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Con su anuencia, Chichi De Obarrio prestó su celular para hacer pruebas de espionaje. 

Los correos de altos ejecutivos de empresa que le vendió los equipos a la pasada administración –la italiana Hacking Team– ahora han sido puestos a disposición del público en el portal de Wikileaks, de donde salió este que está al costado, que revela información sobre las negociaciones para la compra de la plataforma de espionaje Remote Control System (RCS), o Da Vinci.

En este correo, fechado 14 de julio de 2011, Hugo Ardila –de Robotec Colombia, empresa que tiene la representación de Hacking Team para la venta de estos equipos– envió un informe esa noche tras una reunión de trabajo, cuyo encabezado es el siguiente: “aquí está el resultado de nuestra conversación con el cliente”… “Conversamos con el Sr. Adolfo Obarrio, secretario privado del Presidente de Panamá (que no fue a la cena) quien nos dijo que estaba al teléfono con su jefe, mientras nosotros estábamos en el restaurante, él le ordenó suspender cualquier compra potencial hasta que el problema sea resuelto mañana”.

De este informe se puede deducir que el entonces presidente, Ricardo Martinelli, estaba perfectamente al tanto de la adquisición del equipo de espionaje, al punto de que ordenó suspender la compra potencial del equipo hasta tanto se resolviera un problema.

Ese problema aparentemente fue resuelto, pues el equipo fue comprado, aunque a través de sociedades fantasmas registradas en Belice –principalmente–, las cuales son reconducibles al empresario panameño Teófilo Homsany.

El correo de Ardila, casi al final termina diciendo que deben hacer unas pruebas con el programa de espionaje en teléfonos BlackBerry, los cuales aparentemente tenían alguna resistencia a los programas de espionaje de la empresa italiana. Hablaba específicamente de los teléfonos “de los clientes (Ricardo Espinosa, Carlos Arjona y Adolfo Obarrio) y el de algún objetivo controlado en Panamá”.

Y tanto como su jefe, Adolfo Chichi De Obarrio estaba consciente de lo que se estaba comprando, al punto de que para “cooperar” con la compra, su propio teléfono iba a ser infectado con el programa espía.

Expandir ImagenWikileaks puso a disposición del público las comunicaciones electrónicas ‘hackeadas’ a la empresa italiana Hacking Team. Uno de ellos es este, en el que se menciona a Adolfo De Obarrio, secretario privado de Martinelli, como ‘cliente’.

Ardila hablaba en sus correos en todo momento que el cliente es De Obarrio, secretario privado del expresidente Martinelli, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, con una solicitud a Interpol para su detención y extradición, aunque no por este caso.

El vendedor de los equipos también se refirió a los teléfonos de otras personas: Ricardo Espinoza y Carlos Arjona. La Prensa pudo rastrear al que parece ser uno de ellos. Una persona con el nombre de Carlos Arjona trabajó en el Ministerio de la Presidencia de julio de 2009 a julio de 2011. Allí se desempeñó como Director de Informática.

Su salida del Ministerio de la Presidencia coincide con las negociaciones para la compra del equipo de espionaje. De hecho, este correo de Ardila, en el que lo menciona a él y a De Obarrio, es del 14 de julio de 2011.

Arjona saltó entonces del Ministerio de la Presidencia al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), institución que por entonces estaba dirigida por Sonia de Luzcando, nuera de Delia Luzcando, una persona de la entera confianza de Ricardo Martinelli y que ha estado a su lado durante décadas. Su cercanía era tal, que ocupó la gerencia general de Importadora Ricamar (Super 99).

¿Por qué Arjona dejaría el cargo de director de Informática en el Ministerio de la Presidencia para irse con el simple cargo de asesor de Tecnología al Ifarhu?

Coincidencia o no, la empresa Robotec Panamá, S.A. –cuyo secretario de la junta directiva es Teófilo Homsany– filial de Robotec Colombia, empezó a tener contratos importantes con el Ifarhu, y todo a partir de la llegada de Arjona.

Justamente, uno de estos contratos destaca sobre otros más pequeños e insignificantes u órdenes de compra que Robotec Panamá, S.A. mantenía con el Ifarhu.

Se trata de una licitación para el suministro e instalación de un sistema de videovigilancia para el Ifarhu por un monto exorbitante: casi 700 mil dólares.

Coincidencia o no –una vez más– eran los montos que se manejaban para la compra del equipo de espionaje que, como ya se ha dicho, era facturado por Hacking Team a dos sociedades de Belice reconducibles a Teófilo Homsany, presidente de la empresa Soluciones de Tecnología, S. A., encargada de brindar el soporte técnico remoto a los equipos de espionaje, dijo a La Prensa el pasado lunes.

En efecto, el 6 de mayo de 2011, una primera factura a Theola Ltd. (una de las empresas fantasmas de Belice) se le facturó el programa RCS, por un monto de 518 mil euros, que al cambio de entonces eran unos 720 mil dólares aproximadamente.

Luego vinieron varios pagos más de menor monto para Robotec Panamá, S.A., pero igualmente significativos.

El asesor en tecnología Carlos Arjona terminó su trabajo en el Ifarhu en junio de 2014, es decir, con la salida del gobierno de Martinelli y la entrada del de Juan Carlos Varela. La Prensa intentó localizarlo a su teléfono, pero no fue posible hablar con él.

Fue también para estas fechas que los equipos de espionaje desaparecieron. Un sorprendido Ardila había escrito a Hacking Team que los equipos que habían instalado en Panamá se los habían llevado, “habían desaparecido”.

TRANSMITIENDO

La plataforma de espionaje –contrario a lo que dijo Homsany a La Prensa el pasado lunes– no dejó de transmitir en 2013 los datos que robaba de sus víctimas/objetivos. De hecho, en Wikileaks hay evidencias de que estuvo transmitiendo hasta pasadas las elecciones de mayo de 2014.

Hacking Team avisó al gobierno de Martinelli que el contrato para el uso de la plataforma vencía el 31 de mayo de 2014. Se desconoce quién lo solicitó, pero ese mismo día de Panamá solicitaron una extensión del contrato.

Todos los correos electrónicos que se cruzaron ejecutivos de venta y gerentes de Hacking Team en torno a esta petición mencionaban la palabra “elecciones”. La extensión de los servicios era, según los vendedores por causa de la celebración de las elecciones.

De manera que era muy poco probable que esta plataforma se usara para espiar a terroristas, narcotraficantes o delincuentes comunes, al menos en los meses de mayo y junio de 2014. Ello era evidente, incluso, para la empresa italiana.

Por ejemplo, Marco Vetini, gerente de ventas de Hacking Team, envió el 30 de mayo de 2014 un correo a Alex Velasco, gerente de cuentas de la empresa italiana, en el que decía que “ellos” (el Gobierno panameño) sabían de las elecciones desde hacía mucho tiempo”, razón que para Vetini no era suficiente para extenderle el contrato. No obstante, agregó: “De todos modos, por el momento extiende la licencia hasta finales de junio”.

Correos antes, Vetini solo había aprobado una extensión hasta el 10 de junio, “solo para evitar problemas con el cliente”. Sin embargo, concedió una prórroga más prolongada.

¿Qué ocurrió luego? Pues Hacking Team supo del hurto de los equipos en diciembre de 2014, aunque el hurto ocurrió semanas después de las elecciones. Y hasta la fecha, siguen perdidos ¿y transmitiendo? Al menos ahora ya se sabe a quién preguntarle sobre ellos.

 

Dulcidio de la Guardia, actual ministro de Economía y Finanzas, debe rendir testimonio por una demanda contra Cobranzas del Istmo. 

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, y el jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, deberán rendir testimonio a través de un cuestionario en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una demanda que pide la nulidad del contrato otorgado a Cobranzas del Istmo en 2010 para el cobro de impuestos morosos.

Las declaraciones de Cortés y de De La Guardia fueron aprobadas por el magistrado Luis Ramón Fábrega en una resolución del 6 de este mes, que admitió pruebas testimoniales y documentales dentro de la demanda que interpuso el abogado Miguel Antonio Bernal el 27 de noviembre pasado.

Además de De La Guardia y Cortés, deben declarar el exministro del MEF Alberto Vallarino y el exdirector de la DGI Luis Cucalón, este último detenido por orden de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por supuestas anomalías en la ejecución de este contrato.

Entre las pruebas documentales se autorizó la copia autenticada del expediente del MEF que declaró la nulidad del contrato el pasado 1 de octubre. No obstante, esa decisión fue variada, y el 5 de diciembre el MEF suspendió el contrato en mención.

Como parte del caso, la Sala también ordenó el 8 de enero pasado la suspensión provisional del contrato.

Cobranzas del Istmo firmó el contrato el 25 de agosto de 2010 y cobró $47.1 millones de comisiones.

Junto con Cucalón, la fiscalía investiga a Cristóbal Salerno, cara visible de Cobranzas del Istmo, acusado de la presunta comisión del delito de corrupción. Tiene casa por cárcel.

También están imputadas y con impedimento de salida del país María Alessandra Salerno (hija de Cristóbal Salerno) y Magaly Ramos, gerente y representante legal de Cobranzas.

 

Mediante cuentas de Twitter, los visitantes podían infectar sus equipos con programas espías. 

Un nuevo escándalo por espionaje en Panamá parece haberse puesto al descubierto luego de que la empresa italiana Hacking Team fuera atacada el pasado domingo por hackers que divulgaron información confidencial de la compañía, llegando incluso a publicar contratos con gobiernos a través de Twitter.

De acuerdo con lo que se ha divulgado en Italia y en internet, el gobierno de Ricardo Martinelli habría sido cliente de Hacking Team, especializada en softwares de vigilancia y espionaje cibernético, desde 2011 y hasta el 31 de mayo de 2014, un mes antes de que Juan Carlos Varela tomara posesión de la Presidencia de la República.

Este sería un nuevo caso de espionaje a ciudadanos panameños, que aparentemente no guarda relación con las máquinas que están perdidas o escondidas y que manejó el Consejo de Seguridad Nacional.

Otro contrato de 750 mil dólares

La documentación confidencial filtrada en internet tras el ataque informático a la compañía italiana revela que la Oficina de Seguridad de la Presidencia (President Security Office) de Panamá habría pagado 750 mil dólares durante tres años por la adquisición de material informático para realizar espionaje en las telecomunicaciones.

El mayor desembolso económico se produjo en 2011, cuando fueron abonados 680 mil dólares. En 2013 se pagaron 20 mil dólares y en 2012, 50 mil dólares, pero no hay precisión si fueron todos los desembolsos.

 

La información dada a conocer hasta ahora no especifica el uso del material adquirido por Panamá, pero entre los sistemas informáticos que oferta Hacking Team está el software Da Vinci, un sistema a control remoto (RCS, por sus siglas en inglés), capaz de convertir los teléfonos o equipos interceptados en micrófonos espías o de escudriñar conversaciones de los usuarios en chats de WhatsApp o Skype, según las investigaciones de Forbes.

El sistema a control remoto (RCS) es un sofisticado programa espía que se ha mercadeado y vendido exclusivamente a gobiernos, asegura Hacking Team.

El diario El País de España reveló ayer que Hacking Team también vendió sus servicios de espionaje a Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y Panamá, así como a gobiernos poco escrupulosos con los derechos humanos.

Pero por otro lado, organizaciones han denunciado su relación con este tipo de regímenes, dijo El País. Una de esas agrupaciones es Reporteros Sin Fronteras, que en 2013 acusó a Hacking Team de ser un “mercenario digital”.

El portavoz de Hacking Team, Erick Rabe, negó a La Prensa que su empresa haya vendido equipos de espionaje a gobiernos dictatoriales.

Pero también la organización internacional de defensa de los derechos humanos en internet, Privacy International, manifestó en un comunicado que “Hacking Team es una de las empresas más violentas actualmente en proporcionar a los gobiernos herramientas de espionaje para vigilar ilegalmente a sus ciudadanos”.

Antecedentes poco favorables

No es la primera vez que se vincula al expresidente Martinelli con el espionaje de Estado. A principios de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia abrió una causa contra Martinelli, quien desde finales de enero de 2015 se marchó del país y ahora se cree que reside en Miami, Estados Unidos, donde ayer fue visto de compras en Dadeland Mall.

Martinelli está acusado por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad informática, asociación ilícita e inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, entre otros.

De acuerdo con documentación a la que ha tenido acceso La Prensa, el equipo italiano de espionaje tenía 40 objetivos (targets) que eran espiados de forma remota. Esta misma documentación (ver facsímil superior) revela dos correos de contactos: uno en Colombia y otro en Panamá.

Ardilla es representante de Robotec Colombia, compañía que está representada en Panamá por Michael Schwartz y Teófilo Homsany. A su vez, Homsany preside Soluciones de Tecnología, S. A. (Solutecsa), ambas sociedades ubicadas en el edificio Oceanía de esta capital.

Según su página web, Robotec Panamá es filial de Robotec Colombia, y se dedica a desarrollar, implementar y dar soporte tecnológico para “la protección de personas, activos e infraestructura, enfocadas a clientes de gobiernos y corporativos.

La Prensa habló ayer con Homsany sobre su vinculación a la empresa italiana Hacking Team, ya que su correo de la empresa de la que es presidente aparece entre los contactos vinculados al contrato con la Oficina de Seguridad de la Presidencia.

Explicó que proveía soporte técnico remoto a los equipos que la empresa italiana instaló en Panamá a mediados de 2011, según contó, fecha que coincide con la creación de la sociedad Robotec Panamá, S.A., en la que es secretario de su junta directiva.

Interrogado si conocía las funciones del equipo, Homsany admitió que sí, que sabía lo que el software podía espiar, aunque explicó que era un programa de inteligencia para descubrir autores de extorsión o secuestros, que utiliza a su favor las debilidades de un sistema informático.

Homsany añadió que no conocieron nunca el lugar donde se instalaron estos equipos de espionaje, ya que la empresa italiana era muy celosa con esa información.

También dijo que el software dejó de funcionar porque tenía problemas, y desde 2013 el equipo no está operativo, aunque el contrato de la empresa italiana tenía como fecha de expiración el 31 de mayo de 2014.

‘Didier’ y ‘Guillermo’

En Panamá, dijo Homsany, tenía contacto con dos personas cuyos alias eran “Didier” y “Guillermo”, que corresponden a Ronny Rodríguez y William Pittí, respectivamente, prófugos de la justicia, acusados de violar las comunicaciones privadas de al menos 150 personas, entre ellos, políticos, magistrados, periodistas, etc.

 

“Didier” y “Guillermo” mantenían contacto directo con el entonces presidente Martinelli, según testigos, a quien rendían informes sobre las operaciones de espionaje que se llevaban a cabo en el Consejo de Seguridad Nacional.

Programas sofisticados

El sitio web Citizen Lab ( citizenlab.org), un laboratorio interdisciplinario basado en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto (Canadá), enfocado en la investigación avanzada y desarrollo de las tecnologías de interceptación de información y comunicación, derechos humanos y seguridad global, publicó un hecho importante el 17 de febrero de 2014.

La publicación revela que la organización identificó un servidor en Italia –93.95.219.97– “que está asociado con dos dominios: noticiaspty.com y blackberryupgrade.com, que creemos son utilizados para ataques en Panamá. De acuerdo con nuestros scanners, el IP estuvo activo por última vez alrededor del 9 de septiembre de 2013”, fecha que coincide con el relato de Homsany de que el software de espionaje estuvo activo justamente hasta ese año.

La publicación relata que “una búsqueda en Google del dominio noticiaspty.com revela que este lleva a archivos “jad” (una aplicación de BlackBerry) enviado al público por Twitter.

Mediante una cuenta en Twitter de una supuesta Teresa Varela, los visitantes de este usuario podían ‘cliquear’ una fotografía o audio que en realidad conducían a la aplicación “jad”.

“Adicionalmente buscamos Topsy, y encontramos un tuit borrado que también lleva a archivos jad en esta página web. Los tuits contienen un vínculo a una aplicación de BlackBerry que corresponde supuestamente a una grabación telefónica de la abogada Zulay Rodríguez [hoy diputada por el Partido Revolucionario Democrático–PRD].

Según Citizen Lab, “los objetivos todavía no están claros, sin embargo, casi todos los usuarios de Twitter seguidos por Teresa Varela o que la siguen son políticos panameños, muchos pertenecientes al PRD.

Los tuits fueron enviados en diciembre de 2011, pocos meses después de que los equipos italianos llegaran a Panamá.

Hacking Team está bajo escrutinio público desde 2012, cuando el software RCS fue utilizado en contra de un medio de comunicación marroquí, un activista de derechos humanos de Emiratos Árabes y contra periodistas etíopes en Washington D.C.”, señala la organización Citizen Lab.

El software extrae información de computadoras infectadas, a través de terceros países y hacia un punto final, “que creemos representa el operador del gobierno del programa espía. Este proceso está diseñado para esconder la identidad del gobierno que practica el espionaje”, relata el organismo canadiense.

Hacking Team anuncia que su equipo de espionaje, RCS es no rastreable a un operador gubernamental específico. Sin embargo, Citizen Lab rastreó un número de actuales y antiguos usuarios del programa de espionaje, localizando puntos finales. La organización cree que agencias de 21 gobiernos eran o son usuarios del programa Da Vinci de espionaje, entre los cuales, estaba Panamá.

Correos electrónicos internos de Hacking Team revelan que el equipo de espionaje que instaló se encuentra perdido y que la desaparición ocurrió semanas antes de que llegara a la Presidencia, el actual gobernante, Juan Carlos Varela.

Reacciones

El antiguo embajador de Panamá en Italia en el gobierno pasado, Guido Martinelli, consultado por La Prensa, dijo: “No tengo la más mínima idea de esa empresa [Hacking Team]. No tengo idea de eso. Por la embajada, mientras estuve allí, no pasaron nada de esas cosas ni los contratos aquellos”.

Por su lado, el actual embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, dijo que ayer se enteró del tema por los medios de comunicación “y definitivamente es otro tema que tendré que investigar”.

A su vez, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, indicó que consultará al Consejo de Seguridad para obtener la información que pueda acerca de dicho contrato.

“No puedo opinar hasta tener información. Si tenemos prueba de un delito –advirtió– debemos denunciarlo a la autoridad competente para que se inicie una investigación”.

 

Financiero (UAF) que reposa en el expediente sobre el caso del fallido proyecto de Riego de Tonosí.

Según las sumarias que realiza la Fiscalía Tercera Anticorrupción, Ellis habría cobrado un cheque procedente de la cuenta Summer Venture, de la que es firmante el empresario Felipe Virzi, también investigado en el proceso por haber recibido un pago de $10 millones como asesor del proyecto.

En su declaración, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, Ellis sostiene que sus ojos nunca vieron ese cheque. ‘Incluso en la parte del endoso se dice que el cheque no fue utilizado para sus fines, (si no) para depositar (se) en la cuenta Summer Venture', añade.

La defensa de Ellis, como parte de las pruebas a favor de su cliente, ha solicitado al Banco Universal una certificación de que el cheque se hizo efectivo, y, en caso positivo, quién fue el beneficiario.

El político oriundo del mismo pueblo que Virzi, Santiago de Veraguas, fue el contacto entre la empresa Hidalgo e Hidalgo, encargada de la construcción del proyecto, y Felipe Virzi. Ellis conoció que la empresa había concursado sin éxito en otras licitaciones del Estado y le dijo a Virzi que estaban interesados en el plan de riego de Tonosí. Fue entonces cuando Virzi encomendó al abogado Luis Vargas para que gestionara la posibilidad de que la empresa se encargara del proyecto, según relata Ellis en su indagatoria, el pasado viernes 3 de julio en la Fiscalía.

Ellis contó que Virzi se beneficiaría con un 10% del monto de la licitación, originalmente planteada en $156 millones, como se anunció públicamente.

En las averiguaciones sumarias, la fiscal busca determinar si hubo una lesión económica al Estado después del desembolso de $40 millones para el proyecto que nunca se ejecutó en el Arco Seco de Azuero.

Felipe Virzi, inicialmente detenido por este caso, fue beneficiado con una medida de casa por cárcel después de haber regresado al Estado $5 millones.

Ellis, miembro del partido Cambio Democrático, manifestó que quien hacía los trámites legales del contrato era Vargas, contratado por Virzi para que se encargara de ‘detalles' como las cláusulas del contrato y otros aspectos legales. Vargas manifestó a la fiscal, según consta también en el expediente, que las instrucciones de los pagos que deberían realizarse a Virzi llegaban a través de Ellis. En este sentido, Ellis reconoce que por instrucciones de Virzi se interesó en ‘un cobro que él debía realizar con la empresa'. En la indagatoria aparece también Richard Ballard, de la firma Ballard&Ballard. Según Ellis, es familiar y abogado de Luis Vargas, con quien también sostuvo reuniones en su oficina de Torre de las Américas. Ballard, sin embargo, ya negó que su firma haya redactado el contrato de Hidalgo e Hidalgo, o que haya recibido algún pago por ese supuesto servicio.

No obstante, existe un cheque por $890 mil, fechado en marzo de 2014, a nombre de Summer Venture proveniente de la cuenta de Hidalgo e Hidalgo, que al parecer corresponde al pago de honorarios legales. Ballard también rechazó haber recibido pago alguno de Summer Venture.

Otro de los mencionados en el caso es Abdiel Atencio. Según la Fiscalía, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario cambió un cheque por $20 mil emitido en agosto de 2012. Él era quien presidía la comisión evaluadora de la licitación sobre la cual tenía interés Hidalgo e Hidalgo. ‘De la cuenta Summer Venture se expidió otro cheque a favor de Abdiel Atencio, una vez Hidalgo e Hidalgo hizo efectivo el cheque a favor de Felipe Virzi', añade el documento, en referencia al pago de $5 millones que hizo la empresa y al que tuvo acceso este diario.

Ellis explica que uno de los impedimentos para que se desarrollara el proyecto en Herrera y Los Santos fue que las poblaciones se resistieron a la creación de embalses de agua. Se negaron a salir de sus tierras y comenzaron a especular con los precios.

En 2010, Ellis vio la posibilidad de realizar alguna gestión como economista y tocó la puerta de Virzi, pero asegura que nunca se entrevistó, pagó o entregó dinero alguno a funcionario público. Dos años más tarde, agrega , después de haber coadyuvado a favor de la compañía, Virzi le comunicó que no estaría más en el proyecto.

Ellis afirma que fue en ese momento que una joven del Banco Universal, sucursal de Calle 50, lo llamó para decirle que tenía un cheque a su nombre, por $319 mil, y que ‘guardaba relación con el proyecto de riego'. Se sintió indignado, ofendido, y se negó a retirarlo, asegura.

El cheque, fechado en agosto de 2012, según el expediente fue endosado el mismo día que se emitió y depositado a la cuenta de Summer Venture de donde se giró. ‘Según ellos lo que yo había hecho no era suficiente, ni ameritaba una cuantía significativa', aclaró Ellis. Su respuesta fue muy clara, dice, ‘que se quedaran con todo'.

‘

Ellis colaboraba en la asesoría a la empresa a través del contrato de Luis Vargas, a quien, al final de cuentas, orientaba Virzi sobre el manejo que se debía dar cuando la población cerraba las calles en rechazo a los embalses. Las tierras que costaban menos de mil dólares aumentaron hasta diez veces más su valor. La intervención de Ellis consistía en consultar el valor con las autoridades de tierra para buscar un equilibrio aceptado por la Contraloría. Para la licitación, añade Ellis, los dueños de las tierras ya se habían puesto de acuerdo en el precio.

Fianzas respaldaron el contrato

El contrato firmado entre el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario Oscar Osorio e Hidalgo e Hidalgo, para la construcción del Sistema de Riego de Tonosí, establecía que la empresa presentaría una fianza de cumplimiento del 15% del valor del contrato ($23.2 millones) por 820 días a partir de la orden de proceder del proyecto.

Esta fianza está respaldada por las compañías Seguros Suramericana, S.A. ($14.9 millones), Aliados Seguros, S.A. ($814,194), Hannover RE ($2.1 millones) y Ariel RE ($5.3 millones),

El documento legal, que fue firmado el 12 de marzo de 2012, indica que el costo del proyecto era de $155 millones y que tardaría en construirse 27 meses.

El Estado, por su parte, se comprometía a adelantar a la empresa $31 millones, un anticipo del 20% del total del proyecto para gastos iniciales.

El primer pago de este adelanto sería de $15 millones, correspondientes al 10% del monto total del contrato. Este pago fue hecho efectivo el 17 de junio de 2012, es decir, tres meses después de la firma del convenio.

Según este, habría un segundo pago de $15.5 millones para el mes de noviembre de 2012. Estos adelantos serían garantizados por una fianza de pago anticipado que aportaría la empresa constructora.

Documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá y que son estudiados en la investigación que adelanta el Ministerio Público revelan que los dineros pagados como adelanto ($36 millones) por el Ministerio de Economía y Finanzas a la constructora ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, a cargo del proyecto de riego, no fueron canalizados en las inversiones necesarias para sentar las bases para el posterior desarrollo de la obra.

El documento, además, establece que el contratista relevaría al Estado de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato, como lo establece el pliego de cargos.

Porfirio ‘Bolita' Ellis

‘ Al transmitirme Virzi que ya no éramos parte del proyecto me fui a Santiago a llorar la rabia, me sentí ofendido',

 

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, reveló ayer que la alianza que conformaron diputados de su colectivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y de Cambio Democrático (CD), tenía como plan tomarse el Legislativo para “subvertir el orden constitucional”.

De León se refería al acuerdo que se fraguó horas antes del escogimiento de la nueva directiva de la Asamblea, el pasado 1 de julio, y en la que la cúpula de CD dictó la línea a su bancada de que votarán con el candidato propuesto por la dirigencia del PRD, el diputado Crispiano Adames.

El perredista De León, que logró la presidencia del Legislativo desafiando la línea de su bancada y de la dirigencia de su colectivo, indicó que “tenía información en esa dirección” de que estos dos grupos querían tomarse el control de la Asamblea para promover un proceso judicial contra el presidente constitucional, Juan Carlos Varela, y además provocar la salida del contralor, Federico Humbert.

Las negociaciones para esa alianza estuvieron dirigidas del lado del PRD por su presidente, Benicio Robinson, y el secretario general del colectivo, Carlos Pérez Herrera; mientras que por CD estuvo Rómulo Roux, presidente encargado, y el diputado Fernando Carrillo, jefe de bancada. Aunque algunos diputados de CD confirmaron que el dueño y representante legal del colectivo, Ricardo Martinelli, desde el extranjero, les dictaba la línea para que votaran por Adames. 

Martinelli se encuentra fuera del país desde enero pasado y ya enfrenta tres investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos contra la administración pública y la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad.

‘Era inaceptable’: De León

Según el presidente del Legislativo, en el plan estaban involucrados entre “quienes dejaron el poder hace poco [CD] y algunos diputados de mi partido [PRD]”.

De León aseguró que para él “era inaceptable” la situación que había surgido con el posible plan golpista y por ello decide aceptar la postulación para presidir la Asamblea, y lo logra con el apoyo de un grupo de 13 diputados disidentes de CD, otros seis rebeldes del PRD y el pleno de la bancada oficialista, Partido Panameñista y Partido Popular.

“No podíamos permitir que la Asamblea fuera utilizada, ni para chantajear al Ejecutivo ni mucho menos para subvertir el orden constitucional”, declaró el diputado, quien recibió ayer de manos de su antecesor, Adolfo Valderrama, el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional.

Según conoció este medio, el plan consistía en que la alianza CD y PRD se tomaría la Comisión Legislativa de Credenciales –la cual estaría a cargo del diputado Sergio Chello Gálvez– con el fin de iniciar en enero de 2016 un proceso legal contra el presidente Varela.

También se pretendía promover una denuncia para remover del cargo al contralor, Federico Humbert.

De León manifestó que Panamá no puede vivir estas situaciones políticas que afectarían y paralizarían el desarrollo económico que se viene experimentando en democracia.

Héctor Carrasquilla, diputado disidente de CD y quien votó a favor de De León, confirmó la existencia del citado plan.

Indicó que escuchó de ese plan en las negociaciones para la presidencia de la Asamblea.

“El país debe manejarse en el marco de la democracia en un estado de derecho y actos como los que se están mencionando siempre lo vamos a rechazar de plano. Somos democráticos”, aseguró Carrasquilla.

Panameñistas secundan denuncia

El jefe de bancada del Partido Panameñista, Luis Eduardo Quirós, y quien estuvo al frente de las negociaciones de la directiva del Legislativo, confirmó que la noche previa a la elección en el palacio Justo Arosemena se conoció de los planes de CD y PRD si lograban controlar la Asamblea Nacional.

Los comentarios que llegaron eran de que estos dos partidos se tomarían la Comisión de Credenciales para abrir un proceso al presidente Varela y luego removerlo, manifestó Quirós. Indicó que igual intención había con la figura del contralor de la República.

“En este momento es innecesario cualquier paso adicional, porque la Asamblea ha quedado en buenas manos y la nueva mayoría garantiza la seguridad, no solamente de la Asamblea sino del Estado”, respondió Quirós al ser interrogado sobre si se interpondría alguna denuncia en la esfera judicial.

Mientras tanto, la primera dama, Lorena Castillo de Varela, en una entrevista en Telemetro Radio, confirmó que había un plan para “tumbar al gobierno” y para sacar al contralor.

Mientras que fuentes de la Presidencia de la República indicaron que no se harían comentarios.

CD rechaza acusación

“Esa es una aseveración totalmente falsa y temeraria”, sostuvo Rómulo Roux, presidente encargado de CD. “En la reunión de bancada de CD que participé, jamás escuché semejante cosa. Al contrario, se mencionó que se buscaba la independencia de la Asamblea y que la misma fuera oposición, tal cual fue la voluntad del pueblo que votó el 4 de mayo de 2014”, expresó Roux.

Fernando Carrillo, jefe de bancada de CD, quien estuvo en el equipo negociador para apoyar al candidato Crispiano Adames, aseguró que los señalamientos del nuevo presidente del Legislativo son “ delicados, temerarios y falsos”.

“El partido Cambio Democrático jamás participaría en una situación como la que se plantea”, indicó.

Explicó que la denuncia de De León “más bien parece una excusa para justificar lo que ocurrió [el 1 de julio en la Asamblea], al postularse al margen del proceso de elección de la bancada de su partido”.

PRD niega plan

Por la cúpula del PRD, el que respondió fue su secretario general, Carlos Pérez Herrera, quien calificó la acusación como un “absurdo” y dijo que en las conversaciones con CD “jamas se habló de semejante absurdo”.

Indicó que lo del golpe es una información plantada por los panameñistas y que De León repite “ con el único objetivo de ver cómo se pueden lavar la cara después de la traición que hicieron estos seis diputados dentro del partido”.

MP debe investigar

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, explicó que lo denunciado por De León amerita una investigación penal.

Indicó que el presidente de la Asamblea debe de interponer la denuncia respectiva y aportar nombres para que se investiguen los hechos.

“No estamos para golpes de Estado ni de guardias ni de civiles. Exigimos que dé los nombres y los detalles de ese supuesto plan”, advirtió el dirigente del CNA.

Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional Ebrahim Asvat dijo que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio, porque la denuncia que plantea el presidente de la Asamblea se enmarca en el delito de atentar contra la seguridad interna del Estado.

Esta es una presunción basada en una posibilidad matemática que siempre estará latente cuando un gobierno tenga minoría en la Asamblea, por lo que no debería considerarse más que como una amenaza posible dentro del esquema de nuestra débil democracia.

Sociedad civil

Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, indicó que ante una Asamblea Nacional en la cual el gobierno tiene minoría de diputados siempre existe la posibilidad de que se pueda juzgar al Presidente.

A su juicio la denuncia de De León “no debería considerarse más que como una amenaza posible dentro del esquema de nuestra débil democracia”.

En tanto, Anette Planells, directora del Movimiento Independiente (Movin), señaló que la denuncia es “grave” ya que involucra la comisión de un supuesto delito contra la seguridad interna del Estado, por lo que advirtió que el presidente de la Asamblea Nacional debe aportar las pruebas.