El 5 de mayo pasado envió al MP la auditoría del contrato para la adquisición de un equipo de escuchas. La compra la había hecho el PAN a la empresa M.L.M. Protection LTD, para el "suministro" tecnológico y servicio de instalación, entrenamiento y mantenimiento, por un monto de $13 millones 475 mil.

El día siguiente, 6 de mayo, la Contraloría remitió la auditoría por la compra de bolsas de comidas a través del PAN, en la que estableció el posible perjuicio económico por $33 millones 220 mil 167.

El día 20 de mayo también presentó otra auditoría: el alquiler de helicópteros por parte de ministros y funcionarios a través del PAN. El monto: $10 millones 134 mil 151.

La semana pasada, el 11 de junio, la institución concluyó la auditoría en la compra de mochilas escolares a través del PAN. En el informe, también remitido al MP, se determinó la lesión por $14 millones 229 mil 526.

 

“Noriega Está Pendiente De Todo”

La cerca de la cárcel El Renacer, en las riberas del Canal de Panamá, no ha impedido que Manuel Antonio Noriega pueda estar al tanto de cada hecho noticioso que ocurre en Panamá y en el mundo entero.

Así lo constató el exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos y político civilista opuesto al régimen militar, Guillermo Cochez, quien lo visitó el pasado viernes.

Cochez contó que la conversación con el considerado hombre fuerte de Panamá hasta 1989 fue frente a dos de las hijas de Noriega.

La interacción con Noriega, dijo Chochez, duró más de una hora y ese tiempo fue suficiente para notar la lucidez de quien tiene 81 años. Su único problema es que no puede caminar bien, comentó Cochez.

Noriega está recluido en El Renacer desde el 11 de diciembre de 2011, cuando llegó procedente de Francia.

El exgeneral, que purga una condena de 60 años por crímenes cometidos en Panamá, sufre hipertensión, complicaciones cardíacas y renales, además de problemas neurológicos y motrices debido a dos ataques cerebrovasculares.

Cochez describe su acercamiento con Noriega como una forma de promover la paz en Panamá. ‘Noriega es el panameño que más tiempo ha estado preso', afirma.