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Sobre Ley 50, que crea el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

DAVID OMAR VILLARREAL Y ÁLVARO K. MENÉNDEZ A. - La Estrella de Panamá - 2012-04-09  
 

La Ley 50 del 13 de diciembre de 2006, que crea el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al igual que la Ley 69 del 27 de diciembre de 2007, que transfiere los departamentos de Criminalística, Servicios Periciales y Laboratorio de Ciencias Forenses al IMELCF, ha dejado a un lado el espíritu de la legalidad, al no designar al director y subdirector del precitado Instituto, por concurso de méritos, tal y como lo establece la presente Ley.

De igual manera se ha dejado de cumplir el artículo 24, que se refiere al régimen salarial de los médicos forenses y de los demás profesionales del Instituto. Entiéndase como profesionales a los peritos idóneos y oficiales del Departamento de Criminalística que pasaron a las filas del Instituto, en el cual se deberá contemplar el pago de un sobresueldo equivalente al 50% del salario básico en cada categoría, por la dedicación exclusiva y a tiempo completo como funcionarios del Ministerio Público.

Ya han pasado cerca de cinco años, y no han puesto a concurso las designaciones de director y subdirector, estando los actuales de forma interina, lo que obstaculiza el buen desenvolvimiento de un Instituto llamado a actuar de forma científica al servicio de la ciudadanía y de la Administración de Justicia.

Es preocupante que después de tres años que se preseleccionó una serie de candidatos para ocupar estas posiciones, todavía no se haya elegido por parte de la Junta Directiva a los candidatos que fueron preseleccionados para estos puestos. ¿A quién desean beneficiar con este incumplimiento legal?

No se puede estar asignando ajustes salariales a amigos y nombrando personal que no tiene ninguna especialidad en las Ciencias Forenses, haciéndole mucho daño al buen funcionamiento del instituto, que ha estado, está y estará en mora en cuanto a los resultados periciales que requieren los funcionarios de instrucción, jueces y, por qué no, los abogados litigantes que solicitan estos peritajes para esclarecer la culpabilidad o inocencia de los procesados.

Ahora bien, es importante para nosotros los peritos forenses particulares, que los peritos oficiales cuenten con un régimen de salarios adecuado a sus funciones y unos laboratorios óptimos para que los resultados se acopien lo más pronto posible a los expedientes, para así, poder asesorar a abogados y jueces en la practica de contra pericias en los casos en que los resultados sean inconcluyentes por parte de los peritos oficiales.

Es importante contar con pares externos para garantizar la calidad de los informes periciales que resultan de gran importancia en los procesos judiciales.

El Código Judicial regula la participación de los peritos en los procesos de manera muy superficial y, en el caso en que se requieran conocimientos especiales, se solicitará la colaboración de expertos o técnicos foráneos a la Institución, los procesados tienen el derecho de contar con la colaboración de peritos no oficiales para su defensa, se ha demostrado en el mundo que los peritos oficiales pueden cometer errores por falta de formación y experiencia, eso es justicia verdadera.

 
 
 
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