Llevarán caso de Prados del Este a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 Una demanda por denegación de justicia contra el Estado panameño se presentará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los residentes de la barriada Prados del Este, inundada en septiembre de 2004.

Por este hecho se abrió un proceso penal contra funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP) y directivos de las promotoras Pronavi y Hogar Ideal.

Candelario Santana, abogado de un grupo de residentes, explicó que transcurridos 10 años de las inundaciones aún el Juzgado Décimo Penal no ha realizado un juicio a los imputados.

Detalló que los afectados debieron buscar otras viviendas, luego de que los terrenos donde estaban sus casas se declararan como no habitables.

En febrero de 2014, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda contencioso administrativa de indemnización de $10 millones contra el BNP, por los daños y perjuicios ocasionados a los residentes de Prados del Este.

Candidatos ocultan a sus donantes

David Murcia Guzmán le aportó dinero a varios políticos de Panamá. Al menos eso dice el colombiano desde la celda, en la que está recluido por constituir pirámides financieras ilegales.

Si el extravagante negociante y dueño de un ramillete de autos y casas de lujo invirtió o no en campañas previas a las elecciones generales de 2009 será un misterio sin resolver, hasta tanto la gran mayoría de los candidatos de entonces se abstenga de revelar su lista de donantes.

La tendencia se sostiene cinco años después. Tras dos meses de haberse celebrado los comicios de 2014, de los 8 mil 850 participantes, tan solo mil 39 candidatos a diputado –entre principales y suplentes– presentaron su informe de donantes, una obligación estipulada en el Código Electoral. Es decir, el 11% de los candidatos cumplió con la norma, pese a que el Tribunal Electoral (TE) extendió del 4 de julio al 2 de agosto el período para la entrega de declaración de donantes.

El artículo 209 de la norma electoral establece que: “Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas. La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos o candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral (…)”.

El Código Electoral en su artículo 420 castiga el incumplimiento de la norma con multas tope de mil dólares para los partidos y hasta de 500 dólares para los candidatos.

Según el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery, la entrega de la lista de donantes por parte de los candidatos “forma parte de la cultura de rendición de cuentas que nuestras sociedades reclaman”.

En la última campaña electoral iban y venían los millones: publicidad sofocante, conciertos gratuitos y hasta casas de regalo integraron la estrategia de campaña de la mayoría de los candidatos con aspiraciones de ser electos.

“Es un monto tan irrisorio, que si lo comparamos con los posibles montos de donaciones, cualquier aportante preferirá pagar los 500 dólares antes de que revele esa información”, dice Javier Ordinola, exasesor legal del TE.

FALTA TRANSPARENCIA

“La información correspondiente a la identidad de los donantes de los partidos y candidatos es de carácter confidencial y restringido. Solamente tendrán acceso a ella, fuera de las personas que autoricen los partidos y candidatos, y bajo la reserva legal referida, los magistrados, la Dirección Ejecutiva, y los funcionarios de Auditoría, por parte del Tribunal Electoral; y la Fiscalía Electoral, las autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público cuando exista mérito legal para ello. Los partidos políticos y candidatos pueden renunciar a esta confidencialidad”, advierte el artículo 7 del Decreto 38 de 2004 del TE. La norma regula las últimas modificaciones sobre la entrega de la lista de donantes por los candidatos.

Esto, de acuerdo con Ordinola, le resta transparencia al informe, porque el electorado desconoce a quiénes pertenecen los bolsillos que aportaron recursos a las campañas políticas.

“Esta norma debería tener un poder coercitivo. En la pasada Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se establecieron normativas que complementaban esto, y que hasta se hicieran de conocimiento de terceros mediante publicación en la página web del TE. Esto no se logró”, dice Ordinola, quien espera que esta iniciativa se incluya en las próximas reformas del Código Electoral.

Según Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, se debe dar a conocer a los postulantes que incumplen la norma. “La primera medida consiste en publicar la lista de quienes no hayan reportado las donaciones recibidas. Y que el TE vuelva a utilizar esta lista en los comicios siguientes”, indica.

Ignacio Arias, del Partido Popular, señala que la abstención de algunos candidatos de entregar la lista denota que no tienen manera de explicar los fondos recibidos. Y tilda de “irrisoria” la multa impuesta en la norma.

“Por eso no se le toma seriedad a la ley. Hay que subir las multas, ya que que 500 dólares es un chiste”, sostiene.

Ordinola, en tanto, precisa que el TE no tiene mecanismos para cotejar si son completas las listas que se presentan o si los candidatos omitieron revelar el nombre de algún donante.

“Quienes están detrás de estas donaciones son los que más adelante, de ganar al que le donaron, son beneficiados con licitaciones y nombramientos en puestos de alta jerarquía”, manifiesta. “En Panamá hay gente que dona aquí y allá para quedar de todas maneras en la papa, gane quien gane”, agrega.

LOS PELIGROS

En reiteradas oportunidades de su gestión, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino advirtió la infiltración del narcotráfico en la política panameña. Sin embargo, no reveló nombres.

“El peligro que eso representa es que las personas que reciben los dineros pueden obtenerlos de cualquier fuente y por eso no la publican”, asegura Márquez Amado. “Ese peligro se conjura si los ciudadanos sabemos quiénes son los que no cumplen con la norma”, añade el exmagistrado.

En tanto, Ordinola expresa que precisamente la falta de reglamentación para presentar la lista promueve que el dinero de procedencia ilegal penetre las campañas.

“Suenan nombres de candidatos que detrás de ellos había donaciones de organismos delincuenciales que buscan un beneficio en un momento determinado”, manifiesta Ordinola.

“El sistema político de Panamá puede ser invadido por dinero de procedencia ilícita. En otros países ha pasado, y por qué no aquí si no somos ningunos santos”, concluye.

´REFORMAS CON URGENCIA NOTORIA´

El incumplimiento del artículo 209 del Código Electoral por parte de los candidatos es una reflexión que pone sobre la mesa una “reforma electoral con urgencia notoria en los aspectos de transparencia”, manifiesta Fernando Díaz, miembro de la Alianza Pro Ciudad.

A su juicio, una reforma de transparencia con parámetros bien delimitados ayudará a alejar el dinero ilícito de las campañas políticas.

“Es necesario que para la salud de nuestra democracia se tenga acceso a la información de los donantes de todos los candidatos”, acota.

Dice que en 2010 los panameños perdieron la oportunidad de lograr mayor transparencia en los fondos recibidos en las campañas.

Igual opinión manifiesta Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, quien considera que la CNRE insiste en la aprobación del paquete de reformas electorales consensuado en 2010, y rechazado dos años más tarde en la Asamblea Nacional. En 2012 la bancada oficialista se integraba por el partido Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

La reforma “contemplaba los puntos que necesita el país para que haya transparencia en los fondos públicos y privados que se entregan a los candidatos cada cinco años y a los partidos políticos”, señala.

En ese sentido, Arias explica que no se pueden divorciar los temas de transparencia referentes a donantes privados en las campañas y a fondos públicos que obtienen los partidos políticos.

MÁS TRANSPARENCIA

En el 2010, la CNRE, que lidera el TE, entregó a la Asamblea una serie de modificaciones a 97 artículos, en su mayoría relacionados a la transparencia. El proyecto se llevará nuevamente al Órgano Legislativo.

Entre los puntos incluidos en el proyecto se encuentra la obligación de los candidatos y de los partidos políticos de hacer públicas las donaciones privadas, fijar un tope a los gastos de campaña, determinar su límite en el tiempo y la obligatoriedad de los debates presidenciales como un componente del proceso electoral.

Maribel Jaén, secretaria de la Comisión de Justicia y Paz, considera que las reformas se deben considerar por los diputados, pues se busca mejorar la democracia. “Hay puntos muy importantes dentro de las reformas que se deben tomar en cuenta sobre la transparencia”, dijo.

Radares le explotan a Mulino

Dos días después de que el presidente Juan Carlos Varela informara de que los radares instalados para combatir el narcotráfico no captan las lanchas rápidas que usan los traficantes para transportar la droga, el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, asegura que el actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia; Alberto Vallarino, extitular de esta cartera; y Mahesh Khemlani, exviceministro de Finanzas, fueron los responsables de “negociar” el contrato con Finmeccanica.

Lo dijo en una entrevista en Telemetro: “[Esto] no lo negoció Mulino o el Ministerio de Seguridad… Ellos no me dejarán mentir”. Agregó que él solo lo firmó y que únicamente realizó un par de observaciones.

Horas después, De la Guardia, Vallarino y Khemlani, por separado, le pidieron que asuma su responsabilidad en el caso. De la Guardia y Vallarino, incluso lo acusaron de mentir.

“José Raúl Mulino está intentando evadir su responsabilidad en el manejo de este asunto. Quiere pasar de ser el campeón de los radares a ´yo no vi ni sé nada”, cuestionó el titular de economía en un comunicado.

Recordó que “cada ministerio del Estado negocia y administra los requerimientos técnicos de los equipos que adquiere y la capacidad de sus contrapartes para entregar dichos bienes y servicios (…) y es el caso del Ministerio de Seguridad con estos radares”.

No terminó allí. “Los radares que compraron a un precio abusivo ni siquiera cumplen las especificaciones técnicas del contrato. Y el Ministerio de Seguridad era el responsable de velar por eso, de revisar la cuantía del contrato para ver si había sobreprecio y de evaluar si los radares servían o no para interdicción en la zona contigua o zona aduanera de las 40 millas náuticas”, agregó.

HABLA VALLARINO

Vallarino, en tanto, dijo: “Mulino miente; que asuma sus responsabilidades y no busque subterfugios inexistentes”. Al igual que de la Guardia explicó que “los contratos los negocian los ministerios y las entidades estatales individualmente. Por ejemplo, Seguridad, MOP (Ministerio de Obras Públicas), Educación, Salud, etc… ¡Negocian sus contratos y los administran! Son ellos los que establecen las especificaciones para las obras contratadas o compra de bienes del Estado”.

Mientras que Khemlani, a través de un correo también opinó en términos similares : “El MEF no negocia contratos que no tengan que ver con la programación financiera del Estado. Cada ministerio del Estado negocia y administra los requerimientos técnicos de los equipos que adquiere y la capacidad de sus contrapartes para entregar dichos bienes y servicios”.

Khemlani, quien renunció al gobierno de Martinelli a principios de junio de 2013, explicó que este es el caso del Ministerio de Salud con los hospitales, del Ministerio de Educación con las escuelas y es el del Ministerio de Seguridad con estos radares. “De la misma manera, estos ministerios no tienen el conocimiento ni la capacidad para determinar los términos y condiciones financieros de dichos contratos”, agregó.

LA TRAMA

Los 19 radares adquiridos a la empresa Selex –filial de Finmeccanica– le costaron al país $125 millones, y son parte de la compra directa que incluyó seis helicópteros y un mapa digital. El monto global de los equipos fue de $250 millones.

A pesar de que los radares llegaron al país en 2011, apenas se han instalado ocho. Mulino, que cuando era ministro evitaba dar detalles del contrato alegando razones de seguridad, contó ayer interioridades relacionadas con este aspecto.

Narró que algunos atrasos en la instalación de los radares se dieron por ejemplo en Guna Yala (Porvenir), donde la dirigencia indígena los rechazó. “No quería el radar intuyo yo por obvias razones, le vamos a matar el negocio porque por ahí trafican y cargan droga de día y de noche. Al final permitieron el acceso a que se instalaran los radares”, informó. A finales de junio pasado, antes de dejar el cargo, contó que no se habían podido instalar por problemas con los terrenos.

Reiteró que los radares tienen que calibrarse. Indicó que en una reunión hace mes y medio los ingenieros de Selex le indicaron que “había un problema de calibración” y hay que esperar a que estén instalados todos los radares porque es un sistema. “Esa calibración, de botes menores de 32 pies, se va a hacer, tiene que hacerse”, indicó el exministro.

La compra a Finmeccanica desencadenó una trama internacional de corrupción que involucra al expresidente Martinelli, y a Valter Lavítola, el otrora hombre de confianza del expremier italiano Silvio Berlusconi.

Ayer, Mulino incluso dijo que Berlusconi llegó al país [junio de 2010] invitado por el entonces canciller y hoy presidente Varela.

Panamá no cederá a presiones de Colombia

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, lo advirtió; y Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas (MEF), lo confirmó ayer: el país no cederá ante las presiones de los colombianos para firmar un tratado de intercambio de información fiscal antes de octubre, aun bajo la amenaza de ser incluido en una lista de paraísos fiscales.

Varela señaló que la firma de este acuerdo no está en la agenda del gobierno panameño. De La Guardia, en tanto, advirtió que el país ‘no va a estar reaccionando frente a fechas impuestas por otros países porque eso es en contra del derecho internacional’.

Sin embargo, el jefe del MEF adelantó que se contempla una reunión con su homólogo colombiano para conocer con más detalles sobre la solicitud que hace el gobierno colombiano al panameño.

De La Guardia apuesta a conversaciones internas entre el gobierno y el sector privado antes de tomar la decisión que más convenga al país.

Piden que se revoque contrato de los radares

Un día después de que el presidente Juan Carlos Varela denunciara que los radares adquiridos por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli no captan las lanchas rápidas con las que el narcotráfico transporta drogas, sectores de la sociedad piden que se revoque el contrato a la compañía italiana que vendió los equipos.

Ebrahim Asvat, exdirector de la Policía Nacional, opinó que el Gobierno debe revisar los contratos y rescindirlos, o exigirle a la empresa que cambie el equipo por uno que sea funcional.

“Debe suspender el pago hasta que la empresa le garantice la efectividad del equipo que le ha vendido”, sugirió. Según el jurista, es sospechoso que ahora los radares no sean aptos. “No entiendo cuáles fueron las calificaciones técnicas de quien hizo la evaluación para decir que esos eran los radares que Panamá necesitaba”, se preguntó.

Mientras, el exviceministro de Seguridad Severino Mejía consideró que el proyecto de los radares es positivo, pero opinó que era mejor comprar la tecnología a Estados Unidos. Mejía propuso al Gobierno que regrese los equipos o revoque el contrato. “[Los radares] ya están obsoletos (…) después del proceso de instalación, el exministro [José Raúl Mulino] está hablando de calibración. Eso puede ser cierto, pero aquí el problema ya no es de calibración, sino de sobrecosto”, señaló.

GARUZ COORDINÓ EL PROYECTO: MULINO

Mulino, quien alega que el problema tiene que ver con falta de calibración del equipo, aseguró que el proyecto de los radares fue coordinado por el exviceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, por instrucciones del entonces presidente Ricardo Martinelli.

Sobre el contrato, Mulino dijo que este se firmó bajo la modalidad “llave en mano”, lo cual implica que se pagará si se cumple con la instalación y el procedimiento exigido.

Garuz, por su parte, no contestó mensajes dejados en su celular por este medio.

Además de los 19 radares adquiridos por $125 millones a Selex –filial de Finmeccanica–, Panamá adquirió seis helicópteros y un mapa digital, todo ello por $250 millones.

Las compras directas a Finmeccanica desataron un escándalo internacional que tiene a la justicia italiana investigando posibles sobornos. Martinelli es uno de los protagonistas.

Avanzan beca universal y proyecto ‘120 a los 65’

Los proyectos de ley que refuerzan la beca universal y el que establece el beneficio ´120 a los 65´, presentados por el Ejecutivo y que forman parte de las promesas de campaña del mandatario Juan Carlos Varela, avanzaron ayer en la Asamblea.

El pleno legislativo inició la discusión del segundo debate del proyecto que refuerza la beca universal y crea un sistema nacional de becas basado en el mérito y la excelencia académica. Los diputados se declararon en sesión permanente hasta aprobar el texto, cuyo debate seguirá hoy.

En tanto, la Comisión Legislativa de Gobierno dio el primer debate al proyecto de ley 7, que elimina la asignación de escoltas pagados por el Estado a las exprimeras damas de la República y a los hijos de los expresidentes. Este proyecto modifica la Ley No. 11 del 23 de junio de 2014, aprobada en el ocaso del gobierno de Ricardo Martinelli.

El proyecto fue aprobado unánimemente por los diputados de la comisión y busca que la ley vuelva a su disposición original, en la que se establecía solo escoltas pagados por el Estado de forma vitalacia para los expresidentes del país.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso que el beneficio de los escoltas se asigne por un período de 10 años a los exmandatarios. Su propuesta será llevada al pleno cuando el proyecto sea discutido en segundo debate.

Por otro lado, la Comisión de Trabajo de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto del Ejecutivo que establece el beneficio de los ´120 a los 65´ para las personas que no gocen de una jubilación por parte de la Caja de Seguro Social.

Mientras tanto, la Comisión de Credenciales ratificó a Mariana Núñez como directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y a Pacífico Leonardo Alvarado Solís como director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). A su vez, como subdirectores generales de esa corporación estatal fueron ratificados Jorge Concepción y Rafael Montes.

 

Rechazan demanda por horario de bares

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó una demanda contencioso administrativa a la Asociación de Bares, Discotecas y Clubes Nocturnos de Panamá, que buscaba que se anulara el decreto 1424 emitido el 9 de noviembre de 2011 por el Ministerio de Seguridad sobre el horario de los locales nocturnos de expendio de bebidas alcohólicas.

El fallo fue dictado el 27 de junio, y tuvo como ponente al magistrado Alejandro Moncada Luna.

En sus argumentos, Moncada Luna estimó que no hubo usurpación de funciones del Ministerio de Seguridad, puesto que la actuación emana del Órgano Ejecutivo al dar órdenes a los gobernadores del país para regular los horarios de los locales.

Moncada Luna concluyó que no es ilegal el Decreto Ejecutivo No. 1424 del 9 de noviembre de 2011.

El fallo fue firmado, además, por el magistrado suplente Efrén Tello.

Mientras que el magistrado Víctor Benavides emitió un voto razonado, al considerar que el Ministerio de Seguridad no era competente para emitir el decreto.

Benavides explicó que las alcaldías y juntas comunales son las encargadas de regular lo referente a horarios y venta de licor.

El decreto ordena el cierre de los locales a las 3:00 a.m. los fines de semana y a las 2:00 a.m. los días hábiles.

Gobierno abre plazo para aplicar a licitación de la Línea 2 del Metro

A más tardar, el 15 de septiembre se subirán los pliegos de licitaciones de la Línea 2 del Metro de Panamá, para los consorcios que estén interesados en construir esta obra, que inicialmente llegará hasta Nuevo Tocumen (Pacora). El anuncio lo hizo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el Consejo de Gabinete realizado en la escuela Ricardo J. Alfaro de Tocumen.

Antes de que se hiciera el anuncio, el ministro de Asuntos del Canal y secretario ejecutivo del Metro de Panamá, Roberto Roy, firmó en representación del Gobierno el contrato para la supervisión de los diseños y obras, coordinación de interfaces y asistencia técnica para el proyecto de la Línea 2 del Metro.

La firma de este contrato se realizó entre la Secretaría del Metro y el consorcio PML2, conformado por las empresas Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A., The Louis Berger Group, Inc. y Transporte Metropolitano de Barcelona, S.A.

“Hoy es un día importante porque damos inicio al proceso de lo que será la Línea 2 del Metro, un proyecto muy anhelado por los residentes del área este de la capital”, resaltó Roy.

La Línea 2 del Metro, que ofrecerá servicio a una población superior a 500,000 habitantes del sector este de la ciudad de Panamá, se integrará a la Red Maestra del Metro de Panamá por medio de una conexión directa con la estación de San Miguelito de la Línea 1 del Metro y se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana, pasando por la barriada 24 de Diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2.

Roy informó que se espera que para los primeros meses de 2015 se esté entregando la orden de proceder.

El ministro adelantó que esta nueva línea ferroviaria tendrá capacidad inicial para transportar a 15,000 pasajeros por hora en cada dirección y más de 30,000 pasajeros a futuro. Contará con una longitud de 21 kilómetros de vía y hasta 16 estaciones de pasajeros.

Señalan a exdirectivos de Financial Pacific por anomalías

Una empleada de la Subdirección de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) responsabilizó a los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés por supuestos malos manejos administrativos cometidos en esa empresa, que provocaron pérdidas por unos 12 millones de dólares en 2012.

La funcionaria, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, hizo la acusación al rendir declaración jurada ayer ante la Fiscalía Decimotercera de Circuito, que investiga el caso por denuncia de los propios exdirectivos.

Basada en las conclusiones de las inspecciones practicadas en la casa de valores, la funcionaria detalló que las anomalías fueron cometidas por ejecutivos con licencia expedida por la SMV, entre ellos Clare y Valdés, que niegan los señalamientos.

En las inspecciones se descubrió, entre otras anomalías, que la cuenta usada para el pago a los empleados estaba dentro de la sección de cuentas por cobrar.

Empiezan auditorías de juntas comunales

La contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, remitió una nota a la procuradora, Ana Belfon, en la que le informa que ha girado instrucciones para realizar, con prioridad notoria, auditorías sobre fondos, bienes, valores u otros fondos públicos otorgados a las juntas comunales, municipios, y alcaldías durante los períodos 2004-2009 y 2009-2014, aunque advierte que tiene limitación de auditores.

Una fuente judicial reveló que la respuesta de Torres de Bianchini, remitida a Belfon el pasado 20 de junio, se produce luego que la jefa del Ministerio Público le solicitara verificar la asignación de gastos hecha a las juntas comunales, tras publicaciones en el diario La Prensa de una serie de reportajes en los que se denuncia la transferencia de grandes sumas de dinero poco antes del torneo electoral del pasado 4 de mayo.

En su respuesta, Torres de Bianchini plantea que las auditorías se harán tomando en cuenta la limitación de auditores que tiene esa institución. Y que se realizarán atendiendo a las normas jurídicas respectivas, así como a las normas gubernamentales para la república de Panamá, a fin de determinar la corrección o incorrección que afecte al patrimonio para el período 2004 al 2014.

El pasado 16 de junio la procuradora, Ana Belfon, remitió a la Contralora la nota DPGN 203-2014, en la que le solicita empezar una auditoría a los fondos asignados a las juntas comunales, municipios y alcaldías para los períodos 2004 a 2014.

La investigación de oficio, comenzada por el Ministerio Público, se encuentra en el despacho del fiscal cuarto anticorrupción, William Parodi. Entre 2013 y 2014 se transfirieron $76 millones en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados, revelan documentos del Ministerio de Economía y Finanzas.