Han surgido varios acercamientos con la defensa de Martinelli

Carlos Herrera Morán, representante legal del doctor Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos telefónicos, asegura que tuvo una reunión de acercamiento con un abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena en el caso que se le sigue al exmandatario por cuatro supuestos delitos cometidos durante su administración, entre los años 2012 y 2014.

El acercamiento, que según Herrera Morán es otro más de los siete u ocho encuentros previos que apuntan al mismo objetivo, se produjo el miércoles 11 de julio en una oficina de la ciudad capital y estuvieron presentes, además, Marta Linares de Martinelli, esposa del exgobernante; y un abogado de la defensa (Carlos Carrillo, según otras fuentes). Este medio no ha podido contactar al jurista para conocer su versión de los hechos.

La expectativa de Herrera Morán, según dijo a La Estrella de Panamá , era lograr que Martinelli se declarara confeso y pactar una pena de prisión de siete a ocho años. Es decir, una tercera parte de la pena de 21 años de prisión que solicitó el fiscal de la causa, Harry Díaz, al juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la acusación contra el exgobernante.

‘Si la defensa no concreta sus intenciones con el fiscal, es por gusto hablar de acuerdos. Martinelli debe aceptar su culpa y resarcir al Estado y a las víctimas’,

MITCHELL DOENS

QUERELLANTE

‘La reunión duró unas dos horas. Ellos (la defensa) querían explorar un acuerdo de pena’, pero sin éxito, dijo Herrera Morán.

Al día siguiente de la reunión, apenas dio inicio la audiencia que se había programado el jueves en la Corte Suprema de Justicia, circuló un manuscrito de Martinelli en el que dejaba claro que no aceptaría un acuerdo de pena y sostenía su inocencia.

Herrera Morán asegura que contaba con la venia del resto de los querellantes para este acercamiento. ‘El que diga que no sabe, miente’. Añadió que la reunión se centró en el tema jurídico y que no tocó la indemnización, ‘no se habló de una suma’, agregó Herrera Morán.

El fiscal Díaz corroboró a La Estrella de Panamá que Herrera Morán le informó sobre una cita convocada por el abogado de la defensa, Carlos Carrillo, acompañado de Linares de Martinelli, para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena, pero no se habló nada de fondo. La indemnización en este caso, añadió Díaz, se debe convenir con los querellantes. ‘Lo que siempre ha mantenido es que ningún acuerdo de pena puede ser menor a cinco años de prisión. Siempre y cuando los querellantes estén de acuerdo con estos principios, el acuerdo de pena puede contemplarse como una posibilidad’, manifestó el fiscal.

Sin embargo, Rosendo Rivera, querellante autónomo en el caso, indicó que hasta el día de hoy no ha autorizado a Herrera Morán a que realice ninguna reunión en su nombre. ‘Los hechos como los señala, no fueron de esa forma. No me dejarán mentir el resto de lo querellantes que no es, sino hasta después de que supuestamente Herrera Morán se reúne con Carlos Carrillo, Marta Linares, que nos informa que se había llevado a cabo la reunión. En ese momento, mis palabras y las del resto de los querellantes fue que no era correcto reunirse unilateralmente con la contraparte para tratar temas que inciden en todos ‘, indicó Rivera.

El tema trascendió luego de que se difundiera en redes sociales una conversación entre la joven María Cecilia Jiménez y Herrera Morán.

Jiménez, de nacionalidad colombiana, es conocida de Herrera Morán y de la señora Linares. En el audio difundido, la joven Jiménez dice que sirvió como puente entre las partes que buscaban un acuerdo. ‘Marta no te conocía (a Herrera Morán), si no tienes nada que perder, habla’, reclamaba Jiménez, quien se presentó al penal la semana pasada para hacer una visita a Martinelli.

Mitchell Doens, también querellante en el caso, consideró que los acuerdos se hacen con el fiscal únicamente. Cuando Martinelli pide un acuerdo, es porque está dispuesto a declararse culpable, y una vez que lo hace, se discute el tema de las penas, resarcimiento al Estado y las víctimas. Él no ha hecho ningún acuerdo, mal se puede hablar de eso’, manifestó Doens. Si la defensa no concreta sus intenciones con el fiscal es por gusto hablar de supuestos acuerdos, es perder el tiempo, acotó el también político.

Aunque a la fecha cualquier arreglo entre las partes ha sido infructuoso, sigue siendo una posibilidad en el caso.

 

Adelita Coriat

 

 

Magistrado Luis Ramón Fábrega será el ponente en demanda contra Rómulo Roux

El magistrado Luis Ramón Fábrega será el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que presentó Rodrigo Sarasqueta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Rómulo Roux, precandidato presidencial de Cambio Democrático (CD). Sarasqueta, también precandidato presidencial para las primarias de CD el próximo 12 de agosto, presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el acto de inscripción de Roux. En su denuncia, Sarasqueta alega que Roux habría renunciado a la nacionalidad panameña, por lo que a su juicio debería quedar inhabilitado para las elecciones. Sarasqueta – exasesor presidencial de Ricardo Martinelli- ya había impugnado la candidatura de Roux ante el Tribunal Electoral, pero sufrió un revés. El Juzgado Cuarto Electoral rechazó de plano “por improcedente” el recurso de impugnación.

José González Pinilla

 

Testigo protegido, la clave para la defensa y la fiscalía

Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, solicitó ayer al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la continuación de la audiencia intermedia, que el magistrado fiscal, Harry Díaz, realice varias correcciones al escrito de acusación que presentó el pasado 9 de julio de 2018.

Entre las peticiones, la defensa intentó que Mejía obligara al fiscal a revelar el nombre del testigo protegido, así como el contenido de un sobre con las transcripciones de un disco compacto que tiene información sobre los pinchazos. La defensa pretende atacar esta prueba más adelante en el juicio.

Sittón también requirió al juez Mejía que se le brinde una copia del contenido de las siete carpetillas que guardan el resultado de una diligencia de inspección ocular al correo electrónico del que se recuperó información, que fue entregada por el fiscal al juez en un sobre cerrado en audiencia previa. De no hacerlo, exclamó la defensa, se sentirían en desventaja procesal por desconocer el contenido de los cuadernillos a los que se requiere hacer pruebas periciales para atacar o invalidar la evidencia.

El fiscal se opuso a revelar la identidad del protegido y el contenido del sobre cerrado con la información de las carpetillas con datos sensitivos. No obstante, la defensa insistió en conocer el nombre de esta persona y el objeto del mismo en el caso para establecer una teoría de la defensa. Así se trancaron las posturas.

El juez dio un plazo de cinco días para que las partes puedan acercarse, y que se explique a la defensa la decisión que tome el fiscal en cuanto a corregir la acusación. ‘Yo no quiero hacerlo como juez, prefiero que se comprendan las partes para que se sientan en iguales condiciones en este proceso’, indicó Mejía.

DEFENSA METICULOSA

Una de las observaciones recurrentes de la defensa es que la acusación no cumple con la técnica de la relación precisa y circunstancial de cada hecho que citó el fiscal.

Por tal motivo, solicitó al juez varios reparos: enlazar los hechos con los tipos penales; que le brinde los datos generales del testigo protegido; acceso a un sobre que contiene siete cuadernillos con las transcripciones de los correos de la cuenta ‘bradpty507@gmail.com’, de la que supuestamente los forenses recuperaron información sobre correos, imágenes, textos o archivos y grabaciones de audio, de las víctimas. El apoderado también pidió que se enumeren correctamente las pruebas testimoniales, así como las documentales que presentó el fiscal en la acusación ya que presenta saltos.

El defensor de Martinelli leyó los primeros párrafos de la acusación en los que se relatan, de forma general, los hechos y el tiempo en que ocurrieron los supuestos delitos de interceptaciones, así como los grupos a quienes se les vulneraron sus derechos: sindicalistas, políticos, periodistas, etc. Sobre lo anterior, alegó que la acusación carece de precisión en cuanto a la identificación de los funcionarios del Consejo de Seguridad a los que supuestamente Martinelli dio órdenes de interceptar las comunicaciones, y los nombres de las personas vulneradas.

La técnica de acusación, de acuerdo con Sittón, requiere que se identifique con nombre propio a las víctimas a las que se les vulneró sus comunicaciones, en vez de encasillarlas en grupos sindicales, civiles y políticos, a los que se refiere el fiscal en los primeros párrafos de la acusación.

El fiscal confeccionó la acusación por bloques. Es decir, enumeró una serie de testigos y el delito que pretendía probar con sus declaraciones. No obstante, Sittón pretende que el fiscal enumere cada uno de los testigos y que enlace cada delito. Pidió, en particular, que se detalle para qué se requiere la comparecencia de Gustavo Pérez y de Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad durante el mandato de Martinelli. De esta forma, cuando se acerquen las observaciones de fondo, la defensa pueda aceptarlo como testigo o no.

Luego argumentó que ‘debe haber, hechos, derechos y pruebas que tienen que ir concatenados, pero el fiscal solo habla de dos delitos, que son contra la intimidad, y no de los dos delitos de fraude’, dijo Sittón.

‘O el fiscal suprime en la acusación el delito contra la administración pública, o agrega los hechos que considera que corresponden a esa acusación en cuanto a este delito. También tiene que decir para qué quiere a cada testigo y qué pretende probar con cada uno’, añadió.

En cuanto a la participación delictiva que se le atribuye a su cliente, el defensor reclamó que se debió establecer el aspecto objetivo y subjetivo.

Fue entonces que salió el tema del testigo protegido. ‘En la carpeta existe una nota del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, que establece que no se ha ubicado a esta persona y que su teléfono sonaba apagado’, leyó el abogado. Seguidamente, la defensa recordó que el fiscal revelaría, en la fase intermedia, la identidad de esta persona, razón por la que solicitó conocer las generales del protegido y qué entidad lo ubicaría.

Después de un receso de tres horas, se retomó la audiencia para que la defensa presentara las correcciones del querellante autónomo, Rosendo Rivera, quien acusó a Martinelli por dos delitos, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. En cambio, los querellantes que se adhirieron a la querella del fiscal lo hicieron también por dos delitos contra la administración pública.

Sittón dijo que el escrito de Rivera es una réplica de la acusación del fiscal, que ‘coincide en un 95%’. Narró los mismos errores de la fiscalía.

‘Los alegatos del autónomo no corresponden con la técnica ni la estructura de los elementos de convicción que vinculan al acusado’, manifestó el abogado. Además, adoptó los mismos elementos de prueba que empleó el fiscal en su escrito.

El fiscal respondió que la vinculación de Martinelli a los hechos de los que se le acusa es en calidad de autor.

Hay quienes se preguntan, por los libros que presenta en cada audiencia, si el expresidente participa en un círculo de lectura en el penal ‘El Renacer’. Ayer tenía Los Templarios , de Juan Eslava Galán. Parece que Eslava Galán es uno de los autores preferidos del exgobernante, porque en una audiencia previa llevaba La Primera Guerra Mundial contada para escépticos , también de su autoría.

El juez citó a una nueva audiencia para el martes 24 de julio.

Martinelli dice ‘no’ a un posible acuerdo de pena

A pocos minutos de haber iniciado la audiencia intermedia contra el expresidente Ricardo Martinelli, a las 10:26 a.m., uno de sus colaboradores salió del salón del Segundo Tribunal de Justicia con un papel en la mano en el que se leía: ‘Jamás aceptaré hacer un acuerdo de pena, este juicio es político porque soy inocente, todo es fabricado por Varela’. El texto estaba escrito a mano en una hoja de rayas en la que se leía la firma de Ricardo Martinelli.

El juez apenas había iniciado la sesión en la que la defensa contestaría los argumentos que empleó la fiscalía en su acusación. Sin embargo, para Martinelli era imprescindible mostrar la nota a la prensa, para dejar claro que no haría un arreglo de pena con los querellantes o el fiscal.

La aclaración del exgobernante se debe a los rumores que han surgido en referencia a las vías legales por las que podría optar la defensa del expresidente, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que mantiene la competencia sobre su cliente.

En este sentido, una alternativa es continuar con el proceso como hasta ahora. Pero la otra sería establecer un arreglo de pena con la fiscalía y los querellantes. Una posibilidad que puede estar presente en los procesos de esta naturaleza, pero aunque Martinelli lo niegue, los querellantes hablan de previos acercamientos.

Según Nicomedes Castillo, abogado de Juan Carlos Navarro, los abogados del exgobernante se acercaron al fiscal a mediados de junio, cuando las audiencias estaban a punto de iniciar. ‘Alma Cortés se acercó con el fiscal y los querellantes para explorar la posibilidad de un arreglo de pena, pero no se arribó a nada y por tal razón no se presentó ante el juez de garantías’, indicó el abogado.

Castillo agregó que su cliente no se opondría a un arreglo de pena y que aún no han presentado un monto de resarcimiento que compense el daño que causó la violación a la intimidad de las comunicaciones de Navarro.

El otro lado de la moneda de un acuerdo de pena consiste en que si Martinelli acepta su responsabilidad de haber pinchado los teléfonos de las víctimas, asumiría una culpa que siempre ha negado. El expresidente insiste en que su caso es político, que es inocente y que todo se trata de una venganza del presidente Juan Carlos Varela.

Por otro lado, un arreglo de pena implicaría resarcir a las víctimas monetariamente. Hasta ahora, el único que ha solicitado una compensación es el querellante autónomo Rosendo Rivera, por casi $1 millón.

Martinelli tendría que negociar con el resto de los afectados, en la rama civil y cada uno por separado, lo que corresponde a cada uno, en caso de hacer este trato que hasta ahora niega la defensa.

 

Adelita Coriat

 

Defensa de Martinelli contesta hoy acusación de los querellantes

Llegó el turno de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para objetar, limpiar y refutar la acusación del fiscal Harry Díaz contra su cliente.

Solventados casi una docena de recursos presentados por el equipo de abogados del exmandatario, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, debe hoy dar la palabra a Sidney Sittón, abogado de Martinelli, quien anticipó que contestará la acusación desde el punto de vista técnico.

‘Se trata de una argumentación a cada señalamiento’ del fiscal ante la conducta y los elementos que ofrece como prueba, explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados El rol de la defensa radica en demostrar que los hechos no corresponden al tipo penal planteado por el fiscal o el querellante autónomo, Rosendo Rivera, o que no son conducentes para probar lo que asegura el fiscal.

También es un instante importantísimo para el juez de garantías. Jerónimo Mejía es quien debe garantizar que estas dos teorías enfrentadas, sin punto de encuentro, arriben a la etapa de juicio oral con las mismas armas, sin que se perciban desventajas de uno u otro lado. Se impone el principio de la defensa plena de cada parte.

Araúz analiza que el fiscal ya ha presentado sus fundamentos de prueba, pero la defensa tendrá que introducir elementos de convicción y oponerse a los que el fiscal invocó. ‘Esto puede hacerse alegando que la técnica no fue la correcta’, señala el abogado.

La defensa ha avanzado que la querella autónoma es muy similar a la presentada por la Fiscalía. Es decir, que los testigos que invocó la fiscalía coinciden en un 95% con los que anunció Rivera. No obstante, se trata de hechos distintos, y hubiera esperado que se marcaran las diferencias entre ambos. ‘Además, el fiscal debió explicar no leer la acusación como si se tratara de un libro’, mencionó uno de los abogados a este diario.

Es posible, dice el expresidente del gremio, que cuestionen ritualidades del proceso y en la forma en que se desarrolló la lectura de la acusación. Es decir, que la fundamentación de la acusación debía hacerse explicando la relación de cada testigo en una ambientación de lo que querían de cada uno de ellos, recreándolo para asociarlo al delito.

ETAPA DEL PROCESO

Se espera que a partir de hoy la defensa sustente la inocencia de Martinelli

Hasta ahora en el proceso ha sido evaluada una docena de recursos de los abogados defensores.

El abogado defensor Sidney Sittón dice que responderá a los elementos acusatorios.

Por tanto, el desafío de Mejía consiste en cómo limpiar de impurezas el enfrentamiento en el juicio oral, de una forma en que se palpe que hay igualdad de armas. Esta etapa es la más importante para conocer el valor de los hechos que por obligación son antagónicos.

Especula Araúz que la defensa puede ‘continuar con su estrategia de atacar, pero cualquier debate técnico jurídico en esta etapa, más allá del sustento de una norma, es el conjunto del ordenamiento jurídico para resguardar el rol de defensa, de víctima o de fiscal. Es un ejercicio de interpretación del juez que tiene que primar en una situación del conflicto’.

A lo mejor la defensa invoca testimonios que puedan contradecir algún personaje clave para la fiscalía.

Durante las audiencias que se realizaron en Miami, Florida, en el proceso de extradición, los abogados de Martinelli cuestionaron la declaración del único testigo que lo apunta como autor de las intervenciones telefónicas y seguimientos, Ismael Pittí, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que radica en el extranjero.

También podrían presentar actores del mismo rango que muestren una versión diferente a los hechos que se explican, o atacar la credibilidad de un testigo (a través del interrogatorio en la fase de juicio oral).

‘Ellos apostarán a reducir la lista de testigos y que la acusación se tenga como no presentada’, apuesta Araúz.

Pueden traer a colación convenciones internacionales, pueden apelar a cualquier herramienta que les permita decir que la acusación está basada en inobservancia de la ley.

En este periodo, según explicó Araúz, se pueden descartar testimonios pero con un sustento de conducencia; es decir, alguien que no guarda relación con los hechos que se revisan, puede ser inconducente.

El nivel de los abogados adquirirá relevancia en cuanto a la técnica que empleen. Hay algunos bufetes que dividen a su equipo. Una parte se encarga de la audiencia de juicio, otra de la fase intermedia, y así. El sistema coloca cada etapa en un tipo de especialidad para el abogado, según sus destrezas de interrogación.

Hasta ahora, Mejía no ha intervenido de manera coercitiva, a pesar de que los querellantes han solicitado que se sancione a la defensa por los excesos que han empleado. Es posible que el juez mire esto como parte del enfrentamiento natural que existe entre las partes. Hasta la fecha, no ha multado o iniciado un proceso disciplinario contra la defensa.

Mejía tendrá el reto de demostrar que ninguna de las partes se sienta en desventaja para probar su teoría del caso: qué, cómo, cuándo, y dónde ocurrieron los hechos. ‘Son visiones contrarias, el juez debe garantizar no que uno entre con menos fuerza que otro, sino que lo hagan en partes iguales’, concluyó Araúz.

 

Adelita Coriat

 

Corte confirma decisión de Mejía

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en función de apelación, tardó más de cinco horas para rechazar el recurso de nulidad por doble juzgamiento anunciado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli ante el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Los magistrados, de forma unánime, consideraron que no se configura el principio de non bis in ídem o cosa juzgada, ya que en el presente caso ‘no se cumplen los elementos mínimos que se adecúen a esta doctrina, puesto que se trata de hechos distintos y personas diferentes, y sin sentencia ejecutoriada’.

Carlos Carrillo, apoderado de Martinelli, alegó que en 2011 la Asamblea Nacional desestimó tres querellas por interceptaciones telefónicas ilegales. Una de ellas en perjuicio de Juan Jované, Alberto Guardia y otros; otra querella interpuesta por el entonces presidente del Partido Popular, Carlos Ernesto González, y una tercera que interpuso Luis Ernesto Carles (quien fungió como ministro de Trabajo 2009-2011).

Para el Pleno, las resoluciones de la Comisión de Credenciales no se admitieron y las denuncias se archivaron por falta de pruebas. Aunado a esto, no coinciden con los hechos en la carpetilla 138-15 que se le sigue al exmandatario. Por tanto, no se puede hablar de doble juzgamiento.

El Pleno actuó en ausencia del exmandatario, quien nuevamente se encuentra incapacitado por 24 horas adicionales a las 72 horas ya concedidas el lunes pasado. Pero eso no fue obstáculo para se vieran llegar a la Corte varias patrullas y linces que transportaban al detenido para que presentara el certificado que prolongaba su incapacidad.

PLENO EN APELACIÓN

Estuvo conformado por ocho magistrados

Hernán De León (presidió), Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), Efren Tello (suplente de Luis R. Fábrega, quien solicitó licencia), Abel Zamorano, Ángela Russo, Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz), Oydén Ortega y Luis Mario Carrasco (suplente de Cecilio Cedalise), Jerónimo Mejía no tuvo suplente.

Su abogado, Carlos Carillo, señaló a los medios que se trataba de un dolor molar, pero sin precisar la dolencia del expresidente. Este medio conoció que se debió a un corte de sutura de la extracción de una muela. En todo caso, para el magistrado Hernán De León no fue una excusa para suspender la audiencia.

Ante el Pleno, lo primero que hizo Carrillo fue desistir del recurso de hecho que también se debía dirimir ayer, ya que la Corte tomó decisión previa sobre la recusación contra el magistrado Mejía. Esta moción fue aceptada por el Pleno.

Seguidamente, Carrillo argumentó sobre el non bis in ídem o doble juzgamiento. Comenzó por enunciar la separación de poderes y las funciones que tiene el Órgano Legislativo, la facultad que tiene la Comisión de Credenciales para juzgar a magistrados y presidentes en ejercicio. En este aspecto, dijo que el juez Mejía infringió la norma al descartar lo actuado por esta Comisión, que archivó tres denuncias en contra de su cliente. Añadió que el caso en cuestión es cosa juzgada, ya que desde el momento en que se presenta la acción penal se da inicio al proceso.

‘Hubo tres denuncias (en la Asamblea Nacional) presentadas por líderes sindicales. Dos resueltas en enero de 2011 y una en abril de 2013. En esta última se hacía énfasis que en el Consejo de Seguridad se habían efectuado intervenciones’, señaló Carrillo, quien agregó que se ordenó el archivo de las mismas.

Por lo anterior, solicitó al Pleno se anule la decisión del juez de garantías de no admitir cosa juzgada.

Después llegó el turno al fiscal Harry Díaz, quien aclaró que la incapacidad de Martinelli vencía ayer a la 1 de la tarde.

Precisó que la versión de la defensa no es correcta, ya que para que exista un doble juzgamiento es necesario que se conjuguen tres elementos: identidad de las partes, el mismo hecho y que el proceso haya concluido en una sentencia o sobreseimiento. ‘Ninguno de estos hechos coinciden con lo que reclama la defensa, solo que se trata de la misma persona, Ricardo Martinelli’, dijo el fiscal, quien solicitó se confirme la decisión de Mejía.

Mientras que el vocero de los querellantes, Carlos Herrera, reforzó las palabras del fiscal en cuanto a la trilogía procesal y solicitó al Pleno se reniegue la apelación de la defensa y se confirme lo actuado por el juez.

David Cuevas, abogado del querellante autónomo Rosendo Rivera, recordó que dos de las querellas presentadas en la Comisión de Credenciales se recibieron el 3 de enero de 2011 y se desestimaron dos días después. La tercera, contra el Consejo de Seguridad, fue presentada en marzo de 2013 y archivada en abril del mismo año. ‘¿Qué investigación pudo haber hecho la Comisión en dos días o un mes?’, preguntó Cuevas. El abogado solicitó que se le llame la atención a la defensa por prácticas dilatorias en el proceso.

En audiencia del 4 de julio pasado, el magistrado Mejía decidió que para se declare cosa juzgada debe existir una sentencia en firme o un auto de sobreseimiento, pero no fue así en el caso de la Asamblea, donde se archivaron los expedientes. Carrillo apeló la decisión de Mejía.

 

 

Adelita Coriat

Juez Mejía espera informe médico para reanudar audiencia

El magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías, reanudará la audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli una vez reciba el informe médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de los doctores que lo atienden en el Hospital Santo Tomás, tras sufrir una crisis de hipertensión, el lunes.

La abogada de la defensa, Holanda Polo, quien habló por primera vez durante todo el proceso que se inició el pasado 11 de junio, responsabilizó a Mejía de la salud de su cliente, ya que, según ella, el juez ‘lo agota’ y, sin querer, comete una tentativa de homicidio. ‘El tribunal lo somete a extensas audiencias, alto estrés. La certificación está ahí y se está cometiendo, sin querer, un homicidio en grado de tentativa, porque sabe el estado de salud en que se encuentra Martinelli’, manifestó la abogada al juez en la sala de audiencia.

A la salida, Polo indicó a los medios que hoy presentará una querella en contra del magistrado Mejía por tentativa de homicidio, por atentar contra la vida de Martinelli, y por delito contra la libertad individual, que dice que ningún detenido puede ser sometido a torturas psicológicas, delito que tiene pena de cinco a ocho años.

MITCHELL DOENS
ACUSADOR

‘La gente que aparece señalándolo, algunos de su círculo cero y otras personas de su gabinete (causan en Martinelli preocupación). Está viendo la causa perdida’

Hoy se espera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determine si mantiene la competencia del caso. La defensa de Martinelli presentó un amparo de garantías que pretende trasladar el caso a un juez de circuito, argumentando que Martinelli ya no es diputado del Parlamento Centroamericano. Al no tener esa condición especial, sus abogados alegan que debe ser juzgado por la justicia ordinaria.

La de este martes fue la audiencia más breve que ha presidido el magistrado Mejía en este proceso. Solo duró 14 minutos y se realizó en ausencia del acusado, quien se encontraba internado en el Hospital Santo Tomás desde la noche anterior.

El lunes, cerca de las diez de la noche, cuando culminó la audiencia en la que el fiscal acusó al expresidente de cuatro cargos y pidió una pena de 21 años, Martinelli sufrió otra crisis hipertensiva y —según su abogada— tuvo que ser trasladado en camilla desde la Corte hasta el nosocomio, donde pasó la noche en cuidados semiintensivos.

El Sistema Penitenciario envió una nota a la Secretaría de la Corte en la mañana de ayer para notificarle sobre la situación del reo.

El fiscal Harry Díaz solicitó al juez que el exgobernante fuera evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para acreditar su estado de salud y reprogramar la audiencia.

Díaz se quejó de que la audiencia ha sido dilatada en múltiples ocasiones, por los abundantes recursos que interpone la defensa de Martinelli o por su estado de salud.

La defensa contestó a la Fiscalía que entre los documentos que se habían aportado al juez en horas de la mañana había un informe de cardiología en el que se constata que su cliente ha sido sometido a procesos extensos.

‘Tenemos a una persona enferma. Que en Estados Unidos estaba bien, (pero) ahí no tenía este estrés, no tenía este ritmo, ahí tenía compañeros’, dijo Polo en la audiencia.

Mitchell Doens, del grupo acusador, expresó que Martinelli se ha dado cuenta de su situación. ‘La gente que aparece señalándolo, algunos de su círculo cero y otras personas de su gabinete’, causan en Martinelli preocupación. ‘Está viendo la causa perdida’, consideró Doens, ‘(su estado salud) se agrega como un elemento más que se debe tomar en cuenta en el proceso, porque hay que evitar que le pase algo, y ser pacientes’.

‘No obstante, en algún momento regresará frente al juez. El expediente es fuerte y los testigos… eso es lo que lo tiene así. Ayer, por primera vez, él escuchó los argumentos probatorios que hay en su contra, eso fue lo que lo descompensó’, añadió Doens.

Sobre la decisión que debe adoptar el Pleno hoy, Doens dijo que es un tema ventilado y que es muy difícil que los magistrados cambien de opinión. ‘No debió haberse admitido el recurso. Usted se imagina que la Corte es la que acepta la acusación, nombra al juez de garantías y al fiscal, que diga ahora que no tiene competencia, no es lógico. No veo qué argumentos se pueden utilizar para decir que no tienen competencia’, puntualizó.

 

Adelita Coriat

Acusadores mostrarán pruebas contra Martinelli

El fiscal Harry Díaz ha acumulado testimonios y documentos que le servirán para probar los cuatro delitos por los que acusa al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos de fraude en varias formas y por pinchazos telefónicos, seguimientos y vigilancias sin autorización judicial.

En la audiencia de hoy, Díaz deberá leer la acusación frente al exmandatario y mostrar a las partes las pruebas para sustentarla.

Así ha reunido el testimonio de gran parte de las víctimas, que aunque no se han constituido como querellantes, serán las voces que respaldarán la teoría acusadora de que durante el gobierno de Martinelli, se les violó su intimidad y, en ocasiones, estas conversaciones fueron divulgadas en las redes sociales.

Entre los testimonios que han citado tanto Díaz como el querellante autónomo Rosendo Rivera como acusadores, se encuentran dos expresidentes de la República Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro y el actual presidente Juan Carlos Varela, así como su hermano y diputado José Luis ‘Popi’ Varela.

Además de estas personas, el fiscal también tiene en la lista a reconocidos empresarios como Stanley Motta, dueño de la empresa de aviación Copa y Televisora Nacional TVN, así como al gerente general de ésta empresa Luis Mouynes. Los mencionados se encuentran entre 70 víctimas entre las que también se incluye a Erasmo Pinilla, entonces magistrado del Tribunal Electoral, a Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, así como a periodistas, políticos y el alcalde capitalino José Blandón.

Con estos testimonios se pretende probar que se desarrollaron actividades de inteligencia que implicaron la interceptación de sus comunicaciones privadas por telefonía y por WhatsApp, correos electrónicos y con la utilización de artificios técnicos de escucha que permitieron la grabación de sus conversaciones, ya fuera de temas políticos, su vida íntima o agenda de trabajo de la persona en mención.

El fiscal también cuenta con las versiones de algunos miembros del entonces gabinete de Martinelli, como por ejemplo sus dos exministros de la Presidencia (Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu y Roberto Henríquez), quienes se han desvinculado de las actividades del Consejo de Seguridad Nacional y aseguran que las relaciones entre Martinelli y este organismo se daban de manera directa y sin su intervención.

Díaz solicitará que se cite también a José Muñoz Molina, copartidario y amigo de Martinelli, para probar que el acusado se reunió con el diputado Yassir Purcait en su despacho, donde le presentó una serie de videos que evidenciaban interceptaciones de comunicaciones ilícitas.

Tanto la Fiscalía como Rivera han afinado detalles para introducir nuevos elementos convincentes sobre los hechos que acusan a Martinelli y para evitar duplicidades.

En este sentido, se han arropado de varios testimonios, tanto de exfuncionarios del Consejo de Seguridad, así como de los detectives policiales a quienes encomendaron realizar las inspecciones oculares de los equipos tecnológicos hallados en el edificio 150 de Quarry Heights, donde se ubica el Consejo de Seguridad.

No obstante, dos de los testigos Rony Rodríguez (jefe de inteligencia del Consejo) y William Pittí, exfuncionario del Consejo que solicita la Fiscalía no han sido localizados.

La idea de los acusadores es acreditar que se conocía la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos y los seguimientos que se hacían de forma ilegal.

Se han contemplado aproximadamente quince testimonios de funcionarios del Consejo como parte de estas pruebas. Con sus declaraciones, el fiscal pretende probar que Martinelli era el autor de los hechos y que existía un modus operandi para tal fin.

Entre los testigos también están Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Jaime Moltó, exdirectores del Consejo.

Al primero, porque dijo que Rony Rodríguez tenía órdenes de trabajar con la presidencia de la República.

A Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia, lo sentarán en el estrado para que ratifique que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del presidente, y que no existe acta o reunión en la que él haya participado como ministro, ya que todas las reuniones eran en el Consejo de Seguridad.

Otro testimonio clave de la parte acusadora se recarga en Júbilo Graell, un exfuncionario del Consejo que señaló a Rodríguez como instructor de vigilancia y seguimiento a ciertos objetivos que interesaban al Presidente, y que él lo llevaba todas las mañanas a la Presidencia a entregar un sobre amarillo.

PRUEBAS DE LOS DELITOS

La parte acusadora ha recopilado testimonios y documentación

72

Testimonios citarán los querellantes y la Fiscalía

46

Documentos que contienen diligencias de inspección ocular, contratos, notas, además de dos pruebas periciales.

Este funcionario del Consejo también atestiguó que fue él quien trasladó un rack que se usaba para los servidores desde la sede del edificio en Ancón hasta el Súper 99 en Monte Oscuro, donde se encuentran las oficinas centrales del negocio del expresidente.

No obstante, la parte acusadora no cuenta con los softwares que se utilizaron para el espionaje del que se acusa a Martinelli. Cuentan con la documentación que contiene el contrato que se hizo entre el Estado y las empresas proveedoras de los equipos, mas no con el equipo en sí.

En cuanto a la documentación que mostrarán los acusadores, se cuentan más de 48 elementos que consisten en actas de inspección ocular a diferentes lugares, como residencias, oficinas, el hotel donde se hospedaron los proveedores del equipo, los autos de la Sala Penal que confirman que los números pinchados no contaban con una autorización judicial, copia de contratos y otros cuadernillos con las inspecciones oculares que guardan reserva por disposición de la Sala Segunda Penal en cuanto a su contenido, evitando de esta manera su publicidad para no revictimizar a los afectados.

Entre las pruebas periciales que recolectaron los acusadores hay diligencias realizadas a un disco duro en el que se encontró el correo desde el cual se enviaba información de los casos solicitados.

El perito Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal, hablará de los hallazgos en las computadoras y explicará las diligencias de inspección ocular efectuadas a los tanques de Balboa, punto donde se encontraba el enlace de Internet de banda ancha que era utilizada.

La acusación penal contra Ricardo Martinelli

Entre los años 2012 hasta mediados de mayo de 2014, en la planta alta del edificio 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en Quarry Heights, Ancón, funcionarios de esta institución, por órdenes del entonces presidente, Ricardo Martinelli, realizaron interceptaciones ilícitas de comunicaciones de un número plural de ciudadanos.

Las escuchas se hacían a los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, de gremios educativos, grupos de la sociedad civil, abogados, médicos. Los actos implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos. Para estas acciones, se utilizaron equipos, personal del Consejo de Seguridad y dineros provenientes del Estado.

Con este objetivo, se estableció, por parte del entonces presidente, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado a través del cual se daban instrucciones para que los funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de sus actividades y que no contaban con una orden judicial, realizaran intervenciones de las comunicaciones en distintas modalidades, por ejemplo, vigilancia y seguimiento de personas a quienes se les denominaba ‘objetivos’. Estos blancos podían ser de grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, haciendo extensiva esta violación de los derechos humanos, en algunos casos, a las familias o amistades del individuo que estaba siendo vigilado. Para la realización de estos ilícitos, Martinelli suministró los equipos, recursos y personal necesario.

Los hechos descritos constituyen los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (artículos 167 y 168 del Código Penal), delitos contra la administración pública, en diferentes formas de peculado (artículos 338 y 341 del Código Penal).

 

Adelita Coriat

Ministerio de Gobierno busca modificar ley sobre justicia de paz

El Ministerio de Gobierno iniciará el 19 de julio próximo un proceso de consultas sobre posibles modificaciones a la Ley 16 del 17 de junio de 2016, mediante el cual se establece la Justicia Comunitaria de Paz. La medida busca fortalecer las bondades de este nuevo sistema de justicia administrativa.

Luego de realizar las evaluaciones sobre el proceso de implementación y funcionamiento de las nuevas Casas de Justicia Comunitaria de Paz, el Ministerio de Gobierno, en base a los resultados, se prepara para comenzar un periodo de consultas con el principal propósito de elaborar un proyecto de Ley consensuado para fortalecer la Ley de Justicia de Paz, el cual será llevado a la Asamblea Nacional para su discusión, señala un comunicado de la entidad.

El Ministerio de Gobierno creará una mesa de consultas integrada por las instituciones públicas, municipales y organizaciones de la sociedad civil y está recibiendo sugerencia sobre la consulta al correo drac@mingob.onmicrosoft.com.

 

José Arcia

 

Decisión del Pleno es clave en el proceso contra Martinelli

El lunes será una fecha importante para la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, procesado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, así como fraude en varias modalidades.

El Amparo presentado por sus abogados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pretende quitarle al juez de garantías Jerónimo Mejía, la competencia del caso. Ese mismo día se dará continuidad a la audiencia intermedia contra el expresidente que entra en la fase de acusación.

En audiencia previa del 26 de junio, el juez negó a la defensa el recurso que pretendía extraer de esa jurisdicción el caso de su cliente, alegando que había perdido el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano.

En aquella ocasión, el juez dijo: “No puede dejarse, que la voluntad de una persona distorsione el sistema. De ahí que existen límites sustanciales a la pretensión tales como debido proceso, derechos de la víctima, justicia en plazo razonable y derechos de la víctima que impiden que la Corte pierda competencia”. Por lo cual, el magistrado de garantías negó la pretensión declinatoria de competencia solicitada por la defensa y declaró que mantiene, retiene, y no pierde competencia, ni el magistrado ni el Pleno de la Corte por una pérdida del cargo de diputado.

No obstante, la defensa insistió en este recurso. Cuando se admite un Amparo, se hace en sala unitaria. Pero cuando no es así, el ponente debe llevar el proyecto al Pleno para que este tome una decisión. Ayer se conoció que el magistrado Oyden Ortega llevó el Amparo al Pleno. Lo que según fuentes judiciales, es indicativo de que “no estaban admitiendo el amparo, es decir, que esta presentando un proyecto de no admisión”.

Si se toma la decisión de declinar la competencia, debe haber una comunicación inmediata a la audiencia que impartirá el lunes el juez de garantías. Si el lunes no se admite el amparo, “los magistrados no verán el fondo de la competencia, pero si se llega a admitirse, tienen que decidir sobre el fondo de la competencia”, indicó la fuente.

La defensa de Martinelli ha circulado una nota del Parlacen en la que certifica formalmente la renuncia del expresidente a este organismo regional. Lo que pretenden los abogados es que el caso baje al juzgado XVI, Enrique Pérez, quien ya tiene conocimiento del caso de pinchazos que involucra a exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz a espera de audiencia en septiembre próximo.

La defensa de Martinelli alega que el día que presentaron recurso contra el magistrado Mejía para declinar competencia, ninguna de las partes, querellantes o Fiscalía, se opuso a que el caso fuera remitido al juzgado en mención.

Sin embargo, Rosendo Rivera, querellante autónomo expresó a La Estrella de Panamá que el expresidente no puede ser quien escoja a su juzgador. “Martinelli escogió la competencia de su caso al hacerse diputado del Parlacen, no renunció en tiempo oportuno tratando de buscar en la Corte salvación a sus problemas, así que la Corte ejecuta un acto de investigación y debe haber un término para que la persona pueda renunciar a una prerrogativa. No se puede dejar alegremente a una persona la decisión de quién lo juzga, sino que es la ley, no es un derecho del imputado”, dijo el querellante.

 

Adelita Coriat

Abogado presume que lo persigue el Consejo de Seguridad

‘Tengo miedo de que me vayan a matar’, así reaccionó el abogado Luis Alberto Levin Montero en un breve comunicado que hizo llegar en horas de la tarde de ayer a La Estrella de Panamá .

El 27 de junio pasado, Levin Montero interpuso una denuncia penal en la que señala que funcionarios de la actual administración de gobierno ‘han montado una estructura para beneficiarse de contratos con el gobierno usando su influencia y su cargo’.

En el comunicado, Levin Montero señala que ayer a las 3:00 p.m. se presentaron a su residencia dos sujetos. ‘Presumo son del Consejo de Seguridad’, indica.

En la breve comunicación, Levin Montero no informó si las dos personas tuvieron acceso a su residencia o intercambiaron palabras con él u otra persona en el lugar.

Por medio de dicha nota, el abogado asegura que ‘se trató de un acto de intimidación por haber denunciado un posible caso de corrupción que vincularía al secretario del presidente Varela, Raúl Sandoval’.

INDIGNACIÓN

En el segundo párrafo del comunicado, que no tiene más de diez líneas, el abogado afirmó: ‘Esto es totalmente reprochable porque lo que yo hice está dentro de los deberes ciudadanos’.

Según el escrito que se recibió a través de mensajería instantánea y que firma el abogado Luis Alberto Levin Montero, lo que recibe por su actuación ‘son represalias’.

Añade el abogado que ‘no puede ser que se haya puesto en conocimiento posibles actos de corrupción’ y es a él a quien se ‘persigue’.

‘Tengo miedo de que me vayan a matar’, reconoció Levin Montero en el texto electrónico.

El abogado solicitó en la denuncia presentada el 27 de junio ante el Ministerio Público que se investigue la adquisición de propiedades en el exclusivo proyecto La Mare, en Punta Barco.

La información recabada por el denunciante apuntaba a que Raúl Sandoval había adquirido una propiedad en ese exclusivo proyecto.

A estas supuestas compras se suman dos carros Mercedes Benz valorados en $150 mil cada uno y un apartamento en Punta Pacífica valorado en $1 millón.

Sandoval, por su parte, ha reclamado que es objeto de ataques con motivaciones mediáticas que se hacen eco de una denuncia temeraria.

El funcionario añadió que en su momento ejercerá su derecho a defenderse legalmente ante las insinuaciones ‘sin fundamento’ del denunciante y de quienes mediaticen un tema basado en calumnias.

Según Sandoval, los bienes de su propiedad están sustentados en créditos bancarios con sus respectivos plazo de pago a 20 y 30 años y fueron adquiridos durante su trayectoria laboral tanto en el sector privado como en el público.

En la denuncia Levin Montero menciona a Rafael Flores, también secretario privado del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Rafael Flores niega hechos denunciados

‘Es completamente falso que haya adquirido a mi nombre o por interpuestas personas una casa o mansión de playa’, aclaró ayer Rafael Flores, uno de los secretarios privados del presidente la República, Juan Carlos Varela.

Según informó Flores a través de un comunicado, las afirmaciones del denunciante que lo señalan son ‘calumniosas’.

El funcionario puntualizó que se trata de ‘publicaciones falsas, sembradas, con motivaciones mediáticas y políticas’.

El secretario privado del Presidente, que enfrenta una denuncia en el Ministerio Público, adelantó en el comunicado que acudirá voluntariamente ‘a dejar evidencias de calumnias y falsedades de las que soy objeto en una denuncia temeraria, cuyos autores sabrán asumir los efectos de sus acciones’.

Marlene Testa