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CNA apuesta por el Pacto por la Justicia

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) se propone dar un nuevo impulso al Pacto de Estado por la Justicia, así lo manifestó la nueva junta directiva de este gremio representada en Dionisio Rodríguez, como presidente, y Alfonso Fraguela en conversación con La Estrella de Panamá .

Según el dirigente, cualquier cambio se debe hacer desde adentro de este ente que fue creado con el objetivo de aportar para fortalecer la justicia panameña.

PACTO POR LA JUSTICIA

La nueva directiva del Colegio de Abogados respaldará la iniciativa

El CNA aportará desde adentro del gremio para cambiar el sistema de justicia.

Como actores principales no se pretenden desligar de esta instancia para fortalecer la justicia panameña.

Rodríguez dijo que así como se requiere escribir una nueva página dentro del CNA, también es necesario que los profesionales presenten sus aportes para mejorar el sistema de justicia.

En reunión realizada la semana pasada, la directiva del CNA comunicó la decisión de reincorporarse al pacto.

Para este miércoles 23 de agosto, el Pacto de Estado por la Justicia convocó a su próxima reunión plenaria en la cual el CNA participará de manera formal en su primera sesión tras reincorporarse.

Los dirigentes afirmaron que en su momento el CNA llevará sus propuestas al Pacto, pero con las consultas previas.

Fraguela dejó claro que no estuvieron de acuerdo con la decisión de la pasada dirigencia de este organismo al ‘autoexcluirse’ del Pacto de Estado por la Justicia, porque consideran que la lucha se debe hacer desde adentro.

Cualquier propuesta del CNA debe hacerse a fin de que sean discutidas por cada uno de los gremios, instituciones y agrupaciones que forman parte del Pacto.

Durante la campaña para la elección de la nueva directiva del CNA, Rodríguez señaló que es un compromiso regresar al Pacto.

Rodríguez calificó como un ‘desatino’ que el CNA haya abandonado el Pacto, porque se ‘aísla’ al principal gremio de abogados del país de una mesa en la que se debaten temas importantes en materia de administración de justicia, y donde participan los principales actores que, de una u otra manera, forman parte del sistema de justicia nacional.

Según Rodríguez, ‘el CNA debe ser orientador de la sociedad, a fin de que se pueda retomar el rumbo del sistema’.

Los temas que se relacionan al sistema de justicia deben ser considerados y evaluados objetivamente y al margen de la política partidista, apuntó Rodríguez.

Carlos Anel Cordero

 

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Fiscalía ordena detención del empresario ‘Pipo’ Virzi

El expresidente de la República de Panamá (1994-1999) Felipe ‘Pipo’ Virzi regresará a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Esta tarde, la fiscal Séptima Anticorrupción, Alexandra Vence, ordenó su detención preventiva por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Virzi ingresó a las nueve de la mañana a la fiscalía,  para explicar un préstamo de la Caja de Ahorros a favor del consorcio HPC-Contratas-P&V que terminó en la extinta casa de valores.

Un día antes, su hermano José Virzi,  exrepresentante legal de Banco Universal, fue indagado por la fiscal.

Por este caso, el Ministerio Público se encuentra investigado a otras siete personas supuesto lavado de dinero.

Virzi, por el caso de Cobranzas del Istmo, también permaneció detenido y luego fue beneficiado con casa por cárcel tras pagar una fianza millonaria.

Redacción Digital La Estrella

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Juan Carlos Varela debe responder por ‘caso Tacla’, dicen abogados

Tras la forma ‘deficiente’ en que el Ministerio Público ha manejado las investigaciones por el proceso del pago de sobornos de parte de la empresa Odebrecht, el abogado Rosendo Rivera considera que se debe conformar un movimiento nacional que solicite una ‘depuración’ en el Ministerio Público, la cual debe incluir a la procuradora, Kenia Porcell. En una entrevista con La Estrella de Panamá , Rivera cuestiona además la manera en que los funcionarios del Ministerio Público han abusado de la figura de la reserva del sumario, para proteger a su discreción a funcionarios del actual gobierno.

ROSENDO RIVERA

Es abogado penalista que además ha laborado en el Órgano Judicial

Entre otros casos ha representado a Ricardo Martinelli en un proceso que el exmandatario entabló contra la excandidata presidebcial del PRD, Balbina Herrera.

¿CÓMO EVALÚA LA MANERA EN QUE SE HAN DESARROLLADO LAS INVESTIGACIONES DEL CASO ODEBRECHT?

En realidad para referirme a la manera en que han actuado debo decir que ha sido muy deficiente, sobre todo lo que se refiere a las revelaciones de Rodrigo Tacla Durán.

¿POR QUÉ ESA EVALUACIÓN?

La actuación no ha sido para nada transparente. Intencionalmente han ocultado pruebas o más bien cierta información que podría afectar a funcionarios del actual gobierno.

¿A QUÉ INFORMACIÓN SE REFIERE?

Conocen los hechos y no han querido divulgarlos porque saben la repercusión que pueden tener.

USTED ES ABOGADO, ¿NO SE DEBE RESPETAR LA RESERVA DEL SUMARIO?

Si se debe respetar, pero debe ser igual para todos. No sería correcto que se oculte información de personas afines al actual gobierno, pero que en lo que respecta a los de otras administraciones se les pase frente a las cámaras cuando llegan a declarar al edificio Avesa. Incluso hay caso como el de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli que han sido mencionados por funcionarios del Ministerio Público y se ha dicho que s e les investiga por tal o cual caso.

¿QUÉ DEBEN HACER EN EL TEMA DE TACLA DURÁN?

No se justifica que a la fecha, el Ministerio Público, no le haya prestado atención debida a los testimonios que ha brindado este señor.

¿QUÉ DEBE HACERSE?

Hay momentos en los que no se ha actuado apegado a ley y otros en los que se ha mentido.

¿QUIÉN MINTIÓ?

La procuradora dijo que no había recibido información de España con respecto a su declaración, pero La Estrella de Panamá publicó que tras contactar a autoridades judiciales en España, le informaron que desde el mes de mayo, habían remitido la información a Panamá. No calcularon que había otras maneras de obtener la información. Hay que ser hábil para mentir.

¿QUÉ EVIDENCIA ESTO?

Calcularon que al no revelar esta información podrían proteger a los posibles afectados o las personas que se mencionan. Al actuar de esta forma, no se cumple con la misión que se ha asignado a los funcionarios de las instituciones que deben realizar las investigaciones.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Insisto en que hay que generar un movimiento nacional para pedir la depuración del Ministerio Público, reclamar que como ente de investigación que haga su trabajo y que incluso pida la renuncia de Porcell, pues no le doy un voto de confianza en estos momentos, cuando llegó al cargo había muchas expectativas que no se han cumplido.

¿DE DÓNDE SE ORIGINA LA DESCONFIANZA?

Esto es un asunto que viene desde el nombramiento. Hay que recordar que el presidente Juan Carlos Varela designó a Kenia Porcell. Entonces ella no lo va a investigar. En este caso, ambos deben dar explicaciones al país.

¿CÓMO SE LOGRAN ESAS EXPLICACIONES?

En estos momentos lo ideal sería que la nueva junta directiva del Colegio Nacional de Abogados lidere ese movimiento que exija que los funcionarios hagan su trabajo, tal y como lo reclama la sociedad. Odebrecht ha estado en Panamá por más de doce años y sigue contratando con el Estado panameño, entonces hay que brindar explicaciones de lo que ha pasado durante todo este periodo.

¿HAY QUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN Y LA MANERA DE DESIGNAR AL PROCURADOR?

Realmente, yo creo que el asunto va más allá, no importa cuantos parches se pongan a la Constitución Nacional, hay que cambiar las estructuras y las personas. Creo que dentro del Ministerio Público hay figuras con un gran valor que son capaces de hacer un buen trabajo y responder a lo que espera el país, pero la sociedad tiene que presionar para que se logre.

Carlos Anel Cordero

 

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Denuncia de Moncada amerita investigación

La denuncia que hizo Gonzalo Moncada sobre una negociación paralela para que su primo Alejandro Moncada Luna aceptara los cargos en su contra a cambio de una rebaja de su tiempo en prisión amerita una investigación.

Moncada denunció que el diputado Pedro Miguel González gestionó un acuerdo que motivó que su primo aceptara la culpabilidad porque ‘verbalmente’ le prometieron que a los pocos meses de estar detenido sería enviado a su casa, promesa que no se ha cumplido.

‘SI EXISTIERA UNA INSTANCIA EFECTIVA QUE PUDIESE INVESTIGAR A LOS DIPUTADOS, CLARO QUE EL SEÑALAMIENTO ADMITE UNA INVESTIGACIÓN’,

JUAN CARLOS ARAÚZ

COLEGIO DE ABOGADOS

Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que el señalamiento admite una investigación seria y responsable.

Reconoce, sin embargo, que esto sería posible ‘si existiera una instancia efectiva para investigar a los miembros diputados’, en referencia a quien, como fiscal, pudo haber comprometido las condiciones de su juicio.

Por otra parte, el proceso sería improbable, considerando que la legislación establece al denunciante aportar elementos de convicción y en este caso la ‘prueba idónea’ no existe porque se trata de un acuerdo verbal. ‘Es muy poco probable que pueda acreditarse el delito’, considera el abogado.

Según Araúz, estos hechos reafirman la necesidad de derogar los juicios especiales y desarrollar un sistema de justicia sustentado en una ley de igualdad para todos. ‘Vivimos momentos en los que la sociedad necesita verdad y justicia’, concluye Araúz.

Al pleno de la CSJ le corresponde atender las denuncias contra los diputados. Para estos casos, se siguen las reglas especiales contenidas en el Código Procesal Penal, para procesar a los miembros de la Asamblea.

Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, evitó referirse al tal acuerdo verbal, considerando que si no está en papel, no existe.

De este compromiso tenían conocimiento un pariente del exvicepresidente Felipe Alejandro Virzi, un abogado de apellido Castillo, monseñor José Domingo Ulloa y el diputado José Luis Varela, contó Moncada .

Varela, por su parte, dijo que fue el fiscal del caso quien realizó los acuerdos con el exmagistrado. El diputado agregó que no estuvo presente en ningún acuerdo con Moncada Luna.

En marzo de 2015, Moncada Luna fue condenado a 60 meses de prisión, una condena que cumple en el centro penitenciario El Renacer.

En diciembre de 2015, su defensa solicitó una audiencia para evaluar el caso.

Esta solicitud fue reiterada seis veces más. Pero no fue hasta mayo de 2017 cuando la Asamblea Nacional responde y se inhibe de conocer el caso, alegando que no tenía competencia. Moncada Luna había dejado de ser magistrado.

El caso pasó a la justicia ordinaria y el 9 de agosto, un tribunal de apelaciones revocó la medida de depósito domiciliario concedida por un juez de cumplimiento.

Marlene Testa

 

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El equipo Martinelli llama mentiroso a Harry Díaz

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli busca a toda costa que el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, no encuentre una causa probable para extraditar a su cliente a Panamá.

En un escrito presentado al juez recientemente acusan al fiscal de la causa, magistrado Harry Díaz, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de mentir consecutivamente para apoyar los cargos por los cuales solicita la extradición de Martinelli. Sustentaciones que para la defensa son vagas, carecen de soporte, y penden de la declaración jurada de Ismael Pittí (la única que señala directamente al expresidente como supuesto autor de los pinchazos), que califican como el ‘pegamento que une los argumentos de la fiscalía con respecto a la causa probable’.

‘LA EVIDENCIA DE LA FISCALÍA MUESTRA INEQUIVOCADAMENTE QUE LAS DECLARACIONES DE DÍAZ SON MENTIRAS. ADEMÁS EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA LAS FACILITA’,

MEMORANDO DE LA DEFENSA DE MARTINELLI

La defensa señala al juez Torres que la Corte tiene un rol crítico en este proceso antes de que el caso pase a manos del Secretario de Estado. ‘Aquí debe asegurar que la demanda esté acorde con la ley, que se apliquen los tratados y la Constitución de Estados Unidos. En este caso, al aplicar estas funciones la Corte debería negar la extradición. La petición de Panamá es fundamentalmente defectuosa. Se busca la extradición con medidas retroactivas, cuando el tribunal panameño carece de jurisdicción, busca la extradición a pesar de haber presentado una orden de arresto inválida, busca la extradición en un caso que se basa en falsas declaraciones. En este caso, no debe emitir una resolución extraditando al expresidente’, describen Marcos Jiménez y John Byrne, del equipo de abogados de Martinelli, quien ha pasado más de dos meses detenido en la prisión federal de Miami.

ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

El memorándum en oposición a la extradición pretende desacreditar las evidencias presentadas por la Fiscalía que reposan en el expediente norteamericano: el uso de los equipos de escuchas, la violación al debido proceso al no imputar a su cliente, la aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Cibercrimen, la falta de pruebas de que Martinelli era el autor intelectual de las escuchas, además ataca los cargos por peculado argumentando que uno se pagó a través de una sociedad anónima, por tanto no puede argumentarse que se pagó con fondos públicos, y recalca que la Fiscalía no ha presentado una auditoría de la Contraloría que detalle el inventario tecnológico que existía en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN); por tanto, es imposible achacar a su cliente la pérdida de cualquier equipo y los cargos de peculado.

EL CIBERCRIMEN Y EL TRATADO

Inicia con una argumentación sobre la no aplicación de la retroactividad de la Convención contra el Cibercrimen de la cual Panamá es signatario desde 2014. En este sentido, describe que los delitos que achaca la Fiscalía a su cliente son anteriores a la adhesión de Panamá, 2012-2014. ‘No hay nada ambiguo en la frase que contiene la no retroactividad. Cita: el presente tratado tendrá efecto a partir del 13avo día después de la fecha de intercambio de ratificaciones y no debe operar en forma retroactiva. Esto indica dos cosas muy distintas: uno, que el tratado entre en efecto en cierta fecha, y dos, que no opera retroactivamente’, se lee.

M.L.M. Y EL PEGASUS

Aunado a esto, recalca que el fiscal Díaz confunde el uso de los equipos adquiridos: el software o programa para infiltrar computadoras y geolocalización de celulares que vendió en 2010 al gobierno la empresa M.L.M. Protection, con el equipo Pegasus, que tenía funciones de alta tecnología, capaces de escuchar conversaciones, audio ambiente, conocer los correos del celular, etc.

La defensa cuestiona a Díaz sobre las evidencias que posee sobre las intervenciones efectuadas con el sistema M.L.M. y la fecha en que ocurrieron.

‘Con la intención de salirse de la realidad e ignorar la evidencia, Díaz reclama tener pruebas de que el equipo M.L.M. era capaz de infiltrar los celulares y extraer su contenido’, describe el abogado del expresidente Marcos Jiménez.

La defensa sustenta lo anterior con ejemplos de interceptaciones efectuadas antes de la compra del equipo Pegasus, que Díaz afirma ocurrieron el 3 de junio de 2012 con el equipo M.L.M.

No obstante, la Fiscalía explica que el equipo Pegasus podía capturar cualquier correo electrónico del celular, y en este sentido, recopilaban datos de los blancos que ocurrieron antes de la compra del Pegasus.

‘En todo caso, si la Corte va a asumir lo imposible, que el equipo M.L.M. era capaz de infiltrar celulares y su contenido, queda claro que Díaz miente a esta Corte porque la evidencia no muestra que el equipo fue usado por el expresidente para lo anterior’, argumenta la defensa.

¿AUTOR INTELECTUAL?

La defensa pone en duda las afirmaciones de la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad de Martinelli o su autoría intelectual en las escuchas.

En este sentido, la Fiscalía apoya su versión en la declaración jurada de Ismael Pittí, un exmiembro del CSN, que señala a Ronny Rodríguez, el exjefe de inteligencia del CSN, como el intermediario entre Martinelli y el grupo de tres funcionarios del Consejo que se dedicaban a hacer las escuchas.

La fiscalía cita no menos de 19 veces la declaración jurada de Pittí, es el único testigo que dice que Martinelli, a través de Ronny Rodríguez, seleccionaba los blancos y ordenaba las escuchas, y recibía los reportes de las mismas.

‘Pero no hay ningún punto en el memorándum presentado por la Fiscalía que corrobore las alegaciones de Pittí, clave en el caso y que Martinelli haya ordenado a los miembros del CSN que hicieran estos seguimientos. Martinelli se ha defendido de estas acusaciones’, alegan los abogados de Martinelli.

En la audiencia pasada -recuerda Jiménez-, la fiscalía ‘discutió una escucha de Mitchell Doens en una conversación con el pueblo indígena. Estas escuchas no ocurrieron durante el periodo de 2012 a 2014, así que no hay pruebas contra Martinelli porque con el equipo M.L.M no se podrían haber efectuado estas escuchas y no hay evidencia de que él grabó las conversaciones sin autorización. Esta claro, arremete la defensa, que la fiscalía usa una grabación de 2010 para introducirla a los escándalos e infundados alegatos de que Martinelli ordenó asesinar a miembros de la etnia ngäbe buglé’.

Vea mañana los argumentos de la Fiscalía en contra del expresidente Ricardo Martinelli

DEFENSA PONE EN DUDA CARGO POR MALVERSACIÓN

Este es uno de los puntos medulares que utiliza la defensa para que la Corte dude de la responsabilidad del expresidente Ricardo Martinelli sobre los pinchazos.

La defensa del exmandatario dice que Panamá no ha ofrecido evidencia a esta Corte para distinguir al tribunal entre la participación del expresidente en las escuchas y su participación en las escuchas de forma ilegal. Por lo tanto, ‘el tribunal no puede hacer conclusiones sobre la ilegalidad en que cayó el expresidente. En resumen, el problema básico en el caso del gobierno es que ignora el elemento de la intención’, argumenta Marcos Jiménez, abogado de Martinelli.

Añade que en el caso de la causa probable por los cargos de malversación o peculado del equipo M.L.M. Protection, todo se trata de un ‘red herring’, una expresión en inglés que se usa para decir que se distrae la atención del punto medular.

Jiménez enumera cuatro puntos para desvirtuar los cargos por peculado: el primero, que la última vez que se utilizó el equipo M.L.M fue en 2011, antes del periodo relevante que cita la Fiscalía (2012-2014). Dos, que el equipo era incapaz de hacer seguimientos o infiltrar teléfonos y solo podía infiltrar computadoras. Tres, que Panamá ni siquiera ha tratado de probar que el equipo MLM fue utilizado al margen de la ley. No ha hecho, por ejemplo, una confirmación de que el CSN carecía de una orden judicial para infiltrar computadoras. En cambio, se enfoca en establecer la ilegalidad en la infiltración de teléfonos, pidiendo una carta a la Corte para confirmar que ningún magistrado autorizó las grabaciones en ciertos teléfonos. Cuarto, la investigación de Panamá con respecto al equipo MLM, los fiscales reconocieron que no había pruebas suficientes de que Rodríguez y Pittí desmantelaron el equipo.

En cuanto a la malversación del equipo Pegasus, la defensa esgrime que Panamá no ha demostrado que Martinelli era el custodio o responsable de los bienes.

Los abogados dicen que Panamá no ha producido un áudito de la Contraloría para establecer quién tenía control sobre el equipo Pegasus. De hecho, ‘Díaz ni siquiera ha establecido la intención de introducir este documento como parte de las evidencias. Su incumplimiento le impide presentar un informe de auditoría más adelante. Sin esta auditoría no se puede establecer a quién pertenecía el bien y cuáles fueron los daños causados o quién es responsable del equipo bajo la ley panameña’. En resumen, el expresidente no puede ser acusado de cometer un delito de malversación por equipos de los que no era responsable y no estaba probado que pertenecían al Estado panameño. Panamá no ha presentado cargos por peculado contra los subordinados que abusaron y retiraron el equipo Pegasus.

En segundo lugar, Panamá no puede establecer una causa probable de malversación de un equipo comprado con fondos públicos como se indica en el acusación. No ha mostrado que el equipo Pegasus fue adquirido con fondos públicos. Hay evidencia de que el equipo fue adquirido con diferentes fondos. En su declaración jurada, Pittí habló de una impresora ligada al equipo Pegasus y dijo que ésta, a diferencia de las computadoras, no se pudo quitar del Consejo porque formaba parte del inventario. Cuando Rolando López, actual director del CSN presentó la denuncia, no ofreció ninguna prueba de que se compró con fondos públicos. En cambio, sugirió que una empresa privada había pagado los equipos. López también afirmó que el CSN no tenía relaciones comerciales con NSO Group, el proveedor de Pegasus. A diferencia del caudal probatorio que ofreció Panamá para establecer la malversación de fondos del equipo MLM, no ha ofrecido ninguna prueba de este tipo sobre el equipo Pegasus.

En la audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, la defensa dijo al juez Torres que quien firmó el contrato de la compra de los equipos adquiridos a la empresa M.L.M. Protection, fue Giacomo Tamburrelli, entonces director del Programa de Ayuda Nacional. Con esto, busca desestimar los cargos que hace el Fiscal contra Martinelli por peculado por la desaparición del equipo adquirido con fondos públicos.

En resumen, ‘Panamá ha acusado al expresidente de malversar un equipo comprado con fondos públicos, pero ahora intenta establecer la causa probable de que malversó otra cosa, el equipo Pegasus que no fue adquirido con fondos públicos. Eso es fatal para el argumento de la Fiscalía. Además es inadmisible’, redacta la defensa.

 

 

Adelita Coriat

 

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El capítulo 26′

En los archivos del Meinl Bank de Antigua, el banco que la constructora Odebrecht utilizó para pagar los sobornos del exterior a políticos y funcionarios de todo el mundo, la Policía Federal de Brasil encontró una hoja de cálculo que registraba una transferencia por $400,000 el 21 de junio de 2012, de Klienfeld Services Ltd., empresa que utilizó Odebrecht para el pago coimas a funcionarios y políticos, a Poseidon Enterprises LLC, (cuya firmante es Michelle Lasso).

La transferencia justificaba parte de un arreglo, con fecha del 15 de octubre de 2010, entre ambas sociedades anónimas, aunque el giro se efectuó casi dos años más tarde. Para la policía brasileña, la transacción era un posible vínculo en el esquema de pago de supuestos sobornos utilizado por la constructora. Esta investigación está incluida en la ‘Operación Lava Jato capítulo 26′.

Hay algunas coincidencias entre la mencionada transacción y las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, el operador financiero de Odebrecht que trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, quien manifestó al diario El País de España que los presuntos sobornos de la constructora al presidente Juan Carlos Varela se efectuaron a través de Michelle Lasso.

‘Cuando Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en Estados Unidos y temió que se le investigara’, dijo Tacla Durán.

En lo que respecta a los balances del Meinl Bank, que utilizaba Odebrecht como centro del movimiento para el pago de las coimas, aparece un préstamo que hizo este banco el 23 de abril de 2012 a Michelle Marie Lasso por $400,000. Lasso garantizó el préstamo personal y puso como colateral el dinero de la cuenta de la empresa Poseidon Enterprises LLC, también radicada en el mismo banco, el 26 de abril de 2012. En el expediente brasileño se guarda la copia del certificado de depósito de $750,000 de Poseidon Enterprises LLC, empresa registrada bajo legislación de West Indies

Lasso prefirió no hablar con los medios acerca de estos movimientos bancarios, según contestó su padre, Jaime Lasso, a La Estrella de Panamá , y precisó que, de ser requeridos, hablarán con las autoridades.

El préstamo en mención se encontraba en una carpeta del banco con el nombre ‘Giovanna’, en el directorio de la aplicación Evernote, en la subcarpeta denominada Poseidon/contactos.

Los analistas brasileños consideraron interesante el nombre de los archivos con el usuario Giovanna, en una subcarpeta Evernote, que indicaba un gerenciador de anotaciones y compromisos vinculados aparentemente a una cuenta a nombre de Camillo Gornati, un técnico que instaló el equipo Drousys, plataforma utilizada para el crimen o gestión de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los investigadores brasileños asumen que el nombre de Giovanna se adoptó por la hija de Camillo Gornati del mismo nombre, nacida el 27 de mayo de 2010. (Tacla dijo en su momento que los sobornos se designaban bajo apodos).

La relación entre Lasso y la empresa Poseidon Enterprises fue revelada por la Policía Federal de Brasil el 31 de mayo de 2017 como parte de la ‘Operación 26 de Lava Jato’, tomando en cuenta que la constructora brasileña utilizaba el Meinl Bank para pagar las coimas en el exterior, al grado de que compró la mayor parte de las acciones del banco para dar continuidad a sus transacciones, ahora bajo investigación.

A los fiscales brasileños también les llamó la atención que Lasso, responsable de Poseidon Enterprises, se declaró culpable el 23 de abril de 2014 en una audiencia en Estados Unidos y fue condenada a dos años de prisión y al pago de una multa, además de haber sido deportada de Estados Unidos a Panamá por su participación en actos ilícitos de juegos de azar por Internet y el blanqueo de $27 millones. Es el caso al que hace referencia Tacla Durán en su entrevista.

De acuerdo con las investigaciones de la ‘Operación Lava Jato’, María Lucía Tavares, integrante del equipo de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, informó detalles acerca del funcionamiento de este departamento y las personas involucradas en los dos sistemas de pago utilizados.

SOBRE ‘LAVA JATO 26′

Las autoridades brasileñas encontraron en la residencia de Tavares, funcionaria de confianza de Marcelo Odebrecht, material que corrobora la existencia de una contabilidad paralela de pagos indebidos a Mónica Moura y Joao Santana, publicistas brasileños que firmaron dos contratos con el partido Cambio Democrático en la campaña presidencial de José Domingo Arias.

Las pruebas que recabó la policía brasileña también hablan de un sistema llamado Mywebday que registraba los pagos.

Tavares dijo que, a fin de posibilitar una comunicación segura entre su equipo y los prestadores, se instaló el sistema Drousys, plataforma utilizada para la gestión de las ‘propinas’ (sobornos) del grupo Odebrecht.

La instalación de este sistema estuvo a cargo de Luis Eduardo Soares, Paulo Soares y Camillo Gornati.

Gornati confesó en abril de 2016 a la Policía brasileña, que fue contratado por Olivio Rodrigues Junior (el operador de la cuenta Constructora Internacional del Sur en Panamá, que movió más de $300 millones a sociedades controladas por Odebrecht para el pago de sobornos) para hacer una página de Internet a Paulo da Rocha Soares, que estaba abriendo una empresa.

La operación de sobornos requirió de portales ficticios para dar credibilidad a las empresas que utilizaba la constructora para canalizar las coimas, y cuyas transacciones las formalizaba con contratos falsos .

La documentación seleccionada en Brasil demuestra que Gornati era responsable de la creación y mantenimiento de portales de diversas empresas utilizadas por Odebrecht para el movimiento de dinero.

Las autoridades determinaron que la responsable de la elaboración de contratos ficticios era Juliana Gornati, esposa de Camillo Gornati.

 

 

Adelita Coriat

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Juez de cumplimiento mantiene en suspenso el proceso a Fifer

El Juez de Cumplimiento de la provincia de Coclé, Domingo Montenegro, en audiencia de verificación y control de condiciones de suspensión del proceso, no accedió a una solicitud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio Público para revocar la suspensión del proceso contra el exgobernador de Coclé, investigado por la presunta comisión del delito de retención indebida de cuota obrero patronal en perjuicio de la CSS.

Por consiguiente, el juez determinó que no podía acceder a la suspensión del proceso, porque el acuerdo entre el exgobernador y la CSS para el pago de las cuotas adeudadas establece un plazo de tres años para su cumplimiento, y ese tiempo no ha concluido.

Referente a la solicitud para que se revocaran las condiciones de suspensión del proceso al exgobernador, por parte del fiscal anticorrupción, Aurelio Vásquez y el querellante por la CSS, Didimo Barrios, se hizo basada en el incumplimiento del pago mensual, desde enero a julio de 2017.

Por su parte, Tomás Góndola, abogado del exgobernador, indicó que aceptó que no se han hechos los pagos correspondientes. Sin embargo, se ha enviado nota con fecha del 10 de agosto, al director de la CSS, donde se ofreció tres propiedades como arriendo por un término de cinco años, para mitigar lo adeudado, pero aún no han recibido respuesta.

El pasado 20 de abril de 2017, un Tribunal de Juicio le suspendió el proceso al exgobernador de Coclé bajo las siguientes condiciones por un plazo de tres años: residir en su domicilio, cumplir con los arreglos de pagos a la CSS. Además el Tribunal ordenó el levantamiento de medidas cautelares.

Antes de finalizar el acto de audiencia, el juez de cumplimiento Montenegro, anunció a las partes, la próxima fecha de audiencia de verificación y control de las condiciones, para el jueves 11 de enero de 2018, a las 9:00 a.m.

 

 

Ismael Gordón Guerrel

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Partidos deberán destinar el 20% de su presupuesto para la capacitación de las mujeres

El Tribunal Electoral (TE) reglamentó el manejo de los fondos del financiamiento público poselectoral que deben destinar los partidos políticos a la capacitación exclusiva de las mujeres.

El TE emitió el Decreto 17 del 9 de agosto de 2017, porque la Ley 29 de mayo de 2017 reformó el Código Electoral y se debía adecuar.

El presupuesto anual que los partidos políticos deben presentar al TE, para el uso de los fondos del financiamiento público poselectoral, deberán contener el plan anual de capacitación que incluya el renglón correspondiente a la capacitación exclusiva de la mujer.

Entregar constancia de que la Secretaría de la Mujer o su equivalente ha elaborado el plan para dicha capacitación, y que ha sido aprobada por la Junta Directiva.

Una vez aprobado el plan de capacitación de la mujer por parte del TE, cualquier modificación deberá ser elaborado por la Secretaría de la Mujer o su equivalente por la Junta Directiva del partido y refrendada por el TE.

Para el manejo del fondo de capacitación de la mujer, los partidos políticos abrirán una cuenta corriente en el Banco Nacional de Panamá, en la que el TE consignará trimestralmente la suma que corresponda.

Ismael Gordón Guerrel

 

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Martinelli será trasladado a cárcel de menor seguridad

El expresidente Ricardo Martinelli será transferido a otro centro correccional por orden del juez Edwin Torres, a solicitud de la defensa motivada por un altercado entre su cliente y uno de los guardias del centro de detención Federal donde permanece desde el 12 de junio.

En la nueva instalación, Martinelli podrá prepararse para la audiencia final de extradición agendada para el 22 de agosto próximo a las 9 de la mañana. La Fiscalía no se opuso a la medida de alivio para Martinelli.

En este centro los privados de libertad se organizan por dormitorios o viviendas y tienen acceso a programas de entrenamiento que les ayudan a rehabilitarse. Los prisioneros pueden enviar correos electrónicos a su familia o amigos de aproximadamente 13,000 caracteres, poniendo el nombre de sus contactos de antemano. Sin embargo, cada correo es monitoreado con su anuencia. Los prisioneros no tienen acceso a internet.

Martinelli convivirá con otros 1,077 convictos por delitos federales que deben cumplir reglas estrictas; de lo contrario, perderán privilegios o permanecerán en confinamiento solitario, tal como le ocurrió al exmandatario panameño antes de solicitar su traslado a este centro penitenciario.

 

Adelita Coriat

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Ordenan detención provisional para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la noche de ayer la detención provisional de Silvina Manzini de De Obarrio, madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario del expresidente Ricardo Martinelli.

La Fiscalía también le formuló cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y se aprehendió dos bienes de inmuebles ubicados en el corregimiento de San Francisco.

Se conoció que en este caso también se está investigando a cuatro personas más y cuyos nombres no han sido revelados.

Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, está siendo investigado por las supuestas irregularidades en la compra de $45 millones en comida deshidratada.

El 25 de diciembre de 2014, De Obarrio salió de Panamá junto a su esposa, con destino a Miami, Estados Unidos y hasta la fecha no ha regresado al país.

Guadalupe León B.