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Magistrados y Comisión de Credenciales se nogociarían por $20 millones

La pugna por control de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional podría tomar otro rumbo en las próximas horas, ante contactos que se hicieron previos y posteriores a la decisión tomada ayer de “desmantelar” esta instancia legislativa.

Ahora el tema iría más allá de la ratificación de los magistrados y apuntaría a la asignación de un mayor presupuesto a la Asamblea Nacional en pleno proceso previo a las elecciones.

Tras el golpe dado ayer por la oposición con la aprobación de la resolución que pondría en jaque al oficialismo, se informó a La Estrella de Panamá, que hasta altas horas de la noche hubo contactos entre ambos sectores en los que salió a relucir una solicitud de voceros de la oposición, Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) por la suma de $20 millones.

El dinero sería asignada al presupuesto de la Asamblea Nacional  para engrosar la planilla de contratos de cada uno de los diputados que está en los partidos de oposición.

De hecho durante el debate previo al asueto por las festividades del carnaval, trascendió que a cada uno de los diputados, sin distingo de partido, se le había asignado un incremento sustancial a las partidas para el nombramiento de personal. El hecho salió a relucir luego que el diputado Pedro Miguel González  reclamó retrasos en el pago de las planillas del personal circuital o de contrato a lo que su colega José Luis Varela respondió que se les pagaba al día y además se les había otorgado un aumento al pasar de $4,000 a $30,000 mensuales.

Se informó que durante este fin de semana, se mantendrán los contactos entre los diputados de ambos bandos, con el fin de encontrar una salida en la cual ninguno de los dos grupos salga como vencido y ninguno resulte como el vencendor.

Incluso se ha mencionado la posibilidad de perfilar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Entre los candidatos a considerar estaría la actual presidenta, Yanibel Ábrego u otro diputado que sea avalado por todas las bancadas, pues le tocaría manejar las nuevas partidas.

En el actual quinquenio, el presidente ha salido siempre producto de acuerdos políticos. Primero Adolfo Valderrama del Panameñismo, luego Rubén De León del PRD, quien repitió dos años y finalmente Yanibel Ábrego del CD.

La Asamblea Nacional debe renovar su junta directiva el próximo 1 de julio. Quien resulte electo será el diputado que tendrá que presidir la junta directiva de este Órgano del Estado en el periodo previo y posterior a las elecciones desde julio 2018 hasta junio 2019 para cerrar el ciclo.

Con la decisión tomada en la sesión de ayer de “desmantelar” la Comisión de Credenciales, el pleno de la Asamblea Nacional tendría que elegir la nueva conformación y directiva de esta comisión.

Aunque la decisión de “desmantelar”  la Comisión de Credenciales se tomó ayer jueves, no será hasta el próximo lunes que se someterá a consideración del pleno la nueva conformación, lo que brinda a los diputados la posibilidad de lograr algún acuerdo entre hoy viernes y el fin de semana,

 

Carlos Cordero

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Afinan pacto para avalar a los magistrados de la CSJ

El matraqueo político tras el rechazo del nombramiento de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el surgimiento de una propuesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para desmantelar la Comisión de Credenciales, no se detiene.

La bancada panameñista hace ingentes esfuerzos por llegar a un acuerdo, ya sea con su similar del PRD o la de Cambio Democrático (CD), para lograr que las dos nuevas designaciones del Ejecutivo para el cargo de magistrados de la CSJ pasen por el tamiz de la Asamblea Nacional sin mayor inconveniente.

DESIGNACIONES PENDIENTES

Al menos cuatro nombramientos deberá hacer el presidente antes de que culmine su mandato

Tres nombramientos serán para el cargo de magistrado principal de la Corte Suprema de Justicia.

El gobernante también debe designar al jurista que reemplazará en mayo próximo a Eduardo Peñaloza, quien fue nombrado por el CD y actualmente funge como fiscal Electoral.

Pero para concretar estos planes, según algunas fuentes políticas, el Órgano Ejecutivo no descarta la posibilidad de que el actual magistrado del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá, muy allegado al panameñismo, sea designado para el cargo de magistrado de la Corte.

En la elección como magistrado del TE, en enero de 2017, Juncá, quien contó con el respaldo del panameñismo y diputados de Cambio Democrático, obtuvo 40 votos, superando a Yara Campo, quien era la candidata impulsada por la directiva del PRD, quien logró los 26 votos de la bancada de su partido.

La vacante que dejaría Juncá, además del cargo de fiscal Electoral (a Eduardo Peñaloza, actual fiscal, se le vence el periodo en mayo próximo), serían los espacios que el panameñismo estaría dispuesto a negociar con el PRD.

Justamente en una posible negociación de este tipo con el PRD, la actual magistrada suplente del TE, Yara Campo, sería respaldada para ocupar el cargo de magistrada principal, un nombramiento que le correspondería realizar a la Asamblea Nacional.

Con esta estrategia, el PRD recuperaría el espacio político dejado por el exmagistrado del TE, Erasmo Pinilla, el cual no pudieron mantener tras ser electo Alfredo Juncá para este cargo.

NO DESCARTAN A CD

Internamente en el PRD, CD y el panameñismo existe un total secretismo frente a estas posibles negociaciones.

No obstante, uno de los diputados panameñistas no descartó esta posibilidad, pero confió en que más que ser una alternativa negociada con el PRD, estaría fraguándose con la bancada de Cambio Democrático, conformada por 24 diputados.

En esta maniobra política también se sumaría el voto del diputado José Muñoz, del partido Alianza, quien también impulsó y respaldó a Juncá en su elección como magistrado del Tribunal Electoral.

TREGUA

El distanciamiento de varios diputados de la bancada de CD de la propuesta del PRD para desmantelar la Comisión de Credenciales empieza a generar dudas del rol opositor que debe jugar este colectivo político, por lo que no se descartaría una negociación de esta bancada con el oficialismo para el nombramiento de los magistrados de la Corte.

‘Hay diputados de Cambio Democrático que están a favor de nuestra moción, pero si finalmente no se consiguen los dos tercios de los votos del pleno (48), pues que todo el mundo juzgue cuál fue el comportamiento de cada diputado’, manifestó el secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González.

El PRD postergó el lunes sus intenciones de someter a discusión esta propuesta.

POSIBLES ESCENARIOS

Para el politólogo Harry Brown, el que haya negociaciones es un escenario que no hay que ver con morbo. ‘La Asamblea es un espacio en el que se logran acuerdos y están obligados a hacerlo por la inédita situación de empate que hay. Siempre hubo una mayoría de gobierno o de oposición’, dijo.

Brown expresó que otro escenario es que el presidente haga designaciones que complazcan a los tres principales partidos, a la sociedad civil y a la opinión pública.

Un tercer escenario señaló el analista, es que nada se mueve en este proceso de designación. ‘Este sería un escenario de crisis institucional’, advirtió.

 

Gustavo A. Aparicio O.

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Martinelli Corro, libre con país por cárcel

El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) revocó la medida impuesta por la jueza de garantías de detención preventiva que mantenían presos a Ramón Martinelli Corro y a Jorge Luis Álvarez Cummings, ambos imputados por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

En su lugar impuso la prohibición de salida del país, reporte periódico los martes y jueves de cada semana y mantenerse en el mismo domicilio, además de poner en custodia de las autoridades sus pasaportes.

El 6 de febrero de 2018, producto de una revisión que hicieran dos motorizados linces al vehículo donde viajaban los mencionados, se hallaron $20 mil cuya procedencia no se logró justificar, por lo que la jueza de garantías decretó en ese momento la detención de ambos ciudadanos.

La defensa de los señalados indicó que el dinero que había entregado a sus clientes una mexicana que arribó a Panamá en una línea comercial procedente de México fue declarado en aduanas y que eran para comprar dos bitcoins o ‘criptomonedas’. No obstante, en la audiencia, no se detalló cómo se realizaría la transacción ni quién compraría las monedas digitales, lo que será producto de la investigación que tiene como término seis meses.

Este lunes, en audiencia celebrada en horas de la tarde, los dos imputados se defendieron ante el tribunal que les concedió el uso de la palabra.

Martinelli Corro rebatió las afirmaciones de Javier Franco, de la Fiscalía Especializada de Drogas, sobre supuestos vínculos que mantienen los dos ciudadanos con grupos del crimen organizado en México.

‘La fiscalía mantiene el mismo argumento de la peligrosidad y fuga, así como mis supuestos vínculos en México. Fuimos objeto de una investigación en México, pero en ella no se acreditó ninguna vinculación con ningún grupo delincuencial’, se defendió Martinelli Corro de los señalamientos del fiscal al recordar que en 2012, Martinelli Corro y Álvarez Cummings fueron procesados en México por el mismo delito y pasaron tres años en prisión.

Ante los antecedentes que planteaba la fiscalía como argumento para que el Tribunal no concediera una medida distinta a la detención preventiva, detalló que los imputados cuentan con capacidad económica y vínculos en México que podrían utilizar para burlar los controles fronterizos del país y darse a la fuga, situación que rebatió la defensa de ambos, Ivón Peña, alegando que sus clientes no se dieron a la fuga cuando fueron requisados por los agentes.

En su lugar, Peña planteó al Tribunal aplicar una medida de arraigo domiciliario con la posibilidad de firmar dos veces por semana para garantizar la presencia de los señalados en el proceso que se les sigue por este delito.

 

Adelita Coriat

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Pago millonario para abogados por tema Intel

No menos de $2 millones es el monto de la comisión que recibirían los abogados que representan a los extrabajadores del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), quienes serían beneficiados con un proyecto de ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

La iniciativa, impulsada desde hace más de tres años por el diputado oficialista Luis Barría, busca devolver los impuestos sobre la renta que no se cancelaron cuando se indemnizó a los funcionarios del Intel por efectos de la privatización durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).

Se calcula que esta devolución representa $20 millones, por lo cual los representantes legales de los posibles beneficiados ganarían más de $2 millones, lo que representa una comisión del 10%, una práctica común en el mundo forense.

De aprobarse esta propuesta legislativa, se presentaría una iniciativa similar para favorecer a los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), otra empresa estatal que fue privatizada en el gobierno de Pérez Balladares.

Además se plantea que la Autoridad Portuaria Nacional, bajo la dirección de Hugo Torrijos Richa (fallecido), llegó a un acuerdo con los trabajadores para pagarles sus indemnizaciones y, posteriormente, devolverles lo que corresponde al ISR, que en principio fue retenido como manda la ley.

COMISIÓN PARA ABOGADOS

El grupo de abogados se quedaría con $2 millones

El pago sería en concepto de la gestión realizada para lograr que extrabajadores recuperen el ISR.

Los trabajadores portuarios se opusieron tenazmente a la privatización de las terminales marítimas, pero fueron convencidos por el pago de las liquidaciones y, más adelante, con la devolución de los impuestos sobre la renta previamente retenidos.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los técnicos sostienen que el mencionado proyecto de ley ‘no tiene sustento, ni moral ni jurídico ni político’.

‘No es moral porque todos pagamos impuestos. No es jurídico porque no cuenta con ningún sustento legal’, comentaron.

Con relación a lo político, el proyecto de ley se califica como inconveniente porque ello provocaría un efecto cascada con consecuencias negativas para la economía nacional.

‘Todo el mundo comenzará a pedir la devolución de sus impuestos. ¿Y entonces con qué recursos contará el Estado para realizar las obras en beneficio de la sociedad?’, preguntan los técnicos.

El MEF no ve con buenos ojos que, por simple interés políticos, algunos diputados creen que serán favorecidos por el voto de unos 3,500 exfuncionarios del Intel y sus familiares. Todo ello en detrimento de las finanzas públicas.

Sin embargo, el hecho que más llama la atención a los expertos del MEF es que el dinero de la supuesta devolución de impuestos no está consignado en el presupuesto general del Estado del presente año 2018.

Además, en estos momentos el gobierno enfrenta una obligación financiera onerosa, como es la emisión y pago de los Cepadem.

Aparte de que no está presupuestado ni un solo centavo para devolver impuestos, por lo que es probable que el Órgano Ejecutivo sancione el proyecto de ley, en caso de que este sea aprobado en el Palacio Justo Arosemena y remitido al Palacio de las Garzas para su correspondiente trámite.

Se vislumbra, desde ya, que si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto por insistencia (mayoría de dos tercios de los diputados), el Ejecutivo declararía esa iniciativa como inexequible (inconstitucional) y la remitiría a la Corte Suprema para que esta tome la decisión final, hecho que puede demorar el tiempo que el Órgano Judicial estime prudente.

 

Carlos Anel Cordero

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Diputado Lazarus deberá comparecer ante la CSJ este viernes

Este viernes se llevará  acabo la audiencia de imputación de cargos a Mario Lazarus, diputado colonense implicado en el arrollamiento fatal de una menor de edad el pasado 27 de diciembre.

La audiencia con la cual se determinará si serán imputados cargos al diputado de Cambio Democrátco, tiene previsto iniciar  en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a las 10 de la mañana.

Con el trágico incidente ocurrido en la vía Boyd Roosevelt, a la altura de Buena Vista en Colón, los familiares de la víctima de 14 años, han sostenido la responsabilidad de Lazarus.

La menor de edad se encontraba cerca de su casa cuando fue presuntamente arrollada por el vehículo que conducía el parlamentario.

El magistrado Harry Díaz, actuará como juez en la audiencia y la magistrada Ángela Russo, fungirá como fiscal. De acuerdo con la ley, los casos en los que están involucrados diputados, son tomados por la CSJ.

Yandira Núñez

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La fianza que ilusionó a Martinelli por unas horas

Un gran sabor amargo dejó a Ricardo Martinelli, sus abogados y seguidores, la inesperada e inédita reconsideración de la jueza Marcia Cooke, quien suspendió ayer la fianza que le había otorgado el día anterior.

En pocas horas, la defensa de Martinelli vio cómo el panorama le cambió de regocijo a fastidio. Estaba incrédula ante el nuevo criterio legal de la jueza que antes había favorecido con una medida de detención domiciliaria. Sin duda, un dictamen que afectará a su cliente, física y emocionalmente, y que tal vez provoque un cambio en la estrategia legal empleada.

Ayer a las tres de la tarde, hora de Miami, Sidney Sittón abogado del expresidente, se acercó a la Prisión Federal de Miami, donde permanece detenido su cliente desde hace ocho meses, para conversar sobre un acto de la Corte ‘jamás visto’.

La jueza Cooke revirtió su decisión tras sopesar la moción de emergencia que presentó la Fiscalía que pretendía, como en efecto ocurrió, la suspensión de la fianza de $1 millón concedida a Martinelli.

Entre los factores que enumeró la Fiscalía para suspender la fianza está el fácil acceso a su avión privado, lo que eleva el riesgo de fuga que ninguna cantidad de dinero puede reparar, destaca.

El recurso en el que explicó Cooke la suspensión de la medida sostiene que existe mérito para que la Fiscalía pueda ganar la apelación, en caso de que el equipo de abogados de Martinelli la presente ante la Corte de Apelaciones del Tribunal Federal de Atlanta.

También consideró que existe riesgo de fuga y revirtió la libertad condicional con la que había beneficiado a Martinelli tan solo unas horas antes.

CRONOLOGÍA DE MENSAJES

Una serie de tuits se publicaron en el intervalo entre la fianza y la revocatoria

La Corte considera cuatro factores al decidir si emite una suspensión de la fianza al recibir una apelación: si los méritos del aplicante son lo suficientemente fuertes como para tener éxito; si existe un daño irreparable (esto en caso de fuga); si la emisión de la suspensión lastimaría sustancialmente a la otra parte interesada en el proceso, y por último, dónde recae el interés público.

Según Cooke, los primeros dos factores son los más críticos. ‘En una extrema precaución, veo que por encima de todo, los factores pesan en favor de que permanezca en prisión hasta que se resuelva la apelación efectuada por la defensa en Atlanta’.

La jueza considera que la Fiscalía podría tener éxito en ganar la apelación de la defensa de Martinelli en Atlanta, considerando que dos cortes han decidido en forma distinta el tema de la fianza. ‘Ante mi intento de otorgar fianza, que consistía en un paquete que negara cualquier riesgo de fuga, entiendo que causaría un daño irreparable a la Fiscalía si se otorgara esta fianza al peticionario y luego fuera imposible extraditarlo. Este posible daño a la Fiscalía pesa más, ya que Martinelli se encuentra en custodia y permanecería el mismo statu quo’, se lee en la revocatoria de la jueza.

Si la defensa decide apelar el último fallo de Cooke, deberá hacerlo ante el Tribunal de Atlanta, donde ya interpuso una apelación a la decisión de la misma jueza en confirmar el criterio del juez Edwin Torres, quien certificó el 31 de agosto pasado la extradición del exmandatario a Panamá. La diferencia es que este último recurso podría demorar menos tiempo en resolverse que el primero, por su condición de detenido.

Finalmente, la jueza consideró el interés público que pesa en este caso, en el que Estados Unidos está interesado en cumplir el tratado de extradición bilateral.

La medida de la jueza se mantiene hasta que la Corte de Apelaciones de Atlanta decida la apelación que interpondrá la defensa del exmandatario sobre la revocatoria de la fianza. Martinelli aún puede decidir un retorno voluntario a su país natal sin necesidad de esperar la resolución de todos los recursos legales pendientes.

EL RETORNO A LA MANSIÓN QUE QUEDÓ EN ESPEJISMO

El 13 de febrero de 2018, en un escrito de tres páginas, la jueza Marcia Cooke había otorgado una fianza a Ricardo Martinelli, exmandatario panameño que espera un proceso de extradición a su país para responder ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito de intervención telefónica sin una orden judicial, además de dos cargos por peculado.

La aprobación del recurso que había solicitado la defensa del exmandatario fue motivo de gran alegría, pues había sido negado en varias ocasiones por el juez Edwin Torres, quien firmó la extradición de Martinelli en agosto de 2017.

Uno de los temas más cuestionados en este aspecto era el riesgo de fuga que podía representar una fianza, tomando en cuenta que el expresidente es un hombre muy acaudalado, con acceso a medios propios de transporte y buenas relaciones internacionales.

Sin embargo, en un principio, al parecer Cooke se convenció de que la libertad bajo fianza al peticionario no representaría ningún riesgo bajo las condiciones estipuladas: brazalete electrónico, guardias fuera de la casa para su vigilancia, prohibición de acercarse a cualquier sitio que pudiera significar una posibilidad de fuga -como la parte posterior de su residencia, donde hay una marina para aparcar yates-.

‘El mínimo abuso de cualquiera de estas medidas’ provocaría que se le revoque la fianza, decía el abogado Francisco Carreira, litigante en Estados Unidos. Lo único que no había quedado establecido en la ahora extinta fianza era si Martinelli podría recibir visitas en casa, con qué frecuencia y en qué cantidad.

Adelita Coriat

 

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Juez revierte decisión y Martinelli permanecerá en la cárcel

La jueza Marcia Cooke, revirtió este miércoles decisión de otorgar fianza de excarcelación a Ricardo Martinelli y  permanecerá en la cárcel.

 

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Casa por cárcel para Martinelli en Miami

 

Ricardo Martinelli podrá esperar en su residencia en Miami que se defina el proceso de extradición en su contra, luego de que la jueza Marcia Cooke decidió otorgarle una fianza por $1 millón.

CONDICIÓN DE MARTINELLI

El expresidente está detenido en Miami desde hace 245 días

El expresidente espera que el Departamento de Estado resuelva una solicitud de extradición.

Desde que se haga efectiva la fianza, Martinelli podrá esperar en su casa en Miami.

Cooke decidió otorgar la fianza tras considerar su condición de expresidente de Panamá, además de otros factores como ‘su avanzada edad’ y su ‘delicado estado de salud’.

Según se deduce del documento divulgado a últimas horas de la tarde de ayer, el exmandatario tendrá que cumplir con una serie de condiciones, entre las cuales está la consignación de la fianza en efectivo o un 10% del total ($100 mil); además tendrá que entregar su pasaporte, permanecer en su residencia en Miami, donde será vigilado a través de forma electrónica, mediante un brazalete y grilletes.

Solo podrá salir de su residencia con motivos de atención médica y con autorización judicial.

Se espera que el trámite para salir de la Cárcel Federal de Miami tome horas, o cuando más un par de días.

No se especifican algunas otras condiciones, como con quién podrá residir con Martinelli y si estará en capacidad de tener acceso a la internet y redes sociales.

Todo esto, mientras se espera que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tome una decisión con respecto a la solicitud de extradición del Gobierno de Panamá, la cual el expresidente esperará sin derecho a salir del territorio del país del norte.

VIGILANCIA PERMANENTE

Durante todo el tiempo de espera de la decisión de la solicitud de extradición, el expresidente Martinelli estará bajo vigilancia de guardias, gastos serán costeados por él mismo.

Martinelli está detenido en la cárcel Federal de Miami desde el 12 de junio del año pasado, a la espera de que se defina el proceso de extradición que se le sigue en Panamá.

El exmandatario es requerido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en extradición por un proceso en su contra por los denominados ‘pinchazos telefónicos’. Además, tiene pendientes más de media docena de procesos judiciales por diversas causas.

Según el expediente de los ‘pinchazos’, durante la administración de Martinelli se escucharon conversaciones telefónicas y se espiaron correos electrónicos, sin autorización judicial, de al menos 150 personas.

Guadalupe León B.

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Imputan cargos por blanqueo a Martinelli Corro y a Cummings

A Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cummings les fueron imputados cargos por el delito de blanqueo de capitales luego de que no pudieran justificar ante un tribunal la procedencia de $20 mil encontrados en el auto de uno de los acusados, durante un operativo policial efectuado el martes 6 de febrero en esta ciudad.

El fiscal Javier Enrique Franco, de la Fiscalía de Drogas, indicó que cinco muestras dieron positivo para diversas drogas: cocaína y anfetamina, entre ellas, en las pruebas de ‘ionscan’ aplicadas al dinero encontrado. Añadió que no se sustentó que el dinero fuera producto de un hecho lícito.

DELITO DE BLANQUEO

Ramón Martinelli Corro y Jorge Álvarez Cummings tienen medida cautelar

Fueron detenidos en un retén policial el 6 de febrero después de que no lograran sustentar el origen de un dinero en efectivo.

En audiencia celebrada ayer se les imputó cargos por blanqueo de capitales.

Esta última razón fue la que tuvo mayor peso en la decisión de la jueza, quien enfatizó en la procedencia del dinero e impuso la detención preventiva.

La defensa indicó que el dinero lo obtuvieron de una ciudadana mexicana que ingresó al país y declaró el monto en la aduana, por lo que apeló la decisión.

La audiencia fue reprogramada para el 19 de febrero a las 2:00 p.m.

Igualmente, la fiscalía solicitó el control posterior de legalidad de la resolución de la aprehensión de los $20 mil objeto de la investigación y equipo de celulares de los imputados, además de dinero en efectivo que mantenían en su poder.

A Martinelli Corro y Álvarez Cummings se les decomisaron tres celulares y una memoria.

No es la primera vez que estas personas tienen problemas de este tipo con la ley.

En 2009, la Procuraduría Federal de México informó de la captura en ese país de los panameños Ramón Martinelli Corro, Jorge Álvarez Cummings, César Fábrega (fallecido) y Ninoska Escalante, acusados de supuestamente pertenecer a una red que se dedicaba a blanquear dinero del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

En este caso, las autoridades mexicanas absolvieron a Martinelli Corro, aunque estuvo detenido desde 2009 hasta 2013.

Álvarez Cummings recibió una pena de nueve años de cárcel.

Martinelli Corro aseguró entonces no tener vínculos con Fábrega ni Escalante. Sobre Álvarez Cummings, dijo que tenía una relación personal, no comercial.

Cuando recuperó la libertad, Martinelli Corro indicó que las publicaciones en su contra no tenían sustento, ya que no se pudo acreditar ninguna vinculación con el cartel de narcotráfico.

Martinelli Corro también fue mencionado por la embajadora norteamericana Bárbara Stephenson en un cable de Wikileaks según el cual Salomón Shamah, exministro de Turismo de Ricardo Martinelli, ‘tiene vínculos con el narcotráfico y que Ramón Martinelli Corro, primo del expresidente Ricardo Martinelli, trasladaba por mes 30 millones de dólares a través del Aeropuerto de Tocumen’.

A Martinelli Corro también se le condenó por el cobro de coimas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

 

Adelita Coriat

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Panamá, entre los peores países en impartir justicia

Panamá se encuentra entre los peores países en impartir justicia, según el ‘Índice de Estado de Derecho 2017 – 2018 (Rule of Law Index 2017 – 2018)’.

La organización sin fines de lucro World Justice Project (WJP) encuestó a 110 mil ciudadanos y tres mil expertos en los distintos países con el mismo esquema de preguntas y opiniones para elaborar el Índice del Estado de Derecho. El documento busca medir la percepción del funcionamiento del sistema de justicia y de la existencia (o no) del Estado de derecho.

Panamá ocupa la posición 61 del ranking mundial, un puesto más arriba que en el informe anterior, con un índice de 0.52 en una escala que va del 0.01 al 1.00. Por arriba de Panamá está Perú (puesto 60) y por debajo, India (puesto 62). Las tres regiones, sin embargo, alcanzaron la misma puntuación (0.52). Esta misma lista la encabezan Dinamarca (0.89), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87), en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

‘LA IMPLEMENTACIÓN DEL SPA AYUDARÁ A QUE A LARGO O MEDIANO PLAZO MEJOREMOS’,

ANNETTE PLANELLS

MOVIN

Entre las regiones latinas, Panamá se encuentra en el puesto 17 de 30 países. Múltiples naciones caribeñas están por encima del istmo centroamericano. A nivel de Centroamérica, Costa Rica está por encima de nuestro país, ocupando la posición número 2.

Para la elaboración de este índice, el WJP midió 44 indicadores distribuidos en ocho categorías principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.

La peor calificación del país se ubica en la variable de justicia penal, con un índice de 0.33. De acuerdo con las conclusiones de este informe, en todos los indicadores del tema justicia penal el país obtuvo calificaciones mediocres.

A pesar de la entrada en funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que ha traído consigo una mejora en la percepción de la eficacia de los procesos judiciales, aspectos como la efectividad del sistema penitenciario, investigaciones libres de influencia gubernamental , discriminación y deficientes investigaciones colocan al país en el puesto 99, de una lista de 113 naciones, en la variable justicia penal.

En efectividad del sistema penitenciario, Panamá alcanzó 0.14. En el apartado libre de la influencia gubernamental de las investigaciones, logró una puntuación de 0.23. En cuanto a si existe o no discriminación, obtuvo 0.30. En relación a la efectividad de las denuncias, la calificación fue de 0.31. En referencia a la eficacia de las investigaciones, el puntaje fue de 0.35, mientras que en el apartado sobre debido proceso, el resultado fue 0.47. Finalmente, en la variable existencia de corrupción, Panamá obtuvo 0.50.

Esta variable evalúa qué tan efectivo es el sistema de justicia penal de un país, considerando que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra individuos por ofensas a la sociedad.

La evaluación de la justicia penal, señala el índice, toma en cuenta el desempeño de fiscales, policías, jueces, abogados y custodios.

El abogado Juan Carlos Araúz considera que uno de los factores que impide que el país aparezca como comprometido en materia de justicia penal es la interinidad de los funcionarios. ‘Eso representa la imposibilidad de que un funcionario actúe de acuerdo a su consciencia. Nuestros funcionarios ingresan al sistema porque requieren un salario estable y esto lo convierte en su verdadera motivación’, agrega Araúz.

El abogado señala, además, que debe existir voluntad y presupuesto para que el sistema de justicia funcione. El tema, según Araúz, guarda también relación con el viejo sistema de justicia que implica poca agilidad y dificultad para encontrar una respuesta de parte de las autoridades. ‘Hasta que no se cierre el último expediente del sistema inquisitivo este tema seguirá siendo un lastre de la justicia’, dice el abogado.

Otra debilidad del sistema penal, continúa Araúz, es la incapacidad para reinsertar a los individuos a la sociedad después de un proceso penal.

Panamá reportaba la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100,000 habitantes), después de Cuba y El Salvador, según el informe del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, publicado en 2015.

Para esa época, los detenidos esperaban más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito, según el portal Americas Quarterly .

Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), señala que la implementación del SPA ayudará a que a mediano o largo plazo la situación mejore notablemente. Pero esto debe hacerse de la mano de la implementación de la carrera judicial para que se asegure que hayan jueces capacitados. ‘De nada sirve que agilicemos procesos si los jueces no fallan en derecho’, dijo Planells.

La activista considera, asimismo, que la calificación del país habla muy mal del presidente de la Corte Suprema de Justicia de los últimos cuatro años, José Ayú prado, quien no ha logrado hacer los cambios que se requieren para mejorar en materia de justicia penal.

El índice, cuyos resultados fueron presentados en Washington a finales de enero de 2018, muestra que el país pasó del puesto 107 al 99 en la evaluación de la justicia penal.

JUSTICIA CIVIL

En la variable justicia civil, el país se ubicó en el puesto 78 de 113 naciones. La debilidad más asentada de la justicia civil, según el informe, está en la irracionalidad de los retrasos de los procesos, con una calificación de 0.25.

En el eje ausencia de corrupción, Panamá se encuentra en la posición 68 de 113 países. En este indicador queda reflejado que existe mayor corrupción en el Órgano Legislativo que entre los policías, el Órgano Judicial y el Ejecutivo.

Con respecto al tema de corrupción en la Asamblea, Planells asegura que existen dos situaciones que afectan la transparencia de la institución: el manejo de los recursos y el secreto en la emisión de los votos para aprobar leyes.

Panamá aparece, además, en el puesto 78 en orden y seguridad; 50, en derechos fundamentales; 38, en gobierno abierto; 68, en límites en los poderes del gobierno; y 46, en regulación aplicada.

DEFINICIÓN

El Estado de derecho

El Estado de derecho es la condición de un país en donde se reduce la corrupción, se combate la pobreza y enfermedades, y se protege a las personas de las injusticias.

El Índice del Estado de Derecho, elaborado por World Justice Project, analiza cómo se experimenta el Estado de derecho en 113 países.

El desempeño de estas regiones es evaluado a través de ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y criminal.

En América Latina, Uruguay, Costa Rica, Chile, San Cristóbal y Nieves y Barbados ocuparon las primeras posiciones en el Índice del Estado de Derecho. Los últimos cinco lugares del ranking regional fueron para Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.

 

 

Marlene Testa