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Culmina hoy fase de entrevistas de los aspirantes a la Corte

La Comisión de Estado por la Justicia culmina hoy el periodo de entrevistas a los veinte aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los abogados Kathia Rojas y Rogelio Saltarín —este último señalado como uno de los ungidos del Órgano Ejecutivo para ser designado en uno de los dos cargos a magistrado— serán entrevistados hoy en la última jornada de este proceso.

Ayer fueron interrogados los abogados Juan Francisco Castillo, magistrado del Segundo Distrito Judicial en Coclé, y Edith Guizado Bonilla, jueza de garantías del SPA en Veraguas.

Durante su sustentación, Castillo sugirió, en futuras reformas constitucionales, considerar extender de dos a cuatro años el periodo del presidente de la CSJ.

Aseguró que, a nivel administrativo, un presidente de la Corte que se desempeña bien no tiene el tiempo suficiente en dos años para implementar su plan de trabajo.

ENTREVISTAS

Primera fase

Hoy desde las 9:00 a.m. será entrevistada Kathia Rojas, jueza del Juzgado Tercero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

Desde las 3:00 p.m. será entrevistado el abogado Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien representa a la Asamblea Nacional en la Comisión de Estado por la Justicia, intervino en la sustentación de Castillo para señalar que así como a un magistrado se le puede extender su periodo por su buen trabajo, se debe fijar un mecanismo para sacarlo del cargo si es malo su desempeño.

En tal sentido, el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien coordina la Comisión de Estado por la Justicia, recomendó un proceso de revocatoria de mandato.

Castillo manifestó que de llegar a ser nombrado como magistrado de la Corte, pedirá la designación de un portavoz judicial, para que de manera constante comunique lo que hace la institución.

En tanto, la jueza Edith Guizado Bonilla, quien aspira a ocupar la magistratura en la Sala Segunda de lo Penal, al ser entrevistada sobre la independencia que debe tener un funcionario judicial manifestó que el juez tiene que ser independiente y seguro en sus decisiones. ‘Cuando va a fallar, el juez tiene diferentes tipos de presiones, pero debe actuar basado en la Constitución y la Ley, utilizando los principios de la igualdad , imparcialidad y actuar con carácter’.

De igual manera, se refirió a la necesidad de hacer algunas modificaciones al Código Procesal Penal, ya algunas de sus normas han quedado en desuso, como los procedimientos especiales.

Guizado Bonilla también se mostró favor de los acuerdos de pena, a pesar de las críticas en la opinión pública. ‘No se pueden medir todas las causas por igual, esa es una salida anticipada de solución pacífica a los conflictos si no son aplicadas, de lo contrario colapsaría el sistema si todo llega a juicio’.

PRÓXIMA FASE

El procurador González calificó como positiva la fase de entrevistas, al hacer visibles a muchos aspirantes que ya son parte del sistema judicial.

Expresó que es importante que cuando se termine hoy con la primera etapa, se tenga claro que la segunda fase de pruebas psicométricas no será pública.

Detalló que estas pruebas, que se inician el lunes 21 de mayo y culminan el 28 de este mes, no serán para medir la conducta humana, sino para medir las cualidades y capacidades de los entrevistados, para tener un perfil más claro y con criterios objetivos.

Añadió que sí habrá un informe final, que será público, en donde se va a indicar, a juicio del Pacto de Estado por la Justicia, quiénes reúnen el mejor perfil para ser magistrado de la Corte Suprema. Este informe sería entregado al Ejecutivo a mediados del mes de junio.

Gustavo A. Aparicio O.

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Turbulento escenario ante posible retorno de Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli parece haber tomado una decisión en torno a su situación en el proceso de extradición que se le sigue.

A 27 días de cumplir un año detenido en una prisión federal en Miami, EE.UU., los abogados del exmandatario analizan su posible retorno voluntario a Panamá, desistiendo así de los recursos presentados ante el Tribunal Federal de Atlanta, entre los que se solicitó una revisión de la fianza que había otorgado la jueza Marcia Cooke el 14 de febrero pasado y que está sujeta a la decisión de los magistrados de este Tribunal.

A esto se suma un punto que podría complicar el escenario político y judicial de su caso: el próximo torneo electoral, las primarias del partido Cambio Democrático y la situación de la Corte Suprema de Justicia.

La idea de regresar de manera voluntaria a su tierra podría tomarse como un cálculo político hasta cierto punto riesgoso, tomando en cuenta que no existe una norma que estipule un tiempo definido en que el Departamento de Estado de EE.UU. haga efectiva la entrega de un ciudadano solicitado en extradición.

Al desistir de los recursos de apelación que actualmente siguen su curso en el Tribunal Federal de Atlanta, el tiempo de retorno quedaría en manos del Ejecutivo norteamericano y del panameño. La decisión, entonces, sería meramente política.

El proceso de extradición detalla que una vez fuera de la esfera judicial, el extraditado queda en potestad del Departamento de Estado, entidad encargada de los arreglos y logística antes de la entrega del requerido. Esto previamente coordinado con el Estado solicitante, quien tiene que enviar una delegación a Estados Unidos para recibir a Martinelli y concretar la entrega.

El partido Cambio Democrático, del cual Martinelli es fundador —y presidente, hasta el 21 de enero de 2018— realizará elecciones primarias el domingo 12 de agosto.

Para esta aspiración, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias de Cambio Democrático, Emma Correa, Martinelli podría enviar al colectivo un poder ‘apostillado’ con su abogado o representante, en el que presente su deseo de competir como candidato.

La candidatura lo revestiría con un fuero electoral que impedirá que continúe el proceso penal en la Corte hasta que el Tribunal Electoral lo levante.

FISCAL PIDIÓ VACACIONES

Otro factor a tomar en cuenta es que al volver a Panamá, Martinelli deberá presentarse a una audiencia para que el fiscal de la causa, Harry Díaz, sustente la acusación en su contra.

Cabe señalar que el 8 de mayo pasado, Díaz envió una misiva a sus colegas en la que comunicó que hará uso de 17 días de vacaciones, a partir del 6 de agosto, hasta el día 22 del mismo mes.

En este sentido, Díaz designó como suplente de su despacho al magistrado Wilfredo Sáenz. No obstante, según el magistrado Díaz, su suplente no podrá ocupar su lugar como fiscal acusador en el único caso —de los ocho que están en la Corte—, por el cual se podría juzgar a Martinelli tras su retorno a Panamá, ya que así lo exige el Tratado de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos.

En todo caso, a su llegada a suelo panameño, Martinelli deberá acudir a una audiencia, en la que participarían los nueve magistrados de la Corte, para la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, dependiendo de las consideraciones que se le concedan. Por ejemplo, en razón de su supuesto deterioro de salud, podría solicitar casa por cárcel o detención preventiva en un hospital.

Recordemos que la Corte declaró en rebeldía a Martinelli en octubre de 2017 y el fiscal Díaz lo acusó de los delitos de peculado, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

EL ANUNCIO

En horas de la mañana de ayer, corrieron rumores sobre el regreso voluntario del expresidente Martinelli a Panamá. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, convocó a la prensa nacional e internacional a una conferencia ‘urgente’ a las 4:45 p.m. en un restaurante de la localidad. El anuncio llegó acompañado de un retrato en blanco y negro del rostro del expresidente.

Repentinamente, una hora más tarde, Camacho lanzó un nuevo tuit con la misma urgencia, en el que cancelaba el encuentro: ‘URGENTE: El restaurante en que habíamos anunciado se realizaría la conferencia de prensa de la oficina del expresidente Martinelli nos canceló la reservación por problemas ‘técnicos’, lo cual nos obliga a posponer la conferencia de prensa anunciada; agradecemos su comprensión’.

No se explicaron las razones, pero en un intervalo de una hora algo cambió.

RETORNO VOLUNTARIO

Una de las formas de minimizar los riesgos de espera de extradición, según el abogado internacional Francisco Carreira, ‘es lograr un acuerdo entre las partes: la Fiscalía, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la contraparte panameña, y el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida’.

Si manifiesta que desea retornar voluntariamente, tendrá que desistir de la apelación de fianza, así como de la apelación a la certificación de extradición, que en este momento corren los 30 días que concedió el tribunal a la defensa para presentar sus argumentos.

‘Sus abogados en Estados Unidos tendrán que informar al juez Edwin Torres que su cliente acepta voluntariamente la extradición y éste convocará a una audiencia’, añade Carreira.

‘Esta audiencia tiene como propósito determinar que la decisión de Martinelli es voluntaria, que nadie lo obliga, o lo hace bajo ningún tipo de presión’, explica el jurista.

En la audiencia el juez interrogará a Martinelli. Sería la primera vez que lo haga directamente desde su detención.

Una vez que esté satisfecho de que la decisión es voluntaria, entonces procederá a certifica la extradición y a enviar el expediente al Departamento de Estado para su implementación.

Al pasar a manos del Departamento de Estado, continuará preso Martinelli, hasta que la entidad haga efectiva la entrega.

‘No hay norma que dicte el tiempo que esto puede tardar, es una decisión ejecutiva, puede demorarse o acelerarse. Es el momento en que Martinelli realmente queda en manos de políticos. Corre el riesgo de que Panamá le pida al Ejecutivo norteamericano cuándo enviarlo, puede ser que los norteamericanos no sigan la petición del Ejecutivo panameño’, manifestó Carreira.

La logística se centra también en temas como dónde van a entregar al expresidente, quién lo va a recibir. Todo esto forma parte de la transferencia de la custodia del solicitado.

‘Es un problema policial, el Ejecutivo panameño tendrá que enviar una delegación panameña a Miami a recibirlo y traerlo a Panamá en un vuelo comercial o en un avión especial. Esa es una decisión del Ejecutivo panameño’, apunta Carreira.

Todo esto debe ser explicado al juez para que dé su visto bueno. Los fiscales y el Ejecutivo estadounidense también deberían estar de acuerdo.

Así las cosas, a su regreso, las autoridades tendrán que juzgar a Martinelli únicamente por los cargos que solicitaron su extradición: peculado por la pérdida del equipo Pegasus adquirido en Israel, y por inviolabilidad del secreto por haber escuchado las conversaciones de 150 personas.

En política juegan otros factores. Tal vez Panamá no esté listo para recibir a Martinelli por los tiempos políticos que vive, o que imponga ciertas condiciones para su regreso, que pueden incluir tiempo y lugar donde permanecerá preso a su regreso.

Carreira recuerda que el gobierno puede pedir una nueva extradición por otro delito, lo que podría convertirse en otra carta de negociación ante su regreso.

Al final, el ajedrez permite muchas jugadas; si el gobierno panameño quisiera que Martinelli permanezca en Estados Unidos puede presentar otro caso de extradición.

El 16 de julio está pendiente la audiencia de apelación de la fianza ante el Tribunal Federal de Atlanta, que está programada en Miami, Florida, en la que podría estar presente el Martinelli, aunque no es una práctica muy usual.

Los abogados pueden tener intenciones y hacer anuncios, señala el especialista, ‘pero al final hay que ejecutar la extradición y puede tomar el tiempo que estipulen los dos Ejecutivos’ .

 

Adelita Coriat

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Se inicia segunda etapa de entrevistas a aspirantes a la Corte

La Comisión de Estado por la Justicia inicia hoy la segunda etapa de entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Luego de entrevistar, la semana pasada, a los diez primeros aspirantes al cargo, desde hoy y hasta este viernes 18 de mayo será entrevistado el segundo grupo de diez postulados.

MARÍA EUGENIA LÓPEZ

Se postuló para ser magistrada de la Sala Primera de la Civil

Será entrevistada desde las nueve de la mañana.

Es magistrada del Tercer Tribunal Superior de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Hoy desde las 9:00 de la mañana será entrevistada María Eugenia López, quien busca ser magistrada de la Sala Primera de lo Civil, y reemplazar al magistrado Oydén Ortega. En tanto, a las 3:00 de la tarde le corresponderá ser entrevistado a Luis Fernando Tapia, quien aspira a ser magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, en reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía.

MIEMBROS DEL SISTEMA

El coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, el procurador de la Administración, Rigoberto González, elogió la primera fase de entrevistas, realizada la semana pasada, debido a que al menos ocho de los diez postulados fueron o son parte en la actualidad del sistema de administración de justicia.

‘En este primer grupo de entrevistados se ha hecho visibles dentro del sistema de administración de justicia a aquellas personas que administran justicia en nombre de todos nosotros y que aspiran a llegar a ese máximo escalón del Órgano Judicial’, precisó González.

Manifestó que este es uno de los logros que se alcanzó con el Pacto de Estado por la Justicia, al proponer este tipo de procesos que permite a la ciudadanía, a los medios de comunicación, poder conocer a los aspirantes y que puedan también ver todas esas cualidades que tienen algunos de ellos y que, a partir de allí, los que tengan que tomar la decisión cuenten con la mayor referencia y la mayor información posible.

LUIS FERNANDO TAPIA

Se postuló para ser magistrado de la Sala Segunda de lo Penal

Será entrevistado desde las tres de la tarde.

Aspira a reemplazar en el cargo al magistrado Jerónimo Mejía. Actualmente es juez de apelaciones del Sistema Penal Acusatorio.

‘Este espacio se ha creado para eso, para que todos aquellos que aspiren y que hayan sido seleccionados afronten la posición que tiene la ciudadanía frente a designaciones como estas, lo otro es saberlo afrontar, saber dar respuestas; de manera tal que la ciudadanía sepa por qué ellos aspiran a ser magistrados de la Corte y qué es lo que los motiva a seguir en ese camino’, expresó.

PRUEBAS PSICOLÓGICAS

González manifestó que las entrevistas a los veinte aspirantes al cargo de magistrado de la Corte es apenas un proceso, ya que habrá una segunda fase de cuestionamientos en la Asamblea Nacional, cuando el Ejecutivo designe a dos de ellos.

De igual manera, detalló que luego de finalizadas las entrevistas, este viernes, la Comisión entrará en otra fase ya que en la última reunión del Pacto se dijo que habrá dos psicólogos que colaborarán en la segunda fase de este mismo proceso.

Precisó que la Comisión está en espera de la respuesta a una petición que se hizo al Ministerio de Salud y a la Universidad de Panamá para que faciliten estos dos profesionales.

Estos se encargarían de realizar una prueba psicométrica a los veinte aspirantes para determinar la competencia de cada uno.

‘Si bien esa fase no será pública, el resultado sí lo vamos a hacer público, porque se tiene que recoger en el informe final’, precisó González.

Gustavo A. Aparicio O.

 

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Candidatos abogan por autonomía de la Corte Suprema

Aplomado y con un amplio conocimiento del derecho, Guillermo Márquez Amado sorteó las inquietudes de los siete integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia que lo indagaron ayer como parte del requisito previo para la candidatura a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

Se presentó a las 9 de la mañana, y la sesión duró casi tres horas. Gran parte de las preguntas se centraron en las fórmulas que recomendaría para agilizar la justicia y para independizar, no solo el órgano judicial, sino también los fallos que dictan los jueces.

‘La administración de justicia no está desacreditada por la compenetración del derecho, sino por la falta de independencia e imparcialidad’, manifestó Márquez.

Asimismo, aseguró que no se dejaría presionar por nadie al emitir su fallo, y que, en caso dado de lograr el cargo, le basta su experiencia como independiente cuando ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

El aspirante dijo que es importante responder a las necesidades demográficas del país. La Constitución de principios de siglo cubría las necesidades de un país que nacía. Ahora, dice, es necesario adaptarlo al crecimiento poblacional; aumentar la cantidad de magistrados de la Sala Civil —a la que aspira— de tres a cinco, es una manera de responder a esa necesidad.

También habló sobre el matrimonio igualitario. ‘El concolón del matrimonio es que la teoría académica señala que es entre un hombre y una mujer. Lo ideal es que todos tengan los mismos derechos. Pero no se puede discutir el tema con pasión, sino con la frialdad del hielo. Si lo quieren llamar de otra forma que lo hagan, con los mismos efectos’, propone.

Márquez criticó la falta de recursos económicos que se destinan a la Corte. Aunó el tema con los posibles cambios a la Constitución: ‘Hay que ventilarlos y traerlos al debate. No puede haber dos órganos, Ejecutivo y Legislativo, con presupuesto y un tercero, el Judicial, mendigando el dinero’.

Añadió que algunas reformas merecen revisiones más profundas que otras que aún son útiles a pesar de que han sido heredadas de la Constitución de 1886.

Por la tarde acudió la fiscal Superior del Ministerio Público (MP), Maruquel Castroverde, quien posee una carrera de más de 24 años.

‘Soy una mujer transparente y no tengo temor a someterme a ningún cuestionario’, dijo anticipándose a cualquier interrogatorio de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Es la única fiscal que se atrevió a participar en esta segunda ronda de selección al cargo de magistrados, después de que en enero pasado, la Asamblea Nacional rechazara a la candidatura de la fiscal Zuleyka Moore.

‘Estoy agradecida con Dios, con la vida y con la institución. El sentido de mi vida ha sido servicio en lo más civilizado’, dijo con contundencia.

‘Yo me precio de haber hecho una carrera en el MP, Dios así me lo ha permitido. Hubo un llamado de la vocación esperando por mí, tal vez estaba escrito. Nada me resta, me suma, porque muchas han sido las batallas que he emprendido en el MP. Puedo afirmar con contundencia que he visto el monstruo del mar a la cara, en los casos investigados’, indicó.

Añadió que es indispensable la aplicación de la carrera judicial si queremos un cambio en el sistema.

De igual manera, Castroverde subrayó que su propósito sería ‘acercar la respuesta de la justicia a todas las personas sin discriminar’, en especial a aquellos quien más necesitados estén de una justicia que sea efectiva.

La jurista enfatizó que es necesario traducir el resultado de los casos para que así puedan ser más accesibles a la población y, por consiguiente, acercar la justicia ‘al ser humano de carne y hueso’ y mitigar un poco ‘el rezago tremendo’ que existe al momento de conocer los fallos de jurisprudencia.

La aspirante a magistrado destacó dentro de su hoja de vida que intentó ocupar el cargo de Defensora del pueblo. ‘Quería hacer muchas cosas para humanizar la justicia’.

Manifestó que, de ocupar el cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia, aspiraría a contribuir en la creación de un sistema jurídico más digno, para así acortar la distancia entre los dictámenes de la justicia y aquel que los recibe, que los tiene que asimilar y aceptar.

Adelita Coriat

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El PP aboga por cambios a la Constitución Política

El Partido Popular (PP) es el segundo colectivo en recibir explicaciones del Ejecutivo sobre el llamado a una asamblea constituyente por medio de una quinta papeleta, en mayo de 2019.

Álvaro Alemán y Salvador Sánchez, ministro y viceministro de la Presidencia, respectivamente, se reunieron este jueves con el diputado Juan Carlos Arango y parte de la directiva del PP.

Arango consultará a las bases para determinar cuál será la postura del colectivo, de llegar a la Asamblea Nacional la iniciativa de convocar a una constituyente.

‘Apoyamos la necesidad de hacerle cambios a la Constitución’, precisó el diputado Arango.

‘Siento que este intercambio enriquece la discusión y nos permite conocer o darle elementos al señor presidente en cuanto a la opinión de los sectores políticos y organizaciones civiles’, aseguró el ministro Alemán, que se reunió por más de una hora con la cúpula del PP.

El diputado Arango, presidente del PP, está de acuerdo con que se deben hacer cambios a la Constitución y entre los temas que plantea están la forma en que se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la configuración de la Asamblea.

El diputado recordó que ya existe un documento base redactado por un grupo de profesionales del derecho.

Y señaló que el PP tiene años trabajando para adecuar la Constitución Política, que tiene cinco reformas

 

 

Ismael Gordón Guerrel

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Aspirantes a la Corte critican sistema judicial

La Jueza Tercera del Circuito Civil de Panamá, Ana Zita Rowe, una de las aspirantes a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunció haber sido objeto de amenazas e intimidación por un magistrado de la Corte.

Al ser entrevistada este miércoles por la Comisión de Estado por la Justicia, Rowe hizo público un episodio que tuvo con un magistrado de la Corte, al que no identificó, luego de un proceso similar de entrevistas en 2015 para aspirar al cargo de magistrada, en el que defendió la implementación de la Carrera Judicial.

Rowe detalló que ese magistrado le dijo: ‘Te vamos a mover el piso, así que tienes que tener pie de plomo’.

A lo que Rowe le ripostó: ‘¿De quién está hablando, de los magistrados de la Corte?… Y me dijo: sí’.

JORNADA DE ENTREVISTAS

La lista de aspirantes a magistrado para hoy:

9:00 a.m.: entrevista a la abogada Farah Diva Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

Desde las 3:00 p.m.: entrevista a Luis Mario Carrasco, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del SPA.

Aunque señaló que probablemente este magistrado se tomó una atribución que no le dieron sus colegas, dijo haberle respondido: ‘Va a ser muy difícil que usted logre hacer lo que me está pidiendo y eso va a ser difícil porque quien es independiente, quien cuida su trabajo y no se deja intimidar de la forma en que se está tratando en este momento, puede seguir trabajando sin que le pase nada’.

‘Voy a seguir defendiendo la Carrera Judicial y eso usted no lo va a impedir’, dijo haberle respondido Rowe a este magistrado, al referirse en su sustentación a la independencia que, señala, la ha caracterizado en el desempeño de sus funciones.

HAY CORRUPCIÓN

Rowe también fue enfática en señalar que no es un secreto que en la administración de justicia hay corrupción.

‘Los procesos se esconden, se pierden y no se encuentran y se resuelve primero otro caso que no se debe resolver, en alguna medida. Yo creo que eso no lo estoy inventando yo, está reconocido por informes nacionales e internacionales, hay un grave problema de corrupción’, indicó.

‘EVIDENTE PERCEPCIÓN’

Por su parte, José Israel Correa García, quien es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, fue el segundo entrevistado de la jornada de ayer.

Correa manifestó que hay una serie de obstáculos o limitaciones de carácter normativo que permiten que muchas veces los fallos se dilaten.

No obstante, indicó que se debe actuar con la visión de la prudencia y el compromiso de que los fallos tienen que ser oportunos y en tiempo razonable, porque la Corte Suprema tiene como una de las misiones importantes pacificar y dar sentido a los problemas que se puedan plantear en la sociedad.

Correa también se refirió a situaciones irregulares que se observan en la administración de justicia, como la pérdida de expedientes.

‘Hay situaciones que ocurren en los tribunales desde otra lógica y que evidentemente hay una percepción sobre ese tema. Hay es que acabar con esos expedientes. En el sistema penal acusatorio trabajamos en oralidad todos y ese riesgo de que los expedientes se pierdan en un sistema de esa naturaleza estaría erradicado’, dijo.

A la vez, el aspirante a magistrado consideró que la dinámica en una lógica escrita no es más confiable que la oral.

 

Gustavo A. Aparicio O.

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El abogado querellante era funcionario del Consejo de Seguridad’

La exministra Lucy Molinar publicó el libro El silencio de los buenos , que recoge sus experiencias en la jefatura de Educación, pero también deja al descubierto que la lucha entre el presidente Juan Carlos Varela y el expresidente Ricardo Martinelli se inició como una ‘pelea absurda de egos, dinero, y poder’, como lo cita en el libro. La publicación sirve también para desahogar los cuatro casos por los que el Ministerio Público la procesó. Señala que se ensañaron con ella. En dos fue sobreseída definitivamente. Habla del papel de los medios, el trato poco profundo con el que se trabajan las notas y la repercusión que causan en la gente. Tienen agenda propia, remarca. Cuestiona el papel del Consejo de Seguridad y asevera que uno de los querellantes en el caso de las mochilas era miembro de esta entidad y aportó como datos de contacto el teléfono y la dirección de esta institución.

¿CÓMO DEFINIRÍA SU LIBRO?

Es mi oportunidad de decirle al país algo que yo necesitaba contar. Esta historia no se trata de Lucy Molinar. Tampoco es la reivindicación por nada, yo quería demostrar cuáles eran mis motivaciones, por qué acepté un cargo público, de dónde vengo (y eso lo conoce todo el mundo) y además quería reivindicar un trabajo que no hizo Lucy Molinar [sino un equipo de trabajo]. Hay gente que me odia y ha aprovechado esta coyuntura para descargarse contra mí, pero a la vez lo hace contra todo lo que se hizo. Yo quisiera pedir que me separen del tiro al blanco y se concentren en lo que pasa en Educación. Me duele que lo que trabajó tanta gente se vaya abajo porque tenía el nombre de Lucy, programas que son imprescindibles para la educación de este país. Yo quería sacar este libro cuando terminaran los procesos, pero visto lo visto, y viendo que los procesos no tienen cuándo terminar y no hay voluntad para hacer justicia, —no solo lo sugiero, mis sospechas empiezan a convertirse en certezas al ver las excusas de posponer las audiencias—. La verdadera excusa es que el Ministerio Público no facilita que se den las audiencias. Cuando se conjugan tantas intenciones de que no se va a hacer justicia, me motivé a sacar el libro. Por respeto y consideración con la gente que trabajó conmigo. Con todo y que después fueron señalados y se les dio bola negra; por el daño que se le ha hecho al sistema y a ellos, yo decidí sacar el libro ahora.

USTED HABLA DE UN ENSAÑAMIENTO EN SU CONTRA, ¿ES UNA REVANCHA EN SU CONTRA DEL ACTUAL PRESIDENTE?

No he querido sentarme a pensarlo para no dañarme. Al final, por un poco de salud mental y tranquilidad del alma, prefiero dejarle eso al tiempo y a la consciencia de cada uno. Si iban a investigar no había ningún problema. Que lo hicieran con justicia.

PERO CONTINÚAN ALGUNOS PROCESOS EN SU CONTRA, ¿ES INTENCIONAL?

No sé si es así, no puedo calificarlo, pero te puedo decir que no avanza nada. Y cuando llamas a audiencia por cuarta vez y no se da, tú te preguntas qué es lo que esperan. Ni siquiera tenían que haber llegado a audiencia, había investigaciones que si se estaba buscando justicia podían haber depurado en dónde había algo y en dónde no. Hay casos que han forzado, el caso de las mochilas es uno. Lo forzaron de una manera terrible. Cuando en la Fiscalía se enteraron de que con la cotización que ellos usaron para decir que había sobrecostos en lo que pagamos nosotros, se caía esa tesis, hubo un nerviosismo tremendo. Yo estaba ahí, nadie me lo contó; entraba y subía gente, salían del despacho de la fiscal, volvían, era como un desespero. Se nos cayó, pero ahora busquen otra cosa, qué vamos a hacer. Vamos a decir que no se entregaron (las mochilas). Estaban tan ansiosos porque evidentemente había una instrucción de que ‘encuentren algo’. Porque nadie que no haya encontrado nada, me viene a buscar de esa manera.

¿INSTRUCCIÓN DE QUIÉN?

De quien sea. Porque tú te das cuenta. Si acusas de sobrecosto y no existe, luego buscas si se entregaron o no, y tampoco hubo alguien que dijera que no se entregaron. Luego alegaban que no llegaron hasta la escuela, bueno investiguemos. Pero en cada región educativa había una cabeza al frente de esto y yo decía, vamos a esperar a que los entrevisten. Y no los entrevistaron, a ninguno. Fueron a las regiones a entrevistar al azar. Yo no quiero calificar. He vivido tres momentos en este tema, primero la sorpresa de que me investigaran a mí, cuando yo pelee cada centavo que se usó en el Ministerio como si fuera mío. Segundo, dije que si iban a investigar lo hicieran para que salga quién sí y quién no. Cuando ya me di cuenta de que no había nada que me liberara de los procesos, decidí esperar. Hemos esperado viendo cómo los procesos empiezan de una forma y luego buscaban otra y otra. La intención parece ser ‘que saquen a Lucy del sistema porque hay que tenerla enterrada’. Yo no quiero apelar a la amistad con nadie para verme librada de nada.

¿LLAMÓ AL MANDATARIO JUAN CARLOS VARELA PARA SABER QUÉ OCURRÍA?

Un día le pregunté: explícame esto, pero no viene al caso la respuesta. Yo no necesito de la amistad para esto. Dijeron que eran los gremios, que eran investigaciones, le echaron la culpa a todo el mundo.

¿USTED CREE QUE LOS PROCESOS EN SU CONTRA TERMINARÁN EN UNA CONDENA OBLIGADA?

Solo que aquí se actúe con maldad. Condena no puede haber porque no han podido probar nada. En el caso de la comida deshidratada tuvieron que alterar fechas y el juez se dio cuenta y de una vez dictó sobreseimiento con respecto a mí. En el caso de los instrumentos musicales, los tres peritos de la fiscalía dijeron que no había sobrecostos, que eran libres de plomo y que eran para estudiantes, que fue lo que adquirimos. Pero de todas maneras mantuvieron el proceso. El tema de mochilas es el caso más duro porque ha habido gente detenida, embargada, y ahí no hay nada. No hay dolo.

¿EN EL TRANSPORTE DE LAS MOCHILAS NO HUBO SOBRECOSTOS?

Eso no es así. Intentaron decir que había sobrecostos. Cuando ellos hicieron su investigación de lo que costaría llevar las mochilas a las tres mil y pico de escuelas, retiraron la acusación de sobrecostos. Entonces, ahora dicen que yo tenía un interés particular en la compra de las mochilas. La prueba del interés particular es que yo mandé una carta al Consejo de Gabinete para comprarlas. Pero así lo exige la Ley 22 de Contrataciones Públicas, porque superaba el monto que facultaba al Ministerio para hacer compras. Si yo no hubiera enviado esa carta, entonces hubiera cometido un delito.

ENTONCES, SI HAY UN ENSAÑAMIENTO EN SU CONTRA, ¿QUIÉN LO INSTRUYE?

PUBLICÓ SU LIBRO

Ministra de Educación durante la administración de Ricardo Martinelli

Nombre completo: Lucy Molinar

Nacimiento: 1 de enero de 1963, Colón, Panamá

Ocupación: Comunicadora, periodista

Resumen de su carrera: Ministra de Educación (2009-2014). Después de su desempeño como ministra, se le abrieron cuatro procesos en su contra por corrupción: de instrumentos musicales, por supuestas irregularidades y sobreprecios en la compra de granos a través del programa social PAN y por la compra irregular de mochilas y de comida deshidratada. En dos casos, el de la comida deshidratada y la compra de instrumentos musicales, fue sobreseída definitivamente. Tiene más de veinte años de experiencia en el periodismo a nivel nacional e internacional, hizo estudios de posgrado en Filosofía de la Comunicación en la Universidad de Navarra, España. Ha trabajado en varios medios de comunicación en Chile, Brasil y Panamá como productora, investigadora y reportera de noticias.

Cuando nosotros comenzamos a investigar en el expediente, descubrimos que un día fue la fiscalía al Programa de Ayuda Nacional (PAN) a buscar el expediente de mochilas. La información estaba en el Servicio de Protección Institucional (SPI), no sabíamos si en el de la Presidencia o en el del Consejo de Seguridad. Yo dije, vamos a ver qué pasa, vamos a averiguar. Mis abogados comenzaron a investigar. De repente se constituye en querellante un abogado autorizado por el PAN. Resulta que este abogado era funcionario del Consejo de Seguridad y pone como dirección física la oficina del Consejo de Seguridad. Eso me extrañó, qué tiene que ver una cosa con la otra. Lo dejé hasta ahí. ¿Quién era la que a la postre se convirtió en procuradora de la Nación? La que hasta ese momento era la directora de Asesoría Legal del Consejo de Seguridad. Tú dices, bueno, es otra coincidencia que se convierte en una casualidad. Si investigan y encuentran razones de peso, yo era la primera en aplaudirlo, pero investigan y no encuentran razones y de todas maneras se inventan algo.

¿EN LOS CUATRO PROCESOS PARTICIPÓ EL MISMO QUERELLANTE QUE USTED SEÑALA?

Hay dos que tienen el mismo abogado.

¿ESE QUERELLANTE PROPORCIONA LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO EN AMBOS CASOS?

Ese mismo querellante era funcionario del Consejo de Seguridad.

¿CÓMO PUEDE ESTAR SEGURA DE ESO?

Porque alguien solicitó su decreto de nombramiento, porque lo van a demandar. En esto van a correr muchas demandas.

¿PERO CÓMO SABÍAN QUE TRABAJABA EN EL CONSEJO?

Él puso (en la querella) como dirección física una dirección que corresponde al Consejo de Seguridad.

¿Y DÓNDE ESTABA EMPLANILLADO?

En el Consejo de Seguridad.

¿SUCEDE IGUAL EN LOS OTROS DOS CASOS?

Al final, cuando tú miras el origen te podías encontrar con denuncias que provienen de entrevistas en los medios de comunicación, donde alguien dijo que a lo mejor había sobrecostos. Eso bastó para iniciar otro caso. También ocurrió que uno de los denunciantes se dio cuenta del montaje que hubo y se acercó al Ministerio Público a decir que puso la denuncia porque a él lo habían enviado de tal institución a poner la denuncia, pero ellos siguieron. Era un hombre que le habían mandado a hacer algo, y al Ministerio Público no le importó.

EN LOS CASOS EN QUE USTED HA SIDO SOBRESEÍDA DEFINITIVAMENTE, ¿PIENSA TOMAR ACCIONES AL RESPECTO?

Por supuesto. Yo no voy a demandar al Estado porque el Estado somos todos, es plata de todos. Yo voy a demandar acciones de personas concretas que se prestaron para esta farsa y que tiene que sentarse un precedente, no se puede actuar con tanta maldad.

¿PUEDEN SER FISCALES?

Personas e instituciones. Sí, tengo que hacerlo.

¿VA A SER UNA DEMANDA PENAL O CIVIL?

Mis abogados todavía están viendo, pero sí hay que sentar precedentes. A mí en algún momento me van a dejar en paz, yo no me he robado ni un centavo. Lo que quisiera es sentar un precedente.

SI LE OFRECIERAN NUEVAMENTE EL CARGO DE MINISTRA, ¿LO ACEPTA?

No, porque ya yo conozco el sistema, creo que actuaría en coherencia con ese conocimiento y no sé si sería muy bueno.

¿USTED MENCIONA EN EL LIBRO QUE A UN DIRECTOR DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA LE DIERON LA POSICIÓN POR HABER HECHO UN INFORME QUE LE PERJUDICABA?

Hubo una auditoría de la Contraloría en el caso de las mochilas, nosotros teníamos información de que la auditoría venía bien, porque ellos fueron a los lugares a investigar. De repente, renuncia el auditor, no tenían director. Un año después de iniciada la investigación aparece el áudito de la Contraloría, la persona que lo lleva en la puerta de la Contraloría dijo que a partir de ese momento era la nueva directora de Auditoría de la Contraloría. Nos quedamos sorprendidos. Fuimos a investigar un poquito y nos dimos cuenta de que no se había entregado ninguna mochila. Fuimos a tratar de investigar con los auditores que habían iniciado la investigación y cuando los llamábamos nos decían que no podían hablar y se negaban. El tiempo se encargó de revelar que en ese momento había renunciado el auditor de la Contraloría, no quiero decir que es por esto, pero después apareció el nuevo áudito. Nos enteramos después que sí había un áudito previo que decía todo lo anterior a lo que decía este.

¿ESE ÁUDITO EXISTE?

Ese áudito lo tiene alguien. Que no soy yo, pero alguien que me dijo que existe, no te lo voy a dar, pero existe. Hay gente detrás de esto y se van a encargar de conseguirlo.

USTED DEJA ENTREVER EN SU LIBRO QUE LOS GREMIOS MAGISTERIALES SE MANEJAN CON PLATA, ¿QUÉ QUIERE DECIR?

‘CONDENA NO PUEDE HABER PORQUE NO HAN PODIDO PROBAR NADA. EN EL CASO DE LA COMIDA DESHIDRATADA TUVIERON QUE ALTERAR FECHAS Y EL JUEZ SE DIO CUENTA Y DE UNA VEZ ME DICTÓ SOBRESEIMIENTO’.

Eso fue al principio de la gestión. Cuando llegué al Meduca y empezaban los primeros tambores de guerra, alguien me decía: ‘Lucy eso se resuelve con plata, históricamente ha sido así’.

¿A LOS GREMIOS SE LES RESUELVE ASÍ?

Esta persona me decía eso. Pero yo le respondí que no tenía plata que darle a nadie. Hubo muchas presiones, muchos mensajes de ‘venga y conversemos’. Ellos manejan un porcentaje del seguro educativo y los pusimos a rendir cuentas. El año que más dinero dimos para viajes fue de $250 mil. Y hoy hay un informe que dice que se les asignó, en lo que va del periodo, $4 millones. Claro que tenían que odiarme. Les habíamos cerrado el grifo. Parte de ese dinero se maneja también a través de perfeccionamiento docente, con cursos, y descubrimos unas bellezas… supervisamos cada curso que ellos hacían. Como me dijo uno cuando salí, ‘se acabaron los cinco años más grandes de sequía que hemos tenido’. Un exministro, cuando llegué, me dijo: ‘mira, Lucy, yo les di plata, viáticos y de todo, y con todo y eso me hicieron huelga, no les des nada’.

¿ENTONCES LOS MINISTROS ACTUALES LE ESTÁN HACIENDO LA VENIA A LOS GREMIOS MAGISTERIALES?

Yo no quiero decir eso. Yo sí sé que muchos de los ministros anteriores hablaron conmigo sobre el manejo con ellos y me dijeron suavízate; otro me dijo que no les diera nada, porque ellos iban a hacer huelga igual. Yo no estaba en un concurso de belleza, fui a trabajar en algo en lo que yo creo profundamente.

EN SU LIBRO MENCIONA QUE VARIAS PERSONAS LLEGARON A CORROMPER EL SISTEMA, Y LO NOMBRA CON UN NOMBRE FICTICIO, ¿POR QUÉ NO DICE SU NOMBRE?

Si tú dices un nombre, con todas las pruebas que tengas, terminas siendo procesada. No hay justicia en este país. Lo importante es que se sepa que existe. Nosotros, cuando copiamos el sistema de compras, que usamos el sistema del Canal de Panamá, yo decía bueno, cuando cambie el gobierno pueden seguir lo que hicimos porque funciona. Pero ya no existe. El sistema está ahí, pero ya no funciona.

¿VOLVIÓ LA CORRUPCIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN?

Yo no he dicho eso. El modelo, el sistema de compras está ahí, pero no se usa.

SI EL PAN APROBABA O DESAPROBABA LOS PROGRAMAS SOCIALES, ¿SE LE DEBE EXIMIR DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, TOMANDO EN CUENTA QUE HUBO SOBRECOSTOS EN VARIAS COMPRAS?

Lo que pasa es que la ley que crea el PAN le da funciones específicas a la directiva, y ésta no tiene nada que ver con los dineros que se manejan ahí. Su función primordial es asegurarse de que los proyectos sean de función social, pero no tiene que ver ni con contratistas ni fuentes de financiamiento y adquisición de recursos. Su función es determinar el programa y establece funciones para el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien aprueba los proyectos, y para la Contraloría, que tiene un representante en la directiva.

Adelita Coriat

 

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El Ejecutivo y la Asamblea pactaron el incremento de la planilla 080

El órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional negociaron en el año 2016 el incremento de los fondos de la planilla 080, como parte de los acuerdos legislativos de aquel momento. Según el diputado perredista Leandro Ávila, un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF) fue a la Comisión de Presupuesto a anunciarles el aumento, de $4 mil a $30 mil, para contratar personal de confianza. Pero el  titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, afirmó que es falso que haya sido una iniciativa del Ejecutivo. Explicó que fue una solicitud de la junta directiva de la Asamblea del año 2016, como “parte de los acuerdos legislativos de ese año”. En ese tiempo, el presidente del Legislativo era el perredista Rubén De León, quien ocupó ese cargo dos veces consecutivas con el respaldo del oficialista Partido Panameñista y de algunos diputados de Cambio Democrático.

Así negociaron el incremento de la polémica partida 080 Los tiempos de armonía política entre el oficialista Partido Panameñista y sus opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) en la Asamblea Nacional dejaron oscuros legados que han salido a la luz pública en medio de la creciente disputa entre los hoy adversarios. El incremento del monto de la planilla 080 es un ejemplo de eso. Los detalles los contaron el diputado perredista Leandro Ávila y su colega del Partido Panameñista José Luis Popi Varela. Los hechos ocurrieron hace dos años, cuando Rubén De León, del PRD, era el presidente de la Asamblea. Ávila narró que el aumento ocurrió en 2016, cuando el perredista Rubén De León presidía el poder legislativo con el apoyo de los panameñistas. Por ese tiempo, los diputados se quejaban por la demora en el pago de los contratos de la planilla 172, y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), les dio la solución. Un funcionario del MEF fue hasta la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, se reunió con varios diputados y allí les comunicó que el monto de la nómina 080 se incrementaba de 4 mil dólares a 30 mil dólares. El colaborador del MEF les explicó a los diputados que era un mecanismo más “viable y transparente”. Un mes después, el dinero fue depositado. La decisión “Fue una decisión que tomó el Órgano Ejecutivo, toda vez que el país debe saber que la Asamblea no tiene capacidad económica para aumentarse el presupuesto. Y eso, más que una consulta, fue una decisión que se nos comunicó a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto perseguía, precisamente, ordenar un tanto la situación en la Asamblea, porque funciona con el sistema de contratos, y ese sistema […] pasan dos, tres, cuatro y hasta seis meses, y las personas no cobran. Entonces, ellos dijeron que ese mecanismo era más viable y transparente. Más que consultarnos, fue una decisión que se tomó en ese momento”, contó Ávila a este medio.

El argumento de Popi

Una versión similar dio Varela, del Partido Panameñista. Detalló que en ese tiempo había “muchos cuestionamientos” por la forma como la planilla 172, la de contratos por servicios profesionales, era manejada a discreción por parte del presidente [De León]. “Y como el contrato siempre se formaba casi dos meses después de iniciar el período, subir [el monto de] la 080 para eliminar eso de los contratos tenía todo el sentido del mundo. Era más transparente, porque en principio esa planilla debe ser publicada, la persona nombrada cobraba los días 15 y los 30, y de esa manera la podías poner a trabajar (…)”. Dijo que con ese mecanismo se le dio un “nivel de equidad” a todos los diputados, porque no importaba si eran de gobierno u oposición. “Tú tenías esos nombramientos seguros”, añadió. Hace dos años, cuando el Ejecutivo elevó el monto de la controversial partida, no había ningún sobresalto entre la bancada del Partido Panameñista y la del PRD y CD. Todo fluía. Los proyectos de ley que proponían los distintos ministros y los diputados oficialistas se aprobaban sin ningún reparo.

Habla el MEF

Este medio consultó ayer al ministro Dulcidio De La Guardia sobre cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para incrementar el monto de la partida, y respondió que “es falso” que el aumento fue una iniciativa del MEF. Agregó que fue una solicitud de la junta directiva de la Asamblea en 2016 y parte de los acuerdos legislativos de ese año. Mientras, en una reciente entrevista que dio a Telemetro, el ministro contó que “había equipos que no devengaban salarios mensuales, sino cada seis meses; entonces se toma la decisión de negociar con la Asamblea y asignarles a todos los diputados una planilla para llevar a cabo sus labores parlamentarias”. Añadió que por año se destinan un poco más de $40 millones a ese sector, “ya que son $30 mil para cada diputado, para que puedan hacer contrataciones, su staff o personas de confianza, para que hagan sus tareas parlamentarias (…)”. Argumentó, además, que asignar promotores comunitarios y deportivos son decisiones del propio diputado, quien define el título de sus colaboradores. Esto, con base en una estructura de cargos que define el MEF.

La nomenclatura

Debido a la presión ciudadana y a una solicitud de información que presentó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, publicó en la página web del Legislativo el detalle parcial de la planilla 080. De esta manera, el país se enteró de que hay 3 mil 221 personas contratadas en esta planilla, dividida en dos cargos: 518 promotores comunales y 2 mil 703 promotores deportivos, a los que se les paga en conjunto unos $2 millones al mes. Sin embargo, la información no detalla qué personal pertenece a cada diputado ni qué tipo de funciones desempeña. Voces de la sociedad civil han advertido que estos números superan, incluso, la planilla de cerca de 2 mil 600 funcionarios que laboran para la entidad del Estado dedicada a promover el deporte (Pandeportes). Ávila y la diputada Ana Matilde Gómez explicaron que los cargos están asignados de acuerdo con una nomenclatura que asigna el MEF. “Ellos no quieren cambiar eso porque les conviene tener una nomenclatura o clasificación de puestos que no diga nada, que sea tan imprecisa como discrecional, y toda discrecionalidad puede llevar a abuso de poder y a un acto de corrupción”, aseguró Gómez. (Con información de Roberto González).

En la Presidencia de la República hay 912 promotores comunales

Promotores comunales no solo existen en la Asamblea Nacional. El Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a la planilla disponible en la página web de la Contraloría General de la República, por ejemplo, tiene 4 mil 937 funcionarios, de los cuales 912 son promotores comunales. Están clasificados en promotor comunal 1, 2 y 3, con salarios que oscilan entre los $600 y $1,500.  El mismo patrón se repite en otras entidades del Estado.

 

Eliana Morales Gil

 

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Donaciones de Motta a la campaña de ‘Mimito’ son ‘ilegales’

Las donaciones procedentes de cuentas y sociedades extranjeras son ilegales. Alfonso Fraguela, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que los dineros que se aportan desde cuentas en el extranjero permiten ocultar los orígenes de los donantes. ‘Por eso el artículo 190 del Código Electoral establece que no se aceptan donaciones anónimas’, añadió el jurista.

‘SI LA SOCIEDAD QUE HIZO LA TRANSFERENCIA NO TIENE ACTIVIDAD ECONÓMICA, (LA DONACIÓN) SERÍA ILEGAL’,

ANNETTE PLANELLS

ACTIVISTA DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE (MOVIN)

En uno de los expedientes que se adelantan por el pago de coimas a funcionarios y políticos panameños, se conoció que el tesorero de la campaña presidencial de José Domingo ‘Mimito’ Arias en 2014, José Porta Álvarez, reconoció que recibió un $1 millón del empresario Stanley Motta y $1 millón de la empresa constructora Odebrecht.

Motta aceptó donar a la campaña de Arias, pero con condiciones. El empresario pidió que se abriera una cuenta en el extranjero para depositar las donaciones.

La cuenta indicada fue abierta a nombre de la sociedad Allure Consulting & Services Inc., con el número 115953, en un banco del exterior, que resultó ser PKB Privat Bank, S.A., en Lugano, Suiza. El primer depósito del empresario Motta, a través de la sociedad Multitenant Overseas Ltd., fue por la suma de $200 mil.

RECURSO LEGAL

Porta Álvarez busca acuerdo

José Porta Álvarez, acusado de lavar activos de la constructora Odebrecht por un monto de $1 millón, intenta negociar un acuerdo con la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Así lo conoció este medio.

Los acuerdos de colaboración son conforme a la Ley 4 del 17 de febrero de 2017. Esta norma, en su artículo 4, numeral 2, establece que el Ministerio Público y el imputado, en compañía de su defensor, podrán realizar acuerdos de penas o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria.

Este recurso debe establecer la aceptación del imputado de los hechos expresados en la resolución de indagatoria o parte de ellos, así como la pena a imponer.

La colaboración eficaz del imputado busca el aporte de información esencial para descubrir autores o partícipes de delitos.

Una vez establecido el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de la causa mediante acto de audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existen indicios de corrupción o venalidad.

Aprobado el acuerdo, el juez procederá a dictar sentencia y de ser condenado el imputado impondrá pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior a una tercera parte de la que le corresponde por el delito

De acuerdo con los registros de Panadata, una plataforma que brinda acceso a la data pública del país, la sociedad Multitenant Overseas Ltd. no está registrada en Panamá. En los archivos del Registro Público tampoco aparece. Esto indica, según una fuente del Registro Público, que pudiera tratarse de una sociedad extranjera.

Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente de Panamá (Movin), considera que es ilegal recibir donaciones de una sociedad anónima que no tenga actividad económica en el país. ‘Lo que hay que determinar es, cuál fue el origen de la transferencia’, añadió.

‘No soy quién para juzgar qué hace la gente con su dinero, pero se me ocurren miles de mejores formas de invertir un millón de dólares. Preferiría hasta cambiarlo por centavos y tirarlos a una fuente antes de contribuir a perpetuar el gobierno más corrupto de la historia de Panamá’, aseguró la activista al ser consultada sobre estas donaciones.

La Ley Electoral de 2013 prohíbe las donaciones anónimas a partidos políticos y candidatos. Así mismo, son prohibidos los dineros provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de la República de Panamá.

PIE A UN PROCESO

Este tipo de actuaciones, según el representante del gremio de los abogados, debe investigarse en la esfera electoral y ‘desde allí la fiscalía debió iniciar los procesos frente a las denuncias’.

A su juicio, los temas electorales también tienen ribetes penales. ‘Si los dineros provienen de hechos delictivos, tendrán responsabilidades y las investigaciones deben alcanzarlos’, dice el abogado.

Fraguela aclaró que el mecanismo para hacer llegar las donaciones de una persona jurídica nacional a un candidato debe ser objeto de revisión. Incluso considera que debe tomarse en cuenta para la reforma de los próximos comicios electorales.

Planells, por su parte, también piensa que estos hechos abren paso a la apertura de un proceso. Sin embargo, cree que un caso por este tema estaría prescrito, considerando que han pasado tres años desde que ocurrieron los hechos.

El abogado Ernesto Cedeño tiene un criterio distinto al de Planells y Fraguela. A su juicio, lo más importante es que un extranjero no puede donar a una campaña. ‘Lo jurídicamente inviable, multable, es la donación de personas foráneas’, dice.

DOBLE APUESTA

Motta es considerado uno de los mayores donantes de la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Pero, al mismo tiempo, el empresario también decidió respaldar la figura del mayor adversario de Varela, ‘‘Mimito” Arias.

Hasta ahora se desconoce si el empresario será llamado por el Ministerio Público para que rinda testimonio de la reunión que se dio para girar las instrucciones sobre cómo se darían sus aportes a la campaña de Arias.

‘Dentro del expediente no existen elementos de investigación para determinar la manera en que se hizo la donación de parte de Motta. No se han hecho intentos por corroborar las transacciones que se realizaron. Ni siquiera se investiga la estructura que se usó para hacer llegar sus donaciones al excandidato presidencial’, señaló la fuente judicial.

CASO ODEBRECHT

Sobre la reanudación del caso Odebrecht, Arias y José Porta Álvarez han sido los primeros llamados por la Fiscalía Especializada Anticorrupción para ser indagados por las coimas que pagó la constructora a funcionarios y políticos panameños.

‘LAS INVESTIGACIONES DEBIERON TENER SU GÉNESIS EN LA ESFERA ELECTORAL, Y DESDE ALLÍ LA FISCALÍA DEBIÓ INICIAR PROCESOS’,

ALFONSO FRAGUELA

PRESIDENTE ENCARGADO DEL CNA

Las investigaciones del caso fueron reiniciadas el 26 de abril, después de que el Segundo Tribunal de Justicia concediera un plazo de un año para culminar las pesquisas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

En el proceso estarían involucrados al menos más de seis decenas de personas. La fiscal Zuleyka Moore reveló que las pesquisas abarcarían los periodos presidenciales de Martín Torrijos (2004-2009) hasta el de Juan Carlos Varela (2014-2017).

Tras la reactivación del caso, la Fiscalía Especializada Anticorrupción ordenó 86 diligencias inmediatas en bancos, firmas de abogados, empresas e instituciones públicas y dijo que continuarán las aprehensiones e incautaciones de valores y bienes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó $59 millones en sobornos a funcionarios y políticos panameños. Sin embargo, esta suma no abarca el periodo gubernamental de Torrijos, donde la empresa contrató una serie de obras por más de $500 millones, entre ellas el tramo 2 de la Autopista Panamá Colón, la Cinta Costera I y el Sistema de Riego Remigio Rojas.

 

 

Marlene Testa

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Careo confirma donación de Stanley Motta a ‘Mimito’

Una diligencia judicial comprobó las donaciones que en 2014 hicieron la constructora Odebrecht y el empresario Stanley Motta a la campaña presidencial de José Domingo ‘‘Mimito” Arias, del partido Cambio Democrático (CD).

El 26 de abril de 2018, durante aproximadamente cuatro horas, Arias y José Porta Álvarez, tesorero de la campaña, estuvieron cara a cara. El encuentro fue promovido por la Fiscalía Especializada Anticorrupción para aclarar las declaraciones contradictorias de ambos imputados en el proceso por blanqueo de capitales y el pago de supuestas coimas de la constructora a funcionarios y políticos panameños.

El careo se prolongó por la lectura del expediente. Ambos imputados estuvieron acompañados de sus respectivos defensores. Y aunque los documentos que dan cuenta de este encuentro están bajo custodia de la fiscalía con el argumento de que no se han foliado, hay detalles de la diligencia que se han filtrado .

CRONOLOGÍA DE ODEBRECHT

El escándalo de corrupción tiene su génesis en Brasil

JUNIO 2015

El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue detenido en São Paulo. Es condenado a 19 años de prisión.

DICIEMBRE 2016

El Departamento de Justicia revela que Odebrecht pagó sobornos por $59 millones a panameños.

ENERO DE 2017

La Procuraduría General de la Nación formula cargos a 17 personas por el caso Odebrecht.

FEBRERO 2017

Ramón Fonseca Mora señala al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido donaciones.

AGOSTO 2017

Aprehenden provisionalmente a José Domingo ‘‘Mimito” Arias.

Una fuente judicial confirmó a La Estrella de Panamá que la campaña del candidado presidencial de CD había recibido un millón de dólares de la constructora brasileña y otro millón de parte del empresario Motta. Durante el careo, informó la fuente, Arias lo reconoció.

En una propuesta para un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Porta Álvarez había hecho estas afirmaciones.

A Porta Álvarez lo ligaban más de 25 años de amistad con Arias. Esa misma motivación fue determinante para que aceptara ser su tesorero y apoyarlo en su camino a la presidencia 2014-2019. Además, los unen lazos familiares.

Al calor de la campaña, Arias y Porta Álvarez emprendieron la búsqueda de fondos, acudieron al empresariado local y entre ellos se reunieron con Stanley Motta, quien los recibió junto a Carlos Motta y Miguel Heras.

A Arias y Porta Álvarez les fue bien, porque Motta decidió apoyarlos con un millón de dólares. Pero, según un documento, puso como condición que se abriera una cuenta en el exterior para el depósito.

Arias no tuvo inconvenientes y dio instrucciones a Porta Álvarez para abrir la cuenta en un banco del exterior, que resultó ser PKB Privat Bank, S.A., en Lugano, Suiza.

La cuenta indicada fue abierta a nombre de la sociedad Allure Consulting & Services Inc., con el número 115953. El primer depósito provino del empresario Motta, a través de la sociedad Multitenant Overseas Ltd., por la suma de $200 mil, cita el documento preliminar del acuerdo de colaboración.

Este medio conoció que la defensa de uno de los imputados confía en que se cite al empresario para que confirme la reunión que se registró y en la que se giraron las instrucciones para hacer efectiva la donación de campaña.

‘Dentro del expediente no existen elementos de investigación para determinar la manera en que se hizo la donación de parte de Motta. No se han hecho intentos por corroborar las transacciones que se realizaron. Ni siquiera se investiga la estructura que se usó para hacer llegar sus donaciones al excandidato presidencial’, afirmó la fuente judicial. Incluso, este medio conoció que a Porta Álvarez se le procesa por el millón de dólares que recibió de la constructora brasileña.

EL MILLÓN DE ODEBRECHT

Días después de que la cuenta Allure Consulting & Services Inc. recibiera un primer depósito, el banco le comunicó a Porta Álvarez que había recibido otro depósito por $400 mil, proveniente de Klienflied Services Ltd. Esta sociedad es una offshore constituida en Antigua y Barbuda para pagar sobornos de la constructora, por ejemplo, en Perú y Panamá. Esta información se desprende de las investigaciones que se adelantan del caso Odebrecht.

Porta Álvarez comunicó a su amigo que había recibido el dinero. Arias entonces le hizo saber que ese depósito venía de otro grupo económico que él había contactado y que también donaría un millón de dólares. Posteriormente, llegaría otro depósito por $600 mil. Estas declaraciones fueron corroboradas durante el careo. Y hasta donde conoció este medio, fueron confirmadas.

La cuenta, según el documento, tiene un total de $2 millones que no fueron transferidos a Panamá. Ese dinero aún permanece en esa cuenta, se informó.

Una propuesta previa de acuerdo solicitaba a la fiscalía que se aceptara transferir los fondos que donó Klienfiled Services Ltd., por $1 millón, a una cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas.

Porta Álvarez también estaba comprometido a entregar la información relacionada con la empresa Allure Consulting & Service Ltd. y la documentación relacionada a dos depósitos recibidos de Klienfield Services Ltd.

EL TESTIMONIO DE MOURA QUE SALPICÓ A ‘MIMITO’ ARIAS

La investigación que se adelanta por blanqueo de capitales contra el excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático (2014), José Domingo Arias, estaría relacionada a las declaraciones, en Brasil, de la publicista Mónica Moura.

En su testimonio, Moura aseguró que cobró con dinero de Odebrecht el costo de $16 millones por el desarrollo de la campaña política de CD en 2014. En su confesión, Moura agregó que el entonces presidente Ricardo Martinelli le entregó personalmente medio millón de dólares en el Palacio de Garzas.

Previamente, el excandidato presidencial Arias aseguró que no recibió dineros de Odebrecht como apoyo a su campaña electoral.

Arias, quien lideró la alianza Unidos por más Cambios, fue el candidato presidencial que recibió más donaciones. Según el reporte del TE, el CD recibió $34.7 millones y gastó $35 millones.

Una vez culminado el careo, y después de dos días de diligencias, de haber pasado una noche con una medida de aprehensión provisional, la fiscalía dispuso arresto domiciliario para Porta Álvarez. Su defensa, liderada por la abogada Gladys Quintero, se prepara para solicitar un cambio de medida por considerarla ‘excesiva’.

Arias también acudió dos días al edificio Avesa, sede de las fiscalías. El viernes 27 de abril de 2018 continuó con su ampliación de indagatoria. A su salida, no se conoció de alguna medida en su contra.

El 25 de abril de 2018, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, anunció la reactivación del caso Odebrecht después de que el Segundo Tribunal ajustó a un año el periodo de investigación.

La fiscal dispuso 86 diligencias en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y otros involucrados.

La funcionaria añadió que continuaba la entrega de información de la empresa y los colaboradores desde 2008 hasta 2016. Un día después de este anuncio, Porta Álvarez era conducido al Avesa, para indagatoria.

La toma de la declaración de Porta Álvarez había quedado pendiente después de que un escandaloso fallo del Órgano Judicial dio por concluida las investigaciones de la trama más corrupta de los últimos años.

El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria N° 09-2017, para formularle cargos. En la misma fecha, el despacho de instrucción emitió el oficio N° 3840, para disponer la conducción de Porta Álvarez a los estrados judiciales, para que rindiera sus descargos y aportara pruebas en su defensa.

La tarde del 30 de octubre de 2017, la Policía Nacional le comunicó al imputado su deber de comparecer a la Fiscalía. Porta Álvarez se presentó de manera voluntaria, pero al momento de su llegada a la agencia de instrucción, la fiscal encargada de la investigación le comunicó que no podría rendir sus descargos porque el término de la investigación había precluido. La fiscal procedió a dejar sin efecto el oficio que ordenaba la conducción del imputado.

 

Marlene Testa