Los diputados y la inmunidad penal parlamentaria (II)

Otro aspecto fundamental e importantísimo, para los fines del procesamiento y juzgamiento penal del presunto acusado o sindicado de cometer algún ilícito penal, según el ya citado maestro de las leyes, radica en que la inmunidad penal del diputado no existe en la actualidad ya que la misma fue eliminada y abolida por mandato constitucional a partir del Acto legislativo de 15 de noviembre de 2004.

Al respecto, el Art. 155 de la Constitución Nacional señala claramente que: ‘Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier otra medida cautelar será determinada por el PLENO de la Corte Suprema de Justicia.

En tal virtud, cualquier diputado, que ostente dicha calidad, pude ser investigado, procesado, juzgado y penado por la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Si los diputados nuestros no gozan de inmunidad, nos decía el letrado Molino Mola, tampoco los del Parlacen, agregando que si no hay inmunidad, no hay nada que levantar o resolver al respecto, teniendo la Corte que proceder a realizar la investigación y juzgamiento que corresponda sin miramientos en la persona, sino basándose en la Constitución, la Ley y con la observación de que sí goza de fuero penal electoral hasta tres meses después de cerrado formal y legalmente el proceso electoral.

Conversando con el Presidente

Distinguido panameño, con optimismo percibo que durante este año, que recién se inicia, la programación de rectificaciones de la administración pública y los impostergables ajustes en materia de institucionalidad no cesarán, toda vez que con la designación del nuevo procurador de la Administración, terminó usted de armar su cuadro interior. Ahora estamos atentos al grito ¡play ball!

Así como se enmendó la arbitraria ley monopolio que favorecía a cuatro familias con el uso obligado del etanol, sin necesidad de una sola cabeza rota, se me ocurre que las condiciones favorables en su entorno político –ahora de evidente energía y poco desgaste– son propicias para acometer la modernización y el fortalecimiento del sistema democrático. Una de las promesas más apremiantes que hizo y, a la vez, de las más atrayentes, porque sedujo al electorado independiente, fue la de elegir en las urnas a las 60 personas que estructurarán la asamblea constituyente paralela y lograr así, en armonía, equilibrio y gobernabilidad social, la nueva Constitución de la República.

Sin embargo, mientras ese momento llega debemos erradicar, transformar y democratizar el Consejo de Seguridad, con sede en el histórico cerro Ancón. Se podría reubicar en uno de los edificios subutilizados del área revertida, en la Casa Amarilla de la Presidencia o en las instalaciones del Ministerio de Seguridad, en la calzada de Amador.

Aproveche la impostergable depuración, que le representaría un ahorro significativo al gasto público, pues ese elefante blanco no le retribuye ningún beneficio al Estado en las condiciones actuales, menos a la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un centro de espionaje político, de intervención e injerencia en la vida privada de las familias panameñas. Es un disociador costoso –casi una “policía política”–, en vez de una herramienta eficaz para elaborar planes y estrategias dirigidas al combate de la delincuencia y el crimen, en general. Males que persisten en índices preocupantes, gobierno tras gobierno, debido a que el Consejo de Seguridad, con una planilla de 400 escuchas fisgones resultó ineficaz e inoperante en esa labor.

Durante el pasado ejercicio electoral se demostró que el empleo de los equipos más sofitiscados y onerosos para espiar a los contrincantes políticos o a los ciudadanos con criterio distinto no ayuda a ganar elecciones. Más bien tiene efectos contrarios y de repudio.

Los profesionales en el campo de seguridad concebimos la justificación de esta herramienta, y seguro que así fue concebida en sus inicios durante el gobierno del presidente Guillermo Endara, como un laboratorio de cerebros e ideas, para ir diseñando el modelo custodia de seguridad que requeriría la estrategia del desarrollo nacional, a mediano y largo plazo. También, para alertar a los tres órganos del Estado cuando el principio de equilibrio, organización y poder de fuego e interfuerzas, es decir de pesos y contrapesos, se viole o altere como era la intención del gobierno de Ricardo Martinelli. Él quería transformar el Senafront, con casi 5 mil combatientes, en su ejército personal, de bolsillo.

Si bien ese brazo de la fuerza pública desempeña un servicio eficiente, usted debe considerar dos situaciones. Primero, que ese ejército que nos legó Martinelli y Mulino es costoso en exceso. En otras palabras, se puede lograr eficiencia en la vigilancia de las fronteras con menor gasto. Urge reorganizar semejante concentración de fuerzas, por eso, propondría que una parte se destinara como apoyo al servicio de guardabosques de la Anam, para velar por el cuidado de cuencas, lagos y la red hídrica del país, a tiempo completo.

El Consejo de Seguridad no fue creado para perseguir a sindicalistas, dirigentes estudiantiles, miembros de la sociedad civil, libre pensadores ni opositores al gobierno, como era la costumbre. Despilfarrar 13 millones de dólares en un aparato para interceptar hasta el “pensamiento ajeno”, equivale a sufragar 30 millones de vasos de avena con leche y azúcar, y la misma cantidad de huevos para alimentar a toda la población, durante 700 días o más de dos años.

Si utilizáramos ese dinero para auxiliar a los 300 mil indígenas que habitan en las comarcas, muchos de los que mueren de hambre y de enfermedades como la tos ferina y tuberculosis, entonces, todos los días durante 15 años cada indígena podría tomar un vaso de avena y comer un huevo hervido.

Con el traslado y renovación del Consejo de Seguridad recuperaríamos el complejo que ocupa, en las faldas del cerro Ancón. Se trata de una villa preciosa en medio del bosque, conformada por varios edificios sólidos y un túnel desde donde operó el Centro de Comunicación Hemisférico del Comando Sur.

Ahí se podría organizar un museo, con sala de conferencias, restaurantes, biblioteca, canchas deportivas, áreas de picnic, senderos, etc. Es decir, podría aprovecharse como sitio turístico autofinanciable y sostenible, que se sumaría a otros atractivos cercanos como la calzada de Amador, el Museo de la Biodiversidad y el mirador en la cima del cerro Ancón, entre otros.

 

La inmunidad en el Parlacen

Cuando el periodista Álvaro Alvarado le preguntó al entonces presidente Ricardo Martinelli: “¿Usted va a ir al Parlacen? Su respuesta fue: “En lo personal no tengo ningún interés. A mí ni me va ni me viene el Parlacen, no necesito ninguna inmunidad”.

“Entonces, ¿usted no va al Parlacen?”, reiteró el periodista. A lo que Martinelli respondió: “Me da lo mismo, tengo cosas más interesantes que hacer, que estar buscando inmunidad. No he hecho nada que amerite buscar una inmunidad”.

Después, tras finalizar su período rompió el récord como el exmandatario que más rápido se ha juramentado como diputado de ese parlamento.

Ahora, tras las denuncias interpuestas en su contra se han vertido diversas opiniones sobre la inmunidad de Martinelli, incluido el señalamiento de que esta ya no existe a partir de las reformas constitucionales de 2004.

Se dice, además, que como ahora la investigación penal a un diputado la ejerce el pleno de la Corte Suprema sin necesidad de solicitar autorización a la Asamblea Nacional (como antes), entonces, tampoco es necesario pedirle al Parlamento Centroamericano (Parlacen) el levantamiento de la inmunidad.

Habría que decir que aunque es cierto lo primero, en razón del artículo 155 de la Constitución, lo último no lo es del todo. La inmunidad y los privilegios del Parlacen son similares a los que tienen los diputados de las asambleas o congresos en sus países de origen, pero sigue una condición distinta (tiene que ser levantada) en razón del tratado constitutivo que norma todo lo relacionado al organismo regional. Es un imperativo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política, en el que Panamá se compromete a acatar el derecho internacional. El mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia, mediante el que se declara la inconstitucionalidad de la Ley 78, que sacaba a Panamá del Parlacen, hace amplia explicación respecto a las obligaciones que tiene el país con los convenios internacionales.

Pero, aclaremos, ese “privilegio” no es obstáculo para impulsar el proceso penal, no importa que se haya sido presidente de la República. Lo que sí es un obstáculo es la Ley 55, de 21 de septiembre de 2012, que reformó el procedimiento penal para el caso exclusivo de los diputados nacionales y que, por tanto, también es aplicable a los del Parlacen, aunque tenemos dudas de su aplicabilidad para los que están por derecho propio (expresidentes). La Ley 55 crea una preferencia inexcusable que restringe la temporalidad de la investigación criminal.

El artículo 5 de la citada ley se refiere al plazo de la investigación, reduciéndolo a dos meses siguientes a su iniciación, pudiéndose, en caso de impugnación compleja, prorrogarse este plazo por un mes adicional. “Si en un término de 10 días el magistrado no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el magistrado fiscal no remite a dicho juez de garantía la investigación en el plazo fijado, se tendrá por extinguida la acción penal”. La intencionalidad de esta norma no requiere mayor comentario.

El futuro del Parlamento está en juego. Al peticionarse el levantamiento de las inmunidades, el Parlacen tendrá que resolver con prontitud, incluida la definición sobre los alcances de la inmunidad (si la tienen o no) para los diputados que no son por elección, como es el caso del expresidente Martinelli.

 

De los delitos y de las penas

A raíz de la imputación del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y consecuente detención preventiva de dos altos servidores públicos de gobiernos anteriores, pienso que se abre un importante debate sobre los bienes jurídicos tutelados, los delitos y las penas.

La norma específica supuestamente violentada es el Art. 167 del Código Penal que señala: “Quien, sin contar con autorización de autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”. Es una garantía constitucional regulada por el Art. 29, que establece: “Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”. Esto es, por jueces y magistrados del Órgano Judicial.

También es un derecho consignado, en varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocidos por la República de Panamá. El Art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, en el Art. 11, numeral 2, dispone: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia…”.

De manera que la norma en comento tutela cualquier tipo de comunicación privada de las personas. Es una garantía que protege del espionaje del Estado y solo puede ser vulnerada por mandato de autoridad judicial. De lo glosado podemos colegir que se trata de una violación grave de los derechos humanos cuya penalidad resulta peripatética, si se le compara con otras conductas delictivas, por ejemplo, el hurto de una o más cabezas de ganado que tiene pena de cuatro a seis años de prisión. Y por pena agravada, se aumentará de un tercio a la mitad de la pena por delito simple.

Por último, por disposición del Art. 2140 del Código Judicial: “Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión… se procederá a decretar detención preventiva”. En consecuencia, es contradictorio que en el proceso incoado en contra Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, cuya falta es considerada sumamente grave, resultara inadmisible e ilegal la detención preventiva, en cambio por el hurto de una vaca, es legal, legítimo y socialmente aceptable que de inmediato se decrete la detención preventiva. De modo que a juicio del legislador tiene más valor una cosa mueble especial, la vaca, que la intimidad y privacidad de las personas, garantía fundamental del derecho internacional público, constitucional y legal.

Es poco probable que el Fiscal Auxiliar desconozca lo preceptuado en la norma 2140 del Código Judicial, por lo que podría asegurar que se pone en riesgo el fondo de la causa, en virtud de una especie de linchamiento mediático o sainete político que en nada contribuye al respeto de la dignidad de las personas (supuestas víctimas y victimarios) y el debido proceso que debe prevalecer en toda sociedad política organizada o en un estado democrático de derecho.

¡Así de sencilla es la cosa!

 

Sobre el cobro por los estacionamientos

La Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley 10 para permitir el uso gratuito, hasta por tres horas, de estacionamientos en comercios, clínicas, hospitales y oficinas en las que se adquieran bienes o servicios. La medida no aplicará a proyectos para el servicio exclusivo de estacionamientos.

Entre los argumentos de los opositores y algunos columnistas desorientados se destaca que “atenta contra el libre comercio y la competencia, así como el uso y disfrute de la propiedad privada”, agregan que “nada es gratis” (La Prensa, 1/16/2015). Algunos más radicales acusan a la norma de inconstitucional y que convertiría al gobierno en uno similar a los de la izquierda socialista. Lo que desconocen los detractores y los gestores de la ley es que hay una norma legal que establece la obligatoriedad de dotar de estacionamientos a toda construcción comercial en los distritos de Panamá y San Miguelito. Es simple: nadie puede construir sin un control que garantice los derechos de la sociedad en general, y de los consumidores en particular. Las normas de desarrollo urbano garantizan que en los proyectos exista la dotación de servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, calles, etc.) para el óptimo funcionamiento de los proyectos y la comodidad y satisfacción de quienes los adquieren o hacen uso de ellos.

La Resolución 188-93, de 13 de septiembre de 1993, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), publicada en la Gaceta oficial No. 22,390 de 8 de octubre de 1993, que aprueba la modificación y actualización de las normas de desarrollo urbano comerciales para los distritos de Panamá y San Miguelito, establece parámetros a cumplir para la aprobación de los proyectos. Sin esta norma u otras, ningún local construiría estacionamientos. Esta resolución es clara. Dirime las dudas que genera en parte de la comunidad empresarial, representada por la Cámara de Comercio y la Apede, el alcalde de Panamá y otros, quienes han manifestado su disconformidad con la ley. Los dos primeros declararon que pedirán al Presidente vetarla.

El Miviot revisó esta norma en conjunto con la Comisión Asesora de Desarrollo Urbano, integrada por representantes del Colegio de Arquitectos de la SPIA, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, la Capac y la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, entre otros.

El artículo tercero de la Resolución 188-93 instaura la norma de intensidad alta o central C-2 en áreas zonificadas con RM2 y RM3 para usos permitidos de instalaciones comerciales, oficinas y de servicios en general, relacionadas con las actividades de servicios mercantiles y profesionales del centro urbano. Además de definir varios otros parámetros en cuanto a estacionamientos, establece la dotación de un espacio por cada 150 metros cuadrados (m2) de construcción para edificios de depósitos; un espacio por cada 60 m2 de uso comercial o de oficina y un espacio por cada 150 m2 de depósito; y para centros comerciales un espacio por cada 40 m2. Por ejemplo, un centro comercial de 10 mil m2 de construcción debe construir 250 estacionamientos. Es decir, los consumidores tenemos derecho a esos espacios gratis. Estimo justo que si los estacionamientos exceden lo que establece la norma, se segreguen y se cobre por su uso.

En conclusión, no se debiera cobrar, pero los diputados le otorgaron a la empresa privada ese derecho, después de la tercera hora, por un espacio que tienen que construir como requisito para que el Miviot y el Municipio les aprueben el proyecto.

 

Los peligros de las relaciones exteriores personalizadas

Este año se desarrollará, en Panamá, la Cumbre de las Américas, en la que un número importante de presidentes de países del hemisferio se reunirá, en medio de la expectativa que ha generado el cambio en la política internacional de Estados Unidos hacia Cuba, tras un fracasado bloqueo comercial y político que se impuso a la isla caribeña, hace más de 50 años.

La acción personal de Barack Obama sigue la tendencia riesgosa de muchos presidentes, sobre todo latinoamericanos, de protagonizar relaciones personales para estrechar los lazos comerciales entre los países. Esto es así, porque en diplomacia hay que transitar por caminos protocolares muy sensibles y delicados. El problema es que si, por alguna razón o circunstancias, se deterioran las conversaciones o los trámites, no existe una etapa superior a la que acudir.

En el caso de Panamá, eso lo vivimos en forma traumática y repetida durante el gobierno de Ricardo Martinelli. En 2012, cuando él se encontraba de visita en Japón, apoyó a esa nación en el litigio que mantiene con Taiwan por la soberanía de tres islas. Esto significó, para Panamá, una acusación internacional de intromisión en asuntos internos chinos. Además, el conflicto afectó las relaciones con la República Popular de China –uno de los principales usuarios del Canal–, que también aduce su soberanía sobre dichas islas.

En otro incidente posterior, Martinelli ordenó que se votará contra una propuesta que buscaba darle a Palestina el estatus de “Estado observador no miembro”, en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto, rompiendo con la tradicional política de apoyo, por un lado, y de país neutral que por años había mantenido Panamá por la condición de tener el Canal. De hecho, fuimos el único país de Latinoamérica que votó en contra.

En otra ocasión, el mandatario expresó su deseo de introducir el euro como moneda de curso legal en Panamá.

En 2013, Martinelli viajó a Venezuela en una gestión personal para tratar la deuda millonaria de los importadores de ese país con los exportadores de la Zona Libre, debido al control de divisas que aplica del gobierno de Nicolás Maduro, quien adoptó esa decisión unilateral que aún afecta a los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), a Copa Airlines y a algunas empresas farmacéuticas.

La acción personal de Martinelli desembocó, en marzo de 2014, en el rompimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela. Ruptura que se restableció semanas después del triunfo de Juan Carlos Varela en las elecciones de mayo 2014.

Por otro lado, la actual paralización del proceso del tratado de libre comercio entre Panamá y Colombia se da a pesar de haberse celebrado dos reuniones entre el presidente Varela y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos. En octubre de 2014, Panamá apareció en una lista de paraísos fiscales que elaboró Colombia, lo que representó un cambio en el tratamiento tributario de ese país y que atribuyó a la supuesta existencia de prácticas que limitan el intercambio de información tributaria o fiscal. Hecho que complica más la economía de la ZLC.

A fines de 2014 los comerciantes de la Zona Libre de Colon volvían a manifestar su preocupación por no haber podido llegar a una solución concreta con los colombianos ni con los venezolanos. El problema comercial, por la baja de las reexportaciones y el despido de miles de trabajadores, se había convertido en uno político, al no tener una herramienta estratégica disponible.

A corto plazo, no se vislumbra un cambio en la práctica de la diplomacia personalizada, sin embargo, los especialistas quieren que el gobierno del presidente Varela le otorgue más respeto a los egresados de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y a los profesionales del mundo diplomático.

Además, se espera que con la instalación del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, como órgano asesor, y la creación del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y de Cooperación, se pueda fortalecer la doctrina, para tener una política internacional coherente y respetuosa, producto del análisis científico en beneficio de nuestro país.

 

Estacionamientos gratuitos

La Asamblea Nacional aprobó ayer, en tercer debate, un proyecto de ley que regula el cobro por el uso de estacionamientos, tanto particulares como públicos. En cuanto a los privados, nadie se debe meter porque hacerlo convierte al gobierno en uno similar a los de la izquierda socialista, que siempre insiste en regular e intervenir en los negocios privados, afectándolos de forma negativa. Ello ahuyenta la inversión privada que es la clave básica del desarrollo. Si, por ejemplo, un centro comercial, que compró un terreno y que cubrió los costos de la construcción de tales estacionamientos, decide cobrar por su uso, no hay forma posible de que el Estado intervenga sin violar la Constitución. A fin de cuentas, si el cobro por el servicio ahuyenta a sus propios clientes, ese es su problema porque serían sus comercios los afectados, no el nuestro ni de nadie más.

Este tipo de intervención-regulación demagógica, que solo pretende granjearse simpatías (y votos) entre los ciudadanos, abre las puertas para que los gobiernos de turno empiecen a regular todas las actividades comerciales privadas, lo que solo conduce al fracaso de la economía de cualquier país, como lo hemos visto en los gobiernos socialistas.

Hablemos ahora de los estacionamientos públicos: ¿Por qué debería el Estado costear, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, la construcción de un estacionamiento para que se beneficie tan solo un ciudadano (que sería el propietario del vehículo que lo utiliza), y que demasiadas veces es el mismo que se apodera, hasta de forma permanente, de ese lugar que se supone es público, en parques y hasta en las calzadas? Eso no es ni más ni menos que una discriminación contra el resto de los ciudadanos y es algo que también prohíbe la Constitución.

El cobro en los parques, por ejemplo, en la cinta costera afectaría un poco a quienes tengan la capacidad económica para comprarse un auto y vayan a ese lugar en sus vehículos, pero en nada a los ciudadanos de a pie, que como no pueden comprarse un automóvil, se transportan en buses y otros vehículos públicos.

Lo que ocurre es que durante muchos años los gobiernos demagogos han propiciado ese tipo de actitudes paternalistas, y le enseñan al ciudadano que el Estado debe proveerles todo gratis, inclusive a costa del perjuicio de los demás. Por eso, queremos que nos lo regalen todo (en ello me incluyo, porque es muy sabroso tener algunos recursos, pero sin gastarlos en nada).

El principal problema que afecta a nuestro país, en todos los sentidos, es la irresponsabilidad ciudadana que, como dije, ha sido fomentada por los gobiernos de tendencia izquierdista, principalmente. Por ello, vemos de forma recurrente “la protesta del día”, que nos perjudica de forma en general solo porque un grupejo cierra las calles en reclamo de algún beneficio para sí. Es hora de que, como pueblo, empecemos a ser más responsables y de que procuremos elegir a gobernantes que, al ejercer la autoridad que los propios ciudadanos les concedemos, nos cumplan.

Vida partidaria más allá de lo electoral: Jorge Rivera Staff

Recién iniciado el debate de las reformas electorales, y teniendo en ciernes un proceso constituyente, es imprescindible incidir en la calidad de los partidos políticos, más allá de lo estrictamente electoral, si en realidad queremos mejorar la democracia y el estado de derecho en Panamá.

No obstante todas las críticas y deficiencias que presentan hoy por hoy, los partidos son los principales actores del sistema político (sin que esto vaya a cambiar en el corto ni mediano plazo), de forma que el acceso y ejercicio del gobierno estará determinado por estas organizaciones.

Aunque durante las elecciones del año pasado, gracias a la voluntad de un pueblo y a la firmeza del Tribunal Electoral, detuvimos el salto al despeñadero al que nos quería llevar el régimen anterior, ahora debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta para procurar que no se repita nunca más que el devenir del Estado dependa de un individuo o partido en específico, sin importar sus intenciones, y que debamos esperar hasta nuevas elecciones para corregir el rumbo.

Considerando que el principal objetivo de un partido político en democracia es acceder al poder por la vía electoral, está claro que esto no es suficiente. Hay toda una serie de funciones que estas organizaciones deberían cumplir, y que no están directamente relacionadas con la actividad electoral, ya sea para cargos internos o de elección popular.

A esto se le denomina carácter permanente de un partido y moldea la vida orgánica e institucional del mismo.

El carácter permanente está conformado, entre otros aspectos, por la capacitación política, ética y de gestión pública de sus miembros, la creación de think tanks para proponer soluciones de largo plazo a los problemas nacionales, la actividad de frentes sectoriales y comisiones temáticas, el desarrollo de trabajo comunitario, municipal y provincial, la interacción constante con actores de la sociedad civil para atender coyunturas políticas, etc.

Entre los principales beneficios de contar con una vida orgánica e institucional, están la erradicación del clientelismo, consolidar la cohesión interna y el trabajo en equipo, ayudar a mejorar la forma y el fondo en la toma de decisiones incluyendo consulta y debate previo. Con esto se fortalece la capacidad técnica de los dirigentes, su compromiso ético y la cultura de rendición de cuentas.

A diferencia de muchas propuestas en Panamá, esta no tiene problemas de dinero. Si el subsidio electoral para los partidos –que en los próximos cinco años será de $41 millones– fuera reformulado para estos fines, en 2019 tendríamos partidos políticos (y un gobierno) de primer mundo. El problema es de visión y voluntad, no de recursos.

Así mismo, es imperante aprovechar el debate tanto en la Comisión de Reformas Electorales, como dentro del proceso constituyente, para que se discuta la necesidad de contar con una ley de partidos políticos con estrictas exigencias y regulaciones más allá de lo meramente electoral.

Es una tarea difícil (sobre todo por la oposición de las actuales dirigencias), pero se puede abordar con medidas muy concretas. El primer paso es visibilizar su importancia y beneficios, para posicionar en los medios de comunicación y en la sociedad, la necesidad que los partidos mejoren su calidad.

Aunque no se perciba a simple vista –con este cambio– la calidad de vida y el progreso de los panameños se garantizaría, al contar con gobiernos formados por partidos de una calidad muy superior a las maquinarias electoreras y clientelistas que tenemos hoy en día.

Si no perdemos nada y podemos ganar mucho, ¿por qué no lo intentamos?

 

Participación ciudadana en las reformas electorales: Ricardo Díaz-Guillén

Desde que se introdujo en Panamá la modalidad de debatir las normas electorales después de cada elección, con el fin de actualizar las reglas con base en las experiencias vividas, es importante que la ciudadanía tome conciencia del rol que juega en estas reformas para lograr un proceso electoral equitativo e incluyente y, de esta manera, incentivar la participación de representantes políticos comprometidos con la democracia y la transparencia.

Con la instalación formal de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), creada mediante el Decreto 43 del 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal Electoral, se da inicio a esa importante tarea, y la sociedad civil estará representada por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, así como con la incorporación en este del Foro de la Juventud y de las Etnias Indígenas, a sugerencia de la última Comisión de Reformas Electorales y del Consejo Nacional de Partidos Políticos, con la asesoría técnica del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.

Instamos a todos los sectores involucrados a participar de un ejercicio democrático, en busca de los mejores intereses de la nación. No podemos permitir que sucedan actos como los que vivimos en las pasadas elecciones, que socavaron los cimientos de nuestra frágil democracia; desde la participación solapada o visible de las autoridades en todo el torneo electoral, el clientelismo político, la falta de transparencia en el financiamiento público y privado, la desproporción en las propagandas políticas en una campaña larga y desgastadora, por mencionar algunos.

El Movimiento Independiente por Panamá (Movin), como parte del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, desea alcanzar con su participación objetivos claros y definidos, como el establecimiento de los mecanismos necesarios para el control del financiamiento público y privado a los diferentes partidos, campañas y candidatos; eliminar las prácticas del clientelismo político, del uso ilegítimo de los fondos del Estado, y evitar la penetración del crimen organizado en las instituciones del Gobierno a través de las campañas políticas.

Queremos lograr equidad en la participación de los candidatos en los debates y en los medios de comunicación del país, al igual que incentivar el trabajo de la mujer, la juventud y las minorías.

En fin, el panorama nos muestra un gran trabajo por hacer, que comienza por buscar consenso entre las partes, sobre todo en aquellos temas que puedan ser de controversia para los intereses de los partidos políticos, miembros importantes y con mayoría dentro de la CNRE.

La sociedad civil, representada en esta Comisión a través del Foro Ciudadano, deberá ser respaldada por la ciudadanía en busca de los mejores intereses para el país, y ejercer presión para que las reformas que sean aprobadas respeten los acuerdos alcanzados, en su presentación a la Asamblea Nacional, un ente eminentemente político.

Queda mucho trabajo por hacer con el objetivo de lograr un mejor Panamá para nosotros y nuestros hijos. Espero que hayamos aprendido la lección que nos tocó vivir en las pasadas elecciones, puesto que solo tras las experiencias vividas se pueden corregir los errores.

Es importante destacar que, a pesar de lo frágil que pueda parecer nuestra democracia, somos ejemplo para otros países de América Latina, como lo mencionó Carlos Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia, quien nos acompañó como orador principal el día de la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Separación de poderes, en entredicho: José Espinosa Riquelme

Ni su sagacidad política como exlegislador, ni su formación académica como abogado, ni siquiera la experiencia adquirida en 10 años como magistrado del Órgano Judicial, le dieron claridad mental y prudencia a Alberto Cigarruista para abstenerse de manifestar que él había conversado con el presidente Juan Carlos Varela sobre la posibilidad de ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Cuentas.

Sin duda, esta revelación hecha pública por el connotado magistrado, durante una entrevista que le concedió al periodista Álvaro Alvarado, comprometió al mandatario y debía ser motivo suficiente para descalificarlo de ocupar la judicatura en el Tribunal de Cuentas, pues demuestra que no actuará con imparcialidad e independencia en tan alto cargo.

Las declaraciones de Cigarruista dejan en claro que la separación de poderes sigue siendo una quimera en Panamá o un sueño romántico de la sociedad civil organizada.

También demuestran hasta dónde el excesivo poder presidencialista es capaz de producir cambios de conductas en algunos miembros de los órganos de poder, a la hora de tomar decisiones. Conducta que cualquier lego en materia de ciencias políticas interpreta como una vulgar intromisión del Ejecutivo en los asuntos que le son propios a otros componentes del Estado.

El mejor ejemplo lo vimos en el reciente escogimiento del magistrado del Tribunal de Cuentas, porque los magistrados del Órgano Judicial favorecieron al candidato oficialista de entre un listado de más de 50 juristas.

La sociedad civil desaprueba que no se consulten las últimas designaciones, pues resiente la falta de relevo generacional y observa, con impotencia, cómo los altos cargos son ocupados por los integrantes de los partidos políticos en el gobierno y sus familiares, gracias a contactos e influencias, al más alto nivel.

Y me pregunto, ¿lo harán para servir a la patria o para servirse de ella?