El Paso A Paso Del Millonario Desfalco De Financial Pacific

 

El caso Financial Pacific se ha convertido en uno de los escándalos financieros más enmarañados que ha registrado el sector. Lo que empezó como una denuncia de desfalco por parte de los entonces directivos de la casa de valores, destapó una serie de irregularidades. El hallazgo no ocurrió precisamente por la labor de las autoridades de turno que debían encargarse de descifrar cómo se había provocado el hueco financiero, sino por las declaraciones de una empleada de la casa de valores a quien culpaban de apropiarse de $12 millones.

Las palabras de esta mujer ante la Fiscalía Decimotercera destaparon una olla que guardaba sigilosa los vínculos de poder, corrupción, posible blanqueo de capitales y otros delitos que hoy son materia de investigación en Panamá y por agencias norteamericanas y canadienses.

Mientras transcurría el quinquenio de Ricardo Martinelli, una serie de hechos delataron la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público con el fin de evitar que se conocieran, entre otros asuntos, los movimientos de una cuenta a través de la que se transaban acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd. El poder también paralizó las investigaciones que debía realizar el regulador, la SMV, a la casa de valores.

Hoy el escenario es muy distinto al pasado. Las investigaciones se enrumban hacia los responsables de las estrategias financieras que, en violación a la Ley de Valores, tomaron a su favor, en forma impune, la forma para blanquear millones de dólares, como apuntan las pesquisas.

 

Felipe ‘Pipo’ Virzi Ampliará Indagatoria

El exvicepresidente de la República y empresario Felipe Pipo Virzi ampliará hoy su indagatoria ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción por su supuesta vinculación con pagos irregulares provenientes de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de sistema de riego de Tonosí, Los Santos.

Su abogada Guillermina McDonald informó que su cliente llevará una serie de documentos para poder "probar la veracidad" de su versión.

Sostuvo que su defendido solo es un accionista del Banco Universal, entidad financiera que cuenta con gerentes. "El banco tiene funcionarios de manejo", dijo McDonald al tiempo que desvinculaba a Virzi de las decisiones tomadas por el banco.

Hidalgo & Hidalgo giró el 9 de agosto de 2012 un cheque a favor de Pipo Virzi por la suma de $5.2 millones, tras ser favorecida por el millonario contrato.

El empresario también recibió una transferencia de $5 millones de Hidalgo & Hidalgo, compañía a la que se le desembolsaron en el gobierno pasado $37.4 millones, a pesar de que no contaba con las tierras para ejecutar el proyecto.

Posteriormente, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de particulares y de sociedades, entre ellas, una vinculada al expresidente Ricardo Martinelli.

Algunos de esos beneficiarios fueron el empresario Gabriel Gaby Btesh, que recibió $360 mil; el candidato a diputado por Cambio Democrático Porfirio Ellis, que obtuvo $319 mil; y Promotora de Desarrollo Los Andes, S.A., medio millón de dólares.

Para concretar estas transacciones, Virzi usó una cuenta bancaria de la sociedad Summer Venture Inc. –con cuenta en el Banco Universal– en la que, además de él, tiene firma Ricardo Ricky Calvo.

 

Cobranzas Del Istmo Obtuvo $54 Millones En Comisiones

ministerio, en julio de 2014, se le habían emitido pagos adicionales a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que durante la administración de Ricardo Martinelli había recibido $47 millones en concepto de comisiones por el cobro de impuestos morosos.

Tras pensarlo unos segundos, el ministro contestó, sin dar mayor importancia ni detalles: ‘Es posible que sí' .

Solo después de que el propietario de CISA, Cristóbal Salerno, fuera llamado a declarar ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el 20 de mayo de 2015, se pudo conocer que los pagos a la empresa se habían retomado desde noviembre de 2014. Y el último de ellos se había entregado tres meses antes de la entrevista que le hizo este diario a De la Guardia.

En total, la nueva administración había pagado ya a CISA más de $7 millones, elevando hasta los $54 millones el pago de comisiones por la gestión de cobros entre los años 2010 y 2014.

Contrario a lo que se había pensado hasta el momento, que CISA había recibido $47 millones por su gestión, ahora dos auditorías internas del MEF dejan en evidencia que en realidad fueron $54 millones.

La Estrella de Panamá pudo constatar que según consta en el expediente hay un informe denominado ‘Auditoría Especial N° 111-OAyFl-2014', del 27 de octubre de 2014, confeccionado por instrucción directa del ministro De la Guardia, los pagos del MEF se iniciaron en 2011, cuando se le emitieron a CISA cheques por $829 mil. Al año siguiente, en 2012, las comisiones aumentaron a $6 millones; en 2013, sumaban $9.6 millones. Y entre enero y abril de 2014, en pleno proceso electoral, se le pagaron a CISA $30.6 millones más.

Además, posteriormente este diario tuvo acceso a otro informe denominado ‘Resumen de transferencias electrónicas realizadas a Cobranzas del Istmo S.A.' elaborado por el Departamento de Auditoría Interna del MEF en el cual se detallan los pagos realizados a CISA en la administración de Juan Carlos Varela, el cual evidencia el pago por $7 millones.

Lo que nadie sospechaba era que, en momentos en que ya se discutía la inconstitucionalidad del contrato, los pagos continuarían. El 19 de noviembre de 2014, el MEF hizo una transferencia bancaria a CISA por $475 mil. En diciembre de ese mismo año, fueron tres transferencias, por $454 mil, $631 mil y $1.9 millones. El último pago, en enero de 2015, fue de $3.6 millones, bajo la gestión del actual contralor, Federico Humbert Arias.

Los dos últimos pagos, hechos en diciembre de 2014 y en enero de 2015 (que suman $5.5 millones) se hicieron efectivos mientras el ministro imponía una querella contra el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, por presunta falsificación de documentos para favorecer de manera directa a la empresa de Salerno.

Paralelamente, desde el MEF se solicitaba a la Contraloría que se auditara el Contrato 100 del 25 de agosto de 2010, entre CISA y el Estado, por presuntas irregularidades, detectadas a través de auditorías internas.

Si la tramitación de estos pagos se había iniciado antes del cambio de gobierno, lo que no se explica es la razón por la que, finalmente, estos fueron aprobados, dadas todas las sospechas que recaían sobre la contratación de la empresa.

‘Nadie tiene la potestad para suspender un pago refrendado por la Contraloría', señaló De la Guardia en respuesta a esta interrogante.

Pero las dudas con relación a los pagos no terminan allí. En su declaración jurada del 25 de mayo de 2015 ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, Cucalón aseguraba que durante su administración a CISA sólo se le pagaron $39 millones. ¿Y los restantes $15 millones?

La defensa de Cucalón pedirá a la fiscal Cuarta Anticorrupción que se remita un informe de los últimos pagos para que adjuntarlo al expediente.

En su declaración jurada del 25 de mayo pasado, Cucalón también explicó que hubo presiones para que los pagos a CISA fueran express .

‘El contrato decía que había que pagar en cinco días a la empresa, por ideas de la contralora y de no me acuerdo de quién del MEF', relató Cucalón en su indagatoria.

El exdirector fue señalado por Salerno por, supuestamente, haberle solicitado $6.8 millones para agilizar los trámites para el cobro de las comisiones que se ganaba Cobranzas del Istmo, S.A.

Cucalón, que se encuentra en prisión preventiva por presunto delito contra la administración pública, aceptó el pago de ese dinero, pero se excusó diciendo que era por una deuda atrasada.

¿QUIÉN VELÓ POR EL ESTADO?

Otro de los puntos que salieron a relucir en el testimonio de Cucalón fueron los pocos esfuerzos que se hicieron por velar por los intereses del Estado, en relación a la ejecución del Contrato 100 del 25 de agosto de 2015.

Según la cláusula Décimo Primera del documento, se debía establecer un cómite de seguimiento que supervisara la ejecución del contrato. El comité debía dar constancia escrita de su labor de fiscalización.

Pero, durante la indagatoria, el mismo Cucalón confesó que no hubo reuniones periódicas de este comité y que tampoco se dieron los informes escritos. ‘En eso fallé', reconoció.

El departamento de Auditoría Interna del MEF, llamado a desempeñar un papel fundamental, ‘auditaba al azar y lo reportaba al ministro y al viceministro del MEF. Dudo que haya hecho informe formal; solo enviaba correos', dijo Cucalón.

Al departamento de informática, a cargo de Edmundo Arce, y posteriormente a Gustavo Cheri, les correspondía realizar el cálculo de las comisiones.

Pero en un correo electrónico enviado por Cucalón el 25 de mayo de 2011, increpaba al jefe de cómputo por la falta de rigor en el cálculo de las comisiones.

‘Él cambiaba el método de las comisiones, un mes para un lado y un mes para otro lado. Yo le dije que parara el relajo. Tú fuiste banquero. Sabes que eso no es así', decía Cucalón.

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SOLICITUD

Harry Díaz pide derecho a réplica

A través de una carta dirigida a la dirección de este medio, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz solicitó una réplica para aclarar que él no ha sido imputado, involucrado ni ha sido beneficiado con el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A.

‘La defensa del exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, me solicita en calidad de testigo', añadió.

El magistrado aseguró que no estuvo de acuerdo con la tercerización de los impuestos morosos efectuada durante la pasada administración de gobierno.

Aunque reconoce que la intención de reducir la morosidad del fisco era buena , él considera que este sistema creaba una ventana que facilitaría la corrupción, ‘como aparentemente ha sido el caso', añade.

El magistrado, además, hace referencia a que sólo era coordinador del despacho jurídico del viceministro de Finanzas (Dulcidio De La Guardia) cuando se procedía a la contratación de la empresa gestora de cobros.

En esas funciones solo se limitó a revisar, como parte de la comisión evaluadora, los requisitos para la contratación del gestor de cobros del Estado. ‘Asesoraba, pero no me competía decisión alguna', manifestó.

 

Diputados Tienen 59 Denuncias En La CSJ

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reposan 59 expedientes relacionados con denuncias y querellas contra actuales diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), revela un informe del Órgano Judicial.

Un total de 46 expedientes son denuncias a diputados de la Asamblea y 13 a miembros del Parlacen.

Ricardo Martinelli, exmandatario y actual diputado del Parlacen, es el que más denuncias tiene, con nueve. Le sigue Carlos Tito Afú, diputado en la Asamblea Nacional por Cambio Democrático, con cuatro.

En total, son 43 diputados de la Asamblea y 5 del Parlacen con denuncias.

Martinelli, exmandatario y actual diputado del Parlacen, es el que más denuncias tiene.

Uno de los procesos más adelantados en la Corte es el referente al diputado suplente Samuel Bennett, a quien la semana pasada el fiscal de la causa, el magistrado José Ayú Prado, le imputó cargos por supuesto blanqueo de capitales.

Sobre este informe, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, abogó por cambios en la Constitución para modificar “el proceso político actual”, de que los magistrados investigan a los diputados y estos a los integrantes de la máxima corporación de justicia.

Expresó que la propuesta de su agrupación es que se cree una jurisdicción independiente especial para investigar y juzgar a los diputados y a los magistrados de la CSJ.

 

 

Auditorías De La Contraloría Revelan Lesión Por $115.9 Millones

Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta de que a la fecha la posible lesión producto de irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante la administración pasada asciende a $115.9 millones.

Desde inicio de este año, la Contraloría ha remitido una serie de auditorías al Ministerio Público (MP), en la que determina perjuicios económicos millonarios.

En febrero pasado remitió el informe de Auditoría Especial No. 004-003-15 en el que estableció que la compra de alimentos deshidratados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) generó una lesión patrimonial por $44.9 millones.

El 5 de mayo pasado envió al MP la auditoría del contrato para la adquisición de un equipo de escuchas. La compra la había hecho el PAN a la empresa M.L.M. Protection LTD, para el "suministro" tecnológico y servicio de instalación, entrenamiento y mantenimiento, por un monto de $13 millones 475 mil.

El día siguiente, 6 de mayo, la Contraloría remitió la auditoría por la compra de bolsas de comidas a través del PAN, en la que estableció el posible perjuicio económico por $33 millones 220 mil 167.

El día 20 de mayo también presentó otra auditoría: el alquiler de helicópteros por parte de ministros y funcionarios a través del PAN. El monto: $10 millones 134 mil 151.

La semana pasada, el 11 de junio, la institución concluyó la auditoría en la compra de mochilas escolares a través del PAN. En el informe, también remitido al MP, se determinó la lesión por $14 millones 229 mil 526.

 

“Noriega Está Pendiente De Todo”

La cerca de la cárcel El Renacer, en las riberas del Canal de Panamá, no ha impedido que Manuel Antonio Noriega pueda estar al tanto de cada hecho noticioso que ocurre en Panamá y en el mundo entero.

Así lo constató el exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos y político civilista opuesto al régimen militar, Guillermo Cochez, quien lo visitó el pasado viernes.

Cochez contó que la conversación con el considerado hombre fuerte de Panamá hasta 1989 fue frente a dos de las hijas de Noriega.

La interacción con Noriega, dijo Chochez, duró más de una hora y ese tiempo fue suficiente para notar la lucidez de quien tiene 81 años. Su único problema es que no puede caminar bien, comentó Cochez.

Noriega está recluido en El Renacer desde el 11 de diciembre de 2011, cuando llegó procedente de Francia.

El exgeneral, que purga una condena de 60 años por crímenes cometidos en Panamá, sufre hipertensión, complicaciones cardíacas y renales, además de problemas neurológicos y motrices debido a dos ataques cerebrovasculares.

Cochez describe su acercamiento con Noriega como una forma de promover la paz en Panamá. ‘Noriega es el panameño que más tiempo ha estado preso', afirma.

 

Los Extraños Movimientos Del Plazo Fijo De Benavides

La cuenta de plazo fijo 05343 que el magistrado Víctor Benavides mantiene en el Banco Nacional de Panamá (BNP) deja las primeras pistas del supuesto enriquecimiento injustificado por el cual la Asamblea lo investiga.

Un informe que ha presentado la defensa del juez a la oficina del fiscal Jorge Alberto Rosas revela renovaciones que podrían ser consideradas excesivas si se le compara con los ingresos que recibió en concepto de salario, la jubilación y una entrada que percibe el magistrado Benavides por el alquiler de un apartamento en Chanis.

Por ejemplo, entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, el magistrado de la Sala Tercera incrementó su cuenta en $40 mil, con un promedio mensual de $6,600. En ese periodo recibió $7,754.98 por mes en salarios. Es decir: tendría que haber ahorrado cerca del 85% de su salario para poder haber hecho esos aportes a la cuenta de plazo fijo.

¿Cómo podía hacerlo? es la pregunta del millón. Según el informe patrimonial firmado por el magíster Saúl Tejada, para entonces el magistrado Benavides no percibía dinero por la renta de un apartamento que posee en Chanis –y del cual se mudó en 2010, al adquirir otro en Obarrio, hipotecado aún—. El magistrado tampoco estaba jubilado. Es decir, que no contaba con estos ingresos adicionales a su salario.

Sin embargo, al cabo de esos seis meses su plazo fijo quedó en $150 mil, $70 mil más de los que tenía cuando abrió la cuenta en 2005.

REBASANDO EL UMBRAL DE LOS $300 MIL

Pero lo más llamativo vino después: entre mayo del 2012 y mayo del 2013, la cuenta duplicó sus activos. De $150 mil pasó a $304 mil, en ese período el magistrado reconoce haber ganado intereses por $655.

Para llegar a ese monto en un año el magistrado debía ahorrar en promedio $12,800 mensuales. Es decir, $5 mil más de lo que la Corte le pagaba.

Su defensa alega que para entonces tenía más ingresos: $2,500 mensuales por jubilación (desde 2013) y $700 por alquilar su propiedad en el barrio de Chanis. Esto, sin embargo, no logra que las cuentas cuadren. Por la renta percibió $8,400 y por su retiro, a mayo de 2013, apenas $2,500.

Es decir, entre mayo de 2012 y 2013, el magistrado incrementó su plazo fijo en $154 mil, cuando sus ingresos sumaron $103,948. Quedan sin justificar $46 mil.

EL ÚLTIMO PARAJE

En el 2014 las cosas fueron más drásticas. Entre mayo y agosto el plazo fijo aumentó de $364 mil a $424 mil; es decir, $60 mil por mes.

Para entonces. El magistrado percibió $1,950 de alquiler, a razón de $650 por mes (lo abarató en $50).

También percibió $7,500 en jubilación. Ganó $10,900 por mes, $50 mil menos de lo que ahorró.

Con este monto el fiscal decretó su aprehensión. La subcomisión de garantías lo aceptó. Rosas sostiene que hubo, incluso, manejo de dinero en efectivo.

El exseguridad de Benavides, Vicente Caballero, ha develado que hasta 2010 él hizo los abonos, siempre en billetes. El dinero, explica, salía de una red de venta de fallos judiciales.

Trasladan A Guillermo Ferrufino Al Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, fue trasladado la mañana de este jueves, 11 de junio de 2015, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), para una evaluación médica y psiquiátrica.  

Ferrufino llegó esposado y bajo estrictas medidas de seguridad al Imlcf. No dio declaraciones a los medios de comunicación. 

Fuentes de esta institución precisaron que el exfuncionario estuvo en la institución entre las 10:00 a.m. y 11:30 a.m.  

La diligencia fue solicitada por el equipo legal que defiende al extitular de Desarrollo Social entre 2009-2014, quien permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Policial.  

El pasado 4 de marzo la fiscal segunda Anticorrupción Vielka Broce ordenó la detención preventiva del ministro en la era Ricardo Martinelli por el caso del alquiler irregular de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional.

En el despacho de la fiscal segunda también hay otra investigación relacionada con Ferrufino. Se trata de la compra de una finca en La Chorrera, que habría sido pagada con cheques –por un monto de $400 mil– de parte de la compañía Heliflight Panama, S.A., cuyo presidente y gerente general es Fotis Lymberópulos, amigo personal de Ferrufino.

Esta empresa fue beneficiada con contratos directos –por el orden de los $4 millones– para el traslado de personal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a áreas de difícil acceso para el pago de los programas Red de Oportunidades y '100 a los 70'.

 

Cucalón: “Salerno Intercambió La Cabeza De Su Hija Por La Mía”

El propietario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), Cristóbal Salerno, habría negociado con el partido oficialista la postura que asumiría ante la investigación que se le sigue por el delito de corrupción de servidores públicos.

Así lo aseguró al Ministerio Público Luis Cucalón, exjefe de la Autoridad Nacional de Ingresos (Anip), detenido en la DIJ, acusado de orquestar la contratación de la empresa de Salerno y cobrar comisiones por su trabajo.

Salerno, que es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción que involucra a CISA, acusó al exdirector de Ingresos de recibir dinero para agilizar los trámites de pago a favor de su empresa.

Entre los años 2010 y 2014, durante la gestión de Ricardo Martinelli, Cobranzas del Istmo obtuvo comisiones por $47.1 millones por recaudar impuestos morosos.

‘El señor Salerno se fue a Miami y allá fueron a buscarlo los panameñistas. No sé quiénes fueron, pero él (Salerno) me dijo que había negociado', indicó Cucalón, en una declaración jurada del 26 de mayo, ante la fiscal Ruth Massiel Morcillo, de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Cucalón fue señalado por el propietario y principal beneficiario de CISA de haber recibido al menos cuatro cheques a cambio de mantener el contrato con el Estado, que supervisaban el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.

Según Cucalón, las declaraciones de Salerno son una estrategia de su antiguo socio y amigo.

‘Yo tengo el presentimiento de que (Salerno) intercambió la cabeza de su hija por la mía', apuntó.

Tanto Cucalón como Salerno han declarado ya ante la Fiscalía, pero sus respuestas no coinciden, por lo que para hoy está previsto un careo entre ambos imputados.

‘(Salerno ) lo hizo por su hija que estaba metida en el baile,' dijo Cucalón refiriéndose a María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno y apoderada legal de la empresa cuando se firmó el contrato con CISA.

En el documento, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , Cucalón aseguró que entiende la postura de Salerno porque él también es padre, pero que no lo perdona porque, insiste, ‘con la reputación de las personas no se juega'.

La hija del empresario fue llamada también a rendir indagatoria para determinar su participación en este entramado, tras lo cual la Fiscalía Cuarta Anticorrupción determinó prudente imponerle una medida de arraigo.

En su declaración jurada, el exdirector de Ingresos aseguró que cuando Salerno regresó de Miami, Estados Unidos, lo llamó y le dijo que pasaría a tomarse una taza de café con él.

‘Perfecto', pensó Cucalón, quien posteriormente se encontraría con la sorpresa de que Salerno, en lugar de visitarlo, fue directo a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a denunciarlo.

LA COARTADA PERFECTA

En la ampliación de su declaración jurada los días 8 y 9 de junio, Salerno negó todas las acusaciones de Cucalón.

‘Yo fui a los Estados Unidos a ver mi condición cardiaca', aseguró, tras calificar las aseveraciones de Cucalón como ‘una fábula que no tiene coherencia'.

EL SUPUESTO ACUERDO

Salerno declaró anteriormente que había girado tres cheques a la sociedad Strategic Hotel Alliance Inc. por un monto total de $5.8 millones, a solicitud del exdirector de Ingresos, con el propósito de ‘agilizar el pago de las comisiones'. Los cheques tienen fecha del 21 de febrero de 2014, por $1.4 millones; del 28 de marzo de 2014, por $1.5 millones y otro por $2.8 millones, sin fecha determinada, todos de Multibank, donde están dadas de altas las cuentas de Cobranzas del Istmo y de Langton International, empresa que gestiona la tesorería de Salerno, según su propia declaración.

Multibank envió una nota fechada el 22 de mayo de 2015 en la que establece que a la mencionada sociedad se giró, además, otro cheque por $1 millón.

El cheque (número 000073) habría sido emitido el 24 de diciembre de 2013, por Langton International Holding, Ltd. a nombre de Strategic Hotel Alliance Inc, cuyos directores son los hijos de Cucalón.

El cheque fue endosado y depositado en la cuenta número 0182200012-4 de Strategic Alliance, Inc. en el Capital Bank.

Pero Cucalón tiene otra versión de los hechos.

En la mencionada declaración del 26 de mayo, el exdirector de Ingresos indicó que los pagos corresponden a una suma que le adeudaba Salerno desde el 2000.

‘Salerno acordó conmigo verbalmente, debido a que no tenía garantías reales, que me daría la mitad de todo lo que pudiera recuperar' por la quiebra de Sears, S.A, asegura el indagado.

Cucalón, administrador del consorcio, recuperó $6 millones, pero la promesa no se cumplió a corto plazo. ‘Un día me dijo que me iba a devolver los $3 millones más intereses al 12% anual, lo que sumaba un poco más de $6 millones', relata Cucalón ahora para sustentar los cheques que recibió del empresario.

Salerno también niega esto. ‘Esa historia es totalmente falsa. No existe un contrato ni ninguna correspondencia que pueda avalar eso', asegura.

El empresario admitió, por otra parte, haber girado un cheque (número 766) de la cuenta de Langton International Ltd. a nombre de la empresa Corporación Energía del Istmo, S.A., para el expresidente Ricardo Martinelli.

TRANSACCIONES NORMALES

Al ser indagado por la Fiscalía, se cuestionó también al empresario en relación a las millonarias transacciones originadas desde la cuenta de Cobranzas del Istmo, S.A en beneficio de Langton Internacional Ltd., que un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) consideró ‘inusuales'.

Ante esta pregunta, Salerno respondió que se trataba de transacciones ‘normales', aunque no recordó si antes de la contratación directa de Cobranzas del Istmo, S.A. hubo transferencias similares, por montos millonarios.

El análisis de UAF también destaca que CISA emitió 35 cheques a favor de Langton, por un monto de $25.2 millones.

RECORDANDO A DULCIDIO

Durante su indagatoria, Cucalón recordó también que como director General de Ingresos (DGI) y posteriormente de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip, hoy desaparecida), mantenía frecuentes discusiones con su entonces jefe, el hoy ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

‘Él argumentaba que yo lo humillaba al no hacerle caso, pero muchas veces sus instrucciones no eran acordes a la ley. Yo le pedía que las pusiera por escrito si quería que las ejecutara, ya que él era mi jefe inmediato. Eso nos llevó a choques', indicó Cucalón, según reposa en la foja 6417 del expediente del caso.

 

15 Regulaciones Para Ley Antilavado

Habrá una reglamentación macro de la ley, una vinculada a congelamiento de activos y 13 reglamentaciones sobre los distintos sectores económicos que serán supervisados en virtud de la nueva ley, dijo la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Se reglamentarán la aplicación de la ley para bancos, seguros y reaseguros, el mercado de valores, las zonas libres, las compañías de remesas de dinero, la Bolsa de Diamantes y los comerciantes de piedras preciosas, bienes raíces y construcción, entre otros.

Estas normas serán desarrolladas y emitidas por los supervisores de cada uno de estos sectores.

La ley está vigente desde que fue promulgada, pero las reglamentaciones establecerán cómo se aplica en cada uno de los sectores. “Las reglamentaciones se presentaron al Grupo de Acción Financiera (Gafi) y paralelamente se están haciendo presentaciones a los distintos sectores”, dijo la viceministra, para quien “es importante escuchar al sector” para no perder las proporciones ni hacer reglamentaciones que no se puedan aplicar en la práctica.

Además de la ley antilavado, se han aprobado otras seis leyes y se está reforzando la Unidad de Análisis Financiero, cuyo personal se ha triplicado en el último año. Con estas acciones el Gobierno busca reforzar el marco legal para prevenir el lavado de capitales y salir de la lista gris del Gafi, en la que está incluido el país por las debilidades detectadas por el Fondo Monetario Internacional.

A finales de junio vence el plan de acción —pactado con el Gafi hace un año— que marcaba la hoja de ruta a seguir por Panamá para reforzar su marco legal. La mayor parte de este plan ya se ha completado, y el Gobierno espera recibir el visto bueno del Gafi por los avances en la reunión plenaria que celebrará este mes en Australia. 

En la última reunión plenaria del año, que tendrá lugar en París en octubre, Panamá ya habrá culminado el plan de acción y solicitará al Gafi una visita en sitio para comprobar la aplicación del nuevo marco legal. Esa visita se debería efectuar en los meses posteriores y el Gobierno espera que en la plenaria de febrero de 2016 se concrete la salida de Panamá de la lista gris, cuatro meses después de la última fecha que se manejaba (octubre de 2015), pero antes de los dos años que se habían previsto originalmente.