Abdul Waked: ¡CULPABLE!

El veredicto fue dictado. Es irreversible. No hay apelación posible; menos permitir que el acusado se entere de qué lo están acusando; pareciera carecer de importancia. Ni hablar de permitirle ver las pruebas. Además, por el mero hecho de que cuestione lo que le están haciendo, donde será despojado de su reputación y de todos sus bienes, está incurriendo en desacato; no está permitido preguntar ni cuestionar nada. Es una decisión de una oficina llamada OFAC, que conocimos en Panamá a raíz de este caso. No hay más nada que hablar.

Como abogado que soy, me siento apenado porque en Panamá se apliquen disposiciones que ni siquiera en el país que las ejecuta tienen fundamento legal. Cualquier abogado en Estados Unidos sabe que incluir a cualquier persona en la Lista Clinton es un acto arbitrario e inexplicable, que carece de cualquier soporte de equidad y justicia. Más avergonzado me siento cuando el presidente Varela sostiene que la decisión de mantener los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo , de propiedad del empresario Abdul Waked, hoy incluido en la nefasta Lista Clinton sin saber por qué, depende del dueño de los medios. Un anticipo de lo que poco después sostuvo el embajador norteamericano en Panamá, cuando expresó en un comunicado que el señor Waked sabe lo que tiene que hacer para que sus diarios salgan de la temible Lista, expresión moderna de la Inquisición. Al igual que pasó con Félix B. Maduro y otra empresa donde tenía intereses, Abdul Waked debe vender los diarios de su propiedad. Al escuchar eso me pregunto: ¿Qué poco importa la libertad de expresión de parte de un país que se jacta de respetarla a como dé lugar? ¿Y adónde dejamos la propiedad que sobre esos diarios tiene Waked, y que ahora pretenden obligarlo a venderlos? ¿Para que los compré quién? ¿Alguien vinculado al presente Gobierno? ¿Será eso o no una nueva intromisión del Gobierno de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Panamá, tal como tantas veces ocurrió en el pasado? Pero, lo más importante de todo, ¿cómo es que un sistema judicial tan ecuánime como el norteamericano permite estos exabruptos?

La relación de los Estados Unidos con Panamá ha tenido sus alzas y sus bajas, en ocasiones muy costosas como las tantas intervenciones que durante el siglo pasado hicieron y que culminó con la invasión de 1989. Sus alzas se han dado cuando los gobernantes panameños se han plantado frente a absurdas exigencias norteamericanas; no se han doblegado. Muchas pruebas de ello muestra la historia patria desde Belisario Porras hasta Roberto F. Chiari, llegando a Omar Torrijos. Las bajas se producen cuando los gobernantes panameños se amilanan frente a las decisiones de los Estados Unidos y sumisamente las aceptan, como todo indica es el caso del caso contra Abdul Waked y sus empresas y Nidal Waked y sus hermanos y negocios.

He vivido en los Estados Unidos en dos periodos de mi vida. Cuando cursé mi maestría en leyes en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans a inicios de los 70, y cuando ejercí como Representante Permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas del 2009 al 2013. He escrito en diarios como The Wall Street Journal y el Miami Herald. Siendo entrevistado muchas veces por diversos medios; he dictado conferencias en diferentes foros y universidades de ese país, hasta en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Me encantan su gente y costumbres y admiro sus instituciones, particularmente su sistema judicial, independiente y ajeno a los vaivenes partidistas, respetuoso del derecho ajeno y garantista de los derechos de quien es acusado. Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o juez federal es uno de los honores más grandes que recibe un abogado en ese país. La ciudadanía siente gran respeto por sus jueces y magistrados.

Es por ello que el caso Waked me hace hervir la sangre. Según explican allá, guardando los nuestros un extraño silencio, es una sanción administrativa que se le ha aplicado en base a un posible rumor o bochinche, los que ellos llaman ‘hearsay’, que alguien divulgó sobre él; y que hace generar sospechas, aparentemente solo sospechas, sobre sus actividades comerciales y, como consecuencia, merecedor de que lo pongan en la impresentable Lista Clinton, aunque nadie en el Gobierno tampoco sepa qué hizo Waked. Muy diferente al silencio cómplice que Varela guardó con el caso de su ex ministro asesor, Ramón Fonseca Mora, en el caso de los Panama Papers , el explícito permiso que les da a los norteamericanos para que sigan haciendo lo que les da la gana con Waked.

Sin que medie tribunal ni juez ni magistrado y mucho menos jurado. Sin que se le permita escuchar cuáles son los cargos que pesan sobre él. Desconociéndole el sagrado derecho a la defensa y que se le presuma inocente de lo que se le acusa, a Abdul Waked lo han declarado culpable; sin ni siquiera oírlo ni saber él de qué lo acusan. Enfermo de lepra comercial, personal y familiar. ¿Podemos considerar esto justo y democrático? ¿Podemos permitir que en pleno siglo XXI a una persona como Abdul Waked se le obligue a vender todos sus bienes y se tenga que resignar a que ello ocurra sin que pelee por los mismos? ¡Mi respuesta es un contundente NO!

ABOGADO Y POLÍTICO.

Guillermo A. Cochez