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Fiscalía de EE.UU.: caso de Martinelli es ‘extraditable’

La extradición de Ricardo Martinelli podría avanzar un nuevo paso, después de que la Fiscalía que defiende en Miami la solicitud de Panamá, argumentara que el delito por el que se le requiere no es político.

Para el abogado Ernesto Cedeño, el caso por espionaje telefónico que se adelanta en los tribunales panameños contra Martinelli, puede ser extraditable porque la solicitud no solo invoca al Tratado de 1904, sino también al Tratado Multilateral, en el que son extraditables todos los delitos con penas por encima de un año. ‘A diferencia de lo que dice la defensa de Martinelli, el delito sí es extraditable y coincido con la opinión de la Fiscalía de Estados Unidos’, señaló Cedeño.

La Fiscalía de EE.UU. defendió ayer en un escrito presentado ante la Corte de Miami, donde se ventila el caso de extradición de Martinelli, que las escuchas ilegales no constituyen ‘delitos políticos puros’ y son por ello ‘extraditables’, informó la agencia EFE .

El fiscal en ejercicio Benjamin G. Greenberg, agrega la agencia, rebate el argumento de la defensa de Martinelli, para la que los cargos por la red de escuchas ilegales son de naturaleza política y entran en la categoría de espionaje y no están sujetos al tratado de extradición vigente entre Panamá y Estados Unidos. Citando numerosos antecedentes jurídicos, Greenberg hace una distinción en su escrito entre los delitos políticos ‘puros’, como la traición, la sedición y el espionaje, que afectan al Estado, y los ‘relativos’, ‘que afectan también a intereses privados’.

A su juicio, añade EFE , las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas que son investigadas por la Corte Suprema de Panamá y de las que se cree que fueron víctimas centenares de personas, incluidos opositores al Gobierno de Martinelli (2009-2014), entran en la segunda categoría.

Las acusaciones tienen que ver con las leyes que protegen el derecho a la privacidad y la vigilancia no autorizada contra personas, ‘no son delitos dirigidos contra el Estado’, señala el abogado.

La defensa, añadió EFE , introdujo ayer al expediente del caso cinco cartas de personas que apoyan al expresidente por su ‘valía moral’ y respaldan su solicitud de asilo.

En la cuenta de Twitter de Martinelli, se colgó una carta del exmandatario en la que dice confiar en la justicia de Estados Unidos y que tiene la esperanza de que observarán los vicios de forma y fondo de su caso. ‘En Panamá se está abusando de la justicia y del buen nombre del país y de sus tratados internacionales para forzar una extradición’, señala.

Redacción La Estrella de Panamá

 

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Tres indagados por la compra de Epasa

La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada investiga la compra de Editora Panamá América, S.A. (Grupo Epasa), realizada durante el periodo de Ricardo Martinelli.

Aunque no identificó el grupo investigado, el Ministerio Público (MP) explicó que analiza las transacciones financieras que materializaron la adquisición de una empresa periodística, en 2010, por presuntamente haber involucrado ‘fondos vinculados a actividades ilícitas’.

‘El origen de la investigación radica en una serie de depósitos realizados por un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas en un lapso de dos días para la adquisición de los medios de comunicación’, indica en un comunicado el MP, al que contestó por aparente alusión la Editora Panamá América, que publica los diarios ‘Crítica’, ‘Panamá América’ y ‘Día a Día’.

‘MINISTERIO PÚBLICO RESPETA Y GARANTIZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN’,

COMUNICADO

MINISTERIO PÚBLICO

Según Epasa, la investigación es una ‘represalia’ por publicar información ‘en la que se vincula a familiares de José Luis Varela’, hermano del presidente y cabeza del gobernante Partido Panameñista, y sobre el diputado Adolfo ‘Beby’ Valderrama, quien dice financia ‘su’ Liga Profesional de Baloncesto (LPB) con ‘patrocinios públicos’.

El diario sustenta que la investigación tiene sus orígenes en las acusaciones que hiciera en múltiples ocasiones, en la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Iván Arrocha, quien pidió una investigación por la compra de Epasa, y que posteriormente se cristalizó con una denuncia del abogado Jaime Abad, a quien relacionan con los panameñistas.

EL DINERO

Según el MP, el dinero de la transacción estaría relacionados con delitos contra la administración pública.

Por este caso se han formulado cargos y ordenado indagatoria a tres empresarios por el delito de blanqueo de capitales.

Fuentes que conocen la causa confirmaron a este diario que se trata de Moisés Levi y dos miembros de la familia Ochi, propietarios de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT).

Tras dar cuenta de la investigación, el MP indicó que ‘respeta y garantiza la libertad de expresión y la línea editorial de los medios de comunicación’ cuyas cuentas se investigan. Y aclaró que la investigación penal no afecta la relación laboral ni las actividades periodísticas que desarrollan.

‘Crítica’, diario hermano del ‘Panamá América’, en su editorial titulado ‘Dictadorzuelo’ dice que la orden de cerrar los diarios proviene del presidente porque no soporta las crítica.

Según el editorial, cuando los diarios del grupo denunciaron las conexiones de los Varela con el caso Odebrecht y los negociados del secretario del panamenismo, Adolfo Valderrama, se buscaron a un ‘tonto útil de la Asamblea’ para denunciar temas relativos a la operación de la compra que se le hizo a la familia Arias (…) En el fondo buscan silenciar a Crítica, Panamá América y Día a Día, o por lo menos desprestigiar a los medios que han sido duros críticos de esta gestión.

La empresa también negó un supuesto allanamiento y cierre. Epasa asegura que esta información circula con el objetivo de crear caos entre los empleados y los clientes.

El conocimiento del proceso de investigación dio paso a una reunión de junta directiva para evaluar el tema.

ALERTA

El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) se declaró en estado de alerta ante la situación que se cierne sobre los diarios, considerando que un medio de comunicación es garante de la democracia que vive un país.

El Conape, que menciona abiertamente a los diarios del Grupo Epasa como los afectados por la investigación, recuerda los pilares del periodismo independiente, ‘libertad de expresión, de prensa y de opinión’.

‘Igual que he defendido la libertad de expresión en favor de GESE (El Siglo y La Estrella de Panamá), lo hago hoy en favor de los medios en ascuas por la investigación del MP’, manifestó el abogado Ernesto Cedeño al conocer el caso.

 

 

Marlene Testa

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Inconstitucional, decreto que regula las donaciones legislativas

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto 441 de la Contraloría General de la República, el cual regula los donativos y subsidios otorgados a particulares por los diputados.

Este falló fue emitido el pasado 16 de marzo, pero no fue hasta el pasado miércoles 21 de junio cuando entró en vigencia.

Esta decisión contó con el voto de cinco de los nueve magistrados que conforman el pleno de la Corte; tres se abstuvieron y uno votó en contra.

‘SE ACABÓ EL CLIENTELISMO POLÍTICO POR PARTE DE LOS DIPUTADOS EN LA ASAMBLEA’,

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO DEMANDANTE

En 2016, el abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad al considerar que el señalado decreto ‘patrocina el clientelismo político’ de los diputados.

En su momento, la Contraloría respondió ante la decisión de la Corte indicando que su único interés al emitir el Decreto 441, que incluye un Manual de Control, fue ‘restringir el uso sin regulación’ del dinero público, ya que antes no existía ningún tipo de limitación para disponer de estos recursos.

La norma dictada por la Contraloría estableció que los donativos en concepto de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta $2,500; gastos médicos hasta $1,000; estudios, hasta $5,000; organizaciones sin fines de lucro, hasta $10,000; ayuda a juntas comunales, hasta $15,000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta $20,000, y ayuda deportiva para atletas, hasta $5,000.

Una investigación periodística reveló una red de corrupción en torno a estos donativos de los llamados ‘padres de la Patria’, por lo que la Contraloría General inició auditorías para verificar el destino del dinero, que superó el monto de $12 millones entre 2014 y 2016.

Rubén De León, presidente de la Asamblea Nacional, nombró una comisión interna para investigar las supuestas irregularidades en el manejo de los donativos, que se han suspendido.

Para el abogado Cedeño, lo más importante es que con este fallo el Gobierno no puede darle dinero a los diputados para que lo utilicen con fines políticos.

Francisco Rodríguez Morán

 

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Juan Carlos Araúz se postula para la presidencia del CNA

El actual vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, presentó su candidatura a presidente del gremio para el periodo 2017 – 2019.

Araúz destacó, frente a los principales líderes del gremio, que su gestión tiene como compromiso central trabajar con todos los colegas y que está seguro que su gestión será recordada por el trabajo hecho en favor de los colegas y la sociedad.

El actual vicepresidente del Colegio de Abogados está liderando la nómina “Fuerza Gremial” que presentó su documentación que lo acredita como candidato a la presidencia el miércoles en horas de la tarde.

Las elecciones se celebrarán el 21  de julio de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la sede principal y provincias.

Araúz, estuvo como presidente encargado del CNA, mientras que su actual presidente, José Alberto Álvarez, se separó voluntariamente del cargo para dedicarse a la actividad política.

Redacción Digital La Estrella

 

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La extradición frena siete procesos contra Martinelli

Siete de los ocho procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009 – 2014) están supeditados a la decisión del juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Miami, donde se dirime una fianza de excarcelación mientras se resuelve la solicitud de extradición en su contra, para enfrentar en Panamá una causa por escuchas telefónicas ilegales efectuadas durante su mandato.

Ayer, el juez de garantías, José Ayú Prado, cerró una audiencia de solicitud de imputación de cargos contra el expresidente por 355 indultos otorgados durante su mandato, ‘sin una decisión’.

Ayú Prado consideró la solicitud del fiscal de la causa, Abel Zamorano, de retomar el proceso cuando se resuelva la situación jurídica del expresidente panameño, detenido en Miami el pasado 12 de junio .

El Código Procesal Penal establece que no se puede realizar una imputación de cargos en ausencia de la persona investigada.

El exmagistrado de la CSJ Edgardo Molino Mola explicó que si se decide una extradición, esto podría frenar el resto de los procesos. A Martinelli solo se le puede juzgar por los cargos por los que se ha solicitado en extradición, precisó Molino Mola.

Según el abogado Ernesto Cedeño, la extradición del expresidente es viable de acuerdo a dos normas jurídicas: la Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, y la Ley 4 de 1938, que aprobó la Convención Multilateral sobre extradición suscrita en Montevideo en 1933.

Cedeño plantea que una de las consecuencias de la extradición es la de no juzgar por causas previas a este proceso. ‘Conforme con las normas legales, ninguna persona entregada podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición (…), salvo que conviniera voluntariamente en ello’, dice Cedeño, que agrega que si el juez le concede la fianza de excarcelación los procesos quedan detenidos por estar cumpliendo con esa medida judicial en Estados Unidos.

La Ley 4 de 1938, en su artículo 17, establece que concedida la extradición el Estado requirente se obliga a no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición.

A Martinelli solo lo podrían juzgar por otros procesos treintas días después de haber cumplido la pena o haber sido absuelto del caso si se está en Panamá, explicó Molino Mola.

En caso de una extradición, Molino Mola estimó que este proceso puede tardar entre seis y nueve meses. El juez de extradición verifica si se cumplen los requisitos establecidos en las convenciones y si se llenan esas formalidades. ‘Si se cumplen, se concederá la extradición’, añade.

Panamá pidió la extradición de Martinelli el 28 de septiembre de 2016 por el caso de las escuchas ilegales a más de 150 personas, entre ellas opositores, empresarios y periodistas. El fiscal de la causa, Harry Díaz, pidió 21 años de cárcel.

Díaz especificó que pedirá penas de cuatro años por interceptación de llamadas sin orden judicial, cuatro años por seguimiento, vigilancia y persecución, diez años por peculado por sustracción o malversación y otros tres años por un agravante de peculado de uso.

LAS CAUSAS DE MARTINELLI

En la audiencia de ayer, Ayú Prado autorizó que abogados públicos asumieran la defensa del expresidente, dado que Sidney Sitton, su representante en el caso, no se presentó por estar en Miami.

A Martinelli lo representó Roumel Salerno, como abogado principal, y Danilo Montenegro, como sustituto.

Martinelli enfrenta procesos por la compra de comida deshidratada en 2010, por la compra de granos, por el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., presuntas irregularidades en un préstamo torgado por la Caja de Ahorros para construir el Centro de Convenciones de Amador, por el uso de información privilegiada para manipular las acciones de la minera Petaquilla Gold, por los indultos otorgados en el ocaso de su administración, por extorsión a la empresa italiana Impregilo. Martinelli tiene pendiente de admisión otros dos procesos en la Corte.

‘VARELA SABÍA’

La exprocuradora y actual diputada independiente Ana Matilde Gómez implicó al presidente Juan Carlos Varela en las escuchas ilegales ejecutadas por su antecesor, Ricardo Martinelli, mientras fue su vicepresidente y canciller.

Gómez explicó que, cuando estuvo en el cargo, Varela la llamó para asegurarse de que había recibido una orden de Martinelli para que una funcionaria de la Fiscalía trabajara en la sala donde se realizaban las supuestas escuchas ilegales. ‘Estoy convencida de que el presidente Varela, en ese periodo que él compartió con el señor Martinelli, tenía que saber esa forma (de hacer las cosas)’, afirmó Gómez en el canal local TVN-Noticias .

La diputada dijo que Varela no era el único que tenía conocimiento de estas prácticas ilegales, sino también el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que entonces desempeñaba el cargo de fiscal de Crimen Organizado.

Gómez, que a su vez fue condenada en agosto de 2010 por haber interceptado las comunicaciones de un fiscal investigado por corrupción, explicó que Martinelli se creyó que la Presidencia era un ‘trono’ y trasladó a la sede presidencial la ‘cultura de mando mafioso’ que usaba en su conglomerado empresarial.

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las escuchas ilegales contra periodistas y medios en varios países de la región y calificó la práctica como ‘un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas’.

Según recientes denuncias, el Gobierno de México habría usado un equipo ‘Pegasus’ para perseguir a periodistas y activistas anticorrupción, la misma tecnología que se presume fue adquirida por Martinelli durante su gestión, y por lo que ahora se le procesa.

SISTEMA PENITENCIARIO

¿Qué pasa si lo extraditan?

El Ministerio de Gobierno no ha definido dónde será recluido Ricardo Martinelli si es extraditado.

María Luisa Romero, ministra de Gobierno, explicó que el Sistema Penitenciario hará la evaluación del caso, por ser una persona de alto perfil. ‘En algunos casos hemos pedido apoyo a la Policía Nacional. No sé si sería el caso’, indicó.

En el supuesto de que el expresidente sea extraditado, debe ponerse a orden de la Corte Suprema de Justicia para que sea notificado del proceso. El fiscal de la causa (Harry Díaz) puede pedir una medida cautelar de prisión preventiva considerando que fue declarado en rebeldía, explicó Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Juan Carlos Araúz, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que Martinelli tendría que comparecer inmediatamente ante un juez de garantías para un control de su detención que sustente la razón de su conducción obligada (que es por la declaratoria de rebeldía). Y explicó que no haberse presentado a la audiencia es importante, pero no decisivo para que se dicte una medida de prisión preventiva contra Martinelli.

‘El magistrado fiscal y los querellantes deben aportar los elementos que sustenten el riesgo de evadir la justicia, obstruir el desarrollo del proceso o influir en las víctimas’, para que se apruebe una medida de prisión provisional, analiza Araúz.

La defensa también tendrá su oportunidad para rebatir los argumentos del fiscal. ‘Es un tema de mecanismos de defensa y sustentación del acto procesal. Todo gira en torno a las peticiones de las partes y cómo son sustentadas. ‘El juez de garantías decide solo’, concluye Araúz.

Armando Medina, director general del Sistema Penitenciario, señala que en caso de que se decrete prisión preventiva, la responsabilidad recaería sobre su departamento.

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EL ASILO QUE SOLICITA UN INVERSOR MILLONARIO

Ricardo Martinelli solicitó asilo político en Estados Unidos el 15 de julio de 2015, y proveyó al Gobierno norteamericano sus huellas digitales y su dirección, los primeros pasos que exige este compromiso. Martinelli alegó ser un perseguido del Gobierno de Juan Carlos Varela. Para probarlo, entregó documentación sobre los casos abiertos en su contra. Sus abogados afirman que el proceso de asilo es una prioridad para su cliente, que lo ata al país y que por ley le impide cruzar la frontera hasta no ser resuelto.

El juez Edwin Torres, encargado de resolver la solicitud de fianza de Martinelli, detenido en Miami por una solicitud de extradición cursada a través de Interpol, cuestionó a Marcos Jiménez, abogado del expresidente, sobre la posibilidad de que la solicitud de asilo tenga el objetivo de evitar ser devuelto a Panamá, a lo que el letrado contestó que no. Martinelli solicitó asilo en el plazo que otorga la ley migratoria, un año a partir de haber pisado suelo estadounidense. El exmandatario aterrizó en su avión privado en Miami, Florida, a principios de 2015.

Además de largo, el proceso para lograr un asilo afirmativo en suelo estadounidense es uno de los más solicitados por los ciudadanos de nacionalidad venezolana que han emigrado por la crisis de su país. Esto ha congestionado el trabajo del departamento de migración, entidad que recibe las peticiones, al punto que puede tomar de tres a cuatro años.

En el trámite de asilo político, que debe ser solicitado ante la autoridad por un bufete de abogados u otras organizaciones sin fines de lucro, intervienen dos instancias, una administrativa que se centra en el departamento de migración, y otra judicial, que involucra la participación de un juez, quien finalmente otorga el asilo al solicitante. Un tema a considerar en este caso es que Martinelli cuenta con pasaporte italiano, ya que podrían preguntarse por qué no se refugia en Italia, si cuenta con ciudadanía de ese país.

Mientras se concreta el proceso, el departamento de migración puede otorgar un permiso de trabajo temporal al interesado. El portal de internet de migración‘uscis.gov’ explica los siete pasos que debe seguir el solicitante.

Los representantes de Martinelli que abogan por una fianza de excarcelación presentan su solicitud de asilo como una de las consideraciones para presentar su caso bajo ‘circunstancias especiales’. También señalan que su cliente cuenta con propiedades en Estados Unidos que demuestran su arraigo, aunque, como apuntó la Fiscalía en la última audiencia sobre su petición de fianza, están a nombre de terceros o de sociedades anónimas.

Martinelli fue arrestado en Coral Gables (6919 Sunrise Terrace), una propiedad a nombre de la empresa Watervista Properties LLC, sociedad anónima registrada el 4 de mayo de 2016 y sobre la que aparece una transacción de compra en julio de 2016. A su vez, Watervista Properties fue registrada por JLG Corporate Services, y el representante legal de ambas empresas es el abogado que las creó, Jorge Gurian, quien no quiso emitir comentarios a La Estrella de Panamá para explicar por qué Martinelli fue arrestado en una casa de su aparente propiedad, cuya última valoración pública, en 2017, fue de $6,477,175. Al expresidente se le conoce también un departamento, ubicado en el número 2015 de Brickle Av. En el edificio Atlantis. Martinelli cumple ya once días detenido en el Centro de Detención Federal, ubicado en el centro de Miami, un edificio gris de quince pisos en el que se alojan más de 1,500 internos, procesados por delitos como narcotráfico, fraude, asuntos migratorios, y otras violaciones a la ley federal.

Marlene Testa

 

 

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Juez Torres decide fianza de Martinelli con jugosa oferta en la mesa

La Corte del Distrito Sur de Miami Florida está que arde. El juez Edwin Torres, un boricua estricto en derecho, tendrá que decidir si concede o no una fianza de excarcelación al expresidente Ricardo Martinelli, quien ya ha pasado ocho noches en el Centro de Detención Federal, después de haber sido detenido en su casa por los alguaciles el 12 de junio pasado, para responder de la acusación de haber intervenido ilegalmente las comunicaciones de 150 personas y utilizar, para ello, fondos públicos.

Torres tendrá que analizar varios escritos presentados tanto por la fiscalía que representa los intereses del Estado panameño, como de la defensa de Martinelli, que solicitó se desestime la petición de extradición efectuada por el Gobierno de Panamá en mayo de 2016.

Ayer por la tarde, la defensa de Martinelli, compuesta por cinco abogados, cuatro de ellos panameños y uno norteamericano, presentó un último y desesperado intento para que a su cliente no se le asigne el número 14813-104, como recluso federal. Se trata de convencer a la Corte de que Martinelli no presenta riesgo de fuga y presentan el caso dentro de ‘circunstancias especiales’.

La Fiscalía, por su parte, presentó una moción para impedir que Torres conceda una fianza al expresidente, que, si bien es cierto, es una prerrogativa que el juez toma a discreción, no aplica a los casos de extradición.

Para probar a la Corte que Martinelli no tiene intención de huir de Estados Unidos, su defensa ofreció una propuesta que contempla una abultada fianza: cinco millones de dólares, de los que consigna el 10% su esposa, Marta Linares, con el respaldo de las propiedades del expresidente; dos millones como fianza de garantía personal, de los cuales la mitad será co-firmado por un amigo de Florida y respaldado por una propiedad; confinamiento en su casa de Florida: monitoreo electrónico; el pago de policías que cuiden su residencia 24/7; cualquier restricción que imponga el juez en transporte; y la extradición preanticipada, en caso de que incurra en cualquier violación de las exigencias de la Corte.

A última hora del lunes, la Fiscalía habilitó a Christopher J. Smith, director asociado (Acting Associate Director) del Departamento de Justicia, un abogado penalista con vasta experiencia en este tipo de casos, que tomará el lugar de Adam Fels, el fiscal que estaba a cargo del caso. Antes de ser sustituido, Fels se encargó de dejar claro a la Corte que ningún monto económico garantizará la permanencia de Martinelli en el país, y que de la Corte ‘corre el riesgo de quedar en ridículo’, o de ser avergonzada internacionalmente, si Martinelli huye de Estados Unidos, pues tiene las conexiones y el dinero para hacerlo.

Como ingrediente adicional, Yasir Purcait, una de las víctimas del espionaje de Martinelli y presente en Miami, envió una carta al juez en la que expresa haber sido víctima del seguimiento que le hizo el expresidente durante su mandato, su entonces adversario político. La misiva establece que Martinelli utiliza el suelo norteamericano para evadir la justicia en su país, y que la carga probatoria que hay en su contra es más que suficiente.

LOS ALEGATOS

A través de sus abogados, Martinelli acusa al actual presidente Juan Carlos Varela de haber solicitado $25 mil mensuales -en dinero no justificado— a los consulados panameños mientras fungía como canciller de la República a inicios de su gobierno, del que también fue vicepresidente.

Esta situación, según la defensa de Martinelli, lo obligó a encarar a su canciller, y retirarlo del cargo, aunque no pudo destituirlo como vicepresidente por ser un cargo de elección directa.

Este hecho desató una persecución política en su contra, alega la defensa del expresidente en el escrito que presentó ante el juez Torres, en el que establece que inmediatamente después de asumir la presidencia, Varela lanzó numerosas investigaciones contra Martinelli. La fiscal anticorrupción a cargo de la investigación era Lizette Chevalier, a quien Varela presionó por medio de la Policía Nacional para hacer falsas acusaciones en su contra. Ella se opuso y como resultado de esto, la removió del caso, transfirió el mismo a otra autoridad y finalmente la despidió.

Martinelli solicitó asilo a Estados Unidos el 15 de julio de 2015, un proceso que aún se encuentra en desarrollo. Pero también tiene un proceso igual en Italia, país del que posee ciudadanía. Según sus abogados, Ricardo Martinelli sufre una persecución política y aduce que el sistema judicial panameño carece de la independencia como para no sucumbir a la presión del Ejecutivo.

Los cargos efectuados contra Martinelli, según sus abogados, no se sostienen en suficiente evidencia, por lo que piden a la Corte examinar la petición de extradición de Panamá bajo ‘circunstancias especiales’ y ordenen su liberación, desestimando el supuesto riesgo de fuga o daños a la comunidad a los que teme la Fiscalía.

Según la defensa del expresidente, existen al menos siete circunstancias especiales que aplican en su caso. La primera, es que los seis argumentos en su contra carecen de pruebas sólidas. Una segunda, según sus abogados, es su inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el incumplimiento por parte de Panamá de una orden judicial válida para un delito extraditable. Otra de las razones es que Panamá es un país con una sistema burocratizado y su periodo en prisión preventiva podría durar años. Explican, además, que Martinelli no tiene antecedentes penales y que a sus 65 años presenta una situación de salud delicada.

‘El presidente Martinelli no va a ir a ninguna parte, tiene familia aquí, ha solicitado asilo político y a diferencia de otros acusados que aparecen en la Corte, el exmandatario sabía que podría ser arrestado y no hizo nada para eludirlo’, dice la defensa.

EL CONTRAGOLPE

La fiscalía solicita que Ricardo Martinelli continúe detenido hasta el momento de su extradición a Panamá porque a pesar de que se le imponga una alta fianza, no puede demostrarse que no existe riesgo de fuga ni que existan circunstancias especiales que justifiquen su liberación.

Para ilustrar al juez, el fiscal encargado del caso, Adam Fels, explicó que en Panamá Martinelli enfrenta cuatro cargos, interceptación de las comunicaciones sin una orden judicial, seguimiento y persecución sin una autorización judicial, malversación inapropiada de fondos públicos y malversación de los fondos del Estado.

El marco legal referencial para los procesos de extradición es muy sui generis. Se le otorga la primera función a un funcionario judicial que está autorizado a certificar ante el Departamento de Estado que existe suficiente evidencia para sostener los cargos. El Secretario de Estado, y no la Corte, decide si el fugitivo debe ser extraditado al país requeriente.

En la audiencia de extradición, el rol de la Corte es considerar la evidencia presentada por el país solicitante y determinar si los requerimientos legales para la extradición definidos en los tratados se han establecido. Si así lo considera la Corte, debe proveer dicha certificación al Departamento de Estado con una copia del testimonio que se obtenga en la Corte, y debe encomendar la custodia del fugitivo, en este caso de Martinelli, a los agentes federales de Estados Unidos hasta que se concrete el proceso de extradición.

El fiscal estima que existe un alto riesgo de fuga si el juez, por discreción propia, concede a Martinelli una fianza de excarcelación.

La situación económica de un fugitivo, según el fiscal, puede representar un riesgo de fuga, especialmente cuando se tienen nexos o relaciones con otros países y se enfrentan a cargos graves. Una persona que tiene forma de salir del país por avión no debe recibir una fianza, aunque el caso sea especial, apunta.

El fiscal Adams Fels pide a la Corte no otorgar fianza a Martinelli por varias razones. La primera, porque puede huir. ‘Martinelli tiene un avión, dos helicópteros y un yate. Posee numerosas compañías, incluyendo el Súper 99, negocio que le ha dejado una fortuna de $700 millones, según lo describió el magistrado fiscal en su acusación. También posee varios medios de comunicación, es muy rico y esa riqueza le puede facilitar un escape a un tercer país para exiliarse junto a su familia por décadas’, alerta Fels.

En segundo lugar, continúa la fiscalía, Martinelli ha demostrado que tiene tendencia a huir de la justicia. En enero 2015, cuando se iniciaron las investigaciones en su contra, se negó a presentarse ante la Corte por que adujo temer sobre su vida por ser un perseguido político.

Tercero, el expresidente ha tenido numerosas oportunidades para cultivar relaciones poderosas y está muy bien conectado con gente fuera de Panamá. Nexos que le facilitarían un exilio confortable a él y a su familia. Además, posee la ciudadanía italiana y ha entrado al menos una vez a Estados Unidos con el pasaporte italiano. Significantes contactos en Italia pueden incrementar el riesgo de fuga, añade el fiscal.

Cuarto, por la edad que tiene, 65 años, los cargos en su contra podrían representar una pena de más de 21 años de cárcel. La combinación de su edad y la posible sentencia lo hace encarar un riesgo que desearía evitar.

Ningún monto económico va a garantizar su presencia en la Corte, y quedaría abierta la posibilidad de que avergüence a la justicia norteamericana.

Aunado a esto, el fiscal considera que no existen ‘circunstancias especiales’ que así califiquen el caso de Martinelli. Por ejemplo, el asilo es un asunto aparte cuando existen otros procesos. Tampoco califica como especial su condición de expresidente y posible candidato a este puesto de elección. No es un argumento el que se sienta un perseguido político, ya que las acusaciones por espionaje telefónico no representan un delito común que se conecte con una persecución política.

Tampoco su condición de salud hace especial su situación, apuntan. Y echan por tierra otro de los argumentos de la defensa, que el delito en cuestión no es un crimen que contemple el tratado de extradición: asumiendo que sea válido el argumento, aunque no lo es, el caso es claro en que lo que se debate no es el delito, sino la fianza que solicita Martinelli.

LA HORA DE LA VERDAD

A las dos de la tarde, Ricardo Martinelli aparecerá en la sala de audiencias. Será trasladado del Centro de Detención que se encuentra a un lado del edificio James Lawrence King, donde se aloja la oficina del juez Torres. Es la primera vez que Martinelli pierde su libertad. El hombre acostumbrado a todo tipo de lujos, a tener un chofer que lo traslada a todos lados, avión, helicóptero, autos, celular, asesores y acólitos y todo tipo de privilegios ha reducido su vida a un catre, un lavabo, y varios nuevos amigos con los que comparten confinamiento. No ha recibido visitas. Solo a sus abogados. El domingo, según relataron a La Estrella de Panamá , lo encontraron en buenas condiciones y con un poco menos de peso, por el ejercicio que es parte de la rutina carcelaria. Entre los presos le llaman ‘tío Ricardo’. Muchos son latinos con problemas de emigración. La defensa aboga por un cambio de medida cautelar a casa por cárcel mientras se resuelve el proceso de extradición que se presume largo. La próxima batalla es más viable conseguirla en el Departamento de Estado, órgano que tiene la última palabra. En palabras de Rubén Blades, según publicó en su página web, ‘su billón de dólares no impresiona a un juez honesto y los dossiers’ que acumuló durante su periodo en el poder, para extorsionar, obtener ventajas económicas e imponer su voluntad, no pueden ayudarlo a evadir su realidad presente.

 

Adelita Coriat

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Martinelli pide liberación en EEUU por orden de arresto “inválida” de Panamá

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli solicitó a un juez de EE.UU. su “inmediata” liberación, tras argumentar que la orden de arresto presentada por Panamá en su pedido de extradición es “inválida” e “indebida”.

Los abogados de Martinelli (2009-2014), quien está detenido desde el pasado 12 de junio en Miami (Florida), pidieron además al juez Edwin Torres “desestimar la queja” en contra del exmandatario, según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso hoy.

El martes pasado, Martinelli acudió a una primera audiencia ante el juez Torres, quien le negó la libertad bajo fianza y le informó del inicio de un juicio de extradición en su contra por los delitos de interceptación ilegal y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, según una moción presentada por los abogados John Richard Byrne y Marcos Daniel Jiménez, representantes del detenido, la captura de Martinelli es “inconstitucional”.

La defensa precisó que el Gobierno de Panamá alude en la orden de arresto a la “rebeldía”, la cual “no hace parte de los trece delitos válidos” consignados en el tratado de extradición suscrito por EE.UU. y Panamá en 1904.

Los abogados señalan en la moción que “creen” que el “desacato” que argumenta Panamá es por la renuencia de Martinelli de presentarse a la Justicia panameña.

Panamá “simplemente ha ordenado su detención por motivos de desacato, por falta de comparecencia, algo que ni siquiera es delito en el Código Penal de Panamá”, señala el documento.

“La corte debe desestimar la queja y ordenar la liberación inmediata del presidente Martinelli, porque no hay una orden de detención de Panamá basada en los presuntos delitos extraditables”, agrega.

En la moción, los abogados tacharon de “defectuosa” la orden de arresto y solicitaron una “audiencia de emergencia” para ventilar el asunto.

Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno de Panamá, pidió al juez federal tratar el asunto en la audiencia prevista para el próximo martes.

“No hay duda de que el prófugo ha sido acusado y es buscado en Panamá por los delitos por los cuales se solicitó su extradición”, señaló la Fiscalía en una notificación al juez.

Le informó, sin embargo, que solicitó “de urgencia” una “explicación adicional” en caso de que “se plantee alguna cuestión con respecto a la orden de detención”.

El juez Torres, por su parte, declinó citar una audiencia de emergencia y mantendrá la prevista para el próximo martes.

Los abogados de Martinelli han argumentado que se trata de un juicio con “motivaciones políticas”, propiciado por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente, y que “desconfían” de un proceso legal en Panamá.

El arresto de Martinelli en Miami es el primer resultado de un proceso que comenzó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en diciembre de 2015, cuando ordenó su detención provisional para que compareciera en las audiencias del caso de las escuchas.

EFE

 

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Los Martinelli Linares interponen unos 20 recursos

Al menos 4 habeas corpus, 2 amparos de garantías constitucionales y 14 incidentes de nulidad y controversia han sido presentados por la defensa de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como parte de la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos en Suiza. Los recursos buscan la anulación del proceso, desconocer la competencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción para dictar la orden de detención preventiva de los imputados, y la liberación de bienes aprehendidos dentro del proceso judicial. El 12 de este mes llegó al pleno de la Corte Suprema de Justicia el más reciente habeas corpus a favor de los Martinelli Linares. Quedó radicado en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, quien ya revisa dos habeas corpus de los hijos del exmandatario. Este habeas corpus fue presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González y busca que se declare que la fiscalía es incompetente para dictar medidas cautelares contra los hermanos. Además, en la Corte hay 2 amparos de garantías constitucionales y en el Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal, al menos, 14 incidentes de controversia y de nulidad.

 

Juan Manuel Díaz

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Asamblea analizará veinte expedientes contra magistrados

En pleno receso de las sesiones de la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales puso en marcha los procesos legales necesarios para determinar si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son culpables o inocentes en distintas demandas que han sido presentadas ante el Órgano Legislativo.

La Comisión de Credenciales se reunió este jueves para la revisión de 14 de los 20 expedientes en que se menciona directamente a los nueve magistrados de la Corte.

Los diputados miembros de la Comisión, en función que les otorga la Constitución Política, iniciaron la revisión de los 14 expedientes.

DENUNCIAS PENDIENTES

La Comisión de Credenciales dirá si hay méritos en los procesos

El artículo 160 de la Constitución establece como función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra los magistrados de la Corte y juzgarlos, si a ello diere lugar.

El artículo 160 de la Constitución Política establece como función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatoria a la Constitución o las leyes nacionales.

Previo a la sesión, el diputado Jorge Dutary, suplente de Elías Castillo, solicitó a Jorge Alberto Rosas, presidente de la Comisión y diputado del oficialista Partido Panameñista, acceso a las carpetas para analizar los elementos presentados , antes de tomar una decisión.

El diputado Rosas no entró al fondo de los expedientes, pero adelantó que muchas de las denuncias contra los magistrados de la Corte son de quienes se sienten afectados por alguna decisión en un proceso legal.

Entre las denuncias se menciona a Harley Mitchell y Víctor Benavides, que desde el 2015 no ejercen el cargo de magistrados. Los nuevos magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise también enfrentan procesos por denuncias presentadas ante la Asamblea.

Entre los expedientes que se revisarán hay una denuncia penal presentada por Reynaldo Medina, en representación de Ricardo Martinelli, en contra de los magistrados Oydén Ortega, Jerónimo Mejía, Harry Díaz, Harley Mitchell y Abel Zamorano, por ‘abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores’.

Anteriormente, la Asamblea Nacional juzgó a Alejandro Moncada Luna, el único magistrado que ha sido procesado y separado de su cargo, de acuerdo a la Constitución Política.

La Asamblea Nacional se volverá a reunir la próxima semana para analizar al menos catorce de las veinte denuncias presentadas contra los magistrados.

Ismael Gordón Guerrel

 

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CSJ niega amparo de garantías a padres de familia del IJA

Tras la protesta de padres y madres de familia por el aumento del costo de las ma trículas de colegios privados y la demanda de amparo de garantías presentado por acudientes del Instituto Justo Arosemena (IJA), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló en contra de los demandantes e indicó que no existe violación a la garantía constitucional del debido proceso en la decisión del aumento de matrículas y escolaridad del 2018 en ese plantel.

Según el fallo, la decisión está fundamentada en la Constitución de la República de Panamá y en la Ley Orgánica de Educación.

AUMENTOS EN COLEGIOS PRIVADOS

Sobre el incremento de los costos de matrícula y mensualidad

Generalmente, los aumentos se deciden en reuniones entre los padres, el Meduca y el colegio.

De no llegar a un acuerdo, la institución particular puede anunciar el aumento unilateralmente.

El recurso de amparo que demandaba a la funcionaria Genarina Espinosa, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) en San Miguelito, considerada por los padres como una persona que no cumplía sus funciones, tras anunciarse el aumento de las matrículas, no está justificado en los hechos, ya que el Meduca cumple con el rol de mediador entre los padres de familia y el colegio privado.

El documento también explica que el decreto reglamentario establece que son los padres de familia los que pueden presentar objeciones, comentarios, preguntas y observaciones dentro del proceso de coordinación y que para esto debe cumplirse el rol participativo, tendiente a coadyuvar en la gestión educativa.

La Corte recuerda que la reglamentación tampoco exige que exista un quórum reglamentario para las sesiones ni limita la posibilidad de presentar una nueva propuesta de aumento.

EL CONFLICTO

En el mes de marzo, un grupo de padres de familia se manifestó en contra del aumento de las matrículas y mensualidades en el IJA.

Los acudientes denunciaban que en varias ocasiones el centro educativo ya había realizado incrementos en estos costos y que nunca se les había presentado una justificación o se les brindó un informe de gastos.

Según la institución, el aumento sería de $65, necesario para encarar los aumentos salariales de los docentes y el mantenimiento del predio.

Autoridades del centro educativo aseguraron en aquel momento que se les había informado con tiempo a los padres, ya que el aumento está planeado para el 2018 y que al trasladarse el IJA al área de Brisas del Golf, en 2015, no se hicieron aumentos ni en la matrícula ni en la mensualidad.

Tras estas diferencias, los padres demandaron al Meduca, medida que fue rechazada este miércoles por la Corte Suprema de Justicia.

Ana María Pinilla V.