Guardia implica a exministra Yasmina Pimentel

La extitular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) Yasmina Pimentel es otra alta funcionaria del gobierno pasado señalada por Rafael Guardia Jaén por posibles irregularidades en contrataciones del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Pimentel fue ligada por Guardia Jaén, anterior director del PAN, con las investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción sobre la adjudicación irregular para el desarrollo del programa Piso y Techo, que ejecutó el Miviot.

El abogado Víctor Orobio, representante legal de Guardia Jaén, manifestó que su cliente detalló en su declaración indagatoria que la entonces titular del Miviot era la que intervenía en las solicitudes para ejecutar el presupuesto que pertenecía a esa institución

Indicó que el antiguo director el PAN solo recibía instrucciones para que todos los proyectos fueran adjudicados a un mismo grupo empresarial.

En su declaración, Guardia Jaén, acusado por la posible comisión de delitos contra la administración pública, expresó ante la fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, que él recibía las mismas instrucciones de parte de Adolfo Chichi De Obarrio (secretario privado del exmandatario Martinelli) para que el programa Piso y Techo fuera ejecutado en una de las compañías que pertenecían al mismo grupo empresarial.

Fuentes del Ministerio Público informaron de que se trata de 16 empresas que fueron las que desarrollaron todo el programa y que guardan relación con Juan Carlos Marciaga.

Uno de los puntos que investiga de manera preliminar la Fiscalía Segunda Anticorrupción es si efectivamente se desarrolló todo el proyecto.

De acuerdo con las averiguaciones del caso, se calcula que la posible lesión al Estado fue por un monto superior a los 50 millones de dólares.

Orobio considera que la investigación es bastante cerrada, en vista de que involucra a pocas personas en la comisión de posibles irregularidades.

Por este caso, Guardia Jaén tendrá que regresar a la Fiscalía Segunda Anticorrupción entre el jueves y viernes de esta semana, para una ampliación de indagatoria.

Marciaga también es señalado en el caso relacionado con la compra de bolsas de comida, proceso que es adelantado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

El empresario fue detenido preventivamente el 14 de febrero en el sistema transitorio de la Dirección de Investigación Judicial en la sede de Ancón.

Semanas después fue trasladado a las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Policial en la sede de la Policía Nacional, en Ancón.

 

Papadimitriu: ‘Martinelli sabía lo que pasaba en el PAN’

“Ricardo Martinelli sabía exactamente, no solo lo que pasaba en el PAN, sino en cada uno de sus ministerios”, aseguró Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia .

Papadimitriu, quien por años fue el hombre de confianza del entonces mandatario, acudió ayer al Ministerio Público, con documentos en mano, para probar que todas las órdenes de compra del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se hicieron por instrucciones directas de Martinelli.

Lo dijo horas después de que Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, lo denunciara por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, argumentando que tiene un patrimonio de $300 millones en el principado de Andorra, un “paraíso fiscal”.

Papadimitriu mostró una carta en la que supuestamente se señala que Martinelli le ordenaba firmar todo lo que le enviaba Giacomo Tamburrelli, antiguo director del PAN y actualmente bajo detención domiciliaria mientras se le investiga por la compra de comida deshidratada por $45 millones.

“Ese es el tipo de persona al que le gusta meter este tipo de denuncia, porque es un cobarde. Es cobarde, no quiere venir a Panamá y se esconde en Miami [Estados Unidos] con sus billones de dólares y no se atreve a venir a afrontar la ley”, manifestó Papadimitriu.

‘Martinelli es un cobarde’

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu (2009-2012) se convirtió ayer en el tercer funcionario de la era de Ricardo Martinelli que lo señala como la persona que daba las órdenes de lo que se aprobaba en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

“Ricardo Martinelli sabía exactamente, no solo lo que pasaba en el PAN, sino en cada uno de sus ministerios”, expresó Papadimitriu, quien por años fue su hombre de confianza.

Papadimitriu se sumó a los exdirectores del PAN Giacomo Tamburrelli (2009-2012) y Rafael Guardia Jaén (2012-2014), quienes en sus declaraciones indagatorias ante el Ministerio Público afirmaron que Martinelli daba las órdenes para avalar los contratos millonarios que hoy son investigados por presuntos sobrecostos.

Tamburrelli mantiene una medida cautelar de casa por cárcel desde diciembre pasado, tras enfrentar cargos por presunto peculado en una investigación por la compra de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través del PAN.

En tanto, Guardia Jaén está detenido, desde noviembre pasado, por delitos de peculado y contra la administración pública. Hace una semana fue trasladado a El Renacer.

acusaciones

Papadimitriu respondió ayer, con documentos en mano, a su salida de la Procuraduría, adonde acudió para conocer sobre una denuncia que interpuso Sidney Sittón, abogado de Martinelli, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, argumentando que tiene un patrimonio de 300 millones de dólares en el principado de Andorra, un “paraíso fiscal”.

Papadimitriu divulgó una carta –con membrete del Gobierno Nacional y sin fecha– como prueba de que Martinelli le ordenaba firmar todo lo que mandara Tamburrelli.

El otrora “súper ministro” de Martinelli lo retó ayer: “Ven a Panamá… Podemos hacer una prueba de caligrafía”. Martinelli le respondió en su cuenta de Twiter: “Esa no es mi firma”.

“Ese es el tipo de persona a la que le gusta meter este tipo de denuncia, porque es un cobarde. Es cobarde, no quiere venir a Panamá y se esconde en Miami con sus billones de dólares y no se atreve a venir a afrontar la ley”, indicó Papadimitriu, quien señaló que Martinelli, también presidente de Cambio Democrático, tiene un “problema” con él porque asesoró a la campaña política de Juan Carlos Varela.

“No solo tengo esta carta. También tengo las agendas de las diferentes juntas directivas donde está la firma del señor Ricardo Martinelli. Así que yo tengo todo esto para decirles a ustedes que Martinelli sabía exactamente todo lo que pasaba en cada uno de sus ministerios”, destacó.

negocios con edificios

Papadimitriu, conocido como “el poder detrás del poder” en el gobierno pasado, declaró que “Martinelli sabía exactamente todo lo que pasaba en el PAN” ante las versiones del exgobernante que ignoraba las irregularidades en el PAN, adscrito a la Presidencia de la República y a pocos metros del Palacio de las Garzas.

Indicó que a su antiguo jefe “le gustaba tanto en PAN que, siendo Presidente, compró el edificio del PAN y lo remodeló con dinero del Estado y luego le subió el canon de arrendamiento”.

De acuerdo con una publicación de este medio, los edificios fueron remodelados por 699 mil dólares, en 2014, con fondos del Estado. Posteriormente a las remodelaciones, el alquiler anual fue aumentado a 662 mil dólares y antes de los trabajos se pagaba 552 mil dólares por año.

Sociedades vinculadas a Gaby Btesh, del círculo cero de Martinelli, estaban detrás del negocio con los alquileres de los edificios del PAN.

Pinchazos a todos

Papadimitriu también habló sobre los pinchazos. Afirmó que el exgobernante no solo tenía “pinchados” a sus opositores, sino a los de su gobierno.

Además, precisó que Martinelli trató de extorsionar a Tamburrelli con una grabación de una conversación entre él y el jefe del PAN.

Manifestó que salió del gobierno de Martinelli por las irregularidades que se cometían y que no interpuso las denuncias antes, porque el Ministerio Público estaba controlado.

Enfrentamientos

Sus declaraciones desataron los comentarios de Martinelli en Twitter, quien afirmó que Papadimitriu renunció al gobierno en 2012, una vez se expropió terrenos de Juan Hombrón, en las costas de Coclé, y que el entonces ministro trató de robarse esas tierras.

También señaló que el antiguo ministro era “dueño, amo y señor de PAN” y “el presidente y representante legal”.

Papadimitriu negó las acusaciones de Martinelli.

En su defensa salió la exviceministra de la Presidencia María Fábrega, quien aclaró que fue el mismo exministro el que pidió la expropiación de las tierras de Juan Hombrón.

Manifestó que, al igual que Papadimitriu, ella renunció al “gobierno del cambio” por decepción.

 

Denuncian ante el Ministerio Público al expresidente Ricardo Martinelli y a 14 de sus ministros

El abogado Miguel Antonio Bernal presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue al expresidente Ricardo Martinelli y a 14 de sus exministros por abuso de autoridad al suscribir un contrato de arrendamiento con opción de compra por $8.9 millones para que la sociedad Serviamerica Corp. adquiriese 12 hectáreas de tierra en Rodman, Arraiján, para construir, desarrollar y operar un puerto multimodal. 

Bernal argumenta que hubo una lesión patrimonial porque el terreno estaba estimado en $14.9 millones; sin embargo, fue cedido por $6 millones y mediante el procedimiento especial de venta directa.

El abogado aduce que no se justifica esta venta de tierras del Estado a la sociedad Serviamerica Corp., filial del grupo Lieberman, pues asegura que a la fecha no se ha construido el puerto.

El contrato de concesión fue publicado en la Gaceta Oficial del 26 de febrero de 2014

La Prensa consultó a Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli, pero dijo que no harían comentarios sobre el tema.

Los exministros incluidos en la demanda son:  José Ricardo Fábrega, Frank De Lima, Francisco Álvarez de Soto, Lucy Molinar, Jaime Ford, Javier Díaz, Reynaldo Medina, Ricardo Quijano, Yasmina Pimentel, Óscar Osorio, Guillermo Ferrufino, Roberto Roy, José Raúl Mulino y Roberto Henríquez, todos ellos por avalar con su firma el alquiler en cuestión.  

Jueces deben rastrear dinero de Moncada Luna

De dónde salió el dinero que acumuló ilícitamente el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna es una de las interrogantes que la Procuraduría General de la Nación debe resolver, o por lo menos eso es lo que pide el Movimiento Independiente de Renovación Nacional (MIREN), al que se suman los abogados Víctor Martínez y Guillermo Cochez.

MIREN, grupo encabezado por el excandidato presidencial Juan Jované, presentó ayer una denuncia contra el empresario Felipe ‘‘Pipo” Virzi y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, y cualquier otra persona que resulte vinculada por los delitos que fueron imputados al exmagistrado.

La denuncia se fundamenta en que el empresario Virzi aceptó públicamente que le había prestado $1.8 millones al exmagistrado para la compra de los dos apartamentos, que fueron incautados por la Fiscalía de la causa que investigó a Moncada Luna.

Además, que Fernández era representante, en conjunto con su esposo, de las sociedades anónimas que compraron los apartamentos.

En la denuncia se pide que Virzi y Fernández sean investigados por los mismos delitos que fue procesado Moncada Luna: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsedad ideológica.

Aunque Moncada Luna no fue condenado por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios, ‘no debe tomarse como que no hubo corrupción porque para que haya corrupción de funcionarios públicos, debe haber algún corruptor’, señala la demanda.

BANCOS, EN LA MIRA

Jované va más allá de las personas. Dijo que en este caso la Procuraduría debe investigar la responsabilidad de los bancos porque se dijo que los apartamentos habían sido pagados con un cheque de gerencia.

Jované también pide que se investigue a las personas relacionadas con las siete sociedades anónimas cuyas cuentas bancarias quedaron incautadas.

Cochez, en tanto, consideró que es probable que ese enriquecimiento injustificado de Moncada Luna haya sido por venta de fallos o por contratos que otorgó cuando fue presidente de la Corte.

Moncada Luna adelantó a la empresa constructora Corcione, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli, un pago de $1.3 millones por un contrato de construcción de estacionamientos. La obra no se realizó por protestas de los vecinos y la empresa tuvo que devolver el dinero.

Martínez pidió que los fallos de Moncada Luna sean auditados y que se investigue a bancos y empresarios.

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría, afirmó que evaluarán las pruebas que tiene la Asamblea para verificar si son suficientes para formular cargos o ampliarán la investigación antes de tomar una decisión sobre las personas mencionadas.

Este diario llamó a Virzi para conocer su versión, pero no respondió las llamadas.

 

José Ayú Prado encabeza denuncias

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, mantiene cuatro denuncias en su contra por diversos delitos en la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

Ayú Prado –nombrado en 2012 por el entonces mandatario Ricardo Martinelli– es el que más quejas enfrenta, de un total de 20 procesos abiertos en el legislativo contra miembros de la máxima corporación de justicia.

Ayú Prado mantiene una denuncia presentada en 2013 por la hoy diputada Zulay Rodríguez, quien lo acusa de obstruir la justicia, cuando fue procurador de la Nación, al presuntamente obligar a Mayte Pellegrini a retractarse de una primera declaración en la que vinculó al presidente Martinelli con el escándalo de Financial Pacific, a cambio de su libertad y la de su familia.

Además, tiene una denuncia criminal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, interpuesta por Rosendo Rivera.

David Sitton Burgos, en representación del juez penal de Adolescentes de Colón, Juan Domingo Ibarra, también presentó dos denuncias más por abuso de autoridad y extralimitación de funciones cuando Ayú Prado fue jefe del Ministerio Público.

Ante el pedido de la sociedad civil de agilizar los procesos contra magistrados en la Asamblea, Luis Barría, presidente de la comisión de Credenciales, aseguró que es consciente que deben evacuarse, pero aún tienen que cerrar el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado por falsedad ideológica y enriquecimiento injustificado.

La Prensa intentó obtener una respuesta de Ayú Prado, pero no respondió el cuestionario enviado a su correo.

 

Reclaman agilizar denuncias

 

Luego de la condena a cinco años de prisión dictada al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, sectores políticos y de la sociedad civil esperan que la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional tramite unas 20 denuncias contra miembros del máximo tribunal de justicia.

Entre los magistrados denunciados ante el legislativo está el actual presidente de la CSJ y exprocurador de la Nación, José Ayú Prado, nombrado en 2012 por el entonces mandatario Ricardo Martinelli.

Ayú Prado fue denunciado en 2013 por la actual diputada Zulay Rodríguez, quien afirmó que, mientras ocupaba el cargo de procurador, y ayudado por los fiscales Frank Torres y Ricardo Solís, este obligó a Mayte Pellegrini a retractarse de una primera declaración en la que vinculó a Martinelli con el caso Financial Pacific, a cambio de su libertad y la de su familia.

Además, enfrenta una denuncia criminal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, presentada por Rosendo Rivera.

La acción legal fue interpuesta luego de que en una entrevista, César Segura, conocido como “el florista”, este revelara que fue obligado a devolver un lote en Paitilla por el entonces procurador Ayú Prado.

El magistrado presidente de la Corte tiene otras dos denuncias por abuso de autoridad y extralimitación de funciones, interpuestas por David Sitton Burgos, en representación del juez penal de Adolescentes de la provincia de Colón y de Guna Yala, Juan Domingo Ibarra.

En ambas se solicita que Ayú Prado sea separado del cargo y se le investigue y sancione penalmente por delitos de omisión de funciones, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias, peculado de uso, abuso de autoridad y delitos contra la administración pública.

De acuerdo con Sitton Burgos, cuando Ayú Prado ejercía como jefe del Ministerio Público nombró como fiscal superior de Adolescentes a Zuleika Moore sin que reuniera los requisitos que exige la ley, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 40 de 1999.

 

Mayor Agilidad

 

Para Carlos Lee, director ejecutivo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, amerita que la comisión de Credenciales de la Asamblea adelante esos procesos y determinar si tienen fundamento legal.

“Después de la experiencia del caso Moncada Luna la ciudadanía está exigiendo agilidad en estos casos, con el fin de tener una Corte Suprema que goce de confianza, ya que existe la percepción de que no están administrando justicia con transparencia”, indicó.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, manifestó que para los casos pendientes será responsabilidad de la Asamblea cumplir el cometido de por lo menos preguntarle a los magistrados cuál es su participación en las acusaciones.

“La Asamblea no puede tener expedientes aguantados, porque esto puede llevar en el fondo a otros tipos de arreglos bajo la mesa, por el hecho de que los diputados investigan a magistrados y estos a su vez procesan a los diputados. No se pueden permitir esos jueguitos de chantaje de la Asamblea hacia los magistrados de la Corte y viceversa”, advirtió.

 

Fin a Caso Moncada

 

El presidente de la comisión de Credenciales, el panameñista Luis Barría, es consciente de que los expedientes deben ser analizados, pero antes habrá que darle conclusión al proceso seguido al exmagistrado Moncada Luna.

Expresó que la ley es clara y plantea que la fiscalía y las juezas de garantías inician y dejan de existir una vez se dicte sentencia, por lo que esa instancia legislativa tendrá que discutir el cierre del expediente o la posibilidad de remitirlo al Ministerio Público.

 

La Fiscalía abre proceso contra cuentas de Mario Martinelli

En medio del proceso por supuestas compras con sobreprecios en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Ministerio Público tiene en agenda secuestrar cuentas de las empresas General Mills y Calox Panameña. En ambas compañías figura como accionista Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

Los oficiales del Ministerio Público están en el proceso de determinar el monto en el que Martinelli se pudo ver beneficiado y sobre la base de éste se tomarán acciones legales contra las cuentas en las que aparece como accionista.

Se trata de dos empresas filiales de compañías internacionales dedicadas a la venta y procesamiento de granos, cereales, harina y otros productos alimenticios.

Mario Martinelli, quien representó al partido Cambio Democrático en la Junta Nacional de Escrutinio en las pasadas elecciones, fue señalado por Pablo Ruiz, representante de Hialing Corporation S.A., al momento de rendir declaración en el proceso por sobreprecios.

Según declaró Ruiz al Ministerio Público, Mario Martinelli se encargaba de proveer el financiamiento, además de asesorar los trámites legales, así como lo que correspondía a los actos públicos y, sobre todo, cobrar las cuentas con el Estado. También proveía los productos y los contactos de los proveedores.

Corte ordena auditoría en despacho del juez Quesada

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sesión ordinaria de ayer, ordenó una auditoría judicial al despacho del juez primero de circuito penal, Rolando Quesada Vallespi, informaron fuentes del Órgano Judicial.  

La auditoría fue ordenada, luego de que el juez Quesada Vallespi diera el pasado martes una medida cautelar de país por cárcel al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, acusado de corrupción por dar información confidencial a la casa de valores Financial Pacific (FP).  

Fábrega fue liberado ese mismo día, tras permanecer seis días detenido en las celdas preventivas de la Dirección de Investigación Judicial. 

Las mismas fuentes precisaron que la decisión de auditar a Quesada Vallespi no está sustentada en la medida cautelar de Fábrega. 

Hasta el momento, no se ha iniciado ningún proceso disciplinario contra el titular del juzgado penal. Según las fuentes, para investigarlo debe ser presentada una queja ante el Segundo Tribunal, ente superior jerárquico del juez.  

La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial confirmó que el juez asistió a trabajar ayer. 

Roy Torres, abogado de Fábrega, pidió el pasado viernes 27 de febrero una fianza de excarcelación a favor de su cliente. 

Sin embargo, el juez Quesada Vallespi concedió el martes 3 de marzo una medida cautelar de país por cárcel a Fábrega, quien además debe acudir a firmar los 15 y 30 de cada mes. 

Ni la SMV como querellante ni la Fiscalía Tercera Anticorrupción, como ente investigador, fueron notificados por Quesada Vallespi antes de resolver la petición de fianza de Fábrega. 

La fiscalía y la SMV apelaron la medida cautelar dada al exfuncionario. 

A DISCUSIÓN

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), anunció que en la reunión de junta directiva del próximo martes evaluarán todo lo relacionado con la medida cautelar concedida por el juez Quesada Vallespi a Fábrega.

“Si van a practicar auditorías en ese juzgado, los abogados dirán que hay muchísimos jueces y magistrados que están morosos y habría que practicar auditorías y rendición de cuentas a muchos otros”, dijo.

Álvarez manifestó que aunque la CSJ no es competente para investigar administrativamente al juez, sí puede solicitar al Segundo Tribunal Superior que inicie un proceso disciplinario.

“La Corte puede solicitar al Segundo Tribunal que lo haga (investigar), pero no lo puede hacer”, señaló.

Agregó que esa investigación se puede pedir ahora o después de concluida la auditoría.

La Dirección de Auditoría Interna del Órgano Judicial efectuará la revisión.

El fallo del juez concluyó que Fábrega no representa un peligro, porque no ha sido condenado por delitos graves y tiene 68 años, razón por la cual no se sustenta la aplicación de la detención preventiva.

El 17 de agosto de 2006, la CSJ destituyó a Quesada Vallespi como magistrado suplente del Segundo Tribunal y los suspendió como juez por 30 días. Esta sanción se dio, porque firmó un fallo el 15 de diciembre de 2004, en el que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “Estero” y “Buenaventura”.

VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO

La SMV emitió un comunicado público, en el que dejó claro su asombro y consternación por la actuación del juez Quesada Vallespi, que, a su juicio, violó el debido proceso.

El comunicado explica que el juez, en una resolución del 14 de enero pasado, había anulado una inspección ocular practicada al correo de Fábrega, decisión que está pendiente de apelación y que, pese a ello, la indagatoria quedó vigente.

Calificó de “desafortunada noticia” la medida cautelar dada al exfuncionario de la institución.

“Más sorprendente aún fue que se emitiera el auto de medida cautelar, el cual se hizo efectivo sin haber notificado a la fiscalía ni a los apoderados judiciales de la SMV”, advierte la nota.

La SMV destacó que antes de que esa entidad y la fiscalía se notificaran y anunciaran la apelación, el juez ordenó la inmediata libertad de Fábrega.

Según el comunicado, “la SMV interpondrá todos los recursos que la ley le otorga en derecho para que se respete el debido proceso, el cual consideramos se vulneró”.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió el llamamiento a juicio de Fábrega, acusado de corrupción.

Fiscal electoral suplente toma posesión del cargo

La fiscal suplente, Ceila Peñalba, tomó posesión ante el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.

La nueva fiscal, quien fue designada por el presidente Juan Carlos Varela, reconoció que es una tarea esencial y la llevará a cabo con disposición, buena fe y el principio de lealtad a Dios y respeto al derecho que le asiste a la persona. ‘Tengo muchos retos que estoy dispuesta a asumir’, agregó Peñalba.

La fiscal electoral suplente fue nombrada el 2 de febrero, luego de que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, se acogiera a cuatro meses de vacaciones y designara a José Félix González como fiscal encargado.

La nueva funcionaria destacó que desea que la sociedad panameña tenga fe y confianza nuevamente en una institución que es garante de la jurisdicción electoral y que tiene el deber de vigilar por la libertad, honradez y pureza del sufragio.

El fiscal electoral encargado señaló en una conferencia de prensa que no abandonaría el puesto. ‘Me tienen que sacar con policías de este lugar’, afirmó el funcionario.

El Ministerio Público investiga a Peñaloza por dos denuncias.

 

Moncada Luna a prisión, por la comisión de dos delitos

Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses (5 años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario debe determinar en qué penal es ingresado.

La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional también ordenó el decomiso de dos apartamentos en Coco del Mar propiedad de Moncada Luna y su esposa.

También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años, una vez cumpla su periodo en prisión.

A Moncada Luna se le deberá computar los cuatro meses y medio que ha permanecido en detención domiciliaria.

Son exactamente las mismas penas consignadas en el acuerdo extrajudicial pactado por Moncada Luna y el diputado fiscal Pedro Miguel González. De ese modo, las juezas Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez rechazaron la solicitud de la defensa que, a última hora, pidió prisión domiciliaria para el ya exfuncionario.

Las juezas también ordenaron que se mantenga la aprehensión de las cuentas bancarias que fueron cauteladas como parte del proceso. Ni una está a nombre de Moncada Luna, pero sí recibió beneficios de las mismas, como se probó en la investigación. 

"No podemos acceder a dichas  peticiones. Le corresponderá a las autoridades competentes, en atención a los hechos sustentados en la audiencia por el fiscal", concluyeron las juezas.

Levy, Gómez y Rodríguez sostienen en su escrito de condena que Moncada "desconoció las prohibiciones y limitaciones inherentes a su cargo", ya que como magistrado acumuló un patrimonio que no correspondía con sus ingresos.

Durante la audiencia que se celebró en el Salón Azul de la Asamblea, el imputado dijo que firmó el acuerdo -fechado el 23 de febrero pasado- de manera voluntaria, libre de acuerdo y presiones.

LA AUDIENCIA

La audiencia de hoy inició casi a las 10 am y terminó a las 2:49 pm.

Empezó con la intervención de González, que hizo una sustentación del acuerdo extrajudicial. 

Señaló que la pena de 60 meses (5 años) de prisión es un tercio de la suma de las penas máximas que conlleva cada uno de los delitos admitidos por el  imputado: 8 años por falsedad ideológica y 12 por enriquecimiento injustificado agravado. 

Remarcó que las juezas de garantías no podrán aumentar la pena pactada en el acuerdo, "pero sí pueden disminuirla".

"El tribunal tiene la competencia para hacerlo, tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un derecho punible", señaló.

Advirtió que si las juezas modifican la pena de prisión y deciden rebajarla, Moncada Luna podría cumplirla en su residencia y no en un centro penitenciario, lo que finalmente no sucedió.

González también informó que un informe de la Contraloría General de la República estableció "un diferencial negativo" de 2 millones 94 mil dólares, "con respecto a las capacidades económicas" de Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández, copropietaria de los dos apartamentos cautelados.

"La Contraloría, en su informe, determinó un desbalance en 2 millones 94 mil dólares. Es decir, los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto", indicó.

María del Pilar recibía un salario mensual de $4 mil (sin contar las deducciones) como directora de Planificación y Finanzas del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -coincidentemente- designó a Moncada Luna como magistrado de la CSJ a partir del 1 de enero de 2010, con salario de $10 mil mensual.

Agregó que el valor actual de los dos apartamentos supera "con creces" el desbalance planteado por la Contraloría. El matrimonio desembolsó $1.7 millones por ambos apartamentos.

HABLÓ LA DEFENSA

Ramiro Jarvis pidió clemencia a las juezas. Dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, "ha sido honorable", tiene padecimientos de salud, ha permanecido cinco meses bajo detención domiciliaria en su apartamento de Coco del Mar y no ha dado muestras "de ser un riesgo para nadie".

Señala que su cliente decidió pactar un acuerdo extrajudicial, porque de celebrarse un juicio en el pleno legislativo "la decisión habría estado en manos de 71 diputados, la decisión habría sido política, creando situaciones de angustia para personas que no tienen relación en los hechos".

Jarvis consideró que algunas de las acciones del diputado fiscal podrían ser declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia. 

En la lectura del escrito de condena, las juezas también hicieron un "llamado de atención" a la conducta "procesal" del abogado de la defensa.

Ayer, el abogado presentó un escrito de Moncada Luna en el que éste desistía del acuerdo extrajudicial. Igualmente, entregó un certificado médico que incapacitó a su cliente hasta el próximo sábado, pero un informe forense practicado la tarde de ayer en el Hospital Santo Tomás probó que el imputado está en condiciones de comparecer.

La aceptación del acuerdo y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación, por lo que Moncada Luna no podrá ser proceso por estos mismos ilícitos en la justicia ordinaria.

En la audiencia también estuvieron presentes José María Castillo, Edwin Guardia y Manuel Cedeño, abogados de las sociedades titulares de las cuentas bancarias cauteladas como parte de la investigación. Se trata de 14 cuentas, que totalizan $4.7 millones. Según González, en la investigación se probó que Moncada Luna recibió beneficios de las mismas. La mayoría de estas sociedades obtuvieron contratos con el Órgano Judicial en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió la CSJ.

Los abogados pidieron a las juezas la descautelación de las cuentas. González dijo que no se oponía a ello. Las juezas, finalmente, declinaron esa petición.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar el SPA sin recursos es abrirse a la impunidad”

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) parece entrar forzado en el último circuito judicial del país, y con cientos de interrogantes sobre la eficacia que tendrá en los procesos judiciales.

El presupuesto no es suficiente para ninguna de las entidades que intervienen en el proceso. Tras una alta reunión ayer, en la Corte Suprema de Justicia, las entidades vinculadas con el nuevo sistema concluyeron que por el presupuesto que se le asignó a la justicia este año, quedarán ‘a la deriva' 489 vacantes destinadas para el penal acusatorio. Es decir, recalcan, el 45% de los puestos necesarios.

La crisis empieza en la columna vertebral del SPA: el Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), encargado de proveer las pruebas científicas en los Tribunales. Tiene un déficit de más del 50%. Humberto Mas, su director, asegura que el hueco económico crece todos los años.

Esa entidad solicitó al Ejecutivo $76 millones, para planificarse de cara a la entrada del SPA a la capital, sin embargo, ese Órgano aprobó solamente $35 millones, es decir, 54% menos.

Los encargados de la implementación del SPA, que entrará a regir el próximo dos de septiembre en la capital, alertaron de que se registrará una ‘gran cantidad de impunidad en los procesos', de no contar con un presupuesto adecuado, especialmente en el Imelcf.

Mas explicó que esta institución ‘está encargada de hacer cumplir el sistema, pero prácticamente se le hará imposible con el dinero asignado'.

Otra entidad en horas complejas es la Defensoría Pública. Danilo Montenegro, su director, manifestó su preocupación, ya que la mayoría de las posiciones son de este departamento que es tan importante en este sistema de justicia.

‘FUEGO' EN LA DIJ

En cuanto, a la Dirección de Investigación Judicial, el comisionado Marcos Córdoba resaltó la necesidad de recursos humanos tanto de personal uniformado como civil, y adecuaciones de algunos cuarteles por la mayor participación que se va a tener en los próximos meses.

El magistrado Harry Díaz, dijo que de implementar el SPA sin el presupuesto necesario, se corre el riesgo de que ‘una gran cantidad de casos queden impunes, y esto afectará la convivencia social del país'.

El SPA deberá entrar en vigencia en cuatro meses en los circuitos judiciales de Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, últimas zonas del país en incorporarse.

El asunto es sensitivo, tomando en cuenta que en esa región se movió el año pasado cerca del 55% de los casos judiciales que se registraron en el país, cuatro veces más que en Tercer Distrito Judicial, que comprende Chiriquí, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé.

En la capital se tramitan, por ejemplo, la mayor parte de los escándalos contra la administración pública.

LOS PENDIENTES

Según los balances del Ministerio de Economía y Finanzas y del Órgano Judicial, el SPA tendrá este año cerca de $32 millones, $27 millones menos de lo que se necesitaba. Se arrastra un pendiente de $1.2 millones para la contratación de personal para provincias centrales, $100 mil para el equipamiento y ‘desarrollo de aplicaciones y redes' para el sistema en Coclé y Veraguas, y otros $500 mil para Chiriquí, Bocas y Ngäbe Buglé.

El magistrado Abel Zamorano nsiste en que se requiere de un recurso adecuado para que el sistema sea exitoso. ‘Este es un papel que tenemos como deber y no podemos postergar el sistema, todos somos responsables de que avance como hasta ahora se ha dado con buenos resultados', señaló.

EL EJECUTIVO PROMETE RESPUESTAS

La presión por conseguir los recursos adecuado la sintió el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, quien manifestó que el Órgano Ejecutivo está comprometido para que se ‘implemente el sistema en todo el país'.

En este sentido, anunció que sostendrá reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, para buscar una solución'.

Durante la reunión —en la que también participaron los magistrados José Ayú Prado Canals, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo de Cedeño, Jerónimo Mejía y Cecilio Cedalise, así como los magistrados del Segundo Tribunal Superior Secundino Mendieta y Wilfredo Saenz— se discutió la posibilidad de diferir la implementación para ajustar el presupuesto, tal como lo proponía el magistrado Harry Díaz, sin no fue aceptada.

Aunque se había considerado, los organismos internacionales que manejan el tema le explicaron al Órgano Judicial que ‘no es conveniente'.

Alemán, quien se comprometió a conseguir los recursos que hacen falta, manifestó que' no es factible' dividir la implementación del SPA en su última fase.

El otro inconveniente estaba en lo legal: la moción 48 de 2009 establece que en el Primer Distrito Judicial se deberá implementar el 2 de noviembre de 2016, dos años después de lo originalmente planteado.