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La Fiscalía Tercera Anticorrupción indagará hoy al extitular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) Emilio Kieswetter, dentro de la investigación que adelanta por supuestas irregularidades en el contrato del fallido proyecto de sistema de riego en Tonosí, en Los Santos, a cargo de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H). 

Kieswetter fue detenido ayer, en David, provincia de Chiriquí. Fuentes judiciales informaron que esta mañana será trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la ciudad capital, para revisión médica. Una vez terminada, Kiswetter será trasladado para ser indagado. 

La fiscalía investiga el supuesto pago de ‘coimas’ de H&H, compañía que recibió pagos adelantados en el gobierno pasado por la suma de $37.1 millones, sin que hubiesen avances en la construcción de la obra. 

Kieswetter fue titular del MIDA entre el 20 de julio de 2010 y diciembre de 2011.  

El exvicepresidente y empresario Felipo Pipo Virzi, en la indagatoria que rindió el 16 de junio ante la fiscal Zuleyka Moore, señaló que Kiswetter fue el que inició las relaciones con H&H y luego las culminó el entonces ministro del ramo, Óscar Osorio. 

Las investigaciones a Kiswetter girarían en torno a sus vínculos con H&H y a través de quién conoce a los directivos de esa compañía. 

En tanto, Osorio está detenido desde el pasado 5 de junio en la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón, dentro de este proceso. 

Osorio fue el que, en 2012, firmó el contrato con H&H para el proyecto, cuyo monto del contrato ascendió a $155 millones. 

Por su lado, Virzi mantiene una medida de casa por cárcel, ya que es acusado de ser supuesto receptor de una ‘coima’ de $10 millones de parte de H&H.  

En efecto, Virzi confesó que era el entonces presidente Ricardo Martinelli el que decidía cómo y a quién se le hacían los pagos y que Ricardo Calvo era el encargado de hacer .

No obstante, Virzi sustenta ante la fiscal que el dinero que recibió de H&H fue producto de un contrato por servicios profesionales que firmó con la empresa para gestionar que se ganara el contrato en el gobierno de Martinelli. 

“Las instrucciones [de Martinelli] eran que de mi pago, de mi trabajo, tenía que repartir, según las instrucciones de él [Martinelli]. La lista me la da Ricardo Calvo”, declaró Virzi a la fiscalía. 

Mientras que Porfirio Ellis, excandidato a diputado de Cambio Democrático, está detenido preventivamente desde el 2 de julio pasado por órdenes de la fiscal Moore. (ver nota relacionada). 

Además, por este caso están detenidos Juan Hurtado y Marcos Albán, ejecutivos de la empresa H&H. También está imputado Abdiel Atencio, exfuncionario del Mida, quien presuntamente recibió un cheque por $20 mil de parte de "Pipo" Virzi. Atencio está fuera del país. 

De acuerdo con las investigaciones, el empresario Gabriel Gaby Btesh, miembro del “círculo cero” del expresidente Martinelli y quien también se encuentra fuera del país, recibió fondos del dinero recibido por Virzi.

 

La investigación judicial por tráfico de influencias al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva –abierta por la Fiscalía de Brasilia en mayo y formalizada el jueves de la semana pasada– tiene en uno de sus principales ramales el viaje que este hizo a Panamá, en mayo de 2011, el cual fue pagado por la empresa Norberto Odebrecht, hoy una de las principales contratistas del Estado panameño.

 “Por invitación de Odebrecht, el expresidente Lula hizo un viaje a esta capital al final de la semana pasada, acompañado por el exministro Luis Dulci y José Dirceu”, escribió el 23 de mayo de 2011, en un correo electrónico, el embajador de Brasil en Panamá, Eduardo Prisco Paraíso Ramos, comunicación a la que tuvo acceso La Prensa.

La tesis principal de los investigadores es que Lula de Silva usó su prestigio político personal, así como sus influencias, para facilitar los negocios de la empresa e influyó en los gobiernos de los países que visitó, entre ellos, Panamá, para que le otorgaran contratos a la transnacional brasileña.

En este sentido, los fiscales tendrán que demostrar que la constructora se benefició injustamente, obteniendo concesiones y contratos millonarios de los gobiernos de los países que el expresidente brasileño visitó, lo que sentaría las bases para investigarla por el delito de cohecho.

En Panamá, desde el viaje de Lula da Silva, en mayo de 2011, hasta 2014, período que coincide con los años en que los fiscales centran su investigación, Odebrecht –sola o asociada con otras empresas– ha sido la adjudicataria de obras por un valor total superior a los 2 mil 400 millones de dólares (ver nota relacionada).

El Departamento Anticorrupción de la Fiscalía de la República de Brasilia (Brasil) abrió diligencias para descubrir si Lula se confabuló con las autoridades de los países que contrataron a Odebrecht para generar contratos millonarios financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), gracias a su influencia, con un bajísimo interés.

Las sospechas de corrupción en torno a las operaciones del Bndes –capitaneadas por el expresidente de Brasil para favorecer las obras de Odebrecht– comienzan a voltearse contra los gobiernos extranjeros que contrataron a la empresa.

De momento, los investigadores han puesto bajo la lupa judicial el préstamo concedido por el banco brasileño –por valor de 747 millones de dólares- para la construcción por Odebrecht de líneas del metro de Caracas y Los Teques, también en Venezuela.

Los fiscales tendrán que esclarecer por qué el Bndes se prestó a financiar –con un interés muy bajo– las obras de Odebrecht en el extranjero y determinar qué tipo de garantías estaban previstas del traspaso de dinero del banco brasileño hasta las arcas del Gobierno venezolano.

El Bndes ofreció condiciones ventajosas en el préstamo que concedió a Odebrecht para construir la autopista Madden-Colón (Panamá) en 2006, según supo La Prensa.

El banco brasileño –fundado en 1952 para subvencionar programas de desarrollo– financió con un interés del 1% anual en la tasa Libor (Londres Interbank Offered Rate) y estableció un plazo de 12 años para que la compañía brasileña pagara la totalidad del préstamo.

El Comité de Financiación y Garantía de Exportaciones (Cofig), una comisión con representación institucional de siete ministerios, que controla las operaciones del Programa de Financiamiento a las Exportaciones, aprobó en junio de 2006 la cobertura de un seguro de crédito a la exportación, financiado por el Bndes, por un valor total de 142 millones de dólares, para la construcción de la carretera que une Madden y Colón.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil) comenzó a indagar sobre las irregularidades en las concesiones de préstamos por parte del Bndes y no se descarta que en un futuro se extienda el escenario investigativo hasta Panamá.

Según se lee en un telegrama enviado por la Embajada de Brasil en Panamá de julio de 2006 –al que ha tenido acceso La Prensa–, la operación de préstamo por parte del banco brasileño fue validada gracias a la recomendación del entonces director de Exportación del Crédito del Banco de Brasil, quien destacó que el proyecto se “inserta en el ámbito de pretendida ampliación del Canal de Panamá, obra cuyo coste estimado está entre 6 y 10 billones de dólares”.

Como se pone de manifiesto en la correspondencia de la sede diplomática brasileña en Panamá, Odebrecht tuvo interés en la participación en el proyecto de ampliación del Canal, aunque fracasó en su intento.

Pero desde que empezó a negociar con Panamá en 2006, Odebrecht –sola o asociada con otras empresas– se ha adjudicado contratos que hasta la fecha suman más de 8 mil millones de dólares, contando la licitación de la línea 2 del Metro de Panamá, que suman más de 3 mil millones de dólares por encima de las inversiones que realiza el Estado panameño en las obras de ampliación del Canal.

Según ha puesto de manifiesto las primeras pesquisas, Odebrecht habría protagonizado un esquema corruptivo de pago de coimas millonarias, vinculadas a la empresa estatal Petrobras que ha llevado preventivamente a la cárcel a su presidente, Marcelo Odebrecht.

La Contraloría General de la República anunció el pasado 30 de junio que comenzaría la auditoría al contrato de la línea 1 del Metro de Panamá.

Asimismo, las autoridades brasileñas solicitaron a Panamá una asistencia judicial a fin de que se investiguen las actividades de la constructora brasileña en el territorio panameño.

 

En los últimos cuatro años, las tiendas y supermercados a nivel nacional han evadido el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) ante la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que afecta la recaudación.

Ante esa situación, fuentes reportan que la DGI iniciará acciones legales y casos por defraudación fiscal contra estos comercios que no han reportado ni pagado el ITBMS, pese a que realizan la venta de bienes gravados con este impuesto que se aplica al momento de vender al consumidor.

La Estrella de Panamá obtuvo información de que la DGI ha ordenado medidas de secuestro contra cuentas bancarias y bienes inmuebles, tomando en cuenta que la suma dejada de pagar y multas van entre cinco y diez veces el monto dejado de declarar ante las autoridades.

Prueba de ello, por ejemplo, en el caso del Minisúper Marimar, de la barriada El Tecal, en Arraiján; el Minisúper y Ferretería Jenifer, en Capira; el Almacén Tata, en La Chorrera; y el comercio de Weifou Hou Cheng, en Las Cumbres, situación que se replicará con otros negocios que tampoco realizan la declaración.

 

La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá aumentó $1,655 millones en el primer año del gobierno de Juan Carlos Varela. En junio de 2014, antes de que la actual administración asumiera el mando del país, la deuda sumaba $17,668 millones, pero en junio de ese mismo año, alcanzaba la cifra de $19,323 millones. El aumento de los compromisos financieros del SPNF significó una expansión de 9.4% en el periodo analizado.

Este aumento no es más que el reflejo de las deficiencias en recaudación tributarias, sumado a los compromisos financieros heredados del gobierno pasado. En tanto continúe el déficit fiscal, se tendrá que seguir pidiendo prestado.

En promedio, la deuda pública aumentó a razón de $138 millones cada mes desde que inició el gobierno de Juan Carlos Varela.

La tendencia del aumento de la deuda varió fuertemente desde la administración de Ricardo Martinelli. En los últimos diez años y medio la deuda se incrementó en aproximadamente $11 mil 600 millones.

De junio 2014 a junio 2015, el aumento se concentró en la deuda externa, que se incrementó $1,835 millones; es decir 13.9%. Por el contrario, deuda interna se redujo $104 millones (-2.7 %).

En junio 2014, la deuda externa sumaba $13 mil 236 millones y junio 2015 se ubicó en $15 mil 87 millones. En igual periodo, la deuda interna pasó de $3 mil 867 millones a $3 mil 763 millones, respectivamente.

La estrategia financiera del gobierno continúa centrándose en el financiamiento externo, a través de bonos globales (adquieren deuda para pagar deuda), lo que supone expansión de la externa y una reducción de la interna.

LAS OTRAS DEUDAS

Adicional a la deuda del SPNF, el gobierno de Panamá tiene otros compromisos financieros, los cuales no se encuentran registrados en la contabilidad del SPNF.

Las últimas cifras que se conocen dan señales de que la deuda total del gobierno de Panamá suma aproximadamente $26 mil millones, al considerar los compromisos financieros de las entidades que fueron separadas del Sectos Público No Financiero, las cuentas por pagar en concepto de proyectos llave en mano y pagos diferidos y la deuda del Canal de Panamá.

La deuda de las empresas que fueron separadas del SPNF sumaba $1,744.5 millones en septiembre de 2014. Con esto se hace referencia a la deuda del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) y la Empresa Nacional de Autopista (ENA), donde el estado panameño es el dueño del 100% de las acciones de estas sociedades anónimas.

En este componente, ENA reveló la deuda más pesada, con un saldo de $1,075.4 millones a septiembre de 2014. La del Aeropuerto Internacional de Tocumen también refleja un monto cuantioso, al sumar $560 millones en el mismo mes.

En la misma fecha, ETESA presentó un saldo de $19.1 millones en sus compromisos financieros.

Se conoce que estas tres empresas propiedad del Estado panameño están realizando importantes inversiones, por lo cual la deuda de ellas en la actualiodad se ha incrementado.

De acuerdo a las últimas cifras del MEF, presentadas a la Asamblea Nacional, a junio de 2014 las cuentas por pagar en proyectos llave en mano y pagos diferidos sumaban un total de $3,603.2 millones.

La cuestionado medida se vuelve a asumir. El gobierno de Varela ha anunciado que acudirá a proyecto llave en mano en la Línea 2 del Metro, y en los pliegos de la licitaciones, establece que el 40% se pagará en el próximo gobierno.

Se opta por este mecanismo aun cuando esta administración carga con el peso de los llave en mano de la era Martinelli.

De hecho, entre las recomendaciones que se hacen en el informe elaborado por la empresa de investigación y análisis económico Indesa, se resalta que la lección es ‘no financiar más proyectos por ese método'. El procedimiento se torna un círculo vicioso.

La estrechez fiscal y el asfixiante mecanismo son los principales ‘cucos'.

Por tal razón, el economista Guillermo Chapman aconseja modernizar los mecanismos de recaudación fiscal.

 

El Ministerio Público llevó a cabo una inspección in situ en la sede del Programa de Ayuda Nacional, en busca de documentos que sustenten el millonario gasto. LA PRENSA/Ana Rentería

El 20 de noviembre de 2013, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini dio su beneplácito a un contrato de cuatro millones de dólares, que le remitió el Programa de Ayuda Nacional (PAN) para dotar de instrumentos musicales a las escuelas públicas del país.

Aunque esa compra la tramitó el PAN –bajo la gestión de Rafael Guardia Jaén–, la entidad responsable del proyecto era el Ministerio de Educación (Meduca), por entonces a cargo de Lucy Molinar, quien pretendía “perfeccionar programas para la enseñanza de instrumentos para bandas de música en diferentes centros educativos”.

La adquisición de esos instrumentos musicales, al parecer, no fue suficiente. Tres meses después, Guardia Jaén volvió a adjudicar otro contrato: esta vez por cinco millones de dólares.

El nuevo contrato fue adjudicado a la sociedad Country Max, S.A., que se constituyó en el quinquenio del gobierno de Ricardo Martinelli.

El resto de las compras de instrumentos musicales no se hizo por contrato, sino a través de órdenes de compra por montos que no superaron los 300 mil dólares, cantidad hasta la cual podía autorizar Guardia Jaén.

Country Max, S.A. y Nulato Commercial Inc. –creada en el gobierno anterior y que también vendió instrumentos musicales al PAN– tienen dignatarios diferentes, pero están relacionadas entre sí.

Eso quedó demostrado cuando en agosto de 2014 Country Max, S.A. intentó vender más de medio millón de dólares en instrumentos musicales para la banda musical de la Policía Nacional, que dirige Omar Pinzón.

Curiosamente, en la propuesta que presentó Country Max, S.A. a la Policía Nacional aparece una “nota de referencia” firmada por Aaron Flores, representante legal de Nulato Commercial Inc., dando fe del suministro satisfactorio de equipos musicales entre noviembre y diciembre de 2013.

En otras palabras, Country Max, S.A. suministró equipos musicales a Nulato Commercial Inc., coincidentalmente para la fecha en que el PAN realizó una de esas compras millonarias.

También se anexó un acta de aceptación final de entrega de equipos musicales –satisfactoria– suscrita por Mario Bolívar, por entonces director de Asuntos Estudiantiles del Meduca.

Además, dos dignatarios de Country Max, S.A. –Margarita Santamaría y Luis Carlos Sánchez– aparecen en la directiva de la compañía Digimart International, S.A., que facturó en el PAN siete millones de dólares en la venta de implementos y uniformes deportivos, bolsas de comida y electrodomésticos, por citar algunos contratos.

Una “trompeta en sí bemol” fue vendida al PAN por Country Max, S.A. por la suma de mil 300 dólares, pero el mismo equipo aparece con 200 dólares menos en la propuesta que presentó la compañía a la Policía Nacional.

INSPECCIONAN EL PAN

La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, realizó ayer una inspección ocular en la sede del PAN en el Casco Antiguo, para recabar documentación sobre la millonaria compra de equipos musicales y determinar posibles sobrecostos.

El fiscal precisó que la inspección corresponde a las primeras pesquisas que hace su despacho, que abrió de oficio una investigación por este caso.

Debido a lo incipiente de la investigación, el fiscal aseguró que no puede precisar la clase de instrumentos que fueron utilizados ni la posible lesión patrimonial ni a los exfuncionarios que llamará a declarar.

“Todo va a salir en el informe de auditoría”, afirmó.

Adelantó que habrá más pesquisas relacionadas con esta investigación.

Mientras que José Matías Muñoz, director de Arte y Cultura del Meduca, dijo que desde que asumió su gestión ha estado recibiendo quejas de la calidad de los instrumentos de parte de directores de bandas, por lo que les pidió que redactaran un informe en el que se indiquen los daños.

Country Max, S.A. y Nulato Commercial, S.A. también ampliaron sus áreas de negocios en el PAN durante la pasada campaña electoral. Vendieron bolsas de comida, implementos y uniformes deportivos, lavadoras, estufas, bolsas de basura y hasta uniformes para los inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

El 12 de diciembre de 2012, Country Max, S.A. vendió 310 cunas de madera a un precio de 310 dólares cada una.

La mayoría de esas contrataciones tramitadas en el PAN se hizo con carácter de “urgencia”, según múltiples órdenes de compra a las que tuvo acceso este medio.