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Ratificación magistrados de la Corte será en sesiones extraordinarias

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, llamará a sesiones extraordinarias para finales del mes de noviembre o principio de diciembre para que la Asamblea Nacional ratifique los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega cumplirán su periodo constitucional en la Corte el próximo 31 de diciembre. Ambos fueron nombrados en 2007 por el entonces presidente de la República. Martín Torrijos para un periodo de diez años.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, aseguró que se va a llamar a sesiones extraordinarias para un tema especifico. “Es la elección de los dos nuevos magistrados de la Corte”, sentenció el ministro de la Presidencia, secretario del Consejo de Gabinete.

El proceso para elección de los dos nuevos magistrados de la Corte, destacó Alemán, es una decisión del presidente de la República e igual la convocatoria, explicó.

Según lo dispone el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución Política de la República es función del Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes’.

Los nombramientos se harán, según dispone la norma, con ‘sujeción a la ratificación de la Asamblea’.

La Constitución, en su artículo 203, establece que las designaciones serán cada dos años, norma redactada para evitar que un solo mandatario designe a la mayoría de los integrantes de la Corte.

 

Ismael Gordón Guerrel

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Ocho intentos fallidos de controlar la libertad de prensa

Tras el reclamo de los gremios de comunicadores, el Ministerio Público aceptó ayer retirar de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica el delito de ‘cibercrimen’ y al mismo tiempo convocó a mesas de diálogo para consensuar un nuevo documento.

El Ministerio Público, ‘luego de un acercamiento con el gremio de periodistas y representantes de medios de comunicación (…), procedió a retirar la propuesta para consensuar algunas otras normas con los comunicadores sociales que permitan presentar una nueva propuesta legislativa’, se informó en un comunicado.

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se habían manifestado preocupados por la propuesta, en vista de que podría afectar la libertad de expresión.

La iniciativa del Ministerio Público era el octavo intento que se registraba durante la administración gubernamental de Juan Carlos Varela para restringir, mediante una norma legal, la libertad de expresión.

PROPUESTA Y REACCIÓN

El proyecto e presentó el 27 de septiembre pasado

La Procuraduría considera que el ‘cibercriem’ es una modalidad de delito que cada vez varía más sus conductas.

Gremios periodísticas alertaron sobre posible afectación a la libertad de expresión.

Sin embargo, en esta ocasión todos (gremios y autoridades) están de acuerdo en que se requiere una legislación para penalizar el ‘cibercrimen’ o delito cibernético, ‘que es una forma de criminalidad que se materializa a través de las redes sociales y por tal debe ser reglamentado en el derecho’, señaló el comunicado del MP.

El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas alegaron que se debe tipificar el delito del ‘cibercrimen’. Blanca Gómez, presidenta del Colegio, se mostró de acuerdo con que se convoque a un diálogo para discutir el proyecto, porque el gremio debe actuar con responsabilidad ante la sociedad y consensuar para castigar un delito que perjudica especialmente a la niñez.

Filemón Medina, secretario del Sindicato de Periodistas, también se mostró de acuerdo con el diálogo y al mismo tiempo agregó que se debe legislar para tipificar delitos que se cometen por Internet y que se debe buscar un consenso. ‘Hay que tener claro, dijo Medina, que el periodista no labora pensando en cometer un delito cibernético’.

El Fórum de Periodistas había advertido sobre la redacción de dos artículos del proyecto, el 15 y el 17, que, a juicio del gremio, abre las posibilidades para utilizarse en perjuicio de la libertad de expresión, incluso a través de las redes sociales, un derecho humano fundamental de toda sociedad democrática.

‘Solicitamos a las autoridades involucradas un debate amplio que logre el adecuado balance entre la lucha contra la delincuencia y sus nuevas modalidades tecnológicas y la salvaguarda plena de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información’, solicitó el gremio a principios de este mes.

‘Reconocemos como positiva la decisión del Ministerio Público de retirar el proyecto de ley sobre cibercrimen. Es la confirmación de que la sociedad panameña no va a permitir que la libertad de expresión sea lesionada’, manifestó Eduardo Quirós, presidente del Fórum de Periodistas.

Se abrirá un diálogo responsable con el Ministerio Público para aportar en el texto y obtener una mejor norma, agregó Quirós.

Propuesta: Ocho intentos contra la libertad de expresión

JULIO 2015
El diputado suplente Juan Moya presentó una propuesta para regular la profesión del periodismo.
DICIEMBRE 2015
El Tribunal Electoral sugirió restringir la propaganda política en los medios de comunicación.
DICIEMBRE 2015
El Tribunal Electoral propuso, en las reformas electorales, el cierre de medios por violación ala veda electoral.
JULIO 2016
Anteproyecto de Melitón Arrocha para borrar información de la web.
NOVIEMBRE 2016
Propuesta del Ministerio de Gobierno, al reglamentar una ley sobre género, propuso multar a los medios de comunicación.
MARZO 2017
El Ministerio de Salud propuso un proyecto de ley que obligaba a los medios a difundir información sobre prevención del VIH.
MARZO 2017
El diputado Noriel Salerno propuso obligar a los medios de comunicación a difundir información gratuita de entidades estatales.
SEPTIEMBRE 2017
La Procuraduría impulsa un proyecto de ley sobre ‘cibercrimen’.

José Arcia

 

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Ministerio Público retira proyecto sobre ‘cibercrimen’

El Ministerio Público (MP) informó este martes mediante un comunicado, que procedió a retirar la propuesta sobre el proyecto de ‘cibercrimen’,  para consensuar algunas otras normas con los comunicadores sociales, que permitan presentar una nueva propuesta legislativa.

De acuerdo con el texto,  la decisión se tomó luego de haber hecho un acercamiento con el gremio de periodistas y representantes de medios de comunicación con relación a la propuesta legislativa presentada por el Procurador General de la Nación, encargado, Rolando Rodríguez Cedeño, “Que modifica y adiciona artículos al Código Penal, relacionados con el Cibercrimen”.

Desde el MP aclaran que el Cibercrimen o delito cibernético es una forma de criminalidad que se materializa a través de las redes y por tal debe ser objeto de reglamentación en el derecho interno panameño.

Se iniciarán mesas de diálogos para consensuar las propuestas y presentarlo a la Asamblea Nacional.

Redacción Digital La Estrella

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Proyecto de ley que crea límites a polígonos en Donoso baja a primer debate

El pleno de la Asamblea Nacional, la noche de este lunes, aprobó devolver a primer debate el proyecto de ley  567, que crea límites a polígonos en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón.

La decisión de bajar a primer debate el proyecto de ley, según los diputados, es para más consultas.

La propuesta de ley fue presentada por el diputado de Cambio Democrático (CD) Nelson Jackson Palma y aprobada, en primer debate, por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el martes pasado.

Según Jackson lo que busca el proyecto de ley es segregar el área del distrito y que cada persona que reside en la zona puedan obtener sus títulos de propiedad donde residen. Una vez lo obtengan, la ley no puede prohibirle a que vendan sus terrenos.

La Asociación de Derechos Ambientales, la cual preside el abogado ecologista Donaldo Sousa, no descarta presentar una denuncia penal contra los diputados que aprobaron, en primer debate, el proyecto.

Sousa considera que la iniciativa no ha sido consultada  y tampoco se fundamenta en un estudio científico del área.

La ambientalista y vice alcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, ha asegurado que esta propuesta afectará el área protegida de Donoso.

Redacción Digital La Estrella

 

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Corte cae en contradicción en casos de Ricardo Martinelli

Ricardo Martinelli, el reo 14813-104 de la prisión federal de Miami, recibió tres notas en las que se le ponía al tanto que debería presentarse a una audiencia el viernes 13 de octubre en la ciudad de Panamá, en la que se le notificaría de la imputación por el delito contra la administración publica, modalidad de abuso de autoridad (caso de los indultos).

Algunos consultados comparan este hecho como citar a un muerto a una audiencia. Algo absurdo de salida, porque era lógico que el resultado sería declarar al expresidente en rebeldía por el caso de los indultos.

Así opina el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. Exclama con molestia que el hecho que se haya programado una audiencia de imputación a sabiendas de que el indiciado no podía presenciarla, tiene un mar de fondo. El jurista indica que algunas personas consideran que la ‘Corte está haciendo esto para tratar de beneficiar a Martinelli y dar fuerza al argumento de su defensa ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos, de que debió existir una imputación en el caso de los pinchazos -y no una acusación- por el cual se surte el proceso de extradición’.

Los abogados de Martinelli han tomado esta reflexión como bastión de defensa en Miami ante el hecho de que su cliente no ha sido imputado, sino acusado en el proceso de pinchazos.

MARTINELLI, EN REBELDÍA

Después de la audiencia efectuada el viernes en la Corte de Panamá, que lo declaró en rebeldía, ‘concurren dos tesis de la misma Corte que pueden complicar los procesos contra el expresidente que preso o no, es un hecho manifiesto de que no le interesa dar la cara a la justicia’.

Con esta acción, opina Molino Mola, la defensa del expresidente tendrá un poroto más a su favor en la corte de Miami, donde espera que la juez Marcia Cooke se pronuncie sobre el Habeas Corpus que pretende una revisión de la certificación de la extradición emitida por el juez Edwin Torres.

Probablemente, el argumento de que los magistrados panameños se confunden en los procesos que se llevan a cabo contra su cliente, se sume a la lista de pruebas a su favor en el delicado proceso de extradiciión que se lleva en su contra en Estados Unidos.

La reciente decisión del juez de garantías José Ayú Prado, en el caso de indultos, tendrá complicaciones grandes en cuanto a la interpretación jurídica en las 8 carpetillas restantes que existen contra el exmandatario en la Corte panameña.

La doble tesis en la que hoy incurren los magistrados, ha sido debatida entre ellos. El fiscal Abel Zamorano solicitó con urgencia convocar a un Pleno a fin de lograr un consenso sobre estos temas, y que éste resultado pudiera ser empleado en adelante para evitar actuaciones contradictorias que no contribuyen en nada a la imagen de la justicia.

Su convocatoria esta plasmada en la observación que emitió en el Amparo de Garantías Constitucionales que interpuso el magistrado Luis Ramón Fábrega contra el magistrado Harry Díaz por no fijar una audiencia de formulación de imputación en otro caso, el de la presunta comisión de delitos contra la administración pública y la libertad individual de la empresa italiana Impregilo, S.A.

En dicho documento, Zamorano hizo un llamado a la comunicación y el entendimiento que debe prevalecer entre los miembros de la Corte. Sin embargo, en el Pleno no se discutió el tema sobre como proceder en este tipo de ejercicios orales.

‘Hago un llamado rogado a la comunicación y no a la contradicción, como mecanismo de solución de conflictos, antes de que surjan situaciones que ocasionen un debate innecesario en la colectividad que se preste para el ataque de quienes aprovechan las coyunturas para alimentar malamente el debate político, lo que trae como consecuencia el deterioro de nuestro poder judicial y de lo que queremos heredar a los actuales y futuros jueces y magistrados’, solicitó inútilmente Zamorano.

Otros puntos, como el de la necesidad de descifrar en qué consiste la circunstancia excepcional, también fueron parte de la invitación al debate para unificar criterios entre los magistrados, especialmente en los casos de los parlamentarios, como lo es Ricardo Martinelli.

La defensa de Martinelli, liderada por el abogado Sidney Sittón apeló la decisión del juez de garantías, en este caso José Ayú Prado, en cuanto al estado de rebeldía en que fue declarado su cliente, más no se opuso a que se celebrara una audiencia de imputación por el caso de los indultos.

¿Será esta una estrategia de los magistrados para que posteriormente se anulen los casos en contra del expresidente por existir procedimientos distintos dentro de una misma Corte?

Las reacciones de algunos querellantes en los casos en los que está procesado Martinelli parecen ser parte de la predicción de Zamorano.

Rosendo Rivera, querellante en el proceso de los pinchazos por el que espera la extradición el expresidente, indicó que la imputación que realizó el magistrado Zamorano y acogida por el juez de garantías, José Ayù Prado, es una muestra de lo polifacética que es nuestra Corte Suprema de Justicia.

‘Hay una evidente transgresión a nuestras normas de procedimiento y son estos dos magistrados, uno de ellos altamente cuestionado, los que con su actuar provocarán que el presidente Martinelli quede impune por todos los procesos en su contra’, manifestó Rivera.

EN LA AUDIENCIA

Sin que pudiera acudir a la cita, por obvias razones, el fiscal de la causa Abel Zamorano, que pretende imputar al expresidente cuando pise suelo panameño por el delito contra la administración pública modalidad de abuso de autoridad, logró que el juez de garantías José Ayú Prado, acogiera su petición y declarara en rebeldía al indiciado.

‘HAGO UN LLAMADO ROGADO A LA COMUNICACIÓN Y NO A LA CONTRADICCIÓN, COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ANTES DE QUE SURJAN SITUACIONES QUE OCASIONEN UN DEBATE INNECESARIO (…)’

ABEL ZAMORANO,

MAGISTRADO DE LA CORTE

Al expresidente Ricardo Martinelli se le podría acumular otro proceso de extradición tras la decisión del juez de garantías se inhibió de resolver durante la audiencia la decisión de emitir una orden de detención (en este caso solo por formalismo) y solicitar a Estados Unidos la extradición de Martinelli. Prefirió que sea el Pleno en donde se discutan estos temas. De igual forma, negó la solicitud de sobreseimiento provisional, una alternativa a considerar hasta que comparezca el expresidente, dadas las circunstancias en las que se encuentra.

En el caso de los indultos en los que se señala a Martinelli por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.

Si bien es un hecho público y conocido que el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra detenido provisionalmente en la prisión Federal de Miami y que esta condición le impide movilizarse, el juez otorgó la razón al fiscal por ser la segunda ocasión en que solicita esta medida. La primera fue en mayo pasado, cuando Martinelli aún se encontraba en libertad, aunque fuera del país, y no acudió a la audiencia programada.

En la audiencia del viernes se dejó establecido que el expresidente fue notificado en Miami por tres vías. Una personalmente a través de nota que supuestamente recibió Martinelli en prisión. Dicha nota esta a través del Ministerio de Gobierno amparada bajo el Tratado de Asistencia Legal Mutua suscrita entre Panamá y Estados Unidos.

La segunda forma en que Martinelli se enteró de la audiencia fue a través de una correspondencia certificada enviada a través del sistema de correo panameño. Y una tercera, ocurrió mediante de un servicio de mensajería privado que llevó el documento a la prisión de Miami, y que según el Fiscal Zamorano, recibió el indiciado.

EL CASO

A pesar de que la audiencia se efectuó a solicitud del fiscal Zamorano con el fin de declarar a Martinelli en rebeldía, la defensa aprovechó para pedir que se declare prescrito el delito de los indultos, puesto que los decretos en los que se efectuaron los Decretos Ejecutivos que otorgaban el perdón a una centena de personas, datan del 2014. La pena por el delito contra la administración pública es de uno a dos años con pena conmutable por días multa o arresto los fines de semana.

Sin embargo, el juez de garantías no accedió a esta petición de Sidney Sittón, por considerar que era extemporánea la solicitud.

La defensa de Martinelli anunció su apelación a la decisión de Ayú Prado por haberlo declarado rebelde en el mencionado caso de los indultos, y adujo que las pretensiones de prescripción no tienen un limite de tiempo en ningún sistema, y menos en el garantista, por el cual se pretende juzgar a su cliente.

Finalmente, Ayú Prado instruyó a la Oficina Judicial de comunicar al magistrado vicepresidente de la CSJ, Hernán De León Batista sobre lo decidido en esta audiencia.

Adelita Coriat

 

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Para hoy prevista audiencia de Martinelli por caso de indultos

El pasado 02 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema fijó para hoy a las nueve de la mañana, la nueva audiencia de formulación de imputación contra el exmandatario Ricardo Martinelli, solicitada por el fiscal Abel Zamorano, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en el caso de los 355 indultos otorgados durante su gestión.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, la programación de la audiencia fue autorizada por el magistrado de garantías, José Ayú Prado.

Martinelli se encuentra privado de su libertad en los Estados Unidos, en virtud de un proceso de extradición y es requerido en Panamá por el presunto delito de pinchazos telefónicos (intervención) sin una autorización judicial y por malversación de fondos públicos o peculado.

El 04 de octubre, la jueza Marcia  Cooke de la Corte Sur del Distrito de la Florida admitió la revisión de la certificación de extradición de Martinelli , otorgando  un período de 14 días a la defensa para enviar una copia de la petición a la contra parte.

La defensa la defensa del expresidente había solicitado un habeas corpus a la Corte, para que se realizara una revisión a la  decisión del juez Edwin Torres, que el pasado 31 de agosto, concedió la certificación de la extradición a Panamá de  Ricardo Martinelli.

 

Yandira Núñez

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Selección de tres magistrados, tarea para extraordinarias

A poco más de dos semanas de que concluya el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, no hay indicios de que el Ejecutivo haya iniciado con el proceso de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben estar en sus cargos al inicio del año 2018. La información que tiene La Estrella de Panamá es que está decisión se tomará las próximas semanas y que su ratificación será en sesiones extraordinarias.

DESIGNACIONES DEL PRESIDENTE

Juan Carlos Varela ya ha nombrado dos magistrados de la Corte

La Constitución establece que los nombramientos son potestad del Gabinete.

Los dos nuevos magistrados de la Corte serán por diez años, como lo dice la Constitución.

La Estrella de Panamá ha sido informada que la directiva del Legislativo se prepara el llamado del Ejecutivo para la ratificación de los nuevos magistrados.

El diputado oficialista, Jorge Alberto Rosas, informó que todavía no tienen informes de que se esté el proceso de selección de parte del Ejecutivo, mientras que el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), espera un proceso que permita la mejor selección.

Freddy Pitti, representante de la Juventud para la Concertación Nacional, reclama que en esta ocasión el Ejecutivo haga las consultas del caso.

NUEVAS VACANTES

Los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega cumplen su periodo constitucional en la Corte el próximo 31 de diciembre. Tanto Mejía como Ortega fueron nombrados en 2007 por el entonces presidente. Martín Torrijos para un periodo de diez años.

A la lista de vacantes, se suma el remplazo de Alejandro Moncada Luna, condenado a cinco años de prisión en marzo de 2015, luego de un proceso judicial en su contra. Su cargo lo ocupa su suplente Abel Zamorano.

PROCEDIMIENTO

Según lo dispone el numeral 2 del artículo 200 de la Constitución Política de la República es función del Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes’.

Los nombramientos se harán, según dispone la norma, con ‘sujeción a la ratificación de la Asamblea’.

Hasta le momento el Ejecutivo no ha hecho los nombramientos y quedan veinte días para concluir con el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, lo que hace difícil que se pueda cumplir con este proceso.

Igualmente en la Asamblea Nacional, no existe procedimiento legal establecido para cumplir con este proceso.

DECISIÓN DE VARELA

Al finalizar su mandato, en 2019, el presidente Varela habrá designado a cinco de nueve magistrados de la Corte.

La Constitución, en su artículo 203, establece que las designaciones serán cada dos años, norma redactada para evitar que un solo mandatario designe a la mayoría de los integrantes de la Corte, pero en esta ocasión le ha correspondido a Varela nombrar a cinco. Aunque su partido, el Panameñista, solo cuenta con 16 diputados, cifra que dista de los 37 votos que requiere para la ratificación por lo que debe lograr el apoyo de otras bancadas.

PROCESO PENDIENTE

El diputado Jorge Alberto Rosas, miembro de la Comisión de Credenciales, explicó que aún no tienen un procedimiento para las ratificaciones, pero es posible que se utilice el mismo que se puso en práctica para seleccionar al magistrados del Tribunal Electoral, que debe cumplir los mismos requisitos para magistrado de la Corte.

‘Del Ejecutivo no he escuchado nada todavía de nombres o que se están moviendo para hacer las designaciones’, aseguró el diputado,

Mientras el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Franguela, espera que las designaciones cumplan con el alto perfil para el cargo.

Fraguela, quien participó ayer en una reunión en la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, destaca que el CNA solicitará a sus agremiados sus hojas de vidas para entregarlas al Ejecutivo y facilitar la escogencia sin olvidar que la decisión es facultad de este órgano. El CNA espera un escrutinio publico en el Pacto de Estado por la Justicia.

En tanto, Pitti espera que el presidente llame a un verdadero escrutinio público, pues. ‘A pesar de los comentarios de la sociedad (la pasada designación), al final se hizo a criterio del Ejecutivo’.

Recordó que las nuevas designaciones llegan en momentos en que se analizan temas de alto impacto para el país. Pitti espera que los perfiles de los seleccionados no sean solo académicos, además deben tener independencia de criterio.

Ismael Gordón Guerrel

 

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MP apela decisión en la investigación por préstamo en la CA

La Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Leyda Sáenz, anunció la apelación de la decisión de la jueza decimoctava de lo penal, Baloisa Marquínez, de no declarar ‘caso complejo’ una investigación por un préstamo de $9 millones que otorgó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas_P&V, para construir el Centro de Convenciones de Amador, que terminó cubriendo parte de un desfalco financiero en la casa de valores Financial Pacific.

La jueza argumentó que ‘no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales’.

La decisión de la jueza será apelada por la fiscal ante el Segundo Tribunal de Justicia en los próximos días, confirmó este medio.

Con la solicitud de declarar ‘caso complejo’, la fiscalía buscaba ganar tiempo para continuar con la investigación que relaciona a exdirectivos del banco estatal y empresarios.

CASO CAJA DE AHORROS

Esta investigación busca determinar un delito de peculado

El proceso busca determinar el uso de un préstamo de $9 millones otorgado por el banco.

El préstamo estaba destinado a la construcción del Centro de Convenciones de Amador, pero sus fondos se desviaron.

Las pesquisas del Ministerio Público (MP) establecieron que los directivos del banco estatal aprobaron un crédito con una ‘urgencia sospechosa’, el 31 de diciembre de 2012, sin la formalidad que exigen los procedimientos del banco.

Según las investigaciones, los empresarios del consorcio que construiría el centro de convenciones solicitaron que la línea de crédito fuera entregada a empresas que no estaban relacionadas con la obra y que luego saldaron sus compromisos con el banco.

COMPRA DE EPASA

Las mismas razones para no declarar ‘caso complejo’ la investigación por el préstamo de la Caja de Ahorros fueron aplicadas a la compra de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa), que agrupa varios medios de comunicación, supuestamente efectuada con fondos procedentes de erario público.

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Janeth Rovetto, pidió declarar este caso ‘complejo’ considerando que se requería de cooperación internacional para sustentar los hechos delictivos.

En este caso, la fiscalía investiga a por lo menos ocho personas por blanqueo de capitales, entre ellos, empresarios, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific y comerciantes vinculados a la pasada administración de gobierno.

Hace un mes, la fiscalía apeló la decisión de la jueza ante el Segundo Tribunal de Justicia. El caso espera fallo.

Marlene Testa

 

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Tensión remueve los cimientos del Colegio Nacional de Abogados

La remoción de dos miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados ha desatado un conflicto en el seno de ese importante sector profesional.

La junta directiva, que dirige Dionicio Rodríguez, en lo que algunos consideran una clara violación a la ley de los abogados y a los estatutos del gremio, removió de sus puestos a dos integrantes de este tribunal, cuya tarea es investigar las faltas éticas entre los profesionales del derecho, explicó Martha López de Martín, presidenta de ese foro.

‘LOS DOS QUE QUERÍAN SUBIR HABÍAN SIDO NOMBRADOS DE A DEDO Y SE LES HABÍA TERMINADO SU PERIODO’,

DIONICIO RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Los integrantes del Tribunal de Honor son escogidos escalonadamente para garantizar la independencia de las investigaciones y evitar que las fuerzas que se disputan la dirigencia del gremio tengan el control de esta instancia. En una elección del CNA se eligen tres miembros y en otra, dos, explicó Raúl Rodríguez Araúz, miembro del CNA y exmiembro del Tribunal de Honor.

De acuerdo con la Ley 9 del 18 de abril de 1993, cada miembro principal de este tribunal tiene un suplente que lo reemplazará en caso de impedimento o ausencia temporal o absoluta. ‘La junta directiva del CNA llenará las vacantes temporales o absolutas de los miembros suplentes’, cita la norma.

En la pasada elección se escogieron dos principales y dos suplentes, como establece la Ley. Pero, después de la elección renunciaron a sus puestos de principales Maruquel Pabón y Enrique Illueca (que se presume no compartían simpatía con la directiva de Rodríguez).

De acuerdo con la norma, explicó López de Martín, a Maritza Cedeño Vásquez y Fernando Gómez Arbeláez, que fueron nombrados por la directiva anterior, les correspondía sustituirlos. La nueva directiva, a su vez, debía nombrar sus suplentes.

La controversia surge cuando la directiva actual, en un exceso de sus facultades, remueve a estos dos magistrados (suplentes), añade Martha López Martín.

Mediante la resolución 23 del 25 de septiembre de 2017, dejan sin efecto el nombramiento de la directiva anterior alegando que no habían sido elegidos por votación directa, por lo que no cumplían con las condiciones para convertirse en principales y debían ser removidos el 21 de julio de 2017.

Así, nombran entonces a cuatro nuevos suplentes : Karim Céspedes, Dayra Castañadas, Carmen Urriola y Cecilia López.

La resolución, además, establece que el tribunal debe escoger entre los suplentes los sustitutos de los principales.

Según López, con esta actuación ‘se pierde la seriedad y la credibilidad del gremio, porque no pueden nombrar principales’.

‘Están buscando el control del tribunal. Esto está en contra del espíritu de la norma y para lo que fue creada esta instancia’, agregó una fuente vinculada al gremio sobre la decisión de la directiva.

La cuestionada medida se interpreta como una clara intromisión de la actual directiva en las actuaciones del Tribunal de Honor, que debe ser independiente, añadió Rodríguez Araúz.

Para la presidenta del tribunal, este incidente es en sí mismo una falta a la ética y podría dar paso a la apertura de una denuncia.

El expresidente del CNA José Alberto ‘Toto’ Álvarez sostiene, a su vez, que resulta una sorpresa desagradable ver cómo se interviene en el Tribunal de Honor. ‘Esto sería una violación a la Ley y a los estatutos del gremio’, apuntó el abogado. La percepción, según el expresidente del gremio, es que se quiere controlar el tribunal. Álvarez concluyó que los nombramientos escalonados son precisamente para evitar que el tribunal sea usado políticamente para perseguir a los adversarios con procesos éticos.

El presidente del CNA, por su parte, señaló que su junta directiva intentó subsanar una irregularidad que se había dado en la elección de dos principales del Tribunal de Honor. ‘Bajo ese concepto, la junta directiva tomó la decisión de nombrar cuatro suplentes, lo que permite el reglamento y sacar dos que habían sido nombrados por la junta anterior y que querían subir a principales’, explicó en una entrevista que concedió para el ‘Polígrafo’ de La Estrella de Panamá .

Según el presidente, no debe haber ningún integrante del Tribunal de Honor que sea nombrado de a dedo. ‘Esta junta directiva decidió que había que cumplir con la ley y que, efectivamente, había que sacar a estas personas’.

Marlene Testa

 

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Martinelli prepara nueva estrategia legal para su regreso

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli cuentan con un abanico de opciones legales que podrían desarticular los procesos en su contra. Su equipo de defensa en Panamá anunció que, muy pronto, Martinelli hará un ‘pronunciamiento importante’ en ese sentido.

Con ayuda de algunos de los letrados que han participado en su defensa, La Estrella de Panamá analiza las posibles actuaciones al alcance del expresidente en caso de volver a Panamá, como se prevé.

El expresidente podría pactar un acuerdo con el Gobierno o llegar a un entendimiento con el fiscal Harry Díaz, quien investiga el caso de las escuchas telefónicas por el que se ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde lleva detenido desde el 12 de junio pasado.

Ante esa situación y sin que se resuelvan a su favor las solicitudes de excarcelación y fianza gestionadas hasta ahora, Martinelli puede volver, en todo caso, por su propia voluntad o alegando algún asunto imperativo, como tratamiento por enfermedad crónica y la necesidad de la atención familiar.

De volver extraditado, se enfrentaría al proceso en la Corte con el Sistema Penal Acusatorio vigente, que es el que está vigente.

RENUNCIAR AL PARLACEN

Si una vez en Panamá Martinelli decide renunciar a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (lo que podría), entonces, el pleno de Corte Suprema de Justicia, puntualmente el fiscal Harry Díaz que inició la investigación en su contra en octubre de 2015, perdería competencia del caso (el de los ‘pinchazos’) y el expediente tendría que ser trasladado al Ministerio Público que lo trataría como a un ciudadano común.

‘Los casos saldrían del Sistema Penal Acusatorio y se investigarían bajo el Sistema Inquisitivo, al dejar de ser diputado las carpetillas se pasan al Ministerio Público que continuaría la investigación’, indicó el exprocurador Rogelio Cruz, que fue parte del equipo de abogados del exmandatario.

El abogado añade que en la legislación hay un vacío. Y explica que ni en el Código Judicial ni en el Procesal Penal está previsto que una persona que es diputado pase a ser un ciudadano común y viceversa. Son tan raros los casos que la ley no contempló esos supuestos, apunta.

‘En el caso de Martinelli, las investigaciones se iniciaron casi hace tres años, en este sentido, deberían fijar un término razonable para que el fiscal a cargo culmine el trabajo y determine ordenar medidas cautelares o, bien, solicitar juicio o sobreseimiento provisional o definitivo’, dice Cruz. Este lapso de tiempo, agrega el abogado, tampoco está establecido. Por tanto, la Fiscalía tendría que pedir un plazo y el juez de circuito penal, fijarlo. El sistema inquisitivo establece un máximo de seis meses para efectuar la investigación. Dado el tiempo transcurrido, el fiscal tendría que solicitar un término para concluir la pesquisa.

Ahora bien, el Ministerio Público, podría continuar la investigación por la cual fue requerido el expresidente, más no del resto de las nueve carpetillas que se mantienen en averiguación en la Corte. Por ser dos sistemas distintos, la Fiscalía prácticamente tendría que empezar la investigación, apunta.

En tal caso, la Fiscalía citaría a Martinelli para que, por primera vez, realice sus descargos y ejerza su defensa. Luego, pasaría el expediente al juez de circuito penal con una petición de llamamiento a juicio o sobreseimiento.

‘El resto de los casos habría que cerrarlos en función de que vino extraditado por un caso en específico y no por el resto’, puntualiza Cruz recordando la doctrina de la especialidad.

El Tratado de Extradición bilateral firmado entre Panamá y Estados Unidos establece -y en esto han coincidido el Gobierno panameño y la defensa de Martinelli- que el Departamento de Estado podrá entregar a cualquier agente del gobierno extranjero para ser juzgado por el delito que se le imputa. El Tratado prohíbe explícitamente que el presidente Martinelli sea juzgado por delitos u ofensas distintas a aquellas por las que se le extradita. Por lo tanto, cualquier audiencia que pretenda celebrarse con nuevas imputaciones al expresidente, según el Tratado, no podrían ventilarse para ser imputado o juzgado.

PIDEN AUDIENCIA

Lo curioso es que el Pleno de la Corte Suprema fijó para el próximo 13 de octubre a las nueve de la mañana, una audiencia de formulación de imputación solicitada por el fiscal Abel Zamorano, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (el caso de los indultos). La programación de la audiencia, según un comunicado del Órgano Judicial, fue autorizada por el magistrado de garantías, José Ayú Prado, y se comunicó a los intervinientes.

Este diario averiguó que, hasta la fecha, la Cancillería no ha solicitado la extradición del expresidente por ningún otro delito además del caso de los pinchazos.

También trascendió que en el caso de los indultos, el fiscal pretende imputar a Martinelli, lo que contradiría la acción del fiscal Harry Díaz, quien acusó (más no imputó) al exmandatario por el caso de las escuchaas telefónicas .

Esta contradicción judicial podría dar al traste con el caso de los ‘pinchazos’ y beneficiaría la tesis que la defensa de Martinelli ha sostenido en los tribunales de Miami, en el sentido de que se debió imputar a su cliente. El fiscal Díaz defiende su acción al establecer que al tratarse de un caso especial, la imputación se adjudica de forma automática en la acusación.

Estas contrariedades entorpecen la claridad de los procesos, o del proceso, que enfrente el expresidente en la Corte Suprema una vez que pise suelo panameño.

ENFERMEDAD CRÓNICA

De comprobarse o de ser acreditada, mediante peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELF), que el expresidente sufre de un mal irreversible o que requiere tratamiento médico para superarlo, la defensa solicitaría una medida cautelar de depósito hospitalario por cárcel, aunque la medida no frenaría el proceso en curso. Hasta la fecha, en la documentación pública del juzgado del Distrito Sur de la Florida, se ha mencionado una afección de bronquitis.

De ser éste el caso, lo natural es que la defensa se aproxime al fiscal de la causa para a ventilar el tema en busca de garantías antes de la extradición. Entonces, la fiscalía podría invocar una revisión médica de un grupo de especialistas, además de un equipo del Instituto de Medicina Legal, para asegurarse del padecimiento.

TRATO

La tesis sobre un posible trato con la Fiscalía parece una de las más remotas. Según declaraciones del magistrado fiscal Harry Díaz a La Estrella de Panamá , no se tiene acuerdo con el expresidente en el proceso 138-15, que corresponde al caso de los pinchazos. Este medio tampoco ha conocido sobre la intención de hacer algún trato entre el Gobierno y el exmandatario, o que su defensa haya manifestado voluntad de hacerlo.

Adelita Coriat