La CSJ panameña y sus malabarismos

He leído detenidamente la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que resolvió el amparo interpuesto por la Sociedad Calle Abajo Tableño, en contra de la resolución del Ministerio de Gobierno que otorga la personería jurídica a la Sociedad Punta Fogón Unido. Debo expresar que no comparto ese pronunciamiento, que contó con el salvamento de voto del magistrado Harry Díaz, a quien en el reparto le habían asignado dicho amparo, pero luego que presentó su proyecto ante el pleno fue rechazado y pasado el expediente al magistrado Luis Ramón Fábrega, en cuyo despacho se elabora el malabarismo legal que santifica la improcedente e ilegal actuación del ministro de Gobierno, Licdo. Milton Henríquez, quien termina acuerpando al tableño Francisco De León (asesor legal) y a Maritza Royo (secretaria general), autores intelectuales de los engendros ‘legales’ que luego remiten a las autoridades municipales de Las Tablas, que nunca fueron consultadas e intencionalmente ignoradas.

El amparo es muy claro, la Sociedad Punta Fogón Unido solicitó la aprobación de su personería jurídica y la Sociedad Calle Abajo Tableño presentó su oposición. El Ministerio, mediante resuelto No. 56 de 16 de septiembre de 2015, suscrito por la viceministra, rechaza la oposición y ese mismo día, emite y notifica el resuelto No. 69, suscrito por el ministro, que concede la personería jurídica, sin haberse cumplido los términos procesales para la presentación de la respectiva reconsideración, cuando el primer Resuelto, en su parte resolutiva manifestaba que contra el mismo procedía dicho recurso. La reconsideración se presenta en término y es resuelta, mediante resuelto Nº. 82 de 6 de noviembre de 2015, notificado el 16 de diciembre de 2015; es decir, dos meses y medio después de haber concedido la mencionada personería jurídica. Este actuar violó de manera flagrante el debido proceso, que era el punto concreto a resolver del amparo, ya que fueron desbordados los términos consignados por ley. Pero los magistrados secundaron un ‘planteamiento’ ajeno a la controversia, pues no estaba en discusión el derecho de asociación ni las facultades que tiene dicho Ministerio para otorgar personerías jurídicas; sino el procedimiento utilizado para la concesión de dicha personería.

La Corte Suprema con esta actuación viola el regulado procedimiento administrativo en general, que señala las pautas a seguir por toda instancia administrativa al momento de resolver cualquier trámite, solicitud, incidente o recurso. El magistrado Harry Díaz, en su salvamento de voto, con el cual concuerdo, expresó: ‘En efecto emitió el Resuelto No. 56 de 16 de septiembre de 2015 negando la oposición presentada por la Sociedad Calle Abajo Tableño, contra la solicitud de la Personería Jurídica de la entidad en formación Asociación Punta Fogón Unido, y ese mismo día, otorgó su personería y aprobó sus Estatutos, a pesar (de) que el Resulto No. 56 de 16 de septiembre no se encontraba ejecutoriado’.(sic) Además señala ‘el trámite que debió seguir el ministro de Gobierno… En este caso resolver el recurso de reconsideración anunciado y sustentado, pues esos son los pasos que deben seguirse para cumplir con el debido proceso, y una vez finalizada esta etapa procesal, proceder a conceder o negar la solicitud impetrada por la Asociación Punta Fogón Unido’. Estas maromas legales de nuestra Corte Suprema, obviamente se inspiran en elementos foráneos al derecho y a los hechos.

Por otra parte, de la ilusionista sentencia, también se rescata, pese a no ser el punto planteado por el amparista, las expresiones vertidas por el magistrado Abel Zamorano, sobre cómo debe resolverse una confrontación vecinal, ‘la controversia surgida entre las organizaciones debe ser resuelta mediante la consulta ciudadana, es la propia comunidad quien debe ser la verdadera conocedora y decidir’. Igualmente señala: ‘Los llamados a llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana, son los municipios por disposición legal, por tanto estaría obligado por Ley el alcalde, quien debe convocar a esa consulta, que deberá ser hecha luego de concluidos los carnavales del presente año’.

Finalmente, lo único positivo para los simpatizantes de la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas, de la engañosa sentencia, es que los tableños al fin encuentran la salida a la controversia fundamental, para poder terminar la anarquía en el Carnaval tableño y sus nefastas consecuencias para el buen desenvolvimiento del mismo y su tradición.

Miguel R. Vanegas

ABOGADO

¿No a la reelección de los diputados?…

A poco menos de dos años de las elecciones generales del 2019, ya la campaña política, nos guste o no, está caliente… Ya pululan los aspirantes a las candidaturas presidenciales, así como a los demás cargos; igualmente, algunos sectores de la población, al menos en las redes sociales, se están activando con miras a dicha campaña. Una de las acciones ciudadanas que ha surgido es un ‘meme’ que dice ‘¿Qué tal si nos vengamos impidiendo que ningún diputado se reelija? #NOALAREELECCIÓN. Publica esto y mira cómo tiembla el diputado de tu circuito. Comienza el juego’. Es la reacción de hartazgo que produce el papel que ha jugado la Asamblea Nacional, sobre todo por la fresa del pastel que la puso la elección de la junta directiva el recién pasado 1 de julio. La ciudadanía tiene la última palabra, tiene los votos, ojalá también el criterio sano para hacer valer el civismo, las decisiones correctas en beneficio de todos y de la Nación.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La Asamblea Nacional

La percepción que me queda es que la tragedia de la Asamblea Nacional va más allá de lo que expresan las sucesivas elecciones de su directiva. Quienes afincan la crítica en este aspecto, eluden, con o sin intención, el verdadero problema. Las elecciones de directiva solo reflejan el drama que encuentra origen en un contubernio avalado en la propia Constitución de la República, en las leyes electorales, en la dislocada participación quinquenal del electorado, en el señalamiento incisivo y oportunista de quienes adversan a las fuerzas en el poder, y luego, en la actuación fugaz pero letal de los propios diputados.

Así que juzgarla con objetividad pasa, a mi criterio, por un examen de la legislación que la sustenta y de la forma como actúan quienes la eligen, quienes se valen de ella para sus proyectos y aún más, quienes la combaten. Los titulares de los impresos no varían mucho cada año, porque la Asamblea es la panacea de la maniobra, el escenario donde se nivelan las medidas, buenas o malas, que definen el rumbo que toman ciertos proyectos, el destino de la opinión pública y la suerte del país.

En el fondo se trata de la lucha porque el parlamento tenga un desempeño conformen el sistema democrático que dice representar y por quienes la han convertido en una suerte de caja mágica donde aparece lo inesperado y desaparece lo que se espera, una especie de ardid maléfico donde quienes dicen defenderla, deben poner al descubierto a aquellos que la utilizan para su provecho.

Partamos por señalar que la famosa independencia de esa corporación es una fábula, desde el momento en que su presupuesto de funcionamiento se lo asigna el poder Ejecutivo. ¿Transcurre esta operación sin condiciones? ¿Qué es lo que hace posible que la correlación en el hemiciclo tome un rumbo determinado? Y no se trata de si el diputado se deja o no; más bien se trata de si este puede o no, si tiene la moral y la independencia que le permita actuar según la conciencia colectiva que lo eligió, y no según sus intereses particulares.

El sistema está hecho para que quien quiera conservar su protagonismo político, dependa de esas asignaciones. Y sucede que cada diputado es un político. Por muy sano que sea, una vez el sistema ‘lo atrapa’ no le queda otra que entrar en el juego, y en el camino sacarle provecho. Hacer lo contrario ‘es una tontería, una pérdida de tiempo y de oportunidades’, dicen algunos parlamentarios. Entonces lo lógico es que ‘actuemos en armónica colaboración’. Al final el gran ausente de esa ‘armónica colaboración’ es el electorado, y la definen dos actores: los órganos legislativos y el legislativo.

Esas son, a mi criterio, las condiciones que rodean cada día el actuar de un diputado, y colectivamente la de la Asamblea. Condiciones que dan pie al transfuguismo que muchos critican como si ignoraran las causas que lo generan: no habría transfuguismo sin ofertas y nadie ofertaría si el transfuguismo no tuviera mercado.

El pasado sábado el PRD parece haber intentado sacar a sus diputados de ese círculo, presentando una propuesta opositora tres años después de ser parte de un pacto parlamentario destinado a garantizar la gobernabilidad del país. Dos horas después del discurso del presidente Juan Carlos Varela, Pedro Miguel González, dirigente del PRD ha realizado una rueda de prensa con críticas severas hacia el Gobierno, para que no quede dudas de la orientación opositora que va asumiendo ese colectivo. Creo, sin embargo, que para convencer a la opinión publica, el PRD tendrá que hacer más, mucho más. No basta con asumir un discurso opositor radicalizado. Es de esperar que en adelante el PRD se torne más consultivo y más representativo de la inconforme agenda social que transcurre en el país, para recuperar una credibilidad altamente accidentada desde hace 10 años. Ese es el reto.

Julio Bermúdez Valdés

 

La democracia y el derecho al saber

No hay duda de que, históricamente, la democracia moderna, en su evolución, tiene el mérito de haber reivindicado el derecho de todos al saber, pero no ha de olvidarse (y casi siempre se olvida) que la democracia moderna (como toda otra forma, no solo política de progreso humano) es obra de la aristocracia; es decir, de los mejores. Así, la Revolución francesa es obra de los ‘aristócratas’ de la cultura del tiempo, que por pura coincidencia histórica eran también nobles casi todos; y los teóricos posteriores de otras formas de democracia son hombres que han reivindicado el derecho de todos al saber, por el hecho de haber demostrado que ellos lo sabían ejercer, precisamente con iluminado pensamiento, en los límites en que tal pensamiento se hallaba iluminado.

El democrático derecho al saber no es una conquista de las masas (en la historia no existen conquistas de las masas, excepto para los demagogos de profesión, interesados en explotar a las mismas masas con todas las armas mentirosas y corruptoras de la propaganda) –entendiendo por ‘masa’, cualquiera que sea la clase social a que pertenezca, el conjunto de hombres sin cualificar por el recto uso del derecho al saber—, sino la conquista de una élite, que ha descubierto y reivindicado a favor de las masas tal derecho humano, para que todo hombre, según sus capacidades y buena voluntad, ocupe un grado en la escala de la élite, es decir, para que tenga cualificación. Es verdadera nuestra tesis de que la auténtica democracia es la que siempre se expresa en formas aristocráticas, vale decir, no la democracia demagógica, sino la aristocrática, cuyo cometido es el de elevar a todo hombre a formas de vida superiores, y proporcionalmente a su verdadera personalidad.

Por esto nosotros, lo mismo que somos contrarios a la retórica del ‘trabajo intelectual’, que, según un humanismo individualista y parcial, considera a la cultura como privilegio de una clase y a quien la posee como un privilegiado con derecho a despreciar y a dominar a los otros; del mismo modo somos contrarios a la más reciente retórica del ‘trabajo manual’, que, desconociendo y despreciando los valores superiores del intelecto y casi acusándolos de ser ‘antidemocráticos’ y ‘antisociales’, reconoce como clase superior y privilegiada la de los agricultores y obreros. Aquí es donde reside un voluntario desenfoque del problema, un equívoco deliberado. Saber no es solo cultura humanística o altamente científica ni mucho menos ocupar un puesto elevado en la vida social.

La cuestión no está en sustituir un privilegio por otro, la superioridad de una clase sobre otra ni en nivelar a la humanidad al grado más bajo solo porque la mayoría de los hombres no puede elevarse a los grados más altos (o cree no poderse elevar por un falso concepto de elevación personal o social, que se hace coincidir con la ocupación de puestos socialmente más elevados o con la ganancia y bienestar material) sino en eliminar todo dominio de una clase sobre otra y todo privilegio arbitrario de unos hombres contra otros, no nivelando según el grado más bajo, sino tratando de elevarlos a todos, cada uno en sus límites y posibilidades, al grado más alto posible de la perfección espiritual, coincidente con la plena actualización de la personalidad que le es propia y que nada tiene que ver con la jerarquía social de los puestos.

La elevación interior de un hombre no se mide arbitrariamente por el puesto que ocupa ni por lo que hace, sino por el modo con que realiza su trabajo y por lo que es intrínsecamente; es decir, siempre según su criterio auténticamente democrático. No hay nobleza del trabajo manual ni del intelectual, si el trabajo (todo trabajo) no se rescata en la nobleza del espíritu, que es siempre aristocracia; y las instituciones que en ella se actúan, las que hacen posible el progreso de la democracia, en otras palabras, la elevación de las masas a fin de que ya no sean ‘masa’, y cierra las puertas a la demagogia, a la tiranía y a la dictadura.

 

 

Paulino Romero C.

El triste final de Martinelli

Para quienes hemos sufrido los rigores de una cárcel, sabemos lo que es eso. Los días parecen de 40 horas, lo que nos dan de comida jamás hubiésemos pensado lo comeríamos con tanta gana. Las noches son interminables y ansiamos como nunca ver el sol y que nos dejen estirar en un patio. Estar privado de libertad es lo más humillante que le puede pasar a un ser humano; en el caso mío, era llevadero porque estuve preso por una causa noble. Si no se tiene una condena en firme, la incertidumbre te mata lentamente. Cuando se llega a las alturas, como lo estuvo Ricardo Martinelli en la Presidencia de la República, y luego se termina en una pequeña celda en un país extranjero, como en la que él está hace trece días, equivale a haber estado en el cielo y, de repente, sin esperarlo, estar viviendo los rigores del infierno. Peor aún, verse esposado y con grilletes rodeado de delincuentes comunes y que te vean así tus familiares y amigos, con quienes no puedes cruzar ni una palabra ni muchos menos una mirada, constituye una terrible humillación.

Por razones que nunca comprendí, Martinelli evitó enfrentar la justicia panameña, como lo hicieron colaboradores de su Gobierno: José Domingo Arias, Lucy Molinar, José Raúl Mulino, Frank de Lima, Oscar Osorio y Jayson Pastor, entre otros. Peor aún, como lo hacen todos los panameños a los que él se refería en su campaña ‘llegó la hora del pueblo’. Nunca olvidaré cuando dijo: ‘Péguenme a mí’; él era quien daría la cara. Cuando lo amenazaron con hacerlo, como se dice en nuestra jerga criolla: ‘se fue con el rabo entre las piernas’.

El ‘poderoso’ Martinelli quiso estar por encima de la justicia. Optó por un camino que poco a poco lo fue aislando, manteniendo contacto con Panamá a través del Twitter y de unos voceros que día a día fueron perdiendo credibilidad, porque defendían lo que no tenía forma de ser defendido. Su partido se fue resquebrajando tanto que ni sus diputados firmaron en su totalidad su apoyo ahora que está preso. Las rivalidades por la herencia del partido del que él era dueño absoluto dejan en evidencia la falta de sucesores de su efímero mandato. Cambio Democrático era él y seguirá la misma suerte de su propietario y fundador.

Quienes le recomendaron rehuir la justicia cometieron un error garrafal. De haber venido a enfrentar los casos que se presentaron en contra de él, no hubiese pasado absolutamente nada. Algunos de los jueces y fiscales que lo hubiesen atendido no se hubieran atrevido siquiera a mirarlo frente a frente, porque Martinelli, con todo el poder que mantenía aun fuera de la Presidencia, intimidaba; asustaba a la gente; tenía televisión y periódicos. Su estilo imperial metía miedo. Dudo que hubiese pasado un solo día en una cárcel.

Durante la audiencia del martes 19 se confirmó algo que me pareció muy grave: Martinelli no podía ir a Italia porque había colaborado con la CIA para que apresaran a un italiano, argumento que algunos utilizaron antes de su detención como hacer ver que por ello nunca los Estados Unidos lo detendría. Igual pensó Noriega y miren lo que pasó. Pero el militar fue calificado como traidor a la Patria por su relación con las agencias de seguridad norteamericanas. ¿Y Martinelli dónde queda?

Esperamos que la clase política, sobre todo los que nos gobiernan hoy, se vea en el espejo del hoy custodiado reo en los Estados Unidos. Que se percaten de que el poder es efímero y que, tarde o temprano, en la forma menos esperada, tendrán que rendir cuentas. Lo triste de Martinelli es que, por temor a ser indagado unas horas por magistrados y fiscales panameños, terminó enchilorado por un sistema judicial donde los custodios y los jueces no pueden ser comprados, aunque quien lo intente sea el dueño de la cadena de supermercados más grande de Centroamérica o de Amazon.

 

 

Guillermo A. Cochez

Abogado

La visita del Foro Global de la OCDE

Como hemos dicho con anterioridad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha cambiado su misión de ‘promover políticas que mejorarán el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo’, por políticas dedicadas a atacar a países pequeños, so pretexto de la transparencia fiscal y mantener sus salarios, libres de impuestos, intactos. Sus burócratas se olvidan, convenientemente, de la hambruna actual en África en que pueden morir hasta 20 millones de personas o de la epidemia de drogas que baña a la juventud europea y cuya muerte por sobredosis alcanza a 23 personas al día. Esta semana, que tenemos en casa a los señores del Foro Global, vale la pena informar al lector de dos noticias que salieron hace unos pocos días.

Por un lado, mi querida España. Dice el diario El Confidencial en sus titulares de 11 de junio de 2017: España tiene su ‘paraíso fiscal’: Canarias ofrece la menor tributación de la UE. Su autor Javier Jorrín explica: ‘La mejor fiscalidad de la Unión Europea con un 4 % de Impuesto de Sociedades’. Con este mensaje se promociona Canarias ante los inversores internacionales para vender su ‘paraíso tributario’. Sigue el artículo: ‘Las empresas que se asienten en el archipiélago se ahorrarán el 84 % del Impuesto de Sociedades que les hubiese correspondido pagar en el resto de España y casi un 90 % menos de lo que tendrían que abonar en Alemania, Francia o Italia. Un ahorro fiscal imbatible en Europa’. Recomiendo su lectura para aquellos que aún piensan que en Panamá somos delincuentes por la sencilla razón de que competimos por la inversión extranjera directa. Verán que lo que motiva a las Islas Canarias no difiere, en nada, de lo que hacen Panamá y su plataforma de servicios y las demás islas y territorios que requieren inversión en sus países para generar empleos y riqueza.

Por otro lado, dice en su versión del 10 de junio de 2017, el diario español Expansión que el ‘Reino Unido se convertirá en el mayor paraíso fiscal de Europa’. El artículo se resume en que el Reino Unido hará lo necesario para defenderse como hizo valientemente en la Segunda Guerra Mundial a diferencia de aquellos que se rindieron y ayudaron a los nazis en el Holocausto— si es excluido del Mercado Común Europeo. Es decir, afirma el autor, ‘reducir el impuesto de sociedades y limitar las comunicaciones bancarias con países de la OCDE para recuperar la competitividad en la escena mundial’. También recomendamos este artículo de Pedro Muñoz para que el lector vea las fuerzas que mueven la competencia fiscal en el mundo.

Las noticias arriba indicadas se dan justo antes de que un apéndice del club de países ricos el Foro Global de la OCDE llegue a pavonearse a Panamá, encima, a costa de los contribuyentes nacionales. Son B/.400 000 los que nos costará atender, a cuerpo de reyes, a esta tanda de cretinos que viene a nuestro país, al que no ha dejado de humillar, a realizar sus reuniones tan cruciales para la sobrevivencia del mundo. De seguro, callados en las esquinas donde nadie los oye, se estarán burlando de nosotros. Churchill decía, sabiamente, la diplomacia es mandar a alguien al infierno y que este te pida las direcciones.

Curioso que un evento se llevará a cabo en las Esclusas de Miraflores, ¡qué irónico! No hay mejor símbolo de la dignidad y soberanía de un pueblo. Ahora servirá de telón de fondo para un coctel de langostinos y los selfies de un grupo de zopencos que nos aborrece por la sencilla razón de que queremos encontrar nuestro propio destino. De seguro que habrá brindis, risas, fotos y discursos de lo maravilloso que es Panamá y de los buenos anfitriones que somos.

El año pasado la OCDE acusó a Panamá de ser ‘la gran rémora en el camino para lograr una mayor transparencia en las finanzas mundiales y acabar con los paraísos fiscales’. ¡Qué rápido olvidamos! ¡Viva Panamá!

Álvaro Tomas

ABOGADO

 

¿Cárcel para los evasores de impuestos?

Nadie puede dudar la importancia que tiene un sistema eficiente de recaudación de impuestos que necesita todo Estado para su funcionamiento y llevar a cabo las obras y los servicios que está llamado a brindar, incluyendo ser instrumento de redistribución de la riqueza que mitigue la desigualdad económica y social. Entre nosotros la autoridad facultada para exigir esa obligación, con el poder de sancionar el incumplimiento, ha recaído siempre en una dependencia del Órgano Ejecutivo, según disposiciones legales aplicables a todos los impuestos nacionales.

La ley fiscal enuncia expresamente incumplimientos que, por su gravedad, se califican y castigan como defraudación fiscal, entre ellos: reportar ingresos menores o deducir gastos falsos, ocultar registros contables, aprovechar indebidamente incentivos fiscales, no ingresar al fisco impuestos retenidos a otros contribuyentes y, en general, de cualquier modo tratar de defraudar al fisco. Salvo un par de excepciones, la mayoría de las sanciones consiste en multas aplicadas, como queda dicho, por la administración tributaria. Es curioso que la omisión en la presentación de declaración de ingresos, que es condición esencial para poder calcular el monto del impuesto debido, no es considerada omisión grave y es penada con una multa relativamente baja.

Hace poco, con toda propiedad, la procuradora general de la Nación aseguró que ‘la evasión fiscal no constituye delito’ que competa a la jurisdicción penal y por tanto su investigación no es de competencia del Ministerio Público. A pesar de eso, un experto de la ONUnos aconseja convertir la evasión fiscal en delito penal, con el evidente fin de facilitar las exigencias de organismos internacionales formales e informales —FMI, GAFI, OCDE— para solucionarles a otros países la evasión de impuestos originada en sus propios patios.

Como evidencia de que no es necesario convertir la evasión fiscal en delito penal para ayudar a otros países, el director de Ingresos ha declarado que mantenemos una serie de acuerdos bilaterales que permiten entregar información tributaria a requerimiento en el marco de investigaciones extranjeras por fraude fiscal, aunque aquí no se trate de un delito penal. Se colige entonces que podemos colaborar con otros países en casos que involucren evasión fiscal en sus jurisdicciones, siempre que esa acción se fundamente en acuerdos bilaterales pertinentes.

Si la evasión o defraudación tributaria ha de dejar de ser perseguida por la Dirección General de Ingresos para ser entregada a fiscales del Ministerio Público y de jueces ordinarios del ramo penal del Órgano Judicial, es una decisión que nos compete a los habitantes de la nación panameña. Es un asunto que no puede ser impuesto desde fuera, sin que haya un análisis a conciencia que involucre a toda la sociedad, sobre todo cuando el castigo por la evasión fiscal en esa forma no ha sido afincado en la cultura e idiosincrasia panameña.

Cierto que para algunos la evasión puede ser un juego practicado en la esperanza de que nunca se les descubra. Pero es un asunto que incumbe solo a nosotros y a las conductas que, como nación soberana, decidimos proteger o repudiar sin intervenciones foráneas. Cuando se trate de castigar con la privación de libertad, entramos en terreno que plantea los valores que debemos sopesar como sociedad y decidir por nosotros mismos. No podemos aceptar medidas aventuradas en materia tributaria adoptando un sistema que solo sirva para satisfacer exigencias que nos llegan de otras latitudes y que responden a intereses que no son los nuestros. La privación de la libertad por evasión tributaria todavía no se encuentra en el ADN nacional y, sin la debida preparación, tratar de forzarla sería un despropósito.

Mireya Lasso

 

¿Discrecionalidad o cinismo?

El Pasado miércoles los panameños nos desayunamos con la noticia de que el director del Consejo de Seguridad del Estado, Rolando López, quien recibe un ingreso mensual de 10 mil dólares, fue beneficiado con el pago de una cirugía bariátrica en el mes de marzo por un costo de 17420 dólares en el Hospital Paitilla. Adicionalmente sale a relucir que Franz Weber, secretario de la Asamblea, quien devenga un salario de 7 mil dólares mensuales, fue beneficiado con el pago de una cirugía de piedras en los riñones por un costo de 7787.28 en la Clínica San Fernando, cuando todos sabemos que esta cirugía se hacen con frecuencia en la Caja de Seguro Social. Ambos procedimientos quirúrgicos nos costaron más de 25 mil dólares.

Esa mañana esperábamos una explicación del presidente de la República y el anuncio de que ambos funcionarios devolverían el dinero; sin embargo, el mandatario de la nación, ese que en campaña nos vendió la idea de que en su Gobierno el pueblo recibiría un trato especial con su eslogan ‘El pueblo primero’, sale, lanza en ristre, a restregarnos en la cara que es su facultad como presidente de la República dar ese tipo de apoyos, ya que él ganó las elecciones el 4 de mayo del 2014. Añadió, en un tono y semblante bastante molesto, que no tiene tiempo para contestar esas críticas.

Si en ese momento el mandatario llegó a pensar que sus declaraciones bajarían la intensidad de las críticas, se equivocó, ya que las mismas duplicaron la indignación de la población al ver a un hombre, lleno de soberbia y carente de humildad, hacer gala de su cargo como presidente justificando la metida de pata que habían dado al pagarle esa cirugía a sus amigos.

EL jueves cuando la población esperaba una vez más que Juan Carlos Varela, ya con la cabeza fría, enviara un mensaje tratando de recapacitar, sale nuevamente y, con la misma expresión en su rostro, anuncia que convocará a todos los ciudadanos de este país que tengan una operación pendiente para que se hospeden en un hotel y no se retiren hasta que no se les haga la operación. Evidentemente esta fue la reacción de un hombre atrapado en la crítica ciudadana que, en vez de disculparse, prefiere tratar de desviar la atención con una medida populista que será imposible de cumplir, como muchas otras que prometió en campaña y que a tres años de Gobierno no ha podido o querido llevar adelante.

¿Quién ha dicho que cada cinco años elegimos un rey para gobernar este país? El mandatario es la persona que elige el pueblo para cumplir un mandato. Un mandatario es electo para servir y no para servirse él o sus amigos.

Ya es hora de que los políticos que aspiran a gobernar este país empiecen a respetar al pueblo, pues los recursos que manejan son el producto de nuestros impuestos y no de sus cuentas personales. Las partidas discrecionales fueron creadas en 1995, con el propósito de permitirle al presidente de turno disponer de recursos para hacerle frente a emergencias o ayudas sociales a personas u organizaciones que no cuenten con recursos propios para costear una dificultad. Con el pasar de los años esta partida discrecional se ha convertido en una chequera en blanco para los mandatarios. Ernesto Pérez Balladares usó 25 millones; Mireya Moscoso, 23 millones de dólares; Martín Torrijos, 23.5 millones de dólares; Ricardo Martinelli, rompió el records de sus antecesores, utilizando 54 millones de dólares y Juan Carlos Varela, en menos de tres años, ha utilizado más de 17 millones de dólares.

Con estas partidas se han pagado flores, licor, banquetes, joyas, calzados, trajes lujosos, relojes Cartier, regalos, fiestas de bautizo, quince años, pasajes aéreos, diferentes cirugías, incluyendo estéticas a amigos del presidente.

Llama la atención cómo se destinan 90 mil dólares de la partida discrecional al colegio Javier para su servicio social y luego el ministro Álvaro Alemán señala que ‘El presidente tiene todo el derecho de dar apoyo al servicio social javeriano. Es nuestra alma máter y vamos a apoyar’. Señor Alemán, si realmente usted y el presidente quieren apoyar a su colegio, háganlo con su dinero y no con el mío y el de todos los panameños.

Hago un llamado urgente a la clase política de este país y a la sociedad civil a eliminar lo que considero una partida impregnada de corrupción que permite que el presidente de turno maneje a su antojo los dineros del pueblo.

Álvaro Alvarado

 

Delincuencia, un asunto de todos

La inseguridad se ha convertido en el problema de mayor preocupación para los panameños. Hoy, la población no se siente segura, a pesar de todo el esfuerzo que realiza la Policía Nacional por tratar de controlar la delincuencia en el país.

Datos de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional revelan que, actualmente, en el país existen más de 200 pandillas concentradas en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí.

La pandilla literalmente es un grupo de personas que se asocian con fines delictivos. El pandillero sale de nuestros barrios, de nuestras calles, veredas y de nuestros hogares. El pandillero es ese joven descontento que busca en estos grupos el apoyo que no pudo encontrar en su familia. La falta de comprensión, de amor y de orientación espiritual en casa, la ausencia de padre, madre o de ambos son elementos fundamentales que marcan la vida de un individuo desde su infancia.

Cada cinco años vemos cómo los Gobiernos de turno implementan distintas estrategias con el propósito de frenar la delincuencia durante el período de mandato, con el afán de sacar rédito político, cuando todos los expertos en el tema sostienen que nadie en cinco años va a poder solucionar este problema. La única forma es a través de políticas de Estado a largo plazo, pero para ello se necesita el compromiso de todos los partidos políticos y de todos los sectores de la sociedad.

Nos hemos concentrado durante muchos años en la represión, cuando estudiosos de la materia sostienen que esa no es la única vía.

Hay calles y barrios en este país dominados por la pandilla, donde el adversario no puede transitar, ya que pone en peligro su vida. El rencor, el odio y la venganza controlan el día a día de muchos de estos jóvenes que sueñan con quitarle la vida al que asesinó a su familiar o amigo. Mientras esto no se resuelva por la vía del perdón y la reconciliación, esta guerra continuará en el barrio o en la cárcel, con el peligro de que mueran personas inocentes. Decía Juan Pablo II: ‘La espiral de violencia, solo la frena el milagro del perdón’.

Hay que pensar que la delincuencia es como una tubería donde hay dos extremos, uno de entrada y otro de salida y siempre me pregunto ¿qué estamos haciendo para tapar el agujero de entrada a esa tubería de la delincuencia, cuando cada vez vemos más niños de 8 a 10 años cometiendo delitos y otros miles desertando del sistema educativo?

La principal víctima del mundo moderno en que vivimos ha sido la Familia. Estamos viviendo una era donde la tecnología nos facilitan todo; sin embargo, hemos sacrificado muchas cosas que marcaron positivamente la vida de muchos de nosotros que hoy tenemos más de 50 años. Hay que retomar conductas del pasado que jugaron un rol muy importante en cada uno de nosotros. ¿Quién no recuerda la mirada de papá o mamá cuando irrumpíamos en una conversación de adultos con un comentario inapropiado? La hora de regreso a casa era las 9 de la noche, cuando nos daban permiso para salir a alguna actividad nocturna, si tu comportamiento en la escuela no era adecuado, tus padres eran citados por la maestra o profesora y luego teníamos que atenernos a las consecuencias.

Recuerdo la convivencia con amigos y primos en el barrio alrededor de una pelota de béisbol, jugando el escondió, la tiene, la lata o cualquier otro juego que nos permitiera divertirnos sanamente, reunirnos para escuchar los cuentos del abuelo. En mi caso, tuve la dicha de convivir gran parte de esa infancia con tres de mis abuelos, quienes me inculcaron principios y valores, a pesar de no tener estudios de ninguna naturaleza.

Hemos sido testigos mudos de la desintegración que ha sufrido la familia en los últimos años y de la desconexión que hay de los padres con los hijos.

Este tema no solo debe ser analizado desde el punto de vista policial, ya que es un problema social que debe ser abordado de manera integral desde el Gobierno, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura, Pandeportes, Inadeh, etc. También deben sumarse a esta tarea la empresa privada, la iglesia y los clubes cívicos, pues si no frenamos esta escalada criminal ahora, dentro de unos años estaremos siendo parte del grupo de países más peligrosos de la región.

Álvaro Alvarado

 

Reforma de la Ley Orgánica de la CSS

El requisito indispensable para resolver un problema consiste en el reconocimiento de su existencia, para lo cual es imprescindible acceder a la mayor y más detallada información disponible. Antes de cualquier debate o diálogo para tratar el tema, es indispensable que se rinda cuenta formal de gestión de fondos públicos y en cuanto a la transparencia, que se facilite toda forma de libre acceso a información pública, objetiva, sustentada y auditada legalmente, no por empresas privadas, y en documentación veraz, por lo menos de los años posteriores a la última reforma a la Ley Orgánica. Necesitamos conocer la morosidad patronal, la retención ilegal de cuotas, el cumplimiento del aporte estatal, la rentabilidad de las inversiones, el informe de gestión del desordenado y crónico sistema de compras, ‘todas urgentes’, lo que inscripta una pluralidad de especies de prevaricatos de corrupción administrativa y a todo nivel de la cadena, etc. Además, debemos conocer informe de la investigación sobre la catástrofe del dietilenglicol, incluyendo a todos los involucrados en la compra del veneno; para evitar ‘accidentes’, como los de la KPC y las muertes neonatales; todas aún sin esclarecer. No podemos perpetuar el error ni pretender cubrir con el manto de la impunidad cualquier probable abuso o lesión patrimonial; sería un crimen y una gran insensatez.

Redacción La Estrella de Panamá