Desde hace 19 meses las mujeres venimos exigiendo al Gobierno Nacional un alto al femicidio, la violencia y la impunidad contra las mujeres, que se destinen recursos para albergues y que se cree una Fiscalía Superior contra la violencia de género.

Pero las autoridades no han querido hacer nada frente a los FEMICIDIOS: asesinatos de mujeres a manos de hombres, por el solo hecho de ser mujeres y tener menos poder que ellos.

Hay dinero para viajes, edificios costosos, compra de corredores —la danza de millones—, pero no hay para construir albergues ni para proteger la vida de nuestras mujeres. El Gobierno Nacional insiste en que la violencia ha disminuido, pero la comunidad sigue estremeciéndose ante casos como el de la niña Ruth Barrios, golpeada salvajemente hasta morir, supuestamente por su padrastro; y la cuasi impunidad del crimen de ‘Huracán’ Mosquera.

Vemos que alrededor del mundo las organizaciones internacionales están denunciando este aumento de la violencia y la Organización de las Naciones Unidas exige a los Estados parte que tomen medidas drásticas para detenerlos. Panamá no sólo ha hecho caso omiso de estas exigencias, sino que nuestro ministro de Seguridad ha dicho que el gobierno panameño no tiene forma de controlar la violencia en el ámbito privado y no se daría información ni se tomarían en cuenta estos casos para las estadísticas.

Esto es una vergüenza, si consideramos que Panamá es el tercer país más violento de 70 países estudiados.

Además, es ilegal, porque el artículo 8 de la Convención Belem Do Pará establece la obligación de los Estados parte de recopilar estadísticas, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y formular los cambios que sean necesarios.

En nuestro país, ¡no asustar a los inversionistas es más importante que la vida de las mujeres panameñas!

La capital de México acaba de tipificar el femicidio en su Código Penal, con sanciones de hasta 60 años de cárcel, que se identifica cuando conlleve la consideración de homicidio por razón de género. Si existe una relación de cualquier tipo con la víctima (sea laboral, sexual, de parentesco, etc.), que implique subordinación o superioridad, supondrá un aumento de la pena.

En España la Ley de Extranjería ha sido modificada para ampliar la protección a mujeres extranjeras y sus hijos menores que se encuentren en España, para establecer condiciones legales más propicias a las inmigrantes que se atrevan a denunciar a sus agresores, las cuales pueden optar por un permiso laboral.

En Panamá estamos atrasados. La Defensoría del Pueblo y grupos de mujeres organizadas han presentado a la Asamblea Nacional una propuesta de anteproyecto de Ley que reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar la violencia contra las mujeres y dicta medidas de prevención de estas conductas punibles.

Esperamos que, con el apoyo de la ciudadanía, este anteproyecto propuesto sea convertido pronto en ley de la República, con todo y su contenido de políticas públicas.