David Murcia Guzmán le aportó dinero a varios políticos de Panamá. Al menos eso dice el colombiano desde la celda, en la que está recluido por constituir pirámides financieras ilegales.
Si el extravagante negociante y dueño de un ramillete de autos y casas de lujo invirtió o no en campañas previas a las elecciones generales de 2009 será un misterio sin resolver, hasta tanto la gran mayoría de los candidatos de entonces se abstenga de revelar su lista de donantes.
La tendencia se sostiene cinco años después. Tras dos meses de haberse celebrado los comicios de 2014, de los 8 mil 850 participantes, tan solo mil 39 candidatos a diputado –entre principales y suplentes– presentaron su informe de donantes, una obligación estipulada en el Código Electoral. Es decir, el 11% de los candidatos cumplió con la norma, pese a que el Tribunal Electoral (TE) extendió del 4 de julio al 2 de agosto el período para la entrega de declaración de donantes.
El artículo 209 de la norma electoral establece que: “Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas. La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos o candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral (…)”.
El Código Electoral en su artículo 420 castiga el incumplimiento de la norma con multas tope de mil dólares para los partidos y hasta de 500 dólares para los candidatos.
Según el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery, la entrega de la lista de donantes por parte de los candidatos “forma parte de la cultura de rendición de cuentas que nuestras sociedades reclaman”.
En la última campaña electoral iban y venían los millones: publicidad sofocante, conciertos gratuitos y hasta casas de regalo integraron la estrategia de campaña de la mayoría de los candidatos con aspiraciones de ser electos.
“Es un monto tan irrisorio, que si lo comparamos con los posibles montos de donaciones, cualquier aportante preferirá pagar los 500 dólares antes de que revele esa información”, dice Javier Ordinola, exasesor legal del TE.
FALTA TRANSPARENCIA
“La información correspondiente a la identidad de los donantes de los partidos y candidatos es de carácter confidencial y restringido. Solamente tendrán acceso a ella, fuera de las personas que autoricen los partidos y candidatos, y bajo la reserva legal referida, los magistrados, la Dirección Ejecutiva, y los funcionarios de Auditoría, por parte del Tribunal Electoral; y la Fiscalía Electoral, las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público cuando exista mérito legal para ello. Los partidos políticos y candidatos pueden renunciar a esta confidencialidad”, advierte el artículo 7 del Decreto 38 de 2004 del TE. La norma regula las últimas modificaciones sobre la entrega de la lista de donantes por los candidatos.
Esto, de acuerdo con Ordinola, le resta transparencia al informe, porque el electorado desconoce a quiénes pertenecen los bolsillos que aportaron recursos a las campañas políticas.
“Esta norma debería tener un poder coercitivo. En la pasada Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se establecieron normativas que complementaban esto, y que hasta se hicieran de conocimiento de terceros mediante publicación en la página web del TE. Esto no se logró”, dice Ordinola, quien espera que esta iniciativa se incluya en las próximas reformas del Código Electoral.
Según Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, se debe dar a conocer a los postulantes que incumplen la norma. “La primera medida consiste en publicar la lista de quienes no hayan reportado las donaciones recibidas. Y que el TE vuelva a utilizar esta lista en los comicios siguientes”, indica.
Ignacio Arias, del Partido Popular, señala que la abstención de algunos candidatos de entregar la lista denota que no tienen manera de explicar los fondos recibidos. Y tilda de “irrisoria” la multa impuesta en la norma.
“Por eso no se le toma seriedad a la ley. Hay que subir las multas, ya que que 500 dólares es un chiste”, sostiene.
Ordinola, en tanto, precisa que el TE no tiene mecanismos para cotejar si son completas las listas que se presentan o si los candidatos omitieron revelar el nombre de algún donante.
“Quienes están detrás de estas donaciones son los que más adelante, de ganar al que le donaron, son beneficiados con licitaciones y nombramientos en puestos de alta jerarquía”, manifiesta. “En Panamá hay gente que dona aquí y allá para quedar de todas maneras en la papa, gane quien gane”, agrega.
LOS PELIGROS
En reiteradas oportunidades de su gestión, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino advirtió la infiltración del narcotráfico en la política panameña. Sin embargo, no reveló nombres.
“El peligro que eso representa es que las personas que reciben los dineros pueden obtenerlos de cualquier fuente y por eso no la publican”, asegura Márquez Amado. “Ese peligro se conjura si los ciudadanos sabemos quiénes son los que no cumplen con la norma”, añade el exmagistrado.
En tanto, Ordinola expresa que precisamente la falta de reglamentación para presentar la lista promueve que el dinero de procedencia ilegal penetre las campañas.
“Suenan nombres de candidatos que detrás de ellos había donaciones de organismos delincuenciales que buscan un beneficio en un momento determinado”, manifiesta Ordinola.
“El sistema político de Panamá puede ser invadido por dinero de procedencia ilícita. En otros países ha pasado, y por qué no aquí si no somos ningunos santos”, concluye.
´REFORMAS CON URGENCIA NOTORIA´
El incumplimiento del artículo 209 del Código Electoral por parte de los candidatos es una reflexión que pone sobre la mesa una “reforma electoral con urgencia notoria en los aspectos de transparencia”, manifiesta Fernando Díaz, miembro de la Alianza Pro Ciudad.
A su juicio, una reforma de transparencia con parámetros bien delimitados ayudará a alejar el dinero ilícito de las campañas políticas.
“Es necesario que para la salud de nuestra democracia se tenga acceso a la información de los donantes de todos los candidatos”, acota.
Dice que en 2010 los panameños perdieron la oportunidad de lograr mayor transparencia en los fondos recibidos en las campañas.
Igual opinión manifiesta Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, quien considera que la CNRE insiste en la aprobación del paquete de reformas electorales consensuado en 2010, y rechazado dos años más tarde en la Asamblea Nacional. En 2012 la bancada oficialista se integraba por el partido Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
La reforma “contemplaba los puntos que necesita el país para que haya transparencia en los fondos públicos y privados que se entregan a los candidatos cada cinco años y a los partidos políticos”, señala.
En ese sentido, Arias explica que no se pueden divorciar los temas de transparencia referentes a donantes privados en las campañas y a fondos públicos que obtienen los partidos políticos.
MÁS TRANSPARENCIA
En el 2010, la CNRE, que lidera el TE, entregó a la Asamblea una serie de modificaciones a 97 artículos, en su mayoría relacionados a la transparencia. El proyecto se llevará nuevamente al Órgano Legislativo.
Entre los puntos incluidos en el proyecto se encuentra la obligación de los candidatos y de los partidos políticos de hacer públicas las donaciones privadas, fijar un tope a los gastos de campaña, determinar su límite en el tiempo y la obligatoriedad de los debates presidenciales como un componente del proceso electoral.
Maribel Jaén, secretaria de la Comisión de Justicia y Paz, considera que las reformas se deben considerar por los diputados, pues se busca mejorar la democracia. “Hay puntos muy importantes dentro de las reformas que se deben tomar en cuenta sobre la transparencia”, dijo.
