Pellegrini presenta recurso contra fiscal Julio Laffaurie

Mayte Pellegrini, acusada junto con 12 personas de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), presentó la semana pasada un incidente de desacato contra el fiscal decimotercero, Julio Laffaurie.

El recurso fue interpuesto ante el Juzgado Segundo Penal, debido a que el fiscal Laffaurie no ha practicado las pruebas que fueron admitidas por el tribunal, explicó la abogada de Pellegrini, Zulay Rodríguez.

De acuerdo con la jurista, el Juzgado Segundo Penal y el Segundo Tribunal Superior ordenaron practicar una serie de pruebas testimoniales y documentales en el proceso, pero el fiscal no ha realizado las diligencias aún.

Entre las pruebas se incluyó una ampliación de la indagatoria a Pellegrini, careos entre acusados, declaraciones juradas, ratificación de informes de peritos, repreguntas a testigos y solicitudes de documentos a entidades bancarias.

Los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés figuran entre las personas a quienes la defensa de Pellegrini pidió interrogar.

A través del departamento de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la Nación, Laffaurie informó que ayer fue notificado del incidente de desacato, por lo que va a analizarlo y luego dará respuesta por escrito al juzgado.

El 22 de abril de 2013, Laffaurie pidió el llamamiento a juicio de Pellegrini y de los otros 12 acusados.

Pellegrini, quien se entregó a la fiscalía en noviembre de 2012, es la única detenida en este caso por un supuesto fraude de $14 millones en perjuicio de FP.

 

 

Ticos no tienen pistas de Hurtado

Las autoridades de Costa Rica afirmaron ayer que no tienen pistas concluyentes sobre la presencia en su territorio de la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, quien es requerida en su país por varios delitos.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, dijo en una conferencia de prensa que conoce “información de inteligencia básica” acerca de Hurtado, pero que “no hay certeza de que esté en el país”.

Confirmó que Colombia les pidió, en caso de que Hurtado esté en ese país, detenerla y deportarla.

Hurtado dirigió entre 2007 y 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), liquidado por una trama de espionaje contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Un año después de destaparse el escándalo, recibió asilo en Panamá, pero desde el 29 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia le revocó el asilo.

Desde entonces se desconoce su paradero y algunas informaciones indican que podría estar en Costa Rica.

Procuradora irá voluntariamente a la Asamblea

La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, está dispuesta a enfrentar de manera voluntaria el escrutinio de los diputados.

La jefa del Ministerio Público (MP) aseguró que no requiere de la remisión de un cuestionario previo, pese a que la ley le faculta este beneficio.

La información se conoció, tras una carta que envió al presidente del Órgano Legislativo, Adolfo Valderrama, en la que le expresa que “disponga lo conveniente a efecto de que por su conducto sea citada a la Asamblea Nacional, con la finalidad de emitir ante el Pleno, el acto de rendición de cuentas”.

En la nota, la procuradora expresa claramente que no requiere de la remisión de cuestionario alguno.

Su reacción obedece a los cuestionamientos que han hecho diputados de gobierno sobre su gestión, que se inició en enero de 2013 y debe concluir el último día de este año.

El pasado 30 de julio, la procuradora Belfon entregó a la Asamblea un informe escrito sobre su gestión, documento que se remite cada año, todos los meses de agosto.

El pleno de la Asamblea Nacional en este periodo ha citado a tres funcionarios para que hagan su rendición de cuentas, acción que se realiza por medio de un proceso que consiste en una propuesta y posterior votación del Pleno.

Mañana acudirá el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens, y la otra semana, la contralora Gioconda de Bianchini.

Los fallos tardíos de la Corte

Mes y medio después de que el gobierno de Juan Carlos Varela asumiera las riendas del país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer tres fallos a favor de La Prensa. Se trata de las respuestas a tres hábeas data interpuestos hace más de un año, luego de que funcionarios que lideraban instituciones durante la administración de Ricardo Martinelli se negaran a difundir información pública.

En los fallos divulgados la semana pasada, los magistrados de la CSJ llaman la atención del exministro de Seguridad José Raúl Mulino; de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal.

En el caso de Mulino, quien se negó a dar información sobre contratos entre el Estado y la italiana Finmeccanica para la compra de 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa cartográfico, la CSJ recuerda tardíamente que el artículo 8 de la Ley 6 de Transparencia advierte de que las instituciones están obligadas a entregar a cualquier ciudadano información sobre el funcionamiento, y las actividades que desarrollan las instituciones.

A Torres de Bianchini, quien no quiso brindar detalles de una auditoría realizada a la Caja de Seguro Social por irregularidades en el otorgamiento de contratos, le ordena que en cinco días suministre la información pedida.

A la Defensoría del Pueblo le piden que comunique las direcciones virtuales en las que se puede acceder a la información. (Ver notas relacionadas). Esta entidad, durante la administración de Patria Portugal –destituida por la Asamblea en agosto de 2013–, no quiso dar información de una controversial contratación.

Hasta el momento, la CSJ no ha tenido ningún cambio significativo. Es decir, está bajo el mando de los nueve magistrados que estaban en sus cargos en la era Martinelli: Oydén Ortega, Hernán de León, Harley Mitchell, José Ayú Prado, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Alejandro Moncada Luna, Luis Ramón Fábrega y Víctor Benavides.

OTRO CASO

Los tres recientes fallos coinciden con otra decisión de esta corporación de justicia en la que también dan un espaldarazo al acceso libre a la información.

El 28 de mayo pasado, días después de las elecciones del 4 de mayo que le dieron el triunfo a Varela, la CSJ le dio cinco días hábiles al extitular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Oscar Osorio, para que respondiera información que le solicitó este medio sobre la brucelosis y tuberculosis bovina. “Por ser un asunto de salud pública la información es de interés para todos”, argumentó Harley Mitchell, magistrado encargado de resolver el hábeas data. Osorio no cumplió con el mandato de la Corte, y luego que La Prensa publicara una nota titulada: “Ministro desatiende fallo de CSJ”, el exfuncionario envió una extensa misiva a este medio respondiendo a medias. No suministró ningún documento.

REACCIONAN

Eduardo Quirós, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, opinó sobre el tema. “Justicia tardía no es justicia”, manifestó.

“Ojalá que estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia le envíen un mensaje a la presente administración sobre el valor que tienen los derechos de petición que hacen los periodistas”, agregó. Abogó porque se respeten las solicitudes de información para que no se tenga que recurrir a los hábeas data.

La pasada administración de Ricardo Martinelli impidió el acceso a la información a este medio. “Yo le he dicho a la gente [subalternos] que no conteste los cuestionarios”, aseguró el exgobernante en una entrevista televisiva, en la que admitió el cerco informativo impuesto a La Prensa.

Hasta finales de 2013, periodistas de este rotativo habían presentado 18 solicitudes de información ante distintas instituciones oficiales, y 19 acciones de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de suministro de información pública, un derecho reconocido en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).

“Yo sí creo que se debe cambiar la Constitución de la República”

"Yo si creo que se debe cambiar la Constitución de la República", esto lo manifestó Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
 
"Es el momento de cambiar totalmente la estructura constitucional y no hacer una constitución que se meta en la vida de los ciudadanos en términos absolutos", indicó Castillo.
 
Agregó que "La democracia con pocos artículos funciona mejor tal cual como la que tiene Estados Unidos desde hace 200 años. Nosotros debemos reforzar la participación ciudadana para que se sienta más cercano del Estado y que su voz sea escuchada, entonces vamos a tener uan democracia más rica", manifestó.
 
Añadió que la democracia se construye a través de las instituciones y así garantizar un sistema funcional. 
 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela aseguró tras asumir el mandato que a partir de julio de 2015 se abrirá el proceso para formar una Asamblea Constituyente paralela que redacte una nueva Constitución que sustituya la de 1972, escrita durante la dictadura militar (1968-1989) y enmendada varias veces, la última en 2004. 

 

Debaten sobre plan urbano

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamientos Territorial (Miviot), así como la Alcaldía de Panamá retomaron las discusiones del Plan de Desarrollo Urbano de las áreas metropolitanas de Panamá y Colón.

Este plan fue licitado por la pasada administración por $1.3 millón, con el fin de ordenar el desarrollo en el área metropolitana y detectar las zonas con mejores características para crecer.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, explicó que la empresa responsable del proyecto debe presentar el documento en septiembre próximo. “Queremos tener reuniones informativas con otros sectores para tratar el tema”, agregó Vásquez.

Asimismo, precisó que la última vez que se revisó el plan fue en 1997 y desde esa fecha a la actualidad han ocurrido muchos cambios en la capital y en Colón.

“Ahora mismo se evalúan nodos de desarrollo en las periferias, con el fin de contener el crecimiento del centro de la ciudad”, acotó.

De hecho, el plan hace énfasis en el análisis de las áreas urbanas de la zona metropolitana de Panamá: sector oeste (Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame, San Carlos); sector este (Tocumen, Pacora, Chepo) y sector noreste (Las Cumbres, corredor Transístmico).

La vicealcaldesa, Raisa Banfield, explicó que dentro del plan hay algunas áreas o posibles nodos de desarrollo que se deben discutir con detenimiento.

Por ejemplo, dijo que una de esas áreas sería donde se ubicó el nuevo mercado de abastos y la ciudad hospitalaria, en los accesos al puente Centenario.

La principal inquietud de Banfield es que allí está el parque Camino de Cruces, por lo que sugirió el cuidado del área protegida. “Este plan nos da luces para ordenar el desarrollo”, añadió.

Gerónimo Espitia, coordinador de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, sugirió un debate y una consulta amplia.

Suspensión de proyecto, en manos de la Comisión

La petición del presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, de suspender la discusión y consultas del proyecto de ley 8 que propone reformas electorales para resolver las impugnaciones, fue recibida con beneplácito por la sociedad civil, pero con aprehensiones por parte de diputados que integran la Comisión legislativa de Gobierno.

Valderrama, en una conferencia de prensa a la que apareció hora y 15 minutos después de la convocatoria y sin sus vicepresidentes, Benicio Robinson y Alfredo Pérez [ambos miembros del Partido Revolucionario Democrático], manifestó que su pedido se basa en que “no existen las condiciones para lograr un consenso entre las partes sobre la modificación del Código Electoral”.

Indicó que su solicitud intenta que “no se repitan errores cometidos en la pasada administración, donde no se respetaron los consensos alcanzados entre los partidos políticos y la sociedad civil”.

Durante la segunda sesión de consultas del proyecto en la Comisión de Gobierno se registraron manotazos y fuertes discusiones entre diputados de Cambio Democrático (CD) y el presidente de esa instancia, el perredista Pedro Miguel González, proponente de la iniciativa.

“Estoy seguro que el diputado Pedro Miguel González comparte que no debe haber una reforma sin el aval de los integrantes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE)”, expresó Valderrama.

Señaló que el fin es que todos los cambios a la Ley Electoral sean llevados a la CNRE, para que en 2015 se presente un proyecto único que tenga el consenso de todos los sectores.

SOCIEDAD CIVIL APOYA

El pedido de Valderrama tuvo eco en la sociedad civil.

El abogado Javier Ordinola, en nombre del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, destacó que la acción de Valderrama es sana porque en un régimen democrático, como debe ser, lo que se apruebe en la Asamblea debe ser el resultado de consensos.

En tanto, Maribel Jaén, coordinadora de esta agrupación, coincidió con Ordinola en que el pedido del presidente del Legislativo busca lograr mayor acuerdo sobre el tema.

POLÉMICA

El proyecto reforma los artículos 342 y 347 del Código Electoral para anular a los candidatos que se le compruebe la causa de la impugnación y se le entregaría la credencial al que resultó el segundo más votado en las pasadas elecciones.

La iniciativa estipula la entrega de las credenciales a los candidatos proclamados que están directamente impugnados en los circuitos plurinominales

En total nueve diputados proclamados de CD han sido impugnados por supuesto uso de recursos estatales en sus campañas. Otros cinco tienen retenidas sus credenciales por impugnaciones en sus circuitos electorales.

COMISIÓN RESPONDE

El presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, advirtió de que la decisión de suspender la discusión de un proyecto no es del presidente de la Asamblea, sino de los miembros de la instancia legislativa.

Anunció que someterá el pedido de Valderrama a consideración de la bancada del PRD y luego ante los miembros de la Comisión.

Manifestó que suspenderá las consultas programadas para el lunes, pero reiteró su defensa al proyecto. Además, consideró que es el momento oportuno para debatir la reforma que resolverá el tema de las impugnaciones.

“Notamos mucho titubeo en el Partido Panameñista y auguro un mal futuro si el resto de las decisiones se toma de esta manera”, afirmó González

En tanto, el diputado del PRD y vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, también defendió el proyecto y negó que sea inconsulto.

Recordó que el objetivo es “salvar” a los diputados que ganaron en los plurinominales y no son objeto de impugnaciones.

Por su lado, Zulay Rodríguez, diputada comisionada de Gobierno, dijo que dará su opinión el lunes cuando la bancada del PRD tome una decisión.

Mientras que su colega panameñista y secretario de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Quirós, manifestó que el pedido de su copartidario Valderrama es “positivo”, pero la suspensión del debate es decisión de los comisionados.

CD PIDE RETIRO

Fernando Carrillo, diputado de CD, se mostró satisfecho con el pedido de Valderrama, aunque aclaró que la iniciativa debió “morir en su cuna”, porque fue prohijado de manera ilegal, ya que en la comisión estaban los suplentes, cuyos principales legislaban en la Comisión de Credenciales y eso lo prohíbe el Reglamento Interno.

Carrillo sostiene que el proyecto debe de ser retirado por su proponente, para que nadie vuelva a revivirlo.

( Con información de Yahir Leis)

FORO RECHAZA PROPUESTA

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales informó en un comunicado que “de aprobarse el proyecto de reformas electorales, se estaría cayendo en las mismas prácticas que atentaron contra la institucionalidad, cuestionadas a administraciones anteriores por la sociedad panameña”. El Foro Ciudadano hizo un llamado a todos los partidos políticos para que “sean eliminadas las viejas y malas prácticas, y se renueven sobre la base de una nueva cultura ética”. En este sentido, esta instancia denunció que la institucionalidad se encuentra “debilitada por las ansias de llegar al poder y de mantenerse en él a cualquier costo”.

Solicitó a la Fiscalía Electoral y a las instituciones que tienen el deber de aportar elementos probatorios dentro de los procesos de impugnación, para que cumplan con su trabajo como lo establece la ley, de modo que los procesos que se desarrollan en los tribunales puedan resolverse de manera expedita y superar la situación en la que se encuentra la justicia electoral.

Por otro lado, sostuvo que con estas reformas tampoco se resolverían las causas reales de los problemas ya identificados y analizados por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, como la falta de transparencia, la falta de control del financiamiento privado y el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, “que es lo que en el fondo ha generado el número inusitado de impugnaciones” que han producido un clima de inquietud en la ciudadanía.

YAHIR LEIS ALVARADO

 

 

´Reformas son innecesarias´

El exministro de Hacienda y Tesoro (1990-1994) y constitucionalista Mario Galindo califica de “innecesarias e inconstitucionales” las reformas electorales que debate el Legislativo. Señala, entre otros aspectos, que los diputados proclamados no impugnados tienen el derecho a recibir sus credenciales.

¿Cuál es su opinión de los cambios que le quieren hacer al ´Código Electoral´ en la Asamblea?

Me parece que es absolutamente inconveniente que la Asamblea apruebe a estas alturas una reforma al Código Electoral con la pretensión de que esas reformas, de una manera u otra, afecten el resultado de las elecciones ya celebradas. No entiendo cómo los magistrados del Tribunal Electoral (TE) han dicho que ellos avalan esa iniciativa legislativa. Me parece, repito, inconveniente y contraproducente.

¿Son inconstitucionales?

Creo que no es admisible que la Asamblea apruebe reformas después de las elecciones con la pretensión de que se apliquen retroactivamente. El tema de si son o no inconstitucionales le corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.

Pero, ¿cuál es su opinión?

Que serían inconstitucionales.

¿Cómo lo sustenta?

Esas reformas son totalmente innecesarias. Vamos a concentrarnos en el tema de los circuitos plurinominales. Donde se elige más de un diputado. Te pongo un ejemplo: un circuito en el que se escogen cuatro diputados. Supongamos que, efectivamente, como ya ocurrió, cuatro diputados fueron proclamados por la junta de circuito competente. El Código Electoral dispone que después de la proclamación se pueden impugnar las proclamaciones, siempre y cuando la impugnación se produzca dentro del plazo previsto en el Código Electoral. En el caso concreto de los cuatro diputados elegidos en ese circuito, tres de ellos no fueron impugnados, solamente fue impugnado uno. En mi opinión, el TE no puede, a estas alturas del juego, no otorgarles credenciales a los diputados proclamados y no impugnados oportunamente. Lo que debe hacer el TE es entregarles las credenciales a los diputados proclamados cuya proclamación no fue impugnada, porque se produce en ese caso el fenómeno de preclusión. En derecho eso significa que si no se impugnó oportunamente la proclamación, ya no se puede impugnar.

El TE está obligado a entregarles las credenciales a esas tres personas y eso es lo que pretende el proyecto de ley.

¿Y qué piensa del artículo que propone que se anule la participación del candidato en caso de que se comprueben las causales de la impugnación?

Este es un tema adicional y más complicado todavía. Sigamos con el ejemplo: en el caso del diputado proclamado pero impugnado oportunamente, si la impugnación prospera, se produce entonces una vacante en ese cargo específico. Y para llenar a esa vacante habría que hacer nuevas elecciones, pero solamente respecto de esa vacante específica. No respecto a las otras tres diputaciones que fueron objeto de proclamación sin impugnación.

Si prospera la impugnación de la proclamación eso no necesariamente supone un juicio penal electoral contra el diputado, cuya proclamación ha sido impugnada exitosamente, entonces yo no veo cómo, sin un proceso electoral penal, se puede inhabilitar a un diputado para que sea candidato a elecciones que se deben celebrar para llenar esa vacante en particular. Me parece muy cuestionable.

¿Qué recomienda usted?

Que el TE interprete el Código Electoral de la forma como creo que se debe interpretar. En resumidas cuentas, diputado proclamado y no impugnado oportunamente tienen el derecho a recibir la credencial. Diputado proclamado impugnado oportunamente en caso de que prospere la impugnación, hay que hacer nuevas elecciones para ese cargo en particular.

Pero para mí lo que es absolutamente inadmisible es que se pretende que un diputado proclamado, que no ha sido impugnado oportunamente, se le pueda quitar el derecho a recibir la credencial. Eso es inconstitucional. Lo que va a dar lugar es a demandas en la Corte Suprema de Justicia alegando que esa privación de la credencial es inconstitucional y tendremos que esperar a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y creo que la Corte, a la postre, estimaría que esa acción es inconstitucional.

¿Qué mensaje le envía a los diputados de la Comisión de Gobierno?

Primero, que no se precipiten. Que no hagan nada a tambor batiente. Que den un espacio para meditar, para ponerse de acuerdo y para llegar a la conclusión de que lo que están haciendo desde todo punto de vista es inconveniente. ¿Por qué? Porque se presta para que en el futuro, celebradas unas elecciones, se inventen unas reglas nuevas que puedan dar al traste con todo el sistema electoral panameño. Imagínese usted, por ejemplo, que después de celebradas unas elecciones y entregadas las credenciales se apruebe una ley que diga: la Asamblea Nacional tiene facultad para revisar credenciales ya otorgadas. Eso sería absurdo, pero frente a lo que está ocurriendo eso puedo pasar.

¿Y el hecho de que el TE dio su respaldo a las reformas?

Hace cosa de seis meses el TE se quejó de que se estaba reformando el Código Electoral seis meses antes de las elecciones y que eso era totalmente inconveniente. Yo estaba de acuerdo con ese criterio. ¿Cómo es posible que ahora, después de las elecciones, el Tribunal sí esté de acuerdo con que se reforme el Código? Eso no tiene sentido.

¿Qué piensa del carácter retroactivo que contempla la iniciativa legislativa?

Es bien discutible que se pueda hacer. A la postre si la Asamblea dice que efectivamente la norma del Código Electoral es de orden público y sin consecuencia se le puede dar efectos retroactivos, eso lo van a impugnar en la Corte. Lo van a impugnar, y habrá que esperar que se pronuncien sobre el tema, lo cual deja todo el sistema electoral nuestro en manos de la Corte para que decida. Lo que es absolutamente inconveniente, y repito, es innecesario. Creo que el Código Electoral da suficientes herramientas para resolver el problema.

A su juicio, ¿cómo se ha manejado el tema de las impugnaciones?

Están actuando como se deben actuar. Remansadamente, analizando, recopilando pruebas para poder determinar si la impugnación de la proclamación tiene mérito o no tiene mérito.

Hay voces que argumentan que esto se habría podido evitar si el fiscal electoral hubiese actuado

No es cierto. Ese fiscal no cuenta para nada. Es un cero a la izquierda. ¿Qué pudo haber hecho él frente a lo que estaba ocurriendo? No habría hecho nada.

El exministro de Economía y Finanzas dijo públicamente que se le entregaron millones de dólares a diputados en concepto de partidas circuitales, principalmente a los oficialistas.

Eso era evidente que iba a ocurrir, y efectivamente ocurrió. El presidente [Ricardo] Martinelli no pensaba jamás que iban a perder las elecciones, él y sus copartidarios, precisamente porque estaba metiendo la cantidad de millones que metió en la campaña. Pero perdieron las elecciones y es por eso que estamos enfrentando el tema de unas impugnaciones que deben prosperar, porque hay suficientes evidencias y pruebas concretas de que se invirtieron dineros públicos abiertamente en las elecciones, cosa que afectó el resultado. Pero, repito, eso es cierto respecto de los candidatos proclamados y que fueron impugnados oportunamente.

De llegar a aprobarse este proyecto, ¿qué le recomendaría al presidente Juan Carlos Varela?

El presidente Varela debe mantenerse al margen de este problema. Ahora, si le aprueban la ley, él va a tener que sancionarla u objetarla. En ese momento a él le va a tocar tomar una decisión bien grave.

Erasmo Pinilla: ‘Reformas son totalmente inoportunas’

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, calificó como “totalmente inoportunas” las reformas al Código Electoral que se discuten en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Su posición es más contundente que la del lunes pasado, cuando fue invitado a la primera sesión de la instancia y mostró su aval a las modificaciones.

“Las normas que se han puesto en consideración, a mi juicio, si no fueran aprobadas en este intento de modificación al Código Electoral serían propuestas por el TE”, dijo ese día.

En la sesión de ayer, los invitados fueron representantes de la sociedad civil, que mostraron su preocupación por el momento en que se discuten estos cambios.

La jornada terminó entre gritos, luego de que el diputado perredista Pedro Miguel González no le diera la palabra a un colega de Cambio Democrático.

Caso de los neonatos se traslada a la Asamblea

El caso del envenenamiento masivo en la Sala de Neonatología de la Caja de Seguro Social se traslada a la Asamblea Nacional. La razón es la presentación de una propuesta de ley para que se establezca una ayuda socioeconómica a los sobrevivientes.

Katiuzca Ramos, abogada de los afectados, explicó que para la próxima semana, específicamente el 13 de agosto, se estará dando cortesía de sala a los padres de los bebés afectados con la heparina, para que expongan su situación.

Hasta el momento el último censo que realizó la Fiscalía Décima de Circuito, donde se investiga este caso como homicidio culposo, revela que son cinco los niños que han sobrevivido por este envenenamiento y nueve perdieron la vida.

El Ministerio Público gestionó que los niños recibieran atención médica especializada el mismo día, para que no tuvieran que viajar hasta cinco veces por semana.