371997_800x600_crop_5a45a09d52d52

Encrucijada en el gobierno por ratificación de magistrados

Juan Carlos Varela prometió en campaña que adecentaría la justicia, y muchos le creyeron. A un año y medio de finalizar su mandato, salen a flote opiniones de desencanto por haber faltado a su palabra, situación que ha salido a relucir en el proceso de ratificación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como aspirantes a magistradas de la Corte.

Durante el foro de participación ciudadana que efectuó la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para escuchar opiniones a favor y en contra de la designación del Ejecutivo al puesto de magistradas para la Corte Suprema de Justicia, varias fueron las voces de gremialistas que reprobaron las candidaturas propuestas por el Ejecutivo cuando había empeñado su palabra de un gobierno con transparencia y ética.

No se ha cumplido lo anterior, señaló el abogado Francisco Carreira. ‘El compromiso de Varela era aportar recomendaciones al Pacto de Estado por la Justicia, pero llegado el momento de la designación, se incumple una vez más la promesa’, manifestó el abogado frente a las aspirantes, los nueve diputados de la Comisión de Credenciales y un gran público.

Carreira cuestionó la actuación de la actual fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore en los casos de los cinco jóvenes chorreranos asesinados hace unos años, al igual que en las investigaciones del incendio del Bus 8B-06, y las pesquisas que lideró sobre los sobornos de la constructora Odebrecht.

En este último tema, Carreira no es el único que cuestiona la selectividad con la que Moore indagó y ordenó medidas cautelares o de detención preventiva. También lo hicieron el abogado Sidney Sitton, Juan Guerrero, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados; el abogado Gladiano Martínez, quien laboró como observador de Derechos Humanos en Guatemala y otros juristas.

La abogada litigante Corina Cano también secundó el hecho de que el ‘Ejecutivo prometió un sistema de justicia independiente, pero no lo ha cumplido. Si estamos aquí es porque estamos desesperados’, manifestó Cano.

Otra de las observaciones en que coinciden los participantes es que los designados a suplentes, Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello, personas de Carrera Judicial, gozan de una mejor preparación que los principales. ‘Ellos deberían haber sido designados como principales. Los que tienen la aceptación de la ciudadanía son los magistrados suplentes, quienes enderezarán los entuertos de los principales, eso no es justo con ellos ni con la ciudadanía’, exclamó Cano.

Al Ejecutivo le ha caído una crítica muy ácida con la elección que hizo para el puesto principal. En estos días ha recibido una seguidilla de frases reprobatorias, no todas fundadas en un interés político, que solicitan a los diputados rechazar las designaciones para obligar a Varela a hacer dos nuevas designaciones acorde a los principios de transparencia prometidos.

‘El Ejecutivo se equivocó con la elección porque si hubiera puesto a los suplentes de principales no habría más que aplaudirlos’, manifestó Carreira.

Sobre Tovar también pesan cuestionamientos por su vinculación con el Ejecutivo como activista en la campaña de Varela. Uno de los señalamientos más sensitivos es que siendo una especialista en derecho de autor, tomó el logo del ‘Movimiento pro Familia’ y le puso los símbolos de los LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y lo publicó sin permiso de los primeros. Lo que para Carreira constituyó un hecho reprobable.

Acto que también fue censurado por Cano, quien denunció que Tovar incluyó un arco iris (símbolo de LGBT) en las ilustraciones del movimiento Pro Familia, y añadió que en la Corte aún está por definirse un fallo que podría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por eso pidió ‘ojalá ( Tovar) no llegue a la Corte’.

Gladiano Martínez, abogado, acusó a Moore de discriminación contra los aborígenes. Narró un episodio ocurrido en 2008 mientras ejercía la defensa de un aborigen. Dijo que cuando él se dirigía a su cliente en dialecto, Moore, ‘gritando, llegó y dijo que no podía hablar en dialecto porque se encontraba dentro de un despacho judicial’. El jurista puso una queja ante la Procuraduría que posteriormente fue desestimada. Luego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos donde radica el expediente.

El abogado Sidney Sittón, defensor en varios expedientes que investiga Moore, invitó a sus colegas a presentar las denuncias ante el relator de las Naciones Unidas, especialmente aquellas relacionadas la violación del debido proceso bajo el concepto de imparcialidad. Un plano que, según él, no reúnen las designadas principales pero es requisito indispensable para el nombramiento de administradores de justicia.

Adelita Coriat

 

371820_800x600_crop_5a44522307f60

La falta de recursos, el tropiezo de la Carrera Judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó su informe de gestión administrativa 2016 – 2017, en el que destacó la falta de recursos para la implementación de la Carrera Judicial.

El magistrado presidente señaló que la implementación de la Carrera Judicial inició en septiembre de 2017, a pesar de que la ley que la regula fue aprobada en 2015.

En la presentación de su informe de gestión, el magistrado argumentó que no se le han asignado los recursos para poner en práctica la Carrera judicial.

En 2016, dijo Ayú Prado, tampoco se le dieron los fondos. Este año, la institución solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobar un presupuesto de $257 millones, pero se le dio $137 millones. Al final, el presupuesto modificado terminó en $137 millones, apuntó Ayú Prado. En 2017, ocurrió lo mismo, dice. Ese año, el Órgano Judicial solicitó $274 millones. Pero, le asignaron $160.8 millones. El presupuesto modificado terminó en $168.8 millones.

La institución tuvo que realizar traslados de partidas que permitieron iniciar el proceso para implementar la Carrera Judicial. Los fondos permitieron iniciar las labores de reestructuración de la Dirección de Recursos Humanos y la instalación de cinco direcciones, Secretaría y Subsecretaria Técnica de Recursos Humanos.

‘En 2018, esperamos nos asignen los recursos adiciones que requerimos’. Según el magistrado, se necesita crear el Tribunal de Integridad, que no solo requiere jueces sino también fiscales y personal de defensa.

Para 2018, el Órgano Judicial pidió $332 millones y le asignaron solo $159 millones, un presupuesto incluso menor del aprobado en 2017. Ayú Prado busca panameñizar el ejemplo del Reino de España en la implementación de la Carrera Judicial, pero todo dependerá de la asignación presupuestaria, remarcó.

En otros aspecto, a la junta directiva, que preside Ayú Prado, también le correspondió la implementación de la última fase del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en el Primer Circuito Judicial.

En esta faceta se procedió a la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento y defensores públicos y de las víctimas y funcionarios de oficinas judiciales. El recurso humano institucional del SPA quedó conformado por 1,030 funcionarios.

Entre 2016 – 2016, la Corte apostó por la modernización tecnológica: digitalización de expedientes, modernización del salón de audiencias de casación, implementación del tarjetero electrónico y equipamiento de varios salones de audiencia del SPA.

En total, son 69 salas que se equiparon con modernos equipos de audio y video con la colaboración y acompañamiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El magistrado destacó que el modelo de gestión del SPA incluía el funcionamiento de los juzgados de liquidación en Panamá, San Miguelito, Colón, La Chorrera y Darién, pero que el 2018 se proyecta el cierre de algunos juzgados del sistema penal inquisitivo que han cumplido con su tarea y que el personal será redistribuido para aprovechar el conocimiento de ese recurso humano.

EL BIENIO 2016-2017

El 4 de enero de 2016, José Ayú Prado fue reelecto para un segundo periodo, hasta enero de 2018

José Ayú Prado presentó el 27 de diciembre su informe de gestión administrativa 2016 y 2017.

Ayú prado destacó la implementación de la carrera judicial, el bienestar laboral de los colaboradores, el equipamiento tecnológico, entre otros.

El magistrado presidente destacó los proyectos de infraestructura que se retomaron, como la Unidad Judicial de La Chorrera y de Coclé y los que no se concluyeron, como la nueva planta de la Unidad Judicial de David, en Chiriquí.

La Unidad Judicial de David tiene un 70% de avance.

En infraestructura, también se destaca el desarrollo de los planos, especificaciones técnicas y construcción del Juzgado Municipal de Las Minas, en Herrera, con un 20% de avance.

En la provincia de Herrera también se desarrolla el anteproyecto de construcción del Centro de Capacitación y Entrenamiento, en Santa María.

Otro logro que se atribuye en materia de infraestructura el magistrado presidente es la construcción de un edificio para la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste.

Ayú Prado destacó el otorgamiento de becas para que funcionarios de la institución estudien doctorados en derecho, la puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil para los hijos de los funcionarios, el reforzamiento de la clínica institucional y una cobertura médica de seguro de vida, sin costo para los trabajadores de la institución. Entre sus logros, se apunta un ajuste salarial para el 90% de los funcionarios y el tradicional bono de retiro.

En cuanto a transparencia, Ayú Prado destacó que son los únicos funcionarios que todos los años hacen su declaración jurada de bienes. La del presidente, añadió, está colgada en la página web de la institución para que cualquier persona pueda tener acceso a esa información. Además, destaca la fiscalización del sistema administrativo con 264 auditorías internas y 45 judiciales.

El magistrado hizo énfasis en el 96% de la ejecución del presupuesto de funcionamiento y del 90% en inversión para 2016. Para este año, se logró una ejecución en el presupuesto de financiamiento de $123 millones; para inversiones, se destinaron $21 millones.

Mientras que para 2017, la ejecución del presupuesto de funcionamiento fue del 97% y la de inversión, 96%. En financiamiento se ejecutaron $143.9 millones; en inversiones, $18.9 millones. ‘Ha sido un privilegio dirigir la Corte Suprema. Lo mejor que tiene el Órgano Judicial es su recurso humano’, concluyó Ayú Prado.

En la presentación de su informe de gestión, acompañaron a Ayíu Prado los magistrados Cecilio Cedalise, Abel Zamorano, Ángela Russo, además, de miembros del Órgano Judicial. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea también estuvo presente y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá.

Marlene Testa

 

371487_800x600_crop_5a42aaed55f2d

Asamblea arranca proceso de ratificación de magistradas

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inicia proceso para votación de las magistradas designadas por el Ejecutivo, Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore.

Los diputados votaron a favor de escuchar las observaciones de la sociedad civil en torno a las dos candidatas.

Rubén De León, diputado del Partido Revolucionario Democrático, indicó que “no hay prisa para aprobar la designación del Ejecutivo, y el ir no necesariamente debe hacer antes del año nuevo, momento en que se escoge al presiente de la Corte Suprema de Justicia”.

De León invocó el artículo 74 del Reglamento de la Asamblea como fundamento para solicitar que no se apruebe a la carrera las dos vacantes que se producen en la Corte a partir del 31 de diciembre próximo. En todo caso si se rechazan las designaciones, dijo, que el Ejecutivo haga dos nuevas designaciones.

La metodología a seguir es la siguiente: se ofrecerán dos días como mínimo a las organizaciones y sociedades que solicitaron intervención por escrito.

Además, se incluirá a quienes de manera presencial pidan participar para concretar su intervención.

Los debates inician mañana y debe haber quorum de al menos 5 de 9 diputados de la Comisión de Credenciales.

 

Adelita Coriat

asambleanancional-noticia-tovar

Asamblea Nacional inicia el escrutinio de Tovar y Moore

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional empezará la revisión de cada uno de los documentos entregados por el Ejecutivo en la designación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las observaciones de los panameños serán atendidas.

ASAMBLEA NACIONAL

La Constitución Política dice cómo se designa a los magistrados

36 votos se necesitan para la aprobación de los magistrados de la Corte Suprema.

17 votos tiene el Partido Panameñista. Están obligados a negociar.

El tiempo se le acorta para aprobar o improbar los nombramientos de Tovar y Moore. La Asamblea Nacional está en sesiones extraordinarias hasta el domingo 31 de diciembre.

Las negociaciones no han concluido y el fin de semana los diputados se acercaron para intentar lograr el voto de por lo menos 36 diputados y de esta manera que las dos nuevas designaciones lleguen el 2 de enero de 2018 al Órgano Judicial.

Tovar y Moore fueron designadas por el Ejecutivo por diez años; sin embargo, el oficialista Partido Panameñista solo tiene 17 votos en el Legislativo, por lo que está obligado a negociar con los dos partidos de oposición, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático.

Diversos sectores de la sociedad civil, agrupaciones y partidos políticos rechazan ambas designaciones

El PRD ordenó a sus diputados rechazar las designaciones del Ejecutivo. Igual solicitud planteó Cambio Democrático. Ambas bancadas aseguran que no ratificarán a Tovar y Moore como magistradas de la Corte.

Hoy a las 2:00 de la tarde la Asamblea Nacional realizará una reunión en la Comisión de Credenciales. Este paso marca el inicio del proceso de observaciones que las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar en contra de Moore y Tovar, designadas a este cargo por el Ejecutivo el pasado lunes 18 de diciembre.

Ismael Gordón Guerrel

noticia-abogados-22-dic-tribunal

El sistema de justicia necesita una reestructuración’

El abogado Octavio Amat confirmó que unos ‘asesores’ se le acercaron para proponerle el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero prefiere no dar detalle de los ‘asesores’ y niega que la propuesta haya sido directa del Ejecutivo.

Amat narró que su repuesta fue que aceptaría la designación siempre y cuando él encabezara un plan para transformar el sistema de justicia.

‘Había que enviar un mensaje de credibilidad a la sociedad de que las cosas se empiezan a hacer bien’, aseguró Amat. El abogado considera que la designación de Zuleyka Moore y de Ana Lucrecia Tovar para magistradas de la Corte ‘es más de lo mismo’.

‘Son designaciones formales, pero no solucionarán nada de los problemas que enfrenta la justicia’, lamentó el abogado que le reclama al Ejecutivo que no se puede tener una vacante de un magistrado sin llenar .

Amat se ha estado reuniendo con diversos sectores, incluso políticos, para exponer su punto de vista sobre la situación que enfrenta el sistema de justicia.

Para el abogado, en el país no hay independencia de poderes. ‘No existe separación de los poderes, por lo que hay que reforzar la independencia de la justicia y eso puede ser tema constitucional’, indicó.

La Asamblea Nacional, por su parte, empezó, este jueves, a recibir las observaciones de la ciudadanía por las designaciones de Tovar y Moore. Las observaciones pueden ser presentadas en la Asamblea o enviadas al correo electrónico transparencia@asamblea.gob.pa

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se sumó a las voces que cuestionan las designaciones. ‘Ante la grave crisis de credibilidad en la administración de justicia, consideramos que el presidente de la República y sus ministros dejaron pasar una valiosa oportunidad de fortalecer la confianza en la Corte Suprema de Justicia’, señaló el gremio en un comunicado.

Apede manifestó su preocupación por el ‘conflicto de intereses que se pueda generar y la falta de independencia en las actuaciones’ de las designadas para magistradas.

La Asamblea Nacional está en sesiones extraordinarias desde el miércoles.

Ismael Gordón Guerrel

 

cortesupremade-justicia-tovar-magistradois

Moore y Tovar, piezas clave en el control de la Corte Suprema

En enero próximo, dos acontecimientos importantes se darán en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): la toma de posesión de dos nuevos magistrados y la elección del presidente de esta corporación de justicia.

Una fuente del Órgano Judicial indicó a La Estrella de Panamá que José Ayú Prado cuenta con los votos para reelegirse como presidente del Palacio Gil Ponce, y convertirse en el segundo en estar tres veces consecutivas al frente de la máxima magistratura de justicia. El primero fue el magistrado Arturo Hoyos (1994-1999).

Ayú Prado contaría con los votos del llamado ‘Clan de U’, un grupo de sus amigos de la universidad. Entre ellos están los magistrados Ángela Russo, Luis Ramón Fábrega y Cecilio Cedalise, de quien además es coterráneo, informó la fuente judicial.

A estos tres votos se sumaría el del magistrado Hernán De León, considerado un aliado de Ayú Prado. Estos cuatro votos más el propio harían cinco, el mínimo requerido para reelegirse en el cargo.

‘EL ÓRGANO JUDICIAL NECESITA REPLANTEARSE SU IMAGEN Y SU PAPEL EN LA SOCIEDAD, ESTO NO SERÍA POSIBLE CON LA MISMA DIRIGENCIA’,

JUAN CARLOS ARAÚZ

EXPRESIDENTE DEL CNA

Ayú Prado no solo dirigiría por tercera ocasión las decisiones administrativas de la Corte, sino que controlaría la presidencia de la Sala Cuarta de Negocios y la Sala Segunda de lo Penal, donde se llevan emblemáticos procesos por corrupción. Aunque cada sala está integrada por tres jueces, cada caso requiere de dos votos como mayoría para que se tome una decisión judicial.

No obstante, la última palabra no se ha dicho aún. Del otro lado se encuentra el magistrado Harry Díaz, pariente de Temístocles Díaz, asesor del presidente Juan Carlos Varela.

El magistrado Díaz, quien aspiró a suceder en el cargo a su colega Ayú Prado y quien ha sido un fuerte opositor de su gestión, intenta romper este bloque para impedir que repita en la presidencia de la CSJ, explicó la fuente. En su intención, Díaz podría contar con el voto de Abel Zamorano, quien siempre ha tomado distancia de Ayú Prado. En la pasada elección, Zamorano le cedió su voto a Díaz.

El magistrado Díaz intentaría también conquistar el voto de Russo, designada magistrada por la administración Varela, por diez años.

En este escenario aparecen las nuevas magistradas designadas por el presidente, quienes reemplazarían a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega en la Sala Segunda de lo Penal y en la Sala Primera de lo Civil, respectivamente. Se trata de Zuleyka Moore y de Ana Lucrecia Tovar de Zarak, a la espera de su ratificación por la Asamblea Nacional.

Moore y Tovar tienen un empedrado camino para llegar a la Corte debido a la fuerte oposición que existe en la Asamblea Nacional para ratificar su designación; según la fuente judicial, sus votos no beneficiarían a Ayú Prado.

El 4 de enero de 2016, Ayú Prado fue reelecto para un segundo periodo como presidente. Su elección generó cuestionamientos a la administración de justicia y especialmente contra los magistrados Russo y Cedalise, designados ese mismo año.

Ante una eventual reelección de Ayú Prado, Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, considera que el Órgano Judicial necesita replantearse su imagen y su papel en la sociedad, y esto no sería posible con la misma directiva.

Según Araúz, la gestión de Ayú Prado ha sido ‘accidentada, sin cambios en la administración de justicia’.

El abogado añade que la administración de Ayú Prado ha causado un distanciamiento entre la Corte y la sociedad que ha hecho difícil entender su funcionamiento.

 

Marlene Testa

369942_800x600_crop_5a386c6bc6062

Moore y Tovar, sin los votos para llegar a la Corte

Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar, designadas por el presidente Juan Carlos Varela como magistradas de la Corte, deberán enfrentarse a una Asamblea Nacional en la que ningún partido político tiene la mayoría absoluta, para ser ratificadas en su cargo.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) han rechazado la designación de las dos abogadas para reemplazar a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, en las Salas Penal y Civil , lo que torna incierto su camino hacia la Corte. Esta, sin embargo, no sería la primera vez que se rechaza la designación de un magistrado a la Corte Suprema. Ocurrió en 2009, cuando los diputados no apoyaron la designación de Zaira de Latorraca como magistrada suplente. El expresidente Guillermo Endara también fue rechazado por la bancada del PRD para magistrado de la Corte.

LA ASAMBLEA DECIDIRÁ

El Partido Revolucionario Democrático conminó a su bancada, de 26 diputados, a ‘cerrar filas’ para que no se logre la ratificación de las nuevas magistradas designadas por Juan Carlos Varela.

Moore es considera una polémica fiscal Anticorrupción con ‘mano de hierro’. Pero, las acciones que emprendió en los procesos anticorrupción son precisamente su mayor escollo camino a la Corte.

Tovar, por su parte, es cuestionada por supuestos vínculos con el presidente de la República.

Marlene Testa

 

sistemajudicial-odebrecht

Observatorio del Sistema Judicial critica manejo del caso Odebrecht

El fallo de la jueza suplente del Juzgado Décimo Segundo Lania Batista, que negó a la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore una extensión de tiempo para preparar la vista fiscal en uno de los expedientes que investiga las coimas de Odebrecht, resulta erróneo porque se trata de un caso declarado como de tramitación compleja hasta que se agotara la investigación.

Así lo determinó un análisis del Observatorio del Sistema Judicial, integrado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Santa María La Antigua, que después de haber estudiado varios documentos referentes a la causa, presentaron varias observaciones.

La primera es que habiendo sido declarado una causa compleja, la jueza debió recurrir al artículo 504 del Código Procesal Penal, que estipula que la detención preventiva puede extenderse hasta un máximo de tres años.

‘Que no se haya aplicado este precepto mandatorio es imperdonable’, cita el documento, tomando en cuenta que el interés general prima sobre el particular.

Aunado a esto, consideran errónea la acumulación de los expedientes 01 y 02 al 05, una tarea inmanejable tomando en cuenta que en uno de ellos ya se contaban 114 tomos, y en otros, el doble, lo que complica la investigación por la cantidad de imputados que pasaron de 17 a 37. La propia fiscal que lo solicitó y el juez principal, Oscar Carrasquilla, del Juzgado Décimo Segundo, que lo concedió, ‘incurrieron en hacer ineficaz la investigación’, cita el texto.

Guillermo Márquez Amado, uno de los interlocutores del Observatorio, no se explica por qué el Ministerio Público dejó ‘‘dormir” por un año una denuncia interpuesta en 2015 por el abogado Alvin Weeden, en la que aducía nombres de sociedades, bancos y posibles implicados en la trama corrupta.

El Ministerio Público no se apoyó en ninguno de los organismos, como la Unidad de Análisis Financiero, para iniciar las pesquisas, ‘sino que arrancaron la investigación cuando el escándalo de Odebrecht se hizo público.(Fue un) tiempo perdido en el que se podía haber compilado información valiosa’, apuntó Márquez Amado.

El Observatorio también hace referencia a que las principales instituciones públicas debieron convertirse en querellantes coadyuvantes, por ejemplo, los ministerios de Economía y Finanzas, de Obras Públicas, Gobierno, o la Contraloría.

El Observatorio recomienda prudencia al Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares, con miras a mantener la integridad de la investigación sin arriesgarla, sobre todo con detenciones innecesarias que la interfieran.

El 25 de octubre, la jueza Batista negó a la fiscal una extensión de dos meses para confeccionar la vista fiscal.

El Tribunal fundamentó su decisión en que ya había concedido una prórroga, el 3 de julio de 2017, hasta tanto se agotara la investigación para contar con las diligencias, siempre y cuando no existieran detenidos. De lo contrario, correría a partir de dicha detención el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal.

El caso se encuentra en apelación ante el Segundo Tribunal de Justicia.

Este jueves, el Primer Tribunal Superior admitió un amparo de garantías presentado por Jair Urriola a favor de su cliente, Humberto De León, para que se declare ilegal la apelación efectuada por Moore.

OBSERVATORIO JUDICIAL

Desaciertos del Sistema de Justicia

LO ESTUDIADO

Escrito de la fiscal Zuleyka Moore en el que solicita causa compleja. Auto del 13 de julio que accedió a la solicitud. Auto por el cual el juez accede a acumulación de expedientes. Fallo de la jueza en el que niega solicitud, y sustentación de recurso de la Fiscalía.

CRISIS

La reiteración de fallos por jueces y magistrados limitando los términos en casos de delincuencia organizada llevarán a la crisis que confronta el Órgano Judicial a muy graves consecuencias.

 

Adelita Coriat

noticia-14-dic-1207

Defensa de Martinelli podría apelar decisión de Cooke

El 9 de enero de 2018, cuando Ricardo Martinelli acuda a la audiencia que solicitaron sus abogados para la revisión de la orden de extradición emitida por el juez Edwin Torres, la juez Marcia Cooke definirá tres cosas. La primera es si el juez Torres es una persona competente para haber emitido la decisión. ‘Ese punto no es cuestionado por la defensa’, menciona el abogado Francisco Carreira, querellante en el caso de los ‘pinchazos’.

Lo segundo que determinará Cooke es si los delitos por los que se acusa a Martinelli están incluidos en los tratados bilaterales o internacionales firmados por ambos países. ‘La decisión del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que sí lo estaban’.

Y el tercer tema que analizará la jueza es si existe una causa probable para extraditar a Martinelli, un punto que podrá observarse a profundidad, aunque para el abogado Carreira, no se trata de un tópico de credibilidad en el que participen los testigos.

‘Sobre el escritorio de la jueza ya se han presentado declaraciones juradas de ambas partes. No se sabe si la juez ampliará estas declaraciones’, manifiesta el abogado.
La defensa de Martinelli, a pesar de que aún faltan varias semanas para la audiencia, como si se anticipara a la decisión de Cooke, ya anunció que de fallar en contra, apelará ante el Tribunal de Atlanta, Georgia.

Luego de la audiencia, la jueza puede tomarse un periodo de dos o tres semanas para hacer su decisión. Según Carreira, la ley norteamericana no impone un término específico a la jueza. ‘Si hay muchos testigos, es posible que la audiencia no termine el 9 de enero’.
En caso de que se presente la apelación, según el también penalista, se inicia un proceso nuevo en el que el demandante es Ricardo Martinelli y los demandados son el procurador General Jefferson Beauregard; el secretario de Estado Rex Wayne y el jefe de la prisión Federal de Miami Robert Wilson, quienes, a su vez, son los encargados de cumplir la extradición.

La defensa de Martinelli, al tiempo que presentó el habeas corpus o revisión de la actuación de Torres, interpuso el 19 de octubre pasado una petición de no extradición.
La jueza Cooke puede decidir ‘anular todo y liberar a Martinelli. Si confirma lo actuado por el juez Torres, entonces el proceso es apelable. Este nuevo Tribunal decidirá si hubo violación en la orden de extradición’, concluyó Carreira.

Adelita Coriat

 

corte-ordena-detencion-a-martinerlli

La Corte ordena otra detención contra Ricardo Martinelli

Después de más de 15 horas el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención provisional con fines de extradición al expresidente y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli, por el caso de los 355  indultos que concedió en el 2014, año en que culminaba su mandato (2009-2014).

Esta audiencia inició aproximadamente a las 10:15 a.m. del lunes y culminó pasada las 2:00 a.m. del martes, la decisión se dio en la audiencia del pleno con la mayoría absoluta y un voto razonado de la magistrada Angela Russo.

También se le facultó al magistrado de garantías en este caso, José Ayú Prado a realizar las diligencias para el cumplimiento de esta medida y declaró que no es extemporánea la petición de la prescripción de la acción penal presentada por la defensa de Martinelli.

La decisión de declarar no extemporánea la solicitud de la prescripción de la acción penal se fundamentó en que argumentos expuestos por el magistrado de garantías no son viables, ya que puede ser solicitada en cualquier etapa del proceso, y no es necesario que esté presente el exmandatario.

La deliberación de los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Jerónimo Mejía. Oydén Ortega, Harry Díaz y el Hernán De León, quien presidió la audiencia, y de los magistrados suplentes Asunción Alonso, Efrén Tello y Wilfredo Saenz.

Alegatos de la defensa

Más temprano, la defensa del también diputado del Parlacen, con respecto a la prescripción penal, argumentó que los 19 decretos ejecutivos objeto de investigación, donde se otorgaron los indultos, fueron firmados en junio y agosto de 2014, por lo que “los términos ya han prescrito”, además, que los mismos fueron revocados por el presidente Juan Carlos Varela, una vez tomó posesión del cargo.

Por su parte, el fiscal del causa ripostó que los 19 decretos, para indultar a 355 personas en cuatro días, no tuvieron los trámites correspondientes, y tampoco gozaron del cumplimiento de los requisitos fundamentales.

Esta solicitud ya había sido rechazada por extemporánea, en la pasada audiencia del 13 de octubre, por el magistrado José E. Ayú Prado, actuando como juez de garantías, por lo que la defensa del diputado del Parlacen solicitó al Pleno que revocara esa decisión, que en su momento tuvo la oposición del magistrado Abel Zamorano, actuando como fiscal de la causa.

En este sentido, el magistrado Zamorano argumentó que una vez en presencia del diputado del Parlacen se podría solicitar la prescripción de la causa, pero que “esta no era la etapa procesal”, por lo que pidió la pleno que ratificara lo actuado por el magistrado Ayú Prado, con referencia a negación de la solicitud de sobreseimiento provisional y la prescripción de la acción penal, por extemporánea.

El 12 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Martinelli durante un allanamiento en su residencia en Miami, Florida. A partir de esa fecha, el expresidente panameño se encuentra en una cárcel Federal.

 

 

Guadalupe León B.